La ley de nietos de España que algunos han denunciado como una herramienta para llevar a cabo un complot para amañar las elecciones no es ninguna excepción a nivel internacional. De hecho, España sigue la estela de países como Alemania, Austria o las repúblicas bálticas que curaron las heridas provocadas por sus pasados no democráticos y que dificultan la convivencia pacífica.

En el caso de Alemania, la Ley Fundamental de Bonn —constitución alemana— recoge en su artículo 116.2 la posibilidad de recuperar la nacionalidad a aquellos alemanes que fueron excluidos de esta condición por ser judíos o estar dentro de los grupos perseguidos por el nazismo en el periodo que va desde 1933 hasta 1945. Posteriormente, en 2019 y 2021 se amplió el plazo a sus descendientes, ya que los hijos y nietos de los perseguidos por los nazis se exiliaron en estados que sí les otorgaron la nacionalidad.

Así, existen casos famosos como la psicóloga Ruth Westheimer o el cineasta Thomas Markle (padre de Meghan Markle) que, habiendo adquirido la nacionalidad estadounidense y británica, posteriormente recuperaron la alemana. Otro caso similar fue el del músico Billy Joel, autor de la famosa canción Piano man, quien, si bien cumplía los requisitos para volver a ser alemán, nunca lo reclamó.

Gracias al artículo 116.2 de la Ley Fundamental de Bonn y a las leyes posteriores, Alemania no solo reconocía que había cometido una injusticia, sino que además restauraba un vínculo jurídico que había sido roto ilegítimamente mediante las Leyes de Núremberg y asumía la responsabilidad histórica del Estado alemán. En Alemania, más de 200.000 personas han recuperado su nacionalidad, pero en los próximos años se espera que el número crezca, ya que, desde las reformas de 2019 y 2021, también pueden acogerse a la recuperación de la nacionalidad los hijos nacidos fuera del matrimonio y los descendientes de personas que nunca reclamaron su nacionalidad. Por ello a pesar de que Hitler despojó de la nacionalidad a figuras de la talla de Thomas Mann o Albert Einstein, sus familias hoy podrían solicitar la recuperación de la nacionalidad alemana.

El caso de Austria es muy similar al de Alemania, aunque la reparación no llegó hasta octubre de 2019, cuando el Parlamento austríaco aprobó por unanimidad una reforma de la Ley de Nacionalidad (art. 58) que no solo otorgaba la nacionalidad austriaca a las víctimas del nazismo, sino también a sus descendientes directos. En el caso de Austria, un total de 45.000 austríacos han recuperado su condición, entre ellos Eva Schloss, hermana de Ana Frank.

Otros casos similares al austríaco y al alemán son los de Estonia, Letonia y Lituania, que permitieron recuperar la nacionalidad a quienes huyeron del país para escapar de la ocupación nazi y soviética. Cuando estos países recuperaron su independencia entre 1990 y 1991, sus parlamentos decidieron que no estaban creando nuevos Estados, sino restaurando las repúblicas que existían antes de la anexión soviética.

En Lituania, por ejemplo, la ley ofrece restituir la nacionalidad a los descendientes de hasta tercera generación de aquellos que tuvieran la nacionalidad antes del 15 de junio de 1940, fecha en que la URSS invadió Lituania. El país fue posteriormente invadido y ocupado por la Alemania nazi entre junio de 1941 hasta 1945. Además, permite mantener la doble nacionalidad a los deportados antes de marzo de 1990 y sus descendientes o a que se exiliaron antes de esa fecha.

Países como Italia e Irlanda han puesto el foco en el exilio económico y no en la persecución política. Al tratarse de dos Estados con diásporas muy importantes, Dublín y Roma buscaron recuperar el vínculo afectivo y jurídico con los que buscaron la dignidad más allá de sus fronteras. Por ello, jugadores como Messi o actores como Gene Kelly recuperaron su vínculo jurídico con sus países de origen.

El caso de España, lejos de ser una excepción, es un referente en el uso de la nacionalidad como instrumento de justicia restaurativa. En concreto, nuestro país ha aprobado dos leyes: una (2015), centrada en los judíos sefardíes expulsados en 1492, y otra (2020), para los perseguidos durante el régimen de Franco.

En el caso de España, la restauración no se basa en la idea de que la nacionalidad fue robada, sino en la posibilidad de ejercer un derecho que nunca se les ofreció a determinados colectivos, ya fueran los judíos expulsados por los Reyes Católicos o los perseguidos por Franco. En lo que se refiere a los judíos sefardíes, un total de 72.297 han obtenido la nacionalidad española, con un elevado porcentaje de éxito, ya que se presentaron 88.869 solicitudes. La denominada ley de nietos es un caso diferente. A fecha de abril de 2026 las solicitudes de nacionalización ascendían a 2,6 millones (el plazo de solicitudes se cerró en octubre de 2025), de las cuales se habían aprobado 557.709.

La ley plantea tres supuestos que permiten obtener la nacionalidad: los hijos de quienes perdieron la nacionalidad por persecución, los hijos de españolas que perdieron la nacionalidad al casarse y los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad en otros procesos.

La denominada ley de nietos es, por un lado, un instrumento de justicia restaurativa que busca curar las heridas del exilio y, por otro, una herramienta que pretende erradicar las discriminaciones jurídicas que provocaron que muchas españolas perdieran la nacionalidad al casarse con extranjeros y sigue la estela de muchas leyes similares en Europa.

En la cuarta temporada de Borgen, Groenlandia se convertía en objeto de disputa de varias potencias. En la segunda de Jack Ryan surgía una conspiración en Venezuela en la que EEUU estaba implicado. Sin embargo, los guionistas de Borgen no pudieron imaginar a un presidente estadounidense que declarara que se quedaría Groenlandia por las buenas o por las malas. En el caso de Jack Ryan tampoco se les ocurrió un final en el que las fuerzas de Estados Unidos entraran en la residencia de Nicolás Maduro para secuestrar al presidente de Venezuela y llevarlo a EEUU de manera ilegal.

Con la llegada de Trump, la política exterior de Estados Unidos no solo sirve para crear buenos guiones de series, sino también para que los académicos estudien violaciones al derecho internacional con ejemplos reales. Sus acciones pueden conllevar responsabilidades ante la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia.

Aunque Trump decidiera no dar un paso más en sus pretensiones de adhesión de Groenlandia, ya ha vulnerado varios preceptos del Derecho Internacional Público. El primero y más grave es el Artículo 2.4 de la Carta de la ONU donde se prohíbe no solo el uso de la fuerza, sino también la mera amenaza. La Corte Internacional de Justicia estableció en el caso EEUU v. Nicaragua (1986) que no era necesario el uso de la fuerza para que una acción fuera considerada una amenaza; solo era necesario que esa amenaza fuera creíble

A lo largo de la historia de los EEUU, Washington ha tratado de hacerse con Groenlandia en reiteradas ocasiones. La primera vez se produjo en 1867 tras la compra de Alaska. Entonces, el secretario de Estado, William H. Seward, trató de hacer lo mismo con Groenlandia. Unos años más tarde, en 1910, Washington buscó un canje de territorios con Dinamarca y, finalmente, en 1941, ocupó la isla cuando Dinamarca cayó en manos de las fuerzas alemanas. Entonces EEUU planteó tres opciones para Groenlandia: compra, alquiler u ocupación. Finalmente, se logró un acuerdo para el establecimiento de bases militares que se materializó en la base de Thule. Con la llegada de Trump, EEUU volvió a la carga con la anexión de Groenlandia. En su primer mandato planteó de nuevo la opción de compra, aunque no pasó de una excentricidad más. Ahora sí que parece que Trump ha tomado más en serio su obsesión por la isla danesa y, para ello, ha presionado a todos los gobiernos europeos.

Aunque Trump decida ahora no dar un paso más en sus pretensiones de adhesión de Groenlandia, ya ha vulnerado varios preceptos del Derecho Internacional Público. El primero y más grave es el Artículo 2.4 de la Carta de la ONU donde se prohíbe no solo el uso de la fuerza, sino también la mera amenaza. De hecho, la Corte Internacional de Justicia estableció en el caso EEUU. vs. Nicaragua (1986) que no era necesario el uso de la fuerza para que una acción fuera considerada una amenaza; solo era necesario que esa amenaza fuera creíble. Y lo es. La prohibición del uso de la fuerza e incluso la amenaza de esta no solo está recogida en el antes mencionado Artículo 2.4, sino que es considerada por la Corte Internacional de Justicia (caso RDC vs. Uganda) como una “piedra angular de la Carta de las Naciones Unidas”, por lo que su violación es una amenaza contra el propio sistema internacional.

En una línea similar estarían las amenazas de Trump contra Groenlandia y contra los Estados que le apoyan, un hecho que supone una clara violación del principio de prohibición de coerción en las Relaciones Internacionales (Resolución 2625), ya que dicho principio prohíbe cualquier forma de coacción económica, política o militar destinada a subordinar el ejercicio de los derechos soberanos de un Estado como es Dinamarca.

Si bien es cierto que EEUU no ha ratificado el Estatuto de Roma (1998), el acto que puede ser objeto de su jurisdicción ocurrió en un Estado, Venezuela, que es parte del tratado desde el año 2000. Esta es la situación a la que están haciendo frente tanto Putin como Netanyahu, dos líderes que cuyos Estados tampoco forman parte de la Corte Penal Internacional

Las afirmaciones de Trump en relación con Groenlandia también constituyen una violación del principio de libre determinación recogido en los artículos 1.2 y 55 de la Carta de la ONU, en el art. 1 de ambos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, de las Resoluciones 1514 y 2625 de la ONU y de un gran número de sentencias del Tribunal Internacional de Justicia (Namibia 1971, Sáhara 1975, Timor Oriental 1995 y Kosovo 2010, entre otras).

Aunque el caso de Groenlandia puede considerarse un ejemplo de violaciones reiteradas del Derecho Internacional Público, resulta difícil atribuir responsabilidad penal al presidente Trump. Sin embargo, en Venezuela la situación es diferente, donde el mandatario americano sí que ha cometido un crimen de agresión que puede ser objeto de jurisdicción de la Corte Penal Internacional. El Artículo 8b de la enmienda del Estatuto de Roma plantea como crimen de agresión “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”. “Una persona comete un 'crimen de agresión' cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas”.

La “Operación Resolución Absoluta” responde a estas características y, por lo tanto, entraría en el crimen de agresión. De hecho, los planes de Trump con Maduro no son muy diferentes a los que Putin tenía con Zelenski. La única diferencia entre ambos es que, mientras la operación americana fue un éxito, la rusa fue un fracaso.

Sin embargo, que eso acabe en un procesamiento penal real contra el presidente es prácticamente imposible. Cuando se incluyó el crimen de agresión en el Estatuto de Roma, este no estaba definido y quedaba en suspenso hasta aprobar una enmienda específica sobre el mismo. Esa enmienda, creada en 2010, establece las condiciones necesarias para juzgar un crimen de agresión y una de ellas es que el Estado en cuestión haya firmado la enmienda, algo que Venezuela no ha hecho. Es más, Venezuela ha decidido salirse del tratado que regula la Corte Penal Internacional, aunque dicha salida se hace efectiva un año después de la comunicación oficial al organismo.

Aunque la Corte tiene jurisdicción contra nacionales de países que no han firmado el tratado si cometen el crimen en territorio de un Estado miembro, en el caso del crimen de agresión, según la enmienda, es necesario que también el Estado del que es nacional el acusado sea miembro del Estatuto de Roma y haya firmado la reforma en cuestión. Cuando estas condiciones no se dan, la única alternativa es que el Consejo de Seguridad de la ONU remita el caso al tribunal, pero teniendo a EEUU con capacidad de veto, resulta imposible. Este debate se dio también con la invasión rusa de Ucrania y, de hecho, Ucrania y el Consejo de Europa firmaron en 2025 un acuerdo para la creación de un Tribunal Especial para el Crimen de Agresión en Ucrania y así solventar este problema de jurisdicción de la CPI.

Por otro lado, los ataques contra embarcaciones civiles, supuestamente dedicadas al narcotráfico, podrían ser calificados como “perfidia” (art. 37 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra). Si consideramos que existe un contexto de conflicto armado, el asalto a embarcaciones civiles podría considerarse un crimen de guerra tipificado en el art. 8 del Estatuto de Roma.

Además, la operación para secuestrar a Maduro no solo supuso una violación clara del Artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, sino también del Ártículo 8b del Estatuto de Roma (1998) y del Pacto Briand-Kellog (1928) —considerado el precedente inmediato del artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, en el que se consagra con carácter general la prohibición del uso de la fuerza—. Este último documento fue utilizado en los juicios de Núremberg para formalizar las acusaciones contra los líderes de la Alemania Nazi y del Japón Imperial. Entonces no había ley específica y se vulneró el principio de legalidad. Aquí hay ley, pero aplicarla es difícil.

Si bien Maduro es un presidente que ha violado reiteradamente los derechos humanos de los venezolanos, su detención fue absolutamente ilegal y viola el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966), la Convención contra la Tortura (1984) y la Convención de Ginebra (1949), al ser una detención ilegal, arbitraria y de carácter secreto. Además, en el caso de Maduro, al tratarse de un jefe de Estado, goza de inmunidad y solo puede ser detenido por un tribunal internacional como la Corte Penal Internacional. Esta opción no fue utilizada por Trump, ya que EEUU no solo no ha ratificado el Estatuto de Roma, sino que además el actual presidente americano ha impuesto sanciones a los funcionarios de la Corte Penal Internacional.

El ataque del 3 enero supuso una agresión de Washington a Venezuela de carácter ilegal, ya que esta acción no entra en ninguna de las dos excepciones al uso de la fuerza: una acción autorizada por el Consejo de Seguridad o una acción contemplada en la legítima defensa del Artículo 51 Carta de la ONU. Al tratarse de una acción ilegal, Venezuela tendría derecho a reclamar una compensación o incluso a ejercer la legítima defensa, algo que evidentemente no hará. Sin embargo, EEUU lo enmarca como la detención de un criminal buscado por la justicia estadounidense, sin embargo, su secuestro viola múltiples tratados internacionales.

Sin embargo, resulta complicado pensar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional emita una orden internacional de arresto contra Trump, lo cual no impide que Trump sea procesable, al menos, por un crimen de agresión. Una vía posible podría ser, por ejemplo, la jurisdicción universal que contemplan países como Alemania —y España hasta la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2014— y que permite que los mandatarios puedan ser juzgados cuando hayan cometido crímenes internacionales.

En palabras de uno de los padres del Derecho Penal Internacional, Antonio Cassese, la arquitectura jurídica internacional está pensada para aquel “individuo que asesina con sus propias manos a un grupo de personas (y) sabe que tiene las espaladas cubiertas, es decir, su propio Estado no lo castigará o de alguna manera tratará de aliviar su castigo”.