Con las elecciones andaluzas del 22 de marzo, se resuelve el primero de los interrogantes de este súper ciclo electoral. A la espera de los análisis más detallados sobre los datos que proliferarán en las próximas horas, el veredicto de las urnas permite dilucidar ya algunos interrogantes que se han venido planteando en los últimos meses.

Resumen de titulares: gran victoria del PSOE, y en particular de Susana Díaz, descalabro del PP, irrupción exitosa de Podemos y Ciudadanos, hundimiento de IU y fracaso –quizá definitivo- de UPyD. Pero más allá de esta síntesis obvia hay algunas implicaciones quizá menos evidentes. Identifiquemos cinco puntos clave.

Primero. No es un escenario tan inédito. Ya hubo cinco partidos en 1982 y un gobierno de coalición en 1994 (reeditado en 1996). Se ha reducido la concentración de voto en los dos grandes partidos, pero ambos siguen siendo las dos principales alternativas para el futuro de Andalucía.

Dos. El PSOE mejora en gobernabilidad y gana en centralidad. El principal éxito del PSOE no es haber recuperado la primera posición o haber mantenido el número de escaños (a pesar de una nueva sangría de votantes). Lo relevante es que se convierte en el único partido con opciones de gobierno, que garantiza la estabilidad y además dispone de varias formas de articular tanto la formación del ejecutivo como la competencia entre partidos en esta legislatura.

Susana Díaz será la próxima presidenta porque probablemente le será sencillo conseguir la abstención de algún grupo. Además, la potencial mayoría que formaría con Ciudadanos anula la fuerza de PP y Podemos. A lo que se añade el interés, a corto plazo, de Ciudadanos por no estar en el gobierno, lo que puede suscitar una competición entre partidos de la oposición para apoyar al PSOE puntualmente. Por último, el PSOE se convierte automáticamente en el partido central del escenario, con dos partidos a cada lado que aseguran la división de la oposición, sea en términos de izquierda/derecha o de nueva/vieja política. Que la acusen desde todas las posiciones ayudará a Susana Díaz, si lo gestiona bien, a neutralizar esas críticas durante la legislatura.

Esto puede favorecer a corto plazo un gobierno en minoría, hasta que se resuelvan, al menos, las otras contiendas electorales de este año. Aunque está por ver la capacidad de aprobar leyes transformadoras o controvertidas en esta legislatura. Ahí será donde más se note la situación de fragmentación parlamentaria resultante de las elecciones.

Por supuesto, todo este escenario asume la permanencia de Susana Díaz en el Palacio de San Telmo. En cambio, es impensable que le permita, a corto plazo, dar el paso a la política española, al menos como candidata del PSOE a las próximas elecciones generales.

Tres. La soledad del PP. Muchos destacarán la gran caída de los conservadores. Pero lo más significativo de estos resultados es, como puede suceder en otras elecciones este mismo año, que el PP lo tiene muy difícil para gobernar si no obtiene mayoría absoluta o se acerca mucho. A medida que se aleja de esta, queda descartado como partido de gobierno. Es igual si el PP hubiera obtenido 33 o 43 escaños: parece poco verosímil que otros partidos pudieran darle un cierto juego frente al PSOE al quedar detrás de este. Y la aparición de Ciudadanos parece ser más perjudicial que positiva en ese sentido, siempre que no cometa el error de UPyD, aparecer como la muleta inevitable del PP.

Cuatro. La trampa de las expectativas. Las altas expectativas generadas por Podemos pueden jugarle una mala pasada, a corto plazo, porque tapan sus potenciales logros electorales. Un partido que busca ganar representación no se fija el mismo horizonte que el que aspira a ser el partido ganador y revolucionar un sistema de partidos por completo. Sus resultados en Andalucía son muy buenos desde el punto de vista de la ‘vieja política’ (han entrado en las instituciones, tendrán muchos diputados, recibirán una financiación importante, etc), pero bastante malos desde el punto de vista de la ‘nueva política’. No será el único partido que reclame la voz de los de abajo, ni el único contra el establishment. No ha provocado la alternancia y ni siquiera será el principal partido de la oposición.

Quinto. Ciudadanos emerge como partido bisagra. Con aspiraciones más modestas y menos escaños, este partido pesará más, porque tendrá más capacidad de coalición y de chantaje, como diría Sartori. No en vano se declara abierto a pactar con cualquier partido. Aunque Ciudadanos debe tener presente qué le pasó al Partido Andalucista, y más atrás aún al CDS. No siempre el pez grande se come al chico, pero cuando hay tanta disparidad de tamaño entre socios de gobierno, tener la llave de la gobernabilidad es una pesada carga.

¿Éxito o fracaso de Podemos? Estos días se hablará más de tendencias que de realidades. Y con razón: quizá Andalucía apunte una tendencia de cambio político a medio plazo. O no. Pero la realidad resulta mucho más modesta para el partido anti-casta, y arroja una intuición: Andalucía ha mostrado que allí donde el PSOE es fuerte en términos de partido, de base activista y de peso institucional, Podemos tiene dificultades para ocuparle el espacio. ¿Quizá sí pueda en contextos de mayor fragilidad socialista, como Cataluña, Valencia o Madrid?

¿Recuperación socialista? ¿Declive de Rajoy? Aunque la tentación para muchos será extrapolar resultados al conjunto de España, o a otras autonomías, sería un ejercicio infundado. Las elecciones del 22-M nos han hablado solo de Andalucía. Ni siquiera está claro que sean un avance de lo que suceda en los ayuntamientos andaluces. Y una lectura cautelosa de los mecanismos que se han dado desmonta algunas extrapolaciones interesadas:

El súper ciclo electoral 2015 sigue su curso y ahora Rajoy tiene un dilema menos para decidir cómo jugar sus cartas.

Hasta ahora Podemos ha crecido al margen del eje izquierda-derecha, pero a largo plazo su supervivencia dependerá en gran medida de que alguno de los partidos que ocupa su terreno en este eje desaparezca

Aquellos que tratan de replicar o desacreditar la estrategia de Podemos de rehuir el debate izquierda/derecha y substituirlo por el conflicto anti-casta (los de abajo contra los de arriba) suelen recordar que este es exactamente el discurso propio de los populismos antiguos y modernos, y que con él se esconde el origen real del círculo dirigente de este proyecto, proveniente de la extrema izquierda anticapitalista. Que ambas ideas sean ciertas no resta eficacia ni racionalidad a la estrategia electoral de Podemos. En realidad, este partido trata de sacar el máximo rendimiento del peculiar contexto político en el que ha surgido, y demuestra haber sido muy hábil en actualizar la orientación atrapalotodo (catch-all) que debe ejercer todo partido aspirante a ganar las elecciones o convertirse en actor político relevante. En todo caso, lo que se podría reprochar o matizar es que esta apuesta de Podemos es arriesgada, y que resulta tan vulnerable que su triunfo solo podrá consolidarse si es capaz de destruir el sistema de partidos contra el que se ha rebelado. Podemos no puede aspirar solo a posicionarse entre el resto de partidos. Debe destruir el statu quo para luego poder reconstruirlo desde el centro y como arquitecto clave del nuevo edificio. ¿Por qué?

Como partido nuevo y ajeno al sistema de partidos existente, Podemos afronta dos obstáculos casi insalvables, que pocos partidos suelen superar: carece de recursos suficientes (especialmente grave para un partido creado desde la izquierda) y, peor, se encuentra con todos los ‘terrenos de caza electoral’ ocupados (o incluso sobreocupados). Algo propio de los nuevos partidos, entre los que (por cierto) no cabe situar a los integrantes de la coalición Syryza. El primer obstáculo (falta de recursos) solo se soluciona transitoriamente con el apoyo de actores con capacidad financiera suficiente o bien con la suerte casi propia de la lotería: así cabe entender el significado de las elecciones europeas de mayo de 2014, sin las que difícilmente hoy existiría Podemos tal como lo conocemos.

El segundo obstáculo solo se puede salvar si se altera, también transitoriamente, la línea de competencia tradicional en las sociedades industriales contemporáneas, resumida en nuestro país bajo el eje izquierda-derecha. Pero esto es casi imposible para un partido nuevo y sin fuerza institucional, incapaz de influir en la definición de la agenda política. La oportunidad solo puede venir de la mano de circunstancias excepcionales: un cambio súbito y drástico del contexto o un fallo fenomenal de la oferta política de los partidos existentes, o de ambas cosas a la vez. España 2010-2014.

Gracias a la concatenación de estas circunstancias difíciles de imaginar en tiempos sosegados, Podemos ha podido superar la barreras a la competencia que suelen detener a los nuevos partidos en las fronteras del sistema, allí donde llegí UPyD y donde resulta difícil subsistir.

El problemas es que Podemos no puede conformarse con haber superado esa frontera. Sigue siendo un cuerpo extraño, y tanto sus competidores como los propios electores lo ven como tal. Así que su subsistencia exige mantener la dinámica ascendente: obtener más recursos (mediante la entrada en las instituciones, desde las que pueda beneficiarse del presupuesto público y de los cargos de decisión) y sostener la alteración excepcional del eje de competencia hasta que alguno de los partidos que ocupa los terrenos donde compiten desaparezca o casi: en este caso, PSOE o IU.

¿Podría Podemos mantener este camino si se decidiera a hablar en términos de izquierda-derecha, lo que obligaría a entrar en una cierta concreción en términos de políticas públicas (ma non troppo, this is Spain)?

De hacerlo, las posibilidades de éxito o incluso supervivencia se reducirían notablemente. Por supuesto, esta afirmación es una especulación imposible de contrastar. Sin embargo, los datos del último barómetro del CIS nos sugieren algunos indicadores indirectos que muestran las debilidades de Podemos en la competencia izquierda-derecha. Mencionemos dos de ellos.

Si la ideología o la cercanía de partido pesaran en la decisión del voto en las próximas generales más que el voto de protesta anti-estblishment, Podemos debería disputarse el espacio como fuerza de izquierda con IU, con el consiguiente riesgo de verse perjudicada por los frenos del sistema electoral que nos mencionaban Montero y Lago esta semana. El primer gráfico muestra como los electores de centro y centro-izquierda (posiciones 4 y 5, donde se encuentra casi la mitad del electorado) siguen ubicando al PSOE más cerca de sus preferencias que a Podemos.

Para evitar el eje izquierda-derecha, el discurso de Podemos se centra en dos temas que parecen preocupar excepcionalmente a los ciudadanos: la corrupción y la casta política. Como muestra el segundo gráfico se trata de dos problemas “colectivos”, que los ciudadanos mencionan como problemas de España pero que apenas les afectan personalmente, a diferencia cuestiones como la sanidad, la educación o cuestiones económicas más específicas (paro aparte), que no son el primer problema de España pero afectan mucho más al ámbito próximo al individuo.

Mientras se mantenga este ‘frame’ alejado del eje izquierda-derecha, Podemos podrá tratar de seguir mejorando sus opciones electorales en el centro izquierda, como muestra el gráfico. Con permiso, o colaboración pasiva, del PSOE. En esas condiciones, Podemos podría incluso superar las trabas que el sistema electoral pone a los terceros partidos en circunscripciones medianas o pequeñas: hasta el momento, Podemos ha sabido crecer por igual en diferentes ámbitos territoriales (metropolitanos, urbanos y medianos), lo que sugiere sorpresas para aquellos que fían toda esperanza al sistema electoral en último extremo.

La pregunta que queda ante esta perspectiva es qué sucederá en el momento en que el eje izquierda-derecha vuelva a estructurar la competencia. Dependerá de si Podemos habrá tenido tiempo o no para derribar al PSOE de su espacio. Destruir un sistema para volver a construirlo.

El debate soberanista ha adquirido una posición central en el panorama catalán desde hace más de una década, pero su predominio ha tenido efectos especialmente intensos en los últimos años, hasta el punto de que ha eclipsado completamente el resto de temas en un contexto de medidas impopulares (recortes, privatizaciones…) para afrontar la crisis económica.

Lo suficiente como para que esto haya permitido que los efectos los recortes del gobierno catalán o de la corrupción de CDC hayan repercutido menos negativamente en el apoyo al presidente Mas de lo que cabría esperar.

Esto es lo que Willliam Riker denominó la estrategia “herestética” o de la ‘manipulación política’: cómo fijar la atención de los ciudadanos sobre temas que benefician al gobierno sin alterar necesariamente el orden de las preferencias políticas de los ciudadanos. Así se produce un efecto de pantalla que tapa o neutraliza otros temas que a priori serían más relevantes para los ciudadanos pero más perjudiciales para las expectativas del gobierno.

Esto explica que, según las encuestas del CIS o del CEO catalán, los temas más importantes para los catalanes sean la economía, el paro o la corrupción, y sin embargo, desde hace dos años, la agenda política catalana está monopolizada por el soberanismo y, en el trasfondo, la competencia electoral entre CDC y ERC.

El empleo de mecansimos herestéticos es muy común entre actores políticos para condicionar decisiones y votaciones (mediante el control de la agenda, la introducción de nuevas dimensiones, etc.). Pensemos en el uso de la candidatura olímpica en Madrid en los últimos años, en el recurso al anticatalanismo en la política valenciana, o la estrategia de Bush de convertir las elecciones presidenciales de 2004 en un plebiscito sobre la Guerra de Irak.

Son temas que desvían la atención de los votantes de aquellos otros que realmente les importan cuando la economía va mal o el gobierno tiene pocos resultados que ofrecer. Al fin y al cabo, todos los gobiernos tratan de centrar el debate en aquello que les puede beneficiar y dejar al margen los que resulten más costosos en apoyo electoral.

Y es fácil de entender su uso en el caso catalán, donde, como en la mayoría de Comunidades Autónomas, la capacidad de elaborar políticas públicas ha quedado socavada por la caída de ingresos y los problemas de financiación autonómica. Solo un dato: entre 2009 y 2012 el descenso en el gasto de sanidad y educación fue de 20 puntos. Un recorte mucho mayor que el que ha realizado el gobierno central en pensiones o prestaciones sociales.

Lo llamativo del caso catalán es cómo la fijación del debate soberanista no solo está condicionando la valoración del gobierno de Mas y de sus políticas, sino que también ha fragmentado el espacio de izquierdas, y ha llevado el sistemas de partidos catalán al borde de la implosión.

Por supuesto, el éxito del empleo de la herestética no es eterno, y funciona hasta que los actores rivales consiguen alterar la agenda política o introducir nuevos temas o dimensiones en el debate.

La masacre perpetrada en la sede de Charlie Hebdo el pasado miércoles 7 de enero ha despertado una oleada de empatía con la causa de la libertad de expresión en Occidente sin apenas precedentes. La intensidad emotiva de las manifestaciones, el consenso mayoritario manifestado en las redes sociales y la reacción de condena mundial (incluido el rechazo de Hezbollah) muestran una repulsa general hacia lo que muchos han presentado como una atentado contra la libertad de expresión y contra una visión laica del mundo que sustenta los valores fundamentales de la democracia liberal. Ante esa agresión, la opinión pública occidental ha reaccionado al unísono en defensa de esos valores. Pero, ¿hasta qué punto esta defensa encendida de la libertad refleja realmente un apoyo unánime en el mundo occidental? ¿Nuestra adhesión a la tolerancia, a la libertad de expresión y pensamiento, y al respeto frente al disenso son realmente una convicción inexpugnable para los suicidas de París? ¿Estamos tan seguros de que ‘todos somos Charlie’?

Ya sabemos que la visión de lo sucedido es más compleja si se observa desde fuera de Occidente, como muestra el debate interno abierto entre diversos periodistas de Al-Jazeera. Incluso en las sociedades occidentales, como explicaba David Brooks, la corrección política creciente alimenta una autocensura moral que evita la necesidad de recurrir a la amenaza de la regulación legal. En ese ambiente, la sátira de Charlie Hebdo aparece más como una excepción marginal que como un patrón representativo de una mayoría social. Sin olvidar contradicciones más flagrantes, como el contraste entre la solidaridad de las instituciones españolas con el semanario francés y la expeditiva censura que El Jueves ha recibido por portadas menos sacrílegas.

Ciertamente, el apoyo de la población a la tolerancia y a la libertad de expresión son manifiestos y reiterados en las numerosas encuestas de opinión acumuladas durante estas últimas décadas. Sin ir más lejos, un reciente estudio del CIS (Nº 3.034, julio de 2014) situaba el valor de la tolerancia como el segundo más importante, solo por detrás de la honestidad y la integridad personal: en concreto, los españoles lo puntuaban con un 8’99 sobre 10. En realidad, el único valor propuesto en la encuesta que bajaba de 8 era ‘votar en las elecciones’, que obtenía un 6,62. Se trata de una valoración bastante homogénea entre diferentes estratos sociales, de educación, edad o sexo. La tolerancia, como la honestidad, el cumplimiento de las normas o la solidaridad son valores muy importantes para los españoles.

Sin embargo, si vamos un poco más al detalle del vigor con que se manifiestan estos valores, los propios españoles reconocen que, en las últimas dos décadas, la tolerancia ha ido sufriendo cierta erosión. El Gráfico 1 muestra la evolución al alza de aquellos que opinan que la tolerancia se practica ‘poco o nada’ en España, partiendo de un nivel inferior al 40% (1994) hasta acercarse al 50% a finales de 2012 (serie de datos del CIS).

Pero los límites al vigor de nuestra idea de tolerancia surgen al tratar de asignar un contenido real a ese valor. Cuando las redes sociales convirtieron el hashtag #jesuischarlie en el que mayor difusión ha tenido en la historia de Twitter, expresaban con él una adhesión a una libertad de expresión con límites laxos. Decenas de articulistas han escrito estos días sobre la importancia del humor referido a ideologías y creencias como un requisito clave de una tolerancia genuina, un criterio central para marcar el alcance real de la libertad de expresión y pensamiento. Pero, ¿qué opinan realmente los ciudadanos sobre esa idea?

Un estudio del CIS sobre religiosidad en España (Nº 2.752, febrero de 2008) preguntaba específicamente por esa cuestión. Y los resultados resultaron muy clarificadores: para un 55’3% resultaba inaceptable la utilización de símbolos religiosos con fines humorísticos en los medios de comunicación, frente a un 34’6% que lo encontraba aceptable (10’1% NS/NC).

Lo más destacable de este rechazo mayoritario al humor practicado por Charlie Hebdo y otras publicaciones satíricas es que se mantiene a la cabeza en casi todos los grupos sociales. Evidentemente, existen diferencias significativas (Gráfico 2). El rechazo se refuerza a medida que sube la edad (las posturas a favor o en contra solo se igualan por debajo de las 35 años), es mucho mayor entre individuos de centro o derecha (pero los que aceptan la sátira religiosa solo son mayoría en el grupo minoritario de extrema izquierda), mayor entre mujeres que entre hombres (la diferencia es significativa estadísticamente) y crece también a medida que se reducen los ingresos mensuales personales (el grupo favorable a la sátira solo es escasamente mayoritario entre los que cobran más de 1800 euros al mes). Quizá sorprenda menos que el rechazo a la sátira religiosa sea mayúsculo entre creyentes católicos, musulmanes u otras creencias, mientras que agnósticos o ateos son más propensos a aceptarla.

Por supuesto, no debemos sobreinterpretar estos datos, que solo miden un aspecto de la noción amplia de libertad. Ni extrapolarlos a un contexto en el que confluyen diversas tramas causales que se cruzaron en la redacción de Charlie Hebdo, como podrían haberlo hecho (o volver a hacerlo) en otro lugar... (el contexto bélico de Oriente Medio, la irrupción del Estado Islámico en la región, la Fitna de la que hablaba Gilles Kepel, la guerra civil en el mundo islámico, que alcanza siempre que puede a Europa, aunque el mayor sufrimiento sigue dándose, en términos cualitativos y cuantitativos, en los países de mayoría musulmana, etc.).

Sin embargo, este cuadro de las opiniones de los ciudadanos nos da una medida más aproximada del estado real en el que se encuentran nuestras convicciones sobre las libertades. Debemos recordar este aspecto para entender cuál es el verdadero alcance de la reacción a favor de la tolerancia expresada estos días en un continente en el que, al mismo tiempo, surgen movimientos sociales como el de Pegida en Alemania, en el que sube el voto a los partidos que miran la libertad con desconfianza, y en el que los núcleos conservadores de los gobiernos europeos –de izquierda o derecha- no van a perder la ocasión para plantear crudamente el dilema entre seguridad y libertad a la hora de tomar medidas preventivas.

Los expertos señalan que no hay que racionalizar excesivamente los objetivos y acciones de los grupos terroristas islamistas. Pero no cabe duda de que atentando contra Charlie Hebdo, los jóvenes franceses inmolados apuntaron a uno de los flancos más vulnerables de nuestras democracias.

La llegada de Alfonso Alonso a Ministerio de Sanidad expresa implícitamente la voluntad del presidente de rectificar y reforzar la capacidad de comunicación y liderazgo políticos de su gobierno. Frente a los ministrables sugeridos por la prensa, con perfil más técnico y burocrático (en la línea de las dos incorporaciones precedentes de Catalá y García Tejerina), la capacidad contrastada de Alonso refuerza el ala política del gabinete. Y no porque aporte un perfil político distinto de Mato (al contrario, responden al mismo patrón político) sino porque Alonso, al igual que su predecesora, se aparta del modelo tradicional de ministro en este departamento. ¿Cuál es este ‘perfil tradicional’ de los ministros de Sanidad?

Al igual que sucede en otros ministerios de contenido económico o de bienestar, los titulares de Sanidad suelen tener un perfil técnico y burócrata (aún) mayor que muchos de sus colegas de gabinete. Como muestra el Gráfico 1, la gran mayoría de ministros de Sanidad nombrados desde 1977 son funcionarios del Estado (reforzando un rasgo general de la elite ministerial española) y tres de cada cuatro han pasado por un alto cargo del gobierno antes de llegar a este ministerio. El abogado Alonso, como Mato, es una excepción en este aspecto.

Esto no significa que los ministros de Sanidad suelan ser especialistas en el campo sanitario: solo uno de cada tres poseía algún tipo de experiencia profesional o política previa en temas sanitarios. ¿Es necesaria esta ‘expertise’, de la que carece Alonso por completo, para gestionar este ministerio? Frente a la opinión común de que los ministros deben ser expertos en sus respectivas áreas temáticas, existen argumentos que podrían replicar esa idea. Un ministro ajeno al mundo de la sanidad, como fue el caso de Ernest Lluch, puede abordar con mayor distancia y sin influencias gremiales la toma de decisiones en el ámbito de la sanidad. Por el contrario, como muestran diversos ejemplos de consejeros autonómicos en esta cartera, las conexiones profesionales previas pueden suscitar conflictos de intereses en algunas decisiones del ministro. Ahí tenemos el ejemplo del actual Conseller catalán, Boi Ruiz, médico reconocido y empresario de la sanidad privada, y sin embargo muy cuestionado por su política de introducción de los agentes privados en la gestión de la sanidad catalana. Por no mencionar a su homólogo de la Comunidad de Madrid.

Rajoy nombra a Alonso para que aporte al Consejo de Ministros experiencia y habilidades políticas, que deberían de contribuir a mejorar la iniciativa y la comunicación políticas del gobierno de Rajoy. Eso era lo que se esperaba también de Ana Mato, Trinidad Jiménez o Leire Pajín, predecesoras con similar perfil de ‘insiders’ o de políticos de carrera, en un ministerio donde la presencia de ‘outsiders, o individuos sin carrera política relevante es mayor que en otras áreas del gobierno.

En otro contexto, probablemente Rajoy hubiera optado por un perfil más parecido al de Susana Camarero, la actual Secretaria de Estado, para substituir a Mato en una de las carteras tradicionalmente utilizadas para situar mujeres en los gobiernos (aparte de otros factores que influyen en la mayor o menor presencia de mujeres en los gobiernos, como nos ha explicado muy bien Sílvia Claveria). Así, Alonso será el tercer hombre que dirigirá la cartera de Sanidad desde 1993, frente a las seis ministras que han pasado durante estas últimas dos décadas.

Con ello, Rajoy trata de equilibrar la pérdida de músculo político de sus ministros, acentuada por la acumulación de escándalos políticos relacionados con la corrupción. De hecho, existe una tendencia a la erosión del capital político de los gobiernos a medida que pasa el tiempo bajo cada mandato presidencial. Como muestra el Gráfico 2, con el paso del tiempo, los presidentes prefieren nombrar ministros con mayor perfil técnico o burócrata (altos cargos, independientes), individuos sin apenas carrera política, que garantizan la máxima lealtad al jefe de gobierno y aíslan al ejecutivo de las luchas internas del partido. Pero esa evolución erosiona también la imagen política del equipo del presidente. Esto sucede además en un gobierno que partía inicialmente, al igual que sucedía con Zapatero, con un equipo más técnico y menos político de los que tenían González y Aznar al comenzar.

Queda por ver si Alonso puede ayudar a reequilibrar ese aspecto. Siendo un hombre de confianza de Rajoy y de la vicepresidenta (¡uno más!), puede contar con la expectativa de que muchos de sus antecesores en Sanidad pudieron pasar también por otras carteras del gobierno. Pero para ello, Alonso deberá esmerarse con sus probadas cualidades políticas para cerrar algunas iniciativas clave (aborto, dependencia) que su antecesora no supo o no pudo culminar.

Se vislumbra el Parlament más fragmentado de la historia, con un espacio soberanista dominante pero debilitado, y con la izquierda transformada por el ascenso de Ciutadans y la irrupción de Podemos, que quizás podrían activar el electorado que se quedó en casa tras abandonar el PSC.

La encuesta del GESOP para El Periódico publicada ayer plantea escenarios inéditos en el Parlament de Catalunya. Como todas las encuestas, se trata de una fotografía imperfecta del momento en que se realizó, no una predicción de lo que pasará. Pero los escenarios que sugiere van a condicionar las decisiones de los partidos en su competencia electoral. ¿Cuáles son los tres aspectos más relevantes?

Uno. Se vislumbra el Parlament más fragmentado de la historia, donde hasta 8 partidos podrían obtener representación parlamentaria: una fragmentación sin precedentes. Además, la suma de escaños de los dos partidos más importantes (que mida el grado de concentración de voto de unas elecciones) baja a un nivel inédito: 65 escaños. Lo nunca visto: que los dos primeros partidos juntos no alcancen mayoría absoluta. Si se confirmara este punto, para gobernar se necesitarían mayoría de, al menos, tres o cuatro partidos.

Gráfico 1. escaños ERC + CiU

Dos. El espacio soberanista/independentista alcanza un escenario paradójico: dominante y debilitado. Por primera vez, desde 1984, CiU y ERC no sumarían mayoría absoluta (ver gráfico 1). En 1992 llegaron a alcanzar 81 escaños. Desde 1999, la competencia entre CiU y ERC ha condicionado absolutamente la política catalana y ha alimentado la deriva secesionista. La aparición testimonial de la CUP no parece reforzar suficientemente las pérdidas que se producen en ese espacio.

Gráfico 2. Escaños espacio izquierda no independentista

Tres. El espacio de centroizquierda no independentista podría implosionar definitivamente, llevándose al PSC por delante. Dejando al margen la Porción de independentismo que hoy representa una parte de ICV, este espacio (el verdadero adversario del independentismo en Cataluña) quedaría trasformado por el ascenso de Ciutadans y la probable irrupción de Podemos.

Paradójicamente, y a diferencia del espacio soberanista, la fragmentación no solo no debilita este espacio. Al contrario, a la espera de analizar los datos de la encuesta con más detalle, parece sugerirse que Ciutadans y Podemos favorecerían una recuperación de electorado que en los últimos años se quedó en casa tras abandonar el PSC.

A lo mejor estos partidos logran aquello que PSC y PP nunca han logrado: superar la abstención diferencial y el voto dual. Es decir que no haya catalanes que se sientan al margen del proceso electoral en Catalunya y que no cambien su voto de las elecciones generales a las autonómicas. Si esto sucede, el efecto Podemos/Podem podría transformar la política catalana que hemos conocido y su impacto en el sistema político español.

A corto plazo, no podemos más que constatar la distancia que parece dibujarse entre la interpretación dominante del proceso catalán y sus verdaderos efectos electorales: más que dirigirse hacia una declaración unilateral de independencia, Cataluña parece abocarse a un escenario de ingobernabilidad.

La idea de plebiscito se suele identificar genéricamente con un referéndum. Así que no hay formalmente elecciones plebiscitarias, sino elecciones que adoptan un cariz plebiscitario. Cuando Artur Mas anuncia su voluntad de convocar plebiscitarias, nos señala su aspiración de polarizar el debate electoral entorno a un único eje: la cuestión soberanista.

Implícitamente, esto significa arrinconar el resto de temas de la agenda electoral. En todo caso, podríamos preguntarnos cómo deberían ser las próximas elecciones catalanas para poder transformarlas en un plebiscito sobre la independencia.

¿Y cómo deberían ser unas elecciones plebiscitarias?

Por un lado, debería haber el menor número de candidaturas, idealmente dos: una a favor y otra en contra. Esto se antoja casi imposible. Ya sabemos que en el lado no independentista esto no sucederá. Pero también parece muy difícil que Mas acabe fagocitando a ERC dentro de una candidatura unitaria, que adoptaría una inevitable deriva personalista.

Por otro lado, sería necesario que los electores votaran en clave mayoritariamente soberanista. Algo de esto ya sucedió en las elecciones de 2012. Pero entonces, y todavía hoy, los ciudadanos sigue mostrándose preocupado por cuestiones diversas. Para unos, la independencia. Pero para otros, la crisis y sus consecuencias sociales.

En realidad, los pronósticos más bien apuntan lo contrario: un incremento de la fragmentación de partidos en Cataluña. No olvidemos que el verdadero plebiscito es el que lleva disputándose, desde hace años, entre CiU y ERC por hacerse con el espacio central de la política catalana.

Le legislatura se ha acabado. Es posible que los resultados de la encuesta del CIS no sean los que se acaben dando en las próximas elecciones generales. Pero para los partidos políticos, como si lo fueran. La posibilidad de realizar grandes acuerdos o de aprobar nuevas leyes se vuelve casi imposible en un contexto en el que casi todos los partidos temen perder posiciones o ser barridos por el torbellino político que parece estarse fraguando.

El deterioro de las expectativas electorales del partido gobernante sitúa al presidente Rajoy en el mismo dilema que vivió Zapatero a inicios de 2011: ¿avanzar las elecciones para evitar un mayor deterioro o bien mantener el calendario oficial a la espera de una mejora de las previsiones políticas y económicas?

Existen diversos estudios que han tratado de explicar en qué situaciones los jefes de gobierno deciden convocar elecciones anticipadas y qué consecuencias genera esa decisión.

Según estos trabajos, el primer ministro tendrá en cuenta una serie de factores en el momento de decidir el calendario final de la legislatura. Principalmente tres: cómo será el contexto político y económico de los meses finales, en qué situación estarán los partidos de la oposición así como su propio partido, y cómo reaccionarán los electores al anticipo electoral.

En principio, el jefe de gobierno querría convocar las elecciones en el momento en que se prevea un contexto más propicio política y económicamente, en el que los partidos de la oposición se encuentren más débiles y su propio partido más fuerte, y donde prevea una mayor participación de sus electores y una menor castigo por parte de estos. Aznar, marzo de 2000. Y no avanzó las elecciones. Tampoco en 2004. Tampoco Zapatero en 2008. Pero, ¿qué sucede cuando se intuye que este escenario ideal no va a producirse?

Como en política no existen bolas de cristal, habrá que confiar en el olfato de los dirigentes políticos y, con mayor precaución y escepticismo, en lo que ha hallado la ciencia política hasta el momento.

Buena parte del paisaje está bastante diseccionado, y en permanente actualización, por parte de políticos, tertulianos y lectores bien informados. El contexto económico no acaba de mejorar, como esperaba el Presidente. Y la situación política tiene muchas probabilidades de seguir un curso negativo en 2015. Algunas variables merecen especial atención, como la evolución de la política catalana.

Además, los principales adversarios del PP (PSOE, Podemos y UPD/Ciutadans) necesitan tiempo para mejorar el conocimiento de sus candidatos, cerrar eventuales alianzas y difundir el mensaje. El tiempo corre a favor de ellos. Por el contrario, el PP tiene un fuerte dilema interno, porque se encuentra en una posición muy vulnerable, que puede empeorar (o no). Los más nerviosos son los que celebrarán sus elecciones en pocos meses: alcaldes y presidentes autonómicos.

¿Y qué sucede con el electorado? Las encuestas de opinión señalan una volatilidad creciente. Y una profunda división entre los electores según su grado de sofisticación: los más educados, los jóvenes y los que tienen mejor posición social, dispuestos a votar y castigar a los partidos tradicionales; los menos ilustrados y más mayores, menos dispuestos a dejar de votar a los grandes partidos, pero también más propensos a quedarse en casa el día de las elecciones.

¿Cómo podría afectar esto al superciclo electoral que se avecina, con elecciones en diversos niveles de gobierno?

Un reciente y fantástico estudio, realizado por mis colegas Arjan Schakel y Régis Dandoy, basado en 18 países, señala que, en países descentralizados donde eventualmente pueden coincidir elecciones en diversos niveles de gobierno, como es el caso español, la coincidencia o no de estas elecciones puede tener efectos importantes en la movilización del voto.

Así, cuando una elección precede a otra meses antes, el ‘efecto de cansancio’ puede reducir la participación en la segunda elección. Esto abre el riesgo de que el votante menos motivado, potencialmente del PP y/o PSOE, pueda dejar de votarles y quedarse en casa en las generales.

En España, algunos esperan que suceda algo distinto: se suele asumir que las elecciones locales y autonómicas, consideradas a menudo menos importantes o de ‘segundo orden’ por parte de los ciudadanos, pueden brindar la ocasión de castigar a los partidos de gobierno aunque con una menor participación, mientras que en las elecciones generales, las ‘importantes’, los votantes serán más realistas y mantendrán su voto tradicional, incrementando la participación.

Sin embargo, Schakel y Dandoy señalan que puede suceder lo contrario: cuando dos elecciones aparecen muy cercanas, el ‘efecto anticipación’ puede incrementar el voto en la primera elección frente a la segunda, especialmente entre aquellos votantes que están esperando la ocasión de manifestar un castigo o toque de atención al partido del gobierno. En el caso del PP, esto podría presagiar un negro panorama para alcaldes y presidentes autonómicos de su partido. Sin que ello libre al gobierno de Rajoy de un castigo mayor, como pudo constatar Zapatero en noviembre de 2011.

Más interesante aún, Schakel y Dandoy han hallado que, cuando las elecciones generales se celebran el mismo día que los comicios locales o regionales, la participación aumenta debido al ‘efecto de simultaneidad'. Esto podría afectar especialmente a votantes menos motivados o más dispuestos a abstenerse a priori, y que suelen votar a los partidos mayoritarios. En el caso español, este efecto favorecería al votante fiel de PP y PSOE que pueden estar pensándose quedarse en casa.

Finalmente, no podemos olvidar un último fenómeno, el ‘efecto bola de nieve’: un mal resultado para un partido en unas elecciones puede disuadir el voto a ese partido en las siguientes, cuando estas son cercanas, mientras que un buen resultado puede atraer nuevos votantes en las siguientes. ¿Hasta qué punto podemos esperar que los posibles malos resultados del PP en mayo de 2015 no se repitan meses después? ¿O que el ascenso de otros partidos se detenga en las generales?

Este escenario sugiere buenas razones para que Rajoy se plantee un avance electoral de las Generales, haciéndolas coincidir con municipales y autonómicas. Por supuesto, el Presidente podría estar escondiendo recursos desconocidos que puedan alterar el tablero: ¿una reforma constitucional? ¿Un cambio del candidato a la presidencia por parte del PP? ¿Podría suceder lo mismo con el PSOE?

No obstante, lo más verosímil es que la prudencia -o el vértigo- puedan llevarle a no tomar ninguna decisión, si se siente al borde del precipicio. A veces, ver venir el huracán paraliza a sus víctimas inminentes.

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En las últimas semanas, diversos comentaristas y periódicos anglosajones de prestigio han expresado su preocupación por la evolución de los hechos en Cataluña, y han reclamado al presidente Rajoy una solución política, más allá de la estrategia legal desplegada hasta el momento. No han escondido la inquietud que genera el creciente riesgo de inestabilidad en Cataluña y, por extensión, en el conjunto de España. Lo cierto es que la secesión continúa siendo un escenario improbable pero no imposible.

Desde la perspectiva anglosajona, es inevitable observar la cuestión catalana desde la experiencia escocesa. Así, en comparación con la decisión del gobierno de David Cameron de firmar un acuerdo sobre la celebración de un referéndum en Escocia, el gobierno español ha sido absolutamente reacio a aceptar cualquier tipo de concesión en este punto, lo que se podría entender como una actitud de terquedad política.

Sin embargo, aunque Rajoy está siendo profundamente criticado por la ausencia de reacción desde hace casi dos años, puede que tenga buenas razones para esperar. Entre ellas, porque el margen de actuación de Rajoy es menor del que disponía Cameron. Del mismo modo que el de Artur Mas tampoco es el de Alex Salmond. Por ello, la inquietud de los medios extranjeros está planamente justificada: en Cataluña las cosas no pueden a ir exactamente igual que en Escocia. Señalemos cinco diferencias básicas que nos ayudan a entender por qué.

¿Por qué los gobiernos no pudieron acordar un referendo?

En primer lugar, las normas constitucionales hacen que el acuerdo español sea un poco más complicado, ya que fijan con mayor definición los procedimientos para la reforma del sistema político y restringen el margen de actuación para los líderes. Aunque los obstáculos legales no deberían ser un freno para que la política resuelva las demandas de secesión en los Estados multinacionales, los partidos políticos catalanes pueden sufrir si ignoran la ley y fuerzan votos ilegales o alientan la desobediencia civil. Esto incentiva la actitud pasiva del Gobierno español ante la cuestión.

En segundo lugar, aunque no sea fácil de medir, podemos afirmar que el grado de autogobierno en Cataluña es, en general bastante bastante equivalente al de Escocia (según el Regional Authority Index), e incluso más alto de lo que era hace diez años en la propia Cataluña. Recordemos que el referéndum sobre la autonomía tuvo lugar hace sólo ocho años. Y aunque muchos han considerado la posterior sentencia del Tribunal Constitucional de julio de 2010 casus belli en la política catalana, no deja de ser una significativa paradoja que el auge de la secesión se haya dado en el momento en que Cataluña ha obtenido su mayor nivel de autogobierno de los últimos tres siglos. Esto provoca que la ‘devolution max’ que el Gobierno español podría ofrecer a Cataluña exija, de facto, una federalización real del sistema, mucho más que una simple reforma de la financiación autonómica.

En tercer lugar, tampoco ayuda la improvisación de los partidos catalanes en esta cuestión. A diferencia de la paciente evolución de los independentistas escoceses, la evolución soberanista de CDC, el principal partido de todo este proceso ha sido reciente y excesivamente condicionada por el contexto de competición política frente a otros partidos. En verano de 2012 Artur Mas aún se mostraba reacio a definir con precisión cómo iba a plasmar el llamado 'derecho a decidir' que su partido había adoptado como eje discursivo pocos años antes. Existe un consenso en interpretar la disolución anticipada de septiembre de 2012 como un giro táctico poco meditado y fundado en pronósticos electorales muy desacertados. El posterior acuerdo con ERC solo ha servido para forzar el curso de Mas, y acentuar la sensación de que su evolución hacia el independentismo responde a una necesidad de supervivencia política. Aparentemente.

No obstante, existen dos últimas diferencias que a veces parecen pasar desapercibidas incluso en nuestra propia perspectiva casera.

Por un lado, Mariano Rajoy no es Cameron porque no ‘juega’ solo. La política española no es cosa de dos, y cada día menos. Aunque el nacionalismo catalán intenta definir la situación como una lucha entre Cataluña y el Estado español, la competición multipartidista y la política multinivel (en este aspecto, casi como un sistema federal) introducen más actores en el escenario. Algunos de ellos, auténticos ‘jugadores con veto’, que pueden estar en desacuerdo, en última instancia, con el resultado de una negociación entre Rajoy y Mas, sea el que sea.

Desde la década de los 90 todos los presidentes del Gobierno han sufrido ejemplos de oposición, incluso entre sus propias filas, cuando ha tratado de establecer unilateralmente un acuerdo con Cataluña por intereses de estabilidad parlamentaria. Muy en particular, los líderes regionales se han convertido en figuras casi determinantes en la política nacional. Así, las principales crisis políticas internas de la última década en PP y PSOE han estado también vinculadas a facciones territoriales internas. Además, crece la competencia externa: algunos de los nuevos partidos, como UPyD y Ciutadans, se han hecho fuertes sobre la base del discurso antinacionalista, a veces anti-autonómico. En conjunto, estas limitaciones internas y externas actúan como barreras no solo para las aspiraciones catalanas, sino incluso para el margen de actuación de Rajoy. Peor: estimula a menudo la estrategia anti-catalana en sectores de la derecha española, a lo que el PP no se pudo resistir durante la década pasada…

En el otro lado del tablero, Artur Mas tampoco está solo. En contraste con la posición predominante del SNP como el 'partido indpeendentista' dentro del sistema de partidos escocés, el ‘terreno de caza’ electoral (en términos de Panebianco) del soberanismo e independentismo catalán está cada vez más fragmentado entre varios partidos, desde los conservadores a la extrema izquierda. La fragmentación del sistema de partidos no ha dejado de aumentar en Cataluña, desde que Jordi Pujol decidió encaminar sus pasos hacia su última legislatura, lo que alimentó la competencia entre los dos principales partidos nacionalistas, CDC y ERC. Esta competencia, en forma de subasta interminable, condicionó inexorablemente, y quizá no para bien, la reforma del Estatuto de Autonomía entre 2004 y 2006. El resultado es una inercia hacia el “maximalismo” que dificulta enormemente cualquier intento de enfriamiento entre Barcelona y Madrid. Y menos aún posibles acuerdos basados en el pragmatismo que tan bien conoce la cultura política británica.

Todos estos factores ayudan a entender las dificultades para alcanzar un acuerdo entre Rajoy y Mas sobre un referéndum en Cataluña. Desde entonces, apenas se han movido las posiciones. Y así será hasta el 9 de noviembre: gesticulación y prietas las filas. Más fácil en el PP que en CDC.

Pero ni siquiera es seguro que el 10 de noviembre el panorama empiece a desencallarse. En las actuales circunstancias y con un complicado año electoral por delante, Rajoy podría dudar entre correr el riesgo de poner en marcha una reforma constitucional para dar cabida a las demandas catalanas, o seguir con su posicionamiento respecto al nacionalismo catalán, temiendo que cualquier concesión a Cataluña pueda dañar sus perspectivas electorales en las elecciones locales, regionales y generales previstas para 2015.

Del mismo modo, como vimos ayer, Artur Mas mantendrá abierta la búsqueda de una salida a la situación política actual, aunque su supervivencia política cada vez resulta más vulnerable. Rajoy y Mas son hoy todo lo contrario que Cameron y Salmond hace dos años: dos líderes políticos acosados y sin mucho margen para alcanzar acuerdos que sean aceptados por la mayoría de sus competidores.

De todo ello puede beneficiarse el gran factor diferencial respecto a Escocia: Oriol Junqueras, el líder del partido que viene ostentando la llave de los equilibros en la política catalán desde hace una década y media. En este escenario, Junqueras seguirá tratando de aumentar la apuesta secesionista de Mas. Resultado: hace falta mucha imaginación para vislumbrar un panorama donde la inestabilidad y la incertidumbre no dejen de incrementarse en los próximos meses. Junqueras será el agente decisor, con un talón de Aquiles: no dispone de ninguna palanca institucional, de ningún botón rojo para el momento crítico. Pero aquí tiene un modelo a seguir. ¿Sabrá Junqueras extraer las lecciones pertinentes de la carrera de Alex Salmond antes de 2007?

Uno de los ámbitos más intensos donde se dirime el ‘proceso’ a favor del referéndum/independencia en Cataluña es el de la legitimación. Como nos recordaba Manuel Arias hace unos días, la disputa ideológica entre legalidad y legitimidad es un aspecto crucial del proceso político catalán. Dos posturas tratan de explicar el origen del proceso. Por un lado, el relato del movimiento soberanista pone el énfasis en la indudable capacidad de movilización conseguida, y que ha hecho visible una demanda popular que surge ‘de abajo’, al margen de los partidos. Frente a esta versión, algunos medios madrileños han preferido pensar que todo se trata de una confabulación de la clase política catalana, de un Mas ‘enloquecido’ o de una reacción ‘burguesa’ para defender privilegios, ante una ‘mayoría silenciosa’ que sufre la dictadura nacionalista. Paradójicamente, esta versión de un elitismo simplista tiene mucho éxito entre los activistas y creadores de opinión favorables a la secesión, que la reutilizan y la exageran hasta lo ridículo a fin de realzar aún más la ‘verdadera’ explicación, la otra, la popular.

Preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí no es un ejercicio banal, gratuito ni intelectualmente ingenuo. Si bien muchos querrán extraer de esa respuesta el grado de legitimidad real (absoluto para unos, nulo para otros) que posee todo lo que ha venido pasando en Cataluña desde septiembre de 2012, desde un punto de vista desapasionado y crítico tal pregunta tiene otro interés mayor: nos puede ayudar a intuir por dónde evolucionarán los hechos, más allá de los movimientos tácticos de trinchera que despistan al paciente observador medio. Saber cómo hemos llegado hasta aquí nos puede ayudar a entender cómo puede seguir de aquí en adelante.

Por supuesto, hay diversos factores que se han combinado en un cóctel excepcional. Un contexto muy duro: crisis económica, desafección política, descrédito de instituciones y dirigentes estatales, erosión de la marca ‘España’. A esto se añade una creciente politización de sectores de clase media y con estudios, cuyos hijos están descubriendo cómo baja el ascensor social. Y en consecuencia, un incremento de la movilización social, especialmente si se trata de acciones de protestas y de expresión contra el poder establecido. Ciertamente, la impresión que suscita el panorama catalán desde hace dos años es el de una sociedad muy activa y movilizada que ha desbordado a los principales partidos políticos. No obstante, si se desprovee esta interpretación del voluntarismo de la creencia dogmática, el observador escéptico podrá encontrar inconsistencias, como ya nos sugería Pau Marí-Klose.

Gráfico 1. Identidad nacional individual en Catalunya (1980-2013)

Una observación de los datos de opinión pública en Cataluña desde hace más de 20 años no nos permite detectar grandes cambios estructurales en el tiempo, y, en cambio, sugieren que los cambios de los últimos años dependen más del debate político catalán de lo que el relato soberanista propugna. El gráfico 1 nos muestra la evolución del sentimiento de identidad nacional en Cataluña desde 1989, mientras que el gráfico 2 describe las opiniones sobre el estatus político que debería tener Cataluña. Desde la perspectiva del individuo como motor de lo que está pasando en Cataluña, deberíamos observar que un cambio estructural importante en las preferencias identitarias o políticas de los ciudadanos precediera a los movimientos de los partidos y gobiernos. Sin embargo, no es eso lo que reflejan los gráficos, sino más bien lo contrario: el público reacciona a cambios previos en las estrategias de competición de los partidos.

Para ello hemos marcado cuatro puntos clave: el momento en el que el PSC decide adoptar una nueva estrategia al pedir la reforma del Estatuto (2001) para presionar a CiU y acercar a ERC; el inicio de la reforma del Estatut en el Parlament de Catalunya (2004); el giro soberanista en el discurso de CDC, partido de Artur Mas (2007), que desembocaría meses más tarde en el Congreso del partido, que ratifica ese cambio; y las elecciones autonómicas en las que CiU vuelva al poder desalojando al tripartito del gobierno (2010), meses después de la sentencia del TC.

Gráfico 2. Preferencias de estatus político para Cataluña (1991-2013)

La correlación, aunque no permita afirmar causalidad, sí resulta muy reveladora: la entrada del debate de la reforma del Estatuto (y la reacción del gobierno del Aznar) alimentó posturas inéditas de mayor identidad catalana exclusiva y de mayor preferencia por el federalismo. Igualmente, el proceso de reforma revirtió estas tendencias, hasta el punto de que el fin del proceso situó el autonomismo y la identidad dual en cotas altas. La radicalización de CDC, previa a la sentencia del TC sobre el Estatuto alimenta de nuevo la radicalización, especialmente entre el electorado nacionalista. Y finalmente la llegada de CiU al poder, sus problemas al frente de la Generalitat y la activación de grupos de presión surgidos del entorno de CDC y ERC (aunque no de sus dirigentes), organizados entorno a la Assemblea Nacional de Catalunya y otras organizaciones precede a un aumento sin parangón de las posturas más extremas en términos de identidad e independentismo. ¿Los partidos a remolque de los ciudadanos indignados? Los datos generales no permiten sostener esa afirmación.

Como hemos tratado de argumentar más extensamente, esta perspectiva interpretativa subraya la influencia de los partidos, y la competencia entre ellos, sobre el debate político y las posiciones de los individuos. Es verdad que no podemos concluir que los partidos manipulan a su antojo las preferencias de los individuos. Pero como diría Schattchneider, “organizar es movilizar inclinaciones”. En esa línea, diversos autores han llamado la atención sobre el poder de la conformación de la agenda pública. Esta perspectiva ayuda a proyectar una perspectiva más amplia sobre la evolución de la política catalana, situando el foco sobre cómo los partidos y los dirigentes han venido definiendo el debate político catalán desde hace más de una década, a través de sus opiniones, programas, estrategias e interacción.

Gráfico 3. Suma del % de escaños de CiU y ERC en el Parlament de Catalunya

Si nos fijamos, por ejemplo, en la competición por el poder que se ha dado entre partidos, nos daremos cuenta de que tras esa competición hay escenas de batalla continua determinantes. El Gráfico 3 nos muestra uno de esos ejes de competición clave, centrado en el electorado nacionalista: CiU y ERC han venido a representar la misma porción de diputados desde los años 80s… a la baja y en detrimento de CiU. Así, podemos entender hasta qué punto el auge de ERC entre el electorado de CiU, por razones diversas, llevó a algunos dirigentes de CDC a apostar por recuperar votantes (y posiciones de poder) a través de una evolución al soberanismo, desafiando a ERC en su terreno. Los resultados, hasta el momento, han sido pírricos para CiU, pero fulminantes sobre la radicalización del debate político en Cataluña y, a la postre, de las opiniones de muchos catalanes.

No obstante, la mera competencia interpartidista podría sugerir que, al fin y al cabo, los partidos anticipan los movimientos de los votantes, y se mueven en aquella dirección en la que también esperan se recompensados por estos en el futuro. Algo de eso hay también en la política catalana de la última década. Pero algunos autores han sugerido que también puede haber jugado a favor una preferencia de entrada, por parte de los dirigentes políticos de varios partidos catalanes, hacia posturas más radicales que las de sus votantes. O incluso que las de sus propios militantes de partidos. El problema para tratar de corroborar este tipo de hipótesis es que normalmente no disponemos de datos apropiados. La mayoría de estudios sobre las preferencias de los partidos suelen basarse en lo que opinan sus votantes, de modo que nos perdemos una parte importante de la película.

Gráfico 4. Identidad nacional de dirigentes, militantes y votantes (2000)

Por suerte, para el caso catalán disponemos de datos poco comunes y muy útiles. Los trabajos de Thomas Jeffrey Miley, Enric Martínez Herrera, Xavier Coller y otros sobre parlamentarios nos han enseñado que entre los diputados de la mayoría de partidos nacionalistas catalanes existen perfiles y opiniones que pueden haber favorecido el debate sobre la cuestión nacional frente a otros ejes. Además, encuestas a activistas (delegados de congreso) de partidos catalanes desde los años 90s apuntan en esa misma línea. El gráfico 4 nos muestra que, en el año 2000, los líderes de partidos nacionalistas eran más extremos que sus votantes e, incluso, y esto es mucho menos usual, que sus propios militantes en materia de identidad nacional. Solo los miembros de las organizaciones juveniles de esos partidos (muchos de ellos militantes y dirigentes de esos partidos en la actualidad) eran más extremos que los propios dirigentes. En este mismo sentido, otros datos nos muestran que durante más de una década, los dirigentes de partidos nacionlistas en Cataluña han conseguido atraer a muchos de sus votantes hacia las posiciones más extremas en términos de identidad y de preferencias políticas territoriales.

Si bien de estos datos no puede deducirse una explicación puramente vertical, sí nos ayuda a contrastar el discurso basado en la idea de ciudadanos que arrastra a partidos. Por supuesto, la realidad es suficientemente compleja para esquematizar excesivamente la relación entre elites y ciudadanos. Pero una perspectiva en la que los partidos tienen un peso decisivo en la configuración de la competición política (y, por extensión, de los ciudadanos), nos resulta útil para intuir por dónde seguirá la evolución de los hechos.

Desde hace 15 años, en Cataluña se está jugando la redistribución del poder político. Desde un primer momento, los líderes de los principales partidos escogieron el terreno de la organización territorial para disputar esa competición, poniendo en cuestión el papel de Cataluña en el marco constitucional. Primero fue PSC vs CiU. Luego ERC vs CiU. Pero esta disputa ha acabado fragmentando el sistema de partidos catalán y polarizando a sus votantes. El ascenso de un grupo de presión transversal, y cada vez mejor articulado, nos sugiere nuevas y estimulantes hipótesis. La próxima estación: la lucha por organizar un eventual ‘Movimiento del President’ frente a los que apuesten por una más decidida ‘Asamblea por la Independencia’. Con permiso de ERC.

El comportamiento político y la visión del mundo y del futuro depende mucho de la edad con que se mira y se actúa. Esto no es nada nuevo. Ello no significa necesariamente que los individuos mantengan ciertos rasgos comunes esa visión el resto de su vida. Suelen ir cambiando según esta les va, a medida que envejecen. Es lo que suele llamarse el ‘efecto edad’.

Solo cuando un grupo amplio de individuos nacidos en la misma época cambian su visión del mundo y su manera de actuar políticamente respecto a sus mayores, y luego mantienen esos cambios a lo largo de la vida, se puede hablar de un ‘efecto generación’. Un fenómeno más raro y difícil de probar.

Algunos de los cambios que se están produciendo en España en las actitudes política, en la manera de ver la sociedad e incluso en la forma de comportarse políticamente parecen ir ligados fuertemente a la edad de los individuos. Si utilizamos los datos de los últimos dos Estudios del CIS publicados (E 3028 Postelectoral europeas y E3031 Sobre hábitos de consumo), podemos observar una serie indicadores de este ‘efecto edad’ en la participación política y en las expectativas económicas.

Como ya sugerían los datos de la encuesta preelectoral, el apoyo a PP y PSOE en las elecciones europeas se encontraba muy relacionado con la edad: a menor edad, menor probabilidad de votarles. Lo que nos acaba de confirmar el estudio postelectoral del CIS es que los jóvenes (menores de 45 años) se fueron a otros partidos. De este modo, cuanto más jóvenes son los votantes, hay más probabilidad de que hayan votado, por ejemplo, a Podemos y, en menor medida, a IU, a quien el nuevo partido parece haberle abierto un flanco sangrante en el electorado más joven y crítico. En los otros partidos, esta relación con la edad es mucho menos lineal.

No obstante, ¿cuál es el grado de solidez de este voto entre los menores de 45 años de cara al próximo ciclo electoral? La juventud también reduce la probabilidad de fidelizar el voto en comparación con los mayores. Además, parece que los jóvenes decidieron su voto en las últimas elecciones europeas más tarde que los mayores, en los últimos días antes de las elecciones. Posiblemente vuelvan a hacer lo mismo en el futuro.

Más sorprendente es la falta de convicción en su voto emitido en las últimas europeas: casi la mitad de los menores de 45 años no habrían votado al mismo partido de haber conocido los resultados finales que se dieron.

¿Podemos predecir qué pasará con muchos de estos jóvenes el próximo año? Parece que las encuestas lo van a seguir teniendo tan difícil con las generaciones más jóvenes de electores como viene siendo habitual últimamente. En cualquier caso, los electores jóvenes de hoy se muestran más optimistas que sus mayores, con mayores expectativas de gastar, a pesar, paradójicamente, de que parecen estar viviendo una situación económicamente más apretada: a uno de cada cinco le resulta difícil llegar a fin de mes.

¿Cosas de la edad? Eso es lo que esperan algunos partidos. ¿O quizá la crisis va a transformar estructuralmente las preferencias electorales de aquellos que, por su juventud, más tiempo van a sufrir sus consecuencias? Eso es lo que temen algunos partidos.

¿Quiénes son los delegados de los congresos y a quiénes representan? En casi todos los partidos españoles, como en la mayoría de partidos democráticos del mundo, la asamblea o congreso (nacional, federal, general, etc) constituye el principal órgano de la organización. Suele reunirse anualmente, cada dos, tres, cuatro años, o incluso más (según partidos y tradiciones políticas) y decide las reglas e ideas básicas del partido, así como quiénes lo dirigirán. Como ya hemos explicado en otros textos, existe una tendencia general a trasladar este último asunto (quién debe ser el líder del partido) al ámbito de decisión directa de todos los miembros del partido. Pero eso no hace desaparecer la importancia del órgano congresual o asambleario del partido.

Los Congreso federales del PSOE, desde 1977, han estado compuestos por entre 800 y 1000 delegados, que son elegidos por los órganos territoriales del partido, según su número de afiliados. El incremento constante del número oficial de afiliados durante 30 años, junto a la estabilidad del número de delegados del Congreso, hizo que estos cada vez tuvieran una ratio de representatividad más alta: si un delegado del 28º Congreso (1979) representaba unos 80 afiliados aproximadamente, cada delegado del 37º Congreso (2008) llegó a representar 555 afiliados. La caída de la afiliación de los últimos años ha permitido reducir la ratio: cada delegado de este Congreso Extraordinario representará a 191 afiliados.

Estos datos nos dan una muestra de cuánto se ha ampliado la inclusividad en la elección del Secretario General: si Zapatero fue elegido por 414 delegados (en la primera votación) en 2000, y Rubalcaba obtuvo 487 frente a Chacón, Pedro Sánchez será líder del partido con el apoyo directo de más de 68.000 afiliados socialistas. En total, la elección del 13 de julio permitió que votaran 132 veces más afiliados de los que lo hubieran hecho si la decisión se hubiera tomado solamente a través del Congreso.

Pero, más allá de la representatividad numérica, ¿cómo son este millar de delegados? Los números estudios que se han hecho sobre estas elites intermedias demuestran que son más bien poco representativos del votante, e incluso del afiliado medio. En cambio, son un buen reflejo del activista con cargos internos que hace funcionar la organización cotidiana del partido, el militante, el que sostiene la acción efectiva del partido en el día a día. “No son jefes sino ejecutantes”, puntualizaba el politólogo francés Maurice Duverger.

A partir de los datos de la encuesta del Grupo de Elites y Partidos (GREP), que realizó una encuesta a los delegados del Congreso Federal del PSOE de febrero de 2012, podemos realizar una radiografía de estos militantes. Como siempre, hay que tomar con precaución estos datos, basados en 221 respuestas de un total de 956 delegados. Este tipo de encuestas suelen estar sesgadas debido a la menor tasa de respuesta de los delegados más relevantes de la organización, por lo que los datos suelen ser más representativos de aquellos delegados más parecidos al militantes medio, como han venido mostrando estudios similares en otros partidos y países.

El perfil activista de los delegados (Tabla 1) confirma su papel activo dentro de la organización, normalmente muy participativo en el nivel local o territorial, comprometido en las campañas electorales y muy conectado a la vida interna, dedicando varias horas a la semana al partido. La mayoría de ellos tienen cargos internos y cerca de la mitad suelen tener además cargos públicos. Muchos de ellos poseen tradición de militantismo político, que en muchas ocasiones incluso han heredado familiarmente.

Este elevado activismo interno les diferencia del simple afiliado, cuya participación –en algunos casos- interna es casi nula. Recordemos que en las pasadas primarias del 13 de julio uno de cada tres afiliados no votó. Estos elevados porcentajes de absentismo también se están dando en otras primarias recientes. Queda para otro momento valorar quiénes son y por qué pagan su cuota estos afiliados que luego no participan nunca. ¿Existen?

Por ello, no resulta sorprendente que las opiniones de los militantes también sean distintas del votante medio del PSOE. Las Tablas 2 y 3 muestran militantes más a la izquierda del votante medio del partido, especialmente en cuestión de valores y de temáticas sofisticadas, aquellos en los que la mayoría de la población a veces no tiene una opinión tajante.

Aquí surge uno de los dilemas clave que debe afrontar todo líder de partido: definir un programa que sea aceptado a la vez por sus bases del partido y por sus electores. En esta ocasión, además, el dilema se revela especialmente crítico. El nuevo Secretario General deberá saber navegar para mantener sus apoyos no solo entre las bases activas de su partido y sus votantes fieles, más moderados generalmente. También deberá prestar atención a aquellos nuevos votantes que emergen en los sectores de la izquierda española y cuyas posiciones políticas pueden estar incluso más alejadas del centro que los propios militantes del partido.

1: ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ‘primarias’? Técnicamente, el término se ha importado del léxico político norteamericano, donde se utiliza para designar las elecciones previas o ‘primarias’ donde las bases de los partidos nominan a sus candidatos, antes de que estos compitan con el resto de partidos en las elecciones generales. La proliferación del método en Europa ha popularizado el uso del término ‘primarias’, de tal modo que hoy se utiliza incluso académicamente para referirse a cualquier elección de candidatos o cargos internos de partido en la que participe el conjunto de afiliados o, incluso, de votantes no inscritos.

2: ¿Todas las primarias funcionan de la misma manera? No, bajo el paraguas de las ‘primarias’ hay mucha diversidad, según los criterios de organización empleados. Según quién vota, pueden ser cerradas (solo afiliados) o abiertas (cualquier ciudadano), aunque en este último caso la forma de construir el ‘censo’ de votantes puede determinar el grado de obertura y limpieza de la elección. Se consideran igualmente primarias las que poseen ‘selectorados’ mixtos, donde la voz de las bases se combina con la de otros órganos (diputados, los delegados de un congreso, etc.) según porcentajes diversos para cada cuerpo electoral. También varía según la fórmula electoral: se puede aplicar la fórmula de mayoría simple (como en la elección de hoy), a doble vuelta (como en las primarias socialistas recientes en Barcelona o las del PS francés) o mediante voto alternativo o sistemas parecidos (donde un elector puede votar a diversos candidatos según orden de preferencia: es más barato que la doble vuelta y más equitativo que la mayoría simple). Otros aspectos organizativos del proceso no son menores: cómo se financian, cómo se avalan los candidatos, cómo se ejerce el voto…

3: ¿Son las primarias algo excepcional? Hace años eran vistas como una peculiaridad estadounidense. Sin embargo, desde hace un par de décadas se trata de un mecanismo de elección que se extiende entre partidos europeos de color diverso, tanto para elegir candidatos electorales como para cargos internos. Un reciente estudio basado en los principales partidos de Europa occidental, contabiliza actualmente 21 partidos cuyos estatutos establecen la elección de su líder nacional mediante primarias abiertas o cerradas. España (como Alemania) ha sido considerada hasta hace bien poco una excepción en este panorama de difusión general de las primarias en Europa. El caso fallido de las primarias Borrell/Almunia de 1998 se convirtió en una suerte de vacuna para otros partidos y para el propio PSOE. Pero en los últimos años las primarias han experimentado un renovado interés, debido a la llegada de nuevos partidos que las utilizan de forma generalizada (como UPyD) y al recurso que hacen muchos partidos con problemas electorales, como el propio PSOE e IU. A pesar de los riesgos que pueden generar, no lo duden: las primarias han llegado para quedarse.

4: ¿Por qué se introducen primarias en partidos que no las utilizaban? Hay tres grandes explicaciones: un cambio cultural en los valores individuales, que da más importancia a la voz de las bases frente a los líderes o delegados y entienden la democracia como participación directa de los individuos; derrotas electorales o pérdida sostenida de votantes en grandes partidos, que tratan de superar mediante la obertura de las decisiones a las bases; y luchas internas por el liderazgo, donde algunos aspirantes pueden tratar de promocionar las primarias para debilitar a los aparatos (o al contrario, donde los líderes del partido pueden imponer primarias paradójicamente como estrategia para evitar el ascenso de nuevos líderes).

5: ¿Las primarias permiten elegir líderes de perfil diferente? No necesariamente. Los datos recogidos en las estudios más recientes nos dicen más bien lo contrario. La elección directa de los líderes y candidatos no mejora sustancialmente las opciones para candidatos más heterodoxos o alejados de la media popular. No obstante, hay más porcentaje de mujeres liderando partidos con voto directo de las bases que cuando ello depende de órganos más reducidos. Por el contrario, cuando se trata de elegir candidatas, las mujeres tienen más opciones si son cooptadas por comités internos de elección que si ello depende del voto popular de las bases.

6: ¿Aumentan las primarias la participación? Está claro que hay mucha más gente eligiendo un líder del partido mediante primarias que cuando el voto depende de unos centenares de delegados. No obstante, la participación en las primarias está sujeta a diversos factores que la hacen oscilar, como sucede en cualquier elección general: el interés de la elección, el estado del partido, las expectativas de victoria, etc. Esto puede dar lugar a situaciones paradójicas: en las primarias abiertas del PSC en Barcelona (abril de este año) fue a votar a los candidatos el doble de individuos de los militantes inscritos en el partidos, y 60 veces más votantes que si el candidato hubiera sido elegido solo por los delegados de la asamblea local. Pero las expectativas, infundadas, hicieron que los resultados fueran considerados de baja participación. Por otro lado, las primarias suscitan un problema ‘nuevo’ para los partidos que las promueven: la calidad de la participación, que puede verse afectada por fenómenos diversos (clientelismo, estrategias entristas de electores de otros partidos, miembros fugaces que se dan de alta solo para votar y luego se dan de baja, etc.).

7: ¿Las primarias hacen la selección más competitiva que un congreso? Solo hasta cierto punto. Las primarias atraen más candidatos pero no hacen elecciones más ajustadas. Cuando los partidos eligen a sus líderes internos, las primarias hacen más difícil las ‘coronaciones’, cuando solo se presenta un candidato. Lógicamente, la elección directa estimula que se presenten candidatos que, en cuerpos electorales más cerrados, no tendrían ninguna opción de hacerlo. Sin embargo, eso no significa elecciones más ajustadas. Cuando hay más de un candidato, los resultados ajustados (menos de 10 puntos de diferencia entre el primero y el segundo) son mucho más comunes si lo eligen los delegados de un congreso o los propios diputados (22,6% y 34%) que si la elección se basa en primarias (18%).

8: ¿Las primarias debilitan a los partidos? Suele repetirse, partiendo de supuestos teóricos, que las primarias alimentan el faccionalismo y la división interna. Sin embargo, la realidad nos dice lo contrario, o casi: las primarias no conducen a más escisiones, al menos de las que podrían haberse dado sin ellas. Por el contrario, y aunque es difícil medirlo con datos comparados, la elección directa inviste al ganador de una legitimidad añadida, que le hace más indiscutible ante sus oponentes. Algunos estudios señalan que la gestión posterior de los candidatos ganadores es determinante para garantizar la cohesión del partido: si el ganador se lo queda todo, no deja más opciones a los derrotados que marcharse a su casa. O a otro partido. También es cierto que cuando la división interna ha superado un umbral determinado, ni las primarias impiden la ruptura.

9: ¿La primarias permiten recuperar la confianza en los partidos? No hay datos concluyentes. En una encuesta propia a los votantes de las primarias del PSC en Barcelona, la gran mayoría de votantes ajenos al partido reconocían que no pensaban, de ningún modo, afiliarse al partido debido a las primarias. Datos similares de estudios italianos refirman esa idea. La situación, en realidad, refleja una actitud paradójica de los ciudadanos: existe una mayoría de militantes y de ciudadanos no inscritos en partidos a favor de las primarias. Pero esos mismos ciudadanos no inscritos no mejorarán su visión del partido por el mero hecho de haber realizado unas primarias

10: Así que, ¿las primarias mejoran las expectativas electorales? Muchos partidos pueden recurrir a las primarias como forma de recuperar la confianza en el electorado, de renovar la política, de revertir una tendencia decadente… Apenas hay estudios que nos digan si esto luego sucede o no. Un trabajo reciente de Luis Ramiro sugiere que en aquellos municipios donde el PSOE optó por elegir sus candidatos en primarias, sus resultados tendieron a ser mejores. No queda claro si la mejora fue producto de las primarias, o bien al revés: una expectativas de victoria dieron la confianza necesaria al partido local para abrir la elección a las bases. No obstante, otros autores señalan que el impacto electoral positivo de las primarias puede darse como producto de la novedad. En cambio, a medida que los partidos tienden a acostumbrarse a celebrar primarias, la influencia de estas sobre los resultados electorales se debilita.

Todos estos interrogantes suscitan el escepticismo ante el valor del uso de las primarias. Decía Felipe González que “las primarias son una impostación de la democracia directa por un fallo de la democracia representativa” que simbolizan los congresos de los partidos. Otros verán en las primarias un instrumento para mejorar la democracia deliberativa en la vida de los partidos. Los diagnósticos de Andrés Ortega, Politikon o +Democracia apuestan por ellas, con cierta fe, como método para mejorar la selección de las elites en España. Los estudios académicos más recientes nos recuerdan los desafíos que estas implican para los partidos tal como los hemos conocido. El debate está abierto. Y con la elección de hoy, el PSOE lo eleva a un nuevo registro.

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El nuevo monarca que hoy se corona sabe que reinará un país que constituye una excepción en el panorama de las monarquías parlamentarias occidentales del siglo XX, por dos motivos. Es el único país en el que una monarquía ha acabado sobreviviendo a dos períodos republicanos contemporáneos. También es el único caso de los 29 Estados europeos que experimentaron transiciones hacia la democracia (aunque algunos se hayan quedado a medio camino) después de la Segunda Guerra Mundial donde se recupera la forma monárquica para coronar un régimen parlamentario. Y con ello, ha sido el único caso de un país que pasa de un sistema autoritario a uno democrático reinstalando una monarquía, y no la república democrática que la dictadura había asaltado.

Lo común no solo fue optar por una república sino hacerlo por sistemas de carácter más o menos presidencial. Por el contrario, de las otras nueve monarquías parlamentarias actuales en Europa (dejando de lado los casos peculiares de Andorra y del Vaticano), todas ellas han vivido bajo la monarquía desde su independencia, con lapsus puntuales derivados de períodos de invasión o de conflicto bélico internacional.

Y, ¿por qué se ha mantenido la monarquía en Europa? Existe una correlación elevada, e imperfecta, entre monarquía y progreso social. Las monarquías parlamentarias de Noruega, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Bélgica y Luxemburgo se encuentran entre los países con mayor nivel de bienestar del mundo (a los que podríamos sumar los ‘peculiares’ micro-Estados Mónaco y Liechtenstein). Por detrás, a poca distancia, vendría el Reino Unido. Y España. Algunos habrán querido leer esta correlación como una relación causal entre monarquía y progreso. Probablemente, la lectura debería ser la contraria: la monarquía ha resistido allí donde el sistema político y económico ha permitido una redistribución del progreso social entre la gran mayoría de ciudadanos, que han tolerado, a menudo por desinterés y apatía, la institución monárquica.

Las monarquías demuestran tener una enorme capacidad de resistencia en las democracias europeas, siempre que coexistan con elevados niveles de bienestar económico. Cuando esto se rompe, el malestar social se traduce en protesta política y la corona se tambalea, las monarquías desaparecen. Y no regresan. Excepto en España.

Así pues, ¿cuándo caen las monarquías? Las monarquías europeas del siglo XX que dejaron de serlo sufrieron dos circunstancias: el hundimiento de los imperios tras la I Guerra Mundial, o bien el de los regímenes autoritarios que los monarcas apoyaron. El último caso de este tipo tuvo lugar en Italia, cuando el referéndum republicano (de un 2 de junio pero de 1946) puso punto final a la monarquía parlamentaria de Humberto II.

¿España seguiría la misma senda llegado el caso? ¿Qué tipo de república podría suceder a Felipe VI? Cualquier especulación es gratuita, por supuesto. Pero resulta difícil de imaginar que el resultado sería una república parlamentaria a la italiana o la alemana, esto es, un simple cambio del mecanismo se selección dinástica del Jefe del Estado por uno de elección parlamentaria. La elevada polarización política que se da en España y las dificultades en cooperar que demuestran cada vez más las elites políticas a la hora de acordar pactos y nombramientos políticos relevantes (recordemos, por ejemplo, cómo cada vez se prolongan más las renovaciones de los miembros del Tribunal Constitucional) hacen difícil imaginar la capacidad para renovar, cada cuatro años, un cargo de altísimo nivel simbólico y cuya autoridad debe mantenerse por encima de los partidos.

Si a esto añadimos la deriva personalista que ha adquirido la política ejecutiva (tanto a nivel estatal como autonómico y local), parece bastante plausible imaginar que una crisis política e institucional de la monarquía en España (que lo sería del conjunto del sistema constitucional) desembocaría en una reorganización institucional, que probablemente adoptaría un esquema semipresidencial: elección directa de un Jefe de Estado (un verdadero presidente), con poderes reforzados, manteniendo un jefe de gobierno elegido por el parlamento y supeditado al primero.

Que eso suceda o no quizá dependa de cómo Felipe VI gestione sus instrumentos de poder simbólico y persuasivo, y sobre todo, de cómo los que realmente gobiernan y deciden en España, gobiernos, parlamentos y partidos, consigan superar el malestar y la crisis de confianza que manifiestan los ciudadanos. La paciencia y la aceptación pasiva y desapasionada de estos es el verdadero sustento de una institución cuya principal aportación, como ya señalaba Walter Bagehot, es la permanencia y la estabilidad, no la representación de ideas o intereses concretos. Al fin y al cabo, como afirmaba el propio Bagehot, “los beneficios que aporta un buen monarca no tienen precio, pero los daños de un mal monarca son irreparables”.

¿A dónde se irá el voto de los menores de 45 años?

Parece que están cambiando las preferencias electorales de los hijos de las clases medias en España

La noche electoral del 25 de mayo puso fin a las especulaciones y confirmó lo que muchos temían y otros deseaban: mucho cambio y mucha novedad. Por supuesto, se castigó al partido de gobierno, y el PP perdió algunos millones de votantes. Pero también se castigó el mal llamado ‘bipartidismo’, y el PSOE perdió otros tantos millones. Y también se castigó ‘lo viejo’, de modo que IU y UPyD (que ya nos es tan nueva) dejaron de ganar terreno ante la competencia de partidos noveles que aspiran al mismo ‘territorio de caza’ electoral (en expresión de Panebianco).

Muchos analistas han personificado este vendaval electoral en el auge de Podemos, con unos resultados espectaculares. Pero probablemente, Podemos es la expresión más que el motor, la consecuencia más que la causa, de una transformación de la forma de votar que se está fraguando entre los electores jóvenes, aquellos que marcarán la evolución política de España en los próximos 25 años.

Y resulta curioso señalar que había indicios muy sólidos para ver por dónde iban a ir los tiros. Y sobre todo para intuir por dónde irán en el futuro.

Según la encuesta pre-electoral del CIS (abril de 2014), cuatro de cada diez electores sostenían la afirmación “en las elecciones europeas puede ser conveniente votar por un partido diferente al que se vota en las elecciones generales”. Esto es, electores potencialmente volátiles.

Gráfico 1. Predisposición a cambiar de voto e intención de voto por edad

Lo más llamativo es que ese perfil de potencial elector volátil depende mucho de la edad. Como muestra el Gráfico 1, la mitad de los menores de 45 años están dispuestos a votar partidos diferentes en elecciones europeas y generales. A medida que los electores son mayores, su disposición a cambiar de partido decrece. Sólo en los mayores de 65 años es mayor el apoyo a la idea de que “Lo normal es votar al mismo partido en las elecciones europeas y en las elecciones generales”.

Esta relación inversa entre disposición a la volatilidad y la edad es exactamente opuesta a la intención de votar a PP o PSOE, intención que decrece con la edad: la predisposición a votar PP o PSOE era el doble entre los mayores de 65 años que entre los menores de 35 años.

Gráfico 2. Predisposición a cambiar de voto en elecciones europeas 2004-2014

¿Hasta qué punto esto era normal? Si observamos las encuestas pre-electorales del CIS de 2004 y 2009, vemos cambios a más. El Gráfico 2 nos muestra cómo ha ido creciendo el volumen de volátiles potenciales en los últimos diez años frente a los ‘leales’. En 2014, por primera vez (comparando incluso con pre-electorales anteriores), los volátiles son más que los leales.

Más volátiles y más jóvenes. Pero, ¿qué consecuencias podría tener esta volatilidad? Como muestra el Gráfico 3, la propensión a la volatilidad es mayor entre el centro y la izquierda y decrece a medida que los electores se sienten más de derecha. Además, notemos el cambio producido desde 2009. Si entonces la volatilidad adoptaba una distribución ‘normal’ (mayor en el centro y menor en los extremos), ahora es un fenómeno de izquierda (donde supera el 50% de los electores).

Gráfico 3. Predisposición a cambiar de voto según ideología

Por eso, no es de extrañar que PSOE e IU sean los partidos que podrían verse más afectados por ello, impacto que aumenta considerablemente desde 2009 hasta la actualidad. En cambio, el PP parece menos vulnerable (aunque también en aumento), especialmente si tenemos en cuenta la baja predisposición a la volatilidad entre electores de derecha.

Gráfico 4. Predisposición a cambiar de voto según recuerdo de voto en generales

¿Quiénes son estos electores volátiles? Podríamos pensar que son individuos pocos sofisticados, desinteresados, sin estudios, pasotas de la política. Pero los datos del CIS nos dicen lo contrario: jóvenes sobradamente preparados e informados, a los que les interesa la política y que querían ir a votar. Sin duda, este perfil debe mejorarse en próximos estudios, pero suscita una cuestión trascendental: ¿están cambiando las preferencias electorales de los hijos de las clases medias en España?

Conclusión preliminar: más volatilidad que parece ir ligada a una nueva generación que emerge y cuyos efectos se hacen principalmente entre los partidos tradicionales de la izquierda. ¡Ojo! También puede deparar sorpresas negativas para los nuevos partidos en 2015, si muchos de estos votantes deciden, efectivamente, cambiar de nuevo su voto en las próximas generales.

El rotundo apoyo de los militantes sin cargos a la elección directa del líder del partido encuentra más reticencias entre las direcciones de los partidos. En este gráfico, por ejemplo, se muestra cómo los delegados con cargos (en la organización o en instituciones públicas) están menos de acuerdo en utilizar primarias para elegir a los dirigentes.

No es de extrañar: en un trabajo en proceso hemos demostrado que las demandas para abrir las decisiones de los partidos al conjunto de la militancia son más intensas entre aquellos individuos con menos cargos, que tienen menos deseos de subir en el partido, que dedican menos horas a la organización, que son más críticos con los dirigentes y que tienen más discrepancias con la línea ideológica oficial. En definitiva, los menos influyentes y con menos expectativas de influir.

La consecuencia es que durante más de 30 años los partidos españoles, con escasas excepciones, han mantenido la misma forma de escoger a sus líderes mediante congresos. Pero mientras crecía la base afiliada a los partidos, el tamaño de los congresos ha permanecido estable. Resultado: un delegado de congreso representa la voz de cada vez más afiliados, reduciendo su representatividad.

¿Seguirán los partidos españoles la senda de otros partidos occidentales, hacia una ampliación de la base que elige a sus líderes?

Al igual que muchos otros partidos en otras democracias occidentales anteriormente, los líderes y militantes del PSOE se enfrentan al problema de cuál es la mejor forma de elegir a su principal dirigente. En realidad, el dilema no es si las primarias de candidato deben ir antes o después del Congreso. Se trata de quién debe escoger a esta o este y con qué inclusividad.

Un Secretario General elegido por una base mayor que los delegados puede resolver el interrogante sobre si también el candidato a las generales tiene que someterse a unas primarias.

La decisión de Alfredo Pérez Rubalcaba de convocar un Congreso Extraordinario del PSOE, como forma de asumir la responsabilidad de los malos resultados en las elecciones europeas, ha reabierto el debate en este partido sobre si también debe abrirse la elección del líder del partido al voto de todos los afiliados. Los datos revelan que el 73,6% de los delegados encuestados del PSOE e, incluso, el 96,7% del PSC así los desean.

Sin duda, la opinión de los militantes de los partidos españoles es abrumadoramente favorable a que los jefes de los partidos, y no solo los candidatos, sean escogidos por el conjunto de los militantes. Como muestra el gráfico, basado en datos propios de encuestas realizadas por el GREP, la mayoría de asistentes a los congresos de varios partidos españoles encuestados en el período 2010-12 se manifestaron totalmente o bastante de acuerdo con la afirmación “el líder del partido y los candidatos deberían ser elegidos directamente por los afiliados”.

La elección directa de cargos o ‘primarias’ (según la terminología que se ha consolidado entre académicos y partidos) significa una mayor implicación de las bases del partido en las decisiones clave. Para muchos, constituyen lisa y llanamente más democracia interna en los partidos. Se trata de extender la ‘voz’ en las decisiones clave a todos los miembros que, a pesar de todo, hoy siguen pensando que una buena manera de contribuir a la democracia es participando en un partido político. ¿Por cuánto tiempo podrán resistirse los partidos a esta tendencia?

Nota metodológica: Los datos provienen de la base ‘delegate4’, que agrega las respuestas de delegados de congreso de diferentes partidos para el ciclo 2008-2013 por el Grupo de Investigación sobre Elites y Partidos Políticos. Los datos del gráfico fueron obtenidos de encuestas realizadas en los siguientes congresos: PRC (n=437), PSC 2011 (n=282), ERC 2011 (n=664), PSOE 2012 (n=221), BNG 2012 (n=1493) y UDC 2013 (n=113). Los aspectos sobre el método de la encuesta se encuentran comentados aquí. Una muestra de los datos para los principales partidos se publicará próximamente en el capítulo Baras, Barberà, Barrio, Correa & Rodríguez Teruel, “Party members in Spain”, de la obra dirigida por E. Van Haute & Routledge Para mayor información sobre la investigación sobre miembros de partido, puede consultarse la web del grupo elitesypartidos.uab.es y en la web de la red internacional Members And Activists of Political Parties.

Entre 2008 y mayo de 2014 se inscribieron 987 nuevos partidos

Siete de los partidos españoles que obtuvieron representación europea en las elecciones del 25 de mayo se habían creado en los últimos años, alguno de ellos pocos meses antes de los comicios. ¿Anécdotas de éxito excepcionales o termómetro de movimientos más profundos? Si atendemos a las inscripciones en el registro de partidos del Ministerio de Interior (requisito imprescindible para poder presentarse a las elecciones), la entrada de nuevos partidos es un fenómeno en aumento continuo desde los años 1990s.

Gráfico: Número de nuevas organizaciones inscritas en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio de Interior (en períodos de cuatro años)

Como señala el gráfico, cada vez se crean más partidos. El récord tiene lugar en el último ciclo: entre 2008 y mayo de 2014 se inscribieron 987 nuevos partidos. Desde 2008, de promedio, se han venido inscribiendo en el registro 15 partidos al mes, uno cada dos días.

Ciertamente, el número de partidos registrados es un indicador imperfecto y de significado muy limitado, que hay que leer con mucha precaución. No nos indica, desde luego, qué partidos importan en el sistema de partidos español, siguiendo los criterios de Giovanni Sartori. Tampoco nos sirve para predecir quiénes obtendrán representación electoral en alguna instancia de gobierno. Ni siquiera es indicativo de hasta qué punto estas formaciones son verdaderos partidos o simples agrupaciones de pocos individuos, proyectos personalistas o denominaciones instrumentales que luego no recogerán apenas apoyo social (o ni siquiera llegarán a presentarse a elecciones).

Pero sí es un indicador sencillo e inteligible para saber cuántos ciudadanos quieren presentarse la competición política al margen de las siglas ya existentes. Y por tanto, a través de los movimientos de este Registro, podemos intuir cuál es el grado de renovación potencial que una democracia puede generar.

Lo interesante de este dato es dónde y cuándo se produce: la mayoría de estas formaciones aparecen en el registro en los 18 meses anteriores a las elecciones municipales y adoptan denominaciones locales o regionales. En ocasiones, surgidos en la estela de ciclos políticos de desgaste de uno de los grandes partidos o de escisiones territoriales. Muchos son, por tanto, proyectos de orientación localista, que aspiran a disputar el espacio de los partidos ya establecidos en el ámbito municipal. Algunos de ellos se aliarán con otros partidos para presentarse a las elecciones, muchos fracasarán en el intento y solo unos pocos abordarán un proyecto de ámbito estatal y llegarán a ser realmente conocidos por el amplio público. ‘Podemos’ es una de estas significativas excepciones.

Sin embargo, este incremento constante de inscripción de nuevos partidos en el registro es el reflejo de un fenómeno gestándose en silencio en el ámbito municipal: el cuestionamiento del papel de los grandes partidos (no solo de PP y PSOE) en la arena subestatal o local, allí donde las condiciones son más favorables para emprender una empresa política de carácter electoral.

Nota de análisis de los editores de Agenda Pública

En poco más de tres semanas, tendrá lugar el mayor proceso electoral simultáneo del mundo. 500 millones ciudadanos de 28 países europeos podrán acudir a elegir sus representantes en el parlamento democráticamente electo más grande del planeta entre el 22 y el 25 de mayo. Solo la supera la elección a la Lok Sabha, la Cámara Baja de India, con un censo de 814 millones, aunque esta en realidad se trata un macroproceso formado por diversas fases cuya duración se prolonga durante cinco semanas.

Son muchas las críticas, y a menudo sólidamente fundamentadas, que se dirigen a la Unión Europea. Desde Agenda Pública nos hemos hecho eco –y nos seguiremos haciendo- de los argumentos teóricos y de los datos empíricos que sostienen esa perspectiva crítica hacia la democracia europea.

Sin embargo, todo ello solo puede entenderse desde la convicción de que la Unión Europea forma parte de una meta irrenunciable y de largo recorrido, la aspiración paneuropea que intuyó un austro-húngaro como Coudenhove-Kalergi, o el sueño europeo que solo un americano, como Jeremy Rifkin, podía valorar en toda su magnitud. Y también una realidad poliédrica, como nos recuerda Luuk van Middelaar en El paso hacia Europa, donde se admiten perspectivas casi opuestas sobre su significado y alcance: las que reivindican sus méritos y logros, las que alertan de sus límites e insuficiencias, e incluso las que manifiestan su escepticismo ante el proceso. Desde esa perspectiva plural, es necesario seguir explicando por qué Europa importa.

A menudo, observamos la UE como una realidad esencialmente económica, la Europa del 7-25-50, como nos recuerda J.I. Torreblanca: el 7% de la población mundial, el 25% de la producción, y el 50% del gasto social. Se trata de unas cifras que exigen un proyecto de sostenibilidad económica y social en un entorno cada vez más mundializado.

Pero la realidad socioeconómica europea no puede hacernos olvidar el gran logro de la UE tras medio siglo: la paz y la concordia entre tradicionales vecinos enemigos. No olviden estas cifras que nos recordaba Diego Beas: la Europa del 100-75-25. Hace 100 años del inicio de la Gran Guerra europea y 75 del estallido de la segunda gran guerra europea. Las dos cicatrices mundiales nacidas en Europa. Pero también hace 25 años de la caída del muro de Berlín, donde esas cicatrices empezaron a cerrarse. No estamos aún en condiciones de percibir todo el alcance de las repercusiones que tuvo el fin del telón de acero. La crisis de Ucrania solo puede entenderse en ese contexto, como nos han explicado Javier Morales y Rubén Ruiz.

El gran problema de la UE: el déficit democrático, que se ha hecho aún más complejo con la extensión comunitaria a casi todo el continente. Un déficit que amenaza la UE de convertirla en una seudodemocracia imperial. Aquella en la que grandes estructuras institucionales acaban sustituyendo la voluntad e los ciudadanos por complejas tramas de decisión y en la que la voz de los individuos se diluye ante poderes sin rostro mucho más eficaces.

Ciertamente, esta falta de voz en el proceso no es igual en todas partes. En el Eurobarómetro de noviembre de 2013 se observa cómo el 57% de los daneses considera que su voz es escuchada en la UE, por sólo un 18% de españoles que lo considera así. ¿Es la forma en la que se construye la voluntad nacional en su fase ascendente la que determina si la ciudadanía se siente más escuchada en la UE? ¿Existe el riesgo de que estalle un sentimiento de ‘impotencia democrática’ como algunos han identificado ya en países como España?

Por otro lado, la crisis financiera y las políticas de austeridad han intensificado la percepción de desconfianza en las instituciones europeas, y el descontento con sus resultados.

En este sentido, los resultados de los Eurobarómetros semestrales desde 2007 son tozudos: el porcentaje de europeos que confían en la UE cayó 26 puntos en cinco años, del 57% de mayo de 2007 al 31% del mismo mes de 2012. Al mismo tiempo, se ha deteriorado muchísimo la confianza que la ciudadanía tiene en sus respectivos gobiernos y la confianza en los gobiernos estatales descendió en estos cinco años del 41% (mayo de 2007) al 28% (mayo de 2012).

En este contexto de creciente desafección europea, la UE afronta un gran reto: superar la que aparece como la gran brecha del sueño europeo. La división norte/sur parece estar superando la vieja división este/oeste y, a su vez, absorbe dentro de sí misma otras brechas más sofisticadas (laborales, productivas, sociales, culturales…).

Como ha explicado nuestra editora Sonia Alonso, esta brecha se plasma en una creciente distancia en la insatisfacción con la democracia y en la confianza en partidos y gobiernos, en general, que se da entre las opiniones públicas del norte y el sur. Posiblemente este diferencial tiene que ver con la propia satisfacción de los ciudadanos con la calidad democrática en sus propios países, como sugiere un estudio de Pieterjan Desmet and Claes de Vreese.

Por otro lado, Sonia Alonso nos apunta que la evaluación de la justicia social en las democracias del Sur de Europa es alarmantemente negativa. Dos datos nos sirven para ilustrarlo: el 58,2% de los españoles considera que el gobierno está haciendo poco o nada para proteger a todos los ciudadanos contra la pobreza y el 59,7% considera que el gobierno está haciendo poco o nada para reducir la desigualdad de ingresos. En Portugal lo consideran el 69,2%.

En estas coordenadas tendrán lugar las elecciones del 22 al 25 de mayo en Europa. Las mayores elecciones del mundo.

Nota de análisis de los editores de Agenda Pública

La reforma del texto constitucional no servirá como herramienta –al menos no exclusivamente- para salir de la crisis económica, pero debe servir para superar la profunda crisis política de la que aquella trae causa. Y, evidentemente, la reforma de la Constitución no hará desaparecer de un día para otro nuestros problemas de legitimidad democrática, sobre todo, porque algunos de sus motivos no se deben a problemas de configuración jurídico-constitucional, sino a un problema de índole cultural. Sin embargo, la actualización de la Carta Magna ha de ser la hoja de ruta en la reconfiguración de nuestro modelo de convivencia.   

En 2006 el Consejo de Estado se pronunció sobre la modificación constitucional respecto de los cuatro elementos sobre los que el Gobierno de Rodríguez Zapatero le preguntó: la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono, la recepción en la Constitución del proceso de construcción europea, la inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas y la reforma del Senado. Hoy resulta claro, sin embargo, que con el cambio de estas 4 cuestiones, de calados diversos, no es suficiente. Y ello, entre otras razones, porque estamos en un momento de renovación de legitimidades, en el que el originario acuerdo constituyente necesita ser revisado, no en su totalidad pero sí en algunos aspectos clave y, entre estos, parece que hay unanimidad en considerar que el prioritario es el modelo de organización territorial.

Y es más, como nos explicaba José María de Areilza, aunque no hubiera aparecido en escena Cataluña, sería igualmente necesario entrar a repensar nuestro modelo de descentralización política. Esto no significa negar los logros alcanzados durante estos años por la Constitución que configuró un sistema abierto que sirvió para dar cabida a las reivindicaciones legítimas de, sobre todo, Cataluña y País Vasco y poder, así, empezar la andadura democrática. Pero han pasado 30 años y el modelo de organización territorial prefigurado en la Constitución ha quedado, en unos casos, superado por la propia realidad jurídico-política y, en otros, se ha demostrado ineficaz para la resolución de determinados conflictos y/o aspiraciones de algunas Comunidades Autónomas. Son varios los aspectos que necesitan de replanteamiento (por ejemplo, el reconocimiento real de la plurinacionalidad del Estado, el sistema de listas de competencias, el sistema –inexistente-  de cooperación entre niveles de poder y, por supuesto, el Senado). Quizá una aproximación válida sería, como apuntaba Leopoldo Calvo Sotelo, ver cómo dar encaje en el (renovado) modelo de organización territorial los elementos del Estatuto de Cataluña, refrendado en 2006, declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional en 2010.

Ahora bien, nada de esto tendrá sentido si no se parte de un modelo de organización territorial compartido por todos, al menos en sus bases. Uno de los problemas que ha acarreado nuestro sistema autonómico ha sido que muchos, en la derecha y en la izquierda, no creían en un sistema descentralizado o, si se quiere, altamente descentralizado. Apostaron por la descentralización, si se nos permite, con la boca pequeña. Además, sectores importantes de la vida política y de la sociedad civil han seguido creyendo que la autonomía consistía en un poder cedido o delegado por el Estado (central) en favor de las Comunidades. Sin embargo, la autonomía política de las Comunidades no es consecuencia del ejercicio de delegación del Estado, sino que deriva directamente de nuestro texto constitucional. Esta última realidad jurídica ha sido obviada por muchos.

Ha llegado, pues, el momento de sentarse y plantear la discusión serena y rigurosa de cuál es el modelo de organización territorial del que queremos dotarnos. Esto nos lleva a uno de los puntos clave sobre la reforma constitucional, y que paradójicamente apenas se abordan en el debate público: el cuándo. ¿Qué condiciones han de darse para realizar un proceso de este tipo de la forma más serena y dialogada posible? Para los millones de ciudadanos que apuestan ya por una reforma, puede resultar muy frustrante reconocer que en el próximo año apenas se vislumbra un escenario favorable, debido a la larga serie de citas electorales que pueden culminar en las generales de 2015. Pero tampoco un exceso de realismo político debe servir de excusa para cimentar el inmovilismo y aplazar perpetuamente la reforma. La observación comparada nos señala que, en situaciones de minorías políticas (como sucede en Bélgica), los partidos aceptan entrar más fácilmente en un proceso consensuado de reforma. Y también nos dice que es importante el compromiso previo, en un programa electoral, de los partidos más convencidos, como sucedió con la ‘devolution’ de Tony Blair. ¿Significa todo ello que en 2016 estaremos quizá ante la gran ocasión? Desde aquí sólo podemos recordar que, como nos decía Alberto López Basaguren, “la política tiene que evitar el callejón sin salida”.