1. La nueva política ya ha emergido

Un elemento clave para entender los resultados del 20 de diciembre es que había un desajuste muy fuerte entre la intención de voto publicada en las encuestas y la representación en el Congreso de los Diputados. Las convocatorias electorales de todo 2015 habían señalado, además, que este proceso de cambio político no era una burbuja demoscópica. Los comicios del 20D fueron unas elecciones de “realineamiento” cambiando los actores fundamentales de la competición. Tanto fue así que la fragmentación del Congreso fue récord, pasando a haber más partidos en la pasada legislatura que en las fundacionales de 1977. Además, la volatilidad electoral –el porcentaje de votos que cambiaron de manos– también fue importantísima: el 34% de los votos fueron a partidos que no tenían representación.

Esta situación es diferente en esta campaña del 26J básicamente porque Podemos y Ciudadanos ya han emergido. Es poco probable que veamos una volatilidad tan notable como la de los pasados comicios. Además, la campaña será importante pero, dado que las preferencias de los votantes están más cristalizadas, probablemente lo será algo menos que el 20D. Esto es relevante por lo que toca a las estrategias de los partidos.

En las elecciones de diciembre los nuevos partidos se centraron básicamente en la conversión de votantes de otras formaciones; sólo había una ganancia neta. Eso podría cambiar cara al 26J. Como se explica en Aragón es nuestro Ohio, una campaña electoral busca convertir y activar votantes, pero también el refuerzo de los propios. Ahora los partidos nuevos deben pelear más intensamente por retener a los del 20D, incluso cuando antes concurrían en solitario.

2. Los partidos no parten de las mismas posiciones

En las pasadas elecciones generales la posición de arranque de los partidos era diferente a la actual, al menos por lo que toca a su fuerza relativa. Mientras que las encuestas actuales no dudan de que el Partido Popular seguiría siendo la fuerza más votada, los sondeos previos a la campaña del 20D apuntaban a un Ciudadanos crecido, generando dudas sobre qué formación podría quedar segunda, tercera o cuarta. Hasta cierto punto, los partidos nuevos jugaban con las expectativas que se tenía en ellos, pero existe un consenso establecido en que fue la campaña electoral de Podemos la que logró llevarlo a una posición a apenas 500.000 votos del PSOE, mientras Ciudadanos se desinflaba.

En la campaña que arranca la situación de partida es diferente por el cambio en la oferta política que supone la coalición preelectoral de Unidos Podemos. Prácticamente todas las encuestas apuntan a que este partido sería la segunda fuerza, aunque algunas lo den sólo en votos, otras tanto en votos como en escaños. Como se ha detallado antes en Piedras de Papel, esta coalición es una operación electoralmente rentable, una decisión con sentido estratégico. Ahora bien, esto también permite anticipar que los partidos cambiarán en su estrategia para reaccionar a este competidor.

El 20D hubo más ataques a Ciudadanos, pero esta vez el foco se pondrá en Unidos Podemos dada su posición de fuerza, especialmente en los núcleos más poblados. Es verdad que estos ataques podrían reforzar su estrategia de intentar capitalizar el voto útil de izquierdas en detrimento del PSOE, pero no será sencillo reproducir el “efecto Carmena” en Madrid.

Entre los activos más importantes de UP está la gran movilización de su electorado lo que es una buena plataforma de lanzamiento. Sin embargo, debe vencer tres obstáculos durante la campaña si quiere emular el éxito de Ahora Madrid. Primero, que la alcaldesa es menos divisiva que el cabeza de cartel de Unidos Podemos, lo que justifica que este partido busque una campaña más coral. Segundo, que los votantes socialistas en el Ayuntamiento podían hacer “split ticket”, votando a Ángel Gabilondo (PSOE) en la Comunidad y haciendo menos costoso coger otra papeleta para el Ayuntamiento. Ahora sólo hay una papeleta y su elasticidad puede ser menor.

Y finalmente, que el acuerdo con la izquierda se daba por hecho si PP y Ciudadanos no sumaban, con una lideresa que polarizaba mucho. Sin embargo, esta vez la quiebra de confianza entre los dos partidos de la izquierda pone en cuarentena un posible pacto, pudiendo minorar los trasvases.

3. Estos meses desde el 20D no han pasado en balde

Cuando tratamos el voto en ciencia política se suele decir que los ciudadanos pueden hacer dos cosas (no excluyentes). Por un parte, votar mirando al pasado, con el retrovisor puesto en la gestión del Gobierno anterior (voto retrospectivo). Por el otro lado, votar mirando hacia adelante, fijándose en lo que harán los partidos una vez estén en el Gobierno (voto prospectivo).

Pues bien, estos cuatro meses de negociaciones han supuesto un hito que “contamina” el voto retrospectivo, potencialmente de castigo, a la gestión del partido en el Gobierno. El paréntesis de las negociaciones fallidas beneficia al Partido Popular, ya que se hablará mucho más de los pactos y menos de su gestión la legislatura pasada. Esto, sin lugar a dudas, ayudará a que crezcan sus apoyos electorales.

Además, hay que pensar que el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos ha debilitado bastante la “señal de coalición”. Es decir, así como en las autonómicas y municipales, y por lo tanto en las generales del 20D, se podía anticipar que PP pactaría con Ciudadanos y PSOE con Podemos, este proceso de negociación ha hecho todo más confuso para el votante. Cada día parece más claro que la solemnidad con la que se presentó aquel pacto fue un error. De nuevo, vuelven a estar diferentes opciones de gobierno sobre la mesa y los líderes no siempre son claros sobre bajo qué condiciones se daría uno u otro acuerdo.

En este sentido los socialistas afrontan una coyuntura más complicada esta campaña que el 20D. La división del votante socialista sobre los pactos –véase las preferencias por votante según MyWorld– lo colocan en una situación endiablada, también con riesgo de desmovilización de sus bases. Incidir en Podemos como fuerza de bloqueo es la única baza que tiene para cortar trasvases a la izquierda.

Por otra parte, los ataques de Ciudadanos a UP se entienden más fácilmente si se los ve como un intento de distanciarse del PSOE y taponar sus posibles fugas hacia el Partido Popular. Conviene recordar que pese a hablarse mucho del sorpasso en la izquierda la frontera más porosa electoralmente está justamente en el otro lado del hemiciclo, entre la formación de Albert Rivera y la de Mariano Rajoy. De este modo, aunque el PSOE ya lo hizo la convocatoria pasada, esta vez Ciudadanos también juega a defender.

Ser la principal novedad de esta campaña es la que permite a Unidos Podemos, al menos hasta cierto punto, no hablar de estos últimos meses de negociación. El desgaste de Podemos en los barómetros del CIS era evidente y en favor, casi exclusivamente, de Izquierda Unida. Hoy esa vía está taponada y esta coalición, al agregar los votos perdidos por la formación de Alberto Garzón, hace más probable que el bloque de izquierdas se acerque a los 170 escaños.

La paradoja es que ese cambio se produciría precisamente porque UP pasa a segunda posición, haciendo más probable un Gobierno del PP en minoría. Al fin y al cabo, las malas relaciones de los socialistas con Podemos y sus propias tensiones internas hacen dudar que acepte una presidencia de Pablo Iglesias. El PSOE en tercera posición quedaría atrapado en una situación compleja de gestionar sin importante coste político.

Todo está por ver en esta campaña electoral y, sabiendo que los electores deciden su voto cada vez más tarde, aún hay cierto margen para movimientos estas dos semanas. Por lo tanto, tómense las ideas anteriores como hipótesis más que como certezas. Ahora bien, eso no permite escapar de un hecho ineludible; lejos de ser una segunda vuelta a todo o nada, tras las siguientes elecciones los partidos deberán volver a sentarse a la mesa. Les tocará negociar para pactar un Gobierno y, lo que es más importante, pactar qué quieren hacer con él.

El cuerpo de la ciencia política galáctica ha ido creciendo de manera importante los últimos eones. Junto al estudio de las defectuosas instituciones de la Antigua República, también se han presentado tratados polémicos sobre los determinantes de la sucesión de Imperios Galácticos en el universo conocido. Esta pequeña nota de trabajo se quiere sumar al creciente acerbo de reflexiones que tenemos sobre la cuestión. En concreto se centra en explorar los determinantes políticos que pudieron estar detrás de la emergencia de la Alianza Rebelde y el estallido de la Guerra Civil.

El germen de la Rebelión armada

Normalmente se fija el año XIX de la era Palpatine como el del estallido de la Guerra Civil, pero sus raíces políticas se hunden en las postrimerías de la República. La Alianza Rebelde, también conocida como la Alianza para la Restauración de la República, tiene su origen político en la Delegación de los 2.000. Dicha delegación estaba compuesta por un grupo de senadores descontentos con la gestión del entonces canciller Palpatine y emitió una protesta formal reclamando la devolución de los poderes de emergencia que había asumido durante las Guerras Clon. Entre sus líderes más destacados estaban Mon Mothma (que sería la futura comandante suprema de la Rebelión), Bail Organa de Alderaan o Padmé Amidala de Naboo. Tras la entronización de Palpatine y el advenimiento del Imperio, fueron el núcleo político de la resistencia.

Sin embargo, no debería olvidarse que el establecimiento del Imperio es un proceso casi paralelo a la terminación de las Guerras Clon, una guerra de secesión. Las brasas de aquella guerra trajeron consigo importantes procesos de represión violenta a los mundos que en el pasado estuvieron alineados con la Confederación de Sistemas Independientes. En este sentido destacan especialmente dos casos. Por un lado Ryloth, en el cuál existían guerrillas organizadas que ya combatieron a los separatistas y en esta ocasión se volvieron contra las fuerzas de ocupación imperiales. Por el otro Antar 4, en el cual se produjo la famosa atrocidad del mismo nombre – represión, asesinatos y encarcelamientos masivos – por el Moff Wilhuff Tarkin. Ambos casos tienen algunos elementos similares que pueden explicar la fuerza de su reacción contra el nuevo régimen.

En ambos casos son planetas con gran desigualdad respecto a los núcleos centrales de la galaxia, mucho más ricos y urbanizados que estos planetas. Además, son planetas que claramente están orientados al exterior y o bien dependen del sector primario (agricultura y minerales en el caso de Antar 4) o bien a actividades ilegales en otros lugares de la galaxia (como es el tráfico de esclavos en Ryloth). Ello hace que en ambas haya potenciales fuentes de tensión. Por ejemplo, en Antar 4 Tyvor Mandirly, un tío de Bail Organa, fue el encargado de resolver unas disputas a propósito de las plantaciones Colfillini. Las explotaciones agrícolas no generan tantos incentivos a la cooperación entre productores porque la redistribución de tierras siempre es un juego de suma cero, lo que puede favorecer el conflicto. Lo mismo ocurre con el esclavismo, cuyo tráfico esquilma a la población nativa, permite el florecimiento de actividades ilegales y cuyo valor es fluctuante en el mercado galáctico.

Pero además, ambos son planetas cuyas fuerzas locales han tenido experiencia en la lucha de las Guerras Clon, luego disponen de bolters y armamento pesado para el combate. La existencia de veteranos (des)movilizados y de armamento sobre el terreno hace que la organización de una revuelta siempre sea más sencilla. Finalmente, sus Moffs locales se basaron para apuntalar su dominio en tropas clon de refresco provenientes de otros mundos, lo que genera todavía más sensación de agravio y el auge de movimiento anti-imperiales. Estos elementos favorecieron las erupciones violentas. Pese a ello, la represión imperial fue durísima hasta el punto de que en la Atrocidad de Antar no se distinguió aliado de enemigo. La desproporcionada reacción de las fuerzas imperiales echó leña al fuego y aumentó enormemente el resentimiento en multitud de planetas.

Los rebeldes se hacen Alianza

Aunque con frecuencia se ha despreciado su papel durante el Imperio, el Senado siguió existiendo hasta poco antes de la batalla de Yavin. Por supuesto, no se trató de un órgano efectivo, sino más bien de una caja de resonancia de la voluntad imperial. Pese a ello, los senadores disidentes sí que pudieron intercambiar información y contactos a medida iban surgiendo células de la Alianza en gran número de sistemas. La paradoja es que un Senado cuya inoperancia fue causa del colapso de la República, sí que fuera útil para poner en común mucho del creciente descontento con el Nuevo Orden. Un proceso muy complejo y arriesgado dado que los agentes de Palpatine, guiados por Darth Vader, fueron particularmente eficaces descubriendo y eliminando a rebeldes y disidentes.

En cualquier caso, el estallido propiamente de la Guerra Civil Galáctica no se da hasta el momento en el que grupos disidentes desean derrocar un gobierno al que consideran ilegítimo. En este caso es claro que, a diferencia de las Guerras Clon, no se trató de una guerra de independencia o colonial, sino ligada a causas políticas y que incluyó a miembros tanto políticos como militares (al principio Jedi) vinculados a la Antigua República. Progresivamente la Alianza fue ganando adhesiones hasta el punto de poder formar una flota con capacidad de luchar frente al imperio en igualdad de condiciones. Ello fue posible gracias a la contribución de los cruceros Mon Calamari o la deserción de los ingenieros de INCOM con los planos del Ala X, que permitieron victorias puntuales contra las fuerzas imperiales.

Desde el punto de vista del ordenamiento constitucional del Imperio, la disolución del Senado fue un paso natural. La decisión de centralizar el dominio del Imperio en la figura de los gobernadores (Moffs y Grandes Moffs, sus delegados en los sistemas) es un procedimiento propio del establecimiento de un autoritarismo con vocación de ser duradero. Esto permite diferentes ventajas para el dominio de Palpatine. Permite establecer reglas claras y terminar con solapamientos de autoridad del régimen anterior, al anular la autonomía de los sistemas. Permite centralizar la recaudación de los impuestos para la financiación de un aparato militar represivo cada vez mayor –recordemos que el coste de una Estrella de la Muerte es considerable y es un puntal clave de una estrategia de intimidación.

Sin embargo, dicha disolución supuso en la práctica el paso a la clandestinidad de los líderes políticos de la Alianza, que se agruparon en una flota itinerante que, al principio, estableció su base secreta en Yavin 4. Aunque el resentimiento de los líderes planetarios iba en aumento el miedo a la represión lo hacía permanecer oculto. Al no poderse coordinar los líderes, que estaban lejos y sin el vehículo del Senado, se generó una ocultación masiva de preferencias. Podía haber muchos sistemas descontentos, pero no se sabían cuantos y se veían en un dilema del prisionero; el primero en levantar la voz podía acabar como Antar 4. Por eso fue tan importante la destrucción de la Primera Estrella de la Muerte. Mandó dos señales claras a toda la Galaxia; hay oposición organizada al Imperio –que puede ofrecer apoyo político y logístico– y derrotarlo en batalla es posible. Fue solo entonces cuando hubo una masiva de sistemas a la causa de la Alianza.

La guerra continúa

Las luchas entre el Imperio y la Alianza fueron inagotables a lo largo de la Galaxia, con frecuentes retiradas como la de la Batalla de Hoth hasta el momento decisivo de Endor y la destrucción de la Segunda Estrella de la Muerte. Sin embargo, podemos extraer algunas lecciones interesantes de la primera fase para entender otros conflictos galácticos. Primero, que los planetas que sean más dependientes del Nucleo, con estructura basada en recursos primarios, con pasado bélico o con ocupantes clon de otras regiones tienen más propensión a tener una reacción violenta. Segundo, que los Imperios Galácticos que quieren mantenerse tienden a la centralización política, a la inversión en importantes aparatos represores y a generar instituciones que anulen la coordinación de la oposición. Y finalmente, que los rebeldes tienen que superar la barrera que genera el miedo a la represión. Sólo un golpe de efecto que muestre que la oposición funciona puede desencadenar una bola de nieve de luchadores por la libertad. Sólo cuando parece que las cosas pueden cambiar, surge… una nueva esperanza.

El pasado mes de julio terminaron los trabajos de la comisión para la reforma electoral de Asturias. Tras las elecciones anticipadas de 2012, convocadas por el presidente Álvarez Cascos en el intento de aumentar su mayoría parlamentaria, el PSOE dispuso de suficientes escaños para formar un gobierno en solitario. Hasta la fecha los socialistas han podido apoyarse en Izquierda Unida y en el diputado bisagra en la Junta, el magenta Nacho Prendes, para poder gobernar el Principado. De hecho, fue justamente este último el que decantó la balanza a la izquierda en Asturias sobre la base de un acuerdo de mínimos que incluía, entre otras cosas, una reforma de la ley electoral autonómica.

Merece la pena recordar que la ley electoral de Asturias es un caso peculiar. Aunque tiene algunos elementos comunes con otras regiones, como sus listas cerradas y bloqueadas o una barrera electoral del 3%, se trata de una de las pocas comunidades autónomas peninsulares (junto con Murcia) que tienen un distrito diferente a la provincia. En Asturias están delimitadas tres circunscripciones: un distrito central, que tiene la mayoría de los escaños y población (con treinta y cuatro diputados), uno Occidental (con seis escaños) y otro Oriental (con cinco escaños). Esta variación en las magnitudes de distrito es el origen de dos sesgos de manera simultánea.

En primer lugar, cuando se combina la fórmula d'Hondt con magnitudes de distrito inferiores a 8-9 escaños se generan efectos mayoritarios. Dado que es el caso en los dos distritos periféricos, los umbrales de votos efectivos – los porcentajes necesarios para optar a un escaño – son superiores al 10%. Por lo tanto, se genera cierta desproporcionalidad. Pero en segundo lugar, dado que el prorateo – la asignación de escaños a cada distrito – se realiza también mediante d'Hondt, tanto Occidental y Oriental reciben más escaños de los que les corresponderían por población. Por lo tanto, la traducción de los votos en representación, el “valor” de los votos, es sensiblemente superior en estos dos distritos.

Ambos sesgos han tendido a beneficiar a los partidos grandes en detrimento de los pequeños, aunque en su conjunto el sistema electoral sea mucho más permisivo que el del Congreso de los Diputados. De ahí que tanto Izquierda Unida como UPyD hayan sido muy insistentes en la necesidad de corregirlos. IU porque sistemáticamente ha perdido escaños a favor del PSOE en Occidental y Oriental. UPyD porque la reforma es algo relevante para sus votantes y un compromiso de legislatura. Pero dado que una reforma de este tipo requiere alterar los distritos, el principal componente redistributivo del sistema, el debate ha sido complejo.

Los socios minoritarios del gobierno propusieron de entrada un distrito único, igual que Navarra o Madrid. Ello maximizaría su representación parlamentaria y acabaría con el problema de prorateo. Por el contrario, Foro Asturias y Partido Popular propusieron aumentar las circunscripciones – con claros efectos mayoritarios – y reducir los escaños en la Asamblea. La Federación Socialista Asturiana ha tenido que superar un dilema complejo; sostener un sistema electoral que le beneficia pero por la otra cumplir las demandas de sus socios. El dictamente final fue justamente un acuerdo del PSOE con IU y UPyD. Los últimos renunciaron al distrito único y los socialistas aceptaron generar un sistema de miembros mixtos.

El dictamen votado por los tres partidos fijaron que solo se repartan 35 escaños entre los distritos, quedando 10 suplementarios para el conjunto de la Comunidad Autónoma. Estos últimos escaños se repartirían entre aquellos partidos que superen la barrera electoral empleando aquellos cocientes mayores de la fórmula que quedan sin representación. ¿Cuál es la implicación práctica? Este sistema supone una mejora notable de la proporcionalidad al tiempo que se respeta la territorialidad de Occidental y Oriental, los cuales no desaparecen. Una simulación de los resultados de los pasados comicios suponen que IU ganase un escaño en detrimento del PSOE. Por otra parte, el documento también prevé que el reparto de escaños entre distritos pase a hacerse por una cuota de reparto (de Hare), que permite una correspondencia casi perfecta entre población y escaños.

Pero además, la reforma no solo se quedaría ahí. Quizá una de las innovaciones más interesantes es la introducción de listas desbloqueadas. Un sistema que, por otra parte, es regla en todos los países europeos con sistemas proporcionales frente a la excepcionalidad del caso español o portugués. Estas listas permitirán opcionalmente marcar votos preferenciales por candidatos (excluyendo el primero, que debería elegirse por primarias), escogiéndose en primer lugar a aquellos que obtuvieran más del 5% de “cruces” sobre el total de votos al partido. En caso de no cumplir tal requisito o no completarse los escaños del partido, se seguirá el orden de la lista. Este sistema es casi el mismo que emplean en Suecia, y permite dar libertad al elector y rendición de cuentas a los diputados.

Por último, el borrador de la ley contempla una batería de propuestas encaminadas a fomentar la participación electoral y la transparencia. Introduce así la obligatoriedad de dos debates electorales, papeletas en Braille para personas invidentes, sustitución de diputados incapacitados temporalmente o el voto anticipado, que permitiría votar en ayuntamientos u otros lugares habilitados desde dos semanas antes de los comicios (como en Finlandia o Canadá). Del mismo modo, recomienda el desarrollo en una ley futura del voto electrónico a los residentes fuera de la comunidad y medidas tan de sentido común como un mailing centralizado de papeletas electorales para evitar el derroche que generan las campañas electorales.

El texto final del dictamen ha nacido del trabajo de la comisión, el asesoramiento de diferentes expertos y la evidencia empírica disponible. Y lo cierto es que esta reforma no supone un cambio radical del sistema. Por ejemplo, el cambio propuesto en Madrid o en Cataluña supone un salto mucho mayor. Sin embargo, sí es cierto que incide sobre sobre tres principios claros: La correspondencia entre votos y escaños, la rendición de cuentas a los diputados y mejoras en la calidad democrática. Resulta especialmente interesante reflexionar sobre los efectos políticos de esos dos primeros principios.

El primer tema refiere la proporcionalidad. Podría plantearse que el aumento en esta última podría favorecer gobiernos de coalición y fragmentación de la asamblea autonómica. Sin embargo, para el caso de Asturias parece que no se sostiene. Tan solo ha habido dos gobiernos de mayoría absoluta en toda su historia (de Silva de 1983 a 1987 y Areces de 1999-2003). En el resto de ocasiones ha habido o bien gobiernos en minoría con apoyos externos o bien coaliciones PSOE-IU. Por lo tanto, las dinámicas de coalición son algo típico caso asturiano. Además, aunque es lícito preguntarse si podría causar más fragmentación, parece que esta reforma electoral no es condición necesaria. Hoy Asturias (aplicando la ley vigente) tiene un número efectivo de partidos de 3.98, tan solo superado por Cataluña y Navarra.

El segundo aspecto es el de la rendición de cuentas y las listas desbloqueadas. Aunque el cabeza de lista estaría “blindado” de la posibilidad de recibir votos preferenciales, lo cierto que esto podría cambiar los incentivos de los candidatos dentro de los partidos. Este sistema haría que para ellos tuviera sentido visibilizar su labor ante la ciudadanía con el objeto de recibir más “cruces”, lo que además podría servir como señalización de aquellos que son populares o no. Además, aunque el cambio en los electos finales sea pequeño (en Suecia, con mismo sistema, apenas cambian un 6-8% del total), podría servir como un activo que reforzara a los cargos medios del partido e incluso que hiciera que dentro de los grupos parlamentarios hubiera más horizontalidad en la toma de decisiones.

Aunque en su conjunto esta es parece una reforma moderada, la FSA parece que quiere desdecirse de lo que votó en comisión y no tramitarla. Su razonamiento es que esta ley no puede tramitarse a menos que tenga el concurso de Foro o Partido Popular, una mayoría reforzada a la que el Estatuto no obliga. Sin embargo, este razonamiento tiene implicaciones políticas imprevisibles.

La primera es en el corto plazo, ya que con este argumento la FSA brinda capacidad de veto a Partido Popular y Foro. Estos partidos no tienen ningún interes en la reforma (ni siquiera aunque el PP potencilamente podría verse beneficiado) sino que buscan abrir un conflicto entre el PSOE y sus socios de gobierno. Parece que esto ya es así, especialmente cuando tanto IU como UPyD han dicho que van a ir hasta el final con esta reforma, incluso con la opción de comprometer presupuestos. Si Foro y PP se mantienen y la FSA no logra superar el bloqueo, Asturias podría verse abocada a unas elecciones anticipadas con unas encuestas que son favorables para sus propios socios - luego las temen menos. Al fin y al cabo, la presión de socios minoritarios perjudicados es un factor que favorece las reformas electorales, raras avis en perspectiva comparada.

La segunda es el coste que puede tener para el PSOE en el medio-largo. En su programa de 2011 esta formación incluía listas desbloqueadas y voto electrónico, exactamente como en Asturias (p. 145). En la Conferencia Política de noviembre reiteran ese compromiso (p.5), pendiente de ver cómo queda tras las enmiendas de entonces. Tiene una cierta racionalidad política. Es indudable que las reformas electorales se han vuelto un tema popular, especialmente entre el potencial electorado del PSOE y este último ha asumido algunas demandas. Sin embargo, si no demuestra que es capaz de darles un cauce político serán absorbidas de manera más creible por otros partidos. De ahí que a veces los partidos asuman pérdidas marginales en el corto plazo con una reforma electoral. Se confía o bien en una mejora de la perecepción del sistema o en un fortalecimiento de tus propias bases electorales.

Quizá por estas razones la posible reforma del Principado de Asturias es tan relevante y en la que el PSOE se juega tanto. No solo porque podríamos ver en qué medida los cambios en el sistema electoral pueden potenciar los efectos descritos sino porque, para bien o para mal, una parte de lo que sea España a partir de 2015 se decide en el Principado.

Un consenso relativamente amplio en la sociedad española es que tenemos unos políticos muy malos o, por lo menos, muy mejorables. Sin embargo, resulta muy difícil hablar fuera del campo de las intuiciones dado que no disponemos de indicadores objetivos de calidad. Podemos medir su nivel de estudios o su trayectoria, tal y como hacen algunos estudiosos, pero es arriesgado compararlos con los que los que teníamos antes sin riesgo de caer en la falacia de que “cualquier tiempo pasado fue mejor”. Por otra parte, los mecanismos operando en las políticas de reclutamiento de los partidos son cajas negras para los científicos sociales. A parte de que hay pocos datos comparables – aunque empieza a haber grandes avances –, los estudios de campo siempre corren el riesgo de afectar al objeto de estudio. Tener un tipo haciendo preguntas y tomando notas en un congreso orgánico, en el que los puñales vuelan de parte a parte, genera no pocas suspicacias.

Presento todo esto para señalar que lo que expondré a continuación es una mera hipótesis y, por lo tanto, merece ser tratada con todas las cautelas. Mi propuesta es partir de que, efectivamente, tenemos un problema de selección de dirigentes que hace que tengamos políticos peores de los que potencialmente podrían serlo. Quitemos por el momento a los votantes de la ecuación y quedémonos solo con las organizaciones.

Como he contado con más detalle en la revista FIVE, si tenemos que pensar en potenciales fuentes de reclutamiento político podríamos estar ante dos vías. Por un lado tenemos gente con carreras profesionales fuera de la política la cual, por compromiso personal, estarían dispuestos a participar en la vida pública. Podrían ser un electricista, un abogado prestigioso, un pequeño comerciante... Por otro lado, tenemos a gente que lleva metida en los partidos desde su más tierna infancia y que está ligada a las burocracias tradicionales del aparato. Estos últimos son perfiles que en general siempre ha vivido por y para la política pero que, en ocasiones, lo hacen compatible con vivir de ella. Como se puede apreciar la fuente de subsistencia de ambos es bien diferente; los dos grupos están en política pero solo el segundo grupo depende enteramente de un cargo orgánico para tener ingresos.

A mi juicio esta diferencia implica que para los de fuera la política tenga un coste de oportunidad mayor. Por un lado, el coste profesional. Aceptar ir en una lista implica desatender tus negocios o afrontar una posible excedencia en tu empresa con retorno incierto. Por el otro, también hay un componente personal, desde el sacrificio de tiempo de ocio hasta el de prestigio – hacer política nunca ha tenido muy buena prensa. Mi idea es que esta diferencia es crucial y hace que los de dentro del partido puedan ganar fácilmente a los de fuera si hay que pelear en la organización por un puesto. Los grupos más ligados al aparato no solo tienen un coste de oportunidad menor, es que en muchos casos se juegan su propia supervivencia económica con el cargo. Por lo tanto, dado que tienen más incentivos y también más experiencia, los ligados al aparato terminarán imponiéndose a los que ven la política como algo transitorio.

Pero además, parece que en España tenemos dos elementos particulares que tendrían un efecto importante en el reclutamiento. El primero es que los partidos funcionan muy apoyados en el rol de cuadros intermedios, pero éstos son elegidos esencialmente desde cúpulas. Un proceso de selección con una base más amplia no asegura necesariamente la calidad de los políticos pero al menos sí una mayor rotación. Sin embargo, parece que en nuestro sistema hay un cortocircuito. Si la base de selección fuera más amplia se volvería improbable que tras abrumadoras derrotas haya partidos que presenten a los mismos candidatos solo por equilibrios internos de poder.

El segundo componente es que, en parte por lo brutal de nuestro mercado de trabajo, hay un colectivo que tiene más facilidades para ocupar puestos en los partidos: los funcionarios. Quizá sacarse unas oposiciones sea la mejor manera de ser político profesional al reducirse el coste de “morir” políticamente y poder ser más osado dentro del partido al no depender del jefe – si no logro reemplazarlo siempre puedo volver a mi plaza en Turespaña. Creo que tener muchos funcionarios metidos a políticos también podría afectar a la calidad de los mismos ya que no solo los haría más corporativos sino también más legalistas; un perfil más orientado a la gestión que a la Política. En suma, más conservadores.

Expuestas estas características en la selección de partidos, supongamos que metemos a los ciudadanos en la ecuación. Quizá el mejor test para saber si tenemos unos buenos políticos sean las elecciones, donde los votantes emiten un veredicto – imperfecto – para hacer rendir cuentas a sus gobernantes. A su vez, se supone que los políticos quieren ganar votos, ya sea para gobernar y aplicar sus programas, para tener peso en el parlamento e influir en las políticas y/o para que se visualice el respaldo político de una idea. Si los partidos políticos pierden elecciones se desprende la que los candidatos o las políticas propuestas/ aplicadas no tienen respaldo. Se hablará de fallos de comunicación pero la democracia va de contar votos y el veredicto es inapelable, así que hay incentivos para el cambio interno. Se espera que tras la correspondiente asunción de responsabilidad una generación nueva tome las riendas, quizá no más competente, pero al menos con caras y modos nuevos.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que esto no se de y se entre en una dinámica de “administrador de la miseria”. Si tras una serie de derrotas electorales un partido opta por una renovación limitada - una rotación de cargos y no de fondo - lo más probable es nuevas derrotas. De este modo, a medida se alarga el ciclo el objetivo de la organización puede cambiar. En lugar de perseguirse una victoria electoral, el nuevo objetivo es administrar los pocos cargos de los que se dispone. En paralelo las familias internas acentúan su división ya que la tarta cada vez es más pequeña y tenemos un exceso de comensales. Además, los partidos se agotan, la militancia se da de baja y sus bases son cada vez más reducidas y, por lo tanto, también más fáciles de cooptar por los lideres. Se entra, por lo tanto, en una espiral de sostenido descenso hacia la irrelevancia.

Si se mira a partidos que lleven prolongadas etapas en la oposición – quizá en alguna región que podamos tener en la cabeza – creo que esta lógica podría aplicarse. Divididos en familias y con una cúpula que debe llegar a acuerdos con ellas para frenar el cambio limitan continuamente la renovación que necesitan para ser competitivos. Mientras que las primarias o la cooptación directa del líder podrían hacerles superar esta dinámica, como sugieren algunos politólogos, esta dinámica perversa situación los deja atrapados en un equilibrio sub-optimo. Es evidente que no todos los partidos son igual de proclives a atraparse en esta trampa pero el riesgo parece real. En todo caso mi conjetura es que mientras que las dinámicas internas hacen que tengamos políticos más mediocres y conservadores, su incapacidad para ofrecer un proyecto serio y renovado los lleva de manera indefectible a pegarse de cabeza contra las urnas.

Ante este contexto podría entenderse que muchos ciudadanos, especialmente los jóvenes, estuvieran dando la espalda a implicarse en los partidos. Con la proliferación de nuevos mecanismos participativos se recurre a otros canales, como son los movimientos sociales. Del mismo modo hoy la población está más informada y tiene más educación que antaño, luego también la hace más propensa a participar por diferentes medios y esperar más de sus representantes, lo que es positivo. Ahora bien, dado que los partidos son agentes fundamentales para articular la representación y gestionar el conflicto político, probablemente algunos necesitan pasar por boxes. Y creo que no solo sería importante para los grandes partidos – contundentemente a la baja – sino también para algunos partidos no tan grandes cuyas expectativas electorales siguen siendo – pese al enorme descontento existente y la necesidad de alternativas – relativamente moderadas.

Creo que merece la pena empezar recordando que los sistemas electorales son instituciones redistributivas, es decir, que no son neutrales y que siempre benefician a unos partidos en detrimento a otros. Todos los sistemas electorales del mundo tienen cierta desproporcionalidad y funcionan en parte como el Sheriff de Nottingham, robando a los (partidos) pobres para dárselo a los (partidos) ricos. La discusión estriba en saber qué grado es el tolerable y qué implicaciones políticas tiene. Cuanta más proporcionalidad haya, más probable que exista multipartidismo y gobiernos en coalición, con todo lo que supone de negociación entre elites, posible inestabilidad o dispersión de responsabilidades políticas entre sus miembros. Por otra parte cuanto más mayoritarismo, más gobiernos de un solo partido y menor pluralidad política, pero también mayor facilidad a la hora de identificar al culpable de una mala gestión y echarlo del gobierno. Hay que asumir que ninguna opción está exenta de costes.

La propuesta de máximos de Molinas paga un alto peaje en proporcionalidad. Con unos distritos uninominales de tamaño inferior a la provincia el resultado es el refuerzo de las dos opciones más votadas; la mayoría simple gana el diputado pero todos los demás votos se pierden. Sin embargo, en nuestro caso no favorecería la creación de un sistema bipartidista ya que las parejas de baile cambian según el territorio. En agregado el resultado sería un Congreso con unos 6 partidos: PP, PSOE, CiU, PNV, Amaiur y CC. E incluso aunque se añadiera este distrito superpuesto proporcional, la mayoría de los escaños seguiría yendo para los seis mencionados. Por lo tanto, los partidos damnificados por el presente sistema seguirían estándolo en igual o mayor proporción. Aun así, según esta propuesta la proporcionalidad supone un sacrificio menor en favor de una mayor cercanía con los diputados de tu distrito. Es cierto que las listas cerradas y bloqueadas no favorecen esta relación elector-representante directa pero la pregunta es… ¿Merece la pena cambiar a un sistema mayoritario?

Si uno espera que con ese cambio la disciplina de los partidos se resquebraje, la verdad es que su gozo irá por barrios. Pese a que en EEUU los congresistas y senadores no siempre se alinean con los suyos, en Reino Unido los diputados terminan votando casi el 99% de las ocasiones con su partido. Esto es lógico ya que en Reino Unido el gobierno depende de la mayoría parlamentaria para sobrevivir pero en EEUU la elección a presidente es directa e independiente de las cámaras. Sin embargo, el precio de la reforma puede ser demasiado alto. Por una parte, el diseño de los distritos se presta mucho al gerrymandering, la manipulación de los límites territoriales para obtener mayorías afines. Pero por la otra, el riesgo del clientelismo no es menor. La compra de voluntades fue la práctica habitual durante regímenes pasados (¿Y presentes?) en España, con lo que se puede acabar reforzando el caciquismo local. Eso también es cercanía entre representante y representado.

Por supuesto el cambio en el sistema también afectaría a cómo se gobierna en España. Hay muchas quejas por que hay un aeropuerto en cada provincia y parece que en tiempos de la burbuja se ha tirado el gasto en infraestructuras por lo alto. Pues bien, los sistemas mayoritarios como el de Molinas tienden a favorecer lo que llamamos pork-barrel, con lo que la reforma puede ser echar más gasolina al fuego. Si los diputados dependen solo de sus electores y no tienen que preocuparse por el gasto que se haga en otros distritos, lo normal será que pugnen por satisfacer las necesidades de sus circunscripciones al margen del interés general. Como han señalado bastantes autores, los sistemas proporcionales suelen asociarse con más gasto público en servicios sociales mientras que los sistemas mayoritarios lo hacen con gasto en infraestructuras, un gasto que los votantes puedan ver y tocar ¿Les suena recortes en educación y una plaza de toros en cada pueblo? Un sistema mayoritario podría reforzar esta dinámica.

Pero César Molinas se guarda una bala en la recámara; la del modelo mixto. Estos sistemas se basan en dos papeletas, una a una lista cerrada y otra a diputado uninominal, y tratan de combinar lo mejor de ambos mundos. La segunda opción que nos ofrece Molinas es el conocido como mixto paralelo; los distritos uninominales y proporcionales se contabilizan por separado (no es como el sistema alemán, en el que se compensan). Este sistema es el que tienen en Rusia, Armenia o Corea del Sur. Ahora, quizá lo más llamativo de su propuesta es que, aunque no sé si lo sabe, su sistema es justamente el que se establecieron en varios países tras el colapso de sus regímenes políticos. En el Japón de los noventa se estableció un sistema mixto paralelo ante la corrupción generalizada de su principal partido, el Liberal Democrático. Un sistema electoral parecido fue el que se implantó en Italia tras la descomposición de los partidos de la tangentopoli, también en la misma década. Y lo curioso es que el LDP volvió a ganar en Japón y en Italia… Ya nos sabemos la historia. Aunque no exista el determinismo histórico, la experiencia comparada nos brinda una seria advertencia de lo que puede implicar fiarlo a una reforma electoral.

Sé que hay la urgencia de buscar, ante problemas complejos, soluciones sencillas. Un problema institucional complejo lo simplificamos en una élite extractiva. ¿Una piedra filosofal para arreglarlo? El sistema electoral. No cabe duda de que nuestro sistema está sesgado para perjudicar a los partidos estatales con los votos dispersos (por culpa del bajo número de escaños que se elige en el 60% de las provincias, no d´Hondt). Sin embargo, es importante recordar que una reforma electoral nunca será neutral y que llevaría a aparejada unas consecuencias políticas. Si la reforma quiere abordarse el debate tiene que versar sobre estas implicaciones, con un análisis serio y riguroso. Si no hacemos eso corremos el riesgo de aplicar medidas que tengan consecuencias inesperadas y causemos problemas aún mayores. Los países fallidos están empedrados de buenas intenciones y tal como están las cosas, explicaciones y remedios sencillos es algo que no nos podemos permitir.

Los adultos están claramente sobre-representados en las etiquetas socialista y conservadora, los jóvenes prefieren más las etiquetas de liberal y progresista

Los jóvenes sin estudios obligatorios y con contrato indefinido son el colectivo más conservador, en cambio, lo que ocurre con el grupo de los precarios sin estudios es justamente lo opuesto

Hemos mostrado como los jóvenes están notablemente más polarizados ideológicamente que sus mayores

En política las etiquetas son importantes. La ideología no sólo ayuda a los votantes a ordenar su escala de valores y prioridades, también les sirve como un “atajo informativo”, es decir, les ayuda a distinguir sin demasiado coste entre aquello que le conviene o no en una realidad política y social cada vez más compleja. En el post precedente, tirando del hilo de la dualidad en el mercado de trabajo, nos centramos en sistematizar diferencias importantes dentro del colectivo de los jóvenes. Como mostramos en un análisis general, dentro de la llamada generación perdida existe una gran diversidad de situaciones profesionales y educativas, luego esperábamos que la crisis les estuviera afectando de manera diferente. Hoy nos queremos centrar en comprobar la distribución ideológica de estos jóvenes de acuerdo con sus perfiles educativo/laboral y, particularmente, compararla con la de los adultos.

Sin ánimo de ser exhaustivos, hay fundamentalmente dos mecanismos distintos que pueden explicar una diferencia en la posición ideológica por razón de edad. El primero es el conocido como efecto ciclo vital. Según este mecanismo, los individuos tienen una determinada posición ideológica cuando son jóvenes pero a medida crecen y tienen más experiencias vitales, ésta se va modificando (recuerden la idea popular pero equivocada de que se es de izquierdas de joven y de derechas de mayor). El segundo es el conocido como efecto cohorte. Según este argumento, la posición ideológica cambia en función de la generación en la que naces porque lo haces inserto en unas instituciones y socialización diferentes. Por ejemplo, la diferencia entre los que nacieron bajo el franquismo y los que lo han hecho en democracia.

En esta entrada no vamos a poder discernir entre los dos efectos para explicar la diferencia joven-adulto pero vamos a hacer un esfuerzo para señalar las diferencias existentes y, particularmente, en qué categorías de joven se radican. Una vez más, hemos tomado el barómetro del CIS del pasado julio para hacer una radiografía general de la cuestión. En el gráfico siguiente se muestran las etiquetas ideológicas en las que se ubican los jóvenes y los mayores.

Como se puede observar, los adultos están claramente sobre-representados en las etiquetas socialista y conservadora. Por el contrario, los jóvenes prefieren más las etiquetas de liberal y progresista, así como otras minoritarias. Esto esboza un puzzle interesante. Una primera hipótesis es que estén cambiando las etiquetas. Tiene sentido que los adultos prefieran las categorías más vinculadas a una connotación tradicional porque se han socializado políticamente cuando éstas eran vigentes. Para la gente que vivió políticamente los 80, tenía sentido denominarse socialista o conservador. Sin embargo, es posible que esas etiquetas se hayan ido volviendo borrosas a lo largo de las últimas décadas y otras hayan ido tomando fuerza para reemplazarlas. Incluso en la propia retórica de los líderes políticos, la izquierda suele referirse a sí misma como progresista mientras que ser liberal ha sido una bandera mucho más apadrinada por la derecha.

Sin embargo, una segunda hipótesis es que lo que estén cambiando sean las genuinas ubicaciones ideológicas de los jóvenes. Esto se cumpliría si el votante empieza a asignar un significado auténtico e independiente a cada categoría. Por ejemplo, en el caso del ecologismo se ve claro que es una dimensión diferente de las demás y que ha crecido entre las nuevas generaciones. Del mismo modo, si para el joven la categoría liberal o progresista quiere decir algo diferente de las de conservador o socialista, entonces estaríamos ante un cambio real en las posiciones. Esta segunda hipótesis, además, también podría conllevar un electorado nuevo con preferencias diferentes, lo que podría traducirse en el voto a nuevos partidos que recojan esas etiquetas.

Es posible que ambos argumentos se den a la vez, y que cambien tanto el significado de la etiqueta como los que se relacionan con ella. Para intentar hilar más fino en la relación entre jóvenes e ideología política, hemos recurrido a la clásica escala ideológica de 0 a 10, donde 0 es extrema izquierda y 10 extrema derecha. Además, no solo hemos distinguido por edad sino también por categoría laboral (PARados; PROtegidos con contrato indefinido; PREcarios con contrato temporal) y nivel educativo (SIN y CON estudios de secundaria terminados). En el gráfico siguiente mostramos la ubicación ideológica de esas categorías.

En su conjunto, el electorado español se mueve más o menos en posiciones de centro-izquierda. En general no hay diferencias muy fuertes entre categorías educativo-laborales, aunque los precarios están algo más a la izquierda y los protegidos más a la derecha. Ahora bien, existen diferencias muy interesantes cuando comparamos jóvenes y mayores según su posición en el mercado laboral. La categoría que se ubica más a la derecha es la de los jóvenes protegidos y sin estudios. Los jóvenes sin estudios obligatorios y con contrato indefinido no solo son el colectivo más conservador de la muestra, sino que también son significativamente más conservadores que los adultos en su misma situación. Sin embargo, lo que ocurre con el grupo de los precarios sin estudios es justamente lo opuesto. Aquellos jóvenes con contratos temporales que no tienen estudios secundarios se ubican como el grupo más a la izquierda y, de nuevo, mucho más que sus homólogos mayores/adultos.

Lo que parece indicar esta foto fija es una polarización ideológica notable dentro del colectivo de jóvenes, mucho más intensa que entre los adultos. Aparentemente la crisis económica está incrementando la distancia ideológica entre los jóvenes en función de su situación y potencial educativo en el mercado laboral. Los jóvenes precarios, ya tengan estudios o no, están muy lejos de los que tienen empleo fijo. Mientras que los precarios se inclinan a la izquierda mayoritariamente, los protegidos sin estudios lo hacen considerablemente más a la derecha. Por lo tanto, no es solo que los jóvenes sean un colectivo heterogéneo ideológicamente, es que además parece que está cada vez más tensionado que los adultos.

En esta entrada nos hemos centrado en mirar la ideología de los jóvenes en España considerando también su situación laboral y educativa. En general se confirma que los jóvenes son ideológicamente distintos que los adultos. Además, hemos mostrado como los jóvenes están notablemente más polarizados ideológicamente que sus mayores, en especial comparando los colectivos con contratación más estable y más inestable. La incógnita ahora es saber si esto se traduce en comportamientos políticos diferentes y diferentes repertorios de participación. En todo caso, se refuerza la idea de que los jóvenes en España están cada vez más polarizados con el impacto de la crisis y eso, necesariamente, tiene implicaciones políticas.

Dado que existen diferentes posiciones de los jóvenes en relación con el mercado de trabajo, es de esperar que esto también se traduzca en diferentes actitudes y comportamientos políticos

Se tiende a retratar a los jóvenes como un colectivo relativamente homogéneo en sus posiciones estructurales dentro del mercado de trabajo

La crisis no nos lleva tanto a una generación perdida sino a una generación con muchos perdedores en diferente grado

Hace un tiempo, en este mismo foro, planteamos la importancia de la dualidad en el mercado de trabajo y lo que eso puede tener en términos de eficiencia y de redistribución en el Estado de Bienestar. Nuestro foco se centró principalmente en los denominados outsiders, el grupo de trabajadores que está empleado de manera precaria e inestable, que apenas están cubiertos por las prestaciones sociales y que suelen cobrar menos salario. Tradicionalmente se ha englobado en este grupo a los parados por encima de los cincuenta, las mujeres, los inmigrantes y los jóvenes. Nuestro objetivo a continuación es hacer una radiografía de esos outsiders y, parte por interés personal y parte por urgencia social, hemos decidido centrarnos en el colectivo de los jóvenes.

Hasta ahora, se ha tendido a hablar de los jóvenes como un todo. Así, han cobrado fuerza en los medios aspectos como la gravedad del paro juvenil (más de la mitad de los menores de 25 que buscan trabajo no lo encuentran), la disposición de los jóvenes a marcharse de España ante la falta de oportunidades, o sus actitudes políticas (con especulaciones diversas sobre su perfil como potencial electorado de partidos con discursos anti-establishment), entre otros. En todo caso, se tiende a retratar a los jóvenes como un colectivo relativamente homogéneo en sus posiciones estructurales dentro del mercado de trabajo – más precarios y mejor formados que sus padres – pero en todo caso como perdedores estructurales de esta crisis económica: lo que ha venido denominándose como la generación perdida.

Sin embargo, nosotros consideramos que hay buenas razones para sospechar que el colectivo es muy heterogéneo en cuanto a perfil y actitudes, y así merece tratarse el fenómeno de esta generación. Tan jóvenes son los que dejaron los estudios obligatorios para hacer puertas en una obra como los que acaban de terminar un master en gestión pública. Siendo esto así, dado que existen diferentes posiciones de los jóvenes en relación con el mercado de trabajo (actual y potencial) es de esperar que esto también se pueda traducir en diferentes actitudes y comportamientos políticos.

Precisamente esta diferencias según el perfil del joven es lo que iremos mostrando en futuras entradas, pero primero queremos intentar una clasificación general de la juventud. Para esto hemos tomado el barómetro de julio del CIS y hecho una radiografía inicial del colectivo juvenil (menores de 34 años) en función de dos parámetros: su nivel educativo y su situación laboral. En primer lugar, hemos tomado el nivel educativo distinguiendo entre aquellos jóvenes que han acabado la educación obligatoria y los que no. Hay buenas razones para tomar este punto de corte, la evidencia disponible señala que la empleabilidad de los jóvenes que no han acabado los estudios básicos se reduce notablemente. De hecho, aproximadamente 2 de cada 3 desempleados jóvenes no tienen la ESO terminada. En segundo lugar, hemos considerado cual es la situación laboral del joven. Hemos tomado la decisión de distinguir entre tres categorías. La primera es la de los desempleados, un colectivo notable entre los jóvenes. Después hemos decidido distinguir entre dos tipos de jóvenes con trabajo (tomando solo aquellos jóvenes que trabajan asalariados por cuenta ajena, lo que comprende un 87% de los jóvenes de la muestra): por un lado, i) los que hemos calificado como protegidos (o más protegidos que el resto) – es decir, asalariado fijo – y por el otro, ii) los que hemos calificado como precarios – o asalariado eventual, interino o temporal –.

Tras aclarar este punto, hemos cruzado ambas dimensiones para aportar una primera perspectiva del perfil de los jóvenes españoles en cuanto a su relación con el mercado laboral. A continuación presentamos el cuadro con cada uno de los tipos que hemos encontrado:

Una primera mirada a los números que arroja la encuesta esboza una realidad que es considerablemente preocupante. Aunque existen sesgos en las respuestas, en general los resultados coinciden con las alarmas generales. Por ejemplo, en términos de educación, alrededor del 45% de los jóvenes encuestados no tienen acabada ni la educación secundaria. Si nos fijamos en la situación laboral, cerca del 40% de los jóvenes encuestados está desempleado (un 10% menos que para los jóvenes menores de 25 años), otro 40% está indefinido y sobre el 20% está con contrato temporal. No podemos saber qué contratos tenían anteriormente los que actualmente no tiene trabajo, pero es razonable pensar que el 20% de outsiders precarios es más probable que potencialmente se unan a los desempleados a que evolucionen a una contratación indefinida.

Añadiendo la información sobre el nivel educativo, se dibujan seis categorías que es interesante explorar separadamente:

Para terminar es relevante destacar la asociación general entre perfil educativo y situación laboral de los jóvenes. Mientras que el nivel formativo parece determinar mucho la probabilidad de caer en el colectivo de parados o en el de protegidos (explicando un Chi cuadrado significativo estadísticamente al 99.9%), el nivel de educación parece decir muy poco acerca de los precarios: hay los mismos porcentajes de baja/alta formación entre los jóvenes precarios que entre los jóvenes en general.

En esta entrada hemos intentado señalar el hecho fundamental de que dentro de los jóvenes existe una gran diversidad respecto a sus situaciones educativas y profesionales con lo que el impacto de la crisis, muy probablemente, esté siendo diferencial. Dicho esto, en futuras entradas desarrollaremos cómo han evolucionado estos perfiles a lo largo del tiempo y si cada colectivo tiene actitudes y comportamientos políticos singulares, que es en definitiva lo que nos interesa. En cualquier caso, creemos que es importante recalcar una evidencia: la crisis no nos lleva tanto a una generación perdida sino a una generación con muchos perdedores en diferente grado.

Desde el final de la II Guerra Mundial los partidos socialdemócratas se basaron en una alianza con los sindicatos y las clases trabajadoras para el desarrollo del Estado de Bienestar y la promoción del empleo. Sin embargo, desde la década de los setenta esta alianza ha tendido a resquebrajarse. En un contexto de globalización e internacionalización de la economía, de deslocalización industrial, de terciarización de la sociedad, de cambio tecnológico y de envejecimiento de la población se ha producido una erosión de la tradicional homogeneidad de los trabajadores. Hace 40 años el trabajador clásico en toda Europa Occidental era el del empleo seguro y para toda la vida en una empresa relativamente grande e industrial. Hoy, por el contrario, nos encontramos con cada vez más trabajadores con empleos temporales, regímenes laborables inestables o de autónomos en empresas medianas y subcontratas.

Esta transformación es la que ha puesto en primer plano la dualidad en el mercado de trabajo, un fenómeno que se da de manera creciente en toda Europa y tiene importantes implicaciones sociales y políticas. ¿En qué consiste este fenómeno? Básicamente se trata de la división de la fuerza de trabajo en dos segmentos diferentes. Por un lado, están los denominados insiders, un colectivo de trabajadores formado básicamente por la generación del baby boom y que ocupan puestos de trabajo protegidos y notablemente regulados. Por el otro lado, en los márgenes de este modelo clásico, están los denominados outsiders. Este es el grupo de trabajadores que están desempleados o que están empleados de manera precaria, apenas están cubiertos por las regulaciones del Estado y de media tienden a cobran menos salario y recibir menos prestaciones. ¿Y quienes están dentro de este grupo? Principalmente cuatro colectivos que conforman alrededor de un cuarto o un tercio de la fuerza de trabajo: Las mujeres, los inmigrantes, los parados por encima de la cincuentena y, muy particularmente, los jóvenes.

La existencia de estos dos grupos tiene importantes implicaciones en términos de eficiencia y de justicia social. En primer lugar, en términos de eficiencia, la dualidad incide negativamente sobre la productividad de la economía. Al existir un segmento de trabajadores completamente desprotegidos se generan más incentivos a que las empresas manejen dos contingentes separados de trabajadores. Ello hace que las empresas se ajusten al ciclo económico en tiempos de recesión prescindiendo de los trabajadores temporales. El resultado es que se favorecen empresas poco intensivas en capital humano, generando un mercado de trabajo con más flexibilidad externa basada en el despido que interna a través de la recualificación dentro de la empresa. Por lo tanto, la dualidad hace que el ajuste recaiga solo sobre unos colectivos, mucho más proclives al desempleo y a la temporalidad, los cuales no son necesariamente los menos productivo pero sí los más desprotegidos.

Pero por otra parte la dualidad también tiene importantes implicaciones en el funcionamiento del Estado de Bienestar. Cuando se inauguran estos sistemas se concibe que el trabajador, que comienza su vida laboral muy joven, tendrá un puesto de trabajo permanente y podrá cotizar para sostener las prestaciones sociales presentes y futuras. Sin embargo, la dualidad ha roto con este equilibrio. Dado que es necesario cotizar durante un periodo relativamente largo de tu vida para ser beneficiario, los insiders, que generalmente cobran salarios más altos y tienen trabajos indefinidos, están tendiendo a ser más protegidos que los outsiders. Por el contrario, aquellos trabajadores que tienen una trayectoria laboral con más discontinuidades, los que encadenan contratos temporales, los que tienen ingresos más bajos… Apenas están cubiertos. Esto da pie a problemas de redistribución al excluir del sistema al tercio más vulnerable, al cual no le llegan las prestaciones sociales y que le hace depender de la unidad familiar para la supervivencia.

Una parte de las disfuncionalidades de nuestro mercado de trabajo y Estado del Bienestar solo pueden entenderse a través de la dualidad. Pero además, este fenómeno también ha afectado a los actores políticos y sociales, los cuales han tendido a fomentarla o, al menos, a no atajarla. Por parte de los partidos, ha habido pocos incentivos para reorientar el gasto social a los colectivos outsiders (con políticas activas de empleo o gasto social para jóvenes) ya que los colectivos más organizados, con más recursos, los que más participan en elecciones… son insiders. Pero por el otro lado, para los sindicatos hay pocas razones para la movilización o la negociación en favor de los precarios ya que el votante mediano de las elecciones sindicales es un trabajador protegido y los outsiders, en gran parte, se encuentran en la periferia de los grandes centros de trabajo, donde la fuerza sindical es menor.

Para dar una respuesta a los retos que afronta nuestro país es fundamental que empecemos a hablar de los outsiders. Si se busca conseguir el crecimiento económico de España, un cambio en el modelo productivo que ayude a salir de la crisis y conseguir la sostenibilidad el Estado de Bienestar, es imperativo que pongamos el foco en aquellos segmentos de la población que son los perdedores netos de esta crisis. Solo si afrontamos a fondo esta cuestión lograremos salir de la crisis sin dejar a nadie en el camino.