Ha salido recientemente a la luz en El País que la editorial Dolmen lleva años acumulando impagos a todo tipo de proveedores, desde autores hasta impresores. No es esta la primera vez que se airean las miserias y vergüenzas del microcosmos editorial. Habrá quienes recuerden cómo en 2018 el grupo editorial Malpaso, tras un sonado traspié, fue objeto de una campaña pública de quejas por impagos a autores, traductores, correctores, agentes literarios e imprentas. Estos son solo dos ejemplos que han llegado a los medios, pero no son tan excepcionales. La mala praxis editorial en materia de incumplimiento de contratos, retrasos en los pagos y deudas está a la orden del día, y para cerciorarse de este secreto a voces basta con preguntar a casi cualquier profesional del gremio.

Por desgracia, estas prácticas podrían ser cada vez más la norma en la industria editorial española si seguimos por la senda actual. Se trata de un sector plagado de desigualdades y, por tanto, propenso a los abusos de poder. Esto ocurre esencialmente porque las editoriales, ya sean de grandes grupos o más bien independientes, ostentan en España una ventajosa posición de poder, tanto social y cultural como económico y político. Y ocurre también porque, de momento, no existen mecanismos efectivos para contener esta deriva.

El merecido prestigio social que envuelve al mundo del libro está respaldado por su incontestable labor de divulgación cultural en todos los ámbitos, lenguas y géneros literarios en que se desarrolla, y el reciente barómetro sobre los hábitos de lectura en 2025 confirma su pujanza. Por suerte para la economía del sector y del país, ese prestigio y esos buenos hábitos se traducen también en récords de facturación año tras año.

Parece sensato atribuir buena parte de estos llamativos márgenes de beneficio a otra práctica bastante extendida en la edición: la externalización de los profesionales. La galopante uberización del sector editorial afecta cada vez más a autores, correctores, ilustradores, lectores, maquetadores, traductores e incluso a editores de mesa, ya que a menudo las editoriales contratan más libros de los que su personal asalariado puede editar internamente. La ganancia es doble: se ahorra en salarios y oficinas y cotizaciones, y además la máquina se mantiene en marcha también durante fines de semana y periodos de vacaciones, bajas y permisos. La subcontratación, está claro, permite crear relaciones laborales más laxas, es decir, más proclives a favorecer a quienes mejor posicionados están en esa relación de poder.

Sin embargo, lo que supone una verdadera ventaja para los editores españoles es su privilegio político. Grandes y pequeños gozan de un considerable margen de maniobra para hacer y deshacer según les convenga, pues los trabajadores autónomos apenas disponen de herramientas para hacer frente a las potenciales malas prácticas de quienes les subcontratan. Dada la actual correlación de fuerzas, la ristra de proveedores externalizados tienen las de perder si el editor se niega, por ejemplo, a pagar una factura o a informar de las liquidaciones anuales, o si decide incluir cláusulas abusivas e ilegales en los contratos, o incluso si se niega a hacer contrato alguno (contraviniendo así la Ley de Propiedad Intelectual).

En la práctica, esta ausencia de control no hace sino inmunizar a los editores. Incluso les permite mantener su modus operandi sin dejar de recibir premios y ayudas —como es el caso de Dolmen—, ya que en las bases de muchas de ellas no se exige demasiada rendición de cuentas. ¿Cómo es posible que, para que una editorial reciba una ayuda, no se le exija que justifique como mínimo que esté al corriente con el pago de deudas a profesionales externos, esto es, que cumpla con la ley vigente?

Con un ecosistema libresco cada vez más castigado, empeños como la campaña para el fomento de la lectura elaborado por la Dirección General del Libro resultan tan necesarios como insuficientes. Para fomentar de verdad el acceso al libro, un derecho cultural insoslayable, es esencial asegurar también las buenas prácticas en el sector editorial y, para ello, se han de atajar por algún lado las miserables condiciones laborales de la creciente mano de obra externalizada, que cobra cada vez menos por trabajar cada vez más.

Al aceptar la ley del libre mercado en el engranaje editorial, se favorece la acumulación de poderes y la explotación en la cadena de montaje: se favorece la precarización a la que se ven sometidos muchos eslabones de la cadena del libro, a quienes solo les queda aferrarse al reconocimiento simbólico que otorgan las publicaciones. Pero con aspiración entusiástica no se consolida ningún hábito cultural, sino que se alimenta una rueda de agotamiento y de relevo infinito de la precariedad. Ya lo dijo Remedios Zafra.

Los parias de la edición llevan años uniéndose, clamando al cielo medidas concretas para su supervivencia y reclamando que, ante la despiadada tendencia neoliberal, cabe la regulación. Para evitar los abusos de poder y el insostenible aumento de las desigualdades. Para sancionar cuando sea necesario. Para promover de forma equitativa el acceso a la cultura y la redistribución real de la riqueza que esta genera.

Hay precedentes de iniciativas creadas para enmendar problemas estructurales similares. Sin ir más lejos, en el mismo ámbito de la cultura, para el Estatuto del Artista se creó en 2021 una comisión interministerial formada por el Ministerio de Cultura y el de Trabajo. Herramientas hay o puede haberlas. Falta coraje y altura de miras, falta integrar que es mucho lo que arriesgamos al dejar la cultura en las garras del mercado.

Y falta también actuar con premura, porque llueve sobre mojado: a la precariedad que lastra desde hace décadas a los oficios de la edición se van sumando otras amenazas del poderoso y tentacular discurso tecnofeudalista. Pero no desviemos la atención de lo que realmente importa. No es la inteligencia artificial en abstracto la que podría acabar con el mundo tal como lo conocemos, sino sus adalides, muchos de ellos defensores del largoplacismo más atroz. La trampa no está en la enésima panacea que nos sirve en bandeja de plata el oligarca de turno, sino en la estructura misma que le concede impunidad.