Los agentes de policía son el tipo de testigos favoritos de jueces y fiscales. Por múltiples razones: en primer lugar, tal y como dice el párrafo más copypasteado de todas las sentencias de España, están revestidos de lo que el Tribunal Supremo llama “ausencia de incredibilidad subjetiva”, pues al ser funcionarios públicos, sin motivaciones personales en un determinado juicio, es más fácil demostrar su credibilidad que la de otras personas, ciudadanos comunes, que pueden haber sido influenciados o, directamente, “preparados” por alguna de las partes. En segundo lugar, son profesionales del testimonio, están todo el día acudiendo a juicios, así que saben cómo hay que hacer las cosas, qué es lo importante que hay que recordar, qué es lo accesorio, a veces incluso con sospechosa exactitud, para hechos acaecidos años atrás. Es lo que tiene contar con un atestado por escrito que te permita “refrescar” la memoria.

Pues bien, el día 25 se cometió un delito flagrante, percibido directamente por millones de telespectadores y miles de viandantes que estaban en el lugar de los hechos. Y jamás juez alguno en la historia forense española contó con tal ventaja: nada más y nada menos que 1.500 agentes (que otras fuentes elevan a 2.460) del Cuerpo Nacional de Policía pueden atestiguar el quién, cómo y cuándo.

Los hechos son los siguientes: el artículo 18 del Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre, obliga a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía a lucir placa con número identificativo, y a diferencia de en un episodio de El príncipe de Bel-Air (ya saben, aquel en el que, corbata anudada alrededor de la cabeza, Will Smith le espeta al severo profesor de la Academia Bel-Air que la corbata debe llevar un nudo Windsor, pero nadie dice dónde), se precisa hasta el lugar donde debe lucir el número: encima del bolsillo superior derecho de la pechera.

Por si fuera poco, una circular interna aclara que, tanto guardias civiles como policías nacionales, en su calidad de funcionarios públicos, deben ser identificables ante el ciudadano, así que requeteimpone la obligación, incluso en el caso de unidades especiales, como UIP o geos. Se trata de la Instrucción 13/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 14 de septiembre, que, por rizar el rizo, establece que dicha identificación debe ser legible a una distancia de un metro y veinte centímetros.

Pues bien, los integrantes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) desplegadas en los alrededores del Congreso de los Diputados iban con el número de identificación tapado. Es decir, incumpliendo la normativa, clara y explícita, que ordena la identificación. Y esto ha sido una situación generalizada, según la mayoría de testigos. Según declaraciones de mandos y responsables sindicales, esto era una orden que “venía de arriba”. Pues habrá que explicar una cosa a los de arriba: que la Autoridad que adoptase una resolución arbitraria, será castigada como reo del delito de prevaricación, tal y como dice el artículo 404 del Código Penal. Así que tenemos 1.500 agentes que conforme a su obligación profesional, deberían aclarar quién narices les dio esa orden “grosera y manifiestamente ilegal”, por utilizar las palabras exactas de la Sala 2ª del Tribunal Supremo.

Por lo tanto, bien mando policial, bien responsable político, el que haya tenido la brillante idea debería responder ante un Juzgado de Instrucción. En función de su rango y la naturaleza de su cargo, incluso puede que se tratase de ese mismo Juzgado Central de Instrucción nº 1 que se acaba de quitar de encima el asunto de las detenciones durante los disturbios (lo que, en términos técnicos, se conoce como “inhibición por falta de competencia objetiva”).

Porque tiene bemoles la cosa. ¿Recuerdan el artículo del otro día, ese en el que hablábamos de imputaciones preventivas y delitos cuánticos? Pues agárrense, porque el artículo 494 del Código Penal sólo es aplicable a los líderes y cabecillas: los que promuevan, dirijan o presidan las manifestaciones. Sin embargo, los detenidos no parecen ocupar ninguna de esas categorías. De hecho, parece que algunos no han hecho absolutamente nada, a menos que el delito de atentado pase a englobar el golpe dado con la cabeza del manifestante en la “defensa” (vulgo, porra) de un agente de la UIP.

No obstante, el Juzgado de Instrucción ordinario de la Plaza de Castilla (Madrid) no parece dispuesto a quedarse con el marrón (una causa con 35 imputados es una de las formas más sencillas de colapsar un juzgado ya al borde de su capacidad), y ha insistido en la imputación de delitos de los que forman parte de las competencias de los Juzgados Centrales. Sin ponernos a analizar concienzudamente la resolución, cosa para la que doctos cátedros tiene este diario, todo esto parece el típico peloteo de competencia, en plan “tú empezaste esto, pues ahora te lo comes con patatas”.

En cualquier caso, el de los disturbios, los atentados contra la autoridad, o el abuso de la misma, según las versiones, es asunto que requerirá una prueba peliaguda: la de enfrentar en un Juzgado a policías curtidos con ciudadanos de a pie, aunque últimamente las redes sociales y la sofisticada tecnología de los teléfonos móviles permiten aportar un tipo de prueba difícilmente contestable: el vídeo en alta definición con audio digital. Pero me pregunto si alguien tendrá los arrestos de llevar adelante el asunto del que vengo hablándoles todo este artículo: que, como diría el gran Gila, alguien ha cometido un delito, y yo no miro a nadie...

Si leen ustedes el artículo 147 del Código Penal, podrán encontrar la definición del delito de lesiones. El requisito indispensable para que una agresión se transmute jurídicamente en delito, al pasar por un juzgado, es el resultado: si la avería que le ocasionan a uno requiere pasar por el médico más de una vez, hay delito. Si basta con el primer cuidado en Urgencias, se queda en falta.

Esto da lugar a consecuencias aberrantes. Si en la entrada a una discoteca, alguien tiene un desencuentro con algún ex-spetsnaz reconvertido en portero de discoteca, puede acabar con una experta paliza en su cuerpo, que incluya la fractura de varias costillas y la cara hinchada a moratones. Sin embargo, una fractura costal tiene la peculiaridad de que debe soldarse sola, sin férula, yeso ni vendaje de cualquier tipo. Y los hematomas, por muy espectaculares que sean, se reabsorben por el cuerpo sin necesidad de fármaco ni cirugía alguna. En consecuencia, el matón podría ser acusado, como máximo, de una falta de lesiones. Sin embargo, si durante la discusión en la puerta del local, el cliente, un alfeñique de sesenta kilos sin ningún tipo de destreza marcial, le da un bofetón al otro, basta que su alianza de bodas le abra algún tipo de herida incisa que requiera un único punto de sutura, para que el susodicho tenga que responder por un delito de lesiones. Y no se engañen con el “quien empezó primero”, trampa dialéctica en la que caen prácticamente todos los visitantes del banquillo de los acusados: en un juicio por lesiones sólo se tiene en cuenta el resultado, y la legítima defensa es como un político honrado; se sabe que existe, e incluso es posible encontrarla, pero no va a ser hoy.

Otro tanto pasa con el hurto y el robo, dos modalidades de delito contra el patrimonio. El hurto implica llevarse las cosas ajenas, sin fuerza ni violencia. Sacar una cartera del bolso, con la habilidad de un “piquero”, es un ejemplo de esto. Sólo será delito, eso sí, cuando lo sustraído valga más de 400 €. Para cuantías inferiores, se queda en falta. La diferencia va en la pena, desde una multa para la falta, a varios meses de prisión para el delito. En cambio, cuando el autor de los hechos tiene que romper algo para llegar hasta la cosa, es robo, independientemente de la cuantía. Pero ojo, lo que se rompa tiene que ser ajeno a la cosa, algo que la guarde o proteja, pero no puede ser parte de la cosa misma. Por eso, la rotura de los mecanismos de alarma electrónica que protegen las mercancías en muchos comercios, no se considera robo.

Esto también lleva a resultados estúpidos. Si alguien rompe el candado que sujeta una motocicleta Harley Davidson, valorada en 12.000 €, y se la lleva en un camión, es hurto. El candado se considera intrínseco a la moto, no me digan por qué. En cambio, si alguien revienta la ventanilla de un cochambroso Seat Ibiza de 3ª mano, para llevarse de su interior unas gafas de sol de mercadillo, está cometiendo robo con fuerza. Y no me voy a meter con las distintas implicaciones que conlleva el sustraer un vehículo para darse una vuelta y dejarlo por ahí, respecto de hacerlo con la finalidad de quedarse con él, porque daría para un libro entero.

Algo parecido pasa con los estupefacientes. De todos es sabido que la marihuana y el hachís son considerados sustancias que no perjudican gravemente a la salud, a diferencia de la cocaína o la heroína, que sí que lo hacen, tal y como distingue el artículo 368 del Código Penal. Sin embargo, por el juego de las cantidades y los pesos, que te pillen con cien kilos de hachís en una furgoneta, subiendo de Algeciras, tiene prácticamente la misma pena de prisión (o incluso menos) que ser sorprendido vendiendo una bolsita con unos pocos gramos de coca, en los alrededores de la discoteca antes mencionada.

Y todas estas cuestiones que acabo de enumerarles, están específicamente tasadas por leyes que un juez no puede saltarse a la torera, para imponer una pena que él considere más justa, sin arriesgarse a cometer él mismo un delito de prevaricación.

Por eso, cada vez que lean en un titular una condena absurda, un delito penado desproporcionadamente a lo que indica su sentido común de ciudadanos, no piensen inmediatamente en un togado con vocación de aparecer en los titulares. Que puede pasar, pero no necesarIamente. Acuérdense de las rígidas herramientas con las que tiene que trabajar.

Aclaración: no soy de Algeciras, ni peso sesenta kilos, ni tengo una Harley Davidson. Y esto sólo ha sido el aperitivo. En mi próxima entrega, hablaremos de otra ley, mucho más antigua, y que da para muchas más risas: la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Permanezcan en sintonía...

Porque, contrariamente a lo que la gente cree, el llamado “Poder Judicial” no está politizado. Al menos, no en la medida que la opinión pública cree. Lo que está politizado hasta la náusea es su cúpula (otro término bastante de moda), el CGPJ y demás. Porque llamar “Poder Judicial” al conjunto de jueces, magistrados, fiscales y secretarios judiciales de a pie es un sarcasmo corrosivo. Son currantes como los demás, un poco mejor pagados que el trabajador medio, pero considerablemente peor que sus homólogos del resto de Europa. Eso sí, a cambio de ese magro privilegio salarial, se han dejado varios Derechos Fundamentales por el camino.

Así, los jueces no tienen derecho a la militancia política ni sindical, cosa hasta cierto punto lógica, para evitar interferencias en su labor. Pero tampoco tienen derecho al conflicto colectivo, y en consecuencia, su patronal no les reconoce derecho a la huelga. ¿Patronal? Pues claro. Si un juez, un fiscal o un secretario judicial quieren un permiso de los que le reconoce la Ley (esos llamados “moscosos” que ahora van a recortar, y que equivalen a dinero que se les dejó de pagar en su día), tienen que pedirlo. Y, ya si eso, se lo conceden. O no, según le de al jefe, llámese CGPJ o Ministerio de Justicia. El resto de funcionarios se lo cogen y punto. Así que cuando hablamos de “Poder Judicial”, es injusto mirar al que está pringando, con toga, pero pringando, en un juzgado mixto de 1ª instancia e instrucción, o en un destacamento de fiscalía, y ponerlo al mismo nivel que el presidente del Tribunal Supremo (y del CGPJ, que va en el mismo pack) o el Fiscal General del Estado. Hay que mirar a los que salen en la foto, poniéndose medallas y dando premios delirantes a gestores catastróficos.

Ser un Poder del Estado es otra cosa, no me van a comparar. Pero, ¿cómo distinguimos a unos de otros? ¿Cómo separar a los que pisan moqueta de palacio de los que viven enterrados en expedientes? Es sencillo. Pueden ir a la T4, a la fastuosa nueva terminal del aeropuerto de Madrid-Barajas. Allí, en el control de documentación, pueden ver las diferencias. A cualquier juez, fiscal o secretario judicial de a pie, así sea en viaje oficial por razón del cargo, podrán verle pasar el mismo control que el resto de los mortales, ser sobado más allá de lo razonable por guardias de seguridad que usurpan funciones de la Guardia Civil, y aguantar sin quejarse, para no arriesgarse a perder el vuelo.

En cambio, si van al acceso “Fast Track”, reservado a clientes de clase “business” y superior, ahí podrán empezar a ver a los altos cargos que les digo. Pero si quieren el premio gordo de verdad, tendrán que ir al acceso de autoridades, los que no pasan por los controles normales. Esos sí que son un Poder del Estado. Otra diferencia pueden verla a la hora de trabajar, distinguiendo entre los que tienen todo tipo de cacharritos a su disposición, pagados del erario público, aunque no sirvan para su trabajo, y los que tienen que costearse de su bolsillo un simple disco duro portátil.

Pero, al fin y al cabo, esas pequeñas diferencias no son lo importante. Lo importante es poder hablar de ello. Porque uno de los derechos fundamentales que los integrantes del Poder-Judicial-pero-menos se dejaron por el camino, con nuestro vigente sistema, fue la libertad de expresión. Una de las faltas graves que da lugar a responsabilidad disciplinaria de jueces y fiscales es realizar críticas públicas a otros poderes del Estado, invocando la propia condición de juez o fiscal, o haciendo uso de ella. Por algo así, ya quisieron buscarle las cosquillas a Baltasar Garzón, a propósito de los actos y manifestaciones contra la guerra de Irak, en 2003.

Es decir, imagínense que hoy en día, a un juez sin la relevancia mediática de Garzón se le ocurre poner a escurrir ese lamentable sistema de ejecuciones hipotecarias que tenemos, que está llevando a tantas familias a quedarse en la puñetera calle. Imaginen que escribe un artículo en la prensa, criticando la incapacidad de nuestras fuerzas políticas mayoritarias para ponerse de acuerdo y parar este sinsentido. Y lo firma. “Fulanito de Tal. Juez”. Pues se está jugando un bonito expediente disciplinario.

Se lo cuento para que valoren, en su justa medida, el gesto de valor que han tenido doscientos jueces de plantarse ante esa infamia conocida como “gracia de indulto” y llamar a las cosas por su nombre. Porque el auténtico “Poder Judicial”, en el sentido peyorativo que adquiere la palabra “Poder” en tiempos y paisanajes como estos, es el que ha levantado la voz en ese momento, murmurando “tsk, tsk”, y meneando la cabeza, desaprobador: al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial no le ha gustado nada, pero que nada, nada, lo que han hecho estos jueces díscolos. Críticas al Gobierno, ¿dónde vamos a parar? ¿Qué será lo próximo?

Así que ya ven. Libertad de expresión, ahí lo llevas. La única manera que tiene un currante de la Justicia de poder expresarse en libertad, en este país, es usar un “cortafuegos” jurídico, algo que separe sus legítimas opiniones como ciudadano y el cargo que ocupa. Algo como un seudónimo. O ponerse una careta. De Guy Fawkes, por ejemplo.

En un alarde de competencia desleal, hemos robado un post a un blog de nuestro propio medio. Aquí en exclusiva, una #Interferencia del Teniente Kaffee.

Nos explica la función de la fiscalía cuando sea ésta la que dirija la instrucción de los procedimientos en vez de los jueces con la próxima reforma de la justicia.

En INTERFERENCIAS tenemos la formación jurídica propia de cualquier español medio: el Sálvame de Tele5 y sus querellas, y las pelis americanas, claro. Y nos sentimos cómodos porque tenemos Canal+ y hay fútbol. Pero ahora con la reforma emprendida por el ministro Gallardón hay algunos temas que nos tienen un tanto intranquilos. Entre ellos se encuentra la nueva figura del fiscal como instructor de los casos en vez de ser un juez, como viene siendo hasta ahora. Ese fiscal dentro de una jerarquía con otro “fiscal que a su vez le ordena” y unas circulares que les “indican” o que tal vez le obligan (?) a hacer o no hacer determinadas cosas... Ese fiscal dentro de una estructura llena de injerencias políticas... Bueno, como no tenemos ni papa, hemos chantaj.... digooo invitado al Teniente Kaffee a escribirnos un texto en este blog y explicarnos lo que hace un fiscal y que papel tendrá en este nuevo ordenamiento jurídico. Esperamos que sea de interés para todos y nos ayude a navegar en estas nuevas aguas de la justicia y de lo público, en donde ya parece que hay que venirse defendido de casa.

Aquí podéis seguir al Teniente en twitter. Y aquí están todos sus posts en eldiario.es.

Muchas gracias, mi Teniente.

Libertad sin cargos, por el Teniente Kaffee

Siempre me ha hecho gracia oír esta expresión en los informativos de televisión. Tras mucho estudiar derecho procesal penal, les puedo asegurar que no existe tal cosa en nuestro Derecho. Ni la libertad con cargos tampoco. Son cuestiones que pertenecen al ámbito de las películas de juicios norteamericanas, de las que soy un gran seguidor, pero que no son las que rigen nuestros Tribunales.

Pero este desconocimiento sobre el funcionamiento de nuestra Justicia se traslada, también, a otra figura, que es el gran desconocido del público: el Fiscal. La mayoría de la gente, lo único que conoce es al Fiscal del Distrito del cine. Si ha visto mayoritariamente películas en las que el protagonista es injustamente perseguido, el Fiscal del Distrito (que viene a ser el baranda de la Fiscalía) será un tipo venal y sin escrúpulos, pendiente tan sólo de su reelección. Si lo visto son películas policiacas, el Fiscal y sus ayudantes (lo que aquí serían los fiscales de plantilla) serán unos tontainas a los que la policía tiene que sacarle las castañas del fuego. Lo que recurrentemente se verá, es al susodicho como un político en toda regla, cuyos ayudantes son empleados a los que se contrata y despide sin rubor.

A esta negativa visión de la ficción yanqui se unen las, a veces, poco neutrales actuaciones con las que, en la realidad de nuestro país, las altas esferas de la Institución dan materia prima a los periodistas. Causas que se inician o se dejan languidecer, según el viento político que sople; fiscales llamados a capítulo por sus superiores, por un quítame allá esos imputados... Por ello, cuando se sugiere que el futuro de la Instrucción penal es que se deje de encomendar a Jueces de Instrucción, y pase a manos de los fiscales, mucha gente se echa las manos a la cabeza.

No es mi intención decir la última palabra sobre este debate, pero sí aclarar algunos conceptos, para que, por lo menos, se pueda opinar con conocimiento.

Lo primero que mucha gente desconoce es que el procedimiento penal, los juicios por delito, tienen dos fases completamente separadas: la Instrucción y el Juicio Oral. La Instrucción es el periodo previo en el que se recopilan evidencias, se interroga a testigos e imputados, se piden informes periciales... En suma, se investiga y se prepara la segunda fase, el Juicio propiamente dicho. En el Juicio será donde todos esos indicios se conviertan en “pruebas”, en el sentido más técnico de la palabra. Por eso, muchos ciudadanos se mosquean cuando son llamados varias veces a declarar: en comisaría, en el Juzgado de Guardia (que no es más que un juzgado de instrucción al que le toca pringar por turnos rotativos). Cuando llegan al juicio, están molestos por tener que ir por tercera vez a contar lo mismo. Sin embargo, esa tercera es, por aplicar el dicho popular, la vencida. La que vale.

Pero sigamos: es un principio básico de nuestro Derecho, que ambas fases, Instrucción y Juicio, tienen que ser encomendadas a órganos distintos. Porque el Juez Instructor, a medida que investiga, se “contamina”. Es decir, adquiere tanto conocimiento sobre la causa, que no va a ser capaz de ver las pruebas en el juicio con la mirada limpia de quien las ve por primera vez, que es de lo que se trata. Por eso, una vez ha terminado la investigación, el Instructor deja de llevar el asunto, y se lo pasa a su compañero de los Juzgados de lo Penal, o a sus compañeros de la Audiencia Provincial (o Nacional, según los casos), que serán los que, después de celebrar el auténtico juicio, pongan la sentencia.

El caso es que, bien mirado, la existencia de la figura del Juez de Instrucción es un tanto incongruente. ¿Cómo narices se va a mantener neutral, precisamente la persona que tiene que impulsar la investigación? Recuerden que, antes de terminar su tarea y llegar al juicio, el Instructor tendrá que tomar una decisión, una resolución llamada “auto”, en la que o bien tira para adelante, o bien manda archivar el asunto porque no hay indicios de delito o de culpabilidad. ¿Se imaginan a un juez que ha ordenado escuchas telefónicas, registros domiciliarios o prisión preventiva para los sospechosos, dando marcha atrás y diciendo “pelillos a la mar”? Pues con eso tienen que lidiar a diario.

La solución más lógica parece ser que impulse la investigación, que pida los registros, la prisión preventiva o las escuchas telefónicas quien, al final de toda la Instrucción, va a tener que llevar a cabo la única actuación fundamental que el Juez de Instrucción no puede llevar a cabo: formular acusación. Y esa persona es el Fiscal. El Fiscal, que ha permanecido hasta ese momento junto al Juez, o incluso ausente, en ese momento reclama su cuota de protagonismo y presenta el documento básico de su trabajo: el llamado escrito de calificación, o conclusiones provisionales, donde se deja de “presuntos” e “indiciariamente”, y le llama al pan, pan, y al vino, vino. Que Fulanito quedó con Menganito, y de común acuerdo, y con la finalidad de enriquecerse ilícitamente, acordaron entrar por la ventana del piso de Zutanito, y después de darle una paliza, robarle las joyas de la abuela. Y que por eso, habrá que meterles tantos años en la cárcel. Además, Fulanito y Menganito pagarán equis dinero a Zutanito por los días que se pasó en el hospital, y otro tanto por las joyas, que nunca aparecieron.

Pero claro, entonces llega un asunto en el que puedan estar implicados políticos con mando en plaza, y todo se complica. Porque para evitar que en cada punta del Estado haya un fiscal que hace las cosas a su manera, “pues yo creo que esto es cohecho”, “pues yo creo que no lo es”, la institución está estructurada de forma jerárquica, con un jefazo principal, llamado Fiscal General del Estado, y jefes territoriales, que son Fiscales Superiores de Comunidad Autónoma, Fiscales Provinciales y demás. Y esto, en sí mismo, no es malo. Pero resulta que al Fiscal General del Estado lo nombran políticos, los mismos políticos a los que puede que haya que llevar a juicio en algún momento, o cuyos intereses igualmente políticos pueden verse en juego en algún pleito penal. Así que, por supuesto, empiezan las suspicacias, el mirar mal a la Fiscalía.

Tengo leído, hace bien poco, que confundir a los jueces de a pie con el Consejo General del Poder Judicial (el gobierno de los jueces) es como mezclar a los ciudadanos con su Gobierno. No puedo estar más de acuerdo. Pues bien, de la misma manera sería injusto meter en el mismo saco el quehacer profesional, los intereses y motivaciones de los fiscales de tropa, con lo que puedan opinar de un mismo asunto sus superiores de Fiscalía General del Estado.

En consecuencia, el problema no es que la instrucción penal sea asumida por los fiscales. En primer lugar, porque es lo natural que sean ellos, los llamados a ejercer la acusación, quienes se encarguen de solicitar las pruebas que vayan a considerar necesarias para ir a juicio. ¿O acaso ustedes se imaginan a un cirujano operando con el instrumental que le haya seleccionado, previamente, el anestesista? En segundo lugar, porque ello no equivale a darles poder absoluto, ni a la desaparición de los jueces de la fase instructora, sino que quedarían convertidos en “Jueces de Garantías”. Es decir, que cuando el fiscal pidiera alguna de las cosas más serias que se pueden pedir en un proceso penal, como las antes aludidas de registrar un domicilio, intervenir unas comunicaciones, o encerrar preventivamente a un sospechoso, un juez tendría la última palabra sobre el tema (o la penúltima, ya saben, los recursos de apelación...). Pero la última palabra de verdad, decidiendo sobre el fondo del asunto, no como en el simulacro ese de la Ley Sinde-Wert. Esta fórmula lleva más de una década funcionando en la Jurisdicción de Menores, y salvo las periódicas quejas sobre lo blando de las penas, que es otra discusión completamente distinta, el resultado ha sido razonablemente bueno.

Al fin y al cabo, los fiscales salen de la misma oposición que los jueces: preparan un temario único, se examinan ante los mismos tribunales y tras aprobar, se incorporan a una lista única. Sólo tras superar esta dura prueba, se realiza un acto de elección de carrera, y unos escogen la toga de juez, mientras que otros optan por la de fiscal. Esa es una diferencia clave con los peliculeros ayudantes de Fiscal del Distrito. El fiscal español de a pie es un funcionario exactamente tan inamovible como un juez, con la misma condición de autoridad pública, e idéntico tratamiento formal. No son empleados laborales a los que se pueda despedir si las cosas no salen al gusto del que manda. Así que la asunción de funciones instructoras por los fiscales no tiene por qué suponer ningún riesgo para la Justicia.

La clave sería dejar, antes de eso, bien atado el cascabel del gato: asegurar la independencia del Fiscal General respecto de los políticos, y reforzar las funciones del Consejo Fiscal, para que deje de ser un órgano meramente consultivo, y empiece a tener un carácter vinculante que haga de contrapeso al poder del Fiscal General. Porque una cierta jerarquía y unidad están bien, pero la Constitución también habla de legalidad e imparcialidad. Aunque vista la deriva del Ministerio de Justicia, en cuestiones como las de los jueces mileuristas que les comentaba hace poco, no tengo muchas esperanzas en ese sentido.

En cualquier caso, no se preocupen, todo esto no va a suceder mañana. Porque, con nuestro actual modelo, hay muchísimos más jueces de instrucción de los que hacen falta, y muchísimos menos fiscales de los que serían necesarios. Y no es sólo cuestión de reconvertir a los unos en los otros (cosa que, de por sí, generaría problemas suficientes como para una tesis doctoral), es que cada juzgado tiene varios funcionarios, mientras que los fiscales andan bastante escasos de personal subalterno (no tocan ni a uno por toga). Así que habría que reorganizar de arriba a abajo la estructura de la Justicia Penal, trasladar a miles de funcionarios, reconvertir procedimientos, adecuar edificios, proveer de herramientas... Todo eso cuesta muchísimo dinero. Dinero que no había en la época de vacas gordas, pues la Justicia siempre ha sido el pariente pobre de la Administración, así que mucho menos lo va a haber ahora que recortan hasta en grapadoras y folios.

O cabe otra posibilidad, claro. Que la reforma se haga “a la española”, sobre el papel, sin prever las necesidades de financiación, sin asegurar que lo que se está diseñando en un borrador va a tener respaldo efectivo en el mundo real. Como con la infame Ley de Tasas, en la que, el día de su entrada en vigor, no estaban aún preparados los formularios necesarios. O sea, a golpe de BOE, que lo aguanta todo. Y entonces sí que pueden ir teniendo miedo. Mucho miedo.

Ni más ni menos que adecuar la situación de la judicatura a la realidad social y laboral de nuestros días: crear una nueva categoría de jueces completamente dependientes, con una espada de Damocles sobre su togada cabeza, y todo ello por el sueldo de un becario.

A nuestros sucesivos gobiernos, y a las mayorías parlamentarias que los sustentan (no se olviden este detalle, sobre todo a la hora de ir a votar), siempre les ha gustado la idea de una Justicia interina, soslayando los requisitos de inamovilidad e independencia que proclama nuestra Constitución. Sólo desde esta óptica se pueden explicar los miles de sustitutos, literalmente, que ocupan de forma casi permanente puestos de juez o de fiscal. Muchos son profesionales excelentes, y en no pocos casos resultan un pilar fundamental de la institución allá donde sirven. Pero su existencia es una anomalía del sistema. Porque al no haber aprobado una oposición, están al albur de quien les pone en su puesto. Dos informes negativos del Fiscal Jefe correspondiente, por ejemplo, inhabilitan a cualquier fiscal sustituto para formar parte de la bolsa de trabajo al año siguiente. El mecanismo es todavía más opaco y ominoso en el caso de los jueces.

El problema es que los sustitutos son caros de mantener, porque cobran lo mismo que el titular al que sustituyen. Así que en la inminente reforma de la L.O.P.J. se suprimen la mayoría de ellos, salvo contadas excepciones. Las necesarias sustituciones, cuando un juez o fiscal caen enfermos, disfrutan de un permiso por maternidad u otros supuestos legalmente previstos, serán cubiertas por sus compañeros, a cambio de un plus en su salario. Imagino pocos voluntarios para estas sustituciones: muchos juzgados trabajan al 120 % de su capacidad teórica, y algunos incluso duplican su carga de trabajo, así que quien apenas puede con su propio tajo, difícilmente se va a prestar a cargar con el del vecino. Así que muchas de estas sustituciones se cubrirán a la fuerza.

Pero hay otro preocupante supuesto, el que da la nueva redacción del artículo 307, apartado 4º, de la L.O.P.J. Como no quiero llenar el artículo de farragosas citas legales, les comento que el engendro se llama “Proyecto de Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial”, y viene publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 19 de octubre de este año. En el PDF que pueden descargarse con el citado proyecto, el artículo que les cuento está en la página 9.

El asunto es que, hasta ahora, tras superar la oposición, los nuevos alumnos de la Escuela Judicial se enfrentaban a un curso teórico, seguido de unas prácticas tuteladas, periodo de formación que con el tiempo se ha ido convirtiendo en un enfrentamiento fratricida, en el que los todavía aspirantes se juegan subir o bajar decenas de puestos en el escalafón, lo que luego influirá en su primer destino cuando juren el cargo. La diferencia puede ir de pillar plaza cerca de su tierra natal, a acabar en Fuerteventura, a tres horas y media de avión de la familia, o en uno de los exóticos juzgados de 1ª Instancia e Instrucción de Azpeitia,Tolosa o Bergara, donde hasta hace poco tenían que ir con escolta. Pero eso, que era el régimen de antaño, era un chollo, comparado con lo que viene ahora, la nueva realidad.

Ahora, gracias a este artículo y los siguientes, tras terminar el curso teórico y las prácticas, y sin haber jurado el cargo, les pueden meter de sustitutos forzosos, allá donde toque. El truco es que siguen siendo jueces en prácticas, por lo que no son inamovibles, ni independientes. Les va a examinar la Escuela Judicial y, no se lo pierdan, el Presidente del TSJ de la Comunidad Autónoma en la que estén. Les recuerdo que un Tribunal Superior de Justicia es ese órgano en el que uno de cada tres magistrados es seleccionado de entre una terna propuesta de forma digital por el parlamento autonómico. Digital, de dedo, por si tenían alguna duda. Los Tribunales Superiores de Justicia son los órganos donde empieza el mamoneo político que tanto irrita a la ciudadanía. Y van a ser los que tengan en su mano cortarle las alas al nuevo juez en ciernes.

Si el juez sustituto en prácticas suspende, vuelve a la casilla de salida, al comienzo de la Escuela Judicial, para una 2ª oportunidad. Si vuelve a suspender, queda eliminado del proceso. Fuera de la carrera judicial, a pesar de su oposición aprobada. El periodo mínimo en el que se pueden tirar en esta situación es de cuatro meses, pero la Ley no marca el máximo. Guiño-guiño, codazo-codazo.

Y lo mejor de todo, sus emolumentos durante ese calvario de duración indefinida serán el 70 % del sueldo base, excluidos complementos. Unos 1.200 € netos al mes.

Así que dejemos volar la imaginación... Imaginen ese juzgado mixto de provincias, donde llega la policía con una investigación sobre corrupción política de los máximos responsables políticos locales, una causa con miles de folios, con presiones tremendas por los cuatro costados... Instruido por un juez con “contrato temporal”, al que pueden eliminar de la ecuación de un plumazo, y cobrando menos que el último de sus funcionarios. Imaginen el sumario del Prestige, el de los ERE's en Andalucía, o cualquiera de esos cientos de causas abiertas que pueden consultar en el Corruptódromo. Imaginen, y ahora díganme si pueden dormir tranquilos. Porque yo no puedo.

Ejemplo de esto último es la conocida como “Ley de Dependencia” (su nombre oficial es algo más farragoso), una maravilla de política social, pero cuyo diseño de financiación claramente defectuoso ha dejado sus disposiciones en un cruel sarcasmo para muchos de sus teóricos beneficiarios. Es frecuente que la ley sea tan draconiana y garantista que cumplirla a rajatabla sea casi imposible, con lo cual se consigue un perverso resultado: tras un periodo inicial de “miedo en el cuerpo”, la ciudadanía se relaja y pasa a darle a la normativa vigente ese cumplimiento disipado que nos ha hecho célebres en el mundo entero. Pero no sólo los paisanos de a pie. La Justicia también acaba incumpliendo las leyes, porque si no, le resulta imposible hacer su trabajo. En este caso, la causa es exactamente la inversa: la Ley de Enjuiciamiento Criminal es tan obsoleta y anacrónica, que tratar de juzgar casos modernos conforme a sus disposiciones, al pie de la letra, podría colapsar los juzgados. Más de lo que lo están ahora.

Les pongo un ejemplo: el artículo 170 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige que las notificaciones personales se realicen mediante lectura íntegra de la resolución. Las toneladas de resoluciones que se notifican a diario por los juzgados españoles implicarían que los funcionarios pasaran todo el día yendo de un lugar a otro, leyendo autos y providencias prácticamente idénticas, ante abogados, procuradores, fiscales y ciudadanos particulares con cosas mucho más urgentes que hacer que estar allí delante contemplándoles. Ojo, cuando hablo de pasar todo el día, no me refiero a la jornada laboral.

Me refiero a las 24 horas, segundo a segundo, sin parar. No se imaginan la cantidad de papel que puede generar un Juzgado. En ese sentido, la Justicia española se basta y se sobra para acabar con un buen trozo de la selva amazónica. Así que no se hace. Leer, digo. Se manda el papel y listo.

¿Otro ejemplo? El artículo 786, apartado 2º, de la misma ley exige que los juicios comiencen por la lectura en voz alta de los escritos de acusación y defensa. Si esta norma se cumpliese escrupulosamente, el juicio por el desastre del Prestige probablemente no terminaría hasta la próxima glaciación, porque estamos hablando de 55 acusaciones particulares y tres defensas. Sólo el escrito de acusación del fiscal son 186 folios, y eso que el Ministerio Público suele ser conciso, breve e ir directo al asunto. Si los abogados particulares se han adornado un poco, la cosa puede dejar a la saga de “Canción de hielo y fuego” a la altura de un haiku.

Así que multipliquen, y echen cuentas del tiempo que haría falta. Y ahora, piensen detenidamente en si sirve para algo, leer en voz alta un documento que todo el mundo implicado en el asunto se ha leído en su casa ya hace semanas. La respuesta es no, ¿verdad? Coinciden en ello con la Administración de Justicia, que ignora esta norma anacrónica e irreal. Lo curioso es que la redacción de este artículo proviene de 2002, de una reforma llamada de “agilización de la Justicia”, y diseñada para crear “juicios rápidos”.

Así que, como ven, somos expertos en crear leyes imposibles de cumplir. O cuyo cumplimiento resulta en una pesadilla. Les pongo otro ejemplo. Imagínense un sujeto que resulta condenado por un delito grave, a una pena de seis años de prisión, en un juicio celebrado con todas las garantías ante una Audiencia Provincial, compuesta por tres magistrados profesionales, juristas de extraordinaria cualificación. A pesar de la condena, la sentencia no es firme, porque todavía cabe recurso contra ella. En este caso, un recurso de casación ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo. El problema es que las sentencias sólo se pueden ejecutar cuando son firmes.

Y sólo son firmes cuando ya no cabe recurso dentro del sistema judicial ordinario (el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional es otra cosa). Por lo tanto, no se puede meter en la cárcel al acusado, ya condenado, hasta que el Tribunal Supremo resuelva, a no ser que se haga como preso preventivo. Esto no es ninguna tontería, porque el cuello de botella que supone un único tribunal para despachar todos los recursos dictados contra las 50 audiencias provinciales, con sus correspondientes secciones, genera un atasco y un retraso de proporciones épicas. La situación de preso preventivo podría prolongarse durante años. Así que, en el caso que les relato, la Audiencia optó por dejar al sujeto en libertad provisional.

Ustedes creerán que me estoy refiriendo a un conocido político, que llegó incluso a ministro, y que estoy justificando el trato de favor que la Justicia da a los poderosos y tal. Pues lo siento, aunque el supuesto procesal sea idéntico, yo les estaba hablando de un emigrante dominicano en situación irregular, que fue condenado a seis años por colaborar a introducir un kilogramo de cocaína, al 50% de pureza, en España. Y no lo hizo como mulero, llevando bolas de droga dentro de su cuerpo, no. Lo hizo recibiendo un paquete postal desde la comodidad de su casa. El caso es que, una vez condenado, y a la espera de que el Supremo decida sobre el recurso de casación que presentó su defensa, el tipo está en la calle, libre como un pájaro.

A veces no sé qué me da más miedo, si que las leyes se cumplan, o que no se cumplan.

Michael Ballack pagará una multa baja por conducir a 211 km/h porque la Justicia española no puede averiguar el patrimonio del ex futbolista dentro de los plazos necesarios

¿Recuerdan cuando hablamos de la lluvia dorada y el griego? Pues hoy les traigo una nueva variante de depravación jurídica. Derecho explícito, pornografía para leguleyos.

Hay un señor que atiende por Michael Ballack, ex futbolista de gran talento, que fue considerado en su día la gran esperanza de la selección alemana y del fútbol de aquel país en general. Dicho caballero comparte una de las aficiones macarras que caracterizan al resto de sus compañeros de estatus profesional: los coches de alta gama, esas máquinas de prestaciones exageradas y precio inalcanzable para cualquier currito de a pie.

Recientemente, el señor Ballack tuvo a bien pasear uno de sus bugas de ensueño, un monstruoso SUV marca Audi, modelo Q7, por las carreteras de nuestro país. Pero claro, para qué iba a sujetarse al mismo ordenamiento jurídico que rige los destinos de todos los españoles, así como de los extranjeros que se encuentren en nuestro territorio: adelantando las pretensiones de modelarnos a su imagen y semejanza que parece inspirar al Gobierno de su país, decidió autoaplicarse las normas de tráfico que rigen en las autobahn, las míticas autopistas alemanas, donde los límites de velocidad son, por llamarlo de alguna manera, algo laxos.

Resumiendo, a Michael Ballack lo pilló un radar de la Guardia Civil de Tráfico a 211 kilómetros por hora, por la autopista A-5, dentro de la provincia de Cáceres. Nuestro Código Penal, en su artículo 379, tipifica como delito contra la seguridad vial circular por vías interurbanas a una velocidad superior en 80 kilómetros por hora al máximo legal. Como el máximo en cualquier carretera de nuestro país es 120 kilómetros por hora, y aunque el radar tiene un margen de error homologado del 3%, está clarinete que el exquisito centrocampista teutón pronto pasará a engrosar el Registro Central de Penados y Rebeldes, vía sentencia condenatoria.

El delito contra la seguridad vial es uno de los que justificaron una reforma-parche de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite hacer tratos a la americana entre fiscal y abogado defensor: por múltiples razones, se considera positivo rebajar un poco la condena al acusado, si este acepta declararse culpable de los hechos y recibir la pena que le caiga. Para empezar, no hay que tramitar un procedimiento completo, que contribuya a taponar todavía más las obstruidas arterias de nuestra Justicia, sino que todo se hace en un día; se evita la incertidumbre del resultado, que puede ser condenatorio o absolutorio (en este caso parece complicado, pero en otros no lo es tanto); se evita que la parte que pierda el juicio recurra en apelación, saturando no sólo el Juzgado Penal, sino también la Audiencia Provincial que toque... En suma, como incentivo, el imputado que acepte los cargos en el Juzgado de Guardia, el mismo día que le pillen, se beneficia de una rebaja de un tercio sobre la condena. La semana de oro en El Corte Inglés de la Justicia.

El fiscal del asunto ha solicitado en este caso treinta meses de privación del derecho de conducir, que se hubieran quedado en veinte, y que además no se iban a cumplir: los súbditos extranjeros no se ven afectados por principio de extraterritorialidad alguno; no pueden conducir por España durante la vigencia de su pena, pero pueden hacerlo por el resto del mundo, porque se les priva del derecho a hacerlo aquí, pero no se les retira el carnet.

A pesar de eso, la defensa no se ha conformado con la condena. ¿Y por qué? Por la otra pena que establece el Código para este delito, una alternativa entre prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad, escogiendo en el presente caso el fiscal la más probable de cumplir por un extranjero sin antecedentes y con posibles: multa. La multa por este delito arranca en un mínimo de 360 €, a razón de 2 euros diarios, durante 6 meses. El máximo se sitúa en 400 euros diarios, durante doce meses, lo que daría unos 144.000 €. La cuota diaria se calcula en función de las posibilidades económicas del acusado, y la duración en meses se establece según la gravedad del delito.

Ballack terminó su carrera hace algo menos de dos meses, en el Bayer Leverkusen. Lo hizo después de haber militado las últimas temporadas en el Chelsea inglés, equipo que pasó de la irrelevancia en la Premier League británica a disputar durante años la Champions League, y ganarla finalmente el año pasado, ya sin nuestro protagonista en sus filas. Esta reciente supremacía se ha cimentado, sobre todo, en la contratación de rutilantes estrellas, nacionales y extrajeras, a golpe de talonario. Nuestro Fernando Torres, Didier Drogba o Michael Ballack son algunos de los máximos exponentes del poderío futbolístico comprado a base de poderío financiero, merced al mecenazgo del turbio millonario ruso Roman Abramovich.

Este breve apunte futbolístico viene a cuento de que el señor Ballack fichó en 2006 por un sueldo anual de 14,72 millones de dólares. A día de hoy, al cambio, vendrían a ser unos 11,35 millones de euros. Es decir, a ojo de buen cubero, Ballack ganó en un solo año de su carrera en el club británico, más que todos los jueces y fiscales de Extremadura juntos. Pero a pesar de ello, su abogado no quiso conformarse con la multa de sólo 10.000 € que pedía el fiscal. Según el letrado, el señor Ballack es poco menos que un indigente, a pesar de conducir un vehículo cuya versión más barata sextuplica la cuantía de la multa, y no puede pagar más que 1.080 € de multa, a razón de 6 euros diarios durante seis meses.

¿Saben lo peor? Que tiene posibilidades de salirse con la suya, porque los medios de los que dispone la Justicia española para averiguar el patrimonio del futbolista germano fuera de nuestras fronteras son testimoniales, y en ningún caso se podría obtener una respuesta antes de los quince días en los que se señala un juicio rápido, tras fracasar las negociaciones iniciales en el juzgado. O sea, que el juez que va a dictar la sentencia, y la Audiencia Provincial que conocerá el previsible recurso de apelación, no tienen medios seguros, conforme a nuestras leyes, de conocer el estado de cuentas actual del acusado. Porque el Marca no sirve como prueba en los tribunales de nuestro país.

Yo, qué quieren que les diga, después de este mesurado análisis jurídico, me pongo en la piel de un ciudadano de a pie y, simplemente, no puedo reproducir las palabras que me vienen a la mente.

¿Recuerdan la convocatoria del 25-S, la de “ocupa el Congreso”, “toma el Congreso” y otras versiones patrias del Occupy Wall Street yanqui, cuando lo que se quería pedir era “rodea el Congreso”? Bien, desde el lado derecho del espectro político se han desgañitado contra este tipo de movimientos sociales, siendo uno de los arietes favoritos utilizados la supuesta necesidad de que ésta y otras convocatorias similares sean manifestaciones “legales”, y sobre todo, “autorizadas”.

Esta gente, al parecer, tiene por costumbre no leer las mismas leyes que invoca. Pasó en su día en Cataluña, con la querella del “tres por ciento”, que se daba de bruces contra la inviolabilidad parlamentaria que recoge el Estatut, y le sucede hoy a todos los que consideran la Constitución un texto sagrado, y luego se saltan esa parte donde el artículo 21 dice literalmente que el ejercicio del Derecho de Reunión “no necesitará autorización previa”. En este caso, el lado angosto del embudo le toca a la autoridad, que sólo podrá prohibir esas manifestaciones cuando se pueda poner en peligro a las personas o bienes, por lo que no se trata de una facultad discrecional.

Ahora bien, decía hace más o menos un siglo el Conde de Romanones: “Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento”. Nuestros poderes públicos arrastran las mismas inercias desde entonces, y en este caso el detalle viene en la Ley Orgánica 9/83 que regula el Derecho de Reunión. Sí, es orgánica, porque hace falta una norma de esa categoría para “modular” el ejercicio de un derecho considerado tan fundamental en un Estado democrático como la vida, la libertad o el sufragio universal. El meollo es que la citada norma exige que la comunicación previa se haga por el convocante de la manifestación, debidamente identificado y filiado, matiz que no exigía la Carta Magna.

¿Y dónde está el problema? Pues verán: los movimientos sociales surgidos en torno a la icónica fecha del 15M conforman un ente reticular, algo inaprensible, sin líderes ni jerarquías. Así, cuando surgieron diversas plataformas cívicas cercanas a dicho movimiento, que proponían una demostración pacífica de descontento alrededor del edificio de la cámara legislativa, resultó un tanto difícil encontrar un único convocante que asumiera la responsabilidad. Así que un ciudadano particular, preocupado por la posibilidad de que la etérea naturaleza del movimiento proporcionase la coartada formal para que el Gobierno frustrara la iniciativa, cumplimentó el trámite por su cuenta y riesgo.

El truco dio resultado, porque la Delegación del Gobierno no hizo uso de su potestad de prohibir la concentración. Y mira que lo tenían fácil. Según el discurso imperante entre los investigadores policiales, el perverso plan de los manifestantes incluía interrumpir el normal funcionamiento del Parlamento, lo que supone un delito contra las instituciones del Estado, concretamente el previsto en el artículo 494 del Código Penal. La manifestación que se convocase con esa finalidad delictiva, se convertiría en una reunión perfectamente susceptible de prohibición según el artículo 5, apartado a), de la citada Ley Orgánica.

O no. Porque ya hemos encontrado al menos un juez que ha considerado que no había ningún delito en la concentración del 25 de septiembre. Así que quizás se hubieran columpiado un poco con la prohibición. Por eso, precavidos, en Delegación del Gobierno dieron el nihil obstat.

Lo que nadie había previsto era la irrupción de unos misteriosos encapuchados, sin proclamas, sin emblemas, con unas inexpresivas banderas de colores, que bien podrían ser las de los autos de choque, y de atavío sospechosamente parecido al de los agentes policiales infiltrados entre los manifestantes. Estos elementos rompieron las hostilidades contra el cordón policial, desatando el ya conocido pandemonium que dejó en evidencia a las Fuerzas de Seguridad del Estado ante la comunidad internacional al completo. Estas personas cometieron un delito, sean quienes sean, y sirvan a quienes sirvan. Pero en lugar de buscarles y promover su enjuiciamiento penal, la Delegación del Gobierno ha tirado por la vía fácil, ir a por el ciudadano que dio la cara por toda la multitud.

Y es curioso, ¿saben? Porque la Delegación del Gobierno dejó claro, al resolver sobre la comunicación previa, que no parecía haber delito en curso con dicha concentración, ni que fuera previsible su comisión durante la misma. Y tampoco entendió probable que hubiera desórdenes públicos, pese a que plantó en el lugar a miles de agentes de una fuerza policial de elite. Porque en caso de olfatear delitos o disturbios, hubieran debido prohibir la manifestación como exige la Ley Orgánica. Y a pesar de que no preveían nada raro, puede que el ciudadano que prestó su nombre sí debiera haber tenido facultades suprahumanas, porque le quieren hacer responder de lo que ellos mismos no fueron capaces de ver.

Para próximas ocasiones, me gustaría comprobar quién es el listo que se ofrece voluntario a firmar la comunicación. Probablemente no haya muchos voluntarios. Pero claro, sin semejante buen samaritano, la reunión no se entiende comunicada por los cauces oportunos, con todo lo que ello implica. Y si a pesar de todo, se comunica, el comunicante queda expuesto a responder de cualquier imprevisto que pueda suceder, incluyendo una explosión termonuclear o una invasión extraterrestre.

Esto me recuerda profundamente a la trampa lógica que describe la novela Catch 22, escrita por Joseph Heller. Les invito a que lean la entrada que le dedica la Wikipedia. Pero, sobre todo, les pido que se queden con su última frase: “En definitiva, no hay elección posible ni manera de salir del sistema”.

Quizás sea cierto. O quizás no lo sea, porque me suena que en una ciudad llamada Gordión, cierto rey macedonio de la Antigüedad descubrió que en estos casos puede haber una solución. Eso sí, puede resultar algo tajante.

(*): Me gustaría saber para qué narices necesita Madrid una Delegación de Gobierno. No, en serio. La idea de la Delegación de Gobierno es que exista un representante de la Administración del Estado en todas las Comunidades Autónomas, por aquello de que haya una cara visible del Gobierno. Pero, ¿en Madrid? Es decir, Palacio de la Moncloa, Ministerio del Interior... ¿De verdad hacen falta más representaciones de la existencia del Gobierno central?

Resulta que al infortunado letrado le ha caído por reparto del turno de oficio, la defensa de este caballero. Hasta ahí, nada extraño. El griego en cuestión no tiene más relación con Galicia que haber naufragado frente a sus costas cuando era jefe de máquinas de un buque llamado “Prestige”. Así pues, no tiene por qué conocer a ningún abogado español en ejercicio, y el turno de oficio está pensado para aquellas personas que no tengan abogado propio, por lo que podrían quedar indefensas. Se les asigna uno de los que entran en la “bolsa” del Colegio de Abogados que corresponda.

Eso no significa que dicho abogado de oficio sea gratis, que es lo que cree la mayoría del público no versado en leyes. Abogado sin pagar sólo tienen aquellas personas que además acrediten no tener ingresos, tal y como regula la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Por eso, me quedo pasmado cuando leo que el abogado del griego se queja de que sólo va a cobrar 455 euros por su trabajo. Efectivamente, el señor Argyropoulos ha solicitado justicia gratuita. ¿Pero cómo es posible? Insuficiencia de recursos para litigar, según la legislación española, sólo tienen aquellas personas que no llegan ni a mileuristas. Podría aburrirles con datos y tablas, pero sólo tienen que ir a la web que mantiene el Consejo General de la Abogacía Española, y entrar en el simulador económico. Por encima de 15.000 euros brutos anuales, no cumple usted los criterios mínimos. Por supuesto, si hay de por medio inmuebles más allá de la vivienda habitual, olvidémonos.

Y ahí vamos. Da la casualidad de que mi alias no es la única relación que tengo con la marina, sino que en mi familia hay un capitán de petroleros. Así que me da en la nariz que este señor ha podido ganar, a lo largo de su vida, un poquito más que 15.000 euros brutos anuales. He hecho un par de gestiones por Internet, y en la época del accidente, un marino mercante que comandase un buque español de transporte de crudo venía a ganar más o menos lo mismo que el presidente de la Audiencia Provincial que está juzgando a Argyropoulos. Y eso que el pabellón nacional siempre ha sido mal pagador de sus empleados. A nada que he indagado en páginas anglosajonas, he empezado a encontrar emolumentos por encima de los 100.000 dolares anuales. Da la casualidad de que los jefes de máquinas tienen la misma categoría que los capitanes, y en algunos casos pueden cobrar incluso más.

¿Entonces qué pasa aquí? Pues lo de siempre. El griego no reside en España, así que los menguados medios de investigación de la Justicia española no tienen manera de averiguar los bienes de alguien que no cotiza en nuestra Hacienda, no tiene inmuebles en nuestro territorio, ni cuentas en nuestros bancos.

Les recuerdo que todo este procedimiento ha sido instruido por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Corcubión. Es decir, un “mixto”, en terminología judicial. Uno de los clásicos “juzgados de pueblo” que esperan a los recién graduados en la Escuela Judicial para sus primeros destinos al incorporarse a la judicatura. El clásico sitio al que sólo irán los últimos de cada promoción, y del que saldrán como alma que lleva el diablo en cuanto se “descongelen” (es decir, que termine el periodo en el que no pueden presentarse a un concurso de destinos). Un juzgado que lo mismo tramita divorcios, desahucios, riñas de bar o delitos contra la seguridad vial, y al que este caso le cayó encima como la bota de Galactus. Y sin los datos que pueda recabar el Juzgado, la Comisión de Justicia Gratuita que hay en cada Audiencia Provincial tampoco puede denegar alegremente un derecho reconocido por la ley. A menos que quieran incurrir en un delito de prevaricación, claro.

Pero a lo que iba, que el señor Argyropoulos es, a los efectos de nuestra Justicia, “pobre legal”, y se beneficia del derecho a tener abogado sin pagar. Sin pagar él, claro, porque los raquíticos emolumentos del letrado saldrán de nuestros impuestos. Sí, también de los de quienes se partieron el espinazo retirando el maldito chapapote de las playas gallegas. Lo que será todavía más grave si, como parece, la Xunta decide hacer una excepción, y pagar a este abogado en proporción al desmesurado tamaño de la causa.

Hablando del asunto con otros amigos dedicados a esto de las leyes en Twitter, surgió la cuestión de la compañía aseguradora, para quien sería peccata minuta hacerse cargo de la factura por la asistencia legal. Pero claro, surge una interesante cuestión, y aquí es cuando me pongo en modo paranoico, Schrödinger style: el artículo 117 de nuestro Código Penal obliga a la compañía de seguros a hacerse cargo de la responsabilidad civil que contractualmente hubiera asumido al cubrir la actividad durante la que se produjo el daño indemnizable.

Las polizas de seguros suelen contener cláusulas que eximen de responsabilidad a la aseguradora en caso de negligencia grave del asegurado. Es decir, si el juicio resultase con una condena para Argyropoulos por delito doloso o gravemente negligente, la compañía de seguros podría intentar exonerarse del pago de los cuatro mil y pico millones de euros de indemnización, recayendo dicha responsabilidad sobre el griego. Quien, recordemos, es insolvente según los datos de la Justicia española...

Así que olvídense del pronóstico del tiempo. La lluvia que nos está cayendo encima es dorada.

En cualquier caso, el propietario del tan traído y llevado disco duro (y perdón por el juego de palabras) tiene que estar tirándose de los pelos. Los expertos en seguridad informática, por su parte, tienen que estar muertos de la risa.

Hace algo más de año y medio, cuando aparecieron imágenes del entonces presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidiendo un juicio con su flamante iPad (a partir del minuto 20 y 9 segundos; si continúan hasta la siguiente noticia, hay bonus), se elevaron voces clamando contra el uso de dispositivos privados claramente inseguros para manejar información de gran trascendencia.

No volvamos al presente todavía. Hace algo menos de un mes se publicó en diversos medios un extracto de la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2012 (es decir, la correspondiente a datos del año 2011), aprovechando que se acababa de presentar en el acto solemne de apertura del año judicial.

En dicho extracto, el máximo responsable del Ministerio Público se refiere, de pasada, a que hubo una reunión de la recién constituida red de fiscales especialistas en delincuencia informática en enero de este mismo año.

Lo que ya no se cuenta es que, en esa reunión uno de los temas que se trataron fue la necesidad de que los especialistas en cibercrimen cuenten con herramientas que posibiliten su trabajo y unas comunicaciones internas lo más seguras posibles. Normal, teniendo en cuenta que el nombre de la fiscal de Sala, superior coordinadora de toda la cuestión, se vio involucrado en una de las revelaciones de datos que llevó a cabo el colectivo Anonymous en relación con los GEO, escoltas de Moncloa y demás. Precisamente, en lo que tocaba el escándalo a la Fiscalía era en la amenaza de revelar datos sensibles sobre... ¿lo adivinan? El “caso Faisan”. Como dirían Les Luthiers, caramba, qué coincidencia.

Pero volvamos a la reunión de enero. Uno de los fiscales más cualificados sobre cuestiones tecnológicas expuso las necesidades que veía, tanto en cuestiones de hardware como de software, para evitar filtraciones de datos, robos de información y amenazas similares. Consideraba necesario disponer de ordenadores portátiles con un sistema operativo convenientemente fortificado y aprobado por el Centro Criptológico Nacional, usando algún tipo de tecnología de cifrado de disco duro. Nada excesivamente caro y que no requería un despliegue exagerado: estamos hablando de 50 fiscales, uno por provincia. Como especificaciones más exóticas, entendía que dichos ordenadores debían ser lo suficientemente ligeros como para que los fiscales los llevasen consigo siempre, y que contaran con alguna medida de seguridad biométrica, como los cada vez más habituales lectores de huellas dactilares integrados.

Estos dispositivos deberían poder conectarse a un servidor seguro mediante red privada virtual, o VPN, para poder acceder a un repositorio común de documentación, jurisprudencia, un foro de consultas o para poder hacer copias de seguridad de documentos sensibles.

En este sentido, descartó el uso de dispositivos de memoria USB, discos duros extraíbles, y otro tipo de material de carácter privado, que la penuria económica de la Justicia obliga a jueces y fiscales a poner de su propio bolsillo para paliar las carencias de material que sufren.

Nueve meses después, la iniciativa no se ha aprobado. ¿Porque en el Ministerio de Justicia son pioneros defensores del uso del acrónimo de moda, el BYOD (Bring Your Own Device, Trae Tu Propio Cacharro)? No, hombre, no, por la razón de siempre, por falta de presupuesto. En el lugar donde se deciden estas cosas, alguien ha debido de hacer su propia versión del histriónico anuncio del comparador de seguros:

-¿Ordenadores portátiles seguros para fiscales que manejan información confidencial? ¡ERROOOR!

-¿iPad para que los políticos jueguen al Angry Birds ()? ¡ACIERTOOO!

Bastante más tendría que escandalizar algún que otro episodio que se ha producido durante la tramitación de la causa. Me van a permitir que, cual asesino irredento, vuelva al lugar del crimen, y saque a colación mi anterior artículo. ¿Recuerdan la última frase, el dramático punto y final?: “Esas órdenes jamás debieron ser cursadas. Bum”.

Retrocedamos en el tiempo, hasta el trágico 7 de julio de 2005, en Londres. Varios terroristas suicidas hacen explotar las bombas que llevan consigo en tres vagones de metro y un autobús del sistema de transporte público. La investigación posterior revelará que los autores, ¡oh, sorpresa!, se coordinaron a través de Internet. Diversos países de la Unión Europea contaban ya con normativa acerca de retención de datos, la obligación de los operadores de telecomunicaciones de mantener la información sobre comunicaciones electrónicas realizadas a través de sus infraestructuras, a disposición de las autoridades judiciales. Pero con este terrible suceso se decidió armonizar la legislación europea, buscando un mínimo común denominador, algo obligatorio para las legislaciones de todos los estados. Se halló un consenso en torno a la categoría de serious crimes, o delitos graves, en su traducción al castellano, y se plasmó en la directiva 2006/24/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006. Desde ese momento, los países miembros estaban obligados a adecuar sus respectivas legislaciones nacionales. Los británicos, muy cucos, promulgaron en 2007 una ley conocida como Serious Crimes Act, en la que enumeran los delitos que quedan comprendidos en esta categoría, y que permite la cesión de datos IP retenidos por las telecos a los jueces para su investigación. Dentro de este catálogo están el intercambio de pornografía infantil, la estafa a través de Internet, la intrusión en sistemas informáticos... El catálogo habitual.

En España, como somos asín, hicimos dos cosas: la primera, convertir el mínimo común denominador europeo en máximo. Donde el legislador comunitario quería establecer lo que tiene que estar bien ordenadito en todos los países miembros (y por debajo de ese límite, que cada palo aguante su vela), nuestros parlamentarios decidieron ser más papistas que el Papa, y establecer los delitos graves como única razón que justifique la cesión de datos a la autoridad judicial. A ese despropósito lo llamaron Ley 25/2007, y ya les hablé de ella el otro día.

La segunda cosa que nuestro legislador hizo fue cruzarse de brazos y no promulgar el equivalente a la Serious Crimes Act. Han sido incapaces de reaccionar en cinco años, tres legislaturas y dos partidos de distinto signo en el Gobierno. El problema es que prácticamente ninguno de los delitos cometidos a través de las tecnologías de la información que recoge nuestro Código tienen la categoría de “graves”, porque su pena de prisión no supera los cinco años. ¿Resultado? No me voy a andar con tonterías, y les voy a poner un ejemplo real como la vida misma.

Un señor se dedica a ligar con niñas de entre 13 y 15 años. Para ello, se hace pasar por un chiquillo de su misma edad, y juegan al “tú me enseñas lo tuyo, y yo...”. Como tiene una buena colección de imágenes pornográficas de menores, puede ofrecer carnaza de pega. Cuando las incautas adolescentes le exhiben sus encantos a través de la webcam, el sujeto las graba. Después, utiliza esas mismas imágenes para chantajearlas. Pide más imágenes, más vídeos y con más contenido, más fuertes. Si no, se lo enseñará a sus amigas, a los contactos de su red social, a todo el mundo.

Este canalla ha cometido varios delitos, intromisión en la intimidad, amenazas... El catálogo es largo. Pero toda la investigación que conducirá a su identificación y captura depende de un detalle: del rastreo de la dirección IP desde la que se conecta a su red social.

Es un caso real, que se repite todos los días, en prácticamente todas las provincias de este país. Este y muchos otros tipos de delitos dependen de la posibilidad legal de determinar la titularidad de la línea desde que se produce la conexión. Después, intervienen otros muchos factores. Habrá que hacer un registro judicial para determinar si existen pruebas materiales en el ordenador del imputado, pues la IP no señala más que la máquina de conexión, el router, pero dentro de su alcance pueden estar conectándose múltiples dispositivos: el portátil de papá, el tablet de mamá, el todo-en-uno del hijo, el smartphone de la hija, el mediacenter del cuarto de estar... Incluso el sobremesa tuneado del vecino, que les piratea la WiFi.

La Ley 25/2007, en su tenor literal, lo impide. Así que los jueces han estado haciendo una “interpretación integradora”, que permita la investigación de este tipo de delitos. Las trampas al solitario a las que me referí en el anterior artículo. Hasta que, al final, una Audiencia Provincial ha pronunciado el clásico “¡renuncio!” de una partida de cartas, en forma de auto que deniega la petición de direcciones IP a las operadoras. El asunto en cuestión era un robo con violencia, delito castigado con pena de hasta cinco años de prisión. Como no supera los cinco, no es “delito grave”.

Así que la situación que temían todos los estudiosos de la lucha contra la delincuencia informática se ha producido: los jueces por fin se han dado cuenta de que el emperador está desnudo. ¿Cómo va a reaccionar el Estado? ¿Se promulgará una reforma urgente que amplíe los supuestos de investigación de la Ley de Retención de Datos? Desgraciadamente, y visto el panorama actual, mucho me temo que nuestros gobernantes se limitarán a encomendarse a la Virgen del Pilar, que parece tener mucho predicamento en el Ministerio del Interior.

Días después, leo esto.

Y en ese momento, empiezo a pensar seriamente en usar TOR, cifrar el disco duro del ordenador, y otras cuantas medidas de precaución en tiempos oscuros como estos. Ya hablaremos de eso.

El grueso del asunto lo explica estupendamente en este mismo medio Juan Luis Sánchez, así que me voy a centrar en aspectos prácticos, que conozco bien.

¿Qué es exactamente lo que ha hecho la antigua Brigada (hoy Unidad) de Investigación Tecnológica? Pues ir al juez, presentarle los resultados de sus investigaciones de “fuentes abiertas” (si le enseñáis vuestras fotos de borrachera a todo el mundo en Facebook, luego no os quejéis si la Policía va y mira también) y pedir mandamientos judiciales. Ojo, mandamientos y no requerimientos.

¿Cuál es la diferencia? El requerimiento judicial es la resolución por la cual el juez les dice a determinados particulares, sean personas físicas o empresas, lo que exige de ellos en la investigación de un delito. Luego veremos un ejemplo. El mandamiento, en cambio, va dirigido a otros organismos del Estado, para que ejecuten sus órdenes. En este caso, el mandamiento en cuestión solicita a la mencionada BIT que... se ponga en contacto con Facebook y Google para recabar cuantos datos sean de interés para la investigación.

Lo primero que llama la atención al neófito es que la policía le pida al juez que éste le dé determinadas órdenes, y encima le sugiera esas órdenes en el informe. Parece raro, pero es perfectamente legal y lógico: ellos son especialistas que saben dónde y qué hay que preguntar sobre la cuestión, mientras que su señoría no tiene por qué serlo.

La gente enseguida ha sacado a pasear la LOPD, que si la IP es un dato personal, que si tal y que si cual. Y da absolutamente igual, porque la policía está actuando con la adecuada cobertura judicial. O eso parece. La cuestión es que, tras mucho darse contra un frontón, todos los cuerpos policiales de este país, desde los mossos a la Policía Local de Granada, se han dado cuenta de que las empresas norteamericanas no están sometidas a la jurisdicción de los tribunales españoles, y colaboran cuando les da la gana y como les da la gana.

Con las IP han decidido ser razonables, y han establecido oficinas en nuestro país, que dan curso a las solicitudes policiales que vengan con el correspondiente aval judicial en forma de “mandamiento”, en cuestión de días o semanas, pero siempre en los términos que plantee la empresa gringa.

Facebook y Google proporcionan la dirección IP, mientras que se niega a dar otro tipo de datos, igualmente personales según nuestra legislación, a no ser que se siga el ortodoxo camino de la comisión rogatoria, que puede tardar unos dos años de media. Microsoft entrega también los datos de nombre y apellidos, o domicilio, porque saben que nadie en el universo conocido abre una cuenta de Hotmail con datos reales, pero exige la comisión rogatoria para el contenido de los buzones de correo electrónico. Twitter pasa de todo y no da ni una cosa ni la otra. Así pues, no es una cuestión de que la policía haga trampas, sino de que las empresas de Internet marcan la baraja.

Pero, ¿qué es una IP sin conocer el titular de la línea a la que está asignada? Puede ser la dirección desde la que me conecto a la red para escribir estas líneas, o puede ser la dirección del servidor, o la de una cámara de videovigilancia, o puede ser el router de un bar, abierto a todos sus clientes. Nadie lo sabe a priori.

Para resolver el enigma de la identidad del titular de una IP, hay que ir a quien todo lo sabe sobre esos dichosos numeritos, a las telecos que se las asignan a sus clientes; pero a esas empresas no va la policía con un mandamiento, sino que el Juzgado le manda el requerimiento judicial directamente a ellas, porque Telefónica, Ono, Jazztel y compañía sí que están sometidas a la jurisdicción de los tribunales españoles... y por otro pequeño detalle.

Mientras en el asunto de las empresas de Internet la Policía actua con la relativa manga ancha que le proporciona la LOPD, con las telecos inscritas en el registro de la CMT tienen que atenerse a la muy estricta Ley 25/2007, de conservación de datos procedentes de comunicaciones electrónicas, un auténtico dolor de ley que todo el mundo quiere que se derogue.

¿Y por qué? Porque establece la obligación de estas empresas de telecomunicaciones de conservar los datos durante un año, para ponerlas a disposición exclusivamente de los jueces, y sólo en caso de delito... grave. Esos son los que el Código Penal castiga con pena de cinco años o más de prisión. Prácticamente ningún delito cometido a través de Internet supera dichos límites, salvo la producción y difusión de pornografía infantil con agravantes especiales (bandas organizadas, víctimas menores de trece años, actos de sadomasoquismo...). ¿Entonces, qué sucede con la delincuencia informática? ¿Se deja de perseguir? Según esta ley, parece que debería ser así.

¿Y qué ha hecho la Justicia para evitar este absurdo? Pues trampas al solitario. Con interpretaciones jurisprudenciales cogidas por los pelos, sentencias del Tribunal Constitucional obsoletas (aunque útiles) y análisis comparativo de otras normativas europeas, se ha conseguido tirar para adelante, circunvalando una norma tan inconveniente como chapucera. Por ejemplo, acudiendo a la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, que considera “delito grave” todo aquel castigado con una pena máxima superior al año de prisión.

Y aquí es cuando viene el absurdo máximo. La pena máxima que conlleva el delito del artículo 494 del Código, el de manifestarse delante del Congreso, es de... 1 año. Queda por debajo. Esas órdenes judiciales jamás debieron ser cursadas. Bum.

El domingo, un amigo, blogger, tuitero y con complejo de Dr. House (no, no es cojo, ni toma Vicodin, pero su vitriólica lengua y sinceridad brutal generan filias y fobias a miles, como el personaje televisivo), me lanzó el guante de rebatir a una agente del Cuerpo Nacional metida a portavoz de la Jefatura Superior de Madrid.

Como diría Jack “El Destripador”, vayamos por partes. Primero, las malas noticias. ¿Pueden incurrir los organizadores del movimiento 25-S en un delito tipificado en el Código Penal? Sí, pueden. El artículo 494 castiga la celebración de manifestaciones frente a las sedes del Poder Legislativo, cuando estos órganos estén reunidos, alterando su normal funcionamiento.

El Tribunal Supremo exige que la reunión sea del Pleno, no de las comisiones, por lo que resulta menester acudir a la agenda semanal del Congreso, donde podemos comprobar que el día 25 hay sesión plenaria a partir de las 16:00. Primer 25-S, de Schrödinger requisito, cumplido. ¿Y qué es alterar su normal funcionamiento? Pues cualquier cosa que les impida, estorbe o dificulte desarrollar su actividad, siempre que sea esa una de las finalidades de la manifestación.

En 1987, en tiempos del infame “Cojo Manteca”, una manifestación estudiantil en la que hubo notables disturbios callejeros, pasó por delante del Congreso, y se abrió un procedimiento judicial al respecto. El Supremo falló, en aquella ocasión, que la finalidad de los organizadores de la manifestación no había sido alterar el normal funcionamiento de las Cortes, y que el hecho de pasar por delante del Congreso había sido algo casual. Ahora no van a poder enarbolar esa excusa, porque si algo queda claro en esta ocasión es que el punto de mira está claramente situado sobre el edificio de la Carrera de San Jerónimo.

Los organizadores están intentando dejar claro que su intención no es impedir el funcionamiento del Congreso, pero está igualmente cristalino que se lo plantean como algo posible, aunque no deseado. Pues eso, en Derecho Penal, se conoce como “dolo eventual”, y no permite irse de rositas. Les podría poner ejemplos sacados de la Jurisprudencia, pero seguro que en los comentarios alguien me acusaba de comparar a los manifestantes del 25-S con terroristas, o con pederastas. Como no es esa mi intención, pues lo dejo ahí, pero que sepan que la gente sale condenada de los Juzgados y Tribunales por delitos cometidos con dolo eventual.

Parece que la asociación Jueces para la Democracia entiende que no es el caso, y yo les aplaudo. El problema es que este tipo de delitos son investigados por los Juzgados Centrales de Instrucción, lo que la prensa llama incorrectamente “Juzgados de Instrucción de la Audiencia Nacional”, así que la cuestión radica en conocer si el Juez Instructor que 25-S, de Schrödinger lleva el caso comulga con dichas ideas.

Hay gente idealista y bullanguera, en el mejor sentido de ambas palabras, como el abogado Carlos Sánchez-Almeida, que no se cansa de decir que este tipo de movimientos son líquidos, inaprensibles, y que por tanto no se pueden descabezar ni encontrar cúpulas. Y suele tener razón. Pero en esta ocasión hay, cuando menos, un sitio contra el que van a dirigir el fuego judicial: la plataforma que está organizando todo el cotarro, que tiene su propia web y todo.

Lo que me asombra es lo de la imputación judicial de supuestos organizadores del 25-S... ¡A día 21 de septiembre! Y digo que me asombra por una pequeña cuestión que uno aprende estudiando estas cosas: en todo delito hay una fase que se llama de “actos preparatorios”, que van desde la mera idea de cometerlo, que es impune siempre (ya saben, como cantaban los “Gabinete Caligary”, el pensamiento no delinque jamás), a las fases de “conspiración, proposición o provocación para cometer delito”. Pero según el Código Penal, artículos 17 y 18 del Código Penal, esas tres fases sólo se castigan cuando la Ley expresamente lo contemple. Por ejemplo, si la Policía pilla a cuatro surfistas pirados, en una furgoneta, con caretas de ex-presidentes yanquis, armas de grueso calibre, fotos de una sucursal bancaria cercana y un plano de la misma, lo más seguro es que les acaben imputando un delito de conspiración para cometer robo con violencia o intimidación, en base a los artículos 242 y 269 del Código Penal.

Y aquí es donde viene la gracia, porque el artículo 494 del Código, el de la manifiestación ante el Congreso, no contempla fases de “conspiración, proposición o 25-S, de Schrödinger provocación”. Este delito sólo puede ser castigado cuando se ha consumado, o cuando, desarrollados todos o la mayoría de los actos para su consumación, ésta no tiene lugar por causas independientes de la voluntad de los autores, lo que se conoce como grados de “tentativa inacabada” o “tentativa acabada” (también conocida como frustración).

Así que imagino que irán pillando lo del gato de Schrödinger: no se puede investigar este delito antes de que se cometa, o fracase su comisión, porque la mera conspiración para cometerlo no está tipificada. ¿Entonces, a cuento de qué viene la imputación? Muy sencillo: todo esto se está organizando por Internet, y en Internet nadie sabe que eres un perro, a menos que tengan tu dirección IP y rastreen la titularidad de la línea hasta encontrar tu domicilio. Pero para hacer eso, hace falta una orden judicial. Y no vale cualquier orden. Debe ser una orden acordada en auto, debidamente motivada, y dirigida a la investigación de un delito concreto, cometido por personas identificadas o identificables, no siendo válidas las intervenciones “prospectivas”, también conocidas como “tirar la caña y a ver que sale”. Estas últimas son nulas de pleno derecho, y incluso pueden ser fuente de responsabilidad para quien las acuerde, como bien sabe cierto ex- Juez de Instrucción de famoso mechón blanco.

Así que no se dejen ofuscar por las identificaciones del Parque del Retiro, tres días antes de la fecha de convocatoria del 25-S. Todo esto no va de seguridad ciudadana, como pensaba mi buen amigo, el que me metió en esta embajada. Está meridianamente claro que veinte o treinta personas, juntándose en el Parque del Retiro, a más de un kilómetro del Congreso de los Diputados, varios días antes de la fecha clave, no suponen 25-S, de Schrödinger un riesgo para la seguridad ciudadana. Y el mantenimiento de la seguridad ciudadana debería ser el único motor de una identificación en plena calle, conforme al artículo 20 de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, del mismo nombre. Pero esta película no va de eso. Ni siquiera la Audiencia Nacional puede ir a Telefónica, Orange u otra “teleco” y hacerles aquella gracia de “El príncipe de Bel-Air”: “Hemos intervenido el teléfono de todos los negros de América”. No por falta de ganas, sino porque en asuntos relacionados con Internet esto no funciona así. Hay que ir a por personas concretas. Y para eso, previamente hay que identificarlos. Porque la táctica habitual de ir a por los “logs” del servidor informático de turno puede ser inútil en este caso.

Así que de eso va todo. De preparar la base legal para la intervención judicial de telecomunicaciones de los promotores del 25-S. O al menos, esa es mi opinión, subjetiva, personal e intransferible. Así que, si el 26 de septiembre ven en las noticias a policías encapuchados, saliendo de domicilios particulares, cargando con CPU’s precintadas y demás parafernalia, ya saben de donde viene todo. Y recuerden que lo leyeron aquí primero.

Tras la conmoción inicial, mucha gente se ha puesto a pontificar sobre el delito en que podría haber incurrido el canalla que ha difundido esta película, que jamás se concibió para salir de su entorno estrictamente doméstico. Y aquí es donde tenemos que hacer un flashback hasta el punto de inflexión de la historia, el momento en el que la productora y protagonista de nuestro vídeo subido de tono pierde el control exclusivo sobre su grabación.

Si la hipótesis es que alguien se lo robo de su teléfono móvil, bien a través de un hackeo como el que sufrió Scarlett Johansson en su día, bien a través del expeditivo método de coger prestado el móvil y enviar el archivo a otro dispositivo, el autor ya se puede ir preparando.

El artículo 197 del Código Penal castiga esa conducta como delito de descubrimiento y revelación de secretos, en sus dos primeros apartados, con pena que va de uno a cuatro años de prisión y multa. Pero como además se difundió el contenido, la pena de prisión se nos va a un mínimo de dos y un máximo de cinco años. Encima, el material grabado hace referencia a la vida sexual de la víctima, por lo que el apartado 6º del mismo artículo obliga a que el mínimo de pena se eleve a tres años, seis meses y un día.

Hasta aquí, todo son risas por parte de los que, sin haberse apoderado del vídeo, pero sabiendo que esas intimidades no se difunden voluntariamente por una persona que ocupa un cargo público (a menos que sea italiana y se llame Iona Staller), le han dado a “reenviar”, “publicar en Twitter” o “compartir en Facebook”. Para ellos, el apartado 4º del mismo artículo reserva prisión de uno a tres años, que serán de dos a tres por aplicación del mismo apartado 6º. Que, ya no da tanta risa, ¿eh?

Esta es la parte del asunto donde parece que la Justicia va a vindicar la honra de la concejal agraviada. Pero no se confíen, que esto es como “Million Dollar Baby”, y el último giro del guión es como un puñetazo en la cara.

Porque algo no estaba claro: la Guardia Civil tiene auténticos expertos en la lucha contra la ciberdelincuencia, pero ni ellos se mueven tan rápido como para haber identificado en tan poco tiempo al “paciente cero”, el que inició la difusión del vídeo. Y es que, según las últimas noticias, la señora podría haber enviado el archivo, de buena voluntad, a un conocido, en el bien entendido caso de que era para su único y exclusivo disfrute. Sería este falso amigo el que habría dado el pistoletazo de salida al viral. Pues bien, en este caso, todo el andamiaje penal que hemos construido se viene abajo. Porque el punto de partida para que todas estas conductas sean castigadas en vía criminal, es que la obtención del vídeo haya sido ilícita. Si, por el contrario, el archivo se transmitió de forma voluntaria entre dos personas, la impunidad de ese acto se contagia al resto, ya que el Código Penal habla de “los hechos descubiertos o las imágenes captadas conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores”. Es decir, que la difusión será delictiva cuando la obtención también lo haya sido.

¿Entonces, se van a ir de rositas? No tan rápido. La Justicia Penal es el ultimo recurso para que la sociedad se proteja, pero no es el único. Ante los tribunales civiles existe un procedimiento llamado de defensa del Derecho al Honor, que puede terminar con indemnizaciones a cargo de los responsables de la difusión de este vídeo. Y por supuesto, parafraseando a Monty Python, nadie espera a la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos expedientes sancionadores pueden acabar con fuertes multas para los responsables de ceder a terceros un “dato personal” sin el debido consentimiento para la cesión.

En cualquier caso, para cuando los Tribunales o la AEPD digan su última palabra, todo esto no serán más que ecos de una noticia anticuada, y no creo que nadie dedique a la resolución correspondiente los titulares que se está llevando estos días la involuntaria protagonista de esta historia.

El citado recluso padece un tumor maligno. La enfermedad debe de estar algo más que en sus inicios, por cuanto se habla de unas posibilidades del 50% de supervivencia en el plazo de un año. A partir de ahí, ha empezado el baile habitual: a un lado de la pista, los que lo consideran poco menos que un mártir, y al Estado un cruel ogro dispuesto a arrebatarle a un pobre viejo la posibilidad de pasar los últimos días con los suyos y morir en paz; al otro lado, los que recuerdan que eso mismo es lo que el susodicho le preparaba al tristemente célebre funcionario de prisiones, y le desean una larga agonía entre rejas.

La cuestión es ¿qué dice el Derecho sobre esta cuestión? Porque, por supuesto, ni unos ni otros van a decidir la cuestión, afortunadamente. La penúltima palabra sobre esto la ha tenido un juez, en este caso, el titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. La última, en caso de recurso de cualquiera de las partes, la tendrá la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional... Y hasta ahí. El Tribunal Supremo no va a pintar nada en esta cuestión, porque las decisiones de un juez unipersonal son recurribles en apelación ante una Audiencia, pero ya no cabe ulterior recurso. more

Pero no nos desviemos de la cuestión. Si han consultado alguna fuente bien informada, habrán visto que tanto el Reglamento Penitenciario como el Código Penal hablan de abrir la verja de la prisión en caso de “enfermedad muy grave con padecimientos incurables”. Sí, exactamente la misma frase. El “copia y pega” ha hecho mucho daño en la calidad de redacción de nuestras leyes.

¿Y qué entienden los Tribunales de Justicia por “enfermedad muy grave con padecimientos incurables”? Pues habría que saber de qué tipo de tumor estamos hablando, por supuesto. No tienen las mismas tasas de mortalidad uno de próstata que uno de páncreas de los malos (el que se llevó a Steve Jobs no, el otro). Tampoco es lo mismo un estadio I que un IV, que así se llaman los grados de desarrollo y extensión de los tumores.

Así que nos faltan bastantes datos. La cuestión es compleja, y va a depender mucho de lo razonados y documentados que resulten los informes de unos y otros peritos. De primeras, los médicos del Hospital Donostia, haciendo honor a su profesión, se han curado en salud: un informe firmado por una “comisión médica”, sin nombres. Ignoro por qué han tomado semejante decisión. Quizás se han contagiado del espíritu asambleario del 15M. O quizás ninguno quería comerse el “marrón” de firmar en solitario y asumir la responsabilidad. Que luego el presunto moribundo se te da a la fuga, y va la Justicia y te busca las cosquillas.

Tampoco han adjuntado la historia clínica del paciente, con lo que flaco favor le hacen al mismo. Porque, de repente, parece que quieren ocultarle datos relevantes a su señoría. Y así, el médico forense, que no es precisamente un oncólogo, va y les saca los colores, diciendo que el preso no está en riesgo de muerte y puede ser tratado perfectamente en la prisión.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, por supuesto, también tiene su propia opinión al respecto. Recuerden que ante un juez suelen ir dos partes. Una está clara, es el penado, que busca lo mejor para sus intereses. La otra, en asuntos penales, es el fiscal. Por inercia del oficio, el Ministerio Público tiende a desconfiar de los peritos ajenos a la maquinaria judicial. Y por las razones antes expuestas, en este caso tiene motivos para andar con la mosca detrás de la oreja. Así que, a la vista del informe del forense, ha dicho que nones. ¿Y eso significa que no va a salir? Pues no exactamente. Como les dije al principio, el preso pide una cosa, el fiscal pide otra, pero el que tiene la última palabra es el señor de la toga con puñetas y escudo bordado que se sienta en el centro de los estrados. De momento, el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria ha dicho que sí a la concesión de libertad condicional. Veremos que opina la Audiencia Nacional ante el previsible recurso de la Fiscalía

Pero, ¿no hay precedentes por los que guiarnos? Pues claro que sí, hombre. Enfermos de cáncer salen de las cárceles frecuentemente, y nadie pone el grito en el cielo. Recuerdo un caso que vi de cerca. Llamémosle Rufino. Rufino era un pájaro de cuidado. Tenía por costumbre dar palizas a su mujer y a su hija de corta edad. Hasta que la niña cumplió los 12 años y empezó a desarrollarse, momento en el que empezó a pegarla menos y violarla más. La convirtió en su esclava sexual hasta los 16 años, momento en que la niña se emancipó y voló del nido, con su vida arruinada.

Como su mujer también le abandonó, Rufino pasó unos años de soledad, en los que se dedicó a reunir una considerable colección de pornografía infantil, afición que debió de tomar de cuando grababa con la videocámara casera las agresiones sexuales a su hija. Y así siguió hasta que conoció a una mujer divorciada, con una niña de cinco años, que lo ignoraba todo de su pasado. Pero en un descuido de la madre, las antiguas costumbres volvieron y agredió sexualmente a la niña.

En esta ocasión fue descubierto, cayó sobre él la Justicia, se descubrió su terrible pasado y acabó con sus huesos en prisión. Allí pasó dos años como preventivo, hasta que llegó el juicio y le impusieron 28 de los 35 años de prisión que pedía la Fiscalía. Menos de un año después de la firmeza de la sentencia, el juez de Vigilancia Penitenciaria le dejó en libertad.

¿Adivinan la razón? Exacto. Había desarrollado un tumor, uno pequeñito, de los que se pueden tratar con quimioterapia, pero su señoría entendió que era intolerable que un enfermo oncológico tuviera que ser tratado en prisión.

Así pues, no se trata de una decisión condicionada por lo horrendo del crimen, pues ya me dirán si existen delitos más abyectos que los de Rufino. Por otro lado, les aseguro que sigue vivo, o al menos lo estaba hasta hace poco, y eso que ha pasado bastante más de un año. Es decir, su tumor no era tan mortal.

Entonces, ¿cuál es el problema? Si existen precedentes de excarcelaciones por motivos de salud en casos de delitos terribles, sin necesidad de que el reo esté exactamente a las puertas mismas de la muerte... ¿qué ha cambiado para que ahora estemos con todos estos dimes y diretes? Quizá sea la repercusión mediática que tienen los presos de ETA, sobre todo cuando han perpetrado crímenes tan grabados en la memoria colectiva. Si es así, si todo depende de que seas un monstruo famoso o uno anónimo, la verdad es que empieza a dar todo bastante asco.

A mí me hubiera gustado que Rufino hubiera tenido un contrainforme pericial, como el del forense de la Audiencia Nacional; que se hubiera llegado hasta el fondo sobre si podía recibir tratamiento en la cárcel o no, y que en caso afirmativo, se quedase en su celda, purgando todos y cada uno de los días que le restaban hasta cumplir su condena. Pero ese es otro debate. El de las cosas que se debieron hacer en su momento, antes de que nos pillara el toro. El que nunca parecer ser de actualidad en este país.

Viene a cuento esto por la cantidad de dictámenes jurídicos en formato 140 caracteres que se han visto en Twitter y, de forma algo más extensa en otras redes sociales, sobre el episodio protagonizado por un político en Andalucía. El susodicho acumula la triple condición de alcalde de su pueblo, diputado autonómico y miembro de un sindicato con siglas de “callcenter”. En los hechos que han saltado a la opinión pública, ha actuado en la tercera condición, la gente le reconoce por la primera y le protege la segunda.more

Y los hechos, según lo publicado, son los siguientes: miembros del sindicato, en grupo ciertamente numeroso, entraron en el interior de dos supermercados de grandes cadenas, llenaron varios carros de productos alimenticios y trataron de cruzar la línea de cajas sin pagar. Ante esto, algunos empleados de los supermercados intentaron impedir que consiguieran su objetivo, así que el grupo les increpó, gritó y en algún caso zarandeó. Finalmente, se llevaron los productos sin pagar. No consta que ninguno de los empleados requiriera asistencia médica o sufriera lesiones de algún tipo. Nuestro protagonista permaneció en el exterior, perfecto conocedor de los hechos que se desarrollaban en el interior de los comercios, y apoyando a sus autores.

No voy a entrar en la consideración ideológica de todo esto. Ni en su relevancia mediática. Mucho menos en comparar este pequeño atentado a la propiedad ajena con el saqueo masivo que ha sufrido el bolsillo de todos los ciudadanos a merced de los financieros de altos vuelos. Lo mío son las leyes, así que me centraré única y exclusivamente en el lado legal del asunto.

¿Y cómo puede acabar todo esto en un juzgado? Pues de distintas maneras, porque en Derecho no hay verdades inmutables. Pero la sentencia, a priori, puede decir lo siguiente: los hechos constituyen un delito de robo con violencia o intimidación, en el que nuestro político sería coautor, cooperador necesario o inductor, que en términos de cárcel viene a dar lo mismo. La pena que conlleva, de partida, va de dos a cinco años de prisión. Aunque, atendiendo a que la violencia fue escasa y la cuantía de lo sustraido igualmente pequeña, la pena puede ser la inferior en grado, de uno a dos años. O puede ser absuelto, que cosas más raras se han visto en nuestros tribunales, desde luego. Pero lo será en un tribunal de verdad, de los de señores con toga, no en el tribunal de la opinión pública, y menos en Internet.

Porque aquí es donde entran los juristas de cartón-piedra, los que se leen ciertos párrafos del Código Penal sin digerirlo y empiezan a eructar perlas de sabiduría popular, bien sea en una tertulia televisiva o en su cuenta de la red del pajarito.

“Es que fueron menos de 400 euros en total, y por lo tanto es falta, y no delito”, dicen unos. Puede que sea cierto, pero es irrelevante. La cuantía de 400 euros se aplica al hurto, que es cosa parecida pero no igual. El que hurta se limita a coger las cosas sin permiso. Desde el momento que empuja o amenaza a alguien para conseguir su objetivo, se convierte en robo, y en el robo da igual que lo sustraído sea un euro, 400 o 10.000, sigue siendo delito. El robo de un bolso por el procedimiento del tirón es un robo con violencia, en cuanto el tirón haya provocado el más mínimo desequilibrio o caída a la persona que lo portaba, y sólo queda en hurto cuando prevalece la astucia, aprovechar el descuido. Así que darle una bofetada a una cajera convierte el hurto en robo, si se hace para apartarla y que no impida la sustracción.

“Es que no hubo ánimo de lucro, porque lo iban a donar a familias necesitadas”. Bueno, aquí entramos en palabras mayores. La jurisprudencia entiende que hay ánimo de lucro en cualquier beneficio o aprovechamiento que se obtiene de lo sustraído. Y desde el momento en que se cruza la línea de cajas sin pagar el precio, hay lucro. Lo que uno pretenda hacer después con la mercancía es intrascendente. Porque para donar, primero hay que ser titular de lo donado, y el ordenamiento jurídico no puede admitir que esa titularidad se alcance por medios ilegítimos.

“Es que hay estado de necesidad, porque la gente pasa hambre”. He aquí un claro ejemplo de cuando el lenguaje coloquial choca con el lenguaje legal. Estado de necesidad supone una urgencia absoluta, inmediata y concreta. El que tira a patadas la puerta de un local ajeno en llamas para salvar a una persona que ha quedado atrapada dentro es un ejemplo de libro. Lo de los supermercados no es concreto, porque se habla de familias hambrientas en abstracto, sin nombres y apellidos. No es absoluto porque, en una sociedad civilizada, como parece que es la nuestra, hay comedores de beneficencia, asistencias sociales y otros múltiples recursos que evitan este riesgo vital; por ello, en España no hay muertos por desnutrición. Así, aunque el derecho a la vida prevalece sobre la propiedad, en este caso la vida no está en peligro. Y no es inmediato, porque no había ningún hambriento tirado a la puerta de los supermercados, esperando la comida cual maná del cielo.

“Es que no es un robo, es una expropiación”. Esta ya es para nota. Una de las características de la expropiación es que el expropiado recibe el pago de un precio, mientras que los asaltantes del supermercado se lo llevaron crudo. Pero sobre todo, expropiar es una potestad exclusiva de la Administración. Es decir, que el autor de los hechos se estaría arrogando facultades propias de un Estado. Así que quizás tendríamos que hablar de la República Independiente de Gordillo.