Mientras avanza la investigación penal iniciada por la jueza Nuria Ruiz sobre la gestión de la tragedia de la DANA en la Comunidad Valenciana, cabe preguntarse por el estado de la opinión pública en las zonas más afectadas por las inundaciones. ¿Cómo de afectados mental y físicamente siguen sintiéndose los ciudadanos?¿Ha mejorado su opinión sobre las administraciones y los actores que participaron en la gestión del desastre? ¿Y hasta qué punto ha cambiado su percepción sobre qué nivel de gobierno fue el principal responsable de lo sucedido?

Una encuesta realizada en diciembre de 2024 en la provincia de Valencia, como parte de una investigación sobre los efectos de los desastres naturales, y repetida un año después permite responder a estas preguntas. El valor de esta encuesta es que contiene una muestra de ciudadanos de las zonas más afectadas por la DANA[1] y permite estudiar cómo evoluciona la opinión pública un año después. Del análisis de los datos merece la pena destacar tres resultados.

La primera es que los efectos físicos y psicológicos de la tragedia han remitido, pero la salud mental de los ciudadanos no se ha recuperado del todo. Tras el desastre, una gran proporción de ciudadanos se sintió físicamente muy o bastante afectada por lo ocurrido (77%), aunque ese porcentaje descendió drásticamente (hasta el 14%) un año después. En el caso de la salud mental, un porcentaje menor de encuestados se sentía muy o bastante afectado psicológicamente por el desastre en 2024 (49%), pero más de un año después una de cada tres personas seguía sintiéndose igual (37%).

La segunda es que el hundimiento de la confianza política se ha recuperado ligeramente, pero el gobierno central y, muy especialmente, el gobierno autonómico siguen siendo los actores más desprestigiados en la opinión pública. El Gráfico 1 muestra que la confianza de los ciudadanos de las zonas más afectadas por el desastre ha aumentado hacia la Unión Europea, hacia el gobierno central y, en menor medida, hacia el gobierno de la Generalitat, aunque estos dos últimos siguen sin superar el suspenso. Los actores sociales (voluntarios) o institucionales no políticos (Ejército y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) son los que más confianza suscitan.

Lo que llama la atención de los datos de confianza tras la DANA no es el suspenso a los gobiernos, sino la intensidad del mismo. El suspenso suele ser la norma cuando se mide el grado de confianza ciudadana en España hacia las instituciones representativas (parlamentos, gobiernos). Por ejemplo, en una encuesta en la Comunidad Valenciana realizada en 2021[1], la confianza media hacia el gobierno central y el gobierno autonómico era, en promedio, de 3.6 y 4.6, respectivamente. Así, los datos de 2024 y 2025 en las zonas más afectadas por la DANA muestran cierta regresión a la media en el caso de la confianza en el gobierno central, mientras que el gobierno autonómico no acaba de recuperarse de la caída en el nivel de confianza ocurrida tras la DANA.

La tercera es la estabilidad en la atribución de responsabilidades sobre la gestión del desastre. No parece que lo ocurrido durante el último año haya cambiado la visión de la opinión pública sobre cómo se gestionó la emergencia y las lentes partidistas siguen siendo el principal filtro. La Tabla 2 muestra que los ciudadanos de las zonas más afectadas por el desastre en Valencia mantienen a finales de 2025 una valoración parecida a la del momento posterior a la tragedia, con ligeros cambios que son desfavorables para el gobierno de la Generalitat. En 2025 un 14% cree que el gobierno central es el principal responsable, un 46.7% cree que es el gobierno autonómico (una subida de 1.5 puntos porcentuales) y un 38.7% cree que fueron ambos gobiernos (una ligera caída de 1.5 puntos respecto al año anterior).

Cuando cruzamos la atribución de responsabilidad con el recuerdo de voto (ver Gráfico 2), lo primero que se observa es la fuerte mediación de la identidad partidista. Todos los electorados culpan o disculpan según el color político del nivel de gobierno: los votantes de izquierdas culpan mayoritariamente al gobierno de Mazón, mientras que el electorado del PP está más dividido y diluye la responsabilidad entre el gobierno central y ambos niveles de gobierno. Aunque los votantes del PP se han vuelto más críticos durante el último año con la actuación del gobierno de la Generalitat (en 2024 un 7% culpaba al gobierno de Mazón y ahora esa cifra ha aumentado hasta el 15%), todavía son muy pocos, si lo comparamos con el resto de votantes, los que señalan en exclusiva a la Generalitat.

En conjunto, aunque los efectos físicos de la tragedia han remitido de forma notable, sus consecuencias psicológicas y los sesgos políticos sobre lo ocurrido siguen presentes. Un año después, una parte importante de la población continúa mostrando signos de afectación emocional y la confianza en las administraciones sigue siendo muy baja. Al mismo tiempo, la atribución de responsabilidades se mantiene notablemente estable y sigue estando muy mediada por identidades partidistas, lo que sugiere que el paso del tiempo ha cambiado poco la forma en que los ciudadanos interpretan lo ocurrido.

[1] Garmendia y León (2022). “Polarización y Convivencia en España 2021. El papel de lo territorial”.

[1] Selección de la muestra en municipios registrados como afectados por las inundaciones según el Decreto-ley 11/2024, de 12 de noviembre, del gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana. Proyecto de investigación 2022/00522/001Agencia Estatalal de Investigación.

Juzgamos la política desde la trinchera, salvo cuando la realidad no deja margen

A nadie le extrañará saber que los ciudadanos distorsionan la realidad según sus afinidades ideológicas. La evidencia académica sobre ese tipo de sesgos es abrumadora. Cuando valoramos la situación económica del país o señalamos a los responsables de que la sanidad o la educación universitaria vaya bien o mal el sesgo político se cuela sin remedio: como cabe intuir, solemos tener opiniones mucho más favorables sobre la economía o sobre las políticas en general cuando nos sentimos próximos ideológicamente al partido en el gobierno.

Su existencia es un asunto no menor, dado que una herramienta básica para controlar a los políticos y que actúen sin alejarse de lo que quiere la ciudadanía es que rindan cuentas en las elecciones por cómo lo han hecho mientras gobernaban. Si los ciudadanos perciben de manera distorsionada los resultados de sus políticas, entonces ¿cómo van a rendir cuentas? 

El sesgo es incluso mayor cuando se trata de señalar al responsable de la situación política o económica. Aquí nuestras gafas ideológicas tienen un cristal más grueso, así que la manera en la que, cuando gobiernan los nuestros, exculpamos al ejecutivo cuando los resultados de las políticas no son buenos y señalamos como responsables de la situación a otros actores con los que no nos sentimos tan identificados (ya sea la Unión Europea, el alcalde o el presidente de la comunidad autónoma) es, si cabe, más evidente.

Sin embargo, la cuestión de mayor interés no es si existen o no los sesgos cuando valoramos los acontecimientos políticos que nos rodean. Que la ceguera política existe resulta incontestable desde un punto de vista empírico. La pregunta más interesante es bajo qué circunstancias estos sesgos se moderan, cuáles son sus límites, y si esos límites se han debilitado a lo largo del tiempo.

Tomemos por ejemplo la valoración de la situación económica en España. De entrada, resulta llamativa la diferencia que existe entre cómo valoran los ciudadanos su situación económica personal y cómo valoran la situación general de la economía. Mucho de esa diferencia tiene que ver con que, mientras nuestras afinidades ideológicas no tienen peso sobre cómo creemos que nos va personalmente, sí tienen un impacto importante a la hora de evaluar la situación general de la economía. De ahí que la polarización de las valoraciones según a qué partido votamos sea intensa en el segundo caso e inexistente en el primero.

¿Nos nubla la ideología nuestra capacidad de juzgar los resultados de las políticas y sus responsables en cualquier circunstancia? No, los sesgos son más o menos intensos según el contexto. Cuando la situación económica es claramente crítica, todos los ciudadanos, sean o no favorables al partido en el gobierno, tienen una valoración peor de la economía y el sesgo político (que sigue existiendo) se reduce. Es decir, las lentes ideológicas siguen operando, pero la distorsión de la realidad se reduce ante la contundencia de los acontecimientos.  Dicho de otra manera, cuando el margen de interpretación es amplio es más probable que nuestras afinidades ideológicas determinen el análisis de la situación. En cambio, los sesgos operan más debilitados cuando existe una mayor claridad sobre la situación o la responsabilidad objetiva. Piénsese, por ejemplo, en el caso de la atribución de responsabilidad sobre la dana en la comunidad valenciana. Las encuestas publicadas mostraron que una mayoría de ciudadanos, incluidos los votantes del PP, creían que el principal responsable de la mala gestión fue el gobierno autonómico.  

La evidencia basada en experimentos apunta a similares conclusiones: es más difícil que se cuelen los sesgos políticos cuando existe mayor claridad sobre la situación objetiva. Por ejemplo, hace un tiempo llevamos a cabo un experimento de encuesta para saber cómo operaban los sesgos ideológicos a la hora de atribuir la responsabilidad sobre la sanidad y las pensiones. Quienes participaron en la encuesta podían identificar como principal responsable al gobierno central o al gobierno autonómico y nuestra expectativa era que los sesgos políticos funcionaran con más intensidad en la sanidad que en las pensiones.  

Lo distinto entre la sanidad y las pensiones es que la claridad sobre qué administración es la principal gestora de la política es mayor en el caso de las pensiones que en el de la sanidad: las pensiones nunca han estado en manos de otra administración que no haya sido la central, mientras que la sanidad pasó del gobierno central a los gobiernos autonómicos y lo hizo a distintos ritmos en diferentes comunidades autónomas, por lo que existe mayor confusión sobre cuál es la principal administración responsable de esa política.  

El resultado del experimento mostró que a la hora de atribuir la responsabilidad por la sanidad aparecían sesgos ideológicos (la atribución dependía de si el ciudadano se sentía o no próximo al partido del gobierno central o al autonómico) mientras que no era importante a la hora de determinar la gestión sobre las pensiones. El caso de las pensiones era un caso difícil para la ceguera política: incluso para los más sesgados políticamente resultaba difícil afirmar que los responsables de (un mal funcionamiento) de las pensiones eran los gobiernos autonómicos.

La ceguera tiene límites, como acabamos de ver, lo cual es una buena noticia por las implicaciones que los sesgos tienen sobre el control democrático. La no tan buena noticia es que la polarización no ayuda a reducir esos límites, sino que los expande. El probable resultado es que, en el devenir habitual de la política, los sesgos serán la norma y solo conseguiremos reducirlos en situaciones muy extraordinarias, cuando la obviedad de los acontecimientos deje poco margen para que se cuelen una interpretación afín a nuestra ideología.

Las elecciones en el País Vasco y Galicia del próximo domingo son el primer escenario electoral en el que evaluar los efectos de la crisis sanitaria y económica abierta por el coronavirus. Muchos se preguntan en qué medida el destino en las urnas de Feijóo y de Urkullu estará vinculado a los acontecimientos de los últimos meses y si acabarán condicionando el desenlace de la legislatura. La respuesta es que los vientos desatados por el coronavirus parecen soplar a favor de los partidos en los gobiernos autonómicos.

 Tres son los motivos que juegan a favor de los partidos que gobiernan en el País Vasco y Galicia:

 1) El Estado de alarma y la centralización de las decisiones

 Encontramos que el Estado de Alarma ha neutralizado en gran medida el efecto que una valoración retrospectiva (qué ha hecho el gobierno de Urkullu y el de Feijóo en la gestión de la crisis sanitaria en su territorio) hubiera podido tener sobre el voto. Aunque la incidencia del coronavirus ha sido desigual entre territorios, la centralización de las decisiones en el Ministerio de Sanidad ha situado a las comunidades autónomas en un segundo plano, así que apenas ha habido espacio para una gestión autonómica diferenciada. Esto no significa que la opinión pública haya olvidado de repente que los gobiernos autonómicos gestionan la sanidad o los servicios sociales (en abril de 2020 un 69,4% de los ciudadanos en el País Vasco y un 54,7% de los de Galicia creían que la principal administración responsable de la sanidad era el gobierno autonómico), sino que han asimilado que el principal responsable de esta crisis ha sido el gobierno central (un 48,9% de la opinión pública en Galicia y un 56,7% en el País Vasco creían que el gobierno central era el principal responsable de la gestión del coronavirus en sus territorios, de acuerdo con una encuesta on-line realizada por Netquest  el pasado mesde abril, a partir de una muestra de 2.611 individuos, ponderada por género, edad y región).

 2) Buena valoración previa de la gestión gubernamental

 Si pensamos en una valoración prospectiva (quién es el mejor partido para afrontar los efectos económicos que se derivan de la pandemia) tanto Urkullu como Feijóo contaban con liderazgos sólidos y con una valoración positiva de su gestión en el gobierno antes de la llegada de la pandemia, lo que les sitúa en una buena posición para que los ciudadanos renueven su confianza en estos gobiernos a la hora de liderar la crisis económica que se deriva de la pandemia. En abril de este año, la confianza que generaba el gobierno autonómico en todas las comunidades autónomas era más elevada que la que generaba el gobierno central, y era especialmente alta en Galicia y en el País Vasco.  

 3) Sesgos ideológicos en la lectura de lo que ha ocurrido

 La crisis sanitaria y económica ha sido devastadora. Pero la profundidad de sus efectos no suaviza el peso de los sesgos ideológicos de la opinión pública a la hora de asignar responsabilidades y explicar los problemas en la gestión. En consecuencia, el potencial de transformación de una crisis como la de la covid-19 se aminora cuando la lectura de los hechos pierde transversalidad. Por ejemplo, en abril se les preguntó a los ciudadanos por los principales problemas en la gestión del coronavirus. Hemos clasificado los 7 posibles problemas que se les ofrece en el cuestionario* en tres grupos: los que no indican claramente un culpable (o “factores neutros”), los que atribuyen el problema a las CCAA y los que atribuyen el problema al gobierno central. Si cruzamos las respuestas con la intención de voto, los sesgos son evidentes: los votantes socialistas y los de Unidas Podemos son más proclives a señalar factores “neutros” o a las comunidades autónomas (esto último especialmente si son votantes que viven en comunidades autónomas gobernadas por el PP); mientras que los votantes del PP señalan con mayor frecuencia factores que culpabilizan al gobierno central (ver tabla 1).

En definitiva, los efectos de la pandemia sobre los resultados de las próximas elecciones autonómicas no parece que puedan canalizarse ni a través de la valoración retrospectiva (qué ha hecho mi gobierno en la gestión de la crisis), ni de la prospectiva (cuál es el partido mejor situado para abordar los problemas que deja la pandemia). En ninguno de estos casos la crisis del coronavirus parece suponer una fuente de preocupación para la supervivencia en el poder de Urkullu y Feijóo. Todo indica que, si el coronavirus tiene efecto alguno sobre los resultados de las elecciones del próximo domingo, será a través de su incidencia sobre la participación electoral.  

El fracaso de la coordinación europea en la gestión sanitaria de la epidemia ha dejado solos a los gobiernos nacionales en la tarea de coordinar a los actores públicos, privados y de la sociedad civil en la lucha para contener la pandemia. Según un estudio reciente, los ciudadanos prefieren que sea así, pues se muestran más favorables a que la gestión de la pandemia recaiga en los gobiernos nacionales que en la Unión Europea.

La centrifugación del poder en periodos de crisis también es consistente con lo que sabemos hasta hoy sobre el impacto de grandes cambios en el reparto de poder. Por ejemplo, la exposición de los países a los procesos de globalización está asociada a una mayor centrifugación del poder a través de una mayor centralización fiscal.

La revitalización del papel del gobierno nacional durante esta crisis plantea distintos retos e interrogantes en los países donde la fragmentación de competencias obliga a una actuación política concertada entre distintos niveles de gobierno. Los estados federales y descentralizados se sostienen sobre un delicado equilibrio entre el poder central y el poder de las regiones y por eso esta crisis plantea algunos desafíos y preguntas que reviso a continuación respecto al caso español:

1. Coordinar significa imponer costes de manera desigual

El primer reto es el de la coordinación de la actuación frente al virus cuando las competencias sobre políticas sanitarias y de salud pública están en manos de los gobiernos autonómicos.

Como ya revisé en otras páginas, las dificultades en esta coordinación se deben tanto a elementos coyunturales –como el alto grado de confrontación y polarización política en el que emerge esta crisis– como a elementos estructurales, como las divergencias en la forma de generar datos entre Comunidades Autónomas o la ausencia de interlocución previa con la que se vuelve a convocar la Conferencia de Presidentes. Estos elementos, siendo estructurales, son susceptibles de reforma y seguramente formarán parte del conjunto de lecciones que deban incorporarse a los órganos de cooperación intergubernamental tras la crisis.

Lo complicado en esta situación es sincronizar una desescalada común a pesar de que la crisis tiene un impacto sanitario y económico desigual entre Comunidades Autónomas. La ideal para cada gobierno autonómico sería diseñar un procedimiento de desescalada del confinamiento “a medida”, es decir, con un ritmo y extensión de acuerdo con las condiciones sanitarias y económicas específicas de su territorio.

Pero para garantizar que la salida en cada Comunidad Autónoma no imponga externalidades negativas en el resto es necesario armonizar esas estrategias. Coordinar, en este contexto, significa imponer costes: los que para cada territorio implica renunciar a su óptima estrategia de salida.

2. ¿Revival centralista?

Un interrogante sobre los efectos sobre la cuestión territorial de la crisis del coronavirus es observar si las dificultades de una actuación coordinada en el ámbito sanitario y los efectos económicos provocan un aumento de las preferencias por una mayor centralización del Estado Autonómico. En Alemania existe en la actualidad un debate sobre si sería necesario recentralizar algunas competencias para mejorar la coordinación federal en un momento de crisis. En el caso de España, el debate sobre la cuestión territorial lleva abierto mucho tiempo, y la crisis abre una oportunidad para transformarlo. La cuestión es en qué dirección puede modificarse.

Durante la anterior crisis económica de 2012 se produjo un repunte muy significativo de las preferencias de los ciudadanos por un Estado centralizado que fueron reduciéndose paulatinamente con la mejora de la situación económica.

¿Preferirán los ciudadanos un gobierno central más potente y con más capacidad para afrontar una futura pandemia o los costes económicos que se deriven de la actual? En la actualidad las percepciones sobre la cuestión territorial en España están polarizadas ideológicamente. Si las preferencias se recentralizan, es posible que la polarización ideológica se reduzca. Pero esto es compatible con una mayor polarización de las preferencias entre territorios.

3. ¿Cómo se repartirán las responsabilidades?

Finalmente, está el interrogante de cómo se repartirán las responsabilidades sobre la gestión sanitaria y económica de esta crisis. La respuesta frente a la pandemia depende de múltiples factores, y uno de ellos tiene que ver con el estado de los servicios sociales y sanitarios en cada Comunidad Autónoma ante la llegada de la epidemia. Sin embargo, el gobierno central ha adquirido durante esta crisis una visibilidad en la que las responsabilidades autonómicas se diluyen.

Los datos de opinión pública parecen apuntar a que la valoración de los gobiernos resulta inversamente proporcional al grado de responsabilidad que han adquirido en la gestión de la crisis: menos favorables a medida que transitamos de la evaluación de los ayuntamientos a la del gobierno central, pasando por la de los gobiernos autonómicos.

La centrifugación de la autoridad en el gobierno central durante la crisis puede alterar el normal funcionamiento del control democrático de los gobiernos autonómicos. No es sólo una ocasión para estos para exonerarse de la responsabilidad sobre los fracasos, también una oportunidad perdida de reclamar el mérito de sus éxitos.

Se habla a menudo de la polarización política en España y de sus efectos sobre el deterioro de las relaciones entre el Gobierno y la oposición. Sin embargo, las referencias al grado de polarización en la opinión pública suelen ser menos frecuentes, a pesar de que una y otra forma de polarización (la política y la social) se retroalimenten. Los análisis carecen, sobre todo, de una perspectiva dinámica de la polarización de la opinión pública, es decir, que tenga en cuenta los cambios que han ocurrido a lo largo del tiempo. En este post voy a explorar la polarización de la opinión pública en España de dos maneras: por un lado, voy a analizar la evolución entre 2015 y 2019 de la polarización afectiva, es decir, del grado de rechazo que produce el apoyo a ciertos partidos según ideología. Por otro lado, voy a estudiar la polarización ideológica sobre la cuestión territorial y sus implicaciones sobre las posibles soluciones a la crisis catalana.

En primer lugar, una manera de valorar la polarización de la ciudadanía es a través de la polarización afectiva por ideología, es decir, la relación entre la auto-ubicación ideológica de los ciudadanos y su grado de rechazo hacia ciertos partidos políticos. Una manera de medirlo es observando por grupos ideológicos la evolución de quienes afirman que, en una escala de probabilidad del 0 al 10, votarían a un partido con una probabilidad de 0.  

El gráfico 1 muestra la evolución del rechazo que suscitan Podemos y PSOE entre 2015 y 2019[1] según la ideología[2]. Como puede observarse, Podemos es un partido que genera más rechazo que el PSOE en todos los grupos ideológicos excepto en la extrema izquierda (posiciones 1 y 2 en la escala ideológica). Si definimos polarización como el aumento de la distancia entre el grado de rechazo entre bloques ideológicos, los datos sugieren un aumento de la polarización debido a que: a) en la izquierda (extrema izquierda e izquierda) el rechazo se reduce (en el caso del PSOE) o se mantiene sin grandes cambios (en el caso de Podemos); b) mientras que en la derecha (extrema derecha y derecha) el rechazo a Podemos y a PSOE aumenta (más intensamente en el caso del PSOE). Los ciudadanos que se definen en el centro de la escala ideológica muestran reacciones opuestas respecto a Podemos y al PSOE durante este periodo: disminuye su nivel de rechazo a los socialistas y aumenta su grado de rechazo al partido de Iglesias.

Gráfico 1. Porcentaje de rechazo de PSOE y Podemos según ideología.

El gráfico 2 muestra la evolución del rechazo hacia Ciudadanos y PP según ideología durante el mismo periodo (2015-2019). Los datos indican un aumento de la polarización como resultado de dos dinámicas: la disminución del rechazo a ciudadanos (más intensa en la extrema derecha) manteniéndose sin grandes cambios el grado de rechazo hacia el PP, mientras en la izquierda aumentan los niveles de rechazo hacia Ciudadanos (y lo hace en mayor medida que desciende el rechazo al PP).

Gráfico 2. Porcentaje de rechazo de Ciudadanos y PP según ideología.

En segundo lugar, la polarización afectiva por ideología se corresponde con un aumento de la polarización ideológica sobre la cuestión territorial. En el gráfico 3 puede apreciarse cómo la distancia entre los distintos grupos ideológicos respecto a su modelo territorial preferido[3] se ha agrandado durante los últimos dos años. Dicho de otra manera: aunque las preferencias por la organización territorial del Estado en España siempre se han diferenciado claramente según la auto-ubicación ideológica de los ciudadanos, durante los últimos años esa relación se ha intensificado, dando lugar a bloques ideológicos más compactos en su visión del Estado Autonómico. Esta polarización ideológica no tiene, en cambio, reflejo en la evolución general de la opinión pública, que ha convergido paulatinamente hacia las posiciones que prefieren un mantenimiento del statu-quo (ver gráfico 4) desde el repunte de re-centralización que tuvo lugar entre 2012 y 2014 aproximadamente.

Gráfico 3. Preferencias por modelo territorial según ideología y año

Gráfico 4. Preferencias por modelo territorial (2009-2019)

Finalmente, las implicaciones de la polarización ideológica sobre la cuestión territorial son claramente visibles cuando se pregunta a la ciudadanía por las fórmulas para solucionar la crisis catalana. Cuando se inquiere a los ciudadanos sobre la medida que debería ser prioritaria a la hora de gestionar el conflicto en Cataluña, los resultados son difícilmente compatibles entre sí. Como puede apreciarse en la tabla 1, según un estudio reciente[4], para una muestra de algo más de 500 individuos, la medida con más apoyo es aplicar el artículo 155 (un 22%), la segunda es “no negociar, sólo aplicar la ley” (20%) y la tercera es “permitir la convocatoria de un referéndum sobre independencia en Cataluña” (19%)[5]. El resultado agregado encubre unas preferencias desigualmente distribuidas por grupos ideológicos. La primera opción es apoyada casi mayoritariamente por la derecha (45% frente a un 5% en la izquierda) y la tercera opción es apoyada como primera medida por un 29% de individuos de izquierda (frente a un 3% en la derecha). En la segunda opción, “no negociar, sólo aplicar la ley” las divisiones entre grupos ideológicos son menos pronunciadas (lo apoyan un 12% de los ciudadanos de izquierda y un 28% de los de derecha).

Tabla 1. Medidas prioritarias para gestionar el conflicto en Cataluña

 ¿Cuál de estas medidas considera usted que debe ser prioritaria para gestionar el conflicto en Cataluña?

[1] Los datos recogen todos los barómetros de opinión publicados entre enero de 2015 y septiembre de 2019.

[2] He agrupado a los individuos según su auto-ubicación en la escala ideológica del 1 al 10 donde 1 es izquierda y 10 es derecha en cinco categorías: extrema izquierda (posiciones 1 y 2), izquierda (posiciones 3 y 4), centro (posición 5), derecha (posiciones 6 y 7) y extrema derecha (posiciones 8, 9 y 10). 

[3] He tomado como medida la media de la variable sobre organización territorial del CIS, en la que 1 es “Un Estado con un único Gobierno Central sin autonomías”, 2 “Un Estado en el que las Comunidades Autónomas tengan menor autonomía que en la actualidad”, 3 “Un Estado con Comunidades Autónomas como en la actualidad”, 4 “Un Estado en el que las Comunidades Autónomas tenga mayor autonomía que en la actualidad”, 5 “Un Estado en que se reconociese a las Comunidades Autónomas la posibilidad de convertirse en estados independientes”.

[4] Encuesta Netquest realizada en Diciembre de 2019.

[5] Si se elimina a Cataluña de la muestra, las principales medidas son las mismas, aunque los porcentajes cambian ligeramente: 25% (aplicación 155), 23% (aplicar ley, sin negociar)  y 17% (permitir referéndum).

La existencia de votantes proclives a la infidelidad, no es algo necesariamente problemático, pues agudizan el sentido de la responsabilidad de los partidos y engrasan el control electoral

Sin embargo, si las fronteras de votantes son excesivamente porosas los partidos se sitúan a la retaguardia de la opinión pública y siempre tienen incentivos para intentar mejorar su posición electoral

Desde el 2015, la evolución de los votantes desleales muestra que la moción de censura sacudió el tablero electoral más que las elecciones del 2016, que los desleales son sobre todo indecisos y, por lo tanto, en teoría más fácilmente recuperable y, por último, que el porcentaje de infieles durante los últimos meses no sugiere grandes cambios en las próximas elecciones de noviembre.

El devenir de la política española desde el momento cero del nuevo ciclo político, inaugurado con las elecciones generales del 2015, ha estado condicionado en gran medida por la evolución de los votantes desleales. Son votantes dispuestos a abandonar a los partidos que apoyaron en las elecciones, bien porque se deciden por otras formaciones políticas o porque pasan a formar parte del séquito de la indecisión/abstención. Fijar la lealtad de nuevos votantes ha sido la obsesión de todos los partidos políticos, una tarea más difícil debido al aumento de la oferta política y, por lo tanto, de las opciones de salida para quienes se muestran insatisfechos con su voto.

La existencia de votantes no excesivamente enamorados de sus partidos y, por ello, proclives a la infidelidad, no es algo necesariamente problemático para el funcionamiento del sistema. En su justa medida, los votantes desleales agudizan el sentido de la responsabilidad de los partidos y mantienen engrasados el mecanismo de premio y castigo que representan las elecciones.

Sin embargo, un escenario donde las fronteras de votantes estén difuminadas tiene potencialmente dos efectos en los partidos. Uno es el de convertirlos en la retaguardia de la opinión pública, tendiendo a seguir su dictado más que a coordinar desde la vanguardia la pluralidad de intereses en la ciudadanía. El resultado pueden ser proyectos políticos menos arriesgado y más miopes, al no estar los partidos seguros del capital político con el que cuentan (siendo el capital político el ejército de votantes leales que pueden acompañarles durante la travesía). En segundo lugar, cuando el tablero electoral es inestable, los partidos están peor preparados para pactar o mostrar posiciones conciliadoras si creen que haciéndolo pierden una oportunidad para mejorar su resultado (acariciar el sorpasso, conseguir una mayoría absoluta, penetrar en nuevos caladeros de votos). La consecuencia es que nunca es un buen momento para pactar o dejar de crispar.

Para estudiar la incidencia de la deslealtad por partidos políticos y a lo largo del tiempo analizo el porcentaje de votantes que, habiendo apoyado a un partido en la elección anterior, manifiesta no votarle en la siguiente[1], bien porque está decidido a votar a otro partido, porque se muestra indeciso o bien declara que no va a votar. Utilizo datos desde enero de 2015 y hasta septiembre de 2019 y clasifico este periodo en 5 bloques: cada uno de ellos se corresponde con una periodo entre elecciones (el primer periodo empieza en enero de 2015 y acaba en las elecciones generales de 2015) excepto el periodo entre la moción de censura y las elecciones de abril de 2019.

En el Gráfico 1 puede verse la evolución por partidos y periodos[2]. En la primera etapa (enero de 2015 hasta generales del 2015, donde el recuerdo de voto son las elecciones de 2011) casi la mitad de los votantes del PSOE y del PP en el 2011 no pensaban apoyarles en las siguientes elecciones. Más de un tercio de esos votantes estaban indecisos. Algo más de uno de cada tres se decantaba por Podemos (en el caso de los desleales socialistas) y un 27% por Ciudadanos (en el caso de los desleales populares)[3]. El porcentaje de desleales baja en todos los partidos en los siguientes periodos, excepto tras la moción de censura en mayo de 2018. Desde las elecciones de abril de este año el porcentaje quienes se repiensan su voto parece haber disminuido.

Gráfico 1: Votantes desleales por partido y período

Si analizamos la evolución de los desleales a lo largo del tiempo por partidos y bloques ideológicos, vemos que, en el caso del PSOE (Gráfico 2), sus desleales son mayoritariamente indecisos y, durante los últimos meses, más abstencionistas que en el pasado. Los desleales socialistas, no obstante, han ido variando a lo largo de los últimos años. En un primera etapa (antes de las generales del 2015) se decantaban en primer lugar por Podemos y esa inclinación sólo se vuelve a repetir con posterioridad en los últimos meses desde las elecciones de abril (aunque en un porcentaje mucho menor). Entre el 2015 y las últimas elecciones generales, Ciudadanos ha sido el partido preferido entre los desleales socialistas.

Gráfico 2: Desleales PSOE

En el caso de Podemos (Gráfico 3), la evolución a lo largo de los periodos muestra que los desleales apuestan crecientemente por el PSOE (de hecho, desde la moción de censura son más de los desleales quienes votarían al PSOE que los votantes de Podemos en las generales del 2016 que lo harían por Izquierda Unida, una tendencia que se mantiene, en promedio, durante los últimos meses).

Gráfico 3: Desleales Podemos

Para Ciudadanos (Gráfico 4), el cambio en el perfil de los desleales se produce tras la moción de censura, en mayo de 2018. Antes de ese momento, quienes se replantean su voto al partido de Rivera optan, en primer lugar, por el Partido Popular. Tras la moción de censura, los desleales moderados y radicales del Ciudadanos se reparten tanto entre el PSOE como VOX (integrado en la categoría de “otros partidos” a partir del 2019) y, durante los últimos meses desde abril, el primer el partido preferido de los desleales de Ciudadanos es el PSOE (16%).

Gráfico 4: Desleales Ciudadanos

Por último, para un partido como el PP que, hasta la aparición de VOX, no tenía competencia a su derecha, las deslealtades de sus votantes hacia otros partidos se manifestaban hacia Ciudadanos, pero con intensidades distintas (Gráfico 5). Tras la moción de censura aumenta de manera significativa el atractivo de Ciudadanos entre los votantes del PP, un dato que se corresponde con la intensificación del voto de Ciudadanos entre los votantes de derechas (especialmente en las posiciones 6 y 7). Durante este periodo (desde la moción de censura hasta septiembre de 2019) el atractivo de VOX entre los desleales populares se mantiene, en promedio, en el 12% (porcentaje incluido en “otros partidos”).

Gráfico 5: Desleales PP

En definitiva, de la evolución de los desleales por partidos desde el 2015 podemos extraer varias conclusiones: la primera es que, como ya sabíamos, el cambio del sistema de partidos en diciembre de 2015 equilibró por el lado de la oferta la demanda insatisfecha en los dos grandes partidos tradicionales. En segundo lugar, que la moción de censura sacudió el tablero electoral tanto izquierda a derecha (y más intensamente en la derecha) en mayor medida que las elecciones del 2016. Tercero, que la infidelidad sobrepasa poco el bloque ideológico y que los desleales son sobre todo indecisos y, por lo tanto, en teoría más fácilmente recuperable para los partidos. Cuatro, que la infidelidad durante los últimos meses es relativamente baja, lo que en principio sugiere que no son esperables grandes cambios en las próximas elecciones de noviembre.

[1] Para ello analizo todos los barómetros del CIS que incluyen intención de voto desde enero de 2015 hasta septiembre de 2019.

[2] Etiquetas de la intención de voto de los desleales son las siguientes: “Ot”: otros partidos+voto en blanco+ voto nulo; “PS”: PSOE, “PD”: Podemos, “Cs”: Ciudadanos; “Abs”: no votaría; “NS”: indecisos.

No somos neutrales a la hora de señalar quién es el responsable de las políticas públicas: tendemos a exonerar a quienes identificamos como “los nuestros” y a señalar como responsables a quienes no se encuentren entre esos grupos de referencia.

En España la atribución de responsabilidades sobre los resultados de las políticas públicas es compleja porque existen distintos niveles de gobierno.

En sanidad y educación, dos políticas mal valoradas por los ciudadanos, la asignación de responsabilidades se convierte en una atribución de culpa y, como tal, está sesgada por nuestras preferencias políticas

En política, culpar significa atribuir la responsabilidad por algo que no salió bien. La psicología social caracteriza la asignación de responsabilidades como un comportamiento sesgado. Esto significa que no somos neutrales a la hora de señalar quién es el responsable de qué: tendemos a exonerar a quienes identificamos como “los nuestros” - sea el partido, la raza, o la nación – y a señalar como responsables a quienes no se encuentren entre esos grupos de referencia.  

Estos sesgos de grupo lastran el funcionamiento de la democracia porque debilitan el mecanismo que disciplina a los gobernantes, que consiste en identificar primero al responsable de los resultados de las políticas y luego castigarle o premiarle en las urnas. Si de entrada falla la identificación de la responsabilidad, entonces los políticos dejan de cosechar lo que siembran, porque se produce un cortocircuito entre lo bien o mal que lo hacen y su resultado en las urnas.

En la asignación de responsabilidades no sólo influyen los sesgos de grupo. También es importante el conocimiento sobre qué nivel de gobierno o qué instituciones están implicadas en cada política. En España, como en cualquier sistema de gobierno descentralizado, esta tarea es más complicada porque distintos niveles de gobierno – nacional, regional y local –participan en el diseño, financiación y provisión de las políticas públicas. De hecho, comparando los datos publicados por el CIS en el Barómetro Autonómico del 2012 con datos de una encuesta realizada durante la última semana de Mayo de 2018 puede observarse (ver Gráfico 1) que en la actualidad los ciudadanos se equivocan más (y no menos) en la asignación de responsabilidades a los gobiernos autonómicos. Esto ocurre porque para todas las políticas el gobierno central es percibido como más responsable que en 2012[1]. 

Gráfico 1. Atribución de responsabilidades 2012 y 2018.

¿Pueden los sesgos de grupo explicar estos resultados? Para responder a esta pregunta me centraré en la atribución de responsabilidades sobre dos políticas que están en manos de los gobiernos autonómicos, sanidad y educación, con los datos de encuesta de Mayo de 2018.

Sanidad y educación aparecen mal valoradas por los ciudadanos. Solo un 6,4% de quienes valoran la sanidad y un 3,8% de quienes valoran la educación creen que durante el último año estas políticas han ido a “Mucho mejor” o “Algo mejor” (frente a casi un 60% que considera que la sanidad ha evolucionado a “Mucho peor” o “peor” y un 61% en el caso de la  educación). Siendo así, la asignación de responsabilidades sobre estas políticas se convierte en la asignación de culpa (sobre un mal resultado). Y esa asignación cabe esperar que esté determinada tanto por el grado de información que los ciudadanos tienen sobre el Estado Autonómico (quienes estén más informados sobre política o tengan un mayor nivel de formación dirán con más frecuencia que es el gobierno regional el responsable) como por los sesgos políticos.

Centrémonos en los sesgos. La identificación con un partido político puede ser un buen predictor de la asignación de responsabilidades. Por ejemplo, quienes más se identifiquen con el partido en el nivel autonómico serán más propensos a atribuir la responsabilidad por una política que no funciona bien otro nivel de gobierno (atribuyéndole la responsabilidad sobre los resultados en sanidad). Y al revés: quienes más se identifiquen con el partido en el gobierno central tendrán una probabilidad mayor asignar la responsabilidad al nivel de gobierno menos preferido (regional o local).

En el gráfico 2 puede verse el efecto del nivel educativo en la probabilidad de asignar la responsabilidad sobre la sanidad y educación al gobierno autonómico (controlando por otros factores[2]). Como puede observarse en los dos casos, el nivel de formación importa para “acertar” el nivel de gobierno que posee la competencia en sanidad: a mayor nivel educativo, mayor es la probabilidad de asignar la responsabilidad de la educación o la sanidad a la Comunidad Autónoma. 

Gráfico 2. Probabilidad de atribuir Sanidad y Educación a la CA por nivel educativo

Sin embargo, los sesgos políticos también tienen un efecto importante sobre la atribución de responsabilidades. Como puede verse en el gráfico 3, cuanto mejor es la valoración del funcionamiento de la Comunidad Autónoma (que utilizo como una variable proxy para medir la valoración del gobierno autonómico), menor probabilidad de culpar al gobierno regional de la sanidad. Y al revés si se toma como variable la valoración del funcionamiento del gobierno central (gráfico 4). 

Gráfico 3. Probabilidad de atribuir Sanidad y Educación a la CA según valoración funcionamiento de la CA

Gráfico 4. Probabilidad de atribuir Sanidad y Educación a la CA según valoración funcionamiento del gobierno central

En definitiva, este análisis sobre cómo asignamos responsabilidades sobre los resultados de las políticas muestra que el mecanismo esencial para controlar a los gobiernos (identificar qué responsabilidad tienen sobre las políticas para luego castigarles o premiarles en las urnas) está sesgado por nuestras preferencias políticas. La polarización política puede contribuir a activar esos sesgos, una cuestión que probablemente explique el actual patrón de atribución de responsabilidades.

[1] El resultado del Gráfico 1 es llamativo. Uno esperaría que a medida que pasa el tiempo y se consolida el Estado Autonómico los ciudadanos mejoren su conocimiento sobre las responsabilidades que tienen asignadas los gobiernos regionales. Por ejemplo, hace más de tres lustros que se descentralizó la Sanidad a lo que entonces se llamaba “territorio Insalud” (las diez Comunidades Autónomas que recibieron la competencia en 2001). Sin embargo, a día de hoy existe un 58,8%  de ciudadanos que cree que la responsabilidad de que las cosas vayan bien o mal en esta política es principalmente del gobierno central. 

[2] Modelo de regresión logística donde la variable dependiente es 1 cuando se asigna la responsabilidad al gobierno autonómico y cero cuando se asigna al gobierno local o central. Variables explicativas: valoración funcionamiento de la CA (0-10), valoración funcionamiento del gobierno central (0-10), nivel educativo (1-8). Controles: identidad regional, simpatía hacia el Partido Popular, valoración de las competencias de las Comunidades Autónomas, género, edad y grado de conocimiento objetivo sobre política.

Suenan tambores de elecciones a poco más de un año para las próximas autonómicas y municipales. Antes de que los aparatos de los partidos desempolven sus maquinarias para diseñar listas, seleccionar candidatos, perfilar campañas y asignar financiación, algunos tienen pendiente una cuestión todavía más básica: decidir las siglas bajo las que van a concurrir. Las siglas, al fin y al cabo, reflejan alianzas. Y no hay partido que quiera aliarse con los perdedores.  

Precisamente por este motivo Pablo Iglesias y Alberto Garzón debatían hace unas semanas sobre el mantenimiento de su alianza electoral para los comicios del 2019 y las siglas bajo las cuales concurrirán en las europeas, autonómicas y locales. Este debate surge por la debilidad de la marca nacional de Unidos Podemos. En concreto, la simpatía hacia Podemos ha caído en el último año entre los votantes de todos los partidos, incluidos los de las confluencias.  

Nótese que las confluencias contribuyeron en su día a consolidar la visibilidad e implantación territorial de Podemos en las elecciones del 2015. Podemos ofrecía a las confluencias unas siglas y un líder en ascenso electoral a nivel nacional, y a su vez el partido de Iglesias aprovechaba las estructuras organizativas locales y regionales ya existentes para su causa, sumando la representación que éstas obtuvieran a un grupo parlamentario que se estructura de manera confederal.

La reflexión que quisiera plantear en este post es si esas alianzas, que supusieron un beneficio en el pasado, pueden convertirse hoy en una limitación para la expansión y consolidación a nivel nacional del partido de Pablo Iglesias.

En primer lugar, con la debilidad de la marca nacional ya no está tan claro “quién ayuda a quién” electoralmente, si es la marca nacional la que nutre los apoyos de las alianzas locales y regionales o al revés. Un partido con capacidad de éxito a nivel nacional tiene autoridad sobre el resto porque las externalidades electorales de su triunfo fluyen de arriba a abajo, es decir, de lo estatal hacia lo autonómico y local. Sin embargo, con una marca nacional debilitada puede extenderse la percepción de que la dirección de dichas externalidades se ha invertido, o por lo menos que aquélla fluye con más fuerza de abajo a arriba. Dicho de otra manera, que Podemos es más dependiente de la fuerza electoral de sus aliados locales y regionales que al revés.     

De momento, dicha percepción (que será confirmada o no por los resultados de las autonómicas y locales) puede limitar la capacidad de Podemos a la hora de definir las alianzas con otras fuerzas con las que deseen concurrir en las autonómicas y locales. Ya ocurrió tras las elecciones generales de 2016. Entonces, Unidos Podemos pinchó electoralmente, pero sobrevivió mejor donde asistió acompañado de otros partidos. Sus aliados tomaron nota de la nueva correlación de fuerzas y En Marea, por ejemplo, consiguió obligar a Podemos a integrase en la candidatura que presentaron a las elecciones gallegas de septiembre del mismo año. 

En segundo lugar, la estructura de alianzas sobre la que se sostiene la fuerza parlamentaria y electoral de Podemos es compleja y descentralizada y requiere, para sostenerla, de un centro potente: un elemento aglutinador que sea algo más que la suma de sus partes. Ese ha sido el papel que ha intentado jugar Podemos en el grupo parlamentario confederal (en la actualidad formado por Podemos, Izquierda Unida, En Marea y En Comú Podem) y en su relación con el resto de aliados (especialmente Compromís, cuyos diputados forman parte del Grupo Mixto). El precio que Podemos paga por su debilidad electoral es mayor que el que pagarían otros partidos. Pone en juego, para empezar, su unidad en la acción parlamentaria.

En tercer lugar, el papel de coordinación de Podemos es complejo no sólo por la heterogeneidad organizativa sobre la que se sostiene (alianzas de partidos que son a su vez coaliciones), sino por las diferentes sensibilidades ideológicas que debe articular. Según los últimos datos del CIS, de Enero de 2018, los votantes ideológicamente más distintos entre sí son los de En Comú Podem (se sitúa en promedio en el 2,8 algo más a la izquierda de Unidos Podemos, cuyo promedio es 3,2) y Compromís-Podemos-EUPV (3,4).

Las diferencias entre confluencias se amplifican cuando se mide la simpatía hacia distintos partidos. Lo muestra el Gráfico 1, donde se recoge el porcentaje de votantes de UP y de las confluencias que “nunca votaría” a cada uno de los principales partidos de ámbito estatal. El orden en el grado de antipatía es el mismo en todos ellos – de más a menos: PP, Ciudadanos, PSOE, IU. Sin embargo, la intensidad es distinta: mayor entre los votantes de En Comú Podem y más baja entre los de Compromís-Podemos-EUPV. Además, la evolución de la política en el último año parece haber amplificado las diferencias entre estos dos partidos: la antipatía de los votantes de En Comú Podem hacia PP, PSOE, Ciudadanos e IU se ha mantenido o aumentado, mientras que el rechazo de los votantes de Compromís hacia esos partidos ha disminuido. 

Gráfico 1. Porcentaje de votantes que consideran que “nunca votarían” a PP, PSOE, Ciudadanos y IU por partido  

En definitiva, parece que las próximas elecciones autonómicas y locales llegarán en un mal momento para Podemos. Durante esta legislatura no ha sido capaz de expandir y consolidar su fuerza electoral en la arena nacional. Esto limita su capacidad para coordinar y liderar una estructura organizativa ampliamente descentralizada. Quizás Podemos confió al principio en las alianzas territoriales por necesidad, más que por voluntad –al no poder imponerse como partido nacional en esos territorios– y también quizás con la confianza de que su músculo electoral a nivel nacional le permitiría liderar esa estructura descentralizada cómodamente o incluso absorber a sus aliados territoriales. Al no conseguirlo, la estructura que tanto contribuyó a su éxito en el 2015 puede convertirse en un obstáculo para recuperarlo. 

Si la resolución del conflicto con Cataluña pasa por un mayor nivel de autogobierno, no está de más conocer cuál es el nivel de partida

La autonomía fiscal Cataluña se sitúa algo por delante del conjunto de países, aunque el nivel general de autogobierno (

self-rule

) es relativamente bajo.

Aunque en general el nivel de co-decisión (

shared-rule

) es mayor que en el conjunto de países, la capacidad de Cataluña (y del conjunto de Comunidades Autónomas) de co-decidir de manera

multilateral

y coordinada en la legislación estatal es más baja que en el resto de países.

¿Cómo comparar el autogobierno en Cataluña con el que poseen otras regiones de Europa? La pregunta es pertinente por dos motivos. El primero es la confusión que parece existir sobre este tema, a juzgar por las distintas informaciones que llegan a través de los medios de comunicación. El segundo es que, si la resolución del conflicto con Cataluña pasa por un mayor nivel de autogobierno, no está de más conocer cuál es el nivel de partida. El propósito de este post es aportar algunos datos comparados que puedan contribuir a clarificar ese debate.

Hasta hace unos años, responder a la pregunta formulada al inicio de este post era una tarea complicada debido a la falta de datos. Los investigadores solían medir el grado de autonomía regional a través de la descentralización del gasto (porcentaje del gasto total ejecutado por el nivel regional). Sin embargo, este indicador ofrecía una visión parcial del grado de autonomía regional. No tenía en cuenta, por ejemplo, las interdependencias legislativas entre niveles de gobierno o el grado de autonomía sobre los ingresos (no distinguía si los fondos que financiaban el gasto regional provenían de transferencias del gobierno central o de impuestos propios de la región).

Esa diferenciación entre la autonomía sobre el gasto y sobre los ingresos es especialmente relevante para el caso de España. Si hay algo que caracteriza la descentralización en nuestro país es que se ha producido de manera asimétrica en la relación entre gasto e ingresos: una descentralización amplia por el lado del gasto, pues las Comunidades Autónomas gestionan políticas que conllevan con una amplia carga presupuestaria – sanidad, educación, servicios sociales - y una descentralización tradicionalmente más limitada por el lado de los ingresos, aunque con avances significativos en las últimas reformas del sistema de financiación autonómica.

Pero volvamos a la pregunta inicial, centrada en Cataluña: ¿es, como algunos afirman, una de las regiones con más autonomía de Europa? Desde hace unos años, existe un Índice de Autonomía Regional para un conjunto amplio de países y años (1950-2010). Una de las contribuciones más importantes de este índice es la distinción entre las medidas de autonomía regional entendida como “self-rule”, un índice que comprende el grado de independencia institucional, el rango de competencias, la autonomía fiscal y la capacidad de endeudamiento, y las medidas de “shared-rule”, un indicador que mide el grado en el que el gobierno regional puede co-determinar, tanto multilateralmente como bilateralmente, la legislación estatal, los impuestos estatales, los límites al endeudamiento o el cambio constitucional. El Índice de Autonomía Regional es la suma de los indicadores de self-rule y shared-rule.

Usando los últimos datos disponibles en esa base de datos, en la Tabla 1 he listado el Índice de Autonomía Regional para un conjunto de regiones, estados y provincias en países descentralizados (Reino Unido e Italia) y federales (Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos y Suiza). Según estos datos, Cataluña se encuentra en una posición intermedia, ligeramente por encima del promedio (22.1).

Tabla 1. Índice de Autonomía Regional 2010

Gráfico 1. Self-rule y shared-rule (2010)

En el gráfico 1 se muestra la relación entre las dos dimensiones de autonomía (self-rule y shared-sule) para cada caso. Como puede apreciarse, Cataluña se sitúa en una posición relativamente baja en el ámbito de autogobierno (self-rule) y en cambio por encima de la media en el ámbito de co-decisión (shared-rule). Para comprender con mayor detalle estos datos es necesario desgranar algunos de los indicadores que conforman cada índice. En concreto, dos indicadores.

Primero, un análisis más detallado de las diferentes dimensiones que conforman el índice de co-decisión (shared-rule) indica que Cataluña puntúa relativamente alto debido a una de las dimensiones que forman ese índice. En concreto, la capacidad de la región de frenar cualquier iniciativa que intente modificar el encaje constitucional en el resto del Estado (en esta dimensión Cataluña obtiene la máxima puntuación). En cambio, en los aspectos multilaterales de la co-decisión (la capacidad de Cataluña de modificar la legislación nacional coordinándose multilateralmente con otras regiones), el índice de shared-rule es más bajo (esencialmente debido a que el Senado tiene un papel muy limitado en la configuración en la política nacional). Si sólo tomáramos el nivel de co-decisión multilateral, Cataluña estaría situada en una posición entre Valonia y Escocia en el Gráfico 1.

Segundo, uno de los ámbitos más controvertidos de la autonomía regional es el relativo a la descentralización fiscal, que forma parte del índice de self-rule. Si comparásemos a Cataluña con el resto de regiones en este ámbito (no mostrado en los datos), veríamos que la descentralización fiscal en Cataluña (como en el resto de regiones en el sistema de financiación de Régimen Común) es ligeramente mayor que la del conjunto de regiones en esta muestra. El nivel de autonomía fiscal en Cataluña es superior a la de los Estados en Alemania, Austria o Australia e inferior al de los gobiernos subestatales en Estados Unidos, Suiza y Canadá. Estos resultados son muy similares a los de otros estudios comparados (véase el capítulo comparado en este libro).

En definitiva, de acuerdo con el Índice de Autonomía Regional, Cataluña se sitúa en un nivel intermedio de autonomía si lo comparamos con los gobiernos subestatales en las democracias avanzadas descentralizadas y federales, con dos matices. Por un lado, en autonomía fiscal Cataluña se sitúa algo por delante del conjunto de países, aunque el nivel general de autogobierno (self-rule) es relativamente bajo. Por otro lado, aunque en general el nivel de co-decisión (shared-rule) es mayor que en el conjunto de países, la capacidad de Cataluña (y del conjunto de Comunidades Autónomas) de co-decidir de manera multilateral y coordinada en la legislación estatal es más baja que en el resto de países.

Aclaraciones al hilo de los comentarios de los lectores (1 de Noviembre 2017)

Algunos de los lectores del post apuntaron acertadamente que las conclusiones del artículo parecían contradictoras a las publicadas en análisis anteriores (véase aquí o aquí). La razón por la que esto es así es que el Índice de Autonomía Regional ha sido actualizado por sus autores con nuevos indicadores (los artículos anteriores se basaban en datos del antiguo Índice). La diferencia fundamental con esos análisis es que Cataluña obtiene con el nuevo índice un nivel más alto de shared-rule (uno de los componentes del Índice de Autonomía Regional, como se explica en el post). Sin embargo, y más importante, si se descompone el índice de shared-rule en sus diferentes dimensiones, las conclusiones son similares a las de anteriores análisis.

El índice de shared-rule está compuesto por tres tipos de indicadores: los que capturan la capacidad de co-decisión bilateral y los que capturan la capacidad de co-decisión multilateral (representación de regiones en legislativo nacional y capacidad de decidir en la legislación nacional, endeudamiento o reforma constitucional). En la dimensión co-decisión bilateral Cataluña (como el resto de comunidades autónomas) muestra un nivel muy por encima de la media y mediana del conjunto. Esto se debe a que los datos recogen que en España cada región tiene capacidad de veto de cualquier reforma que pretenda cambiar su relación constitucional con el Estado (imagino que los autores del índice están intentando capturar aquí que la iniciativa sobre la reforma de los Estatutos corresponde a las regiones, aunque no conozco los fundamentos cualitativos de esta codificación). El efecto de este indicador de bilateralidad en el índice general de shared-rule (y en el índice global) ofrece, a mi juicio, una imagen algo distorsionada de la naturaleza del shared-rule en España. Por eso es importante atender a las otras dimensiones que conforman el shared-rule: la dimensión de co-decisión multilateral (representación de las regiones en el legislativo nacional y capacidad de co-decisión en la legislación nacional).

En los indicadores de co-decisión multilateral Cataluña se encuentra ligeramente por debajo de la media del conjunto de regiones (y con el mismo valor que la mediana) y sobre todo por debajo de la capacidad de co-decisión que tienen los gobiernos subnacionales en los países federales. En este sentido, la conclusión es similar análisis anteriores: Cataluña está algo por debajo del nivel de autogobierno del resto de regiones en el conjunto de países analizados (self-rule), pero sobre todo se diferencia de los federales en su baja capacidad de condicionar (junto con el resto de Comunidades Autónomas) las decisiones del gobierno central. Dicho de otro modo: lo que más diferencia a Cataluña de los países federales no es tanto el nivel de autogobierno, como su limitada representación en el legislativo nacional y su menor capacidad de condicionar multilateralmente (coordinándose con el resto de regiones) la legislación estatal o la reforma constitucional.

Por último, el Índice de Autogobierno Regional en el resto de comunidades autónomas es igual que en Cataluña (23.5) excepto en País Vasco y Navarra (ambas obtienen un 25.5).

“Unidad, unidad” coreaban el domingo 21 de mayo los militantes que asistieron en Ferraz al primer discurso de Pedro Sánchez tras ganar las elecciones a la Secretaría General. El mismo grito se oyó entre los asistentes al Congreso de Podemos en Vistalegre II el pasado mes de febrero. Los militantes entienden que la unidad del partido es un síntoma de fortaleza y por eso la invocan. Y en ambos casos lo hacen en contextos donde se ha dado voz a la militancia. En este post voy a desarrollar una reflexión sobre la relación entre la unidad en los partidos, la democracia interna y el dilema entre dar voz a la militancia y conseguir el apoyo de los votantes. Lo haré destacando que, en el escenario actual de fragmentación partidista, la unidad interna se convierte en una cualidad más necesaria para la supervivencia.

Cuando aumenta la capacidad de control de los afiliados en la formulación de políticas o en la selección de líderes, el debate interno se intensifica y ello puede hacer que la unidad de discurso se debilite. Las divisiones ideológicas generan incertidumbre entre los votantes sobre cuál será la dirección de las políticas que el partido va a desarrollar. La unidad (como la disciplina de voto) permite que los ciudadanos perciban con claridad la posición de las formaciones en distintas políticas. Como ya hemos comentado en otros posts, esta claridad es necesaria para el control democrático, es decir, para que los votantes puedan premiar o castigar a los partidos en las elecciones. Los votantes también pueden interpretar las divisiones como un síntoma de debilidad y penalizar al partido dividido en las urnas.

Los efectos electorales de la división interna puede amplificar el dilema entre votantes y militancia. El dilema consiste en que los partidos políticos tienen que atender a estos dos colectivos, pero la relación no siempre es armoniosa y a menudo conseguir el apoyo se convierte en estrategias incompatibles. Esto ocurre cuando las consideraciones electorales que conlleva atender a los votantes se convierten en una estrategia inconciliable con una mayor rendicion de cuentas dentro del partido, es decir, a la militancia.

Sin embargo, no siempre el debate interno acaba profundizando el dilema entre militancia y electores. En su libro El control de los políticos, José María Maravall sostiene que la democracia interna puede mejorar el control del partido por parte de los votantes. Ello ocurre cuando el debate interno se convierte no en un síntoma de debilidad, sino en una fuente de información para los votantes sobre cuáles son las justificaciones que unos y otros utilizan para guiar las políticas del partido que está en el gobierno. En este caso, más democracia interna puede ayudar a que los votantes tengan un mejor conocimiento de las acciones del partido y, por lo tanto, a reforzar el control democrático.

En el contexto de fragmentación partidista como el actual, la claridad y previsibilidad que acompañan a la unidad partidista ganan relevancia. Cuando los pactos o coaliciones entre formaciones son necesarias para formar mayorías legislativas, la falta de unidad sobre la estrategias de pacto a seguir puede ser más dañinas para el partido, especialmente cuando aquella planea sobre los aspectos más esenciales, como la formación de coaliciones de gobierno.

¿Por qué el efecto de la falta de unidad es mayor? En un contexto con muchos partidos, el votante no puede saber con seguridad cómo se trasladará el apoyo a un partido en la formación de gobierno, pero puede hacerse una idea aproximada a través de lo que: a) el partido anuncie que va a hacer tras las elecciones (qué pactos apoyará) antes de que estas tengan lugar o b) acudiendo al “historial” pasado del partido (qué coaliciones formó en el pasado). Si la división interna acompaña o acompañó a esas decisiones (qué va a hacer o qué hizo), el apoyo que un votante se proponga otorgar a un partido contiene (en relación a cómo se traducirá en alianzas) mayores niveles de incertidumbre.

En el contexto de fragmentación partidista la unidad interna de los partidos está sometida a mayor presión. Cada proceso de negociación en las que los partidos tengan que llegar a acuerdos con otras formaciones pone a prueba la capacidad del partido de actuar como un bloque. Las divisiones internas son una forma de imponer costes de transacción que ralentizan la negociación y lastran la capacidad de partido de actuar unitariamente. Dicho de otra manera, las fisuras internas aguantan peor en un contexto de fragmentación como el actual porque existe una mayor exposición de los partidos al pacto y la negociación (con sus correspondientes líneas rojas y concesiones).

En definitiva, en el contexto actual la unidad interna no sólo es un bien más preciado. También más escaso.

En un año el optimismo de los votantes de Podemos ha caído significativamente. También se ha ampliado la brecha entre la satisfacción de los votantes del PP y de Ciudadanos, frente al mayor pesimismo entre quienes apoyaron al PSOE y UP

Aunque el último dato sobre intención de voto se haya interpretado como una buena noticia para UP y PSOE, la foto general es menos prometedora

Si el grado de la satisfacción con la situación política influye positivamente en la capacidad de movilización de los partidos, entonces el Partido Popular parece ir ganando por goleada

El congreso del PP y el de Ciudadanos han sido un paseo para los líderes de esos partidos, especialmente si se comparan con Vistalegre 2 o la división interna que puede dominar el próximo cónclave del PSOE. La tranquilidad de los primeros y el desasosiego en los segundos se corresponden con el estado de ánimo de sus votantes. Veamos qué ha pasado en el último año.

Hace un año, por estas fechas, las empresas demoscópicas escudriñaban el apoyo de la opinión pública a las distintas alianzas entre partidos y se hablaba de la posibilidad de que se formara un gobierno de coalición de izquierdas entre PSOE y Podemos. Pronto se vería que el acuerdo de la izquierda era posible, pero poco probable. En esos momentos todo estaba por hacer y en el ambiente pesaba la excitación de estar estrenando la legislatura del cambio. Se había inaugurado, al fin, un nuevo tiempo político que las encuestas llevaban anunciando desde principios de 2015 y que habían ratificado los resultados de las autonómicas de ese mismo año.

Visto retrospectivamente, y como suele ocurrir con acontecimientos que generan grandes expectativas, al final lo excepcional no fue el desarrollo de la propia legislatura, sino el tiempo que la precedió. Durante los meses previos a diciembre de 2015 no solo se produjo la mejora más pronunciada en la valoración de la situación política desde mitad de los años 90, según los datos del CIS. También aumentó el optimismo ciudadano sobre el futuro, a pesar de que la aparición de nuevos partidos abría un tiempo lleno de incertidumbres.

Lo que pasó después no era descartable siguiendo lo que se sabe en Ciencia Política sobre la relación entre la formación de gobierno y el grado de fragmentación parlamentaria. Pero para quienes esperaron un gran cambio con el nuevo panorama político significó que no habría colofón ni final feliz. Las políticas se perdieron entre la política: división interna en los partidos, negociación para la investidura, la interminable campaña electoral y, finalmente, en un callejón sin salida que duró hasta que finalmente que Mariano Rajoy fue investido como jefe del ejecutivo, en octubre del pasado año.

Como cabía esperar, la parálisis institucional se llevó por delante el optimismo ciudadano sobre la situación política del país. Y, aunque en general la valoración de la política ha mejorado desde la investidura de Rajoy, no lo ha hecho para todos los votantes. Si se compara la valoración actual de la situación política por grupos de electores con la que existía hace un año, destaca, sobre todo, la caída en el optimismo de los votantes de Podemos. También es de reseñar la brecha entre ambos lados del espectro ideológico, con el mayor distanciamiento entre la satisfacción de los votantes del PP y de Ciudadanos, frente al mayor pesimismo de los de la izquierda de PSOE y UP.

El barómetro del CIS de hace un año mostraba que el grupo de votantes de Podemos era el más positivo en su lectura sobre lo acontecido en los últimos doce meses (Gráfico 1) y, sobre todo, el más optimista sobre la situación política futura (Gráfico 2). El barómetro de Enero del 2017, en cambio, muestra que el porcentaje de votantes de Unidos Podemos que piensa que el futuro será mejor ha caído en casi treinta puntos y son los electores con la peor valoración de lo ocurrido durante el último año. Los votantes del PSOE también se han vuelto más pesimistas sobre lo que puede pasar en los próximos meses.

Gráfico 1. Valoración de la situación política retrospectiva (último año) según recuerdo de voto

Gráfico 2. Valoración de la situación política futura (próximo año) según recuerdo de voto

En cambio, los votantes del PP y de Ciudadanos han seguido una evolución distinta. Los electores del partido de Rivera tienen hoy una valoración de la situación política más parecida a los votantes del PP que la que tenían hace un año. Y los votantes populares son los más optimistas y los que cuentan con los mayores niveles de satisfacción con la situación política, con la evolución durante el último año y con el futuro político del país (Gráfico 3).

Gráfico 3. Valoración de la situación política según recuerdo de voto

Hace un año, por estas fechas, los votantes de los principales partidos veían el futuro con incertidumbre, pero con más optimismo que decepción. En la actualidad, eso no ocurre entre los votantes de UP y el PSOE. Y aunque el último dato sobre intención de voto se haya interpretado como una buena noticia para ambos partidos –UP porque no parece acusar en sus apoyos las divisiones internas y el PSOE porque se recupera ligeramente– la foto general es poco prometedora. Si el grado de la satisfacción con la situación política influye positivamente en la capacidad de movilización de los partidos, entonces el Partido Popular parece ir ganando por goleada.

Terminamos nuestros diálogos de cara a las elecciones del domingo

Sandra León y Lluis Orriols discuten hoy el fin del bipartidismo y los cambios en el sistema de partidos en España y Cataluña

Sandra León: En esta ocasión parece que las encuestas auguran un paso más en la crisis del bipartidismo, relegando al PSOE a tercera fuerza política. ¿Tú crees que realmente estamos ante el fin del bipartidismo o se trata de una crisis pasajera?

Lluis Orriols: Existen indicios de que efectivamente el bipartidismo se fue para no volver, al menos a corto o medio plazo. Los nuevos partidos se están consolidado y muy particularmente Podemos. Los vínculos entre Podemos y sus votantes son cada vez menos de tipo carismático y más de tipo programático o ideológico. El hecho de que su éxito electoral dependa cada vez menos de su líder es, creo, una muy buena noticia para los podemitas, pues eso sin duda les garantiza una mayor estabilidad y continuidad en el tiempo.

La supervivencia de los nuevos partidos también está en cierto modo garantizada por el conflicto generacional que se ha instalado en nuestro país en los últimos años. Si bien en las elecciones generales de 2011 jóvenes y mayores no votaron de forma muy distinta, hoy el mercado electoral está claramente segmentado según la edad. Mientras la mayoría de los jóvenes han dado la espalda a los partidos tradicionales, los mayores de 65 años siguen viviendo bajo la lógica del bipartidismo. No veo fácil que el PP y PSOE puedan recuperar ese voto joven que ya se está socializando bajo otra realidad política.

SL: De todas maneras, Lluís, lo que explicas parece indicar que sabemos de dónde venimos, pero no tanto hacia dónde vamos, es decir, qué tipo de sistema multipartidista se consolidará, es decir, si acabará estando dominado por tres o por cuatro partidos. Lo interesante del marco actual es que la fragmentación del sistema de partidos se caracteriza por tener cuatro partidos relativamente grandes y no está claro que todos ellos puedan sobrevivir teniendo en cuenta los rasgos mayoritarios de nuestro sistema electoral.

LLO: Esto es cierto, nuestro sistema electoral puede generar presiones a que algún partido acabe no sobreviviendo. ¿Crees que los partidos nuevos pueden acabar sucumbiendo en las circunscripciones más pequeñas?

SL: Más bien me pregunto si hay espacio electoral para que sobrevivan cuatro partidos con un tamaño similar al actual teniendo en cuenta que más de la mitad de las circunscripciones electorales en España son muy pequeñas (se eligen de 1 a 5 diputados) y en ellas el umbral efectivo para conseguir un escaño es de casi el 20%. Quizás en un sistema electoral con estas características uno de los cuatro partidos está condenado a ser irrelevante. Aunque esto es ahora es difícil de predecir, los votantes irán poco a poco aprendiendo sobre la correlación de fuerzas entre las cuatro principales formaciones y se irán coordinando alrededor de aquellas que aparezcan como viables electoralmente en cada distrito.

LLO: ¿Podrías hacer la apuesta de cuál será el más débil?

SL: En los distrito más pequeños, donde es más difícil conseguir escaños, el PSOE y el PP parten con cierta ventaja respecto a C's y UP porque se trata de partidos con una amplia penetración organizativa. Los nuevos partidos no han tenido suficiente tiempo para desplegar su aparato, aunque la estrategia de Podemos de unirse a las confluencias precisamente le permitió paliar la ausencia de estructura a partir de las alianzas, y su coalición con Izquierda Unida quizás le permita también llegar a provincias donde de otra manera hubiera sido imposible penetrar organizativamente. Quizás Ciudadanos es el partido que tiene el reto organizativo más importante para penetrar y estabilizarse en las zonas rurales.

De todas maneras, otro aspecto interesante sobre la evolución del sistema de partidos, además de su número, tiene que ver con las dinámicas de pacto entre ellos. De momento veo que hay muy poco solapamiento entre lo que puede ser aritméticamente posible y lo que es políticamente viable. Parece que tras el 26J, la política de pactos solo se vislumbra en forma de bloques. ¿Dónde queda la promiscuidad ideológica o el mestizaje?

LLO: Es cierto que el gobierno “mestizo” o del cambio que proponía Pedro Sánchez ha muerto. Al final la lógica izquierda –derecha se ha impuesto. En todo caso, creo que el principal escollo que existe actualmente para alcanzar pactos no es la incompetencia de nuestros políticos o la falta de cultura del pacto, como oímos con demasiada frecuencia. Esta conclusión es analíticamente pobre y perezosa, además de injusta.

En realidad tanto PP como PSOE tienen un largo historial de pactos de gobierno en gobiernos autonómicos y locales. El principal elemento que dificulta los pactos de gobierno es la inestabilidad del sistema de partidos. Los políticos no tienen claro qué escenario político les depara el futuro y anticipan –creo que acertadamente- que los pactos pueden tener importantes consecuencias para un electorado aún muy volátil. De no ser así, probablemente el PSOE no habría tenido tantos reparos en buscar algún tipo de acuerdo con, por ejemplo, el PP. La gran coalición es una fórmula perfectamente homologable a nuestro entorno europeo. Pero el problema es que si bien el SPD alemán no temió excesivamente por su posición hegemónica en la izquierda al decidir qué alianzas realizar, el PSOE sí tiene la intuición de que puede pagar muy caro ciertas compañías.

SL: La estabilidad progresiva de las bases electorales ayudará a disminuir las reticencias, aumentará la seguridad con la que pueden comprometerse, menos imprevisión sobre cómo reaccionarán sus votantes…

LLO: De todos modos, a pesar del terremoto político y electoral que ha sufrido nuestro país desde 2014, no deja de ser irónico que, al final, los nacionalistas catalanes y vascos hayan mantenido su posición de partidos bisagra.

SL: Sí, los partidos nacionalistas siguen estando ahí, y aritméticamente podrían seguir siendo relevantes, por ejemplo en proporcionar los escaños que falten para la aprobación de una coalición de izquierdas entre Unidos Podemos y PSOE. Sin embargo, pensando en los partidos nacionalistas catalanes – ERC y CDC – creo que su capacidad de pacto es mucho menor que en el pasado debido a la deriva soberanista en Cataluña. El apoyo de CiU al PP a la legislatura 1996-2000, por ejemplo, es algo impensable en estos momentos. Lo mismo ocurre con el PSOE y las tensiones internas que se generan en el partido cuando se plantea llegar a un acuerdo con ERC o CDC. Por lo tanto, aritméticamente seguirán teniendo un peso similar, pero políticamente tienen menos capacidad de forjar alianzas.

En todo caso, creo que la relevancia del tema de Cataluña va más allá del papel que jueguen los partidos nacionalistas en la configuración de mayorías y es mucho más interesante si miramos al ascenso de En Comú Podem en Cataluña. O, dicho de otra manera, de cómo el cambio en el sistema de partidos en Cataluña tiene un impacto en la configuración de fuerzas en el Congreso. La polarización en Cataluña alrededor de la cuestión sobre la independencia perjudicó a los partidos de posiciones intermedias (PSC y CSQEP) en las últimas elecciones en Cataluña. Lo interesante es que en las generales En Común Podem puede beneficiarse tanto de la relativa desmovilización de los quienes votaron a ERC o a CDC el 20D como del hecho de que representa un doble voto útil: el ideológico, que quiera evitar que gobierne el PP, alimentado por las expectativas de sorpasso de UP, y el territorial, como opción mejor posicionada para desencallar el conflicto en Cataluña.

LLO: Estoy de acuerdo, pero el triunfo de Podemos en Cataluña nos está señalando un posible cambio del escenario político catalán. Hasta ahora no había ninguna fuerza política capaz de atender las demandas del votante catalán “federalista” altamente desafecto con el statu quo. El PSC y por extensión el PSOE dejaron de ofrecer alternativas creíbles a ojos de esos votantes. La falta de terceras vías creíbles ha ayudado a que muchos de adhirieran al único proyecto que se presentaba como alternativo al statu quo, la independencia.

SL: Lluís, tenemos que dejarlo. Pero no me voy sin que me hagas un pronóstico de lo que va a ocurrir el domingo. 

LLO: Vale. Para la grabadora y te lo hago.

En los últimos meses, el creciente optimismo sobre la situación política se ha revertido

Los votantes de Podemos son los más convencidos de que el futuro será mejor que el presente

Los votantes populares siguen siendo los menos críticos con la situación política actual y los que se muestran más inciertos y pesimistas sobre el futuro

Al título de este post ya no hay que añadirle un “si hubiera elecciones”, la coletilla más frecuente en los análisis sobre el panorama político español desde hace varias semanas. Toda suerte de predicciones sobre el futuro político del país se completaba con dicho condicional y así los analistas se curaban en salud ante un posible acuerdo de gobierno de último minuto que finalmente se ha revelado imposible.

Ante el inminente escenario electoral cabe preguntarse cuál es el estado de ánimo de la opinión pública, tarea a la que dedicaré este post a través del repaso de la evolución de la valoración de la situación política. Tres son los principales apuntes: que el periodo postelectoral se ha llevado por delante la incipiente reconciliación con la política; que el capital político de Podemos se refleja en un electorado crítico con la situación actual pero optimista con el futuro, lo que podría facilitar su movilización electoral; y que los votantes del PP son los que mejor resisten al pesimismo en el contexto actual, aunque son más negativos con la situación futura. Si a dicha imperturbabilidad se añade el posible efecto positivo de la convocatoria de elecciones en sus expectativas futuras, los votantes del PP habrán superado el periodo postelectoral en relativa buena forma por lo que a su entusiasmo con la situación política se refiere.

a) Se trunca la reconciliación con la (situación) política

El periodo postelectoral se ha llevado por delante el incipiente optimismo sobre la situación política que emergió durante el 2015. Desde principios de ese año se había producido una caída significativa y continuada del porcentaje de ciudadanos que pensaba que la situación política era “Muy mala”. La tendencia se prolongó hasta final de año y además estuvo acompañada de un aumento del optimismo hacia el futuro, es decir, de un incremento del porcentaje de quienes pensaban que la situación política a un año vista sería mejor que la del presente (que pasó de un 15% de los entrevistados en diciembre del 2014 a un 23% un año después, según el CIS).

Sin embargo, los tres últimos barómetros del CIS (de enero a marzo) muestran un deterioro de la percepción sobre el contexto político. El cambio no es dramático, pero por primera vez desde hace casi un año el porcentaje de quienes valoran la situación como “Muy mala” supera al de quienes piensan que es “Mala” (ver Tabla 1). Además, el optimismo sobre el futuro ha caído en 6 puntos (hasta un 17% de los entrevistados). Como consecuencia, el divorcio entre la percepción de la situación económica y de la situación política se ha agrandado, pues la primera ha sido objeto de una mejora continuada desde principios de 2013, mientras que el estado de la opinión pública sobre el contexto político ha sido más variable.

Gráfico 1. Valoración de la situación política

b) Podemos mantiene cierto “capital político”

La capacidad de cada partido de movilizar a sus votantes será una de las cuestiones que determine el éxito relativo de cada formación y para ello los partidos tendrán que encontrar la manera de aclimatar su discurso y el relato de lo ocurrido durante estos últimos meses al estado de ánimo de su electorado. En este sentido, Podemos parte con cierta ventaja respecto al resto de partidos porque, aunque el pesimismo sobre la situación política ha aumentado entre sus votantes durante los últimos meses, éste coexiste con la percepción de que las cosas mejorarán en el futuro (ver Gráficos 2 y 3). Los votantes de Podemos no solo son los que retrospectivamente valoran mejor los cambios en el escenario político durante el último año, sino que están más convencidos que el resto de votantes de que el futuro será mejor que el presente. Ello no parece fruto del mayor optimismo de sus jóvenes o de la posición económica de sus votantes, pues las diferencias entre partidos se mantienen cuando mantenemos constantes estas características. Tampoco hay nada de “nueva política” en esta percepción más optimista, pues los electores de Ciudadanos son significativamente más pesimistas que los de Podemos, tanto cuando juzgan cómo ha cambiado la situación política durante el último año, como cuando evalúan el futuro.

c) El imperturbable votante del PP

Quizás porque los votantes del PP interpretan la valoración del contexto político del país como una manera indirecta de evaluar al gobierno, su visión de la situación política antes de las elecciones del 20D era más positiva que la del resto de votantes. Sin embargo, ni las dinámicas de negociación para formar gobierno, ni la decisión del PP de excluirse de ese proceso parecen haber hecho mucha mella en esas percepciones. A pesar de que su valoración ha empeorado, los votantes populares siguen siendo los menos críticos con la situación política actual (ver Gráfico 2), tal y como ocurría antes de las elecciones. A pesar de ello, se muestran más inciertos y pesimistas sobre el futuro que el resto de electores (Gráfico 3).

En definitiva, si se repiten las elecciones los votantes se enfrentarán a las urnas con algo más de pesimismo sobre la situación política del país, lo cual, en tanto que refleja cierto desánimo generalizado, puede afectar a la participación electoral, con diferencias interesantes entre partidos. Podemos todavía mantiene un electorado donde la mala valoración de la situación actual se compensa con una evaluación optimista tanto retrospectiva como hacia el futuro. Esto podría facilitar la construcción del relato sobre los últimos meses y la movilización de sus votantes. En cambio, los votantes populares son los menos pesimistas sobre el escenario político actual, aunque valoran más negativamente el futuro. Si además la próxima convocatoria de elecciones consigue animar las expectativas futuras de los votantes populares, éstos habrán acabado superando el periodo postelectoral sin que se haya mermado significativamente su valoración de la política.

Gráfico 2. Valoración de la situación política actual según recuerdo de voto el 20D

Gráfico 3. Valoración de la situación política futura según recuerdo de voto el 20D

Los europeos son en general más favorables a una interpretación generosa del derecho al asilo

En realidad, el pacto con Turquía solo puede comprenderse como el resultado de una forma de gobernar que, lejos de liderar a la opinión pública, sucumbe ante los vaivenes electorales de corto plazo

Los países de la Unión Europea han firmado unánimemente un acuerdo con Turquía con el que tratan de contener la llegada de refugiados a las costas de Grecia. El pacto ha provocado una mezcla de indignación y vergüenza en parte de la opinión pública y se han escrito docenas de artículos sobre el tema. Muchos de estos análisis han especulado sobre las posibilidades de éxito del acuerdo y sus consecuencias sobre el futuro de Europa, pero el tratamiento de sus causas ha sido generalmente algo más superficial, quedando resumido fundamentalmente en que el acuerdo protege el interés electoral de algunos gobiernos nacionales. Pero, ¿cuál es ese estado de la opinión pública sobre los refugiados que algunos gobiernos tanto temen contrariar?

De acuerdo con el argumento electoral, algunos de los gobiernos europeos, liderados por Alemania, impulsan el acuerdo con Turquía porque temen que la extrema derecha les gane terreno en las urnas si osan poner en marcha un plan que haga efectivo el derecho al asilo de miles de personas. El ascenso electoral de AfD (Alternativa para Alemania) en las pasadas elecciones regionales se ha interpretado como un rechazo de la opinión pública a la llegada de refugiados y ha reafirmado en sus temores al resto de partidos. Sin embargo, esta imagen de una Alemania contraria a las políticas de asilo no casa bien con las preferencias sobre refugiados e inmigración de sus ciudadanos.

El gráfico 1 muestra la opinión de la ciudadanía de 15 países europeos sobre las políticas de asilo según los últimos datos disponibles de la Encuesta Social Europea (2014). Tres conclusiones se extraen de los datos: la primera es que, al menos para el conjunto de países de la muestra, los ciudadanos son más favorables a una interpretación generosa del derecho al asilo (41%) que desfavorables (30%).

La segunda es que en Alemania el porcentaje a favor se sitúa ligeramente por debajo de la media europea, pero sigue siendo superior al de quienes están en desacuerdo.

Por último, la opinión pública de otro de los socios con más peso, Francia, se muestra claramente a favor de una interpretación generosa del estatus de refugiado. Aunque el temor de Francia frente al auge del Frente Nacional es otro de los argumentos utilizados para explicar la aceptación por parte de Hollande del acuerdo con Turquía, casi tres de cada cinco franceses eran favorables en 2014 a una interpretación amplia del reconocimiento de la condición de refugiado.

Gráfico 1. Grado de acuerdo con la siguiente frase: “El Gobierno debe ser generoso a la hora de juzgar las solicitudes de quienes pidan el estatus de refugiado”.

Es posible que lo que de verdad teman los gobernantes europeos en esta crisis migratoria sea la reacción de una ciudadanía que, aunque simpatice con los refugiados, tiene actitudes menos positivas hacia la inmigración en general. En el gráfico 2 se presenta el porcentaje de ciudadanos que en 2014 afirma que permitiría la llegada de “muchos o algunos” inmigrantes pobres de países de fuera de Europa (el porcentaje hasta llegar a cien, no mostrado en el gráfico, es la suma de quienes contestan “pocos o ninguno”).

En promedio, la población en estos países se muestra dividida sobre dicha cuestión, aunque en Alemania el 67% de ciudadanos es favorable a la entrada de inmigrantes pobres de países fuera del entorno europeo. Este porcentaje ha aumentado considerablemente desde el 2008 y lo mismo ha ocurrido, con distinta intensidad, en otros países de la UE (incluyendo España, Francia e Italia), como puede observarse en el Gráfico 3.

Gráfico 2. Debería permitirse la entrada de (muchos, algunos, pocos, ninguno) inmigrantes pobres de países fuera de la Unión Europea (2014)1 (Porcentaje de muchos + algunos)

Gráfico 3. Debería permitirse la entrada de (muchos, algunos, pocos, ninguno) inmigrantes pobres de países fuera de la Unión Europea (2008 y 2012)2 (Porcentaje de muchos + algunos)

En definitiva, el repaso a la opinión pública europea sobre refugiados e inmigrantes sugiere cierta distancia entre el tipo de acuerdo con el que los gobiernos de la UE pretenden gestionar la crisis migratoria acordada en Europa y las actitudes de los ciudadanos ante las políticas de asilo. Aunque los datos son anteriores a la crisis de refugiados y en la muestra de países analizada no están todos los miembros de la UE, del conjunto sobresale una mayoría relativa más favorable a una interpretación generosa del derecho de asilo que opuesta a dicha interpretación. Tampoco parece que haya lugar para un discurso catastrofista sobre la deriva xenófoba de la opinión pública europea en relación con la inmigración extracomunitaria, pues se mantiene relativamente estable desde 2008.

Por último, tanto Francia como Alemania contaban en 2014 con una opinión pública más favorable que contraria a los refugiados y a la inmigración extracomunitaria. Esto significa que el pacto con Turquía solo puede comprenderse como el resultado de una forma de gobernar que, lejos de liderar a la opinión pública, sucumbe ante los vaivenes electorales de corto plazo.

NOTAS

1 El porcentaje hasta llegar a cien, no mostrado en el gráfico, es la suma de quienes dicen “pocos o ninguno”.

2 El porcentaje hasta llegar a cien, no mostrado en el gráfico, es la suma de quienes dicen “pocos o ninguno”.

La explicación

orgánica

daría sentido a la rebeldía de los líderes territoriales. Pero también cabe una explicación

electoral

: que los barones anticipen los costes electorales de tener un gobierno de coalición que disguste a los votantes de su región

Los debates internos en el PSOE durante las últimas semanas han generado casi tanto interés informativo como la sucesión de encuentros y desencuentros entre los distintos partidos en su intento de conseguir una mayoría de apoyos para formar gobierno. Ello se explica por la insólita reacción de los barones socialistas ante el mapa parlamentario surgido tras el 20D. A tan solo una semana del paso por las urnas, los barones socialistas (fundamentalmente Andalucía, Aragón, Castilla- La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura) marcaron la hoja de ruta de las negociaciones a su secretario general antes de que éste diera el primer paso para entablar conversaciones con el resto de partidos. El PSOE se arrancaba en el nuevo escenario político con un lastre propio, además del derivado de la complejísima aritmética parlamentaria surgida tras las elecciones.

Atarse de manos antes de empezar a negociar no es la mejor manera de intentar formar una coalición que te permita ganar la investidura, a no ser que en realidad no estés interesado en el acuerdo y tus motivaciones sean otras. Este es el argumento utilizado por quienes interpretan la reacción de los líderes territoriales como una estrategia destinada a debilitar el poder interno de Pedro Sánchez de cara a su eventual sustitución en un futuro Congreso. La explicación orgánica daría sentido a la rebeldía de los líderes territoriales. Pero también cabe una explicación electoral: que los barones estén anticipando los costes electorales de tener un gobierno de coalición que se aleje de las preferencias de los votantes de su región. En concreto, dos son los elementos a tener en cuenta: las preferencias por coaliciones en las distintas Comunidades Autónomas o sus preferencias territoriales (una manera indirecta de medir la opinión de los votantes sobre la exigencia de Podemos de celebrar un referéndum en Cataluña).

El último dato disponible del CIS que permite indagar sobre las preferencias de los votantes respecto a la composición del gobierno tras las elecciones generales es el barómetro de julio. Hay que leer los datos con cierta cautela porque no se trata de una muestra representativa por regiones, aunque tengan cierta utilidad para capturar tendencias. Como puede observarse en el gráfico 1, en casi todas las Comunidades Autónomas la primera preferencia de los ciudadanos es una coalición entre Podemos y PSOE. Sin embargo, las regiones lideradas por los barones territoriales díscolos con Pedro Sánchez coinciden en una cosa: la coalición Podemos y PSOE no es la primera preferencia de sus ciudadanos. En Andalucía lo es que gobierne el PSOE en solitario y en Castilla la Mancha y Extremadura es que gobierne el PP en solitario, aunque a muy poca distancia de la coalición Podemos-PSOE.

Gráfico 1. Preferencias sobre formación de gobierno tras las elecciones generales

Las preferencias de los ciudadanos en Castilla la Mancha y Extremadura sobre coaliciones están divididas y son ideológicamente opuestas. Ello explica seguramente por qué los representantes en esas CC.AA. han preferido gobernar en minoría en sus regiones (con al apoyo de Podemos) que formar un gobierno de coalición con el partido de Pablo Iglesias que pudiera limitar su capacidad de atraer al electorado más moderado.

La motivación electoral de los barones socialistas en Extremadura y Castilla- La Mancha también cuadra con las preferencias de sus ciudadanos sobre la cuestión territorial. Los votantes en esas comunidades autónomas son más centralistas que en el resto, como se muestra en el gráfico 2, por lo que la aceptación de un referéndum en Cataluña o cualquier otra medida que pueda ser interpretada como una concesión a los nacionalistas generaría el rechazo de los electores. La misma explicación podría valer para el líder territorial de Aragón, Javier Lambán. Aunque la alianza Podemos y PSOE es la primera preferencia en esa región, es posible que el temor provenga de la cuestión territorial (referéndum o “concesiones” a los nacionalistas). Aragón es, junto con Castilla y León, la región donde más ciudadanos apuestan por un modelo territorial centralizado sin Comunidades Autónomas.

Gráfico 2. Preferencias sobre la organización territorial por región

Finalmente, estas dos explicaciones no están tan claras para comprender el distanciamiento de Ximo Puig, líder de los socialistas en la Comunidad Valenciana, de su secretario general, por lo que cabe pensar que su reacción tiene una lógica más orgánica. Sobre todo porque en esa comunidad los ciudadanos son muy favorables a la coalición entre Podemos y PSOE: es la primera preferencia a más de 13 puntos de ventaja sobre la segunda (que gobierne el PP en solitario).

Por último, ¿sería una buena estrategia para Pedro Sánchez sortear a los barones acudiendo a las bases para refrendar cualquier acuerdo? La militancia de los partidos suele caracterizarse por tener posiciones menos moderadas (ideológicamente) que quienes participan en los órganos de dirección o de representación. Además, la ideología media del votante del PSOE está a la izquierda (3,7) de la ideología que sus votantes atribuyen al partido (4,1), aunque paradójicamente, cuando se les pregunta a los parlamentarios socialistas cuál es su ideología, estos se ubican más a la izquierda que sus propios electores (3,3) [1]. Pedro Sánchez acertará en su estrategia si, como así parece, confía algo menos en cómo se definen ideológicamente sus compañeros de partido que como son percibidos por sus votantes.

[1] Encuesta 2827 CIS.

El PSOE sigue siendo el partido que más se parece a los españoles, incluso en la cuestión territorial

A pesar de esto, la polarización territorial y la percepción que tienen los ciudadanos de que el PSOE no gestiona bien este asunto lo convierten en un tema peliagudo para el PSOE en la campaña

Este artículo es el quinto de la serie conjunta sobre el 20D con nuestros amigos de Politikon. Hoy escribimos a la par que Roger Senserrich sobre la cuestión territorial. Seguimos también en las redes (#20DPolitikonPdP).Politikon

Si Pedro Sánchez le preguntara al espejo de la madrastra de Blancanieves si su partido es el más parecido a los ciudadanos del Reino, la respuesta sería afirmativa. Si se atreviera a preguntarle si esa virtud le ayudará a ganar las elecciones, el espejo seguramente le contestaría que no (o quizás le recomendara leer este post). En este cuento de Blancanieves adaptado a la campaña electoral los datos no son fabulados, porque el partido más parecido ideológicamente a la sociedad española sigue siendo el PSOE. Si vamos a algo más específico como la cuestión territorial, los votantes socialistas también son, a día de hoy, quienes más se parecen al conjunto de la ciudadanía si tomamos como referencia el promedio de respuestas sobre el modelo territorial preferido, como puede verse en el gráfico 1 con los datos de la última encuesta preelectoral del CIS.

Gráfico 1. Preferencias por la organización territorial del Estado según partido (voto+simpatía)

La paradoja es que, a pesar de esta sintonía con los españoles, este es un asunto electoralmente peliagudo para el PSOE. En primer lugar, el PSOE no es percibido como el partido más capaz de gestionar el Estado Autonómico: lo es el PP por una ligera ventaja y, lo que es más importante para esta campaña, Ciudadanos aparece como el partido mejor valorado para gestionar el problema territorial entre los votantes de centro.

En segundo lugar, ser el partido más parecido al electorado es una ventaja si la distribución de los votantes se concentra alrededor de las posiciones de centro, sea en la cuestión territorial o en la ideología. El problema es que las preferencias sobre la cuestión territorial en España se han polarizado progresivamente desde el estallido de la crisis económica: ha aumentado el porcentaje de quienes preferirían que se recentralizara el Estado y se ha incrementado el número de ciudadanos que apuestan por un Estado más descentralizado. Esta polarización se puede observar en la tabla 1 y ha sido tratada en otros posts de Piedras de Papel. La variación entre Comunidades Autónomas es considerable: en las más recentralizadoras, como las dos Castillas y Aragón, más de un 30% querría tener un único gobierno central sin autonomías. En Cataluña y País Vasco un 42% y 33% respectivamente de la opinión pública prefiere un Estado en que las CCAA puedan ser independientes.

Tabla 1. Preferencias por organización territorial 2010 y 2015

En este contexto más polarizado, la posición del PSOE en la cuestión territorial se complica. La polarización convierte en insoslayable un dilema clásico en la izquierda sobre la cuestión territorial entre un alma jacobina que teme que la autonomía territorial derive en desigualdades territoriales y la de quienes conciben la descentralización del poder como una profundización de la democracia. Esta dualidad, largo tiempo gestionada por el PSOE través del tándem organizativo y electoral del PSC y el PSOE, se ha vuelto difícilmente sostenible cuando los barones territoriales del partido responden a electorados con preferencias muy diversas. Además, mantener un discurso a la vez preciso y cohesionado resulta más complicado desde la oposición, cuando no se dispone de los fondos de la administración central ni de la financiación autonómica con los que engrasar la colaboración interterritorial.

A mi juicio, estos dos problemas explican la cada vez menos diferenciada posición del PSOE respecto a la cuestión territorial. El PSOE no tiene ningún incentivo a activar este asunto en campaña porque es probable que acabe perdiendo votos hacia los partidos que tienen una posición menos centrada. Es lo que le pasó a PSC y a En Comú Podem en las pasadas elecciones catalanas. Y es lo que, en sentido contrario, le podría haber ocurrido al PSOE si el tema catalán hubiera predominado más de durante la campaña, cosa que no ha hecho. Según la empresa MyWord, los ciudadanos creen que el tema de Cataluña es el que ha tenido menor peso en la campaña. Además, quienes dudan entre PSOE o Podemos y PSOE o Ciudadanos no son muy distintos de los votantes del PSOE en la cuestión territorial y en cambio sí lo son en en la ideología (puede verse en el gráfico 2). En definitiva, el PSOE sigue siendo el partido más parecido al conjunto de la ciudadanía, pero en un entorno polarizado respecto a la cuestión territorial no existe ningún incentivo para hacer de Cataluña el eje central de los últimos días de la campaña. Y ello a pesar que los socialistas podrían jugar un papel esencial en la gestión del conflicto en Cataluña durante la próxima legislatura.

Gráfico 2. Media ideológica (1-10) y sobre preferencia organización territorial (1-5) según voto

Nota: Las categorías de la variable “organización territorial” son: 1“Un único gobierno central sin autonomías” 2“Menos competencias a las CCAA” 3“Un Estado Autonómico como el actual” 4“Más competencias a las CCAA” 5“Un Estado donde las CCAA pudieran ser independientes”

1. La batalla por el centro

Como en todas las elecciones, una de las batallas principales se dará en centro. Todo apunta, si la estimación del CIS se cumple, que por primera vez pasará en España algo de lo que ya hablábamos en nuestro libro “Aragón es nuestro Ohio”: el partido ganador en el centro no ganará las elecciones. Ciudadanos aparece ahora como el partido con más intención de voto y simpatía en el centro, seguido de cerca por el PSOE. El PP solo sería tercero, a distancia notable. El centro izquierda, parece, en cambio, feudo del PSOE. Podemos (incluimos en este gráfico y el resto de intención de voto sus coaliciones regionales) era hasta ahora quien le podía disputar votos en ese espacio, pero, a medida que se acercan las elecciones, Ciudadanos muestra indicios de poder obtener ahí algo de apoyo. El centro derecha es donde empieza el coto del PP, aunque Ciudadanos consigue ser bastante más competitivo aquí que en el centro izquierda. En general, Ciudadanos es el único que consigue pescar en las dos orillas del centro.

2. Ideologías de votantes y partidos

En el siguiente gráfico, mostramos la media ideológica de los ciudadanos que manifiestan intención de votar o simpatía por los cuatro partidos con más posibilidades de gobernar, junto con la posición media de los partidos según la opinión de los ciudadanos (en una escala de 1 –izquierda- a 10-derecha).

Varias cosas llaman la atención de cara a las próximas elecciones. Primero, en conformidad con el gráfico anterior, el votante más centrista es el de Ciudadanos. De hecho, la posición de sus votantes está ligeramente más centrada que en el barómetro de octubre pasado del CIS. No obstante, esto contrasta con que los españoles sitúen al partido en la derecha. Incluso esos mismos votantes centristas que se sitúan en el 5 de la escala ideológica, lo sitúan en media en el 6.07.

Por otro lado, la entrada de Ciudadanos en el centro ideológico tiene el efecto de desplazar a los electorados de PP y PSOE. Los votantes del PSOE son ahora más izquierdistas que en el pasado (3,88). Los votantes del PP ahora están muy a la derecha (7). El PP arrasa entre los que se ubican en el 6 o más en la escala ideológica, pero apenas le quedan votantes fuera de ese espacio. Las percepciones de los españoles, en cambio, varían. Al PSOE se le percibe más centrado que sus votantes, mientras que al PP se le percibe como un partido aún más extremo que sus votantes.

Por último, algo parecido le ocurre a Podemos. El votante de Podemos está en la izquierda, pero no es tan distinto del votante del PSOE en términos de ubicación ideológica (de hecho, el votante del PSOE está más cercano al de Podemos que al de Ciudadanos). En cambio, los ciudadanos lo perciben más escorado, colocándolo muy a la izquierda.

3. La brecha generacional es también electoral

Una de las batallas más marcadas en estas elecciones es la generacional. Lo podemos ver en los siguientes gráficos. El primero es el porcentaje de intención de voto y simpatía por los distintos partidos separado por grupos de edad. En el segundo nos fijamos más en concreto en los jóvenes que votan por primera vez, aquellos que no tenían edad para hacerlo en las elecciones de 2011. Como se puede comprobar, Podemos es el partido más exitoso entre los menores de 35 con cierta diferencia frente al resto. Su posición es muy prevalente. Ciudadanos, el otro partido emergente, es la segunda opción para los más jóvenes y llega a ser la opción más preferida en el grupo siguiente (35 a 44 años). El PSOE y el PP, en cambio, son más exitosos con los votantes más mayores. De hecho, el PP, que todo apunta a que ganará las elecciones, es tan solo el cuarto entre los votantes menores de 45 y solo llega a ser más votado entre los mayores de 65. Este envejecimiento tan marcado del electorado que podría ser primera fuerza es muy novedoso.

Estos gráficos son relevantes, en nuestra opinión, por dos razones. En primer lugar, hacen muy visible algo que ya hemos comentado en este blog en varias ocasiones. En España existe una fractura generacional, larvada durante años, y que finalmente está emergiendo en términos electorales. La segunda razón es porque anuncian que la transformación del sistema de partidos que estamos experimentando no parece que sea flor de un día. Los nuevos partidos están aquí para quedarse. Los estudios de comportamiento electoral muestran que los ciudadanos tenemos a desarrollar vínculos con los distintos partidos en nuestras primeras elecciones y esto es una garantía para su supervivencia.

4. Indecisos

Un 41% de los votantes no han decidido su voto todavía y, como puede observarse en el gráfico 5, el mayor porcentaje de indecisos incluye a quienes dudan entre votar al PP o a Ciudadanos, seguidos del grupo que duda entre Ciudadanos y el PSOE. La indecisión, cuando se cruza por edad (ver gráfico 6) muestra que las combinaciones menos intuitivas, a tenor de la distancia ideológica -los pares C’s/Podemos y PP/PSOE- tienen un corte generacional: los jóvenes dudan entre partidos nuevos y los mayores dudan entre los tradicionales. La división generacional también se manifiesta en los indecisos entre el PSOE y los nuevos partidos. Quienes dudan entre PSOE y Podemos son más jóvenes que quienes dudan entre PSOE y Ciudadanos. La brecha generacional puede ser especialmente importante para el PSOE, porque los votantes socialistas de 2011 que ahora están indecisos se dividen respecto a cuál es el aliado ideal para el PSOE: 20,8% preferiría a Ciudadanos y un 18,9% preferiría a Podemos.

5. Rechazo a las mayorías absolutas

Ya hemos comentado en otros artículos del blog que, en España, los ciudadanos prefieren que gobiernen varios partidos en coalición a que gobierne una sola formación política. Cuando se pregunta a la opinión pública qué es mejor para le democracia, la respuesta es que los gobiernos de coalición son mejores que los de un solo partido. Pues bien, la encuesta pre-electoral del CIS ofrece datos en esa misma dirección: más de la mitad de los ciudadanos rechaza las mayorías absolutas. Un 58,2% de los entrevistados preferiría tener un gobierno sin mayoría absoluta mientras un 33% apoya un gobierno con mayoría absoluta. Si comparamos los datos de ahora con los de la encuesta pre-electoral del 2011 vemos que existe una clara preferencia por cambiar lo que hemos conocido hasta ahora: el porcentaje de quienes apoyan gobiernos sin mayoría absoluta ha crecido casi en trece puntos. En la actualidad, solo uno de cada tres ciudadanos prefiere quedarse con los gobiernos que controlen más de la mitad de los escaños en el parlamento. Quienes son más reacios a acabar con las mayorías absolutas coincide con el perfil de los votantes menos atraídos por los nuevos partidos (baja formación, mujeres, o individuos mayores de 65 años). Por lo tanto, nada indica que la opinión pública de este país no esté preparada para abordar la fragmentación del sistema de partidos que se anticipa al comienzo de esta campaña.

6. Las fortalezas del PSOE no consiguen compensar sus debilidades. Ciudadanos toca todos los palos (de políticas)

Los ciudadanos suelen percibir una ventaja comparativa en el PP respecto al PSOE en su capacidad para gestionar la economía. Incluso en las épocas de bonanza económica, durante la primera legislatura de Zapatero, el PSOE solo consiguió empatar o mejorar muy ligeramente su posición como gestor económico respecto al PP. En cambio, el PSOE es percibido como partido más capacitado en las políticas sociales, en educación, sanidad e igualdad. ¿Se mantiene la ventaja comparativa del PSOE sobre el PP? La encuesta preelectoral del CIS muestra que el PP es percibido como el más capaz para los temas relacionados con la economía, la seguridad y la política exterior (incluida la Unión Europea). El PSOE, en cambio, es el mejor valorado en educación, sanidad, política social, vivienda e igualdad. Ambos partidos aparecen como formaciones “especializadas” en ciertas áreas, algo que ocurre en menor medida con los nuevos partidos. El problema para los socialistas es que la ventaja que saca al PP en las políticas de bienestar es menor que la que saca el PP al PSOE en el resto de temas. Dicho de otra manera: para el PSOE, ser percibido como el mejor partido para las políticas de bienestar no compensa la ventaja del PP en los temas económicos.

Siguiendo con el análisis del gráfico, la manera en la que los ciudadanos valoran la capacidad de los nuevos partidos políticos en distintas políticas se corresponde, en cierta medida, con el espacio ideológico que ocupan: Podemos, situado en la izquierda, resulta mejor valorado en las políticas sociales que en las políticas económicas. En cambio, los ciudadanos creen que la capacidad del partido de Albert Rivera se encuentra, sobre todo, en la economía y el empleo. Lo interesante de los datos es ver cuán de trasversales son las fortalezas de cada partido. Podemos aparece como un partido más capacitado en ciertas políticas, fundamentalmente la política social y la vivienda. Por el contrario, la valoración de la capacidad de gestión de Ciudadanos varía poco entre políticas. Se trata, por lo tanto, de un partido más equilibrado o transversal respecto a sus fortalezas. ¿Es esto una ventaja o un inconveniente? Quizás, de cara a la campaña electoral, esto representa más bien una ventaja, porque no hay ningún tema donde Ciudadanos “pinche” clamorosamente. Pero también es cierto que si Podemos hace una campaña muy centrada en aquellos asuntos en los que es percibido como más capacitado, puede tener un efecto movilizador.

7. Ciudadanos conquista al votante moderado en empleo y Estado Autonómico

Ciudadanos es el partido más popular entre los votantes de centro (situados en el 5 de la escala ideológica) seguido del PSOE. ¿Qué encuentra atractivo el votante moderado en cada uno de los partidos? Si la campaña electoral se centrara en las cuestiones sociales, el PSOE sería el partido mejor parado entre los votantes de centro, porque es percibido con claridad como la formación más capaz de gestionar los temas relacionados con las políticas sociales y de bienestar. Sin embargo, resulta llamativo que Ciudadanos, un partido con poca experiencia de gobierno, sea percibido como el más capacitado (ligeramente por encima del PSOE y del PP) para gestionar dos temas seguramente importantes durante la campaña electoral: el empleo y la cuestión territorial. Además, otra ventaja de Ciudadanos es que, a diferencia del PSOE, no es percibido como un partido más “especializado” en unos temas que en otros (sí ocurre con el PP y con el PSOE).

Aparentemente, si nos fijamos solo en los datos más repetidos, la última encuesta del CIS trae relativamente pocas novedades. Sin embargo, el barómetro contiene información muy valiosa sobre las tendencias de la opinión pública, que nos ayudarán a entender mejor el próximo proceso electoral. Hay quien podría considerar que la fotografía tomada por el CIS hace ahora un mes y publicada ayer ha quedado desfasada en un contexto en el que el conjunto del electorado parece estar evolucionando deprisa. Sin embargo, en un barómetro siempre hay mucho más que la imaginaria foto finish. Resulta muy útil analizar la evolución de los últimos meses y ver qué movimientos se han producido en la opinión pública, ya que éstos nos pueden dar pistas de lo que de verdad puede pasar de aquí a las elecciones.

El último barómetro del CIS coincide en su cuadro final con las encuestas publicadas más recientemente, aunque con algunos matices. Por una parte  proyecta una imagen de la opinión pública española en la que Ciudadanos se encuentra en Ascenso –el CIS lo sitúa por primera vez como tercer partido con mayor potencial de votos- y Podemos en retroceso. En esto se alinea con otras encuestas realizadas por las mismas fechas (la del CIS se hizo entre el 1 y el 12 de octubre). En lo que no hay acuerdo en las encuestas es en cómo de ajustado está el pulso entre las diferentes fuerzas políticas. De acuerdo con el CIS, el PP (29,1% del voto estimado) y el PSOE (25,3%) se situarían a una holgada distancia de Ciudadanos (14,7%), Podemos (10,8%) e IU (4,7%). Por el contrario, la encuesta realizada por Metroscopia para El País en octubre, situaba al PSOE (23,5%), PP (23,4%) y Ciudadanos (21,5%) como tres actores en un primer nivel de disputa electoral y por detrás de ellos a una significativa distancia a Podemos (14,1%) e IU (5,6%). Las encuestas están de acuerdo en que UPyD tiene pocas posibilidades de conseguir representación parlamentaria.

A continuación visitamos seis cuestiones que nos parece que merecen atención, a partir de la comparación de esta encuesta con las encuestas trimestrales del CIS que la han precedido.

Indecisos en aumento

Los partidos políticos confían en el efecto que tienen las campañas electorales para convencer a los indecisos y movilizar hasta el último votante posible. Y en esta recta final del 20-D, parece que se van a tener que emplear a fondo, pues, con la cercanía de la cita con las urnas, lejos de haber disminuido el porcentaje de electores que no saben a quién votar, ha aumentado. Es más, con el 22,2% de indecisos, se registra ahora la mayor cifra de los últimos cuatro años (gráfico 2). Frente al aumento de los que no saben qué votar, ha disminuido el porcentaje de los que optarían por no votar. Ambos, indecisos y abstencionistas, suman un nada desdeñable 32% del electorado.

Por votantes, los que más indecisos se muestran actualmente son los del PP (21,2%).

Gráfico 2.  Evolución del porcentaje de indecisos y abstencionistas potenciales en elecciones generales. Serie CIS (enero 2012-octubre 2015)

Cambios en “no le votaría nunca”

Algunos barómetros del CIS además de darnos información sobre la intención de voto o el nivel de simpatía de los ciudadanos hacia los partidos, nos permiten identificar el grado de rechazo que éstos últimos cosechan entre los encuestados.

En una escala de 0 a 10 tienen la oportunidad de expresar con qué probabilidad votarían a cada uno de los partidos, siendo 0 “con toda seguridad, no les votaría nunca” y 10 “con toda seguridad, le votaría siempre”. El gráfico 3 muestra la evolución desde octubre de 2014 a octubre de 2015 del porcentaje de encuestados que han elegido la opción 0, es decir, que creen que nunca votarían al partido en cuestión.

Las tendencias saltan a la vista. El POSE sigue siendo el partido que menos rechazo suscita. En el transcurso de un año, ha disminuido el nivel de rechazo en 7 puntos, pasando del 42% al 36% los encuestados que les niegan con toda seguridad el voto.

Gráfico 3. Evolución del voto negativo en el barómetro del CIS

Por el contrario, el PP continúa siendo el partido que, a la luz de los datos, acumula el mayor porcentaje de votantes dispuestos a rehuirles sin ninguna duda. El 52% de los encuestados declara que, con toda seguridad, nunca votaría a los populares. No obstante, el PP mejora bastante respecto a octubre de 2014, cuando cosechaba un nivel de rechazo del 60%. Además, no hay que olvidar que este partido se sitúa como la primera fuerza política en voto estimado. Y ello a pesar de que casi 8 de cada 10 ciudadanos desconfían de Rajoy y de que casi 6 de cada 10 valoran de forma negativa la gestión realizada por su gobierno.

Por otra parte, el PP ya no está solo en el podio, pues ahora comparte el puesto de “el partido más rechazado” con Podemos. La formación morada, de acuerdo a la tendencia marcada por esta pregunta, es la que peor ha evolucionado en los últimos 12 meses. El porcentaje de encuestados que indican no tener ninguna intención de votarles ha pasado del 42% al 52%. Ciudadanos, por su parte, ha recorrido el camino inverso: ha visto como el porcentaje de encuestados que les negaban con toda seguridad el voto ha caído en más de 15 puntos, pasando del 55% al 40%. Ahora, junto al PSOE, el partido naranja es de los que generan menos rechazo.

“Ferraz, tenemos un problema”

Si la victoria del PSOE dependiese de su líder, Ferraz estaría en apuros. Pedro Sánchez tiene que competir contra Podemos por la izquierda, con Ciudadanos por el centro y con el PP como principal rival en términos de “partido de gobierno”. Pero el nivel de confianza no aparece por ninguno de estos flancos. Cuando se le pregunta a los ciudadanos si el líder de la oposición les inspira confianza sólo el 17% contesta que “mucha” o “bastante”, mientras que el 77% dice que “poca” o “ninguna”. Aunque lo problemático para los socialistas seguramente sea ver que entre sus antiguos votantes menos de la mitad (un 40%) declaran sentir bastante o mucha confianza por Sánchez, mientras que más de la mitad (55%) no se sienten entusiasmados con el Secretario General (gráfico 4).

El diagnóstico es aún más preocupante para Ferraz si nos detenemos en el mismo dato para todos aquellos encuestados que se auto-posicionan en el espacio ideológico al que principalmente se dirige el PSOE (entre el 3 y el 5). Redondeando para arriba -a su favor-, sólo 3 de cada 10 votantes del 3 o el 4 de la escala ideológica indican que Sánchez les inspira bastante o mucha confianza. 7 de cada 10 poca o ninguna. En el centro -en el 5-, la proporción de encuestados que tiene bastante o mucha confianza en él se queda en 1 y 1/2 de cada 10. Y el 78% del votante de centro confía poco o nada en él.

Gráfico 4. Confianza en Pedro Sánchez  (Escala de ideología 1-10, donde 1 es extrema izquierda y 10 es extrema derecha).

Dónde se sitúan los partidos en el mapa ideológico

El mapa mental que los ciudadanos tienen respecto al posicionamiento ideológico de los partidos es claro y ha cambiado poco en el último año. A ojos de los españoles, el sistema de partidos que se nos presenta en las próximas elecciones está compuesto fundamentalmente por un partido ubicado en la izquierda (Podemos), un partido de centroizquierda (POSE), un partido de centroderecha (Ciudadanos) y un partido de derechas (PP).

Sin entrar a discutir sobre lo apropiado o no de estas categorías, lo que vale la pena destacar de los barómetros del CIS es que nos permiten comparar cómo ha evolucionado la posición media que los encuestados dan a los partidos en la escala ideológica.

Según estos datos, el PP no se ha movido, clavado en una posición media de 8.2 (gráfico 5). El PSOE se ha movido apenas a la izquierda, sólo 2 décimas en lo que va de octubre de 2014 a octubre de 2015, pasando del 4.6 al 4.4 de la escala.

Podemos sigue siendo percibido como un partido muy alejado del centroizquierda. La posición media otorgada al partido morado era 2.4 y, ahora, también con pequeño movimiento a la izquierda, de 2.2. Respecto a Ciudadanos, nos encontramos que a medida que ha ido ganando nivel de conocimiento por parte de los votantes, la ubicación ideológica ha evolucionado del centro al centroderecha. En menos de un año se ha movido un punto en la escala, del 5.3 al 6.3. Un movimiento nada despreciable teniendo en cuenta que este tipo de percepciones cambian poco y de forma muy lenta.

Gráfico 5. Ubicación ideológica de los partidos según lo perciben los ciudadanos. CIS (octubre 2014 y octubre 2015)

Ciudadanos logra seducir al electorado de centroizquierda

Cerca de ocho millones de electores se sitúan ideológicamente en el centroizquierda. Se trata de una importante bolsa de votos para los partidos. Hasta ahora, además, la fuerza política que ha ganado las elecciones generales ha sido también la más votada en este grupo de electores. Si bien, esto puede cambiar ya que la incógnita se centra ahora en saber cómo se repartirá o fragmentará el voto de estos electores con cuatro jugadores principales en el tablero de la competición y no dos.

Desde un punto de vista estratégico, Ciudadanos necesitaba atraer a los electores de centro izquierda para crecer. Y parece que, a pesar del alto porcentaje de indecisos que hay en este grupo, lo está consiguiendo. Ahora, el partido naranja se ha convertido en la fuerza política que lograría más apoyos en este electorado, en detrimento del PSOE que en julio mantenía una ligerísima ventaja (gráfico 6). La formación liderada por Albert Rivera habría conseguido seducir al electorado de centroizquierda, logrando también aumentar sus apoyos por el centroderecha y derecha y siendo percibido, claramente, como un partido de centroderecha.

Gráfico 6. Evolución de la intención de voto de los electores de centroizquierda. CIS (julio-octubre 2015)

Podemos pierde terreno entre los abstencionistas y nuevos votantes, mientras Ciudadanos avanza

Una de las características que diferenciaba a Podemos de Ciudadanos a principios de este año es que el partido de Iglesias conseguía movilizar en mayor medida a quienes no participaban en política, bien porque en las elecciones del 2011 eran demasiado jóvenes para votar o bien porque decidieron abstenerse. Sin embargo, tal y como puede observarse en el gráfico 7, esto ha ido cambiando a medida que Ciudadanos consolidaba su espacio electoral. Hasta tal extremo de que en el último barómetro del CIS, el partido de Rivera supera ligeramente a Podemos entre esos dos grupos de electores, esto es, entre los jóvenes que no votaron en las elecciones del 2011 porque no eran mayores de edad y los abstencionistas. El cambio es especialmente significativo entre los jóvenes (alrededor de veinte puntos).

Los datos del último barómetro del CIS también indican que Podemos ha ido perdido fuerza entre el electorado socialista, mientras que el partido de Rivera consigue aumentar tímidamente sus apoyos en ese grupo. La capacidad de Ciudadanos de ampliar su base electoral está sobre todo a su izquierda. Aunque el porcentaje de voto+simpatía entre el grupo de votantes socialistas es sólo del 6%, éste representa el doble respecto a julio de 2015. Es muy probable que una de las claves de atracción de votantes de izquierda hacia Ciudadanos se encuentre en el papel que juegue el conflicto con Cataluña durante la campaña electoral.

Gráfico 7. Voto+simpatía a Podemos y Ciudadanos en abril, julio y octubre de 2015 por recuerdo de voto en las elecciones generales de 2011

Precisamente los temas que marquen el debate en la campaña podrán ser decisivos en un contexto en el que el desenlace electoral sigue aún muy abierto por el alto porcentaje de indecisos y de electores que cambian de voto ante una oferta política más amplia que nunca. En esa indecisión y elevada volatilidad del electorado es donde los partidos librarán la batalla hasta el último momento. Para seguir el pulso, aguardaremos con atención la siguiente fotografía que nos mostrará el CIS, con la encuesta preelectoral.

Empecemos por aquello que distingue claramente a los nuevos partidos de los partidos tradicionales: la edad de sus votantes. Hemos comentado a menudo en estas páginas que la fragmentación del sistema de partidos en España se asienta sobre una división generacional: los jóvenes prefieren a los nuevos partidos y apuestan en mayor medida por los gobiernos de coalición. En cambio, los votantes mayores optan por las formaciones tradicionales (PP y PSOE fundamentalmente) y prefieren lo conocido a lo novedoso: es decir, les gustaría que el próximo gobierno fuera de un solo partido (y no una coalición).

Los primeros en movilizarse por nuevas formaciones suelen ser los votantes más informados e interesados en política, y por eso los votantes de Podemos y Ciudadanos están más formados que el votante medio. Además, se concentran en zonas urbanas y están más preocupados por la corrupción y por la clase política que los electores del resto de formaciones. En su perfil se refleja su condición de votantes en busca de un cambio político. Cuando se les pregunta por qué han decidido apoyar a ese partido, la razón que más arguyen es “por necesidad de cambio, de otras alternativas” (ver gráfico 1), algo que no ocurre en la misma medida entre los votantes del PP y el PSOE. Estas coincidencias reflejan el origen común de los nuevos partidos: la crisis de representación que eclosionó con el movimiento 15M y un problema de oferta política en las formaciones tradicionales que los nuevos partidos han sabido cubrir.

Gráfico 1. Motivos para votar a un partido entre los que declaran intención de voto

Fuente: CIS Julio 2015

Sin embargo, aunque de perfil aparentemente similar (jóvenes, formados, urbanos), los electores de los nuevos partidos son distintos. En primer lugar, en sus condiciones socioeconómicas, que son algo más favorables para los electores de Ciudadanos. El partido de Albert Rivera no sólo atrae a un número menor de votantes en paro, sino que los que trabajan se encuentran en una situación más segura, con menos incertidumbre sobre el futuro. Por ejemplo, mientras un 52% de los votantes de Ciudadanos cree “Nada” probable perder el trabajo en los próximos doce meses, entre los votantes de Podemos el porcentaje desciende a un 41% (un porcentaje que se corresponde con el de los votantes del resto de partidos, según barómetro del CIS de julio 2015). Lo mismo ocurre si tenemos en cuenta la situación económica personal: un 16% de los votantes de Ciudadanos dicen que es “Mala o Muy Mala”, frente a un 27% en el caso de los electores de Podemos (y un 20% en el caso del resto de partidos, ver gráfico 2).

Gráfico 2. Situación económica personal según intención de voto

Fuente: CIS Julio 2015

En segundo lugar, los espacios ideológicos de uno y otro partido parecen haberse asentado: Podemos a la izquierda del PSOE y Ciudadanos a la izquierda del Partido Popular (y equidistante entre PSOE y PP). La cristalización de la ideología de cada partido se refleja en dos aspectos: por un lado, en la ideología media de sus votantes y su correspondencia con la ideología media que le atribuyen los ciudadanos (menor en el caso de Podemos, que es considerado en promedio un partido más radical que Izquierda Unida aunque sus votantes tengan una posición más moderada, ver gráfico 3). Por otro lado, las coaliciones que los votantes apoyan son coherentes con esa distribución ideológica. Hay pocos ciudadanos que quieran gobiernos con partidos distantes (no contiguos) en el eje ideológico: solo un 1.8% apuesta por una combinación de PP y Podemos y un 6.3% por la combinación de PSOE y PP ( ver gráfico 4)[1].

Gráfico 3. Ideología media del votante de cada partido (según intención de voto) e ideología atribuida por votantes

Fuente: CIS Julio 2015

Gráfico 4. Preferencias por tipo de gobierno

Fuente: CIS Julio 2015

En definitiva, los nuevos partidos tienen un origen común - la crisis de representación política - y por ello sus votantes se parecen en edad, preocupaciones y aspiraciones. Sin embargo, es poco probable que esos vínculos sobrevivan al paso del tiempo y a la normalización de la competición política en un entorno más fragmentado. Los nuevos partidos se están asentando en espacios ideológicos claramente diferenciados y en ese proceso es muy probable que se debiliten las características que han unido a sus electorados hasta el momento.

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[1] La cristalización de la posición ideológica de cada partido también se refleja en qué coaliciones prefieren sus votantes: los de Podemos favorecen mayoritariamente su alianza con el PSOE, mientras que los socialistas se dividen entre Podemos y Ciudadanos, con cierto sesgo a favor del primero. Asimismo, los electores de Ciudadanos se dividen en igual medida entre el pacto a uno y otro lado de su espacio político (PSOE o PP), datos del barómetro del CIS de julio de 2015.

Desde enero de este año la valoración de la situación política no ha dejado de mejorar, y no parece que ello sea un mero reflejo del mayor optimismo económico

El perfil de quienes más han mejorado su opinión sugiere que lo que hay detrás de la progresiva reconciliación con la política es la transformación del sistema de partidos

Quisiera inaugurar este curso académico subiendo el ánimo, así que lo diré: los politólogos están de moda. O, por lo menos, lo están hoy algo más de lo que lo estaban hace unos años. Quienes nos dedicamos a esta profesión en más de una ocasión tuvimos que aclarar, normalmente en respuesta a la confusión del interlocutor, que ser politólogo no es lo mismo que ser político. La justicia poética ha querido que cinco politólogos metidos en política sean quienes hayan popularizado el nombre de la disciplina.

La salida del armario de esta profesión también tiene que ver con el aumento del interés por la política en España, reflejado en que la gente habla más de política con amigos y familiares y se informa más a través de internet (y menos en la prensa escrita). Ello dio lugar durante un tiempo a una situación aparentemente paradójica: la opinión pública mostraba más interés en la política, pero cada vez la valoraba peor. De hecho, durante todo el 2014 el porcentaje de quienes pensaban que la situación política era “muy mala” superaba el de quienes valoraban la situación económica de la misma manera. El perfil del ciudadano con peor opinión sobre situación política es un individuo joven, de izquierdas, que votó a un partido que no era ni PP ni PSOE en las últimas generales o simplemente no votó. En cambio, no parece haber diferencias importantes entre clases sociales [1].

Lo interesante y objeto de este post es que desde enero de este año la valoración de la situación política ha comenzado a mejorar. Los cambios no son radicales, pero la modificación de la tendencia parece clara (ver gráfico 1). ¿A qué se debe este cambio? ¿Se trata simplemente de un reflejo retardado de la evolución de la situación económica? El giro en la tendencia comienza en enero del 2015, un momento en el que la fragmentación del sistema de partidos parece inevitable (con la confirmación en las encuestas de que Ciudadanos jugaría un papel relevante en las elecciones autonómicas). Quizás ello significa que la mejora en la valoración de la situación política se explica más por los cambios que se están produciendo en el panorama electoral y de partidos que por la evaluación de la economía. ¿Es esto así? ¿Se debe esta progresiva “reconciliación” con la situación política a la mayor oferta y renovación en el sistema de partidos?

Para arrojar algo de luz sobre esta cuestión voy a comparar el último barómetro del CIS (junio 2015) con el de un año antes (junio 2014). La idea es analizar quiénes han mejorado su opinión sobre la situación política en este periodo según la ideología, el recuerdo de voto y el nivel de formación. Como puede verse en los gráficos 2, 3 y 4, el porcentaje de quienes valoran la situación como “muy mala” ha descendido sobre todo entre los ciudadanos de izquierda, con más estudios y, según recuerdo de voto, entre los nacionalistas convergentes (votaron a CiU en las últimas generales) y entre quienes no tenían edad para votar en las generales del 2011 [2],[3].

Para analizar si la mejora de la valoración política de esos grupos es un mero reflejo de su mayor optimismo sobre la situación económica, observo los cambios durante el último año en la valoración de la economía (tomando el porcentaje de quienes creen que la situación económica es “Muy mala”) según ideología, recuerdo de voto y formación. Como puede apreciarse en los gráficos 5, 6 y 7, la mejora de la valoración de la situación económica es más transversal (mejora en casi todos los grupos) que en el caso de la valoración de la situación política.

Dicho de otra manera, el optimismo político es algo más selectivo (se da solo en ciertos grupos) y además no siempre coincide con quienes se han vuelto más optimistas sobre la situación económica (véase ideología o los jóvenes en el recuerdo de voto). Aunque son necesarios más análisis para desentrañar la relación entre la valoración política y la de la economía, los que aquí presento parecen sugerir que la mejora en la valoración política no es un simple reflejo de lo que ocurre con la situación económica[4].

Entonces, ¿por qué mejora la valoración de la situación política? El hecho de que los ciudadanos de izquierda, los más jóvenes o los ciudadanos con mayor formación se estén reconciliando con la situación política en España[5] apunta al aumento de la oferta electoral y a la renovación de los partidos como posible causa. El perfil de esos electores coincide con los grupos tradicionalmente más críticos con la clase política y con la corrupción, y con los protagonistas de la crisis de representación que estalló con el 15M. Quizás la trasformación en el sistema de partidos es lo que esté animando a algunos de ellos a percibir la situación política con algo más de optimismo.

En conclusión, los cambios en el sistema de partidos que anunciaron las encuestas a principios de año y que acabaron reflejándose en los resultados de las elecciones autonómicas fueron anunciados por muchos como una catástrofe para la gobernabilidad. Sin embargo, no parece que la opinión pública los percibiera o los perciba como tal. Más bien al contrario: desde que se confirma que el panorama de representación política en España no va a ser el que era la valoración de la situación política no ha dejado de mejorar. Y, por lo que estos análisis indican, no parece que ello sea un mero espejo del mayor optimismo económico.

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[1] Datos del barómetro de junio de 2014.

[2] Si medimos las diferencias con la media de respuesta (promedio de respuestas de 1 a 5 donde 1 es valoración “muy buena” y 5 “muy mala”) los resultados son muy parecidos.

[3] El análisis de la valoración de la situación política prospectiva muestra, para ideología y formación, que en junio de 2014 la relación es inversa a la que existe en el 2015 (datos no mostrados): en el 2014 los más optimistas en el futuro (situación política en un año) eran los menos formados y los de derechas. En junio de 2015 los más optimistas son los más formados y los de izquierda.

[4] Los mismos resultados se dan si se toma como medida el promedio de la valoración de la situación económica en una escala de 1 a 5 donde 1 es “Muy buena” y 5 “Muy mala”.

[5] El análisis de los votantes nacionalistas daría para otro post, aunque en este grupo el optimismo crece tanto en la economía como en la política.