Hace apenas unos días, algo poco habitual ocurrió en la sede de la Conferencia Episcopal Española: obispos y dirigentes sindicales de CCOO y UGT se sentaron a la misma mesa por primera vez en más de veinte años. Abordaron temas de común interés como la situación de las personas migrantes, las mujeres, el empleo juvenil, la salud laboral y la dignidad del trabajo humano ante los desafíos de la transformación tecnológica. No es un dato anecdótico.

El encuentro coincide con la publicación de la primera encíclica del Papa León XIV y con su visita a España el próximo 6 de junio. Antes de que los focos se concentren en el protocolo, convendría leer con atención el texto que trae bajo el brazo, Magnifica Humanitas: sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial, publicada el pasado 15 de mayo. Un texto largo y denso que la mayoría de los medios han despachado en dos párrafos. Es un error.

No porque la Iglesia sea una institución ajena a las contradicciones, ni porque su agenda moral sea la de este artículo, sino porque formula con una claridad inusual preguntas que el sindicalismo global lleva años intentando articular: ¿Quién gobierna la inteligencia artificial? ¿A quién sirve? ¿Qué le pasa al trabajo cuando la máquina ya no sustituye solo el músculo sino también el criterio?

León XIV constata que la cuestión tecnológica “no se limita a la regulación” y señala el problema de poder que hay debajo: “En el pasado, eran principalmente los Estados los que impulsaban y orientaban la innovación. Hoy, en cambio, los principales motores del desarrollo son actores privados, a menudo transnacionales, dotados de recursos y capacidad de acción superiores a los de muchos gobiernos. El poder tecnológico adquiere así un rostro inédito, predominantemente 'privado', y por ello aún más difícil de discernir, gobernar y orientar hacia el bien común”. Hablamos de que se están rediseñando las condiciones en que millones de personas trabajan, son contratadas, evaluadas o despedidas, sin que ningún parlamento haya votado sobre ello y sin aval sindical. No es un problema técnico; es un problema de poder.

La inteligencia artificial no aterriza sobre un terreno neutral: llega a un mundo laboral marcado por desigualdades previas y con una velocidad que exige una rápida reacción. Junto a ese diagnóstico, la encíclica da un paso que merece ser valorado, al incluir en el “destino universal de los bienes” los instrumentos del capitalismo digital: “Hoy, entre los bienes que están destinados universalmente a todos, debemos incluir también las nuevas formas de propiedad: patentes, algoritmos, plataformas digitales, infraestructuras tecnológicas, datos”. Si los datos que generamos trabajando tienen un destino universal, su concentración en manos de unas pocas corporaciones no es solo un problema de competencia económica, es una cuestión de justicia y merece atención política, social y sindical.

De la encíclica se desprende la advertencia de que las distintas formas de precariedad y la automatización no pueden evaluarse únicamente en términos de eficiencia, sino partiendo de la dignidad del trabajador, del derecho de una remuneración suficiente y de su posibilidad efectiva de participar en la vida social. Esto apela directamente a la participación en las empresas ante la innovación tecnológica. Hablamos de Democracia Económica, que es democracia en el trabajo: una asignatura pendiente del sindicalismo que la irrupción de la IA hace ahora más urgente que nunca. Porque lo que está en juego no es solo el riesgo de perder empleos; es perder el trabajo como espacio donde la persona construye su vida, ejerce su libertad y contribuye a la sociedad.

La tecnología está al servicio de la persona, no al revés. Y cuando ese orden se invierte, algo esencial se pierde

Esa dimensión humana es precisamente lo que la lógica de la eficiencia puede tender a invisibilizar. Cuando una empresa decide automatizar un proceso, el debate suele reducirse a costes y productividad. La encíclica nos apunta otras preguntas, las mismas que nos hacemos la mayoría de los ciudadanos: ¿Qué le ocurre a la persona que trabajaba ahí? ¿Qué tipo de trabajo queda? ¿Es un empleo que permite vivir con dignidad y desarrollar capacidades?

Preguntas a las que León XIV no ofrece respuestas técnicas, ni se supone que pretenda darlas. Pero sí formula con claridad el marco en el que deberían tomarse las decisiones, que coincide con el más puro sentido común: la tecnología está al servicio de la persona, no al revés. Y cuando ese orden se invierte, algo esencial se pierde.

Ese es precisamente el reto que tiene del sindicalismo global, que es quien está en los centros de trabajo representando la fuerza que mueve el mundo: el reto de no llegar tarde a una transformación que ya está ocurriendo. Durante décadas la negociación colectiva ha regulado las condiciones del empleo existente. El desafío ahora da un salto cualitativo: intervenir en el diseño del trabajo que viene. No solo cuántos empleos se destruyen, sino qué empleos se crean, con qué contenido y con qué autonomía real para quien los ejerce.

Sabemos que la tecnología puede liberar tiempo, ampliar capacidades y hacer el trabajo más digno. O puede acelerar la exclusión y concentrar el poder en menos manos que nunca. No hay nada en los algoritmos que decida eso por nosotros. Lo deciden aquellos que los construyen y los gobiernan, los que diseñan sus criterios y, con ello, el lugar que ocupa la persona en ese proceso. El momento de decidirlo es ahora. Después será más difícil.

En 2011, el sociólogo británico Guy Standing acuñó un término que hizo fortuna: el precariado. Con él bautizó a una nueva clase social definida no por la pobreza tradicional, sino por la inestabilidad permanente: trabajadores con empleo pero sin seguridad, con ingresos pero sin proyecto, con presente pero sin futuro consolidado. El término se popularizó porque nombraba algo que existía pero que nadie había sabido llamar por su nombre. Nombrar es el primer paso para reconocer. Y reconocer es el primer paso para actuar.

Hoy necesitamos un término nuevo. Porque hay una fractura emergiendo en las sociedades europeas que tampoco tiene nombre todavía. Los sinsuelo: esa sería una buena definición.

No son los sin techo. Los sinsuelo tienen techo: lo pagan cada mes, puntualmente, a veces con esfuerzo, a veces con angustia. Lo que no tienen es suelo. No poseen el terreno sobre el que viven. No acumulan. No arraigan patrimonio.

El informe anual de Eurofound (la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, uno de los observatorios sociales más rigurosos del continente) acaba de documentar con datos lo que muchos intuían: la vivienda se ha convertido en el nuevo mecanismo central de desigualdad estructural en Europa. No el salario. No el contrato. El suelo.

Durante el siglo XX, la posición de clase se determinaba por la relación con el trabajo: quién vendía su fuerza de trabajo y quién compraba la ajena. Esa era la línea divisoria en torno a la cual se organizaron los sindicatos, los partidos obreros, la negociación colectiva y el Estado del bienestar. Al menos era un conflicto reconocido, con dos partes que se sentaban a negociar. Hoy, sin que esa fractura haya desaparecido, ni mucho menos, está emergiendo encima de ella una nueva línea que no pasa por el trabajo sino por la propiedad inmobiliaria.

Pensemos en dos personas concretas. Misma ciudad, mismo trabajo, mismo salario, misma formación. Una compró un piso en 2005 con una hipoteca que hoy le queda la mitad. La otra llegó en 2015 buscando empleo y lleva diez años de alquiler. La primera ha visto cómo su patrimonio se duplicaba sin hacer nada especial, solo por el paso del tiempo y la inflación inmobiliaria. La segunda ha pagado en esos diez años una cantidad equivalente al precio de un piso que no es suyo, no lo será nunca. Son la misma clase trabajadora en términos de relación con el trabajo. Son clases distintas en términos de acumulación de riqueza y de proyecto vital.

Pero hay una tercera condena: cuando llegue la vejez, el propietario tendrá una vivienda pagada. Podrá vivir sin ese gasto, podrá liquidarla si necesita liquidez, podrá hipotecarla en una hipoteca inversa para complementar su pensión. El sinsuelo, en cambio, llegará a la jubilación con una pensión que tendrá que destinar en parte al alquiler. Seguirá pagando techo hasta el último día. La brecha que hoy parece solo económica se convierte con el tiempo en una brecha de dignidad en la vejez. Y eso, en una Europa que envejece aceleradamente, tiene una dimensión política que aún no hemos empezado a procesar.

España es en este mapa europeo un caso extremo. Aquí convergen todos los factores negativos sin amortiguadores: veinte años de estancamiento del poder adquisitivo de los salarios —algo que, salvo Italia, el resto de Europa no puede decir—, una demanda tensionada por el crecimiento de la inmigración sin construcción compensatoria, y la sangría del alquiler turístico que ha extraído del mercado residencial un stock enorme en muchísimas ciudades. El resultado: el 19,4% de los inquilinos españoles declara en la encuesta de Eurofound que probablemente tendrá que abandonar su vivienda muy pronto.

Esta división no responde al mérito, al esfuerzo ni a la formación. Responde al momento histórico en que uno tuvo la suerte —o la desgracia— de nacer. Los sinsuelo son, en muchos casos, la primera generación moderna que tienen empleo, pagan sus impuestos y participan en la sociedad. Pero están excluidos de uno de los mecanismos por el que las clases medias europeas han construido seguridad y bienestar.

El movimiento obrero del siglo XX organizó su energía en torno al conflicto capital-trabajo y conquistó derechos que cambiaron la historia. El gran desafío político del siglo XXI puede estar en otro eje: el conflicto entre quienes poseen el suelo y quienes necesitan pisarlo para vivir. Los sindicatos ganaron mejores condiciones de trabajo. Hoy es prioritario ganar también el derecho al suelo. Por ello es prioritario que todas las instituciones a todos los niveles sumen esfuerzos para reparar este deterioro social. Porque de lo contrario, lo pagaremos muy caro.

No es la primera vez que Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, denuncia la falta de diálogo social. Esta vez ha ido más lejos. A cuenta de la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha afirmado: “Ya no hay proyectos de ley, ya no hay reales decretos ley y ahora son reales órdenes, es decir, ordenanzas como en la época de Franco”. No es una metáfora menor. Tampoco es casual. Quienes recuerdan que en su primera etapa al frente de la CEOE el PP le criticó en más de una ocasión su disposición al diálogo con el Gobierno, observan hoy, con cierta perplejidad, cómo ese mismo dirigente ha ido alineando su discurso con la estrategia de confrontación total que el partido de Feijóo ha hecho suya. El “a Sánchez ni agua” tiene, al parecer, muchos vasos comunicantes.

Garamendi reprocha al Ejecutivo de Pedro Sánchez, y en particular a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que legisle sin pasar por la mesa del diálogo social. Reclama negociación, acuerdo y respeto a la autonomía colectiva. Invoca incluso el papel constitucional de los agentes sociales. Es una posición razonable. Deja de serlo cuando ese principio solo aparece cuando no gobierna la derecha.

Porque de eso va, en realidad, la concertación social en España. No de su existencia, que nadie discute, sino de su uso. Cuando hablamos de concertación social no hablamos de un mecanismo consultivo, como ocurre en buena parte de Europa. Hablamos de otra cosa: de la capacidad de que Gobierno, sindicatos y patronal negocien acuerdos con efectos reales sobre el mercado de trabajo, la protección social o la negociación colectiva. Esa es su singularidad y su valor.

La concertación española tiene una historia valiosa. Cumplió una función estabilizadora en momentos decisivos y ayudó a ordenar conflictos en etapas complejas. Pero esa historia convive con una contradicción persistente que rara vez se reconoce: sus principios son intermitentes.

El patrón es conocido. Cuando gobierna la derecha, los sindicatos exigen, con razón, que cualquier reforma que afecte al mercado de trabajo o a la protección social pase por la mesa de negociación. La patronal recuerda entonces que el Gobierno tiene legitimidad democrática para aplicar su programa y que la concertación no puede convertirse en un derecho de veto.

Cuando gobierna la izquierda, el guion se invierte. La patronal descubre las virtudes del diálogo social y exige el acuerdo previo. Los sindicatos apelan a la legitimidad del programa de gobierno y rechazan que la patronal pueda ejercer un derecho de veto. No cambian los principios. Cambia cuándo conviene invocarlos.

Las declaraciones de Garamendi encajan exactamente en ese patrón. Lo llamativo no es que defienda el diálogo social; eso, en abstracto, es impecable, sino que lo haga como si fuera un principio constante y no una posición variable. Porque si hay algo que desmiente esa coherencia es la propia historia reciente.

En 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó por decreto una de las reformas laborales más profundas y perniciosas de nuestra democracia. No fue un ajuste menor. Alteró de forma sustancial la negociación colectiva, la vigencia de los convenios y el equilibrio entre empresa y representación sindical. Intervino, en suma, directamente en aquello que hoy se presenta como intocable: el espacio propio de la negociación colectiva.

Y hay un detalle aún más revelador. Aquella reforma no solo se aprobó sin acuerdo: también modificó el contenido de un acuerdo confederal firmado apenas unas semanas antes por los propios agentes sociales, CEOE incluida. El Gobierno no solo legisló sin negociación; alteró lo que la concertación acababa de producir. ¿Dónde estaba entonces la defensa del diálogo social? ¿Dónde la denuncia de autoritarismo? La respuesta fue sencilla: estaba en el programa de gobierno del Partido Popular. Y con eso pareció bastar. Sin una sola apelación a la autonomía colectiva.

Si se aspira a que la concertación social sea algo más que eso, no puede tratarse unas veces como un derecho de veto y otras como un mero instrumento de legitimación. No puede exigirse cuando frena y relativizarse cuando incomoda. Y no puede aplicarse de forma distinta según el color del Gobierno, sin erosionar con ello su valor y su credibilidad.

Si patronal y sindicatos quisieran tomarse en serio aquello que invocan, hay un debate pendiente: definir qué materias consideran propias de la capacidad de autorregulación de los agentes sociales y que por tanto deberían quedar a salvo de cambios unilaterales, sea cual sea la mayoría parlamentaria o el gobierno y cuáles reconocen como legítimas de la iniciativa política.

Ese acuerdo previo, difícil sin duda pero necesario, daría coherencia y consistencia a la concertación social, ese instrumento que nos hemos dado en España y que no necesita más hipérboles como las del presidente de la CEOE. Necesita reglas de juego estables. Para dejar de ser una coartada y convertirse, de una vez, en una herramienta y un principio compartido.

Este periódico ha venido informando con constancia de la huelga en los talleres de Tesla en Suecia desde octubre de 2023. Vale la pena detenerse en ello para ver qué hay detrás de esta larga y dura lucha sindical.

Hay conflictos laborales que son en el fondo negociaciones de precio y de condiciones de trabajo. Un sindicato pone sobre la mesa unas reivindicaciones, la empresa cede o no cede y, al final, con o sin conflicto, se llega a un acuerdo y se firma. Pero la huelga de los mecánicos de IF Metall contra Tesla en Suecia no es ese tipo de conflicto. Han pasado dos años y medio desde que los trabajadores abandonaron sus herramientas de trabajo frente a los talleres de Malmö, Gotemburgo y Estocolmo, y el conflicto sigue igual: ninguna de las dos partes ha movido un milímetro. ¿Por qué? Porque el conflicto no versa sobre salarios y condiciones de trabajo y porque una de las partes pretende ignorar un derecho fundamental de la otra, que es el derecho a la negociación colectiva.

Un derecho que Elon Musk se niega a aceptar en un país donde el 90% de la fuerza laboral está cubierta por convenio colectivo. No es una excentricidad ni un error de cálculo del hombre más rico del mundo. Es un principio. Tesla ha absorbido bloqueos portuarios en Escandinavia, ha transportado coches desde Alemania en camiones, ha llevado trabajadores en avión desde otros países europeos para cubrir los piquetes o ha pagado millones en costas judiciales. Todo eso, para no firmar un documento de pocas páginas con un sindicato que representa a esos trabajadores. El coste económico de la negativa supera con creces el coste de ceder. Hay algo, por tanto, que vale más que el dinero.

Ese algo es el mensaje: las instituciones colectivas no tienen autoridad sobre sus empresas.

Para entenderlo en su dimensión real hay que salir de Suecia y entrar en el ecosistema ideológico que rodea a Musk: Marc Andreessen y Peter Thiel —cofundador de PayPal y Palantir, arquitecto financiero de la nueva derecha tecnológica—. Todos y cada uno lo han articulado con claridad en entrevistas y foros privados: su visión del mundo sitúa como verdadero enemigo de la humanidad no la guerra ni el hambre sino la gobernanza. Cualquier entidad capaz de crear marcos normativos globales —que regule la inteligencia artificial, que frene el cambio climático, que evite conflictos nucleares mediante acuerdos multilaterales— es, en su vocabulario deliberadamente apocalíptico, el Anticristo. No es metáfora. Es una cosmovisión.

Estos tecnócratas libertarios —aliados en el proyecto político del trumpismo— forman un bloque de poder con una visión del mundo articulada y coherente: la concentración de autoridad en manos privadas es eficiencia; las instituciones que distribuyen poder —sindicatos, universidades públicas, agencias reguladoras, parlamentos supranacionales— son obstáculos. Residuos del siglo XX. Fricciones que ralentizan el progreso tal como ellos lo conciben. Lo que en los talleres de Tesla en Suecia se denomina “negativa a firmar un convenio colectivo” responde a la misma lógica que la exigencia de disolver agencias federales de supervisión financiera o la que presenta a la Unión Europea como un proyecto burocrático ilegítimo. No son episodios inconexos. Son aplicaciones del mismo principio a distintas escalas.

Pero Suecia resulta un laboratorio especialmente incómodo para esa ideología —definida como “libertarismo tecnológico”— precisamente porque el modelo nórdico de relaciones laborales no es una concesión graciosa del capital sino el resultado de un siglo de negociaciones institucionalizadas entre empresas y sindicatos. Y los convenios colectivos son tanto un derecho de los trabajadores como un instrumento de estabilidad para las empresas.

Ya en 1995, cuando Toys“R”Us llegó a Suecia con una lógica parecida, se negó a firmar convenios colectivos en sus primeras tiendas. Los sindicatos respondieron con bloqueos. Tres meses después, la juguetería cedió. La diferencia entre aquel conflicto y este no reside en la fortaleza del sindicato IF Metall, que sigue siendo formidable, ni en la solidaridad. La diferencia es que Musk es un actor político global para quien el modelo nórdico y europeo de relaciones laborales no representa un inconveniente de negocio, sino un enemigo ideológico.

Pero esta huelga en los talleres de Tesla debería importar más allá de Suecia. No como curiosidad sindical ni como un particular conflicto en un país frío y ordenado. Sino porque lo que allí se dirime es si las instituciones colectivas —los sindicatos, pero también los parlamentos, los tratados, las agencias, los convenios— tienen todavía capacidad de establecer límites al poder privado. Si la democracia termina, o no, en la puerta de las empresas.

A pocos días del Primero de Mayo, es bueno recordarlo.

La reactivación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) mediante el Real Decreto 301/2026 llega a la esfera pública con una mezcla inevitable de oportunidad y reproche. Oportunidad, porque España recupera —al menos sobre el papel— uno de los pocos instrumentos institucionales capaces de ordenar e impulsar las políticas de sostenibilidad empresarial en un momento crítico. Reproche, porque lo hace tras más de una década de inacción en la que ese mismo instrumento quedó, sencillamente, abandonado en un cajón administrativo.

No conviene edulcorar el diagnóstico. El Consejo, creado con ambición en 2008, celebró su última reunión efectiva en 2015. Desde entonces, el mundo ha cambiado radicalmente. Mientras la Unión Europea desplegaba un denso entramado normativo sobre información de sostenibilidad, la Directiva de Diligencia Debida o los nuevos criterios de sostenibilidad —taxonomías— para la transición ecológica, España mantenía en estado latente su principal órgano de gobernanza en materia de responsabilidad social. No ha sido una cuestión menor ni un simple olvido burocrático; ha sido la constatación de una alarmante falta de prioridad política en un ámbito que hoy se reconoce como estratégico para el futuro del nuestro modelo económico.

El nuevo Real Decreto, aprobado en el Consejo de Ministros de la semana pasada, intenta corregir esta anomalía. Y lo hace con cambios que, en su diseño, resultan acertados. En primer lugar, refuerza el carácter del Consejo como órgano de participación institucional, manteniendo esa composición cuatripartita que integra administraciones públicas, organizaciones empresariales, sindicatos y representantes de la sociedad civil. Es esta pluralidad la que otorga legitimidad a cualquier política de RSC que aspire a ser algo más que un ejercicio de relaciones públicas.

En segundo lugar, el decreto actualiza las funciones del CERSE para alinearlas con las exigencias del siglo XXI: la elaboración de informes sobre la calidad de la información de sostenibilidad, la emisión de dictámenes sobre proyectos normativos y su constitución como un observatorio real de la responsabilidad social en España. Sobre el diseño, poco que objetar. Sin embargo, la historia nos enseña que el problema en nuestro país nunca ha sido el diseño de las instituciones, sino la voluntad real de dotarlas de vida.

España no carecía de un Consejo de RSC; lo que ha faltado es voluntad política para activarlo y convertirlo en un espacio de conflicto constructivo y utilidad social. Durante años, la RSC ha quedado atrapada entre dos extremos estériles: la retórica corporativa de los departamentos de marketing, plagada de compromisos grandilocuentes pero escasamente verificables, y una ausencia de estructura pública capaz de exigir coherencia. El resultado ha sido la proliferación de informes de sostenibilidad impecables en su maquetación, pero desconectados de la realidad laboral interna de las compañías.

La reactivación del Consejo no se produce en un vacío. El contexto actual es de una hostilidad creciente hacia la agenda de sostenibilidad. Observamos con preocupación un escenario de repliegue alentado por corrientes políticas reaccionarias —el auge del “trumpismo” y sus ecos europeos— que están empujando a una parte del mundo empresarial a revisar sus compromisos en diversidad, transición climática y derechos humanos. Hay una presión orquestada para trasladar la idea de que la responsabilidad social es un “lujo prescindible” o, peor aún, una desventaja competitiva frente a modelos de capitalismo autoritario o extractivo.

El Consejo debe ser el dique de contención frente al 'greenwashing' —lavado de imagen verde— y el socialwashing —lavado de 'imagen social'— que amenazan con desvirtuar décadas de avances

Es precisamente en este contexto adverso donde instrumentos como el CERSE adquieren su mayor sentido. No deben ser espacios decorativos para la foto del consenso, sino mecanismos de aceleración y orientación capaces de sostener las políticas de sostenibilidad cuando el viento deja de soplar a favor. El Consejo debe ser el dique de contención frente al greenwashing —lavado de imagen verde— y el socialwashing —lavado de imagen social— que amenazan con desvirtuar décadas de avances.

El decreto apunta hacia líneas de actuación que podrían tener un efecto práctico relevante: el impulso de cláusulas sociales en la contratación pública, el fomento de alianzas para la integración de riesgos climáticos y la futura creación de un sello de responsabilidad social. Pero seamos claros: ninguna de estas herramientas será efectiva si no se acompaña de exigencia, seguimiento y, sobre todo, de participación efectiva.

La responsabilidad social en España necesita que los trabajadores dejen de ser meros espectadores de los compromisos de sus empresas. La verdadera RSC empieza de puertas para adentro. No hay sostenibilidad posible si no hay trabajo decente, si no hay igualdad real o si se ignora la voz de la representación sindical en la definición de la estrategia empresarial. La sostenibilidad no puede ser un anexo al informe anual; debe ser un elemento central del modelo de gestión, evaluable por los propios trabajadores y por la sociedad a la que la empresa sirve.

La pregunta que queda en el aire tras la aprobación de este Real Decreto es obligatoria: ¿Tiene este nuevo Consejo capacidad real para desempeñar un papel transformador o estamos ante un simulacro de reactivación que llegará tarde y se quedará en la superficie?

La historia reciente demuestra que la existencia formal de un órgano no garantiza su impacto. El CERSE necesita una agenda clara, recursos suficientes y, por encima de todo, una voluntad política sostenida en el tiempo que trascienda la legislatura. Pero también exige el compromiso y la implicación real de los cuatro grupos que lo componen —organizaciones empresariales, sindicatos, sociedad civil y las distintas administraciones—, pues sin su corresponsabilidad el Consejo puede ser un caparazón vacío. El Real Decreto 301/2026 abre una puerta que llevaba sellada una década. Lo que está por ver es si existe la valentía real de cruzarla para construir una economía más justa, responsable y sostenible.