“We live in a populist moment”. Así es como empieza el texto de presentación de un movimiento decidido a influir en el partido demócrata de los EE.UU para que se adapte a este nuevo momento en el que dicen estar viviendo. Su objetivo es que los demócratas sean más sensibles a las preocupaciones de los ciudadanos, elaborando propuestas orientadas a paliar las desigualdades que alarmantemente se acrecientan más allá del río Bravo -sobretodo en las zonas suburbanas- y revistiendo el núcleo ideológico del partido de una mayor conciencia social. Esto es, se trata de acercarlo a la cotidianidad de una manera creíble y, sobre todo, comprensible. Este grupo de interés, el Populist Majority, pretende situarse en el polo opuesto del Tea Party pero desmarcándose del maniqueísmo y de los discursos incendiarios de baja estofa que tanta cancha han dado a la facción situada a la derecha de los republicanos. La idea subyacente es no regalar el campo de acción política “populista” al partido del elefante.

No es una iniciativa novedosa. En el seno del Labour británico se emprendió también una campaña similar a la americana para tornar el partido de Miliband en una alternativa más atractiva al votante tradicional socialdemócrata -muchos de los cuales hoy reniegan del partido que cambió el país bajo el gobierno de Atlee, Bevan y la influencia de Beveridge. ¿Es imprescindible abrazar el populismo para que los partidos progresistas puedan llegar a tener alguna opción de éxito electoral? Lo cierto es que en cada contexto este ‘momento populista’ ha afectado al sistema de partidos de una manera distinta. Sin embargo, sí que existe una fuerte corriente de fondo en la Unión Europea, y ahora también en los EE.UU. Determinar qué es y qué no es populismo forma parte de la confrontación política actual, partiendo de la base, eso sí, de que ya ha adquirido un uso social generalizado.

En España, el curso 2014-2015 promete, quizá demasiado. Si en el curso anterior pocos esperaban la exitosa cristalización en candidaturas electorales de la ebullición social bautizada con el nombre de “15-M” (para simplificar), este curso pocos no esperan que su irrupción afecte y condicione cualquier acontecimiento político. Yendo al hueso, el último barómetro del CIS otorga a Podemos un 15,3% de estimación de voto, siendo esta joven formación la tercera opción política de la ciudadanía española.

Mientras que en el Reino Unido y en EE.UU laboristas y demócratas están siendo sacudidos por movimientos que pretenden orientarlos hacia un perfil más populista, el PSOE ha perdido cualquier opción en este sentido y los ciudadanos parece que ya han escogido un nuevo vehículo para hacer visible su indignación. Podemos, anticipándose, parece ganarle la partida y pretende configurar el espacio donde puedan llegar a confluir ‘prácticas de corte populista’ y devenir alternativa real de gobierno.

Acusados de demagogia, populismo, utopismo, incitación a la rebelión, amistades peligrosas… Eppur si muove. Y se mueve hacia arriba, partiendo (como ellos se esmeran en recordar) siempre desde abajo.

Con toda la intención, Íñigo Errejón -responsable de campaña de Podemos el pasado mayo- recientemente decía en televisión que los ciudadanos no van a seguir resignados a votar lo de siempre, sino que el éxito electoral de un partido va a depender de que sea capaz de seducir. El mismo Errejón a menudo señala que la confrontación política se libra en el campo del lenguaje, en la capacidad de imponer a través de la acción comunicativa un conjunto de valores que marquen los vértices de un marco conceptual que responda a un interés concreto. El momento político español actual sería un momento complejo en el que ya no bastaría con articular los acontecimientos, hay que narrarlos y hay que narrarlos de una manera seductora. Hay que situarse pues en el contexto de una lucha en el campo ideológico y cultural -de una ‘guerra de posiciones’. Del bipartidismo del patriotismo constitucional mal entendido, al patriotismo de raíz popular anti-casta, esa es la dialéctica que proponen. Podemos se presenta así como el mañana pero hoy, mientras que el bipartidismo sería el hoy pero ayer.

Destruir es siempre mucho más espectacular que construir y movimientos como Podemos son conscientes de ello. El riesgo de que el dominio de la retórica que desmesuradamente exponen devenga en sofistería es demasiado elevado como para no sospechar que después de rascar en el contenido concreto de sus propuestas no haya nada. De ahí, quizá, su obsesión por presentar baterías de ellas, moviéndose muchas entre la fina línea que separa lo factible de lo ingenuo considerando el contexto institucional actual.

En conclusión, en la cultura política española el populismo como concepto no describe nada, sino que juzga. Probablemente tan sólo sea otro lugar común en el que verter miedo ante aquellos que aparentan ir contra lo establecido. Pero al mismo tiempo el populismo es ya lo establecido. Puede ser que en pocos años Podemos no sea más que un caso de estudio en las facultades de ciencias políticas por aquello del “what easy comes, easy goes”. De momento, es un actor cierto que incide en lo real. Tal vez no más (¡ni menos!) que una construcción estética, pero su atractivo relato dibuja nuestro particular ‘momento populista’.

En los envejecidos Estados europeos, especialmente en aquellos que tienen o tuvieron un Estado de bienestar desarrollado, hay un conflicto distributivo intergeneracional. Conflicto que se hace especialmente visible desde 2008 y que se manifiesta principalmente en estos dos aspectos, mercado de trabajo y gasto social.

En primer lugar, es un conflicto que afecta el mercado de trabajo, donde la división insider-outsider se ha visto muy acentuada y donde las tasas de paro juvenil se han disparado alarmantemente; evidenciando la vulnerabilidad de este colectivo ante ciclos económicos adversos. Según Eurostat, en la UE-28 los jóvenes desempleados entre 20 y 29 años, colectivo casi netamente outsider, en 2007 eran 5.1 millones (10.9%) y en 2013, 7.9 millones (17.6%). En España, en 2007 eran 572.700 (11.4%) jóvenes desempleados mientras que en 2013 fueron 1.536.300 (40.6%). La diferencia de más de 20 puntos en la tasa de paro juvenil entre la media de los Estados miembro y España, Croacia, Grecia o Italia marca una clara brecha entre cómo ha afectado el periodo de crisis sobre los jóvenes en el norte y el sur de la Unión.

En segundo lugar, es un conflicto que también se expresa en el desigual reparto del gasto social entre generaciones. El gasto orientado a tercera edad (pensiones, cuidado social…) es sustancial y desproporcionadamente mayor que el gasto orientado a la juventud (educación, políticas activas de empleo, ayudas a familias…). Diez países de los 28 analizados gastan cinco veces más en un ciudadano anciano que en uno joven, con datos de la OCDE usando como indicador el Índice de Justicia Intergeneracional (IJI).

En conclusión, los jóvenes somos los perdedores del reparto de recursos y del gasto social en la Unión Europea; y esta situación en un contexto de oportunidades limitadas (tasas de desempleo juvenil sin precedentes, sobretodo en el sur) tiene un impacto directo sobre lamovilidad social. La misma concepción de progreso está en cuestión.

Así las cosas, una de las pocas propuestas centrada en la juventud, en conjunción con la actual situación económica y social, ha sido el lanzamiento de la Youth Guarantee (Garantía Juvenil). Tras meses de presión por parte de organizaciones juveniles y sociedad civil, y posicionamientos del Consejo y de la Comisión Europea, en abril de 2013 el Consejo de la Unión Europea emitió una Recomendación para el establecimiento de la Garantía Juvenil; para hacer real el derecho de los jóvenes a un empleo digno y de calidad así como para prevenirel riesgo de exclusión social. Aunque una recomendación del Consejo no es vinculante, su peso político es estratégico en un momento en el que, como muestra el gráfico, los efectos de la crisis han recaído con tanta vehemencia sobre la juventud del sur de Europa.

En este contexto, deviene clave el compromiso firme de garantizar que todos los jóvenes menores de 25 años que pierdan su trabajo o no lo encuentren al acabar sus estudios formales (es decir, que ni estudien ni trabajen) reciban una oferta laboral de calidad, de educación continuada, unas prácticas o formación en un margen de 4 meses. Siguiendo el modelo ya existente en Dinamarca, Suecia y Finlandia, la Garantía Juvenil pretende dar respuesta al desempleo de larga duración entre los jóvenes mediante la coordinación de los servicios públicos de empleo (PES por sus siglas en Inglés), los proveedores de educación y de formación profesional. En particular, y como el Youth Forum Jeunesse (YFJ) destaca, el paro de larga duración ha crecido un 3,7% entre la población joven desde 2008, mientras que para la población adulta este incremento ha sido sólo del 1,8%. Pero la Garantía Juvenil no pretende ser una medida que posibilite enmascarar datos de paro juvenil mediante la colocación de los jóvenes en empleos o prácticas precarias; antes al contrario, el modelo escandinavo contempla que los PES diseñen planes de desarrollo personalizados para cada persona que se acoja a la garantía juvenil, que permitan emparejar el empleo o prácticas ofrecidas a sus necesidades, habilidades, nivel y campo de estudios y experiencia profesional.

Sin embargo, a grandes oportunidades, grandes frustraciones. Como ya ha señalado el YFJ, los fondos destinados a la Garantía Juvenil son insuficientes. La Organización Mundial del Trabajo (ILO por sus siglas en Inglés) estimó en 2012 que la puesta en marcha de este sistema necesitaría de 16.600 milloes de €, y 4.300 millones adicionales para la contratación de personal en los PES para su correcta implementación. En total, 21.000 millones, que como el YFJ señala, supondría el 0,5% del presupuesto de la Eurozona. Por el momento, en el marco de financiamiento multi-anual de la UE para 2014-2020, los Estados miembro decidieron destinar 6.000 millones bajo la llamada ‘Iniciativa para el Empleo Juvenil’ (Youth Employment Initiative, YEI) para el 2014-2016; financiación, que bajo las estimaciones de la ILO, ¡es visiblemente insuficiente!

Del mismo modo, el diseño original contempla que las organizaciones juveniles jueguen un papel central en las fases de diseño así como en la implantación de la garantía juvenil en los Estados miembro. Se decidió también que los Estados miembro con regiones con tasas de desempleo juvenil superiores al 25%, como es el caso de España, tuvieran que enviar a la UE sendos planes de implementación de la Garantía Juvenil antes de que acabara el año 2013. En este marco, el Consejo de la Juventud de España (CJE), en el marco del YFJ, ha denunciado la casi inexistente consulta a actores de la sociedad civil y juventud organizada sobre cómo y cuándo se van a ejecutar los fondos de la YEI, aunque España haya sido su mayor receptor con 881,44 millones de €.

La falta de interlocución con la juventud organizada, en conjunción con las medidas hasta ahora impulsadas por el gobierno español para combatir el desempleo juvenil, pueden limitar el reclamado enfoque basado en los derechos, y en definitiva, la capacidad de creación de empleo y formación de calidad para su trayectoria personal y profesional. El riesgo de brecha entre la juventud europea es ya evidente y no desplegar en condiciones la Garantía Juvenil es un acto de irresponsabilidad política de tal magnitud que sus consecuencias escapan del horizonte vital de los actuales mandatarios del Viejo Continente. Quizá por ello no son conscientes y quizá por ello su irresponsabilidad es aún mayor. Los jóvenes del sur de Europa no nos podemos permitir esperar más.

Una de las notas más definitorias de nuestra historia reciente es el incremento acelerado de las desigualdades sociales y económicas. Como demuestran los tres indicadores que miden la desigualdad de distribución de renta que usa la OCDE, vivimos en una sociedad mucho más polarizada respecto a la de hace pocos años. Como consecuencia de esta agudización de la desigualdad, de la cada vez mayor brecha entre pobres y ricos, conviene fijarse en un hecho que necesariamente implicará cambios profundos. Si nos centramos en los colectivos con menor renta, observamos que se ha roto la relación, hasta hoy ineluctable, entre trabajo y subsistencia. Para una parte creciente de la sociedad trabajar ya no garantiza cubrir las necesidades materiales básicas: en España, un 12,3% de los trabajadores con contrato se encuentran en riesgo de pobreza.

Así, dentro de las múltiples formas de hacer frente a esta tendencia, existe una propuesta que ha ido ganando adeptos en los últimos tiempos y que supone una suerte de terapia de choque aplicada a la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Su formulación, otrora ajena al público general, recientemente ha sido objeto de exposición en grandes medios generalistas. Hablamos de la Renta Básica.

Recogiendo la definición de la Basic Income Earth Network, la Renta Básica (RB) es un ingreso individual pagado por una administración pública a cada ciudadano de pleno derecho (universal) y sin importar si trabaja de manera remunerada o no (incondicional). Es, esencialmente, la consagración de un “derecho a la existencia”: el derecho incondicional como ciudadano de tener las necesidades materiales cubiertas para asegurar una vida digna y, así, propiciar su participación en la sociedad.

La RB tiene un largo recorrido en el pensamiento político, enmarcada sobre todo en la tradición del republicanismo democrático («La primera ley social es, por tanto, aquella que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios de existencia; todas las demás se subordinan a ésta», en palabras de M. Robespierre). Desde T. Paine a P. Van Parijs, autor éste último del ensayo que reimpulsó el concepto, los partidarios de la RB han ido robusteciendo y profundizando en argumentos favorables a su introducción. Así, se cree que la RB reduciría drásticamente la pobreza; haría más grande el poder de negociación de colectivos tradicionalmente desprotegidos (trabajadores, consumidores); remuneraría el trabajo socialmente útil pero no retribuido (trabajo del hogar); eliminaría los costes de inspección de las prestaciones condicionales actuales; tendría una incidencia favorable desde la perspectiva de género o reduciría enormemente la desigualdad, entre otros. Los detractores esgrimen, por un lado, el gran desincentivo al trabajo que supondría la propuesta, y por otro, el coste de oportunidad que para la financiación de servicios públicos supone un cheque de igual cantidad para un parado y para un banquero.

Desde el punto de vista de la política comparada, existen pocas manifestaciones explícitas de aplicación de la RB de manera generalizada en comunidades significativas. Una de ellas es Alaska, un ejemplo de aplicación de la RB stricto sensu (incondicional y universal): desde 1982, cada ciudadano residente recibe, por expresa previsión constitucional y por el mero hecho de ser ciudadano, 900$ anuales como parte líquida del Permanent Fund Dividend, fondo que depende de los ingresos derivados de la explotación de los recursos naturales, en especial del petróleo.

Pues bien, hoy Alaska es uno de los Estados con menor desigualdad de renta de los EE.UU. En Europa, la tradicional carencia de ejemplos prácticos de aplicación puede ser cuestión de tiempo, pues los movimientos sociales favorables a la RB han ganado terreno en el debate político, en especial en Suiza. Los organizadores de la iniciativa legislativa popular “Para una renta básica incondicional” entregaron recientemente más de las 100.000 firmas necesarias para iniciar los mecanismos legales que se prevé que culminen en la celebración de un referéndum. Paralelamente, desde enero de 2013, los promotores de la Iniciativa Ciudadana Europea para una renta básica universal recogen firmas para que la Comisión Europea estudie detenidamente su implementación en el territorio de la Unión Europea. En España, la plataforma Movimiento contra el Paro y la Precariedad registró recientemente una propuesta de Iniciativa Legislativa Popular para promover el debate sobre la RB en el Congreso de los Diputados.

¿Habría margen para su implementación en España? Según J. Arcarons, D. Raventós y Ll. Torrens, sí. En un artículo reciente, que supone una parte ínfima del inmenso trabajo que han realizado la Red Renta Básica y la revista Sin Permiso en la investigación y difusión de la propuesta, los autores han analizado los datos de casi un cuarto de millón de declaraciones del IRPF de 2010 de ciudadanos residentes en Cataluña. Los resultados de la simulación son claros: (1) Sería factible una Renta Básica de 7.968 euros anuales por adulto y de 1.594 euros para los menores de edad. (2) Los ingresos provendrían de la supresión de todos los otros subsidios condicionados inferiores a la RB y de una reforma ambiciosa del IRPF. (3) Todo ello sin modificar partidas presupuestarias, dejando intacto el nivel de cobertura sanitaria o la inversión en educación.

Así pues, la triple confluencia del agravamiento de las problemáticas que la RB pretende combatir, la madurez de las discusiones académicas y de los trabajos de investigación sobre su factibilidad y la progresiva conformación de movimientos sociales favorables a la propuesta pueden suponer un terreno fértil para el rebrote de la idea (que, en parte, ya se está produciendo). Los partidos de izquierda minoritarios en el Congreso han sido pioneros en el planteamiento institucional de la propuesta con sendas iniciativas. Sin embargo, un debate en profundidad en la socialdemocracia europea posicionaría la idea en el centro del debate político, liberando a la RB de su prejuiciosa e injusta etiqueta utópica. Asegurar al ciudadano su derecho básico a la existencia de forma incondicional y universal puede suponer un auténtico giro copernicano en la concepción prestacionalista del Estado de Bienestar y, por qué no, un acicate para la renovación ideológica de la socialdemocracia.

Este texto es una traducción de Eduard Güell del artículo 'Can a modern 'Left populism' rescue social democracy?' de Roger Liddle.Eduard Güell'Can a modern 'Left populism' rescue social democracy?'Roger Liddle

La socialdemocracia sigue en una situación preocupante, en cualquier lugar de Europa. En septiembre, la socialdemocracia alemana sufrió su segunda peor derrota desde el 1945. Una semana después, las elecciones generales en Austria confirmaron el declive de los socialdemócratas y el partido que orgullosamente dominó la política de posguerra en Austria, ahora a duras penas es capaz de reunir - con la ayuda del primer partido del centro-derecha - el 50% de los votos para poder renovar su gran coalición.

No ha habido ningún giro a la izquierda en la política europea, a pesar de la crisis financiera global y de los devastadores efectos que la fallida de la economía de mercado ha supuesto. Las esperanzas de los que criticaron las políticas de la “Tercera Vía” en la década de 1990, y se auto-convencieron de que éstas marcarían un punto de inflexión propiciando que una socialdemocracia más tradicional podría volver a irrumpir, se han desvanecido. En la época de la austeridad, los electores se sienten más cómodos con el centro-derecha y dudan de las promesas de los partidos socialdemócratas (fundamentadas en una lógica keynesiana) y de que ellos puedan promover un retorno más rápido al crecimiento. Parece evidente que las situaciones difíciles no son del agrado de los votantes, sin embargo, parece que las aceptan a regañadientes.

En la conferencia de Brighton del Partido Laborista, Ed Miliband se comportó como un hombre decidido a desafiar este pesimismo y romper el ciclo de derrotas y decadencia de la socialdemocracia europea. Este artículo analiza las perspectivas del nuevo “populismo de izquierdas” que él proyectó, no sin valentía. En el artículo, se argumenta que Miliband acierta de pleno en que un nuevo estilo de hacer política es necesario para cortar de raíz el cinismo que impregna el debate público. Sin embargo, para triunfar electoralmente, sus “promesas” tendrán que 'sumar' de manera convincente. Los laboristas sólo serán convincentes si demuestran ser económicamente competentes. Y el Partido Laborista sólo ocupará el centro político si evita cualquier impresión de un retorno a la política del “nosotros” y “ellos” del pasado, y en su lugar, enmarca su enfoque en hablar del “interés público” en contra de todas las formas de “interés especial”. En todos estos puntos, el Labour aún tiene trabajo por hacer.

Un discurso definitorio para Ed Miliband

Primero, los elementos positivos de la intervención del líder laborista. Como muchos antes han destacado, el discurso de Miliband fue un gran ‘tour de force’ improvisado, desalentando los rumores de descontento con su liderazgo que han planeado en los periódicos durante las vacaciones de verano. El discurso también supuso el advenimiento de un nuevo estilo de hacer política. Sus anteriores discursos habían sido conceptuales - subrayando sus ideas de ‘capitalismo responsable’ y ‘One Nation’, más bien pareciendo estar en una exposición de los fabianos.

El discurso de Miliband hizo tres cosas:

En primer lugar, incorporaba un análisis: las estructuras dinámicas del capitalismo global no pueden seguir ofreciendo un escenario de prosperidad entendida en un sentido amplio, incluso en el caso de que se produjera un retorno al crecimiento económico. La combinación de los rendimientos crecientes del talento, el impacto que supone que la mano de obra sea de hecho global -y que consecuentemente los ciudadanos menos preparados en los países desarrollados vean disminuidos sus salarios- y las consecuencias asimétricas de la financiación, dan credibilidad al argumento.

En segundo lugar, el discurso intentó redefinir el reto político que tiene tanto el Labour como partido como el Reino Unido en general. Los conservadores, por su parte, han enmarcado el debate político alrededor de la austeridad, que afecta a todos los ciudadanos y para la cual no hay alternativa posible, dicen. Miliband, debe tratar de centrar el debate en la presión que sufren las clases medias y el coste que supone para las familias trabajadoras vivir en este escenario. El argumento de Miliband es que pese a la cruel realidad de la austeridad, un gobierno encabezado por el Labour podría actuar para combatir la crisis de un modo que el partido conservador no haría, porque los Tories siempre van a defender los intereses de las grandes corporaciones y los estratos más ricos de la sociedad.

Y por último, Ed Miliband ha demostrado que sus pretensiones son serias y fundamentadas con un conjunto de promesas políticas. Por ejemplo, defendiendo que un gobierno Labour congelaría los precios de la energía durante veinte meses, mientras se elaboran las reformas a favor de la competencia en el mercado energético. Así, se prevendría que las seis grandes corporaciones que monopolizan el mercado doméstico del gas y electricidad pudieran dejar sin suministro a algunos consumidores.

El populismo de izquierdas como respuesta al menosprecio de la clase política

En el “proceso de Amsterdam” para repensar la socialdemocracia que realizó Policy Network después de las elecciones del 2010, debatimos extensamente con nuestros compañeros holandeses la gran alienación que sienten todos los ciudadanos respecto los partidos institucionalizados y sobre si una posible vía para redireccionar esta dinámica podría ser un estilo político más populista. No tengo ninguna duda de que esta alienación es realmente profunda. La he sentido literalmente cara a cara en cientos de conversaciones que he tenido en la entrada de Wigton, una pequeña localidad obrera de 5000 votantes que gané a los Tories en las elecciones del pasado mayo en el condado de Cumbria. Muchos creen que nuestra sociedad es injusta, pero la izquierda se engañaría a si misma si pensara que existe una situación de irritación generalizada en contra de las crecientes desigualdades y “el rico”. Las actitudes son mucho más complejas. Nadie defenderá a los banqueros, pero la percepción de injusticia del ciudadano medio británico es en contra de la inmigración y su patente abuso de los servicios sociales, y por tanto lo canalizan hacia la clase política, ya que están en contra de cualquier élite.

Muchos han llegado a la conclusión de que el voto que puede marcar la diferencia es, entre los menos favorecidos, el de los jóvenes con salarios más bajos, el de las familias monoparentales y el los ciudadanos con discapacidades. Pero sólo los pensionistas de clase trabajadora y las mujeres ancianas, también de clase trabajadora, se mantienen firmemente leales al Partido Laborista. Por tanto, lo que indudablemente existe es un resentimiento significativo hacia la clase política, donde se incluyen no sólo los “ricachones Tories” sino también el liderazgo, pasado y presente, del Labour.

Esta situación consecuentemente ha fortalecido la burbuja del UKIP. Considero un grave error asumir con comodidad que el UKIP extrae más votos de los Tories que del Labour: el UKIP es particularmente fuerte entre los adultos cercanos a la jubilación, generalmente hombres, votantes de clase trabajadora con empleos decentes -muchos de ellos habrían votado felizmente al Labour en 1997, 2001 e incluso en el 2005, pero desertaron el partido en masa en el 2010. No hay demasiadas evidencias que indiquen que van a volver a votar al Labour: el Partido Laborista ha recogido el apoyo entre los ciudadanos que votaron al Lib Dem en las últimas elecciones generales, especialmente entre aquellos menos identificados con el partido en las actuales dinámicas política y socialmente volátiles que conforman la moderna “middle Britain”.

Más allá de la impopularidad de la coalición, los Conservadores han estado brillantes jugando al populismo político característico de los tiempos actuales. La medida promovida por George Osborne de limitar a £26.000 al año las ayudas a los hogares es un gesto muy audaz, que fue entendido como un freno al gasto en políticas sociales, teniendo en cuenta que el ahorro de esta medida será muy pequeño. Osborne sabía que los lobbies no representados forzarían al Labour a oponerse, mientras muchos votantes laboristas con trabajo reaccionarían en la dirección opuesta, como demuestra la reacción más común: “si alguien me ofrece esa cantidad dinero, estaría riendo todo el rato mientras voy al banco. Me tengo que levantar cada día a las seis de la mañana y gano menos”. En este ambiente, los partidos socialdemócratas se enfrentan a un reto enorme para poder ser relevantes. Deben desarrollar su propia dosis política de populismo creíble.

En Brighton, se expuso una nueva política de “populismo de izquierdas”: por supuesto, no el populismo xenófobo que pretende despertar en los ciudadanos los peores miedos e instintos en temas como la inmigración y el “abuso” en servicios sociales, sino un populismo que hace promesas que apelan a la vida cotidiana de la gente, se dirige al enorme sentimiento de injusticia que sienten y ofrece un remedio que la gente puede alcanzar y entender. Puede que el UKIP intente hacer despertar el miedo entre la ciudadanía con historias inventadas de como veinte millones de trabajadores búlgaros y rumanos roban los trabajos de los británicos, se benefician del sistema de bienestar y abarrotan los hospitales. Los Tories pueden jugar a la política de los “benefits cap” para todos y hacer anuncios ofensivos alrededor de las partes más étnicamente diversas del Reino Unido, instando a los inmigrantes ilegales a presentarse para así poder enviarlos de vuelta a casa. El nuevo populismo de izquierdas que debe promover el Labour advertirá sobre los abusos de los monopolistas energéticos que están estafando a las familias británicas para beneficiar a sus bonus y a sus accionistas.

Evitar la trampa de la credibilidad

El actual liderazgo del Partido Laborista cree que al menos ha ganado el hecho de estar definidio. Si bien no ha habido un cambio radical en la posición del Labour en las encuestas, los ciudadanos al menos ahora entienden en que dirección va el partido: haciéndolo lo mejor que pueden, de una manera práctica y realista, para ayudar las familias trabajadoras cuyos estándares de vida han estado bajo presión durante cinco años o más para poder asumir las astronómicas facturas energéticas.

Sin embargo, esta nueva táctica sólo funcionará bajo ciertas condiciones.

En primer lugar, las promesas deben ser creíbles en sus propios términos. La prensa más conservadora ha sido predeciblemente apoplética sobre la propuesta de intervención del mercado de Miliband, mostrándola como un retorno al socialismo. La superficialidad de ese argumento fue expuesta por el diputado que preguntó al Primer Ministro Cameron por qué, si es legítimo intervenir en el mercado hipotecario a través del “Help to Buy” para facilitar a los jóvenes sin padres ricos obtener el 95% de las hipotecas y conseguir el primer peldaño para obtener una vivienda, no es legítimo por parte del gobierno intervenir para reducir las facturas energéticas. En un caso son los bancos los que rechazan el préstamo, en el otro, las compañías energéticas que abusan del consumidor.

Aunque las presentaciones simplistas ignoran la complejidad de las políticas públicas en juego. Los bancos no prestan: no prestan a los compradores de vivienda que no pueden reunir grandes depósitos, en gran parte, debido a las exigencias cada vez mayores impuestas sobre el capital como consecuencia de la crisis bancaria y en vistas de que los contribuyentes no sean los que soporten posibles rescates en un futuro. En el caso del sector energético, cualquiera que sea riguroso con el cambio climático (y Ed Miliband lo es) comprende que la generación de energía basada en el carbón tiene que disminuir aceleradamente en las próximas décadas -el uso del carbón está creciendo en estos momentos- y se hace difícil ver cómo se puede conseguir sin el mecanismo del precio como factor decisivo. Las facturas energéticas domésticas no deben crecer tanto como el aumento de precio necesario en el uso de carbón en toda la economía si promocionáramos más la eficiencia energética. En cualquier caso, el consumo de carbón debe ser frenado, y posiblemente la solución sea hacerlo a partir de una tasa a nivel europeo. Aquí yace la cuadratura del círculo.

En segundo lugar, el Labour debe fortalecer la percepción pública sobre su competencia en economía. El nuevo énfasis laborista sobre “el coste de vivir la crisis” me devuelve a la exitosa campaña de Harold Wilson en 1974. Los medios laboristas contaron con Shirley William, quien vació su cesta de la compra para explicar el aumento de precio de cada producto bajo el gobierno de los Tories. Entonces fue una estrategia política de éxito, pero tuvo unas consecuencias económicas y políticas desastrosas. En el mes de febrero de 1974, cuando el Labour inesperadamente obtuvo el poder, el nuevo gobierno intentó dirigir su mensaje de el “coste de vivir” en crisis aumentando las partidas en servicios sociales, como las pensiones, congelando rentas, manteniendo bajos los costes industriales nacionalizados (como el gas o la electricidad), aplicando subsidios a productos básicos como el pan y cortando el VAT. También intentó mantener el control de los precios en el sector privado, mientras confiaba en las buenas intenciones de los sindicatos a través del “contrato social” para moderar el aumento de salarios. El resultado fue la peor crisis de posguerra en las finanzas británicas, hasta la presente, y un colapso en el sector privado que llevó a muchas a empresas al borde de la bancarrota. El Labour ganó las segundas elecciones generales en el mes de octubre del 1974, habiendo empeorado los problemas económicos del país con consecuencias devastadoras a medio plazo para la unidad y credibilidad del partido. Así, la promesa de congelar el coste energético no sólo debe ser creíble, sobretodo no debe convertirse en un presagio de una mala política de planificación de intervenciones en el mercado.

Atacar a un enemigo impopular, y las compañías energéticas tienen pocos amigos, es por supuesto una buena estrategia. No obstante, no siempre es sintomático de buen gobierno. En la economía social de mercado, que es la que la mayor parte del Labour aspira a construir en el Reino Unido, es importante no convertir las empresas y los negocios en un enemigo. Por supuesto que las bases del partido y los sindicatos suspiran por un retorno de la política de clases, pero sería un error fatal.

Las inversiones empresariales mantienen la llave del crecimiento en este país - y en una economía globalizada, hay poco margen para que un gobierno laborista pueda prevenir a las empresas globales decidir invertir en otras partes de Europa o del mundo si consideran que son más atractivas. También es cierto que uno de los éxitos políticos principales al final del último gobierno laborista fue, desde un compromiso ideológico, cambiar el consenso existente en el Reino Unido de no interferir en el mercado a favor de una intervención industrial pragmática.

El CBI y la coalición que gobierna ahora han vuelto este cambio de consenso en un activismo industrial. Sería trágico si la consecuencia de pretender corregir el abuso en el mercado energético fuera volver las empresas británicas en contra de toda la aproximación de política industrial del Labour. De un modo similar, la cooperación entre empresas deviene necesaria si se pretende poner el ojo sobre los abusos del mercado de trabajo y construir nuevas alianzas sectoriales para acrecentar las habilidades de los trabajadores y garantizar un salario digno.

Luchando contra todos los “intereses especiales” que mantuvieron el Reino Unido atrás

El Partido Laborista hace lo correcto al prometer una intervención donde los “intereses especiales” se mantienen, para promover el interés público. Pero nuestros adversarios políticos y el público en general preguntarán a los laboristas si ante una oposición de los sindicatos continuaremos teniendo una línea sólida en los salarios del sector público (cosa que es central para la cuestión de la percepción en competencia económica), si ante las presiones de aumentar el gasto público nos tomaremos de manera seria la reforma de los servicios públicos en áreas como la sanidad o la educación y, sobretodo, si en la próxima conferencia del año que viene, el Labour está preparado para reformar radicalmente la relación con los sindicatos de manera adecuada al siglo XXI.

La habilidad política para vertebrar una defensa sólida del interés público en contra de los “intereses especiales que mantienen al Reino Unido atrás” es esencial si el Labour pretende luchar en las próximas elecciones por el centro político.

Roger Liddle, chair de Policy Network y miembro laborista de la Cámara de los Lords.

Cuando cualquier grupo de interés con intencionalidad representativa identifica que su propuesta no se articula de manera suficientemente convincente, la respuesta no debería ser apostar reactivamente por un cambio formal en busca de un rédito electoral inmediato. Renovarse no (sólo) debería significar reformular los términos de la oferta política para que sea más nueva, más interesante o más emocionante y en cambio, seguir con un comportamiento autoreferencial y poco sensible a las exigencias del cambio social; principalmente por tres motivos: (1) normalmente no es tan efectivo en clave resultadista como se espera que sea y por tanto automáticamente genera frustración en todos los niveles, (2) los elementos que impedían ser una oferta política mayoritaria persisten a pesar del cambio de apariencia y (3) el cortoplacismo emplaza necesariamente la oferta política a remolque de la dominante (y del marco que la sustenta) inhabilitándola para definir sus propias prioridades, su agenda.

La aportación de Mark Elchardus y Monika Sie Dhian Ho en el ciclo “Next Left: Framing a new narrative” empieza con una reflexión similar, detectando que el problema no es la comunicación, el problema está antes, en el paso previo. Su intervención se trenza intentando huir del corto plazo, denunciando el olvido de los partidos y organizaciones socialdemócratas a las investigaciones y los datos y su poca predisposición a tejer alianzas con agentes sociales u otras organizaciones con un diagnóstico y agenda similares. La aportación de Elchardus y Sie se enmarca dentro del debate sobre el rol de la ideologia en “los tiempos del story telling”.

Ser progresista hoy difícilmente tiene algo que ver con ‘el progreso’, sino más bien con la precaución frente a la ciencia y la técnica. Precaución en el sentido de tomar conciencia de sus efectos sociales, y también de sus potencialidades, y que pueda motivar la voluntad de diseñar una propuesta enfocada a expandir el grado de emancipación, de autonomía, de los ciudadanos. Es una cuestión de agencia, esto es, de si la ciudadanía se autodefine o si, por el contrario, está sujeta de un modo arbitrario a las dinámicas e influencias propias del sistema. Porque, en última instancia, la cuestión no es que los poderes económicos interfieran en el proceso de toma de decisiones, la cuestión es que tienen el poder para hacerlo.

El diagnóstico que hacen Elchardus y Sie intenta desmentir la pretendida visión imperante de una sociedad individualizada y fragmentada, en la que cualquier apelación a la comunidad parece imposible, y las estructuras sociales son suficientemente abiertas como para que el individuo, fruto de su empeño, escale o descienda según su éxito. Según las tesis de los autores, parece plausible explicar los principales procesos políticos recientes por (1) una revitalización de sentimientos comunitarios y nacionalistas, (2) por el fortalecimiento de cleavages sociales y la aparición de nuevos, (3) por la rigidez de las estructuras sociales (cerrando antes que abriendo espacios a la movilidad social), (4) por el alarmante crecimiento de las desigualdades, especialmente en base a niveles educativos y entre colectivos inmigrantes y ciudadanos ya establecidos, (5) y por la homogeneización de la sociedad, en la que es posible incluso predecir actitudes e intereses en base al origen social.

Esta descripción del escenario despierta distintas implicaciones para los autores. La primera es que existe la necesidad de una política de la emancipación (“a politics of life chances”). Para que sea efectiva, debe enfocarse no únicamente en que se gane más control político sino también en que aumente la conciencia política del hecho de ser ciudadano. Por tanto, y como consecuencia de la primera, la segunda implicación es aumentar el nivel educativo, especialmente en la etapa de los 0 a los 3 años, crucial según las investigaciones para posibilitar la movilidad social. Otra implicación sería en términos de libertad formal, en proveer control sobre las condiciones e influencias que afectan a la ciudadanía. En este sentido, cabe destacar la intervención de Leopold Specht (en el ciclo Next Left) sobre la deseabilidad y posibilidad de una Renta Básica a nivel europeo. Finalmente, se hace imprescindible dotar de más competencias políticas a instituciones supranacionales capaces de politizar dinámicas globales o regionales; y así, tender a lo que en su momento dijo el primer presidente de la Comisión de la Comunidad Económica Europea Walter Hallstein: “la abolición de la nación es el ideal europeo”.

A modo de conclusión, Sie y Elchardus destacan que es importante para la reinvención de lo político la creación de un mejor vínculo entre aquello que la ciudadanía da valor en su vida cotidiana y la visión social y los ideales políticos que promulgan los partidos socialdemócratas. Discusiones públicas, propiciando que los valores comunes se hagan explícitos y oídos por los actores políticos, deben ser incansablemente llevadas a cabo. El pulso social no debe estar desconectado del pulso político, esa es la misión.

El corto plazo, impuesto por las dinámicas electorales que han acabado concluyendo en un estado de campaña permanente, convierte en provisional cualquier proyecto político integral y solidifica el ir poniendo parches; y esto va en detrimento incluso de la propia política institucional. El cortoplacismo impuesto por el mercado electoral no sólo va en contra de la política institucional y conlleva efectos antidemocráticos a largo plazo, sino que, además, presenta efectos económicos negativos al favorecer políticas procíclicas como las desarrolladas en España durante el tiempo de la burbuja económica. Es crítico atajar este problema lo antes posible y, por ello, momentos de ruptura como lo fue el 15M -o, en estos momentos, las protestas en Turquía- son particularmente significativos por tener dos efectos de gran impacto a largo plazo: por un lado, concienciaron y están concenciando políticamente a los ciudadanos; y por otro lado, están influyendo y obligando a la política institucional a virar y a replantearse su papel como la hasta ahora ‘única’ altavoz de los intereses sociales.

Este post es un resumen de la intervención de Mark Elchardus y Monika Sie Dhian en Next Left: Framing a New Narrative, un seminario sobre el futuro de la izquierda organizado por la Fundació Rafael Campalans. Next Left: Framing a New Narrative Fundació Rafael Campalans

Más:

Iniciativa ciudadana a nivel europeo sobre la Renta Básica http://basicincome2013.eu/

Breve presentación a cargo de Javier Taillefer sobre el escenario actual de los Partidos Políticos: Crisis, Political Parties and Liquid Modernity

Publicado el pasado mes de marzo, el último libro de Daniel Innerarity “Un mundo de todos y de nadie”, se puede inscribir dentro de la corriente de pensamiento que investiga y teoriza qué supone la globalización para lo político. Junto a autores de referencia como David Held, Beck, Daniele Archibugi, Habermas, Manuel Castells o Kymlicka entre otros, Innerarity ahonda en el análisis de la política más allá de los Estados e indaga y se cuestiona sobre su necesaria readaptación al nuevo entorno global.

Para el director del Instituto de Gobernanza Democrática (Globernance), el momento actual requiere avanzar hacia una gobernanza global, con nuevos cauces políticos supranacionales y una progresiva desnacionalización de la justicia. Lo cual, para el autor, sería precisamente completar esta integración incompleta de un mundo que está unificado tecnológicamente, económicamente (e incluso homogeneizado parcialmente en productos y estilos culturales), pero que “es analfabeto” en cuanto a su articulación política y jurídica. En este sentido el libro es una llamada a “civilizar la globalización”, que según el autor no es otra cosa que reinventar la política a escala global y adaptarla a este nuevo entorno.

De inicio ya se advierte que los piratas han vuelto. Lo hacen en forma de agencias de rating, evasores fiscales, ataques cibernéticos … y escapan de cualquier control institucional. El Estado-Nación ha visto cómo sus fronteras, cuarteadas por las presiones financieras, digitales o de la comunicación, se volatizan.

Innerarity, en su análisis, se sirve de un abanico conceptual (repleto de referencias, desde Grotius a Derrida) que le permite trenzar sus distintas conclusiones en cada apartado del libro. En este sentido, (1) dejar de entender la soberanía como control y hacerlo como responsabilidad, (2) hablar de un humanismo transnacional, (3) de la ecopolítica global para señalar la simbiosis de los procesos y que las realidades son contagiosas provocando que haya una común exposición a los riesgos globales (4) y de las exigencias de una “sociedad de la observación”, serían algunos ejemplos de conceptos a partir de los cuales desarrolla su tesis. Pero sería interesante detenerse y destacar su reflexión sobre la naturaleza de la sociedad, la que le lleva realmente a concluir en la necesidad de expandir la gobernanza en un nivel supranacional.

Innerarity critica la aproximación de Bauman a la “modernidad líquida” y la considera limitada o insuficiente. Para el autor, el mundo es gaseoso antes que líquido. Por eso Innerarity prefiere como metáfora para comprender la realidad las burbujas de Sloterdijk que la liquidez de Bauman. Un mundo gaseoso es un mundo donde los individuos y los fenómenos se encierran en microcápsulas, potencialmente conectadas con la totalidad, formando grumos inestables que pueden cambiar con extraordinaria rapidez. Y, por tanto, todo intento de regulación debería centrarse en actuar sobre las condiciones que propician la expansión o la contracción de los fenómenos especulativos gaseosos.

Daniel Innerarity, premio Príncipe de Viana 2013, expresa que “en cualquier sitio se está hoy cerca de los circuitos económicos y lejos del poder político”. Sin embargo, la agenda política se ha llenado de problemas comunes, insuperables con un esquema político moderno y anquilosado en las fronteras. La globalización enseña que lo que se ha agotado no es la política, sino una determinada forma de la política: la que corresponde a la era de la sociedad delimitada territorialmente e integrada políticamente. La idea de una gobernanza global (que supere el “esquema westfaliano”) surge precisamente “constatando que el entorno de interdependencias hace inservible el concepto de soberanía o ámbito exclusivo de decisión”.

El proceso de gobernanza global no es para Innerarity una estructura institucional jerarquizada, sino la articulación de diversos niveles de gobernanza. En lugar de una worldocracy, plantea la creación de múltiples instituciones regionales que actúen autónomamente para resolver problemas comunes y a la vez para producir diferentes bienes públicos. No apuesta por tanto por un gobierno mundial sino por un sistema de gobernanza formado por acuerdos regulatorios, sin la presencia de constituciones.

Innerarity denuncia, como es habitual en su bibliografía, el cortoplacismo político y la falta de panorámica que perjudica a las generaciones venideras. Lo político hoy parece que sea útil sólo para poner parches; y el único proyecto u horizonte colectivo que se dibuja es el de cuadrar gastos e ingresos obligándonos, no sin dolor, a renunciar al bienestar adquirido esperando, eso sí, llegar al cénit del déficit cero. “El ataque del presente al resto de los tiempos”, que popularizó Kluge, está relegando la política al ámbito de la gestoría, a la burocratización obediente al corporativismo. La política debe dejar de “mirar dedos” y abrir los ojos más allá de sus propios compartimentos nacionales, porque el riesgo de seguir siendo dominada por las entelequias financieras, estas sí, globales, implica necesariamente su desaparición.

Antes que se levantaran en armas reclamando la independencia frente a la corona británica, los colonos ingleses en América demandaron el derecho a participar en las decisiones políticas de su comunidad con el eslogan: No Taxation without Representation. No Globalization without Representation podría ser el grito de este libro. El Estado-Nación se está vaciando constantemente de competencias y el poder efectivo de decisión no sólo ya está más allá del Estado, sino que también lo está del ámbito de la legitimidad democrática. Sin una ciudadanía y unos representantes públicos que asuman como propios los fines del bien común, no será posible materializar esta propuesta. El cosmopolitismo, de raíz estoica pero sobretodo kantiana, se proyecta en la realidad en distintos cuerpos políticos; esto es, se constitucionaliza de un modo “multinivel” como señala el autor.

Tan sólo dibujando un escenario poswestfaliano será posible articular los valores de la democracia con la inexorable realidad de la globalización.

Más:

Sobre la sociedad de la observación y la exigencia ciudadana de transparencia, Innerarity intervino en la Comisión Constitucional del Congreso para dar su visión sobre el Proyecto de Ley de Transparencia.

Iniciativa académica en la que forma parte Innerarity: Global Governance Programme de la EUI.

El populismo es también una expresión de la falta de pluralismo social, la muestra de que sólo algunos actores pueden ser lobby

La legitimidad de su discurso le viene por aclamación: esto es, por la mera adhesión a unas propuestas sin concreción donde lo importante es la pregunta y no la respuesta que se vaya a dar

Pensar el populismo implica tomar conciencia de la ambiguedad de la democracia

En Europa, el cuestionamiento (desde dentro y desde fuera) de las estructuras de poder establecidas, probablemente por más causas que la propia crisis, obligan a éstas a moverse intentando acertar con la respuesta. En el camino, aparecen movimientos de amplio apoyo social que llevan este cuestionamiento a la calle, a las portadas de los periódicos e incluso a los parlamentos. Sin embargo, simultáneamente el discurso oficial informa que estos movimientos son minoritarios, “demagogos”, con vínculos de dudosa decencia y, por supuesto, populistas.

¿Por qué el populismo no es reconocido como verdaderamente demócrata? ¿Cómo es que incluso es visto como peligroso para la democracia?

El populismo, entendido como apelación “al pueblo” en contra tanto de las estructuras de poder establecidas como de los valores e ideas dominantes, no debe ser considerado como una forma impropia de hacer política. Aunque pocas veces está a la altura de lo que promete, el populismo es la expresión de ciertos sentimientos e ilusiones que son inherentes a toda sociedad; es, ante todo, expresivo y emotivo.

Los movimientos llamados populistas, aparecidos en las últimas décadas en las democracias occidentales, han sido generalmente tratados como síntomas patológicos que requieren una urgente explicación sociológica. No son vistos como un fenómeno que pone a prueba nuestro concepto de democracia, y los teóricos de la democracia comprometidos en incrementar la participación popular en política le dan poca o nula importancia a los intentos del ‘populismo’ de movilizar las bases sociales. Muchos de estos movimientos abogan por procesos de democracia directa, el uso del referéndum y de la iniciativa popular. Su objetivo es llevar hasta las últimas consecuencias la promesa de la democracia de “dar el poder al pueblo”. Ahora bien, cada movimiento es singular en su forma y contenido y, por tanto, toda pretensión de generalizar cae en el mismo problema en el que incurren los llamados populismos: la simplificación.

Las fuentes del populismo no reposan únicamente en el contexto social, sino también en las tensiones que se producen en el mismo núcleo de la democracia. Es en el mismo seno de la sociedad donde de forma latente están los miedos, deseos o esperanzas que el populismo sacude y enarbola para movilizar a las masas. En vez de ser un síntoma de atraso, el populismo debe ser visto como una sombra del mismo sistema, de la misma sociedad. Pensar el populismo implica tomar conciencia de la ambiguedad de la democracia.

Cuando las instituciones de la democracia no dan respuesta satisfactoria a ciertos anhelos “populares” y los canales formales para que éstos se escuchen e influyan en la agenda política son ineficaces, surgen vías que necesariamente son alternativas. El populismo es también una expresión de la falta de pluralismo social, la muestra de que sólo algunos actores pueden ser lobby.

Hay bastante acuerdo en la literatura en definir los movimientos populistas como ‘del pueblo pero no del sistema’. Se enmarcan dentro de algún tipo de revuelta en contra de las estructuras de poder establecidas en el nombre del pueblo. En los sistemas democráticos, esto significa generalmente también un ataque a los partidos tradicionales. Aunque lo que hace diferente a los movimientos populistas es que no sólo van dirigidos al establishment político y económico, sino también a los creadores de opinión en la academia y a los medios.

La legitimidad al discurso populista le viene por aclamación: esto es, por la mera adhesión a unas propuestas sin concreción donde lo importante es la pregunta y no la respuesta que se vaya a dar. Un ejemplo es la apelación a la unidad de la gente, a la nación o al país y en contra de los partidos o facciones que intentan dividirla, otros pueden ser la apelación al hombre común, el miedo al extranjero o la promesa de un futuro ídilico. Los populismos en las democracias modernas defienden que ellos hablan para ‘la mayoría silenciosa’ de la ‘gente decente y ordinaria’, cuyos intereses y opiniones están ‘secuestrados’ por arrogantes y estridentes minorías.

A nivel europeo, el auge de los populismos es una señal del fracaso del orden institucional en satisfacer las necesidades y deseos de los ciudadanos afectados por cambios sociales, culturales, económicos y políticos. La crisis es el caldo de cultivo ideal para la proliferación de todo tipo de populismos. El auge del populismo organizado dice algo muy significativo sobre el estado de la democracia moderna y requiere una respuesta rotunda desde las instituciones. Si los populismos siguen siendo unos extraños para el sistema institucional, quizá se le pueda decir que people are strange, when you are a stranger.

Lectura recomendada: Democratic stress, the populist signal and extremist threat

Democratic stress, the populist signal and extremist threat

Se parte de la idea de que existe una resignificación permanente hecha de manera estratégica; y, sin embargo, esto no significa lo mismo que decir que nos mienten permanentemente

Según Vallespín, "el sistema democrático no tiene la capacidad de estar a la altura de lo que promete"

Una sociedad civil que se sienta responsable de lo común, “reflexiva y autónoma”, que identifique y denuncie las realidades ficticias interesadas que fijan la individualidad como objeto político

La mentira os hará libres: Realidad y ficción en la democracia

Fernando Vallespín aborda, de una manera amena y con la justa pizca de profundidad, la relación entre lenguaje y política -esto es, entre la construcción deliberada de lo que es real y la democracia. El libro, dedicado afectuosamente a quien fuera su compañero Rafael del Águila, es en el fondo una llamada alarmante a la reacción y al compromiso, al despertar ciudadano ante el constante intento de ‘disfrazar lo que es por lo que conviene que sea’. El objetivo del libro no es averiguar si desde la esfera institucional nos mienten o no, sino estudiar cómo intencionalmente nos describen la realidad a la medida de sus intereses en un momento dado. Es decir, se parte de la idea de que existe una resignificación permanente hecha de manera estratégica; y, sin embargo, esto no significa lo mismo que decir que nos mienten permanentemente, porque aquello social y político ya no se mueve entre la dicotomía verdad/mentira (aunque Monti, y lo que significa Monti, se empeñen). Lo social y político es situacional y existe en tanto que lo crean, no como algo externo a nosotros. Parafraseando a Lafargue, “las cosas no son así, hemos querido que fueran así”.

El tema central por tanto es cómo construimos nuestra opinión - “la democracia es el gobierno de la opinión”- la cual, al final, parece estar influenciada por todo un conjunto de procesos de presentación de realidad, los cuales “dictan lo que es norma”. Ser conscientes de ello y actuar, entendiendo la acción como el siguiente paso lógico, es lo que, para Vallespín, caracteriza la condición de ciudadano.

Se podría fácilmente ilustrar esta tergiversación intencional con ejemplos actuales. Por ejemplo, el autor advierte que no existe una frontera nítida que separe el interés nacional del interés político específico y que la voluntat d’un poble y la voluntad de la coalición CiU se presentan como la misma. Ahora incluso se erigen intérpretes de “las mayorías silenciosas”, y cuando se dignan a hablar para los medios sólo les falta romper a llorar. Pese haber perdido ya toda credibilidad, aquellos que nos dicen gobernar no se rinden en el empeño de intentar confundirnos y hacernos creer que en realidad ‘pintamos algo’.

Es en este sentido que Vallespín apunta que “el sistema democrático no tiene la capacidad de estar a la altura de lo que promete”. El democrático, es un sistema frustrante por definición; y es a través de las narrativas heroicas, de las apelaciones a lo emocional, que los ‘gobernantes’ consiguen el objetivo (demasiado fácil) de convencernos de que van a cambiar algo. Los políticos hoy piensan que puesto que la política no es agente de transformación social real, entonces almenos lo tendrá que parecer.

“El objetivo de toda acción política, la condición de posibilidad para su eficacia, es conseguir que una determinada presentación del mundo, la que nos interesa, sea la que acabe imponiéndose”, arguye el autor. La construcción del relato deviene clave, pues es el instrumento para dar credibilidad a la visión de la realidad que queremos proyectar. No es necesario recurrir a la mentira, simplemente se construye una realidad acorde a nuestros intereses a través de un discurso deliberadamente estructurado para parecer veraz.

En el libro, Vallespín describe algunas formas de construir realidades identificables:

(1) El framing. Popularizado por el lingüista cognitivo George Lakoff (que como Pettit, inspiró a Zapatero en su labor de gobierno), consiste en la elaboración social de un esquema de interpretación a partir del cual aprehender la realidad, regido por convicciones morales.

(2) El spin. Consiste en proveer una interpretación determinada de un suceso con el objetivo de persuadir. Es una forma de propaganda con la intención de manipular y, por tanto, a diferencia del framing, deliberadamente engañoso.

(3) El storytelling. Teorizado por Christian Salmon, éste no se inspira en una teoría cognitiva del lenguaje. Consiste en narrar, en “envolver la realidad en relatos”, en crear historias a partir de las cuales transmitir un determinado mensaje.

Quizá hoy sea cierta la frase y tengamos que decir que: “las ideologías han muerto, vivan los frames”. Pero hasta hace poco, el continuo proceso de desenmascaramiento procuraba una suerte de alivio intelectual, creando la esperanza de que existía una verdad, intoxicada y nublosa, pero existía. Sin embargo, hoy ya tendemos a creer que la realidad, lo que es verdad, se construye continuamente y es algo sobre lo que operamos activamente; “algo que tejemos y destejemos casi sin limitación alguna. Y puede que en ese ‘casi’ es donde (…) nos jugamos el ser o no ser de la democracia”.

“La hipocresía, las verdades contadas a medias, el enmascaramiento permanente y las mentiras germinan mejor allí donde se aceptan como algo ‘normal’ por parte de la sociedad civil”. Es aquí donde está la clave. Una sociedad civil que se sienta responsable de lo común, “reflexiva y autónoma”, que pueda identificar y denunciar las realidades ficticias interesadas que fijan la individualidad como objeto político. Debe atreverse a configurar una visión propia, independiente, fundamentada bajo principios estrictamente humanos, estrictamente ciudadanos. En la lucha por el control del lenguaje, está la lucha por la libertad.

Más sobre la relación entre lenguaje y política:

(1) Video Lakoff: “Idea Framing, Metaphors, and your Brain”

(2) Videos de Juan Carlos Moreno Cabrera( Catedrático del Departamento de Lingüística, Lenguas Modernas, Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Madrid): “Lingüistica y nacionalismo”, “El catalán se puede entender en toda España” y “El inglés no es útil

“Sólo hay algo peor que ser aplastado por el dinero alemán: no ser aplastado por el dinero alemán”

La visión alemana de cómo gestionar la crisis es la que se está aplicando en el nivel comunitario, lo que cuestiona la base de consenso que debe vertebrar Europa

Para poder constituir una unión política europea se requieren ciudadanos europeos, esto es, empezar por la base

Una Europa alemana, Ulrick Beck

“Sólo hay algo peor que ser aplastado por el dinero alemán: no ser aplastado por el dinero alemán”. Este enunciado, más provocativo que elocuente, recogido de la última públicación de Ulrich Beck “Una Europa Alemana”, ilustra esta época donde (otra vez) Europa gira alrededor de Alemania. Es por tanto esta paradoja, el no poder vivir contigo ni sin ti, la que marca la relación del resto de países ‘periféricos’ con la Alemania solar de Merkel. Todos los países endeudados dependen de la disposición de Alemania a avalar los créditos necesarios y, al mismo tiempo, estos países se someten a severos imperativos de reforma y a los correspondientes controles de gasto público que acaban provocando el desmembramiento de sus sociedades. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? ¿Qué implica la germanización de Europa? ¿Qué respuestas hay? son preguntas que Beck aborda a lo largo del texto.

Para Beck, Europa se ha desnaturalizado, ha perdido su razón de ser. La Unión era un espacio donde las decisiones se tomaban de forma multilateral; sin embargo, ahora tienden a ser orquestradas desde un único centro de gravedad. La visión alemana de cómo gestionar la crisis es la que se está aplicando en el nivel comunitario, lo que cuestiona la base de consenso que debe vertebrar Europa. Es decir, hablar de poder europeo y poder alemán es redundante.

Partiendo de su concepto de la sociedad del riesgo y el análisis de las consecuencias políticas y sociales de la globalización, Beck entiende que ahora Europa se enfrenta a lo que el llama el “imperativo cosmopolita”, esto es, la conciencia de que no existe otra alternativa que cooperar o fracasar. Pero como todo significado está al servicio del poder, de la misma forma que por ejemplo ‘se pone precio a la sanidad para que siga siendo gratuita y se excluye de ella a colectivos para que siga siendo universal’, cooperar ahora significa imponer en las constituciones un techo de déficit público imposible y no en el sentido cosmopolita que Beck defiende.

Merkel ha jugado muy bien su papel y ha acabado imponiendo su guión. Beck, comparándola con Maquiavelo, describe así su astucia política: No se compromete enteramente a conceder ayudas a los países endeudados ni se casa con el sector euroescéptico; Merkel condiciona la disposición a conceder crédito a la disposición de los países endeudados a cumplir la política de estabilidad alemana. No es ni un claro sí ni un no, dice (como “los caballeros que dicen ni” de Monty Python) , “jein” (sí pero no) . Además Merkel vacila a la hora de tomar decisiones y compatibiliza así su carrera electoral en Alemania con el papel de líder en Europa. Ante la disyuntiva de ser amado o ser temido, según Beck, Merkel la maximiza y provoca que en el exterior la teman y en Alemania la amen. Y es cierto. Con un 42% de intención de voto y a 17 puntos del SPD liderado por Peer Steinbrück, la canciller ya tiene, a nueve meses de las elecciones, una ventaja considerable en las encuestas. La fórmula, por ahora tiene éxito.

Queda patente que en la actual Unión Europea hay un problema de diseño institucional. La UE carece de una autoridad fiscal competente capaz de promover políticas de estímulo fiscal. Para Beck, el BCE debería ser transformado adquiriendo las competencias que se le supone a un Banco Central, debería elegirse un responsable de hacienda a nivel comunitario y se debería establecer una Unión Bancaria que fuera útil y no fútil. Pero no hay una voluntad explícita alguna de cambiar el diseño institucional y se escudan en las rígidas legislaciones nacionales para cortar todo intento de ambicionar otra UE. Pero no se trata solamente de una política que cumpla con las reglas, sino que las cambie.

Beck concluye con una propuesta, un nuevo contrato social nítidamente europeo. La fórmula expresada por D’Azeglio de primero crear Italia y después a los italianos parece no funcionar con Europa. Para realmente poder constituir una unión política europea se requieren ciudadanos europeos, esto es, empezar por la base. Esta es la idea del “Manifiesto para reconstruir Europa desde la base” que han suscrito personalidades como Jürgen Habermas, Zygmunt Bauman, Javier Solana, Richard Sennett, Anthony Giddens, Daniel Innerarity, Mary Kaldor o Saskia Sassen.

Enlaces de interés

Contrato social. Manifiesto para reconstruir Europa desde la base.

Pacto de Estabilidad (Tratado europeo de estabilidad, coordinación y gobernanza) que entra en vigor en el 2013.

Para los datos de las encuestas: Especial del Spiegel Online sobre las próximas elecciones en Alemania.

'La derecha tiene, la izquierda es', dijo un conocido político catalán

Ramoneda: ‘

Seguridad como ideología, competitividad como principio de vida y el "sálvese quien pueda" como destino’

Las políticas públicas deben utilizarse para promover la movilidad social y la integración de todos los sectores de la sociedad

La izquierda necesaria. Contra el autoritarismo posdemocrático, Josep Ramoneda.

Es sintomático ver el incesante replanteamiento que se obliga a hacer la izquierda (ideológica y política), más ahora que se encuentra en el momento más gris que haya podido tener. En cambio, los que se sienten parte de la tradición de los que se sentaron a la derecha de Clermont-Tonnerre, no tienen necesidad de tanta reflexión; sin ir más lejos se hace impensable el título de este libro a la inversa: La derecha necesaria. “La derecha tiene, la izquierda es”, dijo un conocido político catalán. Quizá eso explica porque una tiene la necesidad de fluir y mutar constantemente mientras la otra gestiona y almacena su presente. Este libro, escrito por una de las personas llamadas a ser ideóloga de la renaturalización política de la izquierda, es una invitación a la reflexión, pero sobretodo a la reacción.

El contexto social y político actual, para Ramoneda, se puede resumir brevemente en: ‘seguridad como ideología, competitividad como principio de vida y el sálvese quien pueda como destino’.sálvese quien pueda De este contexto se infiere lo que el autor bautiza como “totalitarismo de la indiferencia”, que se define por un cuerpo social pasivo, que no es sujeto político. Ramoneda denuncia que una sociedad que no es autónoma, es una sociedad sierva. Servidumbre, eso si, voluntaria. Aquí radicaría, pues, la misión de la izquierda política: despertar la conciencia y reconocimiento de la servidumbre ciudadana y alentar al que se sabe siervo a la ‘rebelión política’. Sin embargo, puede ser que un intento de insurrección por los que se saben siervos pueda formar parte de la misma lógica del statu quo; que, al fin y al cabo, la contracultura forme parte de la propia cultura. La capacidad y flexibilidad del sistema a la hora de integrar sus propias contradicciones es una de sus características definitorias. Aún así, le es inherente a la izquierda la voluntad de intentarlo, de denunciar el abuso de poder. Por consiguiente, urge retomar algo que ha olvidado la izquierda política descafeinada (representada por la socialdemocracia europeísta de después de la caída del telón de acero e ilustrada hasta la caricatura por las terceras vías): despertar conciencias para defender la ‘autonomía radical’ del ciudadano, su dignidad.

El método pasa, entre otras fases, por conseguir el control del lenguaje. Antoni Castells decía que si bien en el contexto de postguerra los partidos liberales y conservadores actuaban en el marco político de la izquierda, después del thatcherismo, es la izquierda política la que se siente forastera en el nuevo mapa social y económico caracterizado por la desregulación. “La sociedad no existe, sólo hay individuos y familias”, es una frase que se ha hecho cierta en parte por la aquiescencia de la socialdemocracia. En la izquierda descafeinada ha permeabilizado el lenguaje del management, de la emprendedoría, del consumo, de la meritocracia, de la competitividad, etc., que ha reducido el ciudadano al individuo que se realiza en tanto que ‘competidor, contribuyente y consumidor’. Y en este terreno, parece que tiene las de perder. Desde hace años, la alineación entre izquierda política y clase obrera no tiene sentido, el target es difuso, no hay brand loyalty y, a la espera de los resultados del próximo domingo en Cataluña, la customer experience ha sido demolidora.

‘La meritocracia es una forma de aristocracia’, afirma Ramoneda en este sentido. Critica con severidad el culto al emprendedor por dos motivos: la estratificación de la sociedad y las enormes desigualdades. Los estudios de movilidad social muestran que el llamado flujo constante, necesario para el funcionamiento de cualquier sociedad, se ha estancado desde el inicio de la crisis. Además, muestran que la causa última de la pobreza reside en una socialización que incapacita para integrarse de manera eficaz en la sociedad moderna. Las políticas públicas deben utilizarse para promover la movilidad social y la integración de todos los sectores de la sociedad. El último informe de la OCDE al respecto concluye: “Policy reform can remove obstacles to intergenerational social mobility and thereby promote equality of opportunities across individuals. Such reform will also enhance economic growth by allocating human resources to their best use.”

La consecuencia directa de esta desorientación es que la izquierda política “con cafeína” parece que ha dejado la silla vacía en los parlamentos y está estableciéndose y acrecentándose en las calles. Ha ‘reinventado el espacio común’. Se da por tanto una situación paradójica en nuestro contexto: existe una conciencia pública de las consecuencias sociales de la desgobernanza del sistema económico y se denuncia en las numerosas manifestaciones espontáneas y, al mismo tiempo, los parlamentos y gobiernos elegidos en las urnas son hegemónicamente pro statu quo. Según Ramoneda, esta situación se puede comparar al momento de ‘efervescencia revolucionaria‘ que supuso Mayo del 68: grandes manifestaciones, anticapitalistas y antisoviéticas, con ínfulas de cambiar de arriba a abajo el sistema institucional (desde la familia al Politburó soviético) y el esquema de valores que regía la sociedad, que desembocaron en las victorias electorales de Charles de Gaulle y de Richard Nixon.

Un apunte para el día 25. La izquierda política catalana, si quiere ser alternativa de gobierno, debería afrontar unida tres retos: (1) la lucha contra la exclusión social y sus consecuencias, (2) la cuestión nacional y (3) el avance en términos de calidad democrática. Si no, el ‘PRI a la catalana’ va a seguir impidiendo la urgente transformación social y política.

Más sobre movilidad social y políticas públicas:

(1) Estructura familiar, Estatus ocupacional y Movilidad social Intrageneracional en España, por la revista internacional de sociología (RIS)

(2) Video Social Mobility: A family affair por la OCDE

(3) Recomendaciones de la OCDE para España, en el dossier de Economic Policy Reforms: Going for Growth 2012

(4) Social Mobility and Education Gaps in the Four Major Anglophone Countries, por la Carnegie Corporation of New York

• Fernández-Albertos, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard, señala en este libro que la aquiescencia que los gobiernos estatales muestran ante la imposición de las políticas de austeridad, aplicándolas al margen del debate democrático, es una peligrosa amenaza a la sostenibilidad del sistema político y económico.

Democracia Intervenida. Políticas económicas en la gran recesión, de José Fernández-Albertos

Lo que define la política hoy, es su impotencia. ¿Quién es realmente soberano? ¿Qué consecuencias tiene que no tengamos clara la respuesta a la anterior pregunta? Fernández-Albertos, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard, señala en este libro que la aquiescencia que los gobiernos estatales muestran ante la imposición de las políticas de austeridad, aplicándolas al margen del debate democrático, es una peligrosa amenaza a la sostenibilidad del sistema político y económico.

La falta de legitimidad que tienen las políticas que se están imponiendo actualmente provoca un grave problema: ¿quién es responsable de qué? Si una de las cualidades de la democracia es la capacidad ciudadana de rendir cuentas (accountability) a quien ostenta el poder, actualmente hay un vacío de responsabilidad ya que las medidas se imponen desde esferas donde la voz ciudadana no tiene acceso. Estas esferas configuran “sistemas burocráticos de negociación’’ (en términos de Dahl), cuyos líderes no pueden ignorar indefinidamente los límites establecidos por las opiniones y deseos de los gobernados. Este libro, que nace gracias al IBEI y a la Fundación Alternativas, es un llamamiento en esta dirección y una advertencia de las consecuencias que puede tener una reducción de los ciudadanos al papel de figurantes. Archibugi, ya en el 2002, se refería así a este contexto:

‘‘We are not, of course, living in a situation of international anarchy; nevertheless, many of the decisions that affect our lives are taken behind the scenes, by shadowy figures -people over whom neither we nor, it seems, our governments exercise any control.’‘

La tesis que sostiene el libro es que como el ajuste tiene fuertes consecuencias distributivas, para que sea percibido como legítimo y políticamente estable es necesario que sea adoptado mediante procedimientos democráticos. Pero la impopularidad de estas medidas “obliga” a la intervención de la democracia y, por tanto, se deben alejar del debate ciudadano las decisiones que “se tienen que tomar”. Este libro es una crítica a las dos ideas centrales que subyacen a la supuesta necesidad de restringir la capacidad de influencia de los ciudadanos en política económica en los contextos de crisis: ni hay una única política económica posible, ni limitar la influencia de los ciudadanos en ella nos llevará a adoptar respuestas mejores o más sostenibles. Al contrario, el hecho de que cualquier política económica de ajuste tenga implicaciones distributivas hace que su sostenibilidad política dependa directamente del grado de apoyo social. En democracia, las políticas impopulares son inherentemente efímeras. “Son las políticas impopulares, por el mero hecho de serlo, las que nos acercan al precipicio”.

El libro hace especial mención a las consecuencias negativas que tiene la dualización del mercado de trabajo, esto es, la división entre insiders (contratos estables, protección en el empleo, estabilidad) y outsiders (contratos precarios, temporalidad). “Deviene urgente frenar la sangría de puestos de trabajo”, porque cada año que pasa, la recuperación económica logrará incorporar a un número menor de trabajadores, los cuales estarán cada vez menos cualificados. Las crisis, señala el autor, pueden imponer costes permanentes a la economía, la llamada histéresis. El mercado de trabajo español está en serio riesgo de hacer caer en ella a la economía española.

La segunda consecuencia de la persistencia de altas tasas de desempleo es el aumento directo de la pobreza y la desigualdad social. Los datos que muestra Eurostat al respecto son alarmantes. España se ha convertido en el Estado de la UE con más distancia entre las rentas altas y bajas. El coeficiente de Gini que presenta España es el más alto desde que se tiene constancia y sólo es superado por el de Letonia en toda la UE. Otro indicador recogido por Eurostat, la ratio p80/p20, muestra que España, con un 7.5, tiene el indicador más elevado de toda la UE, que tiene una media de 5.7 (ver fuentes al final del artículo).

El autor analiza dos estrategias que se han planteado para salir de la situación actual: el ajuste fiscal unido a la devaluación interna y la profundización en el proceso de integración europea.

Sobre Europa, Fernández-Albertos se pregunta, “¿Por qué no constituirnos en un único país?”. En el libro se estudian dos estrategias para limitar los problemas distributivos entre los países deudores y acreedores europeos: (1) Sincronizar los ciclos económicos y asimilar las estructuras productivas. (2) Difuminar las identidades nacionales y fomentar la identidad Europea. Señala, también con claridad, la necesaria reforma del BCE, el cual, mimetizando al Bundesbank, está únicamente centrado en el control de la inflación y no actúa como el prestamista de última instancia, necesario para la economía española. Además, la unión monetaria genera el grave problema que supone para la competitividad de la economía española el hecho de no poder devaluar la moneda. Corregir la disfuncional unión monetaria y complementarla con una unión política y fiscal deviene urgente.

Para Fernández-Albertos, reducir la desigualdad social y aumentar el grado de internacionalización de la economía sería la manera de dotar de legitimidad democrática las políticas de ajuste. Por un lado, reduciendo la desigualdad social disminuirían las asimetrías de los costes que imponen los ajustes y, por tanto, supone acrecentar el consenso social. Y por otro lado, internacionalizando la economía las preferencias de los sectores internacionalizados y las del país en su conjunto apenas son diferenciables, “minimizando el riesgo de conflicto entre las demandas de los mercados globales y las demandas sociales domésticas.” Estas estrategias, por tanto, limitarían la tensión entre las exigencias que impone la participación en el euro con la necesidad de repartir los costes del ajuste de una forma socialmente aceptable.

Ahora bien, estas estrategias de nada sirven si son impuestas y no provocan una apertura democrática en los órganos de decisión europeos. Si persiste el vacío de legitimidad, la desestabilización del sistema político y económico dejará de ser un riesgo para convertirse ahora sí, en la rendición de lo político. Porque al final, como afirmó Jean Monnet, “nada es posible sin los hombres, nada es duradero sin las instituciones”.

Más sobre la cuestión del libro

-Documento que se acaba de publicar en la Fundación Ideas de Josefa Calero y Reyes Maroto sobre “Los efectos del ajuste fiscal en las economías periféricas de la zona euro”.

-Blog de economía Nada es gratis.

-Ratio p80/p20 actualizado y Coeficiente de Gini actualizado, fuente Eurostat.

-Dani Rodrik en Project Syndicate sobre el conflicto entre democracia y globalización.

-La genética introvertida de la Unión Europea, artículo de José Ignacio Torreblanca en Política Exterior.

-Ebook gratuito ofrecido por la revista MicroMega donde se estudian y analizan las políticas de austeridad a nivel europeo.

-La izquierda necesaria. Contra el autoritarismo posdemocrático, último libro de Josep Ramoneda

-Tráiler de la película The Brussels Business, donde se investiga el poder de los lobbies en las instituciones europeas.

Desde que en mayo de 2010 se realizara el primer «rescate» financiero dirigido a Grecia, la división, ya existente, entre países deudores y acreedores quedó patente en el seno de la Eurozona. Irlanda, Portugal y España, además de Grecia, han solicitado ya fondos para sanear sus sistemas financieros. Así, mediante el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) primero y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) desde marzo de 2011, se intenta garantizar la estabilidad de una moneda única cuyo mantenimiento está afectando directamente a la ciudadanía, especialmente a la de los países deudores. Otras propuestas para proteger el euro como los eurobonos, los cuales podrían mejorar la capacidad de préstamo de la eurozona, fueron rechazadas con contundencia debido, en parte, a una fuerte presión mediática (especialmente de medios como el Bild). En este contexto, la opinión pública juega un rol crucial en el proceso de toma de decisiones en los Estados europeos. Máxime cuando los rescates tienen que ser aprobados por unanimidad por todos los Estados miembro de la zona euro.

Este trabajo de investigación intenta esclarecer las causas, esto es, el por qué la sociedad alemana, en este caso, acepta soportar los costes de «rescatar» otros países. Para explicar la posición de la opinión pública, el trabajo se basa en tres segmentos: los intereses económicos privados de los ciudadanos, la sensibilidad social de éstos y la orientación de partido.

La vía de los intereses económicos sostiene que las preferencias de los electores en políticas económicas están en función de los efectos de esas políticas en su propia situación económica. Es la concepción que nace de entender la teoría política como la construcción de modelos formales de procesos políticos, fundamentada en la rational choice y en la presunción de que los ‘individuos’ son seres racionales que se mueven por intereses egoístas. Esta teoría estaría encabezada por autores como Antony Downs, y su teoría de competencia electoral, y Kenneth Arrow.

El descubrimiento central del estudio es que los intereses económicos no son determinantes para explicar la variación en las preferencias individuales en los rescates financieros europeos. De hecho, las diferencias que haya podido haber en las circunstancias personales de cada elector debido al impacto de la crisis, están asociadas vagamente con las actitudes respecto a los rescates.

En cambio, el altruismo y la empatía son características más fiables para explicar las preferencias sobre el punto pivotante del estudio. La fuerza y consistencia de estas asociaciones sugieren que los electores enfocan las contribuciones de Alemania al MEDE desde dimensiones más allá de lo que concierne a ellos. Es, por tanto, la sensibilidad social aquello que explica mejor el comportamiento de los ciudadanos alemanes acerca de las transferencias los países deudores.

En un nivel más bajo, las orientaciones partidistas también ayudan a explicar algunas de las variaciones en las actitudes de los ciudadanos. Sin embargo, se sugiere que la importancia del partidismo es más pronunciada entre aquellos que poseen un menor nivel de información sobre la cuestión. Se hace hincapié en que el apoyo a los «rescates» es transversal a las ideologías. La división izquierda-derecha no resulta útil en este caso, la división que caracteriza más a los electores es entre partidos centristas y extremistas, siendo estos últimos los que se oponen más fehacientemente a los rescates. Los partidos Linke, NPD o Republikaner se oponen de una manera más notable que los simpatizantes de la CDU o el SPD.

Por tanto, los resultados del estudio subrayan que las predisposiciones sociales y las orientaciones políticas estan significativamente correlacionadas con las actitudes ante los rescates financieros. En cambio, los factores pertenecientes a un interés económico privado parecen importar relativamente menos, aunque no significa que los electores no tengan en cuenta estos factores. La división social clave, según el estudio, está entre aquellos ciudadanos en los que predominan sentimientos de carácter nacional y aquellos en los que predomina una cierta afinidad con Europa.

El interés económico privado no parece ser el prisma principal bajo el que los ciudadanos alemanes evalúan la contribución de su país al MEDE. Las evidencias que muestra este estudio deberían obligar a una reflexión en los gobiernos de los Estados de la UE, y fundamentar así una unión política en los sentimientos de pertenencia de los ciudadanos europeos. No robustecer este sentimiento y resguardarse en el particularismo nacional, es, sin duda, una estrategia equivocada y necesariamente efímera.

Textos relacionados:

Análisis sobre los rescates bancarios en Europa por la Fundación Ideas

Análisis sobre los efectos de las políticas de cohesión comunitarias: The growth effects of EU cohesion policy: a meta-analysis por Bruegel

Artículo sobre el sentimiento europeísta en España por el CIDOB