España es uno de los países con la tasa de fecundidad más baja del mundo, en torno a 1,3 hijos por mujer desde 2011, y llevamos ya por debajo de la tasa de reemplazo (2,1 hijos por mujer) casi tres décadas. Durante el boom económico, muchos pensaron que la inmigración arreglaría un poco este desastre; ahora, con la calma que da la distancia, podemos examinar si realmente fue así y en qué medida. Y más importante, podemos reflexionar sobre cómo se anuncia la contribución futura de la inmigración al rejuvenecimiento de la población española.

Hemos juntado los datos de la Encuesta de Fecundidad y Valores realizada por el CIS en 2006 y la de la Encuesta Nacional de Inmigrantes de 2007, para reconstruir las trayectorias reproductivas completas de las mujeres autóctonas e inmigrantes que residían en España antes de la crisis, y así poder compararlas para determinar hasta qué punto se ha producido o no cierta convergencia en su comportamiento, o no.

El objetivo es examinar para quién se produce la transición al primer hijo, al segundo y, en su caso, al tercero, y a qué edad tienen lugar dichas transiciones. Analizando cada transición por separado pretendemos comparar no sólo los niveles de fecundidad entre diferentes grupos de mujeres inmigrantes en España con los de las mujeres nacidas en España, sino también determinar si hay variaciones en el calendario vital de la maternidad de unas y otras. En definitiva, averiguar si unas tienen más hijos que otras, y si los tienen antes o después y, a ser posible, los motivos.

En el análisis inicial hemos incluido a todas las mujeres inmigrantes que habían pasado algún año de su vida reproductiva (entre los 15 y los 49 años de edad) en España, sin distinguir si el hijo lo tuvieron ya en España o en el país de origen antes de venir. Esto nos permite comparar el comportamiento reproductivo de ambas poblaciones, la autóctona y la inmigrante, al completo, y capturar mejor la potencial contribución que la inmigración acaba haciendo al rejuvenecimiento de la población española pues, en muchos casos, esos hijos que nacieron allá vinieron a España con sus madres (y padres), o fueron reagrupados después para quedarse durante años o incluso de forma permanente.

Cuando solo tenemos en cuenta la edad y el origen de la mujer, e ignoramos otras características que pueden influir también en las decisiones reproductivas de las mujeres, los resultados obtenidos indican lo siguiente:

Gráfico 1. Curva de supervivencia de la transición al primer hijo, comparando mujeres autóctonas e inmigrantes de primera generación, con independencia de dónde tuvieran su primer hijo (en el país de origen o en España)

Fuente: Encuesta de Fecundidad y Valores (CIS) y Encuesta Nacional de Inmigrantes (INE). Nota: el gráfico indica la proporción de mujeres de cada grupo que pasa a ser madre por primera vez a medida que avanza la edad.

En un segundo paso, hemos repetido los análisis pero comparando ahora las mujeres nacidas en España no con todas las inmigrantes sino solo con aquellas que llegaron a España sin ningún hijo; es decir, con mujeres que comenzaron o pueden comenzar su vida reproductiva en España. El gráfico 2 muestra justamente la imagen inversa al gráfico 1: en este caso, las mujeres inmigrantes retrasan la maternidad incluso más que las españolas. O dicho de otro modo, lo que veíamos en el gráfico 1 se debe solo y exclusivamente a que muchas de las mujeres inmigrantes residentes en España en 2007 eran madres ya al momento de emigrar a España, habían tenido su primer hijo (y quizá también el segundo o incluso el tercero en sus países de origen), y por ello lo tuvieron a una edad más temprana que las españolas, si ese era el patrón dominantes de entrada a la maternidad en aquellos lugares. Muchas de estas madres inmigrantes han traído a España a todos o a algunos de sus hijos, pues el proceso de reagrupación ha sido intenso y rápido en nuestro país. Pero las inmigrantes que vinieron en edad de ser madres pero sin haberlo sido aún, han experimentado transiciones a la maternidad sustancialmente más tardías que las españolas.

Gráfico 2. Curva de supervivencia de la transición al primer hijo, comparando mujeres autóctonas e inmigrantes de primera generación que vinieron sin haber sido madres

Fuente: Encuesta de Fecundidad y Valores (CIS) y Encuesta Nacional de Inmigrantes (INE). Nota: el gráfico indica la proporción de mujeres de cada grupo que pasa a ser madre por primera vez a medida que avanza la edad.

Cuando además de la edad y el origen de las mujeres incorporamos al análisis la información sobre el nivel educativo, experiencia laboral previa, estado civil, tamaño de la familia de origen, etc. de las mujeres autóctonas e inmigrantes, los resultados en lo fundamental se mantienen, con alguna variación importante para las marroquíes que parecían más proclives a tener el primer hijo o al menos a tenerlo más temprano pero que, una vez que se descuenta el efecto que el bajo nivel de instrucción entre este grupo, se revelan no más proclives ni más adelantadas en su transición al primer hijo que las españolas con el mismo nivel de estudios.

Por último, y para complementar un poco la visión de futuro hemos examinado también los patrones reproductivos de las mujeres inmigrantes que llegaron a España siendo niñas pero que ya estaban en edad reproductiva al momento de la encuesta, a las que llamamos la generación intermedia o generación 1,5 (porque está entre la primera y la segunda generación de inmigrantes). Los resultados sugieren aún una entrada a la maternidad más tardía que la de sus homólogas españolas, para todos los grupos de origen, y a partir de eso momento clara convergencia en el segundo y tercer hijo entre latinoamericanas y las autóctonas, y clara divergencia de las magrebíes que siguen mostrando mayor probabilidad de tener un segundo y un tercero que las españolas.

Estudios anteriores sugieren que la migración interrumpe la trayectoria reproductiva de las mujeres pero sólo de modo temporal; sin embargo, nuestros resultados indican que, en España, la mayoría de las mujeres inmigrantes que vinieron antes de ser madres no han logrado compensar  el efecto distorsionador que la migración tuvo sobre su maternidad. Si además, el grupo más numeroso, el de las latinoamericanas, tiene el primer hijo más tarde, tiene menor probabilidad de tener un segundo y sus hijas, las de la generación 1.5 apuntan a la covergencia con los patrones reproductivos de las españolas similares a ellas, parece poco probable que los hijos de las inmigrantes vayan a poder sacar a España de la cabeza del ranking de países de fecundidad muy baja y tardía.

Podemos leer esto como una buena noticia, como un indicador más de integración. Sin embargo, sabemos que España lidera también el grupo de países de la UE en los que la diferencia entre el número de hijos deseado y alcanzado es mayor. Es decir que, en términos generales, la baja fecundidad de las españolas es más fruto de la imposición (del mercado de trabajo, del coste de la vivienda, de la escasez de servicios de guardería, etc.) que reflejo de sus preferencias. Y que esto se reproduzca también entre las inmigrantes no parece precisamente motivo de júbilo. Los resultados, por tanto, subrayan una vez más la imperiosa necesidad de buscar fórmulas eficaces para repartir de modo más equitativo el coste asociado a la crianza de los hijos. Mientras no lo hagamos, las inmigrantes no tendrán los hijos que nosotras tampoco tenemos.

*Los resultados presentados aquí son fruto de la colaboración de varias investigadoras (Teresa Castro, Lisa Kraus y Tatiana Eremenko) de @poblacion_csic en el marco del proyecto FamiliesAndSocieties

Dos tercios de la población residente en España no ha recurrido a ningún tratamiento o práctica de medicina no convencional

Los más habituales son el masaje terapéutico, las plantas medicinales y el yoga

Ser mujer, mayores ingresos y mayor nivel educativo aumentan la probabilidad de recurrir a estos tratamientos no convencionales

Cada vez con más frecuencia aparecen en los medios noticias relacionadas con el uso de la homeopatía o, más genéricamente, de las terapias (llamadas) alternativas a la medicina tradicional; y al hilo de tales noticias suele desatarse un acalorado debate sobre la fiabilidad y posibles consecuencias no deseadas de las mismas. Sin embargo, más allá de los casos concretos que saltan a los medios, disponemos generalmente de muy poca información sobre el grado de implantación que dichas prácticas, terapias o tratamientos tienen en la sociedad española, y sobre cuál es el perfil de las personas que recurren a ellos. Ambos elementos nos parecen clave a la hora de entender quién y por qué se acude a dichas prácticas. En concreto, resulta relevante saber qué tratamientos, terapias o prácticas son las más habituales y cuáles las minoritarias, y quién recurre a ellas; y también si lo hacen en concurrencia con la medicina convencional o como alternativa a la misma.

El CIS publicó el mes pasado su barómetro de Febrero, en el que se incluía toda una batería de preguntas sobre el conocimiento y uso que los españoles hacen de tratamientos y prácticas no integradas en la medicina convencional. En concreto, el cuestionario preguntaba acerca de 20 tipos de tratamientos o prácticas diferentes: Acupuntura, Medicina tradicional china, Homeopatía, Ayurveda, Naturopatía, Hipnoterapia, Sanación espiritual, Meditación, Yoga, Musicoterapia, Plantas medicinales (fitoterapia), Terapia nutricional, Quiropráctica, Osteopatía, Masaje terapéutico, Reflexología, Reiki, Terapia floral, Qi-gong (o Chi-kung), Imanes terapéuticos y Otro (en este orden). Sin duda, no todas estas prácticas y tratamientos resultan completamente asimilables entre sí pues no sólo responden a supuestos distintos sino que, además, requieren diferente grado de implicación por parte del sujeto que recurre a ellas. En unos casos implica la ingesta de sustancias, en otros no; en unos casos requiere esfuerzo físico y/o mental del sujeto, en otros no, etc. De hecho, es probable que al leer la lista muchos de ustedes se hayan sorprendido al ver que el masaje terapéutico aparece, por ejemplo, en la misma lista que la musicoterapia. No entraremos aquí en muchas disquisiciones sobre cómo corresponde agruparlas y distinguirlas. Sin embargo, en algunos análisis hemos decidido excluir el masaje terapéutico, la quiropráctica y la osteopatía, de la lista porque mucha gente es probable que los entienda como variantes de la fisioterapia y, por tanto, como parte de la medicina convencional. Esta decisión no esconde ningún juicio de valor sobre la eficacia de unas prácticas y otras, sino que trata simplemente de reproducir lo que puede ser una percepción bastante generalizada entre la población.

El primer dato que arroja la encuesta es que dos tercios de la población residente en España no ha recurrido a ningún tratamiento o práctica de los enumerados anteriormente en los últimos doce meses. Del tercio que sí lo habían hecho, la mitad solo había usado una de ellas; y en la mayoría de los casos se trataba o del masaje terapéutico (30 por ciento) o de las plantas medicinales (21 por ciento), seguidos a distancia por el yoga (9 por ciento) (Gráfico 1). El resto de la población (17 por ciento) declaró haber usado dos o más de estas prácticas y tratamientos, con combinaciones de muy distinta índole.

También se preguntó a los entrevistados por qué motivos creían que la gente hace uso de estos tratamientos y prácticas no convencionales. Las respuestas dividen el sentir general entre los que tienen un juicio negativo o de reproche (aproximadamente un tercio del total) hacia quienes hacen uso de estos tratamientos, y opinan que la gente o confía en ellos sin un motivo concreto (20 por ciento), o porque cree que la medicina convencional a veces es perjudicial para la salud (11 por ciento); y los que tienden a evaluar de forma menos negativa esas las razones (aproximadamente dos tercios), y opinan que la gente lo hace porque curan enfermedades y dolencias para los que la medicina tradicional no funciona, o porque ayuda a prevenirlas, o porque ayudan a llevar una visa sana o porque alivian los efectos secundarios de tratamientos convencionales (Gráfico 2).

Resulta llamativo que en una simple comparación de porcentajes no se aprecia diferencia en el uso de estas prácticas entre quienes declararon haber ido al médico de cabecera o especialista durante el año de referencia, y quienes no lo habían hecho. En otras palabras, da la impresión de que el uso de estos tratamientos y prácticas no es necesariamente más frecuente entre quienes no hacen uso de la medicina convencional (Gráfico 3).

Sin embargo, afirmar esto de forma definitiva requiere un análisis estadístico algo más sofisticado que la simple comparación de porcentajes. Por ello, hemos tratado de estimar la probabilidad de que una persona recurra a alguno de estos tratamientos o prácticas en función de algunas de características como su edad, sexo, nivel educativo, nivel de ingresos, estado de salud (auto-evaluado), estado de ánimo, uso de la medicina convencional (si ha acudido al médico de cabecera o especialista en esos meses), y su opinión sobre motivos por los que la gente acude a estas prácticas y tratamientos.

Cuando no distinguimos por el tipo de prácticas o tratamientos, los resultados sugieren que ser mujer, mayores ingresos y mayor nivel educativo aumentan la probabilidad de recurrir a estos tratamientos no convencionales. En otras palabras, en general, no son una cosa de ignorantes (como a menudo se escucha en los debates poco informados) sino más bien de quien se lo puede permitir. Es más, como muestra el gráfico 4, el nivel de ingresos es especialmente importante entre las mujeres, y no tanto para los hombres.

Igualmente, estas prácticas son también mucho más probables entre quienes se sienten solos, deprimidos e inquietos, y entre quienes han ido al médico en alguna ocasión en el último año, incluso después de tener en cuenta el estado de salud de la persona. Tener más de 70 años y una opinión negativa de los motivos por los que la gente acude a estos tratamientos hace, como era de esperar, menos probable su uso.

De todos modos, como mencionábamos al principio, parece probable que el masaje terapéutico y sus allegados (quiropráctica y osteopatía), no sean percibidos ‘tan’ no convencionales como otras. Por ello hemos estimado los mismos modelos sin ellos, y los resultados son interesantes. Los ingresos y haber ido antes al médico, dejan de ser relevantes; y el efecto de la educación permanece pero solo para lo niveles más altos. Y si además de los masajes y allegados, eliminamos también el yoga, el nivel educativo, los ingresos y ser mujer deja de importar. Dicho de otro modo, el uso de prácticas y tratamientos no convencionales y que no incluyen ni los masajes y similares ni el yoga, está más asociado a los estados de ánimo (depresión, tristeza e inquietud frecuente) y a la mayor edad de la persona, que a ningún otro factor. Y a la inversa, los masajes parecen cosa de ‘pudientes’ y el yoga cosas de mujeres.

Por último, cuando analizamos los masajes y similares, el yoga, la meditación y otras terapias y prácticas por separado, se detectan perfiles de usuarios distintos. La diferencia de género solo desaparece para las prácticas relacionadas con los masajes; en el resto, las mujeres siempre son más proclives al uso de las opciones no convencionales que los hombres. El yoga es más habitual entre gente que evalúa positivamente su estado de salud. Las personas que reportaron sufrir depresión, tristeza, soledad y ansiedad, es más probable que practiquen la meditación que el resto de tratamientos. El nivel de ingresos resulta más relevante para explicar el recurso al masaje terapéutico o la acupuntura que el resto. Y por último, tener una opinión negativa de las razones por las que la gente recurre a lo no convencional, parece que genera más rechazo del yoga que de otras prácticas de la lista, a pesar de que el yoga el la práctica que genera mayor nivel de satisfacción entre sus usuarios según la encuesta.

Estas diferencias revelan una heterogeneidad importante en las motivaciones por las que la gente recurre a prácticas o tratamientos no convencionales, y también importantes diferencias en el perfil socio-económico de unos usuarios y otros. Todo ello merecería ser tenido en cuenta en los debates sobre la denominada medicina alternativa, en especial por quienes quieran evitar fraudes y abusos, pero también por quienes abogan por la combinación de alguna de ellas como complemento a tratamientos convencionales.

El Muro Invisible es más un libro escrito

jóvenes que un libro

sobre

los jóvenes

Describe una transformación de la estructura social española que afecta a jóvenes y no tan jóvenes

Presenta siempre un 'menú de propuestas posibles’ sobre intervenciones públicas que podrían responder a los retos y problemas descritos

Nuestros amigos de Politikon, uno de los blogs de divulgación en ciencias sociales más pujantes del panorama digital, han publicado una obra colectiva titulada El Muro Invisible (Editorial Debate) sobre las vicisitudes de ser joven en España. En esta entrada queremos celebrar la aparición de este trabajo y destacar su enorme potencial para elevar el debate público. Pero también queremos invitar a nuestros lectores a hacer una reflexión crítica de algunos de sus argumentos centrales. Vamos a ser más sintéticos en el primero de estos objetivos que en el segundo.

Por fin divulgación moderna

El Muro Invisible representa, por fin, un muy buen trabajo de divulgación en sociología. Eso se nota en que sus afirmaciones se presentan enmarcadas en reflexiones ampliamente debatidas en las ciencias sociales y están ilustradas con evidencia empírica oportuna, de calidad y bien presentada. Podríamos decir que el trabajo de Politikon está ya en línea con una nueva generación de pensadores y analistas sobre lo social que es más dinámica, analítica y transparente. Especialmente sugerente nos parece que los autores incluyan en cada capítulo una sección titulada ‘El menú de propuestas posibles’, en el que se discuten algunas intervenciones públicas que podrían responder a los retos y problemas descritos.

Pero no es un libro sobre jóvenes

En contra de lo que su subtítulo sugiere (Las dificultades de ser joven en España), El Muro Invisible es más un libro escrito por jóvenes que un libro sobre los jóvenes. Es cierto que muchos de los fenómenos sociales (fracaso escolar, desempleo, baja fecundidad) que el libro analiza tienen una mayor incidencia entre los jóvenes, pero también han tenido impacto en la vida de quienes nacieron antes de 1980, que es el umbral fijado por los autores para separar a quienes son jóvenes hoy de quienes ya no lo somos. El mercado laboral español, por ejemplo, ya estaba fuertemente segmentado cuando los millennials comenzaban su educación primaria. Afectados por la precariedad laboral, muchos españoles que por nacimiento son baby-boomers han tenido pocos hijos, y los han tenido tarde. Muchos con más de cuarenta años han tenido menos poder adquisitivo y éxito profesional que la generación de sus padres y han visto cómo las crisis de empleo en España (1993, 2007) les expulsaban del mercado de trabajo en momentos clave de su ciclo vital. Creemos que el libro describe más bien una transformación de la estructura social española que afecta a jóvenes y no tan jóvenes y, aquí está lo preocupante, muy probablemente seguirá afectando a los jóvenes del futuro.

Una invitación a reformular el “pacto intergeneracional”

El Muro Invisible propone la renovación de un “pacto” que, en su opinión, ordena la convivencia entre generaciones. La necesidad de renovar este acuerdo se asienta en la creencia de que los jóvenes viven peor que los mayores porque hay una transferencia de recursos excesiva o injustificada de los primeros hacia los segundos. Y ello, argumentan, está detrás de muchos de los problemas a los que se enfrentan quienes nacieron a partir de 1980. Aunque los jóvenes son un grupo muy diverso, incluso más de lo que se trasluce en el texto, también lo son los mayores que deberían suscribir este “pacto”. Los jóvenes defensores de un nuevo acuerdo entre generaciones parecen pensar más en jubilados de clase media con pensiones altas, que se benefician de suculentos descuentos en el acceso a ciertos servicios públicos, que en los que se encuentran en situaciones mucho menos favorecidas y que, en muchos casos, se vieron forzados a trabajar a edades muy tempranas. En algunos países, como en Estados Unidos, no es infrecuente ver a jubilados en minijobs mal pagados y de poca cualificación. Creemos que la redistribución debe hacerse entre grupos según su nivel de ingresos, no necesariamente entre generaciones. ¿Tomará el “pacto” como actores principales a las distintas generaciones que coexistan en un momento dado o a los individuos que forman parte de ellas?

La ilusión de la movilidad incesante

Las descripciones de los jóvenes como los grandes perdedores del cambio en la estructura social que se ha producido en las últimas décadas en España se suelen centrar en comparaciones de estos jóvenes con sus padres y, como mucho, sus abuelos. Esto sustenta la idea que de todas las generaciones han mejorado los estándares de las anteriores y tiene detrás una visión algo ingenua, incluso miope, del desarrollo. Los europeos que nacieron después de la II Guerra Mundial han sido unos privilegiados. No está claro que quienes fueron jóvenes en la década de los cuarenta vivieran mejor que los que lo fueron en los felices años veinte. La ilusión de que siempre hay margen para la movilidad social ascendente es más bien eso, una ilusión. Aunque sea doloroso decirlo, a pesar de la extraordinaria expansión educativa que hemos protagonizado, o en parte por eso, hoy por hoy hay pocas perspectivas de lograr sociedades más fluidas sin que un cambio tecnológico de gran escala y que expandiera la demanda de trabajos altamente cualificados abra oportunidades similares a las que tuvieron quienes fueron jóvenes en los años sesenta y setenta.

La ilusión de la movilidad incesante puede alimentar frustraciones que poco tienen que ver con las políticas incluso aunque tengan un gran impacto en el comportamiento político y social de los jóvenes. Creemos, por ejemplo, que la crisis ha generado una frustración de expectativas tanto o más importante que la exclusión objetiva a la que se enfrentan algunos jóvenes. La relación de todo ello con fenómenos como la nueva emigración, es un tema apuntado pero poco explotado en el libro y que, sin duda, merecerá más reflexión en el futuro.

Y las políticas…

Uno de los aspectos que más nos ha gustado del trabajo de Politikon es que muchos de los dilemas sociales que se presentan en el libro y que afronta España (como muchos otros países avanzados) se analizan en clave política y se acompañan de reflexiones sobre las políticas. Sin embargo, creemos que es importante que quienes se interesan por la política, y viven inmersos en los debates que ésta genera, no pierdan de vista el hecho de que las políticas no solo son el resultado de procesos deliberativos y decisiones tomadas en el vacío, sino que adoptan la forma que tienen precisamente porque se definen y se aplican en un determinado contexto social. Esto no convierte a las políticas en irrelevantes, pero sí limita su posible impacto y dificulta su aplicabilidad. Pero quizá ya estamos hablando un poco como viejos (o lo que Politikon llama eufemísticamente baby-boomers).

Bienvenidos a la divulgación en sociología del siglo XXI.

En cambio, en muchos países de América Latina, por ejemplo, la cohabitación ha sido habitual entre personas de los estratos menos favorecidos de la población como sustituto del matrimonio. Y en Rumanía y otros países del Este, la cohabitación es por lo general un preludio al matrimonio, más que una alternativa a él. Dicho de otro modo, la cohabitación no tiene un significado unívoco y existe una cierta heterogeneidad en los motivos por el que las personas deciden cohabitar en lugar de casarse.

Esta heterogeneidad en el significado de la cohabitación entre países, e incluso entre individuos dentro del mismo país, hace particularmente difícil predecir si la cohabitación será más o menos frecuente entre las mujeres inmigrantes, y si será un comportamiento asociado a mayor nivel de instrucción como entre las españolas o justo lo contrario, como suele ser habitual en muchos de sus países de origen. Necesitamos pues, antes de interpretar cualquier dato sobre los modos de convivencia de las inmigrantes como evidencia de integración o ausencia de ella, aclarar estas cuestiones.

Además, los inmigrantes no reproducirán necesariamente la relación entre educación y cohabitación que se observa en sus respectivos países de origen pues, como sabemos, los inmigrantes son un grupo seleccionado de sus habitantes, no necesariamente representativo de las pautas de comportamiento dominantes en ellos. Además las condiciones de vida y trabajo en España generan condicionantes diferentes a los vividos en las sociedades de origen, y los inmigrantes se adaptan en mayor o menor medida a dichos condicionantes. Por último, el significado de la cohabitación como indicador de integración o como resumen de un determinado tipo de concepción de la familia y las relaciones familiares seguramente varíe no sólo en función del origen geográfico de los inmigrantes y lo que es habitual en sus sociedades de origen, sino también en función del origen de las parejas con las que establecen su relación. En principio, parece razonable pensar que la cohabitación entre inmigrantes del mismo origen probablemente reproducirá en muchos casos los patrones observados en su país de origen. Sin embargo, no es fácil predecir si la cohabitación entre una inmigrante y un autóctono será más parecida a lo que la cohabitación mayoritariamente ha sido hasta ahora en España – un preludio al matrimonio-, o se configurará también como alternativa a él. Y en este caso, si será dominante entre los inmigrantes con más o menos nivel de instrucción.

Los análisis que hemos realizado con datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes de 2007 y la Encuesta de Fecundidad y Valores de 2006, se observa con claridad que:

1. La incidencia de la cohabitación entre las inmigrantes en España es mayor que entre las autóctonas, y esto es así para todos los grandes grupos de origen salvo para las marroquíes. Es importante destacar que este es, de nuevo, un patrón de comportamiento atípico dentro de Europa y responde, en gran medida, a la confluencia de dos factores: por un lado, la difusión tardía de la cohabitación entre las españolas y, por otro, que los países de origen de nuestra inmigración son diferentes y más diversos en este aspecto que los de muchos de nuestros vecinos europeos.

2. Las diferencias en el gradiente educativo de la cohabitación revela también diferencias importantes entre españolas e inmigrantes, a menudo relacionadas con el origen de la pareja (inmigrante o español de nacimiento) de estas últimas. Mientras que el nivel educativo de las inmigrantes es irrelevante cuando se trata de predecir su propensión a contraer matrimonio o a cohabitar con otro inmigrante de su mismo origen, tener estudios superiores aumenta claramente la probabilidad de cohabitar con un español. En este sentido parece que la emigración a España desdibuja parcialmente el significando dominante de la cohabitación en los países de origen cuando se trata de parejas endógamas (entre inmigrantes del mismo origen nacional) y tiende a adoptar el significando (hasta hace poco) dominante en España cuando la pareja con la que se cohabita es de origen español.

En definitiva, la población inmigrante femenina en España reproduce la heterogeneidad en la incidencia y significado de la cohabitación observado entre poblaciones no inmigrantes en el resto de Europa. Y precisamente por ello que las inmigrantes cohabiten más que las españolas de similares características (cohorte de nacimiento, edad, nivel educativo, etc.) no puede interpretarse de forma inmediata ni como un signo de lo antiguas que somos las españolas, ni de lo modernas que son ellas; no se trata necesariamente y en todos los casos de un signo de adaptación, ni tampoco de un reflejo automático de los valores y formas familiares en las que ellas fueron socializadas en sus países de origen.

Nuestra segunda generación es aún demasiado joven y en la mayoría de los casos no han completado su transición a la vida adulta, pero disponemos de algunos datos que nos permiten saber si los adolescentes hijos de inmigrantes prefieren cohabitar, en lugar de casarse, y en qué medida difieren sus preferencias de las de los adolescentes no inmigrantes. Utilizando datos de la encuesta CHANCES 2011, realizada en centros de secundaria de Madrid a alumnos de entre 14 y 16 años de origen inmigrante y no inmigrante, comprobamos en el gráfico 1 que la inmensa mayoría de los adolescentes, inmigrantes o no, se plantea como opción preferida cohabitar durante un tiempo antes de casarse (el 70% de los adolescentes no-inmigrantes y el 60% de los inmigrantes). Aún así, la proporción de los que prefieren casarse directamente sin cohabitar es casi 10 puntos mayor entre los inmigrantes, aunque deberíamos decir las inmigrantes porque es una diferencia en gran medida debida a las diferencias entre chicas inmigrantes y las autóctonas.

Gráfico 1. Preferencias sobre el modo de convivir con su futura pareja entre adolescentes inmigrantes y no inmigrantes (Chances 2011)

Los datos del gráfico 2 reflejan con claridad que las auténticas diferencias se dan entre los progenitores de los adolescentes, y no entre estos últimos. Mientras que sólo el 35% de los padres autóctonos dice que preferiría que su hijo o hija directamente se casara sin cohabitar, el porcentaje entre los padres inmigrantes es prácticamente el doble, casi el 70%. Esto revela, sin duda, una distancia mayor entre las preferencias de padres e hijos en las familias inmigrantes que en las no inmigrantes con respecto a esta cuestión, que seguramente refleje el conflicto que para los padres inmigrantes representa la concepción dominante de la cohabitación como forma de convivencia asociada a las clases bajas en sus países de origen con sus aspiraciones de ascenso social para sus hijos; un conflicto este que no se da entre los no inmigrantes.

Gráfico 2. Opinión de padres e hijos sobre el tipo de convivencia en pareja preferida (Chances 2011)

En cualquier caso, los resultados presentados sirven para ilustrar la heterogeneidad de comportamientos familiares entre la población de origen inmigrante en nuestro país, muy alejada de los estereotipos que lo reducen todo a las dicotomías antiguo-moderno.

Gran diversidad en los métodos anticonceptivos más usados: métodos poco seguros en países del Este, métodos seguros y reversibles en Europa Norte y Central, y métodos irreversibles en EEUU y Australia.

En España predominio del preservativo junto a otros métodos seguros y reversibles, y poca incidencia de la esterilización femenina y masculina

Esterilización femenina claramente asociada a desventaja educativa

Hace apenas una semana tuve la suerte de asistir a la conferencia del Consorcio Europeo de Investigación Sociológica, que celebraba en esta ocasión su 30 aniversario. En una de las lecciones magistrales seleccionadas para la celebración, Megan Sweeney de la Universidad de Los Ángeles trató un tema del que nunca había leído una palabra: los métodos contraceptivos y su diferente uso en función del estatus socio-económico de los individuos, tanto hombres como mujeres. Su exposición reveló datos que me resultaron sorprendentes y de gran interés, tanto por las preguntas que plantean como por el significado y las consecuencias para las personas, en especial de las mujeres. En este post pretendo simplemente compartir con ustedes lo que allí escuché y lo que he leído al respecto desde entonces.

En el gráfico 1 pueden ver cuáles son los métodos anticonceptivos usados en 10 países de baja fecundidad, a los que he añadido los datos de España adaptando y completando los ya publicados aquí y aquí.

Lo primero que salta a la vista son las notables diferencias entre países. Salvo en Bulgaria y Georgia, donde los métodos poco seguros como el día del mes, la prueba del moco cervical o la temperatura, todavía son de uso frecuente (entre el 30 y el 40% de la población que usa algún método), el recurso a algún método seguro, reversible o no, es lo más habitual. Sin embargo, más allá de esa opción por lo seguro, se detectan dos patrones de comportamiento bien distintos. En Francia (80%) y a poca distancia también en Bélgica y Alemania (70%) predomina claramente el uso de métodos muy efectivos y reversibles como la píldora o el DIU. En el extremo opuesto encontramos los casos de EEUU y Australia, donde los métodos preferidos en la Europa central son usados por apenas un tercio de la población, mientras que el recurso a la esterilización, de ellas o de sus parejas, es utilizado por más del 50 y el 40% respectivamente.

De acuerdo con las cifras publicadas por Naciones Unidas en 2013, más de un tercio de las mujeres casadas o en cohabitación del planeta recurren a la esterilización (suya o de sus parejas) como método anticonceptivo, lo que lo convierte en el método más usado a nivel mundial. Sin embargo, la incidencia de la esterilización como método de control reproductivo varía mucho por países.

Como puede apreciarse en el gráfico 1, en el resto de países que no son ni EEUU ni Australia el porcentaje de entrevistadas que declararon haber recurrido a la esterilización, de ellas o de su pareja, como método está siempre por debajo del 20%, y en la mayoría de casos por debajo del 10%.

Gráfico 1. Método anticonceptivo utilizado por la población femenina de 20 a 44 años que convive en pareja heterosexual (casada o no) y usa algún método, 2005-2010 (según país).

La esterilización como método anticonceptivo es sin duda muy efectivo pero resulta, en especial en el caso de las mujeres (ligadura de trompas), irreversible; no así en el de los hombres (vasectomía).

La irreversibilidad de la esterilización femenina constituye un aspecto particularmente importante ya que el deseo de tener hijos puede cambiar a lo largo del curso de vida, y sobre todo si se produce un cambio de pareja. Teniendo en cuenta que la estilización femenina no tiene vuelta atrás, pero sí la masculina, cabría esperar una mayor incidencia de esta última en previsión de un posible cambio de preferencias reproductivas en el futuro de la pareja, o de cualquiera de sus integrantes por separado. De hecho, en EEUU aproximadamente un 25% de las mujeres que había recurrido a la ligadura de trompas se manifestaban arrepentidas de su decisión. Además, la trascendencia de la operación quirúrgica que implica una vasectomía es menor que la de la esterilización femenina.

Pese a todo ello, como puede observarse en el Gráfico 2, de los 11 países estudiados solo en 2, Australia y España, la esterilización femenina representa menos de la mitad del total de esterilizaciones practicadas en la población estudiada. En Austria y Bélgica están casi al 50%. En EEUU, el país con mayor incidencia de esterilización, la femenina está en niveles cercanos al 70%. Y en el resto, donde su incidencia es muy minoritaria como vimos antes, la estilización masculina es completamente residual.

Gráfico 2. Incidencia de la esterilización como método anticonceptivo sobre el total de los que usan algún método, e incidencia de la esterilización femenina sobre el total de esterilizaciones en la población femenina de 20 a 44 años que convive en pareja heterosexual (casada o no), 2005-2010 (según país).

Entre los factores que podrían explicar esta diversidad están no solo las preferencias reproductivas de las mujeres y sus parejas, sino obviamente otros factores económicos, sociales y culturales que incluyen la accesibilidad y aceptación social de diferentes métodos anticonceptivos, que varían en el tiempo y en el espacio.

El nivel de estudios es sin duda el primer candidato en cualquier análisis que pretenda ayudar a entender esta diversidad en la incidencia de la esterilización, femenina y masculina, entre países. En los Gráficos 3 y 4 hemos representado cómo varía el recurso a la esterilización femenina y masculina por nivel educativo de la mujer, y se observan diferencias muy llamativas. En primer lugar, la estirilización femenina (Gráfico 3) está claramente asociada con niveles de estudios bajos en todos los países estudiados salvo en Rumanía. En cambio, en el caso de la esterilización masculina (Gráfico 4) la relación es mucho menos clara y más variada por países: en Australia, Francia y Georgia, su uso aumenta también entre mujeres con niveles de estudios más bajos; en cambio, en otros países no hay una asociación clara con nivel educativo, y en EEUU que aparece en esto como ‘el bicho raro’, la vasectomía está claramente asociada a parejas en las que la mujer tiene estudios superiores, justo a la inversa de lo que ocurre cuando las que se esterilizan son ellas.

Gráfico 3. Proporción de mujeres que utilizaban la esterilización femenina como método anticonceptivo dentro de cada nivel de estudios, 2005-2010 (según país).

Gráfico 4. Proporción de mujeres que utilizaban la esterilización de su pareja (masculina) como método anticonceptivo dentro de cada nivel de estudios, 2005-2010 (según país).

En general, las diferencias descritas desaparecen una vez que se tiene en cuenta la diferente composición de las poblaciones estudiadas en aspectos socio-demográficos básicos como la edad al primer hijo y el número de hijos. Sin embargo, las diferencias por educación en el recurso a la esterilización masculina o femenina permanecen en EEUU y Bélgica. Ello apunta en ambos casos a la responsabilidad de factores explicativos de más amplio alcance, y complejidad, en especial las políticas sociales y de salud reproductiva, que resultan claves a la hora de reforzar o relajar las barreras de acceso a todo el rango de métodos anticonceptivos existentes para las mujeres de cada país.

España sigue el patrón de la mayoría de países analizados con respecto a la esterilización femenina claramente asociada a un menor nivel de estudios de la mujer en edad reproductiva (Gráfico 3). En cambio, la esterilización masculina no está desde luego asociada a mujeres con estudios superiores como en el caso norteamericano, pero tampoco a los niveles de estudios más bajos pues, como se puede observar en el Gráfico 4, la proporción de mujeres cuya pareja se había practicado la vasectomía en el grupo de mujeres con menos de educación secundaria era idéntica a la proporción entre mujeres con secundaria.

Para poner estos resultados en contexto, en el Gráfico 5 hemos plasmado el porcentaje de mujeres en edad reproductiva que dentro de cada nivel de estudios usa cada tipo de método anticonceptivo en España. Como puede observarse frente al gradiente educativo negativo que es evidente en la esterilización femenina, y en menor medida en la masculina, el uso de métodos también muy efectivos pero reversibles como la píldora o el DIU no refleja diferencias significativas por nivel de estudios. En cambio, el preservativo es un método cuyo uso es más frecuente entre las mujeres con mayor nivel de estudios, aunque este resultado en parte refleja la edad media más joven de quienes lo usan.

Gráfico 5. Proporción de mujeres de 20 a 44 años que utilizan cada método anticonceptivo dentro de cada nivel de estudios en España, 2006.

Las implicaciones de estos diferentes patrones de control reproductivo son múltiples tanto en términos de igualdad de género como de estratificación social, y la mejor comprensión de los factores que determinan la elección última por uno u otro resultan clave a la hora de planificar políticas sanitarias y de educación sexual orientadas a garantizar la igualdad.

¿Qué opinan los españoles sobre el acceso de los extranjeros al sistema nacional de salud? ¿Genera rechazo el acceso de los inmigrantes económicos al sistema? ¿Y el de los europeos procedentes de países ricos?

Los españoles mantenemos, en general, opiniones bastante positivas en torno al fenómeno de la inmigración, en especial cuando nos comparamos con lo que indican para otros países europeos diferentes encuestas de opinión. De hecho, los partidos que hacen del discurso anti-inmigración un punto central de su programa o que se manifiestan abiertamente xenófobos han obtenido, por el momento, un éxito electoral muy limitado en España. Y a pesar de que la crisis económica, el aumento del desempleo y los recortes en ayudas sociales constituyen en muchos otros países un excelente caldo de cultivo para el fortalecimiento de estas formaciones, la politización de la inmigración en España sigue manteniéndose en niveles bajos en términos comparados.

Una excepción a esta tónica general de escasa politización ha sido el asunto del acceso de los extranjeros al sistema público de salud. Ya en el año 2000, recién aprobada la primera gran reforma de nuestra ley de extranjería con el respaldo de un amplio consenso parlamentario (Ley 4/2000), el Partido Popular decidió usar el asunto del acceso de los extranjeros a la sistema público de salud como la gran excusa que justificaba una reforma inmediata de una ley que apenas había entrado en vigor. Y decimos excusa porque aunque el Partido Popular efectivamente procedió a la reforma de la Ley 4/2000, el nuevo texto legal (Ley 8/2000) dejó intactos los preceptos relativos al acceso a la sanidad, que supuestamente motivaban la necesidad de reforma. De este modo, el acceso universal que consagraba la Ley 4/2000 se mantuvo. Muchos expertos en la materia de toda Europa consideraron la aproximación española al asunto como una buena práctica: el acceso a la sanidad era universal para todos los residentes en el país que se registraran en el Padrón Municipal, algo que no estaba limitado sólo a los residentes regulares.

Sin embargo, a finales de 2012, con la oleada de recortes sociales adoptados por el gobierno del PP y su mayoría absoluta, el decreto conocido como del ‘apartheid sanitario’ (RD 16/2012) puso fin al modelo universalista antes descrito. Como explicaba Javier Moreno aquí, esta reforma del Sistema Nacional de Salud se justificó con el argumento de acabar con el “turismo sanitario”, tanto de ciudadanos de la UE residentes en España como de inmigrantes extracomunitarios, y sirvió en la práctica para expulsar a los inmigrantes en situación irregular del sistema público.

La cuestión fue objeto de cierta polémica en el marco de las movilizaciones a favor de la sanidad pública lideradas por la marea blanca; ONGs y profesionales promovieron campañas de rechazo al decreto y objeción de conciencia, programas de televisión revelaron el absurdo burocrático al que se veían condenados incluso aquellos inmigrantes que intentaban contratar un seguro pagado de su bolsillo (el supuesto objetivo de la reforma), algunas comunidades autónomas buscaron subterfugios legales para evitar sus consecuencias prácticas… hasta que llegó la campaña electoral de las autonómicas de 2015 y hubo que poner, de nuevo, las cartas sobre la mesa. Prácticamente todos los partidos suscribieron una declaración en marzo de 2015 para la para la “restitución efectiva” del derecho universal a la salud y se comprometieron a incluir dicha medida en sus programas electorales de 2015 y 2016. Todos menos el PP y Ciudadanos.

Conocemos las posturas de los partidos, pero sabemos poco sobre qué opinan los españoles del acceso a la sanidad de los extranjeros. Por ello realizamos, con apoyo de la Fundación Alternativas y Fundipax, un breve cuestionario online a una muestra de 1000 individuos en toda España, en la que preguntábamos, entre otras cosas, cómo perciben los españoles el uso que los extranjeros hacen del sistema sanitario, el impacto que la inmigración tiene sobre la calidad del sistema, si la administración debería invertir más recursos allí donde se concentran más inmigrantes y si, en última instancia, los españoles piensan que debería arbitrarse algún sistema que garantice la preferencia nacional en el acceso al sistema nacional de salud. A diferencia de encuestas anteriores, a la mitad de los encuestados les formulamos las preguntas refiriéndonos a los inmigrantes o la inmigración en general, mientras que a la otra mitad se le formularon las mismas preguntas pero referidas a los “ciudadanos de países ricos de la UE”. La asignación a cada uno de estos dos grupos en que se divide la muestra fue estrictamente aleatoria. La ventaja de este pequeño matiz en la formulación de las preguntas es que permite aislar el efecto que el origen de los inmigrantes tiene en las opiniones reveladas por los encuestados, distinguiendo entre la imagen de “extranjero como inmigrante económico” que domina en el imaginario colectivo, y los procedentes de países ricos de la UE que podrían protagonizar el polémico fenómeno del “turismo sanitario”.

El gráfico que presentamos resume los resultados obtenidos una vez que las diferencias por sexo, edad, educación y auto-posicionamiento ideológico han sido neutralizadas. Cada uno de los paneles del gráfico se refiere a una de las preguntas que hemos mencionado en el párrafo anterior. El indicador azul refleja la probabilidad de que un individuo de nuestra muestra se manifieste de acuerdo con la afirmación en cuestión (p.ej: la presencia de extranjeros disminuye la calidad de la atención sanitaria) cuando se les preguntó por inmigrantes en general, y el indicador rojo cuando se les preguntó por los extranjeros procedentes de países ricos de la UE.

Probabilidad de estar de acuerdo con diferentes afirmaciones sobre el acceso de los inmigrantes al sistema de salud

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta Fundipax/Alternativas Noviembre 2015. Los indicadores son estimaciones calculadas a partir de regresiones logísticas controlando por sexo, edad, educación y auto-posicionamiento ideológico.

Varias cuestiones emergen con nitidez de lo representado en el gráfico. En primer lugar, la mayoría de los españoles rechaza la idea de que la atención sanitaria pierda calidad como consecuencia del acceso de extranjeros a ella; aún así, son un 40% los que consideran que la presencia de extranjeros daña la calidad del sistema y, además, no se aprecian diferencias en la percepción en función del origen de los extranjeros.

Sin embargo, un 50% de los encuestados afirma que los inmigrantes abusan de la atención gratuita, porcentaje que sube hasta el 65% cuando se pregunta sustituyendo inmigrantes por ciudadanos procedentes de países ricos de la UE.

Prácticamente uno de cada dos españoles cree que la administración debería invertir más recursos allí donde se concentran los inmigrantes. Pero si la pregunta se refiere a inmigrantes de países ricos de la UE el porcentaje de casos a favor de esta estrategia se divide por dos. O dicho de otro modo, la percepción de uso abusivo frecuente no genera un deseo generalizado de más inversión en aquellas zonas donde se concentran más extranjeros, especialmente si son procedentes de países ricos de la UE.

En cambio, algo bastante inquietante es que, al parecer, la percepción de uso abusivo por parte de los extranjeros, alimenta el apoyo a la preferencia nacional en el acceso a la sanidad, sobre todo respecto a los ciudadanos de otros países de la UE: 60% la apoyan , comparado con ‘sólo’ el 35% que la apoyaría respecto de los inmigrantes en general.

En definitiva, aunque más de la mitad de los españoles ve con relativa normalidad el acceso de extranjeros al sistema nacional de salud y no dramatiza el impacto que ello tiene en la calidad de la atención sanitaria, hay elementos preocupantes en la encuesta. A pesar de que profesionales tanto de la sanidad como de la investigación han mostrado que la población inmigrante usa la sanidad menos que la española, todo apunta a que el discurso sobre el abuso surte efecto. Es más, el elevado rechazo que genera el acceso de los extranjeros procedentes de los países ricos de la UE al sistema sanitario hace patente que el debate sobre el ‘turismo sanitario’ está dejando huella entre la población. Dos tercios de los encuestados consideran que son los extranjeros de otros países ricos de la UE son quienes abusan de la atención sanitaria gratuita en España y apoyarían la preferencia nacional ante ellos. ¿Por qué no proponer mecanismos efectivos para articular un sistema de cobro a los sistemas sanitarios del resto de países europeos por la atención sanitaria prestada a sus ciudadanos, y dejar de alentar actitudes xenófobas tanto hacia los estigmatizados ‘irregulares’ como hacia los nacionales de nuestros socios europeos?

Entre las medidas negociadas por Cameron en Bruselas para comprometerse a apoyar la permanencia del Reino Unido en la UE en el próximo referéndum de Junio, se han incluido importantes rebajas en las ayudas por hijos accesibles a los inmigrantes del resto de la UE. Las consecuencias de tales medidas apenas han sido discutidas pero la experiencia de Alemania en los años setenta ilustra a la perfección lo que es muy probable que ocurra: un aumento de la reagrupación familiar y la imposibilidad de ahorrar al erario público lo prometido.

El último informe de la OCDE sobre Migración Internacional indicaba que, durante la crisis, la inmigración de naturaleza laboral se ha reducido sustancialmente, y la vinculada a la reagrupación familiar lo ha hecho también, aunque de modo más suavizado. En cambio, los flujos relacionados con la libre circulación de trabajadores en el seno de la UE son los únicos que han aumentado desde 2009, antes de que se dispararan en algunos países las solicitudes de asilo.

Las fuentes británicas indican que desde 2010 han llegado al Reino Unido entre 1 y 2 millones de ciudadanos de la UE. Por tanto, no es de extrañar que gran parte de las discusiones mantenidas las últimas semanas en Bruselas con la intención de evitar que los británicos abandonen la Unión Europea se hayan centrado en las posibles restricciones a la inmigración de trabajadores procedentes de otros Estados Miembros y, sobre todo, su acceso a algunas de las prestaciones sociales que se ofrecen a los trabajadores británicos, incluidas las ayudas por hijos.

Cameron pretendía rebajar la cuantía de las ayudas por hijos que, hasta ahora, los comunitarios podían recibir en igualdad de condiciones que los británicos, incluso si los hijos residían en los países de origen. La propuesta consistía en ajustar las cuantías al coste de la vida en dichos países. Nunca quedó claro si la propuesta de Londres pretendía que dicha indexación de las ayudas por hijos se aplicara sólo a los trabajadores comunitarios que llegaran a partir de la firma del acuerdo, o también a los que ya estaban en Gran Bretaña con anterioridad. Todo ello desató la oposición furibunda de los representantes de Hungría, Eslovaquia, la República Checa y, sobre todo, Polonia. Pero, curiosamente, no de otros países de la UE15 como España, a pesar de que el mayor incremento de los flujos comunitarios hacia el Reino Unido en los últimos años ha procedido de ellos, como indica el gráfico 1 (51% del total de la inmigración procedente de la UE en 2015).

Gráfico 1. Flujos de inmigración procedente de la UE al Reino Unido, por grupos de origen (en miles)

Fuente: Long Term International Migration (LTIM) - Office for National Statistics

La pelea por reducir o directamente eliminar el acceso a determinadas transferencias sociales como estrategia para reducir la inmigración parte de dos premisas simplemente erróneas. La primera, que los inmigrantes vienen atraídos por la generosidad de tales ayudas y prestaciones, y no por efecto de una fuerte demanda laboral no cubierta y un considerable diferencial salarial entre sus países de origen y el Reino Unido en este caso. Y la segunda, que si se vincula el acceso a determinadas prestaciones al principio de territorialidad (necesidad de que los beneficiarios residan en el territorio del Estado que las concede) los inmigrantes no optarán, alternativamente, por traer a sus familias; sobre todo en este caso, en el que no es necesario cumplir con los requisitos que exige la ley de inmigración para practicar la reagrupación familiar, al tratarse de familiares de ciudadanos comunitarios.

Obviamente no podemos adivinar el futuro pero es probable que la reacción a medidas de este tipo por parte de los migrantes sea hoy similar a la que ya se produjo en otros momentos cuando otros gobiernos adoptaron medidas muy parecidas. En 1970, el gobierno alemán pagaba una cantidad mensual de 25 marcos por el segundo hijo, 60 marcos por el tercero y el cuarto, y 70 por el quinto y cada hijo adicional. En principio, el derecho a las prestaciones sociales se reconocía siguiendo el principio de territorialidad. Sin embargo, los trabajadores comunitarios que residían en otros estados miembros diferentes al de su nacionalidad tenían reconocido el derecho a las mismas ayudas por hijos que los trabajadores alemanes, incluso si sus hijos vivían en sus países de origen. Gracias a acuerdos bilaterales especiales, esta opción existía también para trabajadores griegos, yugoslavos, portugueses, españoles y turcos empleados en Alemania. Pues bien, en 1975, el gobierno de Helmut Schmidt aprobó una reforma fiscal por la que incrementó la cuantía de las ayudas a 50 marcos mensuales por el primer hijo, 70 por el segundo y 120 por cada hijo adicional. Pero los criterios de elegibilidad también fueron modificados pues se estableció que las nuevas cuantías sólo se aplicarían en el caso de hijos que viviesen en Alemania, mientras que las antiguas seguirían siendo aplicadas a los hijos de los trabajadores extranjeros (no italianos) que viviesen, separados de sus padres, en sus respectivos países de origen.

Considerando el tamaño medio de una familia turca en 1975, las potenciales consecuencias económicas de la reforma para los extranjeros viviendo en Alemania y sus planes de reagrupación familiar son evidentes: para un hombre turco con cuatro hijos que viviesen en Turquía en aquel momento, la reforma representaba una pérdida de más de 200 marcos mensuales, una pérdida sustancial que, sin embargo, podía evitar llevándoselos a vivir a Alemania.

Como pude comprobar gracias la encuesta longitudinal alemana conocida como SOEP, explotada durante mi tesis doctoral (en español aquí, en inglés aquí) justo esto fue lo que ocurrió. Incluso después de descontar la influencia que la estructura y rasgos socio-económicos de cada unidad familiar, la secuencia migratoria de los diferentes miembros del hogar, y las características de cada hijo o hija tuvieron en el ritmo en que se produjo la reagrupación de los hijos en Alemania, la modificación de la cuantía de las ayudas aprobada en 1975 sistemáticamente aceleró la reagrupación de los hijos que aún residían en los países de origen.

Ahora bien, los resultados demostraban igualmente que el aumento en el nivel de desempleo en Alemania llevó a los padres inmigrantes que aún no habían traído a sus hijos a retrasar la reagrupación de éstos. En concreto, un aumento de 4 décimas en la tasa de paro en Alemania era suficiente para neutralizar el efecto acelerador que la reforma de las prestaciones por hijos tuvo sobre la reagrupación de los hijos.

En otras palabras, la experiencia alemana demuestra, una vez más, que el atractivo que a menudo se atribuye a las prestaciones sociales como imán que atrae la inmigración, languidece ante el mucho más poderoso efecto de la demanda laboral y las diferencias de salarios entre países. Sin embargo, la experiencia alemana no ha salido a relucir en el curso de las negociaciones mantenidas estos últimas semanas con el Reino Unido en el seno de la Unión. Sigue sorprendiendo nuestra incapacidad y la de nuestros gobiernos para aprender del pasado, también en materia migratoria.

El acuerdo finalmente adoptado en Bruselas hace un par de semanas, permitirá al gobierno británico rebajar dichas ayudas cuando los hijos vivan en los países de origen; aunque solo para las familias que vengan a partir de ahora, no para los que ya están trabajando allí. Es más, será una posibilidad no sólo para el gobierno británico, sino para los gobiernos de cualquier estado miembro. Y fue precisamente Alemania uno de los que se apresuraron a decir que valorarán también esta posibilidad.

El desprecio por la evidencia sobre el efecto más o menos conocido de ciertas políticas pone de manifiesto su verdadera y última motivación. En el caso alemán, la medida se encuadraba dentro de un paquete más amplio de reformas fiscales pero estuvo impulsada por el clima anti-inmigración del momento, y la respuesta a algunas noticias aparecidas en la prensa unos meses antes que relataban casos de turcos que trabajaban en Alemania y estaban recibiendo ayudas por tener seis y hasta diez hijos ficticios en Turquía. En el caso británico, el mismo día que Cameron estaba negociando su ‘freno de emergencia’ sobre el pago de prestaciones a los migrantes comunitarios en el Reino Unido, el Tesoro recibió una pregunta parlamentaria sobre el coste real de tales ayudas a la que respondió simplemente con un ‘the information is not available’ [la información no está disponible]. Dicho más claro, una vez más no sabemos cuánto cuesta realmente mantener dichas ayudas activas para los migrantes comunitarios, pero tampoco parece importarnos porque el objetivo último no es ahorrar dinero a las arcas públicas sino alimentar los miedos de los votantes respecto de un uso abusivo por parte de los extranjeros del estado del bienestar en tiempo de crisis económica, poder así justificar recortes de mayor alcance y presentar al partido en el gobierno como adalid en la defensa de los principales perjudicados por dichos recortes.

De hecho, del mismo modo que el gobierno alemán provocó un aumento en el número de residentes extranjeros en Alemania y el consiguiente incremento del gasto en ayudas por hijos pagados a ellos -al ser la cuantía más elevada en estos casos-, es muy probable que tras la gira europea de Cameron, los trabajadores comunitarios que no conocían ni la posibilidad de pedir tales ayudas estén ahora mucho mejor informados sobre la posibilidad de solicitarlas y tanto el objetivo de reducir la inmigración como el de ahorrar se tornen imposibles.

El voto rogado es un procedimiento demencial, que ha convertido lo que era un derecho hasta 2011 en una burla.

Los datos disponibles no evidencian un especial maltrato del sistema a los catalanes que quisieron votar desde el exterior para el 27S, sino antes al contrario.

Pasada la resaca de las elecciones catalanas, recuperamos algo de sosiego para analizar cómo ha funcionado en esta convocatoria electoral el voto desde el exterior.

La coalición Junts pel Sí se quedó a tan solo un escaño de superar por sí sola, sin ayuda de las CUP, el número de escaños de los no explícitamente independentistas. Y esto, como siempre que el resultado final es muy ajustado y podría haber variado de forma significativa con un pequeño número de votos más a favor de alguna opción, acentuó el interés por el voto exterior, cuyo cómputo se retrasa algunos días tras el fin de la jornada electoral.

Una vez contabilizados los sufragios válidos llegados a las Juntas Electorales catalanas desde fuera de España, se comprobó un mayor peso del voto indepentista entre los residentes en el exterior, pero aún así los resultados globales tampoco cambiaron sustancialmente. Y se sucedieron entonces acusaciones y especulaciones varias sobre fraude electoral en la gestión del voto exterior, que haría a los catalanes víctimas de una especial discriminación en la gestión del derecho al sufragio por parte de los funcionarios de los Consulados españoles y el conjunto de la administración electoral.

Pues bien, vayamos a los datos.

Como explicamos en uno de los capítulos de nuestro Aragón es nuestro Ohio, entre 1986 y 2008 la participación electoral de los residentes en el exterior había oscilado entre el 20 y el 40 por ciento del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Tras la reforma del sistema y la introducción del voto rogado en 2011, auspiciada por el PSOE y apoyada por PP, BNG y, ¡oh, ironías de la vida!, también por Convergència i Unió, dicha participación se desplomó por debajo del 5%.

La razón es relativamente sencilla: el nuevo sistema hace extremedamente costoso ejercer el derecho en principio reconocido. Ya no basta con estar inscrito en el CERA (para residentes permanentes en el exterior) o en el ERTA (para residentes temporales), sino que además es necesario solicitar expresamente el voto. Si la solicitud es aceptada, porque se han realizado los trámites necesarios dentro de plazo y presentando la documentación requerida, el sujeto debería recibir la papeleta de voto entre tres y dos semanas antes de la cita electoral en su domicilio (según se trate de residente permanente o temporal) y hacerla llegar con su voto y el certificado de inscripción en el censo bien al Consulado (si es residente permanente) o por correo certificado a su Mesa Electoral (si es residente temporal).*

Este procedimiento demencial ha convertido lo que era un derecho hasta 2011, en una burla, para los catalanes y para todos los españoles residentes en el exterior. Pero examinemos si hay indicios de que la burla ha sido aún mayor en el caso de las elecciones del 27S, como algunos parecen pensar. No hay duda de que la mayor movilización conseguida por las plebiscitarias catalanas ha afectado tanto a los residentes en Cataluña como a los residentes fuera de España: el 12% de los catalanes inscritos en el CERA dentro de plazo solicitaron a tiempo en sus consulados el voto rogado, frente al 8% de aragoneses y castellano-manchegos, los más movilizados de las autonómicas de mayo pasado.

Sin embargo, hay algunos factores no directamente relacionados con el carácter plebiscitario de dichas elecciones que también podrían estar detrás de la mayor proporción de solicitudes. Por un lado, la posibilidad del ruego del voto por internet, que ya se puso en marcha para las autonómicas de Mayo pero entonces era aún casi desconocido y dio bastantes problemas. Y por otro, una mayor información sobre la posibilidad de inscribirse y rogar el voto también si eres solo residente temporal, no permanente, mediante inscripción en el ERTA.

Gráfico 1. Porcentaje de solicitantes del voto rogado sobre el total de inscritos en el CERA en las elecciones autonómicas de 2015 (Andalucía y Cataluña incluidas).

Fuente: INE

Podría ocurrir, en cualquier caso, que pese al mayor número de solicitudes presentadas por los catalanes en el exterior para votar el 27S, una proporción mayor de ellas hubiese sido rechazada. Pero los datos indican que tampoco es el caso. Como puede verse en el Gráfico 2, el porcentaje de solicitudes aceptadas es bastante alto en general, siempre por encima del 80%. La mayor tasa de rechazo (17%) se dio entre los residentes en el exterior que solicitaron votar en las andaluzas de marzo pasado, mientras que la proporción de solicitudes aceptadas entre los catalanes roza el 96%, la tasa de aceptación más alta de todas junto a madrileños y aragoneses. Quizá valga la pena recordar que en las autónomicas catalanas de 2012 se aceptaron el 83%, lo que indica un sustancial aumento en la tasa de aceptación de solicitudes en esta última convocatoria.

Gráfico 2. Porcentaje de solicitudes de voto rogado aceptadas sobre las presentadas en las elecciones autonómicas de 2015 (Andalucía y Cataluña incluidas).

Fuente: INE y Parlament de Catalunya

Ahora bien, como sabemos, el último y gran obstáculo para que las solicitudes aceptadas se transformen en votos efectivos radica en recibir la papeleta a tiempo para depositarla en la urna del Consulado habilitada al efecto, o enviarla por correo, generalmente también al Consulado (ya que solo los residentes inscritos como temporales pueden enviarla directamente a su mesa electoral en España).

Algunos de esas papeletas nunca llegan a enviarse, incluso si el solicitante las recibe a tiempo; aunque cabe pensar que serán pocos casos después de haberse tomado tantas molestias. Otros votos serán enviados a tiempo pero no serán válidos, bien porque no se adjunta el certificado de inscripción en el censo, o bien porque se envían al lugar equivocado (hay residentes permanentes que los mandan a su mesa electoral y no al Consulado).

En cualquier caso, no parece disparatado asumir que en todos los comicios hay, más o menos, el mismo número de despistados, y que la diferencia final entre el número de solicitudes aceptadas y los votos efectivos y válidos recibidos desde el exterior dependerá fundamentalmente de la eficacia/ineficacia del sistema.

Por eso en el Gráfico 3 hemos representado el porcentaje que los votos válidos finalmente recibidos representan sobre el total de solicitudes presentadas (los resultados con las aceptadas no varían mucho por la alta tasa de aceptación y, de este modo, nos acercamos más a la proporción de votos intentados y frustrados).

Como claramente indica el gráfico, los residentes catalanes en el exterior han logrado la mayor tasa de éxito en la transformación de sus solicitudes de voto en votos efectivos, comparado con lo ocurrido a los residentes en el exterior procedentes de otras autonomías en sus respectivas elecciones autonómicas de este año. Y eso aún a pesar de que las listas fueron impugnadas en las cuatro provincias catalanas, lo que generalmente repercute de forma negativa en el voto desde el exterior pues aún se abrevian más unos plazos ya de por sí demasiado ajustados, como me explicaba María Almena, investigadora residente en Francia y miembro del colectivo Marea Granate.*

Gráfico 3. Porcentaje de votos desde el exterior efectivos (válidos y llegados en plazo) sobre total de solicitudes de voto rogado presentadas en las elecciones autonómicas de 2015 (Andalucía y Cataluña incluidas).

Fuente: INE, Recopilatorio España Exterior y Vilaweb

En definitiva, no disponemos de ninguna evidencia de que los votos catalanes desde el exterior hayan recibido peor trato administrativo que los votos de los residentes de otras comunidades autónomas fuera de España. El sistema es simplemente demencial, deprime la participación y dificulta el ejercicio del derecho de sufragio para los residentes en el exterior hasta un extremo que cuestiona la propia existencia del derecho en la práctica. Para todos.

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*Aquí podéis ver cómo resumían el procedimiento a seguir en la web de Marea Granate, el colectivo más activo desde hace años en la denuncia de las múltiples deficiencias en la gestión del voto desde el exterior:

http://mareagranate.org/2015/08/elecciones-catalanas-2015/

El Colectivo de Inmigrantes Español@s en Montréal (CIEM) elaboró hace unos meses una petición para la derogación del voto rogado y la vuelta al sistema anterior, que se presentará próximamente en el Consulado de Montréal y será remitida al Congreso de los Diputados. Si quieres apoyarlo puedes acceder a su lectura y firma aquí.

Más allá de la vergüenza de unas cifras ridículas, el verdadero drama de la gestión de la crisis en el Mediterráneo es que sigue basándose en presupuestos insostenibles o erróneos

Hace dos días la Comisión Europea presentó su Agenda de Migración, anunciada bombo y platillo desde el comienzo del mandato Juncker, y ansiada desde la Cumbre Extraordinaria del 21 de Abril que se celebró tras la muerte de otras 1.300 personas cerca de Lampedusa. Desde el seno de la UE se ha calificado a este nuevo plan estratégico de valiente y audaz. Y el representante de Naciones Unidas para Migración y Desarrollo emitió un comunicado en el que acogía con satisfacción las ‘visionarias’ reformas del sistema de asilo europeo incluidas en él. Merece la pena por tanto entender en qué consisten dichas propuestas.

En primer lugar, la Comisión propone triplicar el presupuesto de Tritón y Poseidón (operaciones FRONTEX de vigilancia y protección fronteriza), lo que supondría simplemente igualar el presupuesto que Italia, por sí sola, destinó a la Operación Mare Nostrum en vigor entre Octubre de 2013 y Noviembre de 2014. Además, Mare Nostrum fue una operación de rescate y salvamento desplegada sobre las costas italianas, mientras que Tritón y Poseidón no lo son; se trata de operaciones de vigilancia fronteriza. Obviamente para los barcos y buques de Frontex también rige la legislación del mar y, por ello, sin ser operaciones de rescate, están obligados a socorrer a las barcazas en apuros que encuentren. Sin embargo, como demostró The Migrants Files, el concepto de ‘vida salvada’ en este tipo de operaciones se concreta en la identificación y devolución al país de partida de los integrantes de cualquier barco o patera, lo que junto a la obligación de cubrir un espacio marítimo mucho más amplio del abarcado por Mare Nostrum, debilita sustancilamente el esfuerzo efectivo de salvamento.

En segundo lugar, la Comisión pretende poner en marcha un plan para redistribuir para los solicitantes de asilo en clara necesidad de protección internacional llegados a la Unión como consecuencia del ‘flujo repentino’ (llamado masivo en los borradores previos) que ha puesto en situación de emergencia a algunos Estados (Relocation). Las cifras definitivas de personas a realojar están aún por determinar, pero queda claro que solo entrarán en el cómputo los llegados recientemente y que deberían distruibuirse entre los Estados teniendo en cuenta sobre todo el tamaño de la población de cada país de la Unión y su Producto Nacional Bruto, ligeramente ponderados por el número de solicitantes de asilo y refugiados ya acogidos entre 2010 y 2014 y la tasa de desempleo en dicho país. La población y el PNB pesan un 40% cada uno en la determinación del porcentaje para el reparto de los que se decidan realojar, mientras que el número de solicitantes y refugiados previos y el desempleo solo entran en el cálculo pesando un 10% cada uno.

En tercer lugar, junto al plan de realojamiento, la Comisión propone adoptar una Recomendación para que los Estados Miembros acojan desplazados que aún residen fuera de la UE (Resettlement) a propuesta del ACNUR. De entrada, se propone una cuota global para toda la UE de 20.000 personas durante los dos próximos años, a repartir de acuerdo con los mismos criterios mencionados anteriormente entre todos los países de la UE. Para sufragar los gastos derivados de semejante operación se libraría un presupuesto de 50 millones de Euros.

Tabla 1. Propuesta por la Comisión para Redistribución de Solicitantes de Asilo ya en la UE y de Reparto de la cuota global de 20.000 desplazados fuera de la UE en necesidad de protección internacional.

Fuente: Anexos a la Propuesta de Agenda de Migración.

De entrada, el plan de realojamiento parece una clara concesión a Italia, que lleva año y medio patrocinando operaciones de salvamento de envergadura y quejándose de la falta de solidaridad de sus socios europeos. La propuesta, de hecho, indica expresamente que los países en los que estén los solicitantes de asilo a realojar no participarían en el realojo. Sin embargo, ni Italia ni ningún otro Estado es mencionado expresamente. Tanto su determinación como el número exacto de solicitantes y refugiados a realojar de forma inmediata, y los criterios para su determinación (fecha de entrada en la UE, medio de entrada en la UE, etc.), se fijarán en la propuesta de Recomendación que debería estar lista en breve.

De hecho, Italia no es el único gran candidato a ser eximido del reparto de los realojados. Alemania ha pasado más de un año quejándose del incumplimiento de las reglas de sistema de asilo europeas por parte de Italia. Según el Gobierno alemán, los italianos los rescatan y llevan a tierra firme, pero no toman ni los datos personales ni las huellas de los solitantes para permitirles así pedir asilo en otro país, Alemania en este caso. Y sin duda algo de verdad hay en sus quejas, o las cifras algo así parecen indicar: de las 626.710 solicitudes de asilo presentadas en la UE en 2014, 202.815 se presentaron en Alemania frente a las 64.625 presentadas en Italia (Eurostat), a pesar de que la inmensa mayoría de entradas (en torno al 80%) se producen por Italia.

Todo esto explica que la propuesta incluya la creación de un manual para la identificación y toma de huellas dactilares de los solicitantes, y que el acogimiento futuro de desplazados vaya acompañado del compromiso de los acogidos de quedarse en el país que los acoja inicialmente por cinco años, excluyéndose la posibilidad de obtener estatus legal o ayudas sociales en cualquier otro Estado Miembro durante ese periodo.

Así, lo que parecía un plan de emergencia para responder (fundamentalmente) a las demandas italianas, aparece ahora lleno de guiños a Alemania y, más en general, a los Estados del norte de Europa, a los que querrían dirigirse muchos de los rescatados (en 2014, Alemania y Suecia recibieron el 45% de todas las solicitudes de asilo de la Unión). Habrá que esperar a la discusión de los detalles para entender los muchos silencios de la Comisión en su propuesta. En cualquier caso, ni Dinamarca, ni Irlanda, ni el Reino Unido, están obligados a participar en ninguno de estos dos esquemas sino que pueden acogerse a su cláusula de exención (opting-out) en estos asuntos, como ya adelantó Theresa May que harán los británicos, para indignación del Vice-Presidente Timmermans. Es más, Hungría, Polonia y República Checa también han cuestionado la competencia comunitaria para establecer cuotas que permitan realojar a refugiados ya admitidos y distribuir a los nuevos que lleguen, y han insinuado que se opondrán.

En este contexto, parece más que probable que algunos Estados se caerán de la lista de reparto y realojo y, como consecuencia, la cifra recibida finalmente por otros, si el plan llega a ejecutarse, aumentará; o la cifra global será incluso menor de 20.000. Y aún así, el número de acogidos seguiría siendo una vergüenza absoluta si tenemos en cuenta la magnitud de la tragedia. La suma de refugiados de Siria, Somalia, Mali, Nigeria, Sudán del Sur y Eritrea (los principales países de procedencia de los solicitantes de asilo a Europa junto a Afganistán), asciende a 6.082.773 en todo el mundo, según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Si se aplicara el reparto de esos 20.000, España, por poner un ejemplo, tendría que acoger a 1.549 refugiados en los próximos dos años, es decir apenas el 0,025% del total, y toda la Unión Europea sólo el 3,3%. Audaz, valiente y visionario… no sé, la verdad.

Pese a lo ridículo de las cifras sugeridas, la Comisión sabe que su plan tiene los pies de barro. Y por ello, una vez más, el documento sigue plagado de guiños y concesiones a los defensores de la línea dura en la materia migratoria. No por casualidad de los cuatro grandes bloques tratados en él, las propuestas para mejorar y ampliar las vías de entrada legal a la Unión son el último bloque, y han quedado prácticamente reducidas a la idea de revisar el mecanismo de la Tarjeta Azul para altamente cualificados, que dio entrada en 2014 a solo 13.000 personas, casi todas a Alemania. Mientras, la lucha contra la inmigración irregular sigue apareciendo en primer lugar en el documento y fue, junto a los planes de realojo y acogimiento, la estrella de la rueda de prensa.

Así, la última gran propuesta es la puesta en marcha de un Plan de acción contra el Tráfico de Personas y reforzar la eficacia de los mecanismos de devolución y expulsión de los migrantes que no sean considerados en necesidad de protección internacional. El Plan, mencionado en el índice del documento no aparece explicado después en el texto, pero ha sido objeto de especulaciones, reuniones de alto nivel y discusiones varias desde que el mes pasado se barajara abiertamente la idea de bombardear barcos y pateras saliendo de la costa de Libia presuntamente cargados de potenciales refugiados. Como se señala aquí, la polémica generada en torno a esta cuestión simplemente enfatiza la esquizofrenia de los líderes europeos en materia de asilo: por una parte dicen defender el principio de protección frente a la persecución pero, por otro, en la práctica, rara vez lo practican. Y la guerra, con o sin bombas, contra el tráfico de seres humanos, es clave para reconciliar esos dos comportamientos. Por ello, el vicepresidente de la Comisión, Timmermans, se afanó denostadamente en la rueda de prensa en convencernos de que para que la protección funcione es necesario asegurar que se devuelve a todo el que no merece ser protegido, porque si no los ciudadanos europeos no creerán en nosotros.

Pero más allá de la vergüenza de unas cifras ridículas y de la esperada espantada de algunos Estados Miembros, el verdadero drama de la gestión de la crisis en el Mediterráneo y de la migración internacional en Europa es que sigue basándose en presupuestos insostenibles o abiertamente erróneos:

La escuela favorece una cierta homogeneización de los usos del tiempo que desaparece los fines de semana y perjudica sobre todo a inmigrantes y actividades directamente beneficiosas para el rendimiento.

Las diferencias de género resultan mucho más importantes que el origen inmigrante en la organización del tiempo de los adolescentes.

Según el Censo de 2011 aproximadamente dos millones de personas son hijos directos de la inmigración recibida en los últimos quince años en nuestro país, y más de la mitad eran todavía entonces menores de edad. Ellos constituyen, sin duda alguna, el gran reto en la gestión de la inmigración del presente y futuro inmediato, aunque la atención mediática -con ayuda del Gobierno y el de CNI si fuese menester- siga presa de la obsesión fronteriza que lastra nuestro debate público en este asunto desde casi el origen de los tiempos.

Lamentablemente sabemos muy poco sobre la vida cotidiana de estos niños y adolescentes, de cómo organizan su tiempo y sus relaciones sociales, y de cuáles son sus deseos y planes para el futuro; y este desconocimiento nos impide una primera evaluación de cómo marcha el proceso de integración para los más jóvenes y los retos que se nos avecinan. Precisamente por ello, el estudio Chances entrevistó a casi 3.000 adolescentes que cursaban 3º y 4º de la ESO en el municipio de Madrid en 2011, y les preguntó por muchas de estas cuestiones. En esta ocasión vamos a echar una mirada rápida a cómo organizan sus días y en qué emplean su tiempo, algo que puede ofrecernos una primera idea sobre cuán diferente resulta en realidad la vida cotidiana de nuestros adolescentes, y hasta qué punto su origen inmigrante está asociado a tales diferencias, o no. Las entrevistas se realizaron en colegios públicos y concertados (se excluyeron los privados) con un porcentaje de alumnado inmigrante que variaba según los casos entre el 4 y el 80 por ciento del total matriculado.

Los gráficos 1 y 2 resumen el número de horas semanales que los jóvenes madrileños, chicos en el gráfico 1 y chicas en el gráfico 2, dedican a diferentes actividades comparándolos en función de si su origen es inmigrante o no. Cuando las barras tienen relleno, las diferencias son estadísticamente significativas. Cuando quedan huecas, podemos entender que las diferencias no son relevantes. Lo primero que llama poderosamente la atención es lo colorido del gráfico de las chicas frente a la ausencia de color en el de los chicos. Esto nos indica que el tiempo que los chicos dedican a las diferentes actividades enumeradas apenas difiere en función de su origen inmigrante o no; mientras que las diferencias son múltiples y significativas en el caso de las chicas.

Uso del tiempo en función del origen inmigrante y día de la semana (Nº de horas acumuladas de Lunes a Viernes, y de Sábado a Domingo).

Fuente: Chances 2011, cuestionario de estudiantes.

En los días de colegio, la única diferencia significativa para los chicos es que los de origen inmigrante declaran dedicar más tiempo a las tareas del hogar (cinco horas en total, frente a solo tres entre sus compañeros no inmigrantes). Con las chicas ocurre lo mismo pero además para ellas la diferencia no desaparece los fines de semana. Curiosamente, y en contra de los que suele asumirse, los chicos de familias inmigrantes pasan menos tiempo en la calle con sus amigos que los de familias no inmigrantes pero, pese a ello, declararon dedicar menos tiempo a leer y hacer los deberes los fines de semana que sus compañeros autóctonos. Exactamente lo mismo ocurre para las chicas los fines de semana, y además durante los días de colegio declaran dedicar más tiempo a la tele y los videojuegos, y menos tiempo al deporte y a salir con los amigos y amigas que las chicas no inmigrantes.

Obviamente, tanto las condiciones socio-económicas de cada hogar como las preferencias de los padres respecto a cómo educar a sus hijos menores tendrá un impacto importante en las actividades realizadas por estos en el tiempo que pasan fuera de la escuela. Pero la relación no va siempre en la dirección esperada: lo hemos visto con el tiempo que pasan en la calle con amigos unos y otros, pero además un examen más detallado de los datos revela, por ejemplo, que la mayor religiosidad de los padres inmigrantes y sus mayores aspiraciones educativas están también asociadas con menos tiempo de sus hijos en actividades ‘de riesgo’ y más tiempo en casa y dedicado a las actividades escolares.

Es más, los datos representados en los gráficos anteriores sugieren claramente que la escuela favorece una cierta homogeneización de los usos del tiempo y de los estilos de vida de quienes asisten a ella. Y por ello, los fines de semana ciertas diferencias se agudizan: mientras que el origen inmigrante de los chicos y chicas no impone ninguna diferencia significativa en el tiempo dedicado a leer o hacer deberes durante la semana, los alumnos de origen inmigrante dedican menos tiempo que los no inmigrantes a ambas actividades durante los sábados y los domingos, a pesar de estar en los mismos colegios y vivir en los mismos barrios que sus compañeros de clase. Cuestiones como esta deberían ser tenidas en cuenta cuándo se discuten por ejemplo los horarios escolares, la jornada continua, o la organización de las actividades extraescolares, pues todas ellas tienen efectos diferentes en función del origen socio-económico del alumnado y puede agudizar una desigualdad de oportunidades que, como sabemos, ya resultan preocupantes.

En la ley de consultas catalana se ha optado por una definición extensiva de los derechos de participación ciudadana cuando el vínculo deriva de la ascendencia catalana y se reside en el extranjero, pero por un enfoque más restrictivo cuando el vínculo deriva de la residencia efectiva en territorio catalán siendo extranjero.

A pocas semanas de la fecha prevista para la consulta sobre la independencia de Cataluña el próximo 9 de Noviembre, son bastantes los asuntos prácticos aún por dilucidar para su efectiva celebración. Entre ellos figuraba la propia delimitación de las personas legitimadas para participar en dicha consulta. Pero a mediados de julio el Parlament aprobó con apoyo de todos los grupos salvo Ciutadans y el PP el texto de la ley que resuelve esta y otras cuestiones. Se trata de la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participación ciutadana que regula los derechos de participación no sólo en la Consulta del 9 de Noviembre sino en todas las demás consultas ciudadanas no refrendarias que se celebren en Cataluña, comarcas y municipios a partir de ahora. Dicho de otro modo, la nueva ley no es una ley que regula la Consulta del 9N sino una Ley de Consultas Ciudadanas que se aplicará con carácter general, a todas; también, en caso de celebrarse, a la del 9 de Noviembre.

El matiz es importante puesto que estamos hablando de un instrumento que regula derechos de participación ciudadana con alcance general. Pues bien, según el texto de la ponencia, pendiente de aprobación definitiva en pleno, podrán participar en dichas consultas no refrendarias:

1) los mayores de 16 años que tengan la condición política de catalanes, incluidos los residentes en el extranjero que previamente lo soliciten,

2) los nacionales de Estados de la UE que acrediten un año de residencia continuada en Catalunya inmediatamente anterior a la convocatoria de la consulta y,

3) los extracomunitarios empadronados en Catalunya y con residencia legal durante un periodo continuado de al menos tres años inmediatamente anterior a la convocatoria de la consulta.

Según el Artículo 7.1 del Estatut de Catalunya ‘disfrutan de la condición política de catalanes los ciudadanos del Estado que tengan la vecindad administrativa en Catalunya’. Es decir que podrán participar en estas consultas las personas de nacionalidad española empadronadas en Cataluña en el momento de su convocatoria. Pero el texto de la futura ley añade expresamente ‘incluidos los catalanes residentes en el extranjero’ que soliciten previamente su inscripción en un registro creado al efecto.

La Generalitat no dispone de un Censo de catalanes en el extranjero; por eso ha decidido crear un registro para tal fin. Este registro entró en funcionamiento el pasado 3 de junio y pueden inscribirse en él los catalanes con nacionalidad española que están dados de alta en los registros de los servicios consulares españoles en el exterior y cuyo último empadronamiento en España fuese en alguna población de Cataluña; y también los hijos de éstos, aunque no hayan residido nunca en España, siempre y cuando conserven la nacionalidad española y estén inscritos con sus padres en el Consulado español correspondiente como residente en el extranjero con municipio de adscripción catalán.

Una definición tan generosa del derecho a participar para los descendientes de catalanes residentes en el extranjero, aunque nunca hayan pisado Cataluña, casi impone la pregunta de por qué no un registro voluntario también para los catalanes (ni siquiera sus descendientes) residentes de forma temporal en el resto de España. Es obvio que desde el punto de vista logístico puede resultar más sencillo gestionar el registro voluntario de los que viven en el extranjero porque, simplemente, son menos. Pero ¿debe ser esta la lógica que inspire el reconocimiento de derechos políticos? Porque este es el quid de la cuestión: estamos concediendo derechos de participación política y, por tanto, estamos definiendo ciudadanía. Quizás habría resultado más sencillo y más coherente excluir de las consultas no refrendarias que afectarán a cuestiones fundamentalmente municipales a los catalanes no residentes en Cataluña, a todos.

Se ha optado, por tanto, por una definición extensiva de los derechos de participación ciudadana cuando el vínculo deriva de la ascendencia catalana y se reside fuera de España (descendientes de catalanes nacidos y residentes en el exterior con independencia de que hayan vivido alguna vez o no en Cataluña). En cambio, se ha adoptado un enfoque mucho más restrictivo cuando el vínculo deriva de la residencia efectiva en territorio catalán pero se es extranjero. Especialmente llamativo es el caso de los extranjeros comunitarios que gozan de derecho de sufragio en las elecciones municipales en toda España, pero a los que se les exigiría, por defecto, un año de residencia previa para participar en consultas no refrendarias.* Esto puede tener algún sentido para una consulta como la del 9N, dada la trascendencia de la cuestión que se plantea; pero no como criterio general que oriente la participación ciudadana en los asuntos municipales.

Es cierto que el art. 5.3 de la Ley de Consultas prevé la posibilidad de suprimir los requisitos de residencia previa para comunitarios y no comunitarios en los casos de consultas de ámbito municipal. Sin embargo, la dispensa habrá de establecerse por y para cada convocatoria de consulta, lo que convierte el derecho de participación de los catalanes de origen extranjero en los asuntos locales de los municipios donde residen en un derecho de segunda categoría, condicional e incierto. Y no deja de ser llamativo que se deje la definición de los sujetos legitimados para participar al órgano convocante mediante el decreto de convocatoria.

Lo expuesto hasta aquí pone de manifiesto dos cosas. Primero, que aunque la Ley de Consultas debía ser el marco normativo que definiese los derechos de participación ciudadana en sentido amplio, la cercanía y dificultades de la consulta del 9N han pervertido en gran medida la finalidad de la norma, restringiendo en unos casos y ampliando en otros el derecho a participar en los asuntos municipales con criterios cuestionables. Y segundo, más allá de las circunstancias excepcionales de su redacción y aprobación, la Ley de Consultas es un ejemplo más de lo difícil y controvertido que resulta delimitar quién forma parte de ‘nuestra comunidad política’, quién es ciudadano y quién no, y de las notables resistencias a permitir la participación real de aquellos a quienes se les exige que se integren.

*En el caso de los extra-comunitarios, solo aquellos que son nacionales de Estados que han firmado acuerdos de reciprocidad con España y acrediten cinco años de residencia legal en España pueden participar en las elecciones municipales desde 2011.

1) En primer lugar, opta por destacar en sus titulares cambios por nacionalidad y no por país de nacimiento. La variable nacionalidad resulta insuficiente y hasta engañosa para ilustrar cambios demográficos por origen en una sociedad como la nuestra, cada vez más diversa debido entre otros motivos al creciente número de naturalizaciones de las que ya hemos hablado aquí. De hecho, si utilizamos los datos por lugar de nacimiento que el propio INE publicaba anteayer podemos comprobar que entre la población nacida en el extranjero y residente en España a 1 de enero el número de nacionales españoles aumentó de 2013 a 2014 en 165.455 personas. Obviamente algunos pueden ser hijos de españoles que nacieron fuera y han regresado, pero comparando los datos del Ministerio de Justicia sobre concesiones de nacionalidad española a extranjeros en los años anteriores y la comentada cifra del Padrón, esos individuos no relacionados con la inmigración extranjera apenas representarían ni un 10 por ciento. De hecho, a lo largo de 2012 se concedieron más de 115.000 naturalizaciones, y el número correspondiente a 2013 puede que haya sido aún mayor (no se dispone de las cifras todavía). Por tanto, no parece exagerado afirmar que casi el 30 por ciento de los extranjeros que ‘desaparecen’ del Padrón en 2013 lo hacen porque han pasado a ser españoles. Dicho de otro modo, han cambiado de columna pero no se han ido (aunque puede que algunos lo hagan en breve, sobre todo teniendo en cuenta que ser español te permite ya circular sin las cortapisas de un visado y las renovaciones de las autorizaciones de residencia).

2) En segundo lugar, y esto parece aún más importante, en 2013 se hacen notar por primera vez los efectos de la comprobación periódica de la residencia a la que quedan sometidos desde marzo de 2009 los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y de otros Estados distintos a los anteriores pero con Tarjeta de Residencia de Régimen Comunitario o con Autorización de Residencia Permanente (NO_ENCSARP). Dicho de otro modo, entra en vigor un sistema similar al de la caducidad que desde 2006 se aplica a los no-comunitarios con residencia no-permanente. Resulta sorprendente que en la nota de prensa del INE no se advirtiera de tal circunstancia, sobre todo si tenemos en cuenta el enorme revuelo que generó en su momento la aplicación del sistema de caducidad. Esto explica que de los 400.000 extranjeros ‘desaparecidos’ del Padrón en 2013 una vez descontados los que se han hecho españoles, cerca de 90.000 sean británicos y más de 40.000 sean alemanes.

En los gráficos 1 y 2 he representado las reducciones anuales de extranjeros nacidos en el extranjero (para que las cifras no estén afectadas por los trasvases de extranjero a español por adquisición de la nacionalidad) en números absolutos, distinguiendo los ciudadanos UE del resto. Como puede apreciarse claramente para los UE es un fenómeno claramente del año 2013, los números se vuelven locos hasta el punto de que según estas cifras de España se habrían marchado el año pasado casi la cuarta parte de todos ‘nuestros’ alemanes y de ‘nuestros ‘británicos’, como se aprecia en el gráfico 3. Por el contrario, esos picos y variaciones no se aprecian para los no comunitarios, en principio los realmente afectados por la crisis y los primeros candidatos al retorno o la re-emigración. De hecho, los extranjeros ‘desaparecidos’ nacidos en países de la UE-15 en 2013 suman más de 175.000, lo que implica de los 400.000 que no se han hecho españoles, casi la mitad no son los habitualmente inmigrantes económicos.

¿De verdad hay alguien que pueda creerse que la cuarta parte de estas comunidades ha abandonado España justo el año pasado? Es más, si se mira la composición por edad de los que desaparecen, entre los alemanes, la caída media sería de 25 por ciento pero entre los mayores de 65 años, como me indicaba ayer mi colega Antonio Abellán del Grupo de Envejecimiento del IEGD-CSIC, la proporción aumenta incluso hasta el 34 por ciento ¿Por qué motivo se iban a ir más, pero mucho más, justo aquellos a los que menos afecta la crisis pues cobran pensiones de sus países? ¿No será que ya no están, pero que tampoco estaban el año pasado, ni el anterior, ni el anterior?

De hecho, en 2012 el INE ya puso al descubierto un sustancial desajuste entre las cifras de residentes en España contabilizadas por el Censo de 2011 y el Padrón de aquel año. El número de registros calificados como ‘dudosos’ en la operación censal fue cercano a 1.040.000 que, tras aplicar el factor de recuento, se contabilizan como una población de 440.000 personas aproximadamente. De ellas el 87% era población extranjera. Decía el INE ‘la clase más destacada en cuanto a proporción de población dudosa es la de nacionales de Alemania mayores de 80 años en la provincia de Alicante, formada por cerca de 3.000 personas de las cuales más del 70% se consideran dudosos. La más numerosa en cuanto a dudosos es la de ciudadanos del Reino Unido también en Alicante, con edades entre 60 y 65 años, que suponen casi 6.000 dudosos’. Es decir, que ya sabíamos, como explicaba muy bien C. Ródenas en este post, que para Alemania, Reino Unido y Francia, el Padrón sobreestimaba en torno a un 20% su población residente en España en relación al Censo, pero no teníamos los mecanismos administrativos para proceder con la depuración estadística que necesitaba el Padrón. En 2013, se da esa circunstancia, pues a la mayoría de los afectados por el procedimiento de comprobación periódica de la residencia se les tuvo que aplicar el plazo de 5 años previstos en el Acuerdo del Consejo de Empadronamiento de 2008.

Por tanto, es justamente esa depuración y no un éxodo masivo de extranjeros de nuestro país lo que explica variaciones tan extraordinarias en tan solo un año. El INE podía y debía haberlo explicado y quizá, solo quizá, habríamos evitado titulares y noticias en la prensa extranjera como el que se leía ayer en The Telegrah “End to Mediterranean dream for 90,000 Britons who left Spain last year” [Fin al sueño mediterráneo de 90.000 británicos que abandonaron España el año pasado], y que tan poco bien hacen a nuestra maltrecha economía y la imagen de nuestro país.

Cuanto más retrasamos la hora a la que sale el sol, más tarde nos levantamos, más se alargan las jornadas laborales y menos tiempo nos queda para cosas tan importantes como jugar, leer y hablar con los niños. Urge un debate serio sobre consecuencias económicas y sociales de nuestro desajuste horario.

Hace unos días analizamos aquí cómo el desfase entre la hora solar y la hora que marcan nuestros relojes explica parte de las diferencias en la hora de acostarse y, sobre todo, de levantarse entre habitantes de las distintas Comunidades Autónomas dentro de España. Hoy vamos a examinar cómo afecta el particular horario español (donde amanece y anochece casi más tarde que en cualquier lugar del mundo) al modo en que los españoles organizamos nuestras actividades a lo largo del día. Para ello, examinamos si los españoles que se levantan más temprano por estar más el Este hacen cosas diferentes a lo largo del día que los que se encuentran más al Oeste.

Sabemos que la jornada laboral en España se extiende más horas durante la tarde que en países de nuestro entorno. Y por ello, es muy probable también que otras actividades diarias tiendan a postergarse: los españoles cenamos más tarde, y nuestras horas de ocio también se retrasan significativamente. Si todo lo pudiesemos mover a unas horas después, el desfase horario español sería quizás irrelevante. Sin embargo, sucede que hay actividades difícilmente postergables: o lo haces cuando toca, o no lo harás nunca. Parece interesante comprobar si los españoles que viven en zonas más al Oeste, donde amanece más tarde, sacrifican esas actividades difícilmente postergables más que los situados en la costa mediterránea.

De entre esas actividades de ‘ahora o nunca’, hay una que nos interesa en especial: el tiempo de calidad dedicado a la educación de nuestros hijos. Nos referimos no a la educación reglada que reciben durante su horario escolar, sino a su aprendizaje gracias al tiempo que nosotros les dedicamos, jugando, leyendo y hablando con ellos. Los niños tienen unos horarios más rígidos que los adultos; la escuela impone unos ritmos determinados a sus días y, cuando la escuela acaba, el tiempo que les queda disponible es menor que el nuestro, pues necesitan dormir más horas. De hecho, sabemos que su rendimiento y capacidad de atención es también muy sensible al momento en el día en que realizan sus actividades. Y también sabemos que en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños depende en gran medida de estas actividades: leer a tus hijos pequeños se ha demostrado una de las cosas más importantes que padres y madres pueden hacer por el rendimiento académico de sus hijos. Y no solo leer. Simplemente dedicar tiempo a jugar y hablar con ellos les hace adquirir las habilidades necesarias para más adelante aprender a expresarse, leer y escribir correctamente. Por todo ello, parece importante indagar si nuestro desajuste horario, además de retrasar nuestra jornada, está afectando a nuestros hijos sin que seamos plenamente conscientes de ello. Veamos qué dicen los datos de la Encuesta de Empleo del Tiempo del INE realizada entre 2009 y 2010.

En España, los padres y madres que trabajan fuera de casa y tienen niños menores de 10 años dedican, en media, unos 25 minutos al día a ‘enseñarles cosas’, y a ‘leer, jugar, hablar y conversar con ellos’. Pues bien, en el gráfico 1 exploramos si existe alguna relación entre la hora a la que sale el sol en la Comunidad Autónoma que viven los padres y madres y el tiempo que dedican a esas actividades con sus hijos.

Gráfico 1. Relación entre la longitud y horas dedicadas a enseñar/jugar/leer/hablar a los niños.

Fuente: Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-10, INE. Muestra de personas que trabajan y tienen niños menores de 10 años en el hogar.

Aunque la relación no es muy fuerte, sí parece existir alguna relación entre las dos variables. Es muy probable que el tiempo que pasas enseñando/leyendo/hablando a tus hijos dependa de otros factores tanto o más que de la hora a la que amanece y anochece en cada lugar. Por ello, para medir el efecto real (neto) de nuestra ubicación geográfica -y el desajuste de nuestros relojes respecto a la hora solar- sobre cuánto tiempo dedicamos a nuestros hijos, es necesario intentar neutralizar esas otras influencias. Para hacerlo, y poder contrastar de forma algo más rigurosa nuestra hipótesis examinamos primero si es cierto que la posición de las comunidades autónomas está relacionada con los horarios laborales y, en un segundo paso, comprobamos si salir de trabajar más tarde implica también menos tiempo ‘de calidad’ con los niños.

Paso 1: ¿Es cierto que cuando el sol se pone más tarde, la gente vuelve del trabajo más tarde también? El grafico 2 muestra que justo ese parece ser el caso: en las comunidades autónomas situadas más al Este se sale antes de trabajar, en media, que en las situadas más al Oeste. Incluso cuando tenemos en cuenta otros factores que afectan al horario laboral como el nivel educativo, el sexo o la edad, y descontamos su efecto sobre el horario de trabajo, la relación sigue siendo significativa: una diferencia en longitud como la que hay entre Cataluña y Galicia está asociada con una diferencia, en media, de casi 40 minutos en la hora de salir de trabajar.

Gráfico 2. Relación entre longitud geográfica y hora de salida del trabajo.

Fuente: Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-10, INE. Muestra de individuos que trabajan. La hora de salida del trabajo se ha estimado en un modelo de regresión lineal que tiene en cuenta el sexo, la edad, el nivel educativo y tener hijos menores de 10 años en casa, o no. Las líneas verticales indican intervalos de confianza.

Paso 2: Pero ¿está relacionado llegar más tarde a casa con atender menos tiempo a los niños (en el sentido de pasar menos tiempo realizando con ellos las actividades descritas)? El gráfico 3 pone a prueba esta hipótesis, y muestra que, aunque la magnitud del efecto no es muy grande, la asociación entre ambas variables es muy robusta y estadísticamente significativa.

Gráfico 3. Hora de salida del trabajo y tiempo ‘de calidad’ dedicado a los hijos.

Fuente: Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-10, INE. Muestra de individuos que trabajan y tienen niños menores de 10 años en el hogar. El tiempo de calidad dedicado a los hijos se ha estimado en un modelo de regresión lineal que tiene en cuenta, además de la hora de salida del trabajo, el sexo, la edad y el nivel educativo. Las líneas verticales indican intervalos de confianza.

La última tabla ofrece evidencia aún más contundente sobre la relación entre el desfase horario, los horarios laborales, y el tiempo de atención a los niños. Si examinamos la relación entre ubicación geográfica y tiempo dedicado a la educación de los niños (primera columna), observamos que esta es positiva y significativa. Pero si introducimos como variable explicativa la hora de salida del trabajo (la variable a través de la cual suponemos que se produce esta relación), la asociación inicial desaparece por completo (columna 2). Dicho de otra forma, lo que los datos sugieren es que la situación geográfica hace que unos padres dediquen más o menos tiempo a educar/leer/jugar/hablar con sus hijos porque dicha situación geográfica condiciona los horarios de trabajo de estos padres. Es más, un análisis más detallado de los datos revela que son aquellos padres y madres de niveles educativos más bajos los más afectados por esta relación.

Tabla 1. Relación entre situación geográfica y tiempo de calidad con los niños antes y después de tener en cuenta el efecto de la hora de salida del trabajo.

Fuente: Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-10, INE. Muestra de personas que trabajan y tienen niños menores de 10 años en el hogar.

Como decíamos en el anterior post, esto son sólo resultados preliminares de una investigación más detallada sobre las consecuencias del desfase entre hora solar y hora oficial en la organización del tiempo, así que hay que leerlos con cautela. Pero la evidencia parece apuntar en una dirección clara: las decisiones sobre a qué hora tenemos o no luz solar influyen en nuestra forma de organizar el tiempo, y esta organización del tiempo puede tener a su vez importantes consecuencias económicas y sociales. Parecen motivos suficientes para exigir un debate serio e informado sobre esta cuestión.

¿Qué consencuencias tiene el gran desfase existente entre la hora oficial y la hora solar que hay en España? En el post de hoy analizamos cómo la hora de salida del sol cambia los patrones de sueño, y en el próximo estudiamos cómo afecta a la organización del tiempo durante el día.

Como casi ninguno habrá olvidado aún, la noche del sábado al domingo, como cada año, volvimos a cambiar ajustar nuestros relojes para pasar al ‘horario de verano’. Y con ello, volvimos a situarnos como uno de los lugares del mundo donde mayor desfase existe entre la hora solar y la hora legal. ¿Qué implicaciones tiene dicho desfase sobre nuestros hábitos laborales, sociales y familiares? En este post y en el que publicaremos mañana explotamos los datos de la Encuesta de Empleo del Tiempo llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística en 2009-2010 para lanzar algunas hipótesis sobre lo que ocurriría si cambiáramos de huso horario al que nos correspondería por nuestra posición geográfica, es decir, al británico (el meridiano de Greenwich deja al Oeste a la inmensa mayoría de la península). Advertimos que esta es la primera vez que trabajamos sobre esta cuestión y que manejamos estos datos, por lo cual nuestras conclusiones deben tomarse con doble cautela.

La estrategia elegida para explorar cómo afectaría un cambio horario a nuestros hábitos es relativamente sencilla, y se basa en explotar el hecho de que dentro de España el sol sale y se pone a horas muy diferentes según el lugar en que nos situemos. Dicho de otra forma, dado que entre el Este y el Oeste del país hay más de 11 grados de diferencia de longitud, podemos estudiar en qué medida esas diferencias de facto entre la hora oficial y la hora solar en diferentes lugares del país se relacionan o no con diferentes formas de organización del tiempo.

En el post de hoy nos limitamos a estudiar cómo estas diferencias en longitud afectan a los patrones de sueño de la población. El gráfico 1 muestra cómo la diferente distancia al meridiano de Greenwich (longitud) de las comunidades autónomas afecta a la hora media de levantarse de sus habitantes, según los datos de la Encuesta de Empleo del Tiempo del INE.

Gráfico 1. Longitud y hora media de levantarse por comunidades autónomas.

Fuente: Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010, INE.

Se puede apreciar que existe una clara correlación entre la hora a la que sale el sol en cada comunidad y la hora a la que se levanta la gente, con independencia de cuál sea la hora legal (que es la misma en todo el territorio; la posición de Canarias ha sido reajustada para compensar el horario insular).

El gráfico 2 hace el mismo ejercicio, pero examinando ahora la relación entre la posición geográfica de la comunidad autónoma respecto al meridiano 0 con la hora de acostarse. Aunque existe una relación también negativa (las comunidades autónomas donde anochece antes tienden a irse antes a dormir), ésta es bastante más débil que en el caso anterior. Parece por tanto que la salida del sol influye más sobre la hora a la que la gente se levanta, que su puesta sobre la hora a la que la gente se va a la cama.

Gráfico 2. Longitud y hora media de acostarse por comunidades autónomas.

Fuente: Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010, INE.

¿Significa esto que en aquellos sitios donde la salida del sol se produce antes la gente duerme menos? No parece ser el caso. El gráfico 3 muestra la relación entre la hora de levantarse y la hora de acostarse por comunidades autónomas. Es cierto que existe variación entre el número total de horas de sueño por comunidad autónoma: En el área sombreada se encuentran aquellas comunidades que duermen menos de la media (cuanto más alejada una comunidad está de la línea de 45º hacia el extremo inferior-derecho, menos horas duerme su población en total), y en el área no sombreada están aquellas que duermen más de la media (las comunidades más alejadas de la línea de 45º hacia el extremo superior-izquierdo son aquellas en las que la población disfruta de más horas de sueño). Pero quizá lo más importante del gráfico es que, a pesar de estas diferencias, hay una relación clara entre la hora de levantarse y la de acostarse: las comunidades autónomas más madrugadoras tienden a acostarse antes.

Gráfico 3. Hora media de levantarse y de acostarse por comunidades autónomas.

Fuente: Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010, INE.

En definitiva, explotando la diferencia entre la hora en que amanece y la hora en que anochece en las diferentes comunidades autónomas, podemos ver que donde el sol sale antes, la gente madruga más; la relación entre cuándo se pone el sol y cuándo la gente se va a dormir es más débil. Y en conjunto, no por que amanezca más temprano se duerme menos, aunque se madrugue más.

Volviendo al debate sobre las consecuencias que tendría un cambio de huso horario en nuestro país, estos datos parecen sugerir que i) madrugaríamos más, ii) nos acostaríamos antes (aunque este efecto es más difícil de estimar), y iii) en términos agregados, seguramente no perderíamos horas de sueño. La siguiente pregunta, y sin duda la más interesante, es ¿cómo redistribuiríamos el tiempo que permanecemos despiertos? De esto trata nuestro siguiente post. Así que váyanse a la cama pronto y permanezcan atentos.

La plana mayor del ejecutivo ha hecho suyo este discurso. El ministro de Asuntos Exteriores, García-Margallo, a los pocos días del suceso abogaba por ‘controlar la inmigración ilegal y poner en marcha una política de cooperación europea para ayudar a los países de origen a superar sus condiciones de pobreza’. El ministro del Interior, declaraba ‘[…] es evidente que esas desigualdades injustas están en el origen del fenómeno de la inmigración que tiene que ser atacado con medidas de ayuda al desarrollo […]’. El propio Rajoy ha propuesto a sus socios que en la próxima cumbre de la Unión Europea-África se incluya en la agenda la cooperación al desarrollo y el control de los flujos migratorios, tras afirmar que ‘tenemos que hacer un esfuerzo […] para que la gente pueda vivir dignamente en sus países, para que irse de su casa no sea una obligación, sólo un deseo’. De todos modos, este convencimiento de que la pobreza y la miseria son la causa última de la inmigración que recibimos y de la consiguiente necesidad de aumentar la ayuda al desarrollo como mejor modo de combatirla, goza de amplio predicamento en todo el espectro ideológico.

Sin embargo, demógrafos, sociólogos, economistas y antropólogos, llevan años insistiendo en que la pobreza no es el motivo de la emigración sino la barrera que explica la inmovilidad de la inmensa mayoría de los habitantes de los países menos desarrollados. Dado el interés suscitado recientemente por la inmigración de origen subsahariano que protagoniza los intentos de entrada por Ceuta y Melilla, comparto aquí algunos datos sobre los flujos migratorios procedentes de Senegal, Ghana y República Democrática del Congo que recogimos entre 2008 y 2010 en el curso del proyecto MAFE (Migraciones entre África y Europa). En este proyecto realizamos encuestas biográficas que reconstruyen la vida de los individuos año a año con personas migrantes y no migrantes de estos orígenes. La comparación entre ambos nos permite calcular tanto la probabilidad de emigrar a Europa de estas personas, como el efecto que en esa probabilidad tienen factores como la educación, la diferente capacidad adquisitiva de los hogares, el desempleo, o el poseer propiedades. Es fundamental insistir en que las encuestas que se realizan solo en los países de destino entre los que ya han emigrado no nos permiten identificar y medir el peso que tiene la pobreza, o cualquier otro factor, en la probabilidad individual de emigrar.

El gráfico 1 resume el efecto de diferentes variables que miden el estatus socio-económico de una persona de origen senegalés, congoleño o ghanés, sobre su probabilidad de emigrar a Europa. Estas estimaciones están realizadas después de descontar el efecto de otras características de los individuos que también influyen en su probabilidad de emigrar: su edad, su sexo, su estado civil, número de hijos, las redes de apoyo con que cuentan en destino, etc.

Gráfico 1. Efecto sobre la probabilidad de emigrar a Europa de factores relacionados con la posesión de diferentes recursos para senegaleses, congoleños y ghaneses.

Fuente: MAFE 2008. Encuestas Individuales Biográficas Retrospectivas. Más información en: http://mafeproject.site.ined.fr/en/

Como puede observarse, la probabilidad de una persona senegalesa con algunos estudios universitarios (barra azul) de emigrar a alguno de los principales destinos de los senegaleses en Europa (Francia, Italia o España) es el doble de la de una persona senegalesa sin estudios superiores. Igualmente, si la persona en cuestión era propietaria de tierras, algún inmueble o algún negocio, su probabilidad de emigrar a Europa es 1,6 veces mayor que la de sus compatriotas que carecen de propiedades (barra morada). En el caso de los originarios de República Democrática del Congo, la educación superior multiplica por 10 la probabilidad de emigrar a Bélgica o al Reino Unido, y pertenecer a un hogar que el año anterior tenía recursos para cubrir las necesidades básicas de sus miembros casi la multiplica por tres. Por último, para los ghaneses, la educación superior es realmente el único factor determinante en la probabilidad de emigrar a Reino Unido u Holanda, sin que el resto de factores resulte determinante en su caso (las barras no están coloreadas porque el efecto no es estadísticamente significativo).

En resumen, no son los más desposeídos y vulnerables de quienes viven en África los que vienen a Europa, sino todo lo contrario. Por tanto, resulta difícil sostener que la miseria es la razón por la que tantos vienen y van a seguir viniendo. Si acaso, al revés: no vienen más porque son demasiado pobres para acceder a la información y los recursos que requiere una migración intercontinental de este tipo.

De hecho, el economista M. Clemens publicaba justo anteayer un post (cuya lectura recomiendo con vehemencia) sobre su nuevo artículo en el que avala justo este mismo argumento con datos agregados de flujos y PIB per cápita entre 1960 y 2000. La relación entre ambas variables no es lineal: para países con un PIB per cápita por debajo de los 5.000 dólares, un aumento relativo de dicha magnitud respecto a la década anterior conlleva una tasa de emigración neta mayor en la década siguiente. Solo los países por encima de ese umbral (superior a los actuales niveles de desarrollo de estos países) presentan flujos de emigración decrecientes a medida que su desarrollo económico avanza.

Dicho de otro modo, en el corto y medio plazo, un aumento de la ayuda al desarrollo a los países más pobres casi con toda probabilidad aumentará la movilidad en lugar de reducirla. Si realmente nos preocupa contribuir a la mejora del bienestar de los habitantes de estos países, parece mucho más sensato empezar por abrir vías de inmigración legal hacia Europa que reduzcan los beneficios de las mafias, las muertes en rutas cada vez más peligrosas y la desconfianza creciente en los países de origen sobre nuestro verdadero compromiso con su desarrollo.

Se trata de una gran novedad. Para que se hagan una idea, en la anterior ronda de Censos, la de 2001, apenas una quinta parte de los países que hoy componen la UE recogían información de este tipo. En otros países la decisión de incluir el lugar de nacimiento de los padres en estadísticas oficiales habría generado un acalorado debate. Para muchos un estado que rastrea tus orígenes más allá del nacimiento es un estado que te obliga en cierto modo a seguir siendo ‘de fuera’ aun siendo de aquí. Esta interpretación tiene, sin duda, algún sentido en países que conceden la nacionalidad a cualquier que nace en ellos, con independencia de dónde hubiesen nacido sus padres. Sin embargo, como ya comentamos aquí, ese no es el caso de España.

En cualquier caso, este debate, quizá por fortuna, ha vuelto a pasar desapercibido en España y, gracias a ello, hoy podemos escribir este post. Como indica la Tabla 1, el 16 por ciento de las personas que residen en España, unos ocho millones de personas, tienen algún vínculo por nacimiento o por ascendencia con un país diferente a España. Es decir, o nació en el extranjero, o tiene algún progenitor que lo hizo, o ambas cosas a la vez. De ellos, casi cinco millones nacieron fuera de dos progenitores también nacidos fuera; 3,8 millones vinieron siendo adultos pero el resto, más de un millón, vino con menos de 16 años y ha pasado parte de su infancia y prácticamente toda su adolescencia en España. Esto les une a quienes la sociología de la inmigración llama, sin ánimo de ofender, segunda generación, es decir, personas que han nacido en España sin que ninguno de sus progenitores lo hicieran. Este grupo no llega a las 800.000 personas pero crecerá sin duda en los próximos años. Y junto a ellos tenemos a 1,2 millones habitantes que nacieron en España pero de padre o madre nacido fuera, es decir, hijos de parejas mixtas.

Tabla 1. Población residente en España según lugar de nacimiento propio y de los progenitores

Fuente: INE, Microdatos Censo 2011. Ponderaciones aplicadas.

Por tanto, podemos decir que algo más de tres millones de personas en España son, en mayor o menor grado, hijos de la inmigración (generación intermedia, segunda generación e hijos de parejas mixtas). El resto hasta completar esos ocho millones, unos 750.000 habitantes, son hijos de nuestra emigración: personas que nacieron fuera de España pero cuyos padres, uno o ambos, nacieron aquí. Aunque obviamente todos ellos cuentan como habitantes de España no todos son españoles, con lo que ello implica en cuanto a la titularidad o no de derechos plenos de ciudadanía.

Entre los que nacieron fuera con padres también nacidos fuera – los inmigrantes - sólo el 8 por ciento posee la nacionalidad española: 7 por ciento entre los que vinieron siendo adultos (tercera barra en el Gráfico 1) y 12 por ciento entre los que eran menores de 16 años al llegar a España (cuarta barra); eso a pesar de que la mitad de ellos lleva viviendo en España una década o más. De todos modos, más sorprendente resulta que dentro de la denominada segunda generación (quinta barra), ni siquiera la mitad tengan la nacionalidad española, a pesar de haber nacido en España. La cosa cambia bastante para los hijos de parejas mixtas nacidos aquí, pues prácticamente todos tienen la nacionalidad española (el 98 por ciento), un porcentaje de nacionales muy por encima al que encontramos entre los hijos de españoles nacidos en el extranjero, incluso de ambos progenitores españoles (79 por ciento, primera y segunda barra).

Gráfico 1. Porcentaje de personas con nacionalidad española según lugar de nacimiento propio y de los progenitores.

Fuente: INE, Microdatos Censo 2011. Ponderaciones aplicadas.

Estas cifras ratifican algo que ya explicamos hace algunas semanas aquí, que el sistema español de adquisición de la nacionalidad otorga preferencia a la ascendencia (ius sanguinis) sobre el lugar de nacimiento (ius solis). Pero además nos permite ponerle números a esa preferencia, que podría ser más relevante de lo que habitualmente pensamos.

Gráfico 1. Cifras sobre el Plan Intensivo de Nacionalidad

Fuente: Ministerio de Justicia.

Sin embargo, lo que empiezan a acumularse ahora son las reclamaciones y quejas por interpretaciones diferentes de los requisitos, la necesidad y modo de acreditar su cumplimiento. Y es que tan peligrosa para la efectiva protección de los derechos individuales puede ser la lentitud excesiva en el funcionamiento de la justicia, como su excesiva rapidez. La falta de experiencia en este tipo de actuaciones de los registradores de la propiedad, a los que fue realizada la encomienda de informar sobre el cumplimiento de los requisitos por parte de los solicitantes y su adecuada acreditación, la falta de un criterio de interpretación unificado, así como la urgencia con la que dichos informes debían realizarse, parecen haber dado lugar a ciertos errores ‘repetidos’ que difícilmente se habría producido de llevarse a cabo un examen verdaderamente individualizado de cada solicitud.

Últimamente han saltado a la prensa varios ejemplos de dichos errores y quejas, entre las cuales los cometidos al evaluar las solicitudes presentadas por refugiados y menores de edad resultan particularmente preocupantes por la especial protección que ambos colectivos merecen. Uno de los casos más sonados ha sido el de una niña de Galdakao (Vizcaya), nacida en España de padres congoleños con más de diez años residiendo en España, a quien se le denegó la nacionalidad española en junio pasado por ‘falta de buena conducta cívica’.

Inicialmente, responsables del Ministerio dijeron que efectivamente la denegación se debía a que la menor no había acreditado la ausencia de antecedentes penales en España y su país de origen, y que ello era un error pues dicho certificado no se exige ni a menores ni a refugiados.

Sin embargo, en octubre, en respuesta a la reclamación presentada por los padres, el Ministerio reiteró su denegación, y volvió a hacerlo al comenzar la Navidad. Según el Ministerio no había sido un error; el motivo de la denegación no era la falta del certificado de antecedentes penales, como se dijo inicialmente, sino que al la niña estaba en situación irregular en España desde el 8 de junio de 2012, al haber caducado su autorización de residencia. Sí, han leído bien, el Ministerio afirma que una niña de 3 años nacida en España de padres que llevan más de 10 años residiendo legalmente en nuestro país estaba en situación irregular.

Mucha gente sigue creyendo que si naces en España serás español. Nada más lejos de la realidad. En España el régimen de acceso a la nacionalidad prima la posesión de ascendencia española por encima de otros criterios como el lugar de nacimiento. Así, los niños y niñas nacidos en España de dos progenitores extranjeros no son españoles al nacer. Por lo general, estos niños obtienen la nacionalidad de sus padres* y, por tanto, son extranjeros que necesitan un permiso de residencia para vivir legalmente en el país en que han nacido, al menos hasta que obtengan la nacionalidad española que solo pueden solicitar después de residir legalmente en España durante al menos un año.

Dicho permiso de residencia no les es otorgado automáticamente sino que sus padres deben solicitarlo vinculado al suyo propio. Es decir, que si los padres del menor están en situación irregular, el menor será un extranjero irregular desde el nacimiento, por mucho que haya nacido en España. Si por el contrario alguno de los padres tiene una autorización de residencia en vigor, se le otorga una autorización sometida a las condiciones de vigencia y renovación de la del progenitor en cuestión. Esto explica que puedan darse situaciones como la de la menor de Galdakao: menores nacidos en España de dos padres extranjeros en situación regular y tramitando la adquisición de nacionalidad española pueden ver denegada su solicitud si durante el tiempo que pasa desde que se presenta la solicitud hasta que el Ministerio da una respuesta, a veces hasta más de dos años, los padres no logran renovar su autorización, de la que depende completamente la autorización del menor.

Más allá de los detalles concretos del caso de la niña de Galdakao, ¿cuántos menores nacidos en España podrían verse en una situación similar? Como muestra el gráfico 2, no son ni uno ni dos. El 1 de Enero de 2013 residían en España 430.584 niños y niñas menores de quince años que, a pesar de haber nacido en España, siguen siendo extranjeros (línea negra). Además teniendo en cuenta los menores nacidos de dos padres extranjeros en el primer semestre de 2013, podemos estimar que a lo largo del año nacieron unos 56.912 niños de este tipo (barras). Si los sumamos a los 430.000 anteriores, tenemos a día de hoy casi medio millón de niños menores de 15 años que siguen siendo extranjeros a pesar de haber nacido en España.

Gráfico 2. Menores extranjeros nacidos en España (línea) y número anual de nacimientos en España (barras), según nacionalidad de los progenitores 2006-2013.

Fuente: Padrón Municipal y Estadística de Nacimientos. INE.

De este medio millón de niños y niñas, aproximadamente un 70 por ciento, es decir 350.000, son además hijos de padres no-comunitarios. Esto significa que están sujetos al régimen general de extranjería para residir en España, como el caso de la niña nacida en Vizcaya. Las autorizaciones de residencia que obtienen –si las obtienen- se clasifican en las estadísticas de extranjería entre las de ‘reagrupación familiar’, a pesar de que en sentido estricto no se ha producido reagrupación alguna. Este sistema de contabilización explica también, al menos en parte, que España fuera en 2010 el país de la UE donde un mayor porcentaje de las autorizaciones iniciales de residencia por reagrupación fueron a parar a menores de edad, un 77 por ciento del total expedido aquel año, como muestra el gráfico 3.

Gráfico 3. Parentesco de los reagrupados con ciudadanos no-comunitarios en algunos países EU-15, 2010.

Fuente: Libro Verde sobre el derecho a la reagrupación familiar, 2010. Eurostat.

De hecho, los niños nacidos en España en 2010 de dos padres extranjeros no comunitarios representaron aproximadamente un 20 por ciento del número total de autorizaciones iniciales por reagrupación familiar concedidas. Esto indica, en primer lugar, que el número de niños nacidos en España que podrían verse en una situación parecida a la de la niña de Vizcaya no es en absoluto despreciable**. Y en segundo lugar, que por ello, la inclusión de sus permisos de residencia en la estadística de reagrupación familiar anual ‘infla’ de modo engañoso cifras que suelen tomarse como aproximación de las llegadas anuales a España de nuevos inmigrantes por motivos familiares.

En definitiva, el caso de la niña de Vizcaya, que podía haber sido un caso relativamente excepcional de mala suerte administrativa, esconde en realidad una problemática que afecta a muchos menores y familias en España. Pero además, este caso abre un debate mucho más amplio y complejo que quizá ha llegado el momento de abordar: cómo decidimos quién es español y en qué modo dicha decisión puede condicionar al proceso de integración de los inmigrantes en nuestro país.

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* En algunos casos, dependiendo de la legislación en el país de origen de los padres, es posible que los menores adquieran la nacionalidad española por presunción, para evitar situaciones de apatridia.

** En ningún caso se trataría de los 320.000 pues, sobre todo, los de mayor edad en muchas ocasiones gozan ya de un permiso de residencia permanente que otorga mayor protección legal y estabilidad.

En las líneas que siguen mostraré que el drama de las cifras, si queremos llamarlo así, curiosamente no procede de dentro, sino de fuera, de las cifras que nos proporcionan los gobiernos de nuestros principales destinos migratorios. Y por tanto, si queremos acusar a alguien de alarmismo deberíamos a lo mejor dirigirnos a ellos, en lugar de cuestionar a quienes escriben cartas en clave personal para ilustrar a la perfección el abandono de la investigación en España, o a quienes expresan a su modo la pena de estar lejos o la alegría de reencontrarse.

Como yo sí que he leído a Chislett y sus cifras sé que, en realidad, los datos no los ha publicado él sino la investigadora Carmen González; y también sé por qué no me convencen las conclusiones que extrae de ellos. Dedicaré este post a explicarlo y haré referencia al informe que elaboré para la Fundación Alternativas recopilando y completando los post publicados en Piedras de Papel, con la sana intención de tener un debate que permita mejorar nuestras fuentes de información sobre esta cuestión para que aquellos a quien corresponda hagan lo que consideren oportuno al respecto.

El estudio de Elcano afirma que la emigración española actual es muy pequeña, que desde 2009 solo han emigrado fuera unos 40.000 españoles nacidos en España (20.000 a Europa, 7.000 a América Latina y 13.000 a otros países) y unos 105.000 inmigrantes naturalizados españoles. En cambio, el informe para Alternativas afirma que han salido unos 220.000 españoles desde 2008 y además mantiene que la cifra real podría ser mucho mayor y acercarse a los 700.000.

Expondré primero a qué se debe un desfase de tal entidad en las cifras manejadas y después discutiré brevemente las interpretaciones y conclusiones que se pueden extraer de la comparación.

La primera diferencia y fundamental es que el estudio de Elcano analiza las variaciones en el número de residentes en el exterior para calcular el tamaño de la emigración mientras que el de Alternativas usa solo cifras de flujos. Flujos, stocks y saldos son conceptos relacionados pero diferentes y sin correspondencia inmediata. Para ilustrarlo pondré un ejemplo sencillo: el estudio de Elcano afirma, siempre de acuerdo con los datos del PERE, que la población nacida en España se ha reducido en 40.000 personas (saldo). Nótese que esta cifra es potencialmente compatible tanto con flujos de salida de 1.000.000 de personas, como con flujos de salida de tan solo 40.000. Todo depende de cuántos españoles regresen del exterior. En el primer caso tendrían que haber regresado 960.000 españoles, en el segundo ninguno. En ambos casos el saldo resultante sería el mismo, pero seguramente la valoración del fenómeno habría de ser distinta. De hecho, el propio informe de Elcano reconoce esta posibilidad y dice “puede suceder que las cifras de stock (las que exclusivamente usa su estudio) oculten un fuerte movimiento, es decir, que muchos emigrantes españoles hayan abandonado el país de destino y hayan sido sustituidos por otros.” Dicho de otro modo, el stock de residentes puede variar poco pero las personas que lo componen ser diferentes. Para comprobar si esto está ocurriendo, algo que la autora da por hecho para Alemania o Reino Unido pero no ilustra con cifra alguna que permita comprobarlo, en el gráfico 1 he representado el perfil por edad de los españoles que se marcharon en 2012 (barras azules) y de los que retornaron del exterior ese mismo año (barras rojas). Y para ello he usado exclusivamente los datos del INE, en este caso la Estadística de Migraciones, que recoge los flujos de altas y bajas entre España y el exterior con los que se construye el PERE.

Gráfico 1. Perfil de edad de las salidas y regresos de españoles por destino según INE, 2012

Fuente: Estadística de Migraciones 2012. INE

Como puede apreciarse, es evidente que las personas que se están marchando no son las mismas que las que están regresando, en especial en Francia y en Alemania. Mientras que los emigrantes son predominantemente personas en los grupos centrales de la edad activa (azules) entre los que recuperamos están claramente sobre-representados los que ya han agotado su vida laboral. Al menos en el corto plazo no podemos ignorar el impacto fiscal de este escenario: perdemos mucha más población joven, en edad activa, con capacidad de aportar al sostenimiento de nuestro estado del bienestar y al crecimiento de nuestra economía, de la que estamos recuperando. Así de simple. Y esto no se ve en las cifras de stocks ni en las cifras de saldos. Esto se ve comparando flujos de salida y de retorno.

Dejando al margen la composición de los flujos, nos interesa también explicar por qué en su informe Elcano habla solo de unos 40.000 emigrados, frente a la estimación de 700.000. En primer lugar, los 40.000 excluyen todos los inmigrantes naturalizados españoles de los que opina que “en la mayoría de los casos, no puede considerárseles emigrantes puesto que viven en su país de origen”. Parece esta una razón entendible pero torpe pues estos españoles, aunque se marchen, pueden regresar a España cuando y como lo deseen, puede solicitar ayudas para emigrantes retornados, pueden transmitir la nacionalidad y libertad migratoria consiguiente a sus descendientes, etc., y por tanto, cualquier política migratoria seria debería tenerlos en cuenta a la hora de planificar.

De todos modos, no es este el motivo fundamental del desfase en las cifras de ambos estudios sino la afirmación de que “las fuentes estadísticas españolas no infravaloran el número de españoles residiendo en el extranjero”. Esta es, quizá, la parte más sorprendente del estudio. Tanto el INE como los propios responsables de emigración actualmente en el gobierno admiten que muchos de nuestros jóvenes no se registran en los Consulados en el extranjero porque no hay incentivos ni facilidades para ello (pueden verlo aquí, por ejemplo).Sin embargo, como al comparar las cifras de residentes españoles dadas por la EPA, el Censo o el Registro de Población de diferentes países europeos con las cifras del PERE, las diferencias o son escasas o el PERE registra incluso muchos más españoles afuera que las fuentes de esos países, se deduce que no hay sub-registro en el PERE (antes al contrario) y que las cifras son fiables.

Es extraño no sólo que no se examinen con cuidado las limitaciones del PERE sino que tampoco se haga lo propio con las fuentes extranjeras, en especial cuando el propio Ministerio en su web contiene documentos elaborados por las Consejerías de Empleo y Seguridad Social de nuestras embajadas en el exterior que explican tales diferencias. Para Alemania, por ejemplo, se explica que “el Instituto alemán de Estadística (Destatis) no considera españoles a los nacidos en Alemania aunque tengan padre o madre de nacionalidad española, ya que automáticamente se les concede la nacionalidad alemana. De ahí que la cifra de españoles residentes en Alemania sea menor según Destatis que según el Registro de Matrícula de los Consulados españoles en este país. Así por ejemplo llama la atención que la estadística alemana fije en 991 el número de españoles menores de cinco años residentes en Alemania el año 2010, mientras que según los datos de los Registros de Matrícula españoles su cifra es más de cinco veces mayor”; y algo muy similar para Francia.

Por todo ello y porque en esos mismos países hay estadísticas directas de lo que queremos medir, que son los flujos de entrada de emigrantes españoles a ellos en los años recientes, en el Informe de Alternativas comparamos tales cifras con las equivalentes españoles que proceden de las inscripciones consulares, como se ve en la Tabla 1. En 2012 las cifras de llegadas de españoles fueron, respectivamente, 7 y 6 veces mayores que las ofrecidas por el INE. Pese a ello, no corregimos la cifra oficial ofrecida por el INE para el mismo periodo (220.000) ni por 6 ni por 7 sino que lo hicimos aproximadamente por 3, teniendo en cuenta que el subregistro tiende a ser mayor en países de la Unión Europea que en el resto y que, además, las cifras de los países receptores tampoco son perfectas.

Tabla 2. Estimación del sub-registro de la emigración española en las fuentes publicadas por el INE al compararla con las fuentes de los países de destino

Fuente: España: Estadística de Variaciones Residenciales, varios años. INE. Alemania: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit 2010, 2011 y 2012. Statistisches Bundesamt. Reino Unido: NINo Registrations to Adult Overseas Nationals entering the UK. Department for Work and Pensions. 2013.

Hasta aquí la explicación técnica. En cuanto a las conclusiones ¿podemos aún así decir que la emigración reciente de los españoles al exterior es pequeña? Pues depende. ¿Pequeña en relación a qué? El estudio de Elcano dice que es pequeña en comparación con el total de emigrantes españoles y sus descendientes que han marchado desde comienzos de siglo XX. Obviamente ¿Se imaginan cuántos tendrían que haberse marchado en estos cinco años para igualarlos en peso? No parece que este sea un punto de referencia muy acertado para valorar el crecimiento e importancia de la emigración más reciente y la atención que debe recibir, o no, de nuestros responsables políticos.

Ahora bien, incluso si aceptamos como posible la cifra de 700.000 salidas de españoles a los largo de la crisis, tampoco me atrevería yo a afirmar de forma tajante que esto es una catástrofe nacional. En el corto plazo no parece un buen indicador; los países que van bien rara vez pierden población. Sin embargo, lo que ocurra a medio y largo plazo es difícil de anticipar. En primer lugar, en España solo tenemos noticia de los que retornan si alguna vez se registraron en el Consulado, pero si de entre los que se van y no se registran están volviendo muchos, las figuras del gráfico 1 podrían modificarse sustancialmente para bien. De todos modos, las cifras alemanas y las suizas no sugieren un incremento de los retornos sino todo lo contrario, con lo cual es probable que el desequilibrio por edades se esté acentuando. En segundo lugar, incluso si diésemos por buenas y completas las cifras españolas, como hacen en Elcano, y por tanto también el panorama que sugiere el gráfico 1, bastaría con recuperar a estos jóvenes en un plazo razonable (antes de agotar su vida activa) o diseñar programas que aprovechen la nueva colonia española en el extranjero para estimular la creación de empleo en España. Sin embargo, me permitirán ustedes que dude de que esto ocurra pronto con el panorama laboral que tenemos y un gobierno y unos think-tanks que niegan el fenómeno.

El gráfico 1 claramente indica que la crisis ha acentuado la marcha de extranjeros, aunque no para todos ni con la misma intensidad. Entre 2008 y 2012 las salidas de los originarios de la UE-15 y de la Europa del Este se han triplicado y duplicado respectivamente, mientras que las de los latinoamericanos se han multiplicado sólo por 1,3. Pero entre los africanos y asiáticos las salidas se han reducido ligeramente.

Gráfico 1. Bajas anuales de extranjeros en el Padrón por salida de España por cada 100 empadronados del mismo origen a comienzos de cada año (2007-2012).

Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales y Padrón Municipal de Habitantes, INE.

Por tanto, no parece ni mucho menos evidente que el aumento del desempleo conduzca al retorno como salida frente a la crisis, al menos no de forma inmediata. Los africanos son el ejemplo más paradigmático. Su tasa de empleo cayó, entre los hombres, casi 30 puntos entre fines de 2007 y fines de 2010, y 15 entre las mujeres. Y sin embargo su tasa de emigración no ha aumentado en absoluto durante la crisis, sino casi lo contrario.

Es más, ningún colectivo ha superado desde que empezó la crisis las 10 salidas anuales por cada 100 empadronados. Se trata de una tasa de retorno relativamente baja si tenemos en cuenta que en 2008, por ejemplo, la OCDE estimaba que entre un 20 y un 50 por ciento de sus inmigrantes la abandonaban en los cinco años siguientes a su llegada. Es cierto que los datos disponibles distan de ser perfectos, pues proceden en su mayor parte de operaciones de ajuste registral por las que la administración da de baja en los padrones municipales a personas que se comprueba que ya no viven aquí, sin saber exactamente para la mayoría de ellos a dónde se han dirigido ni cuándo. Pero incluso si se estuviera marchando el doble de los que logramos contabilizar, la intensidad de la emigración de extranjeros seguiría sin alcanzar ni siquiera el mínimo estimado por la OCDE en época de bonanza.

¿Qué podría explicar esta resistencia al retorno? Seguramente lo mismo que en su día explicó la emigración: el invencible deseo de buscar lo mejor para los tuyos, para tus hijos, para tu pareja, para tus padres… De hecho, parece que no son pocos los inmigrantes que siguen considerando España como un buen lugar para sus familias, pese a la gravedad de la crisis. En una encuesta a adolescentes de entre 14 y 16 años y sus padres realizada en Madrid a mediados de 2011 en el marco del Proyecto Chances, el 69% de los padres inmigrantes con hijos de esa edad afirmaron que les gustaría que sus hijos vivieran en España de mayores. Entre los motivos que citaban para explicar su deseo mencionaron en primer lugar el convencimiento de que España es un país que ofrece más oportunidades de futuro que otros países y, a continuación, la idea de que España es en general un buen país por la calidad de vida que ofrece.

Estos deseos dan sentido a las diferencias por sexo y edad que se observan en los datos registrales de emigración de los extranjeros desde que empezó la crisis. En primer lugar, las mujeres inmigrantes, menos golpeadas por el desempleo que los hombres, y más proclives siempre a haber reagrupado a sus hijos en España, son también la que menos se marchan, como puede apreciarse para colectivos muy diferentes en el Gráfico 2.

Gráfico 2. Salidas anuales por cada 100 empadronados por sexo y país de nacionalidad, 2012

Fuente: EVR 2012. INE. Elaboración propia.

En segundo lugar, los menores de 20 años abandonan España mucho menos que el resto, como sugiere el Gráfico 3 para los principales colectivos latinoamericanos, lo que parece confirmar la idea de que las familias ya reagrupadas con sus hijos en España se resisten más a retornar pese a la crisis.

Gráfico 3. Salidas anuales por cada 100 empadronados por edad y país de nacionalidad, 2011.

Fuente: EVR 2011. INE.

Y es que, la reagrupación familiar, que se completó en España a un ritmo vertiginoso (antes de que empezara la crisis, el 80% de las parejas y el 60% de los hijos menores de 18 años ya habían sido reagrupados), modifica la lógica y los tiempos del retorno. Ya no es solo si tienes trabajo o no, si eres capaz de enviar remesas o no, lo que pesa en la decisión de hacer las maletas y volver por donde un día viniste. Ahora son también los chicos escolarizados, sus amigos del cole, el trabajo de tu pareja… ya son los planes de todos, los billetes de avión de todos, los amigos de todos. En definitiva, los extranjeros, como los españoles, se resisten a abandonar un país donde han echado raíces, donde han trabajado, donde han adquirido viviendas, donde han tenido y criado a sus hijos. Se resisten a abandonar un país que también es el suyo.

Pero a lo largo de 2012 hemos detectado cómo las diferencias entre hombres y mujeres, y entre menores y adultos, en la propensión al retorno empiezan a atenuarse. Esto sugiere que, también como con los españoles, la crisis y su persistencia empiezan a hacer mella y vence incluso a los más resistentes, que eran sin duda los más y mejor integrados. Un motivo más para la preocupación.

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Estas y otras muchas reflexiones sobre la reciente evolución de la inmigración en España y el impacto de la crisis sobre ella pueden encontrarse en el libro multi-autor recién editado por Alianza Editorial y titulado España y la Inmigración. ¿Integración sin modelo? (2013).

*El Proyecto Chances está financiado por el CEACS de la Fundación Juan March, el CSIC y el Ministerio de Economía y Competitividad. Sus datos serán de acceso público en 2016.