Las listas de espera quirúrgica en Galicia suelen formar parte del debate político, tanto del discurso del Gobierno de Núñez Feijóo como de las críticas de la oposición. Los últimos datos, correspondientes a 31 de diciembre de 2019, dejaron la espera media por una operación en 54,5 días, una reducción en los datos globales debidos a la mejora en las cifras del área de Vigo (la que habitualmente presenta los indicadores más negativos) pero que oculta un empeoramiento en el resto de Galicia, ya que la espera media aumentó casi 10 días en los hospitales públicos de la provincia de Ourense, 5,3 en los centros de Lugo, 4,4 en el área sanitario de Ferrol, 3,6 en la de Santiago, 3 en la de A Coruña y 1,2 en la de Pontevedra.

Para 13.563 personas a espera se situaba entre los 3 y los 6 meses, otras 5.801 tenían que esperar entre 6 y 12 meses y para 510 la espera superaba los 12 meses

Con todo, también hay que esperar habitualmente por pruebas diagnósticas de todo tipo, desde las de radiología ( ecografícas, TACs, resonancias...), a las endoscopias o a estudios de todo tipo (alergías, cardiologías, respiratorios, del sueño...). Esta espera varía mucho de unas pruebas a otras y también es muy distinta en unas y en otras zonas de Galicia.

En total, la finales del 2019 la cifra de personas que esperaban por una prueba diagnóstica en el SERGAS era 84.879. En la mayor parte de los casos (65.005), la espera era inferior a los 90 días, pero otras 19.874 personas tenían que esperar más de tres meses. Para 13.563 personas a espera se situaba entre los 3 y los 6 meses, otras 5.801 tenían que esperar entre 6 y 12 meses y para 510 la espera superaba los 12 meses.

Las pruebas más habituales con lista de espera son las radiológicas, que representan ocho de cada diez. En ellas, la espera media se mantiene estable en los últimos años, moviéndose entre los 56,6 días del año 2014 y los 66,5 días de 2016. En el 2019 espera media en radiología fue de 59,9 días. Con todo, las esperas para las ecografías abdominales son superiores (75,4 días), el mismo que para las resonancias magnéticas (64,8 días).

El resto de pruebas suma un menor número de casos y la espera media varía mucho más de año en año. En cualquiera caso, son las endoscopias las que acumulan un mayor retraso, que fue descendiendo en los últimos años, hasta los 119,8 días de 2019. La espera media para los estudios es de 59,3 días en los últimos datos, descendiendo notablemente desde los más de 162 días del año 2014. Finalmente, la espera media en las pruebas de electrofisiología fue de 48,9 días el pasado año, aumentando ligeramente.

A pesar de la mejora en el número medio de días espera, la cantidad total de personas que esperan por pruebas diagnósticas (84.879) creció en el 2019 con respecto a 2018 (82.047) y consiguió su cifra más alta desde lo 2016 (88.371).

En cambio, se redujo ligeramente la cantidad de personas que espera más de 90 días. Las 19.874 de 2019 son casi mil menos que las 20.895 de 2018 y cuatro mil menos que las 23.952 de 2017.

En el último lustro el 2016 fue el año con más personas esperando por una prueba diagnóstica y también con más pacientes con esperas superiores a los tres meses, más de 27 mil. Por el contrario, en el año 2014 las cifras eran más bajas que en la actualidad, con 68 mil personas esperando pruebas y solo 19 mil con esperas superiores a los 90 días.

Vigo es el área sanitaria con mayores listas de espera para la realización de pruebas diagnósticas, debido a los retrasos en la realización de pruebas de radiología, las más numerosas. La espera media se sitúa en los 88 días en Vigo, por encima de los 65 días de Ferrol o los 53 días de Santiago y Lugo.

En el área sanitaria de Vigo la espera media por una ecografía abdominal se sitúa en los 114 días, por una ecografía musculoesquelética en los 113 días y en las resonancias magnéticas por encima de los 89 días. Por ejemplo, en A Coruña las ecografías abdominales tienen esperas de 53 días (dos meses menos) y por una resonancia magnética hay que esperar 72 días (17 menos). Los indicadores vigueses empeoraron notablemente en el año 2019, pasando las resonancias de 71 a 89 días y las ecografías abdominales de 91 a 114 días.

En las endoscopias las cifras más elevadas (con gran diferencia) correspondieron en el 2019 a las áreas sanitarias de A Coruña y Cee (153,9 días), que más de suplican los datos de Lugo, el siguiente área con más espera y multiplican por cinco los número de la mayor parte del resto del país.

Ferrol y Lugo presentan las mayores esperas para la realización de pruebas de electrofisiología. Y de nuevo Ferrol tiene los peores datos para la realización de estudios, con un promedio de 111 días, por encima de los 66 días de Vigo, el segundo área con más espera.

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Desde la frontera de Galicia, Verín se ha convertido este domingo en el punto de confluencia de los feminismos que impulsan las reivindicación el 8 de marzo. Las más de 8.000 personas que, según la organización, viajaron ayer hasta Verín para dar cuerpo a la manifestación unitaria convocada por Galegas8M escenificaron una defensa más del acceso a servicios sanitarios básicos que comenzó con el cierre del paritorio de Verín por parte de la Xunta a finales del pasado año y que protagonizó otra gran protesta en la capital gallega el pasado nueve de febrero. Un éxito de movilización de las mujeres de la comarca, que forzaron a Alberto Núñez Feijóo a rectificar su política y reabrir el paritorio al tiempo que pusieron de nuevo los recortes de la sanidad pública encima de la mesa, quisieron repetir este 1M. 

“Estaremos vigilantes, porque lo que aconteció en Verín puede repetirse en cualquier otra zona del país”, indican desde la organización, que destaca la “lucha ejemplar desempeñada frente a la privatización y precarización de los servicios públicos de salud”. El lema de la marcha vinculaba el cierre del paritorio con la búsqueda de la visualización del trabajo invisible que recae sobre las mujeres: ‘Sin cuidados no hay vida’. Mientras, a 70 kilómetros de distancia, el presidente de la Xunta y candidato del PP intervenía en un mitin en Ourense, acompañado por Pablo Casado y Mariano Rajoy. En ese acto político, el candidato del PP afirmó que su compromiso con Galicia le había llevado a rechazar cargos tanto en el gobierno central como en su partido. Unos días antes, el presidente de la Xunta ya había repartido culpas, a PSOE y Podemos, por los 2.500 profesionales que faltan en la sanidad gallega. El resto de candidatos y candidatas de todas las fuerzas de la oposición progresista a la Xunta, sin embargo, se dejaron ver en la protesta. 

Verín, con una población en torno a los 13.000 habitantes, se convirtió en ejemplo de la defensa de los servicios públicos fuera de las áreas que más población concentran, pero también de la existencia de un feminismo en la Galicia rural. Al ritmo de tambores hasta la plaza principal de la localidad se corearon gritos como “Se as labregas non plantan, a cidade non xanta”, mientras que los tractores que también se sumaron a la marcha se colgaban el cartel de “desbrozando el patriarcado”. Un recuerdo al papel fundamental de la agricultura y la ganadería para el sostenimiento de la sociedad: “En el ámbito de los cuidados la mujer rural es un referente: cuidan de la tierra, cuidan de los suyos y de todo”, destacó Puri, de Galegas8M. 

Fue el primer acto de una semana de movilización que culminará, el próximo domingo 8 de marzo, con las protestas convocadas en todas las ciudades y pueblos. Este año no convocan a huelga feminista para centrar el mensaje en los cuidados, como se definen a todos los trabajos, realizados mayoritariamente por mujeres, que muchas veces no cuentan con reconocimiento y casi siempre de forma “invisible”. “La mayor parte del trabajo de los cuidados se realiza sin ningún tipo de remuneración, pese a que la gratuidad de su labor ahorra costes a sanidad, cuidado de los niños, del hogar, de las personas con dependencia, del trabajo en la tierra”, como destacó la organización al inicio de la marcha. “Y cuando estos trabajos son remunerados, se realizan en condiciones de precariedad y son infravalorados tanto social como económicamente”, añaden. El objetivo de la movilización es “sacar a la calle lo que queda oculto en nuestras casas, exigiendo responsabilidad social y colectiva en el cuidado del territorio y del medio ambiente, exigiendo también que se reconozcan los cuidados como un bien social no valorado”, remarcan.

El cobro de las indemnizaciones por la catástrofe del Prestige continúa su camino plagado de obstáculos. En las próximas semanas comenzará en Londres un juicio en el que la aseguradora del buque, que en principio debería abonar la parte más importante de los pagos (855 millones de los algo más de 1.500 fijados por la justicia), intentará eludir su responsabilidad, alegando que la empresa armadora no estaba al día en la liquidación de las pólizas del seguro. Además, la propia salida del Reino Unido de la UE puede hacer aún más difícil la recuperación de este dinero.

En diciembre de 2018, el Tribunal Supremo fijó en más de 1.500 millones de euros la cantidad total de los pagos, que debían ser efectuados por el FIDAC (Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos); por el capitán del Prestige, Apostolos Mangouras; y por la aseguradora, London Owners Mutual, siendo la propietaria del buque, Mare Shipping, la responsable subsidiaria.

Ese dinero debía repartirse entre el Estado español, como principal perjudicado; Francia; la Xunta de Galicia y otros 269 afectados por el vertido entre ayuntamientos, mancomunidades, sociedades, empresas y particulares. Los magistrados entienden que al Estado le corresponden 1.573 millones de euros; a la Xunta, 1,8 millones y a Francia, 61. Hace unos meses la Audiencia Provincial de A Coruña ordenó ya el reparto de una pequeña parte de las indemnizaciones: algo más de 51 millones, procedentes de los fondos depositados durante el procedimiento por el FIDAC y la aseguradora así como del dinero de la venta del fuel recuperado por Repsol.

Las distintas sentencias judiciales dictadas fijaron la responsabilidad total de la aseguradora London Owners Mutual (que forma parte de London P&I Club) en los 1.000 millones de dólares (algo menos de 900 millones de euros), por ser este el límite de cobertura establecido en la póliza. Una cantidad que ya era sensiblemente menor que los 4.328 millones de euros que reclamaba la Fiscalía fruto del peritaje realizado por una experta de la Universidad de Santiago que analizó los daños económicos y sociales. El propio fiscal advirtió siempre de que la aseguradora era la única entidad “solvente” sobre la que se puede reclamar.

Sin embargo, es posible que la aseguradora evite finalmente el abono de este dinero, que supone la parte más importante de las indemnizaciones. En unas semanas comenzará en Londres un nuevo juicio, en el que London P&I Club alegará que la armadora del Prestige no había pagado las correspondientes pólizas del seguro del buque, por lo que la aseguradora no sería responsable de las indemnizaciones. En el proceso participa el Estado español a través de un bufete inglés, pero la entidad ecologista Arco Iris destaca que la demanda española “tiene pocas opciones de prosperar”, uno de los motivos por los que Francia ya hizo pública su renuncia a concurrir a esta vista.

Arco Iris recuerda que en los últimos años España y Francia ya perdieron en el Reino Unido la batalla judicial para conseguir que el pleito por el pago del dinero del seguro tuviera lugar fuera de la jurisdicción británica. De igual manera, hace cuatro años España también perdió en Estados Unidos la demanda presentada contra la clasificadora del Prestige.

La entidad ecologista destaca, además, que la salida del Reino Unido de la Unión Europea se podría convertir en un nuevo obstáculo para el cobro del dinero del seguro, ya que “el Brexit hace muy complicado que las sentencias de los estados miembros tengan aplicación directa frente a los tribunales británicos”.

Por este motivo, Arco Iris exige al Ministerio de Justicia que “emita una orden preventiva de embargo a todos los países de la UE contra los bienes en territorio europeo de la compañía London P&I Club” para cubrir los 855 millones de euros en los que la Audiencia Provincial de A Coruña fijó la responsabilidad de la aseguradora. La entidad ecologista subraya que todo esto debe hacerse antes de que a final de este año concluya el período transitorio del Brexit.

“A partir del 1 de enero de 2021, cualquier iniciativa en este sentido sería ya inútil”, destaca Arco Iris. “El Gobierno español debe dedicar todos sus esfuerzos a iniciar las acciones oportunas para al menos recuperar por la vía del embargo lo que parece una tarea imposible por la vía judicial”, concluye la entidad.

Pablo Iglesias regresaba este sábado a un de sus escenarios fetiche en Galicia, el Palacio de Exposiciones de A Coruña. El mismo en el que en 2015 cientos de personas se quedaron fuera en el mitin que catapultó la candidatura de la Marea Atlántica a la alcaldía de la ciudad. Y también el auditorio que llenó en la campaña electoral de las elecciones generales del 10N. Esta vez el acto sirvió para lanzar la candidatura de Galicia en Común (la lista conjunta de Unidas Podemos, Anova y las mareas municipalistas) y de Antón Gómez-Reino a la Xunta y para lanzar igualmente el mensaje de que el cambio político en Galicia es posible.

“Que no os digan que 'no se puede'. Llevan seis años diciéndolo”, dijo Iglesias en un momento de su discurso. “Decían que no era posible un gobierno de coalición en el Estado. Y lo hicimos. Decían que no se podía subir el salario mínimo. Y lo hicimos. Ahora dicen que no se puede derrotar a Feijóo. Y también lo haremos”, subrayó Yolanda Díaz. Tanto ellos dos como el propio Gómez-Reino repitieron una y otra vez el mensaje de que hace falta conseguir en Galicia el mismo cambio que ya se produjo en el Gobierno del Estado, a través de una coalición de izquierdas.

Las elecciones al Parlamento gallego del 5 de abril serán -junto con los comicios vascos del mismo día- la primera cita en la que se medirá el Gobierno progresista. En el mitin hubo constantes referencias a las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo en las últimas semanas, desde la subida del salario mínimo a la supresión del despido por enfermedad, pasando por la declaración de emergencia climática o el impuesto a las multinacionales tecnológicas.

“Vamos a derogar la reforma laboral del Partido Popular. Sobre el trabajo indecente se crean sociedades indecentes”, dijo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Mientras, el vicepresidente Pablo Iglesias hizo énfasis en la capacidad de gestión de la formación de izquierdas: “No solo demostramos que podíamos estar en el gobierno, sino que demostramos que gobernamos mejor”. 

Ambos destacaron además, con la mirada puesta en el 8M, la inminente aprobación de la Ley de Libertad Sexual que garantizará por ley que “solo sí es sí”. “Las mujeres no necesitamos que nos protejan, lo que necesitamos son leyes y recursos públicos para que dejen de asesinarnos”, subrayó Díaz.

En su intervención, Antón Gómez-Reino atacó a Núñez Feijóo: “Frente a la fama de buen gestor de Feijóo, hay que recordar que desde que gobierna la deuda de la Xunta se ha multiplicado por cinco”. “Esta campaña va de desmontar la maquinaria de propaganda del PP”, dijo el candidato de Galicia en Común, que subrayó que “Feijóo estuvo muy callado en los siete años de Gobierno de Rajoy”.

Un silencio de Núñez Feijóo que también fue destacado por Pablo Iglesias: “Siempre dije que Feijoo es un tío muy listo, el más listo del Partido Popular. Tan listo que ahora dice que no es del PP. Pero una cosa es ser listo es otra pensar que la gente es tonta”, dijo el líder de Unidas Podemos, que atacó el discurso de “estabilidad” lanzando por el candidato popular. “¿Estabilidad es que el 10% de las camas de hospital de Galicia? ¿Estabilidad es que Galicia pierda población? ¿Estabilidad es querer cerrar el paritorio de Verín, que si sigue abierto es por la movilización de los vecinos y vecinas?”, se preguntó Iglesias.

Pablo Iglesias atacó también a Núñez Feijóo a través de la conocida fotografía del presidente de la Xunta con Marcial Dorado: “Cuando alguien piensa en la foto más famosa de Antón Gómez-Reino piensa en su foto en las movilizaciones de los trabajadores de Alcoa. Pero cuando se piensa en la foto más famosa de Feijóo, se piensa en su foto con Marcial Dorado”, dijo.

Gómez-Reino llamó a la movilización de los votantes de izquierdas, recordando que “en Galicia hay una mayoría progresista”, como quedó demostrado “en las municipales del 2015” o en las últimas convocatorias de elecciones generales, en las que las fuerzas progresistas obtuvieron una victoria muy clara. “Cuando la gente de moviliza, claro que se puede ganar”, dijo, recordando que “también les decían que no se podía a la gente de Corcoesto, o a la gente que luchaba contra la mina de Touro, o a los vecinos y vecinas que han consiguido evitar el cierre del paritorio de Verín”.

Hasta el Palexco de A Coruña se acercaron militantes y simpatizantes procedentes de toda Galicia. También representantes de colectivos sociales, que durante el mitin dejaron oír sus reivindicaciones: desde las entidades en defensa de la memoria histórica hasta miembros de la plataforma de víctimas del Alvia, que le entregaron a Pablo Iglesias una petición para que impulse desde el Gobierno una investigación técnica independiente sobre el accidente.

Como anécdota, durante su intervención Pablo Iglesias recordó una ocasión, hace años, en la que se bañó en el río Tambre -en Ponte Maceira- con Antón Gómez-Reino. Este sábado Iglesias se comprometió la que “cuando echéis a Feijoo el 5 de abril, nos bañaremos de nuevo en el Tambre”.

Cada semana muere un trabajador gallego en accidente laboral. O más de uno. El pasado año se registraron 54 accidentes laborales mortales en Galicia, una cifra similar a la de años anteriores y que volvió a situar a la comunidad como la segunda con más fallecimientos por cada 100.000 trabajadores, con números muy semejantes a los de Castilla y León.

En los últimos días vivimos al menos cinco nuevos casos. Este lunes un marinero de Baiona (Pontevedra) murió ahogado al naufragar el pesquero 'Marsua J' cerca de las Islas Cíes y su compañero está desaparecido. Además, murió un operario al caerle encima un árbol en el monte en el que trabajaba en Chantada (Lugo), donde otro trabajador también resultó herido y tuvo que ser evacuado. Y también este lunes un trabajador resultó herido en Laza (Ourense) al volcar la maquinaria que operaba en las obra del AVE gallego, que ya han registrado 13 muertes desde su comienzo en 2001.

La pasada semana, un siniestro en la empresa de logística Ayan Trans, en O Porriño (Pontevedra), se llevó la vida de un hombre de 45 años; además, un compañero de origen portugués y 51 años de edad resultó herido grave y tuvo que ser trasladado.

Asimismo, el pasado 13 de febrero un trabajador falleció en el Puerto Exterior de A Coruña, tras sufrir un ataque al corazón. UGT denuncia que la ambulancia que sus compañeros pidieron tardó alrededor de media hora y que cuando llegó resultó que no estaba preparada para atender el infarto, por lo que fue necesario llamar a un segundo vehículo. El sindicato critica que en esas instalaciones portuarias no existe ningún servicio sanitario, y señalan que se trata de una vieja demanda de las personas que allí trabajan.

El fallecimiento en el Puerto Exterior de A Coruña se suma a la lista de muertes que allí se han producido. Se registraron accidentes laborales mortales en el año 2005, 2006 (en un siniestro en el que murieron dos operarios) y 2007. Además, en el lugar hubo en los últimos 15 años un gran número de accidentes laborales de distinta importancia, que han elevado las críticas sindicales.

De igual manera, a comienzos de febrero un marinero de 50 años perdió la vida al caer al mar junto a la isla de Ons (Pontevedra). Un compañero que se lanzó al agua para intentar socorrerlo tuvo que ser ingresado en el hospital.

El pasado año fueron 54 los trabajadores muertos en Galicia durante su jornada laboral, a los que hay que sumar otros 8 fallecimientos de trabajadores in itinere. Desde el año 2011, las cifras se mueven entre los 43 y los 63 accidentes mortales, lejos eso sí de los números que se daban aún en la década de los noventa, con más de 100 muertes por año.

En Galicia los sectores que registran más muertes cada año son el de la construcción (13 fallecimientos en el año 2018), pesca (10 muertes), el transporte (8) y la industria (6).

En total, cada año se producen en Galicia casi 30.000 accidentes laborales, de los que la mayor parte son considerados leves; sin embargo, el pasado año se registraron 471 accidentes graves, además de los 54 mortales.

Galicia es desde hace años la comunidad autónoma con un mayor índice de muertes en accidente laboral en relación a su número total de trabajadores y trabajadoras. En el 2019 este indicador se situó en las 5,4 muertes por cada 100.000 trabajadores, solo superado por el dato de Castilla-León, y casi duplicando la media española (2,91 muertes).

La nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hecho hincapié desde su llegada al cargo en la necesidad de adoptar medidas que permitan reducir las cifras de accidentes laborales y sobre todo las muertes en el trabajo que se siguen registrando, una situación que califica de “emergencia social”. “Tenemos un compromiso y trabajamos para garantizar la seguridad. El Ministerio está comprometido con la seguridad laboral y trabajará para que los lugares de trabajo no sean espacios de riesgo”, afirmó.

En los últimos años los sindicatos vienen igualmente reclamando medidas de las administraciones, haciendo hincapié en primer lugar en la necesidad de luchar contra la precariedad. CC.OO. recuerda que las personas con un contrato temporal sufren el 41,7% de los accidentes de trabajo, a pesar de que este colectivo representa el 26,6% de la población asalariada. El sindicato culpa a la reforma laboral del 2012 de la “degradación de las condiciones laborales” y de los altos índices de accidentes laborales en Galicia. CC.OO. pide asimismo “un control más estricto” para las mutuas y un mayor énfasis en la prevención de riesgos laborales y en la inspección.

En Galicia hay más de dos mil aldeas abandonadas. Cada año aumenta su número y los últimos registros, correspondientes al 2019 y publicados hace unos días en el Nomenclátor actualizado del Instituto Galego de Estatística, sitúan la cifra en las 2.045, a las que se pueden sumar otros 1.075 núcleos de población en los que solo vive una persona y otros 1.264 con dos habitantes y que en consecuencia corren el riesgo de quedar deshabitados. Hay, por lo tanto, alrededor de 4.400 núcleos en los que viven dos personas o menos.

Galicia cuenta con más de 30.000 entidades singulares de población, casi la mitad de todas las que existen en España; algo más de 10.000 corresponden a núcleos y otros 20.000 están definidos como poblamientos diseminados.

El proceso de despoblación de las zonas rurales hace que desde hace décadas cada vez sean más los núcleos que quedan sin residentes. En el 2000, por ejemplo, las aldeas abandonadas eran 1.236, una cifra que casi se ha duplicado en 19 años. En la última década, desde el año 2009, la cifra se ha incrementado en un 36%, alrededor de 550 nuevos núcleos deshabitados.

Lugo y A Coruña suman la mayor parte de estas aldeas abandonadas, tres de cada cuatro, en especial en sus sierras septentrionales. Algunas comarcas del interior de Pontevedra y del sur de Lugo también acogen un buen número de núcleos sin habitante alguno.

En el siguiente mapa puede observarse la distribución de los núcleos sin población, ayuntamiento a ayuntamiento, un listado encabezado por Ortigueira (118), As Pontes (84), Muras (54), Ourol (49), As Somozas (48), A Lama (44), Palas de Rei (42), Viveiro (41), Vilalba (35), O Valadouro (32), A Fonsagrada (31) y A Cañiza (30).

En general, las zonas que hace una década contaban con más núcleos deshabitados han sido las que más han incrementado su número de aldeas abandonadas desde entonces. Se trata de comarcas caracterizadas por un tipo de asentamiento de la población disperso en el territorio, lo que lleva a que existan muchos núcleos con poca población en cada uno de ellos. En cambio, en el sur de la comunidad, sobre todo en la provincia de Ourense, es más habitual que la población se estructure en núcleos algo más grandes, lo que lleva a que casi no exista ninguno totalmente despoblado (a pesar de que Ourense es la provincia que más población está perdiendo).

Así, Ortigueira, O Valadouro, Muras o As Somozas están estre los ayuntamientos que más han incrementado en la última década su número de núcleos deshabitados. Sin embargo, en la lista también aparecen otros como Silleda, Sober, Chantada, A Laracha, Carballedo, Trabada, Castro Caldelas o Guitiriz que en el año 2009 no tenían tantas aldeas abandonadas y que en la última década prácticamente han duplicado su número.

Por otra parte, hay muy pocas localidades en las que este proceso se ha invertido; es decir: ayuntamientos que en la actualidad tienen menos aldeas abandonadas que hace una década. Pero existen: es el caso de Tomiño, Quiroga, Mañón, A Bola, Muxía, Trazo o Castro de Rei, hasta un total de 29.

F.A.R., cabo primero del ejército, ingresó en las fuerzas armadas en el año 1996, formándose en la especialidad de Sónar en Cartagena y siendo destinada en los 21 años siguientes en cuatro fragatas con base en Ferrol y Cádiz. Posee tres medallas por operaciones internacionales, una mención honorífica, una felicitación escrita por el “extraordinario trabajo” desempeñado en el Sónar y una medalla de bronce “a la constancia”.

En el año 2010 se quedó embarazada de su primera hija, reincorporándose a la Fragata Méndez Núñez (con base en Ferrol) después de su baja por maternidad y solicitando posteriormente una reducción de jornada por lactancia. En ese momento le fueron encomendadas funciones distintas a las que le correspondían por categoría y formación. En el año 2013 se quedó de nuevo embarazada y nuevamente solicitó una reducción de jornada por lactancia, siendo relegada a la Brigada X dentro de la Fragata Méndez Núñez donde las únicas funciones que le fueron asignadas fueron las de limpieza y pintado.

La militar llevó a cabo numerosas quejas verbales y escritas y finalmente solicitó una baja laboral por una situación de estrés, depresión y ansiedad, que fue diagnosticada por diversos profesionales, tanto públicos como privados. Uno de los psicólogos señalaba en su informe una sintomatología que incluía “crisis de ansiedad, miedo, preocupación, irritabilidad, cansancio, tristeza, incontinencia emocional, llanto, sensación de indefensión, ansiedad condicionada al entorno laboral y contingente a una situación laboral estresante donde se siente injustamente tratada y penalizada a causa de conciliar su vida familiar y su vida laboral”.

En un principio, la sanidad militar reconoció su situación como “enfermedad profesional”, pero después cambió su criterio, negándole ese carácter y calificando la situación como baja “por enfermedad común”. La Armada desestimó además los tres recursos presentados por la demandante, que finalmente recurrió a la vía judicial.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ferrol acaba de reconocer el derecho de la trabajadora demandante “a ser declarada en situación de Incapacidad Temporal como consecuencia de contingencia profesional”, condenando de este modo al Ministerio de Defensa.

La sentencia desgrana los hechos relatados por la demandante y reconocidos por la Armada, que defiende que la relegación de la trabajadora a las funciones de limpieza y pintado constituía “una limitación de retribuciones y servicios conforme a la norma”, justificada en que por su reducción de jornada por lactancia quedaba limitada “la prestación de servicios en las misiones en el extranjero y en las misiones de navegación en el mar”. Y negando, por lo tanto, que se había producido una “lesión en sus derechos como trabajadora militar”.

El fallo destaca que el Ministerio de Defensa no fue capaz de probar la ausencia de discriminación y de marginación laboral, que tuvo lugar por un tiempo “que puede ser considerado largo a la vista de la posibilidad de cronicidad del cuadro clínico residual de la paciente”. Hace dos años un psiquiatra destacó “la existencia de un cuadro depresivo de intensidad moderada, con presencia de desesperanza e interferencia laboral”, comentando “la referencia a un importante número de conductas en el contexto laboral percibidas como acoso de intensidad moderada”.

La sentencia incluye asimismo la declaración de otra militar que afirma que después de solicitar una reducción de jornada por maternidad también fue marginada a funciones “que no son ni mucho menos las propias de su categoría profesional y de sus puestos de trabajo anteriores, quedando relegada como la demandante a tareas de limpieza y pintado de las distintas fragatas”. Al igual que en este caso, esta otra trabajadora presentó varias instancias a modo de protesta, pero estas no fueron contestadas “y en alguna ocasión se entendió la existencia de silencio administrativo negativo”, añade la sentencia.

La mina de cobre impulsada por la multinacional suiza Atalaya Mining en los ayuntamientos coruñeses de Touro y O Pino no se llevará a cabo. La Xunta anunció este martes la emisión de una declaración de impacto ambiental negativa con relación al proyecto, poniendo fin a la tramitación ambiental de esta iniciativa minera, iniciada en octubre de 2018. El Gobierno gallego afirma que la declaración negativa parte “de la constatación de una afección real en la zona derivada de la actividad propuesta” y, además, del reconocimiento de que el proyecto “aumentaría la presión hídrica sobre el río”.

La paralización del proyecto minero llega después de casi tres años de intensas movilizaciones en los ayuntamientos afectados, pero también en otras comarcas gallegas, principalmente en la Ría de Arousa, otra de las zonas que se habría visto más perjudicada por la mina. Supone, por lo tanto, un triunfo de la Plataforma Vecinal 'Mina Touro-O Pino Non', que ha peleado en el ámbito político, legal y social para evitar la reactivación de esta explotación, cerrada desde hace años. “Estamos pletóricos, eufóricos. Contentísimos de que, después de dos años, por fin se nos haya dado la razón”, decía una de sus portavoces a Praza.gal minutos después de conocer el anuncio de la Xunta.

La declaración de impacto ambiental emitida por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Xunta de Galicia hace hincapié en un informe de la Dirección General de Patrimonio Natural, que señalaba que la actividad minera se desarrollaría “en un espacio próximo a una Zona de Especial Conservación (ZEC)”, sin que quedaran acreditadas “las correspondientes medidas protectoras y correctoras necesarias”. Asimismo, un informe de Augas de Galicia concluía que la actividad minera “aumentaría la presión hídrica sobre las aguas del entorno, no pudiendo garantizar un estado ecológico excelente”, señala el Gobierno gallego.

Atalaya Mining, gigante minero controlado por una multinacional suiza, pactó entrar en el capital de Cobre San Rafael para reactivar una antigua mina de cobre situada a 27 kilómetros de Compostela, una instalación que dejó muy dañada la zona, con balsas contaminantes nunca correctamente restauradas. Durante mucho tiempo el proyecto megaminero en Touro y O Pino avanzó entre la polémica, el rechazo de vecinos, entidades sociales y formaciones políticas y después de la presentación masiva de alegaciones al estudio ambiental. “No nos pueden acusar de alarmistas, lo alarmante es el proyecto minero de Touro”, decía Rubén Souto, uno de los portavoces de la plataforma vecinal.

Poco después de conocer el proyecto, nacía esta plataforma opositora, que desde el año 2017 ha impulsado mociones en ayuntamientos, ha llevado a cabo concentraciones, caminatas y manifestaciones, como la tractorada que llenó las calles de Touro en febrero de 2018 o la marcha que el 10 de junio de ese año llevó a miles de personas a la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela.

“Tras más de 30 años de convivencia con la contaminación heredada de la anterior explotación, la gente no está dispuesta a que Cobre San Rafael se apodere de casi 500 hectáreas de terrenos agrícolas y forestales que son la base productiva de muchas explotaciones agrarias”, y tampoco a que “se eliminen 341 hectáreas de masa forestal y 150 de cultivos y vegetación que nunca más volverán a producir”, señalaba la Plataforma.

Además, junto con la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa, entregó más de 26.000 firmas en papel demandándole al Gobierno gallego que se le denegara a Atalaya Mining el permiso de explotación de la megamina a cielo abierto. Las dos plataformas hacían hincapié en los varios informes negativos de técnicos de la Xunta, que se oponían a la reapertura de la mina de Touro, sobre todo por los perjuicios que se podrían causar a los acuíferos y a los ríos del entorno. Augas de Galicia publicó datos analíticos tanto de las diversas estaciones de control como de muestreos de vertidos que mostraban la contaminación por metales pesados y alta acidez de la práctica totalidad de los cursos de agua que rodeaban a la antigua mina.

Hace unos meses, igualmente, grupos ecologistas y productores de la ría Arousa abrieron la vía judicial contra el proyecto minero. Un accidente en la mina “sería mucho peor que el Prestige”, advertía la plataforma, que resaltaba que un eventual siniestro traería consigo vertidos “letales” que llegarían a la ría de Arousa en menos de 12 horas.

Los grupos opuestos al proyecto incluso recordaron que por la zona norte de la mina pasa el Camino Francés a Compostela, por lo que “los peregrinos a los que el Gobierno gallego quiere atraer al amparo del Xacobeo 2021 caminarían acompañados de tráfico de camiones, polvo en suspensión o ruido de voladuras”, señalaba la plataforma.

El PP, por su parte, fue caminando desde un claro apoyo inicial al proyecto minero hacia una posición más ambigua, sobre todo en las zonas más directamente afectadas. En noviembre de 2017 los populares rechazaban en el Parlamento una iniciativa para denegar la autorización ambiental. Sin embargo, poco después los concejales del PP en Touro votaban a favor de una moción que rechazaba el proyecto propuesto.

La querella judicial abierta en el año 2010 por la jueza argentina María Servini para perseguir los crímenes del franquismo contará en los próximos días con 20 nuevos denunciantes. Se trata de las familias de otros tantos gallegos enviados a los campos de concentración nazis, solo una parte, de momento, de los alrededor de 200 que pasaron por Dachau, Sachenhausen, Buchenwald, Grini y, sobre todo, Mauthausen.

Las familias están siendo asesoradas por la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). La presentación de las denuncias coincidirá con la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, el próximo 27 de enero. Ese día los familiares de los presos en los campos nazis firmarán los documentos ante la cónsul argentina Silvina Isabel Montenegro en varios lugares de Galicia.

Las denuncias, en las que ha sido muy importante el trabajo de investigación realizado por Carlos Hernández y Benito Bermejo, fueron redactadas por la abogada de la ARMH ante la causa argentina, Ana Messuti, que subraya que “recordar esas víctimas, tenerlas bien presentes, es esencial desde la perspectiva jurídica: por una parte, porque reafirma la calificación de genocidio al vincularlo a un exterminio cuyo carácter genocida nadie puede poner en entredicho; por la otra, porque universaliza la represión franquista, no circunscribiéndola al territorio español”.

La ARMH hace hincapié en la responsabilidad que el régimen franquista tuvo en el destino de los millares de ciudadanos españoles enviados a los campos de concentración nazis. “A los campos los mandó el gobierno de la Alemania nazi pero fueron enviados allí porque el Gobierno franquista consintió que eso sucediera. Al Gobierno franquista se le preguntó desde la embajada alemana en varias ocasiones qué se hacía con ellos: si eran repatriados a España o eran enviados a los campos de concentración, y Franco se inhibió y optó por lo segundo. Eso en algunos casos, porque en otros el Gobierno franquista sí que intervino y salvó a algunos de los prisioneros”, explica la historiadora Carmen García Rodeja.

“Los presos republicanos españoles, al igual que muchos otros, estaban primero en 'stalag', un campo de prisioneros de guerra. Un campo de prisioneros de guerra tiene unas normas, se rige por la Convención de Ginebra, no pueden coger y gasealos. De haber permanecido en 'stalag', habrían salvado su vida”, cuenta la historiadora, que recuerda que “además, entre los enviados a los campos había menores de edad, había niños de 14, 15 y 16 años”.

Hace dos años el Parlamento gallego acogió un acto de homenaje a los gallegos deportados a los campos nazis. Además, todos los grupos políticos -incluido el PP- aprobaron por unanimidad una declaración institucional que subrayaba la responsabilidad de la dictadura franquista en lo sucedido, recordando que el Holocausto había tenido su origen “en el intento de eliminación de la disidencia política e ideológica y derivó en un genocidio que contó con la colaboración de la dictadura franquista y que persiguió a miles de hombres y mujeres que huyeron del Estado español después de la derrota de la República en 1939 y tras la instauración de un régimen fascista”. La Declaración recordaba en particular a “los más de 10.000 republicanos españoles que terminaron deportados en los campos nazis por la colaboración del dictador Francisco Franco con el nazismo alemán y el fascismo italiano”.

Los investigadores de la ARMH llevan muchos meses estudiando y documentando los casos de los deportados gallegos en campos de concentración alemanes y continúan haciendo llamamientos para la implicación de las familias y para la suma de nueva información, subrayando que muchas personas pueden incluso ignorar que sus abuelos pasaron por los campos nazis.

“Nosotros los asesoramos y les ayudamos a preparar las denuncias, pero son los familiares quienes las presentan”, subraya Carmen García Rodeja. “Sobre todo porque esto es, de alguna manera, reparador. Cuando tu abuelo fue enviado a Mauthausen y murió allí -o fue liberado, lo mismo da- que una entidad pública como un juzgado argentino recoja tu denuncia es muy importante”, destaca.

Los prisioneros gallegos objeto de la denuncia

Cuando este lunes alumnado, profesorado y padres y madres del CEIP Frei Luis de Granada de Sarria (Lugo) llegaron al centro encontraron que en varias de sus aulas y fachadas habían sido colocados puntales de obra. El apuntalamiento se había realizado “de forma preventiva”, debido a la intensificación de los defectos constructivos que desde hace años viene sufriendo el edificio: suelos inclinados en algunas zonas, aparición de grandes grietas en las paredes “por las que se podía meter una mano” o la imposibilidad de cerrar muchas de las puertas y ventanas, por culpa de la curvatura de los marcos.

Desde la dirección del centro se aseguró que no existía peligro alguno y que solo se tomaba esta medida como “precaución” mientras se realiza un estudio para diagnosticar el origen de los problemas. Unos problemas que no son recientes, pues ya en el año 2011 las aulas habían tenido que ser desalojadas ante la aparición de defectos parecidos a los actuales. En ese momento fue preciso intervenir sobre la infraestructura en unas obras que duraron diez meses y que obligaron a reubicar al alumnado en otro centro.

El lunes, tanto padres y madres como el profesorado se negaron a que los niños acudieran a las aulas en estas condiciones. El martes sí hubo clases, pero a ellas solo acudió un 20% de los 367 alumnos y alumnas totales (71 en Infantil y 296 en Primaria), una situación parecida a la vivida el miércoles.

El martes por la tarde una larga y multitudinaria asamblea de más de tres horas, a la que asistieron alrededor de 300 padres y madres, sirvió para que los progenitores preguntaran sus dudas a representantes de la Consellería de Educación, aunque una buena parte de los asistentes quedaron decepcionados con la falta de información recibida. Desde la Xunta se asegura que el edificio está “perfectamente” y que no existe riesgo alguno para sus ocupantes. Asimismo, se defiende que desde la aparición de los referidos problemas en el 2011, “de forma periódica” se realizan controles para comprobar la seguridad del inmueble.

Tanto la Consellería de Educación como la propia comunidad educativa del centro están a la espera de un informe que debe valorar el estado actual del edificio y guiar las actuaciones que se deben poner en práctica para solucionar sus defectos. De momento, según indican desde la Xunta, el inmueble permanecerá apuntalado solo en el exterior y se realizarán pequeñas obras durante alrededor de un mes. El delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, destaca que los técnicos consideran que las fisuras son leves y no entrañan riesgos de colapso de la estructura. Y reitera que la decisión de instalar los puntales en el colegio fue tomada “por una mera cuestión de prudencia en tanto se recababan todos los datos que permitan valorar la situación”.

Padres y madres llevaron a cabo el miércoles una concentración a las puertas del centro bajo el lema “con la seguridad de nuestros hijos no juega nadie”. Las familias se muestran muy críticas con la gestión de la Consellería de Educación y critican tanto la falta de información como el hecho de que las obras previstas se vayan a llevar a cabo con los propios niños y niñas en el interior del edificio.

“Dicen que no hay riesgo de que caiga el edificio, pero nos queda la duda de por qué se pusieron los puntales”, señala Daniel, uno de los padres, que añade que “no tenemos la seguridad de que no haya peligro para los niños”. Asegura que, de momento, va a seguir sin enviar sus hijos a las clases, al igual que estos dos días hicieron una parte importante de las familias.

“No sabemos si los padres y madres que sí están llevando a los niños al colegio lo hacen porque piensan que no hay peligro o porque no tienen opciones para dejarlos en otro lugar”, comenta. “Nosotros sí tenemos la opción de no llevar la niña al colegio. Y si algún día no tenemos opción, tendremos que llevarla, aunque no tenemos la seguridad de que no haya riesgo para ella”, añade.

Por su parte, José Luis (otro de los padres) pide esperar al informe de la situación, pero reclama que se adopten medidas para solucionar las causas que están provocando estos problemas y no se limiten a hacer “parches”. “Si ellos dicen que el edificio es seguro, será seguro, pero eso no significa que no haya que solucionar esto, no podemos estar así, con suelos curvados y puertas que no abren”, dice. “En el momento en que sepan lo que hay que hacer, veremos si las obras son compatibles con que los chavales sigan yendo a las aulas”, remata.

El BNG ha criticado públicamente esta situación señalando la diputada Olalla Rodil que “rodeados de cientos de puntales, las alumnas y alumnos no pueden recibir una educación pública de calidad”. La parlamentaria califica la actitud de la Xunta de “imprudente”. “Que se derive el problema a las madres y los padres de llevar a sus hijas e hijos al centro cuando la responsabilidad de garantizar las condiciones de impartir aulas es de la misma Xunta es una irresponsabilidad por parte de este gobierno”, ha afirmado Rodil.

De momento, a pesar de las buenas palabras de los representantes del Gobierno gallego parece que continúa la preocupación en la comunidad educativa del centro. Tanto es así que este jueves la propia consejera de Educación, Carmen Pomar, se vio obligada a personarse en colegio para comprobar los trabajos previos a la elaboración del proyecto de obra para el refuerzo estructural del edificio. Una forma, a buen seguro, de aplacar el malestar generado entre las familias.

Una de las consecuencias que dejó la sucesión de borrascas que en las últimas semanas afectaron a Galicia -y que también provocaron la muerte de un hombre en Santiago y cortes de luz en 80.000 hogares- fue el renacimiento temporal de la laguna de Antela, en Ourense, 61 años después de su desecación.

Las aguas volvieron a ocupar el lugar que durante siglos habían ocupado, y así amplias zonas de la comarca de A Limia quedaron inundadas. Las consecuencias fueron graves, con carreteras cortadas y personas que tuvieron que ser auxiliadas por los bomberos al quedar sus casas totalmente anegadas e incomunicadas. Además, el sindicato Unións Agrarias incluso dio por perdida la cosecha de cereal de invierno, estimando unas pérdidas totales de más de un millón de euros. La central responsabilizó a la Xunta de la gravedad de las inundaciones, acusando a la Consellería de Medio Rural de la falta de limpieza de los canales de drenaje de la antigua laguna.

En todo caso, las imágenes de amplias zonas de la llanura limiana cubiertas por las aguas (alrededor de 2.000 hectáreas) trajeron de vuelta el recuerdo de la vieja laguna, justo cuando acaban de cumplirse 60 años del inicio de los trabajos de desecación, que comenzaron el 8 de septiembre de 1958 por impulso de las autoridades franquistas. Unos años más tarde ya no quedaba nada de la mayor extensión de agua del interior de Galicia y el tercer mayor espacio lacustre de toda la Península Ibérica, sólo después de Doñana y de la Albufera de Valencia.

El humedal ocupaba unas cuatro mil hectáreas de terreno (más un espacio de crecida, en función de las lluvias) en la intersección de los actuales ayuntamientos de Sandiás, Xunqueira de Ambía, Vilar de Barrio, Sarreaus y Xinzo de Limia. La laguna variaba su forma y dimensión, de forma estacional, llegando a medir siete por seis kilómetros en invierno, con una profundidad que iba desde el medio metro hasta los dos metros en algunas zonas.

La obra y sus consecuencias

En 1956 el Instituto Nacional de Colonización impulsó el inicio del proceso. En ese año la dictadura franquista publicó una ley que declaraba de 'alto interés nacional' las obras de desecación y la posterior concentración parcelaria. Antes de 1958 fueron varios los proyectos de desecado de la laguna, todos fracasados. El primero de ellos data de 1827, retomado en 1848 y de nuevo en 1854 por los hermanos Mugártegui.

En este caso fue la fuerte oposición vecinal la que detuvo las obras antes de comenzar, a través de una carta firmada por 300 cabezas de familia de Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, Sarreaus, Vilar de Barrio y Vilar de Santos, preocupados por el efecto negativo que para la ganadería tendría la desaparición de la laguna. Hubo nuevos intentos en 1868, 1874 y de nuevo en 1937 y 1949, pero no pasaron de simples proyectos sobre el papel.

Con su desaparición no se consiguieron buena parte de los objetivos perseguidos, pues tuvo efectos muy negativos sobre la calidad de los suelos, que además comenzaron a sufrir de una paradójica ausencia de agua, y tuvo que ser implementado un complejo sistema de riego. Y, además, los efectos perjudiciales sobre el medio ambiente fueron importantes y diversos, desapareciendo una parte muy importante de la rica diversidad animal y vegetal del humedal.

“En la comarca de A Limia el peso del sector agrario siempre fue muy importante, y se vendió la moto de que actuaciones en la laguna iban a ser muy útiles. Pero los resultados quedaron muy lejos de lo esperado y la realidad es que los peores rendimientos agrarios por hectárea de toda la comarca se dan precisamente en el espacio que ocupaba la laguna”, explica el historiador André Taboada Casteleiro, vicepresidente del Patronato del Museo de A Limia.

La desecación vino acompañada, a partir de los años sesenta, de actuaciones de parcelación muy agresivas, en las que se echaron abajo masas muy grandes de robledales. “Era una enorme masa de agua que ayudaba a regular el clima de A Limia: teníamos veranos menos calientes e inviernos menos duros”, señala Taboada Casteleiro, que concluye que “la pérdida medioambiental no se vio compensada en una mejora en la producción agropecuaria”.

El pasado año, coincidiendo con el 60 aniversario del inicio de las obras de desecación, se organizaron distintas actividades para recordar a la laguna y a los propios trabajos para hacerla desaparecer, organizando el Ayuntamiento de Xinzo un homenaje a los trabajadores que actuaron sobre el terreno para borrar a Antela de los mapas del futuro.

Desde el Museo de A Limia, que organizó por su parte una jornada de debate sobre el presente y el futuro de la laguna, se pedía “impulsar una reflexión colectiva sobre las consecuencias de aquella decisión de los gobernantes franquistas”, alertando de que “el franquismo llevó a cabo una política de tierra quemada y de desmovilización de la población, y en A Limia sucedió lo mismo con respecto a la laguna: hubo una especie de amnesia colectiva, la idea de que el tema no se podía tocar”.

Los humedales, hoy

En la actualidad, la comarca de A Limia sí cuenta de forma permanente con zonas húmedas en las que Antela sobrevive de alguna manera. Zonas, además, que en los últimos años están experimentando un crecimiento gracias al trabajo activo de entidades como la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN). La entidad lleva casi una década luchando para recuperar las zonas húmedas en la comarca, que hoy en día tienen continuidad en lugares como Poza dos Arrieiros, Veiga de Vilaseca, el humedal Antonio Villarino o la Veiga de Gomareite.

Delmar Blasco, secretario general de la Convención de Ramsar entre 1994 y 2001, afirmó hace años que “sólo falta que alguien con capacidad de liderazgo y aglutinación de voluntades lance el proceso que devuelva a Galicia y a los gallegos, aunque sea en parte, los valores y funciones que se perdieron cuando se desecó la laguna de Antela”.

En este sentido, la SGHN apuesta por la recuperación de las vegas y llanuras de inundación que desaparecieron (y que reaparecen en cada temporada de lluvias) así como de la actividad de pastoreo ligada a ellas. Especialmente importante es el trabajo desarrollado en la Veiga de Gomareite (Vilar de Barrio), una antigua vega anegada por las aguas de la Laguna de Antela y que en las últimas décadas había quedado convertida en un vertedero de basura y escombros. Ahora en parte de esa vega se está desarrollando un proyecto de ganadería en extensivo y se intenta la recuperación de la flora y fauna preexistente.

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Santiago contra la sentencia dictada el pasado mes de febrero por un juzgado de primera instancia en relación con las esculturas del Pórtico de la Gloria de la Catedral compostelana en poder de la familia Franco. Las dos estatuas, realizadas por el Maestro Mateo entre los siglos XII y XIII y declaradas Bien de Interés Cultural, fueron adquiridas por el Ayuntamiento en 1948 y años después pasaron de forma irregular a manos de la familia del dictador. La nueva sentencia mantiene de momento las dos estatuas en manos de los herederos de Franco, aunque introduce novedades en relación al polémico dictamen emitido hace unos meses por la jueza Adelaida Medrano.

Aquella sentencia reconocía a la familia Franco como propietaria legítima de las esculturas, señalando la “pasividad” de la corporación municipal compostelana a la hora de reclamar las estatuas “63 años después” de que pasaran a manos de los herederos del dictador. Tras el recurso del Ayuntamiento de Santiago, la Audiencia de Madrid establece sin lugar a dudas que las estatuas son de propiedad municipal. Sin embargo, desestima la reclamación presentada al entender que no queda suficientemente acreditado que las estatuas sean las mismas que están en poder de los herederos del dictador.

El Ayuntamiento de Santiago está valorando en estos momentos la conveniencia de apelar o no esta sentencia, en base a las posibilidades con las que contaría un recurso en la siguiente instancia judicial.

La nueva sentencia deja claro que las estatuas nunca pudieron salir legalmente del patrimonio público. El dictamen concluye que las esculturas “formando parte del patrimonio histórico serían imprescriptibles y limitadamente enajenables”, ya que solo podrían ser vendidas a otras instituciones públicas, de acuerdo con la Ley de Patrimonio Artístico de la República, de 1933, vigente durante la dictadura.

Sin embargo, la sentencia señala que “la cuestión angular sobre la que pivota todo el procedimiento es la identificación de las referidas estatuas y la comprobación de si las mismas son aquellas que habían sido adquiridas en su día por el Ayuntamiento de Santiago o bien se trata de otras”. En este punto, el recurso presentado por el Ayuntamiento compostelano había proporcionado un gran número de pruebas documentales, encabezadas por el informe pericial realizado por Yzquierdo Perrin, apoyado en la descripción de las estatuas realizada en su día por Fermín Bouza Brey y publicada en 1933 en el Boletín de la Real Academia Gallega.

Sin embargo, el juez Pedro Pozuelo descarta el informe del perito y concluye que “la descripción que se hace de las estatuas que fueron transmitidas por medio de escritura pública resulta verdaderamente parca, ambigua y carente de cualquier precisión”. Además, duda de las descripciones realizadas por Bouza Brey e Yzquierdo Perrin (en las que se afirma que una de las estatuas tiene una pequeña grieta), señalando que esta grieta no aparece en las esculturas en poder de los Franco. Sin embargo, desde el Ayuntamiento se destaca que “una atenta mirada a una de las esculturas reivindicadas revela que tiene una fractura ligeramente diagonal a la altura de media pierna”.

La propia Xunta de Galicia acreditó durante el proceso de la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) que se trata de las mismas estatuas. Pero el dictamen emitido por el juez Pozuelo descarta también la declaración efectuada por el Gobierno gallego, afirmando que “carece del carácter de informe pericial”.

De este modo, la sentencia concluye que “aun cuando pueda afirmarse que la Corporación Municipal demandante efectivamente pudo adquirir tres estatuas (...) lo que no logra acreditar es que la identidad de esas estatuas sea exactamente la misma que las estatuas poseídas por los demandados”.

De forma sorprendente, la sentencia apoya sus conclusiones en que “resulta extraño y verdaderamente inconcebible que una Corporación Municipal se deshaga de unas piezas de tan notable importancia y se cedan sin constar en documento alguno ni tomar acuerdo municipal alguno”. En este sentido, el juez afirma que “el mero hecho de que el régimen instaurado en su día por el referido Jefe del Estado tuviera un carácter dictatorial no significa que por ese solo hecho las diversas corporaciones municipales y las diversas autoridades le regalaran graciosamente cualquiera bien que el Jefe del Estado y su esposa pudieran desear”.

La sentencia anterior

Ya el pasado mes de febrero, el juzgado número 41 de Madrid dio la razón a la familia Franco: sembró dudas incluso sobre la propiedad de las estatuas, señalando la “pasividad” de la corporación municipal a la hora de reclamar las estatuas al hacerlo “63 años después” de que pasaran a manos de los herederos del dictador. El Ayuntamiento de Santiago recurrió la sentencia, rebatiendo los tres principales argumentos de la magistrada, Adelaida Medrano: el que señalaba que no había quedado demostrada la entrega de las estatuas al Ayuntamiento, el relacionado a la identificación de las piezas y el que apela al principio de usucapión para determinar que las figuras pertenecen a los familiares del dictador por el tiempo transcurrido desde que están en su posesión.

Además, los investigadores Lourenzo Fernández Prieto y Antonio Míguez Macho denunciaron que la autora de la sentencia “tiene una relación familiar con las altas jerarquías del régimen franquista y con el propio general Franco”. Medrano es nieta por parte de padre de Carmelo Medrano Ezquerra, “golpista de primera hora”.

Propiedad pública acreditada

En septiembre del año 2017, el Ayuntamiento de Santiago presentó la documentación que acreditaba que las esculturas son propiedad municipal, un documento notarial de compraventa del año 1948, momento que en que el Ayuntamiento las adquirió por 60.000 pesetas. En ese documento se condicionaba la venta a que las esculturas no saliesen del patrimonio municipal ni por enajenación, donación, concesión de depósito o cualquier otra figura, ya que en caso contrario debería indemnizarse al vendedor con 400.000 pesetas.

Desde este mes de septiembre, la familia del dictador está obligada a mostrar al público las esculturas, en virtud de la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de estas esculturas –y de las otras siete del Maestro Mateo procedentes de la desaparecida portada exterior occidental de la catedral de Santiago–.

La resolución de la Consellería de Cultura que iniciaba el proceso para la declaración BIC recordaba que “en 1948, el Conde de Ximonde vendió al Ayuntamiento de Santiago las esculturas con la condición de que nunca abandonaran la ciudad” y que “las esculturas estuvieron en la escalera del Pazo de Raxoi hasta que pasaron a manos particulares”.

El 25 de julio de 1954, Francisco Franco y su esposa Carmen Polo visitaron Compostela para participar en la ofrenda al Apóstol e inaugurar el antiguo hospital como Parador Hostal de los Reyes Católicos. Carmen Polo mostró ante el entonces alcalde compostelano, Enrique Otero, un “interés insistente” en las esculturas, “sugiriendo de forma inequívoca que pasaran a su posesión”. Aunque no existió “formalidad alguna” ni ningún acuerdo formal al respecto, el regidor accedió a la petición de la esposa del dictador, enviándole las esculturas.

“Me afectan más los problemas de los otros que los míos. He pasado por muchas, si hubiera tenido que emocionarme y llorar por cada cosa que tienes en la vida... Y he tenido tantas, tantas, tantas, entre torturas, hambre, miseria, frío..., entonces tendría que haberme quitado la vida 40 veces. Y tampoco teníamos esa opción”, decía Camilo de Dios en el documental 'Camilo: o último guerrilleiro de Galicia'. Camilo de Dios Fernández falleció este martes en Sandiás (Ourense). Tenía 86 años y era el último guerrillero gallego vivo.

Nació en Sandiás en 1933 y con solo 15 años se unió a la guerrilla antifranquista y se echó al monte. Ya antes, con 13 años, actuaba de enlace para la guerrilla, siguiendo los pasos de su madre, Carmen Fernández Seguí, también enlace, y de su padre, Jesús de Dios, fundador del PCE en Sandiás y que había muerto mientras estaba huido. En ese año 1948, en el seno de la 2ª Agrupación Guerrillera, Camilo de Dios participó en el ataque a la fábrica de armas de A Coruña y en el infructuoso intento de rescate a José Gómez Gayoso (secretario general del PCE en Galicia) y a Antonio Seoane (jefe del Ejército Guerrillero de Galicia), presos en A Coruña. 

La presión de las autoridades franquistas contra la guerrilla se intensificó en ese momento, una vez que había desaparecido la esperanza de que las fuerzas aliadas favorecieran una intervención contra la dictadura. En marzo de 1949, con solo 16 años, Camilo de Dios fue herido en un enfrentamiento con la Guardia Civil en Ourense y fue detenido, torturado brutalmente durante 56 días y condenado a muerte. Sin embargo, su pena fue conmutada por una condena de 30 años, dada su corta edad.

Fue de cárcel en cárcel, pero pasó más tiempo recluido en el penal de El Dueso. Desde allí mantuvo durante años una correspondencia constante con su madre, pero limitada por las autoridades de la prisión a una carta al mes y con un máximo de 21 líneas. Fue a través de una de esas cartas que Camilo supo del asesinato de su hermano Perfecto de Dios, tiroteado por la Guardia Civil en 1950 en Ávila ante los ojos de su madre, cuando ambos intentaban huir a Francia.

65 años después, Camilo de Dios logró una de sus mayores victorias en su vida. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) consiguió exhumar sus restos gracias a los 6.000 euros aportados por un sindicato noruego. Perfecto de Dios tenía sólo 19 años y de su fosa fueron rescatadas también sus botas, que Camilo reconoció de inmediato durante el proceso de exhumación. Semanas después Perfecto fue homenajeado en Xinzo de Limia. “Me impresionó mucho la exhumación de Perfecto. Era algo que deseaba mucho. Le había prometido a mi madre que haría lo que pudiese para lograrlo; fue, pues, una satisfacción. La gente que me daba el pésame me parecía que me debía de dar un abrazo de alegría por lograrlo”, explicaba Camilo esos días en conversación con Carmen García Rodeja (ARMH).

Camilo de Dios fue liberado en 1959 y de inmediato se puso a trabajar en la reorganización del PCE en Ourense y en la constitución de las Comisións Campesiñas. En 1971 fue detenido en Ourense junto con otros militantes del PCG, acusado de “propaganda ilegal”. Fue de nuevo torturado, esta vez por la Policía. Con la llegada de la democracia, Camilo de Dios fue concejal en Sandiás y Xinzo de Limia, en representación del PCG e Izquierda Unida.

Hace tres años se estrenó el documental 'Camilo: el último guerrillero de Galicia', realizado por un grupo de estudiantes de Comunicación Audiovisual de la UDC (Alba Sánchez, Juan Pirola, Miguel García y Pedro Iglesias). El film recorre algunos de los espacios y lugares que fueron importantes en la vida del guerrillero e incorpora entrevistas al propio Camilo, a expertos y a otros militantes y luchadores antifranquistas de distintas generaciones. “Encontramos en Camilo no sólo al último guerrillero vivo de Galicia, sino a una trayectoria histórica continua que va desde la formación del movimiento obrero y campesino en la comarca de A Limia hasta nuestros días: la persecución, la supervivencia e incluso la muerte forman parte de una vida movida por el sueño de un mundo mejor”, destacaban los autores y autoras del documental.

También en 2016 Camilo de Dios recibió en A Coruña la distinción como Republicano de Honra 2016 con la que la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña (CRMHC) quiso rendir homenaje al conjunto del Movimiento Guerrillero Gallego, destacándose que “la guerrilla no derrotó a Franco, pero fue la única oposición organizada y democrática durante tres lustros”. “Algo creo que hicimos”, respondió Camilo de Dios en el acto, celebrado en la sede de la Real Academia Galega.

Ese día Camilo hizo partícipes de la distinción “a los campesinos, obreros, estafetas y enlaces y otros que apoyaron a la guerrilla” y destacó que “caminando todos juntos seremos capaces de traer la III República”, mostrando la solidez de sus ideales, a los que fue fiel hasta el final.

En el año 2015 el Parlamento gallego aprobó por unanimidad una declaración institucional “en defensa del cielo nocturno”. El texto subrayaba que “es imprescindible el control de la contaminación lumnosa en todo el territorio gallego dado el impacto que genera sobre muchas especies, hábitats, ecosistemas y paisajes” y llamaba a “promover y exigir el uso racional de la iluminación artificial para minimizar el resplandor que provoca en el cielo y evitar la nociva intrusión de luz sobre los seres humanos y el medio natural”. “Los lugares que presenten condiciones excepcionales para la contemplación del cielo, y en particular aquellos más aptos para la observación con fines científicos, serán objeto de una protección especial”, añadía.

La defensa del cielo nocturno, la lucha contra la contaminación lumínica, el fomento de un alumbrado inteligente, la divulgación de la astronomía y la promoción de un “turismo de estrellas” son los objetivos primordiales de la Fundación Starlight, con sede en las Islas Canarias. La entidad realiza además certificaciones de los denominados destinos Starlight, lugares con condiciones favorables para la observación del cielo estrellado, que cada vez atraen a más visitantes. En Galicia dos espacios tienen esa condición: Pena Trevinca y las Islas Cíes; y uno más -el Ayuntamiento de Muras- inició el proceso para conseguir también esa distinción.

Sin embargo, la Fundación Starlight ha advertido en los últimos meses de que las Cíes corren un serio riesgo de perder su certificación, debido a la contaminación lumínica procedente de la ciudad de Vigo, especialmente agravada por la creciente iluminación de navidad instalada en los últimos años por el Ayuntamiento. La certificación será revisada durante este próximo mes de enero. Desde que hace tres años las Islas Cíes se convirtieron en un destino Starlight, más de 71.000 visitantes participaron en alguna de las actividades que buscan difundir allí el conocimiento de las estrellas, acciones organizadas por entidades como la Federación Gallega de Astronomía y Radioastronomía y el propio Parque Nacional.

Más allá de la situación concreta de las Islas Cíes y de la ciudad de Vigo, Starlight viene denunciando la contaminación lumínica generada en los espacios urbanos. La entidad recuerda los perjuicios que la falta de oscuridad causa en los ecosistemas, y sobre todo en determinadas especies como insectos y aves. También sobre los seres humanos, ya que dificulta su descanso y que, además, se ven privados de la contemplación del cielo nocturno y de las estrellas. Hablamos con Antonia Varela Pérez, astrofísica y directora de la Fundación Starlight.

¿Cuál es la función de vuestro trabajo en la Fundación Starlight? ¿En que centráis vuestra actividad?

La Fundación Starlight se creó a partir de la iniciativa del Instituto de Astrofísica de Canarias. El principal objetivo es la defensa del cielo estrellado, la difusión de la astronomía y la protección del cielo nocturno a través de proyectos de alumbrado inteligente. Se busca además utilizar el cielo estrellado nocturno protegido como un motor de economía sostenible. La fundación parte de la denominada Ley del Cielo, aprobada en Canarias en el año 1988, una norma pionera que supone una defensa integral contra la contaminación lumínica y otras contaminaciones. Y también de la declaración Starlight, redactada en el año 2003 y aprobada en 2007, en defensa del cielo oscuro como un patrimonio inmaterial de la humanidad y del derecho a la luz de las estrellas.

Hemos creado, además, un sistema internacional de certificación territorial de aquellos lugares que tienen un compromiso firme en defensa del cielo oscuro, con dos grandes conceptos: las reservas y los destinos turísticos Starlight. Una reserva es un área natural que mantiene casi intactas las condiciones del cielo, mientras que los destinos son aquellos lugares visitables para poder disfrutar de ese cielo, en los que se promueve un turismo de estrellas.

Son lugares con cielo oscuro a los que no se les exige la misma excelencia que a las reservas, pero sí un compromiso por limitar la luz emitida y por cambiar el alumbrado por otro más respetuoso con el medio. Se busca que ese turismo de estrellas sirva para promover el desarrollo local en esos lugares, que pertenecen siempre a espacios rurales. Es un tipo de turismo que obliga a pernoctar allí, por lo que deja bastantes recursos.

Da la impresión de que hay una preocupación creciente por la contaminación del aire o del agua, pero que la contaminación lumínica es la gran ignorada a pesar de que provoca efectos negativos en medio ambiente, más allá de los perjuicios sobre el paisaje o sobre las personas. ¿No es una prioridad?

La realidad es que estamos perdiendo un patrimonio de la humanidad. Desde siempre el ser humano ha observado el cielo y las estrellas, que fueron las referencias de nuestros navegantes y de nuestros historiadores, todas las civilizaciones se inspiraron en el cielo nocturno. Pero es que además de ese patrimonio de la humanidad en extinción, la ausencia de oscuridad nocturna supone la alteración de los hábitats, ecosistemas y especies, que se están viendo alteradas por la contaminación lumínica.

Está modificando migraciones, las relaciones entre predadores y presas, la morfología y la fisiología de muchos animales y plantas y está provocando su mortalidad. Además, la contaminación lumínica está asociada la emisiones de CO2 muy importantes para producir la energía necesaria para las iluminaciones y también para fabricar los materiales de los que se compone el alumbrado.

¿Cómo se combate esa contaminación lumínica?

Lo más positivo es que es un tipo de contaminación que se puede erradicar muy rápidamente, simplemente optando por alumbrar de forma inteligente. Siempre decimos que no se trata de apagar nuestras localidades, sino de iluminarlas de otro modo.

Pero hoy por hoy aún no hay ese compromiso y ese convencimiento en muchos lugares. La contaminación lumínica es la que más daño está haciendo a las especies en los parques naturales, donde quizá la calidad de aire es buena, pero donde tenemos contaminación lumínica de las poblaciones próxima. Es lo que puede estar pasando en las Islas Cíes con el alumbrado desorbitado e inexplicable de la Navidad.

¿Hay un riesgo real de que las Islas Cíes pierdan su certificación Starlight?

El riesgo es real, claro que es real. El alumbrado es equivalente a siete estadios de fútbol de primera división y está haciendo daño a una fauna que no puede esperar la que pase la Navidad.

¿Ha habido contactos en los últimos meses para intentar revertir la situación?

Hemos hablado con el director del Parque Nacional de las Islas Atlánticas y también con expertos gallegos de las universidades de Santiago y de Vigo. La realidad es que el Parque Nacional ha hecho sus deberes y es uno de los territorios Starlight que mejor ha trabajado en este sentido, tanto protegiéndose contra la contaminación lumínica como divulgando el turismo de estrellas.

Nosotros certificamos las Islas Cíes en su momento, después de reunirnos con representantes de la Consellería de Medio Ambiente y contando con una adhesión firmada por todos los ayuntamientos próximos. De forma excepcional, también el pleno del Parlamento de Galicia aprobó una declaración en defensa del cielo nocturno, aunque no lo habíamos exigido. Es decir, había un compromiso de alumbrar de forma sostenible, favoreciendo así el desarrollo de zonas rurales. Y esto puede estar siendo infringido. Evidentemente esto no era un contrato, sino un pacto, un compromiso, lo que para mí es más sagrado que un contrato, y este pacto debe cumplirse. Están poniendo en peligro la certificación y sería muy injusto para las Islas Cíes y para el Parque Nacional.

Más allá de lo que está pasando en Vigo, ¿cuál es el efecto sobre el cielo del incremento de la iluminación de navidad en muchas ciudades?

Hay cosas que no tienen valor económico. Y tú puedes argumentar: es que el alumbrado de Navidad genera más ingresos que lo que cuesta su instalación. ¿Pero quién recibe esos ingresos? ¿Están llegando a las zonas rurales? ¿Tiene precio la pérdida de los ecosistemas? A mí me duele mucho cuando escucho la frivolidad con la que se habla de este tema, poniendo por encima de todo unas cifras económicas de beneficios comerciales que son consecuencia de un alumbrado muy poco inteligente. Las ciudades tienen que ser solidarias con las zonas rurales.

Evidentemente a todos nos gusta la Navidad. La Red Española contra la Contaminación Lumínica y otras entidades están promoviendo el uso de LEDs más eficientes, no los LEDs que se utilizan en la actualidad. Pero habría que tener también una regulación: vamos a alumbrar en Navidad, pero la Navidad es diciembre, no noviembre. Vamos a alumbrar en Navidad, pero a medianoche vamos a apagar las luces, porque ya no hay gente en la calle. ¿Para qué ese despilfarro?

Este año, además, varias ciudades han seguido el ejemplo de Vigo, incrementando su gasto en luces...

Me parece muy negativo el efecto cadena que se está produciendo en el tema de las luces, un efecto que se produce cuando alguien hace algo que es interpretado como exitoso. Y ahora esa política se está contagiando a otras ciudades. Habría que crear un cordón sanitario alrededor para evitar que esto se extienda, para evitar que otras localidades hagan el mismo.

Sabemos que son unas fechas en las que los excesos son casi inevitables, pero competir entre unas ciudades y otras por ver cuál tiene más luz me parece un retroceso en los objetivos marcados en todo el planeta para reducir la contaminación y las emisiones. Nosotros en Canarias estamos trabajando para que la nueva Ley de lucha contra el cambio climático incluya la contaminación lumínica, y hay expertos en otros lugares intentando que allí también se recoja.

Se ha hablado mucho en los últimos años sobre el espectacular aumento del gasto del Ayuntamiento de Vigo en la iluminación y decoración navideña. La ciudad olívica pasó de destinar 400.000 euros en 2016 a rondar el pasado año el millón de euros (alrededor de 960.000). La cifra se ha visto incrementada en este 2019 en 225.000 euros, un ascenso justificado en la “desaceleración” económica.

Para bien o para mal, Vigo ha sido protagonista en los medios de comunicación de todo el Estado. Entre las declaraciones entusiastas de Abel Caballero (“Que sepan los alcaldes de Londres, Tokio, Nueva York, París y Berlín que vamos a ser el no va más. Que se preparen”), efectiva carne de meme, y los invocados beneficios para el comercio y la hostelería local, siempre difíciles de acreditar. Pero también entre las críticas de los movimientos sociales de la ciudad, que denuncian que esa inversión no se dedique a ayuda social (es la urbe gallega con menor gasto social) o a otras prioridades, alertando de que “hay una acción consciente por la que se tapan con las luces otras cuestiones más oscuras”.

En cualquier caso, parece que la política impulsada por el Ayuntamiento de Vigo ha cuajado en buena parte de las restantes ciudades y villas gallegas, que en este 2019 han incrementado notablemente el gasto en la iluminación y decoración de navidad. 

Vigo, con 1.085.000 euros, sigue liderando esta lista, tanto en términos absolutos como en función de la población de cada localidad, pero ciudades como Santiago, Ourense y Ferrol y villas como Narón, Ribeira, A Estrada, Ribadeo y O Barco han apostado también este año por aumentar de forma muy importante el desembolso en iluminación, hasta duplicarlo en algunos casos.

Después de Vigo aparece A Coruña, con un gasto muy inferior, a pesar de contar sólo con 50.000 habitantes menos. En la ciudad herculina se mantiene el mismo contrato de los dos últimos años, con un gasto anual aproximado de 335.000 euros. El contrato termina ahora y el próximo año el Gobierno municipal deberá decidir el tipo de inversión que quiere hacer en estas fechas. Hace falta destacar que la última navidad organizada por el popular Carlos Negreira como alcalde (en 2014) el gasto en luces fue de 560.000 euros.

La tercera ciudad con más gasto es Santiago de Compostela, que duplica la factura del ejercicio anterior (pasa de 101.000 a 215.000). En 2016 el gasto en la capital de Galicia era de apenas 45.375 euros. Aparece a continuación la ciudad de Ourense, también con un importante incremento (de 98.000 a 174.000, un 78%).

Lugo y Pontevedra son las únicas ciudades en las que el gasto en luces se reduce ligeramente este año, quedándose en 120.000 y 107.000 euros, respectivamente, cifras que también se incrementan desde los poco más de 40.000 euros que gastaban en el año 2016. En medio de las dos, aparece Ferrol, que igualmente aumenta su inversión de manera notable (de 77.000 a 101.000, un 44%). Entre las siete ciudades el gasto ronda este año los 2,2 millones de euros, más del doble del gasto que sumaban en la navidad de 2016, alrededor de un millón de euros.

Sin embargo, no son únicamente las siete ciudades gallegas las que han decidido este año priorizar el gasto en la iluminación navideña sobre otras partidas. Municipios de todos los tamaños han aumentado de forma general sus aportaciones. Narón (82.400 euros) y Vilagarcía (alrededor de 70.000, en un contrato de 95.000 euros que incluye las luces de las fiestas de Santa Rita y San Roque) se sitúan cerca de los gastos de las grandes ciudades, con incrementos en el último año del 27% y del 17%, respectivamente. Más llamativo todavía ha sido el aumento decidido por el Ayuntamiento de Ribeira, que pasa este año de 68.000 a 90.000 euros (+32%).

Otras localidades también han elevado la partida dedicada a luces. Es el caso de Culleredo (49.000 euros, con un aumento del 10%), de A Estrada (pasa de menos de 30.000 a 40.000, un aumento del 33%), de O Barco de Valdeorras (pasa de 10.000 a 18.000 euros, un incremento del 80%) o de Ribadeo (pasa de 13.500 a 23.900). Carballo (57.523 euros), Cambre (37.000), Porto do Son (30.000), Arteixo (24.000) o Verín (22.000) suman igualmente importantes cantidades, que en general crecen con respecto al año anterior.

El caso de Oleiros

En el otro extremo está Oleiros. El ayuntamiento anexo a A Coruña, con más de 35.000 habitantes, no dedica ni un solo euro a la iluminación de navidad, una decisión que el Gobierno municipal mantiene desde hace años. El alcalde, Ángel García Seoane, Gelo, ha defendido en numerosas ocasiones esta decisión, incluso criticando a los gobiernos locales que optan por un gasto importante. “Yo no estoy por tirar el dinero como ha hecho el alcalde de Vigo”, dice el regidor, que explica que Oleiros consta de muchos núcleos de población y concluye que “el ayuntamiento no va a malgastar el dinero en un sitio y dejar a los demás sin iluminación”. “¿Qué es más importante? ¿Mera? ¿Santa Cruz? ¿Rialta? ¿Os Regos? Aquí todos los núcleos son importantes”, añade.

En Oleiros las luces de navidad son contratadas o realizadas de forma directa por asociaciones de vecinos o de comerciantes, dejando posteriormente el Ayuntamiento que se conecten a la toma municipal de electricidad. El gasto público, por lo tanto, se limita al mayor consumo de energía generado por las decoraciones.

El edificio de A Patiña, en la localidad coruñesa de Cambre, fue construido por la inmobiliaria Fadesa en 1997 y un acuerdo con la Xunta garantizó que las casas, de protección oficial, serían alquiladas por un período de veinte años por un precio reducido. Durante la crisis económica Fadesa le vendió el edificio al Banco Santander, que respetó hasta el 2017 el carácter social de los inmuebles. Sin embargo, ya desde el año 2016 los 50 vecinos y vecinas del edificio empezaron a denunciar que Altamira, inmobiliaria del Santander, había comenzado a desatender el mantenimiento del edificio y había decidido no renovar los contratos de alquiler que se iban terminando. Concluía el período en el que las viviendas debían seguir siendo de carácter social y crecían los rumores sobre una venta de la urbanización a un fondo buitre.

El pasado año la movilización de los vecinos y vecinas, que contó con un importante apoyo en toda la localidad, consiguió que el Gobierno gallego se comprometiera a mediar en la situación, especialmente grave para algunas personas con escasos recursos o en paro. El delegado provincial de la Xunta, Ovidio Rodeiro, y el director general del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, informaron de que la inmobiliaria estaba en su derecho de vender las viviendas, pero que había garantizado que los contratos se prorrogarían durante tres años más.

Además, la empresa prometió que no se llevaría a cabo ningún lanzamiento de inquilinos que se encontraran en situación de vulnerabilidad, aunque hubiera impagos del alquiler. Asimismo, en el marco de la campaña electoral de las elecciones municipales, todos los partidos a nivel local expresaron su apoyo y el Ayuntamiento se comprometió a contar con 112 nuevas viviendas de protección oficial.

Sin embargo, en marzo de este año llegó la noticia de que el edificio había sido vendido a una sociedad de capital riesgo (una de las conocidas como fondo buitre), Haya Real Estate S.A.U. Ya en los meses anteriores se habían repetido los incumplimientos de la empresa propietaria en materia de mantenimiento. Los vecinos y vecinas denunciaban que había electrodomésticos como neveras o calderas que llevaban meses sin funcionar y escaleras de zonas comunes que carecían de iluminación desde hacía tiempo. Además, subrayaban que no se había cumplido la promesa de renovar los contratos durante tres años, y que sólo había sido renovado el de una de las familias.

El temor provocado por la venta a Haya Real Estate, una comercializadora especializada en la venta de inmuebles propiedad de bancos, se certificó en las últimas semanas, cuando un gran número de vecinos y vecinas empezaron a recibir notificaciones en las que se les informaba de que el precio de sus alquileres iba a ser incrementado. En algunos casos la subida es del 50%, pasando los pisos de una sola habitación de 200 a 300 euros de forma inmediata.

Para muchas de estas familias la subida es inasumible, ya que por lo general se trata de personas con recursos económicos limitados. Explican, por ejemplo, que una mujer que cobra una pensión de 600 euros y que ya gasta todos los meses casi 200 en facturas de luz, agua, gas y teléfono, tendrá que pagar ahora 300 euros sólo en el alquiler, por lo que únicamente le quedarán 100 euros para su sustento mensual.

La agrupación local de Esquerda Unida denuncia “estas prácticas propias de los fondos buitre” y critica la “dejación de responsabilidades” de las distintas administraciones. “No es necesario expulsar a nadie de su casa, con obligarle a asumir un alquiler desproporcionado para renovar el contrato ya se está obligando a salir de la vivienda a través de medidas desalmadas”, señala la formación.

Entre los referentes históricos del nacionalismo gallego, pocos sobresalen más que Alexandre Bóveda. No solo por su determinante papel en la conformación del Partido Galeguista durante la Segunda República o por ser una figura clave en la redacción del Estatuto de Autonomía aprobado en referéndum en junio de 1936, sino también por su trágico final, asesinado por los franquistas el 17 de agosto del 36, fecha que hoy se conmemora como Día da Galiza Mártir (Día de la Galicia Mártir), en la que se homenajea a todas las víctimas de la dictadura en la comunidad.

El 13 de agosto Alexandre Bóveda fue juzgado y condenado a muerte, acusado de traición, y cuatro días más tarde fue fusilado en A Caeira (Poio). Aquel juicio se celebró en el actual salón de plenos de la Diputación Provincial de Pontevedra. Ese mismo lugar sirvió este sábado para hacer oficial la incorporación de los descendientes de Bóveda a la querella argentina contra los crímenes del franquismo abierta en el año 2010 por la jueza María Servini.

La adhesión oficial tuvo lugar en un acto institucional abierto al público, en el que participaron Amalia Bóveda (hija del político galleguista) y Valentín García Bóveda (nieto), en el marco de las jornadas de memoria histórica 'En la Lucha contra la impunidad', organizadas por la Diputación. En el acto también se incorporó a la querella la familia de Amancio Caamaño, asesinado junto a Bóveda y que llegó a ser presidente de la Diputación de Pontevedra. E, igualmente, también lo hicieron los descendientes del impresor Ramiro Paz, fusilado en A Caeira el 12 de noviembre de 1936, y que fue presidente de la Federación Provincial Socialista de Pontevedra.

En el mismo salón donde su padre fue condenado a muerte, Amalia Bóveda sentenció: “Aquí el futuro nos fue robado, aquí el presente comienza a reclamarlo”.

Unas palabras que fueron completadas por Valentín García Bóveda, que subrayó que “la memoria es patrimonio cultural y está protegido por el artículo 44 de la Constitución”, un artículo “que se incumple taxativamente al dejar de financiar políticas de Memoria Histórica o cuando nos niegan el derecho a la recuperación de los restos de familiares”. Valentín García Bóveda afirmó también que, de haber habido un mayor trabajo para la reparación de la memoria histórica, no estaríamos viendo cómo “el discurso de los verdugos” llega al Congreso.

Por su lado, Begoña Caamaño denunció que “ningún gobierno en la democracia tuvo la valentía de anular las sentencias de los y de las condenadas por el franquismo” y criticó que se haya permitido “que ese franquismo quedara incrustado en la sociedad y en la administración española”. Finalmente, la familia de Ramiro Paz expresó que “estamos aquí porque hay que estar, por nuestro abuelo y por nuestro padre, que luchó toda la vida contra esta injusticia”.

La vía judicial que emprenden ahora las tres familias cuenta con el apoyo de la Diputación de Pontevedra, que se convierte en la primera institución pública gallega que respalda la vía judicial contra los delitos cometidos durante la dictadura. El objetivo del ente provincial es animar a otras familias de víctimas a apostar por la vía judicial para el no olvido y el reconocimiento de la justicia, la verdad y la reparación para la no repetición de los crímenes cometidos“.

La diputada provincial de Memoria Histórica, María Ortega, señaló por su parte que “no queda más remedio que seguir haciendo presión desde las instituciones y la sociedad. Aun hoy los juzgados españoles ponen trabas y hay que esperar pronunciamentos de la justicia argentina e internacional”.

Las jornadas convirtieron el salón de plenos en un acto de desagravio para las víctimas del franquismo. En ellas participaron los abogados de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo (CeaQua), Jacinto Lara y Paloma García. También estuvo su contacto en Galicia, Jana Calero (representante del grupo Avogados Novos), y el luchador antifranquista Chato Galante, uno de los impulsores de la querella.

Todos ellos y ellas explicaron cómo las familias de las víctimas gallegas pueden proceder para adherirse a la causa judicial argentina, o bien para presentar una querella individual. En este sentido, se expusieron ejemplos sobre algunos casos concretos, como el de Galante, o también el de Miguel Ángel Gómez, ambos querellantes contra Billy El Niño.

Desde la primera semana de este curso empezó a llegar a los centros de enseñanza de todo el Estado propaganda enviada por la asociación ultraconservadora HazteOír. Se trata de cartas, folletos y panfletos que cuestionan la realidad LGBTIQ+ y la enseñanza que, siguiendo la legislación, fomenta la diversidad, la igualdad y la tolerancia. En esos documentos se demanda, además, la aplicación del denominado Pin Parental, es decir, la exigencia de una “autorización expresa” por parte de los padres y madres antes de impartir cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones socialmente controvertidas o sobre la sexualidad.

La situación ha sido denunciada por entidades LGBT, como la Asociación Nós Mesmas y por la FELGTB en su conjunto, la federación estatal de asociaciones LGBT. Lo hizo también la Red Educativa de Apoyo LGBTIQ+ de Galicia, una entidad de reciente creación que agrupa a 160 maestros y maestras gallegas. La Red, con integrantes en 98 centros de enseñanza de toda Galicia, señala que la propaganda ha llegado a casi todos ellos, dirigida al director o directora del centro. Se calcula que HazteOír, que en los últimos comicios hizo campaña a favor de VOX, ha enviado su propaganda a 23.000 centros de todo el Estado, a las Direcciones de los mismos, a profesorado concreto y también a las ampas.

Además de denunciarlo públicamente, la Red Educativa de Apoyo LGBTIQ+ acaba de remitir una carta de protesta a la consejera de Educación de la Xunta, Carmen Pomar, y también a la Valedora do Pobo. En estos envíos, la Red denuncia que la campaña de HazteOír “atenta contra los derechos fundamentales de las personas, el derecho a la educación y la libertad de la enseñanza, fomenta odio hacia las personas y familias LGBTIQ+, incumpliendo tanto la vigente ley educativa como las leyes en materia de Igualdad y Diversidad y, por lo tanto, pueden incurrir en un delito de odio”.

En esta carta, la Red le exige a la Consellería “un posicionamiento público y firme” contra la campaña de HazteOír, “a través de un comunicado que llegue a todas las comunidades educativas gallegas, así como a las familias, anpas y escuelas de familias”. 

La entidad recuerda “el derecho del alumnado a recibir formación en valores que apelen a la convivencia, a la tolerancia y a la no discriminación por cuestiones de identidad de género u orientación sexual”, un derecho presente tanto en la LOMCE, en los currículos de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, y en la Ley por la Igualdad de Trato y la no Discriminación de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales en Galicia aprobada en el año 2014.

Esta norma prevé la inclusión de la realidad LGBTI en los planes de estudios, la formación del personal docente en esta cuestión y la divulgación de la realidad LGBTI entre las ampas. Además, se señala que la Xunta fomentará la realización de actividades dirigidas a la comunidad escolar para la prevención de actitudes y comportamientos discriminatorios por la orientación sexual o la identidad de género. Y que se establecerán actuaciones para combatir el acoso escolar por esta razón.

La Red Educativa de Apoyo LGBTIQ+ le solicitó ya en septiembre este pronunciamiento a la Xunta, demandando además que la Consellería instara a los equipos directivos de los centros de enseñanza “a retirar la propaganda falaz y anticonstitucional de Hazte Oir con la mayor diligencia posible, y así garantizar la legalidad vigente educativa en Galicia”. Sin embargo, desde entonces nada se hizo, lo que obligó al colectivo a redoblar sus denuncias.

Ana Ojea, una de las portavoces de la Red, alerta de que la propaganda puede tener efectos muy perjudiciales sobre los chicos y chicas del colectivo LGBT, que en muchas ocasiones ya están sufriendo situaciones de acoso o estados de depresión. “La realidad del acoso escolar LGBTfóbico está muy presente, un acoso que está siendo especialmente agresivo en el caso del alumnado trans”, señala Ojea, que recuerda que hace tan sólo dos semanas se produjo un nuevo suicidio de una chica trans en Valencia. 

“Se siguen escuchando insultos por los pasillos: maricón, bollera... Y hay mucho alumnado sufriendo”, dice. “Esta situación hace muy necesario nuestro trabajo por la igualdad y la diversidad”, añade. “Uno de los grandes problemas es la invisibilización, situaciones de acoso que son ignoradas por la mayoría y que quedan ocultadas. Esto dificulta la vida del alumnado y del profesorado LGBT”, señala.

Comenta que “el trabajo por la diversidad está empezando a desarrollarse en los centros educativos de todo el Estado sólo desde hace dos o tres años. Antes había únicamente algunas experiencias aisladas. En el momento en que comenzamos a trabajar en serio este tema, vemos como la incorporación de alumnado y profesorado es masiva y está teniendo una muy buena respuesta”. Y subraya: “al igual que está pasando en otros ámbitos, la ultraderecha está asustada, viendo como se están produciendo avances sociales, en diversidad y en igualdad, que no quieren que existan”.

La Red

La Red Educativa de Apoyo LGBTIQ+ de Galicia se formó en las primeras semanas de este curso académico, y tuvo en octubre su primera reunión. Agrupa a 160 maestros y maestras de 98 centros, la mayor parte públicos. “Somos un grupo de docentes que quisimos juntarnos a nivel gallego para trabajar estos temas”, explica Ana Ojea, que añade que hay también algunos orientadores y orientadoras, que pueden desarrollar programas de atención a la diversidad, y también educadores de formación no regladas (cursos, talleres).

Explica que “en general somos personas que queríamos trabajar en cuestiones de diversidad. Muchas hacía tiempo que querían trabajar en este campo pero sentían que necesitaban formación para hacerlo”. “Por eso compartimos recursos y materiales didácticos, pero la Red es también un foro de unión, en el que ponemos problemas en común”, dice. “Por ejemplo, en los claustros hay profesorado y equipos directivos lgbtfóbicos que buscan frenar todas las iniciativas de avance”, advierte.

La Red recuerda que 3 de cada 100 alumnos y alumnas de enseñanza secundaria ha sufrido agresiones verbales por “parecer” LGBT y que 1 de cada 100 ha sufrido agresiones físicas por el mismo motivo. Y que, según el mismo estudio, el 60,5% del alumnado no se siente “totalmente protegido” por el profesorado.

¿Qué papel cumple el profesorado para luchar contra el acoso y apoyar al alumnado LGBT? “Tiene que ser un papel activo, dejar ya de lado la pasividad, la falsa neutralidad y el mirar para otro lado, justificándose en que 'son sólo cosas de niños”, dice Ana Ojea. “Tenemos que ser consciente de que el acoso dificulta la vida de un número cada vez más alto de chicos y chicas, porque cada vez se visibilizan más”, afirma. 

“Tenemos que intervenir. Intervenir significa frenar las situaciones de acoso cuando somos testigos, aplicar protocolos cuando hay casos evidentes de acoso escolar LGBTfóbico. Y también la visibilidad: desde que existe el activismo LGBT sabemos que nuestro mayor peligro es la invisibilización, el no hablar del tema”, concluye.

En este sentido, añade que “no le podemos pedir que se visibilice al alumnado -que a veces tiene problemáticas familiares duras- si el profesorado LGBT no se visibiliza antes, si no habla del tema abiertamente. Sobre todo el profesorado estable, que tiene una plaza fija. Tenemos que ser un poco valientes y dar un paso al frente”, añade.

Agresión en Carballo a dos chicas por besarse

Las advertencias de la Red Educativa de Apoyo LGBTIQ+ de Galicia coincide en el tiempo con la salida a la luz de una presunta agresión homófoba sufrida hace dos semanas por dos chicas de 16 y 17 años mientras se besaban en un parque de Carballo, en la provincia de A Coruña. Según ha informado La Voz de Galicia, tres chicos también menores de edad se acercaron a las jóvenes y comenzaron a insultarlas, momento en el que ellas intentaron escaparse.

Según la información que ha trascendido, los presuntos agresores las siguieron y acabaron por golpearlas, una paliza que les provocó hematomas en todo el cuerpo, en un ojo e incluso un corte en un labio. Ambas fueron atendidas en un centro médico, pero no presentaron denuncia “por miedo a represalias” y porque sus familias desconocen su orientación sexual.

Imágenes del estado de las jóvenes después de la paliza comenzaron a ser compartidas en las redes sociales por un conocido de las jóvenes. En caso de llegar a la vía judicial, la agresión encajaría en un delito de odio al tener su origen en la orientación sexual de las víctimas

Los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago mantienen desde este martes una huelga indefinida para protestar contra las “pésimas condiciones” que denuncian sufrir, comenzando por una “abusiva carga horaria” y “actitudes despectivas y faltas de respeto hacia el alumnado”. Además, critican una “situación de desventaja en la obtención de becas o de una plaza MIR frente a estudiantes de otras facultades”.

En los últimos días, las alumnas y alumnos han realizado concentaciones, asambleas y encierros en la facultad, vestidas con ropas negras y llenando el edificio de carteles y pancartas que recogen sus denuncias y reivindicaciones. En los últimos días, además, han recibido el apoyo de investigadores y docentes de diversos campos, así como la solidaridad de los estudiantes de otras facultades, así como de sindicatos y partidos políticos.

La Asamblea Aberta, organizadora de la protesta, denuncia que “los defectos del plan del grado en Medicina llevan al alumnado a considerar el abandono de la carrera” y critican “el caso omiso a lo largo de los años por parte de las autoridades de la facultad ante las críticas y peticiones del alumnado relacionadas con el caótico funcionamiento de la institución”.

Entre otras cosas, critican que tienen “una media de 40 horas de clase semanales, encontrándose con incompatibilidad para asistir a las lecciones de las diferentes materias”. Señalan que esto hace que les sea “imposible compatibilizar las horas de clase con la realización de otras actividades”, tanto formativas (estudio de lenguas, asistencia a conferencias, voluntariado...), como deportivas o familiares y de tipo social.

Asimismo, afirman sufrir “actitudes despectivas y faltas de respeto por parte del colectivo docente”, así como “la ausencia de los profesores en numerosas clases que luego se ven en el deber de aplazar, e incluso en exámenes oficiales”. Además, critican la exigencia de obtener un 7 para superar algunas pruebas, equivaliendo esta puntuación a un 5 en el expediente académico. Señalan que “esto supone un handicap en el momento de la adjudicación de plazas de la prueba MIR, así como para la consecución de una beca”.

Subrayan, igualmente, que el número de prácticas es “insuficiente” o que reciben una orientación deficiente en estas materias. Hablan también de equipación y materiales no idóneos (enchufes, banco de huesos...) para esas clases. Finalmente, alertan de la imposibilidad de realizar los exámenes en gallego en varias de las asignaturas.

Las y los estudiantes han llenado la Facultad de pancartas y carteles en los que se pueden leer algunas de sus demandas y denuncias. E, igualmente, mensajes como “Luchamos hoy por la sanidad de mañana”, “Un mecánico vale lo mismo que un médico”, “Más formación en medicina social” o “Si no miran por nosotros, ¿cómo vamos a cuidar de la gente?”.

La Asamblea Abierta realizó además una encuesta anónima entre el alumnado, llegando a 769 personas, y califica los números obtenidos cómo “preocupantes”. Según esa encuesta, apenas el 15,7% de los estudiantes afirma asistir a todas las horas de clase programadas en su horario. Entre los motivos de ausencia destaca el 75,2% que alega sensación de “poco aprovechamiento de la docencia”. Asimismo, el 49,5% del alumnado valoró el abandono de la carrera por agotamiento y el 68% refiere haber sufrido por lo menos un ataque de ansiedad desencadenado por los estudios.

La pasada semana Áurea Soto, ex-concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Ourense por el PSOE, quedó libre de la última de las causas judiciales que en los últimos años habían pesado contra ella, acusaciones e imputaciones que partieron de denuncias presentadas por promotores inmobiliarios o por el grupo del actual alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome.

Fueron en total siete imputaciones y tres juicios. Y tras la apertura de juicio oral en el caso de la Plaza de San Antonio se vio obligada a abandonar el cargo de concejala de Urbanismo. Soto, que fue absuelta de todas ellas, cree que en estos procesos hubo una “cacería” contra ella y contra los gobiernos municipales de Ourense entre 2007 y 2015, señalando que los controles que esos ejecutivos establecieron en el urbanismo de la ciudad provocaron “irritación” en ciertas personas y grupos. Reconoce, finalmente, que el momento más duro de los vivvidos en los últimos años fue la detención del exalcalde Francisco Rodríguez en el año 2012, en el marco de la Operación Pokémon.

En estos años la ex-concejala socialista también pasó a la ofensiva, impulsando una querella contra el popular Manuel Cabezas (alcalde de Ourense entre 1995 y 2007) por dejar de exigir a varios proyectos urbanísticos el 10% del aprovechamiento, como exigía la ley, lo que tuvo como consecuencia una pérdida de unos 1,7 millones de euros para las arcas municipales, como dejó reflejado en su momento el Consejo de Cuentas. Hablamos con ella.

¿Cómo ha recibido la noticia de que finalmente quedaba también liberada de responsabilidades en esta última causa?

Esto no es sólo un día, ha sido un proceso, muchos años muy duros, primero con el trabajo en el Gobierno municipal durante ocho años, un trabajo excepcionalmente intenso en el ámbito del control urbanístico. Siempre digo que Ourense es muy peculiar en este sentido, porque en el interior hay menos fiscalización, hay menos gente mirando.

¿Cuál ha sido el momento más difícil en estos años?

Muy poco después de las elecciones de 2011, en las que revalidamos el Gobierno municipal y obtuvimos un gran resultado, tuvo lugar la detención del alcalde Francisco Rodríguez por la acción de la jueza Pilar de Lara. Ese momento fue muy duro, pero decidimos seguir trabajando y defendiendo un proyecto y un programa para el cual habíamos sido elegidos. Y al mismo tiempo defendiéndonos de un proceso judicial y defendiéndonos también en el pleno municipal de personajes como Pérez Jácome. El acoso se fue cerrando sobre nosotros, pero intentamos dejar todos los controles muy asegurados para que en el caso de perder el Gobierno municipal no les resultara fácil deshacerlo y volver a las andadas. Por eso era tan importante dejar aprobado el nuevo Plan General. Y aguantamos, mantuvimos la dignidad.

¿En el proceso vivido fue importante el apoyo personal recibido?

Las relaciones personales son lo que sostiene todo, sobre todo en los momentos difíciles. Nos dimos mucho apoyo todas las personas que estábamos en el gobierno, tanto del PSOE como del BNG. Y también fue muy buena la respuesta que dio la gente de Ourense en Común en estos últimos años. Nosotros aguantamos porque sabíamos que iba a haber una presión muy grande contra el Gobierno. Estábamos preparados para muchas cosas, pero seguramente no pensábamos que llegaría a este nivel. Hemos resistido gracias al excepcional trabajo de nuestros abogados. Y hemos aguantado también porque estábamos legitimados por las urnas.

¿Cómo era el urbanismo en Ourense en 2007, cuando llega al Gobierno?

Pues como era en casi todo el Estado, porque esto no sólo pasó en Ourense. Y, de hecho, Ourense no era de los lugares con mayor dinamismo o en los que se movía más dinero, pero era de los menos fiscalizados. El urbanismo en Ourense era el producto de una liberalización absoluta del suelo. La ley de 1998 determinaba que todo el suelo, per se, era urbanizable. Sólo la modificación de la Ley del Suelo hecha por Zapatero obligó a justificar los usos del suelo para su urbanización. A esto se unió una facilidad para conseguir créditos, con un interés que era casi cero. Eso convirtió el urbanismo en una feria, desapareciendo el interés público, y al final la burbuja estalló. En definitiva, era una feria sin control y sin expectativa de que nadie la controlara. Y en ese momento entramos nosotros y cortamos todo eso.

¿No se les perdonó que establecieran esos controles?

Nosotros, nada más entrar, cortamos esa situación, contra la que ya llevábamos batallando desde el 2003, en la oposición. Todo esto, evidentemente, generó una gran irritación en mucha gente y cuando tú les tocas algo que consideran que les pertenece, aunque no lo sea, van con todo contra ti.

¿Cómo está la querella contra Cabezas por el caso del 10%?

El tema del 10% es una querella que interpuse yo en ese momento porque sabía que esto iba a volver ocurrir de inmediato y había que pararlo y, además, porque legalmente estaba obligada a hacerlo. La instrucción, en manos del juez Leonardo Álvarez, fue muy lenta y acabó archivándose. Nosotros recurrimos y por otra querella que presentamos Álvarez tuvo que apartarse de la causa y la Audiencia reabrió el caso. Con el fiscal jefe Florentino Delgado también iba muy lento el proceso, hasta que la abogada Elena Díaz lo denunció por abuso de poder. Ahora, sin Florentino Delgado en la Fiscalía, creemos que sí, que irá a juicio, y ahí ya no sé como saldrán las cosas. Ya llegar hasta aquí ha sido un esfuerzo titánico, un milagro, pues lo normal era que esto hubiese quedado bloqueado hace ya tiempo.

¿Cómo ve la política ourensana en la actualidad, después de la llegada a la Alcaldía de Pérez Jácome?

Siempre digo que soy la persona que está menos molesta con la nueva situación política en Ourense, y todo el mundo se queda perplejo cuando lo digo. Me refiero a que Jácome siempre fue así, ya sabíamos que estaba dispuesto a gobernar con el PP de Baltar, que era de ahí de donde venía. Nosotros lo sufrimos durante años, especialmente después de la actuación de Pilar de Lara contra Paco, y cada vez que Jácome decía una barbaridad el los plenos en vez de ser criticado era celebrado. Lo que me da una cierta tranquilidad es que ahora todo el mundo ve como es, como actúa, quienes son sus aliados, y se ve que siempre tuvimos razón sobre él.

¿En sus planes está el regreso a la política activa?

No te voy a contestar a eso, porque es lo que cierta gente esperaría que contestara. Aún no lo sé, pero lo que es seguro es que en las listas del PSdeG-PSOE para las próximas municipales va a haber gente muy válida y se va a conformar un equipo muy potente. Hay ya gente muy buena en el grupo municipal, y tiene que haber más. Y lo mismo digo sobre el BNG o Ourense en Común. Y hay que hacerlo muy bien, porque el trabajo es muy duro.