El tiempo vuela y la memoria a veces es corta. Dentro de unos meses se cumplirán cinco años del inicio de la pandemia. Fui testigo privilegiado del esfuerzo ímprobo por sacar adelante el país. Y también de decisiones que, con lo que hoy sabemos, seguramente serían distintas (pienso en concreto en el duro confinamiento de niños y niñas, para los que seguramente habría que haber ingeniado alguna solución diferente). Por supuesto que hubo errores. Y por supuesto que se improvisó, como en todas partes, con la mejor voluntad y toda la energía puesta en el empeño. 

Por eso no reprocharé nunca determinadas decisiones que, en el ámbito profesional, sólo tienen explicación en su contexto –siempre admitiendo la crítica–. Como economista, en el caso que nos ocupa, no me habría gustado verme al frente de la Contabilidad Nacional en aquellos meses y los que siguieron. No me cabe duda de que el INE puso todos los medios, desde su honestidad e independencia, en la tarea. Y de que otros no lo habríamos hecho mejor.

Dicho lo cual, el error de estimación en el PIB en los años 2020 a 2022 (dejo al margen la revisión que afecta a 2023) requiere una explicación fuera de los foros especializados, que sea comprensible para los no expertos. En cierto modo, hemos vivido en una narrativa de ficción durante todo este tiempo, hasta la revisión definitiva del pasado 18 de septiembre. Son tres años largos, si exceptuamos el propio 2020, en los que la economía creció más de lo recogido por la Contabilidad Nacional, la productividad se comportó mejor de lo esperado, las ratios de déficit y deuda pública fueron algo menores, al igual que la presión fiscal, y la salida del COVID fue más rápida en comparativa internacional de lo estimado hasta ahora. Y no es sólo una cuestión de narrativas: muchas decisiones económicas se toman a partir de estos indicadores, tanto en el sector público como en los mercados financieros, por no hablar de la propia evolución de la renta per cápita y lo que eso entraña. 

Cualquier analista mínimamente familiarizado con la estimación de macromagnitudes comprende la elevada probabilidad de error en los dos primeros trimestres de 2020, cuyo crecimiento se estimó con la economía cerrándose en tiempo real y, posteriormente, reabriéndose de manera gradual y completamente asimétrica. No había precedentes de algo semejante. El problema (común en los institutos de estadística de otros países y en magnitudes comparables) no está ahí, sino en la gestión posterior y en la ausencia de una política de comunicación a la altura del momento. Ambas cosas, como señalo más adelante, son síntomas de un problema institucional que debería preocuparnos.

Durante demasiado tiempo, los indicadores más habituales de empleo o la información disponible sobre recaudación fiscal (por citar dos tipos de variables altamente correlacionadas con la actividad económica) apuntaban a una realidad significativamente distinta a la señalada por el INE. La evolución de la productividad, crucial en la determinación de salarios y márgenes empresariales, carecía totalmente de sentido. Pese a ello, las explicaciones económicas a estos y otros interrogantes han sido decepcionantes o poco convincentes, al menos fuera del cerrado mundo institucional. 

Los disclaimer (llamadas a la precaución sobre el impacto de la pandemia sobre las estimaciones) se mantuvieron durante años sin aportar gran cosa a unas notas de prensa de las que cabía esperar bastante más. La función del INE no es académica, es institucional y por lo tanto está sujeta a rendición de cuentas. Las diferencias con otras instituciones comparables en el Reino Unido o en los Países Bajos, por ejemplo, son notorias.

Es cierto que las revisiones de Contabilidad Nacional están calendarizadas y protocolizadas, pero también lo es que durante estos años las revisiones ordinarias del PIB han desconcertado a los expertos con demasiada frecuencia, en lo que va del dato avanzado al definitivo, tanto por su intensidad como por su composición (con giros abruptos y difícilmente explicables del encaje económico subyacente). Todavía hará falta tiempo, poso y paciencia para tener una imagen precisa de la historia económica de estos años. 

Nadie pone en duda las habilidades y las competencias técnicas del INE, ni mucho menos su independencia (el episodio, si demuestra algo, es justamente su autonomía de criterio), pero también es justo señalar que sufre un grado de estrés institucional importante. Como quiera que el interés de todos reside en el mejor funcionamiento posible de la institución, la pregunta es cómo evitar que algo así vuelva a repetirse, asumiendo que lo sucedido no es achacable solamente a las dificultades inherentes a la pandemia. Si queremos un INE de excelencia es necesario dotarlo de recursos, fortalecer su plantilla con los mejores perfiles, modernizar su gobernanza, actualizar protocolos, abrirlo ordenadamente a la interacción con otras instituciones –también del ámbito privado–, replantearse su papel en la comunicación –como proveedor de información estadística básica–, etc.

Y la reflexión no debería quedarse ahí. A pesar del buen desempeño de quienes trabajan en ellas, el funcionamiento anquilosado de muchas instituciones públicas está llevando al fallo sistémico y, en algunos casos, a la parálisis. Lo del INE es un aviso. Está ocurriendo en muchas universidades públicas, en la administración local, en la gestión diaria de grandes ministerios, en organismos autónomos, en la relación digital entre la Administración y los ciudadanos, etc. Esta vez ha sido la estimación de las cuentas nacionales, la próxima vez puede ser el servicio de atención primaria, el colapso en los juzgados o el acceso a una prestación social de primera necesidad. 

Cerraba una crónica previa a las elecciones legislativas francesas, días antes de la primera vuelta, con esta reflexión: “La pregunta relevante ahora mismo es a quién nombrará Macron como primer ministro, con qué agenda política y con qué aritmética parlamentaria, en el caso de que el partido de Le Pen sea el más votado pero no obtenga mayoría absoluta, y si el partido de Macron cayese a la tercera posición pero sumase con el frente de izquierdas. De la respuesta dependerá no sólo el devenir político de Francia en los próximos años, y su impacto en el ciclo europeo que ahora comienza, sino el de la V República en sí misma, que debe celebrar sus próximas elecciones presidenciales en 2027”.

En ese punto exacto estamos. El partido de Le Pen ha sido el más votado (10,1 millones de votos) pero no ha obtenido mayoría absoluta (143 diputados sobre el total de 577 que componen la Asamblea Nacional), y el partido de Macron ha caído a la tercera posición (6,7 millones de votos) pero suma mayoría con el frente de izquierdas (350 diputados entre ambas formaciones), que, aunque ha conseguido más diputados que nadie (182) no ha ganado las elecciones.

No las ha ganado por dos razones. Primero, porque no ha podido forjar una mayoría viable en la Asamblea con la que acceder al Ejecutivo. Y segundo, porque tampoco ha sido ni de lejos el partido más votado: se ha quedado a 3,1 millones de votos del partido de Le Pen.

Acostumbrados los franceses a que el presidente nombre primer ministro al representante del primer partido en la Asamblea, la izquierda ha olvidado que todos los primeros ministros lo fueron por ser además los candidatos de la lista más votada y, sobre todo, por ser los candidatos de la única mayoría posible, absoluta o relativa.

Nunca, desde que en 1958 se instauró la V República, la lista más votada en unas legislativas obtuvo un resultado tan corto como en 2024: Castets se quedó a 107 diputados de la mayoría, que está en 289 diputados. El último precedente comparable fue Chirac en 1978, que se quedó a 95 diputados de la mayoría, que entonces estaba en 245/488 diputados, con la diferencia de que el presidente de la República, Giscard-d’Estaing, era de su misma familia política.

Los resultados de las elecciones han sido un alivio en términos de aritmética parlamentaria, dado lo que la primera vuelta dejaba presagiar, pero en el fondo tienen algo de espejismo: el frente republicano en conjunto perdió de 1,3 a 1,6 millones de votos entre las legislativas de 2022 y las de 2024 (dependiendo si se considera a los conservadores de LR en dicho frente, o no), con un aumento de participación de 6,5 millones de votos, que es justo lo que ha crecido el voto a la extrema derecha en las últimas elecciones. 

La izquierda francesa ha sido torpe en su ceguera de 'la lista más votada'. Con el apoyo solamente de 1/3 de los diputados y teniendo asegurada enfrente una mayoría de bloqueo, lo más realista habría sido pelear por una coalición liderada por el NFP y negociar un programa, lo cual habría implicado necesariamente hacer cesiones. Sólo Mélenchon dio un paso en este sentido, anunciando que renunciaría a la presencia de ministros de LFI en un hipotético Gobierno de izquierdas. 

Macron comprendió perfectamente el peligro de ese gesto. Y, puesto que nada le obligaba “jurídica ni moralmente” (en palabras de Mitterrand, en un viaje al futuro desde 1978) a nombrar Primera ministra a Castets, se apresuró a cerrar la puerta a la izquierda antes de que fuera demasiado tarde. Usó para ello un argumento de peso (“un Gobierno sobre la base únicamente del programa y los partidos del NFP sería inmediatamente objeto de una moción de censura”) que, en realidad, era más el reflejo de su voluntad política, como se ha visto posteriormente. Dio un portazo.

Un Gobierno de coalición presidido por el NFP, con nombramientos y programa negociados, podría estar en disposición de modular la última reforma de las pensiones, recuperar el impuesto a las grandes fortunas financieras y poner en marcha una agenda social. Macron corría así el riesgo de convertirse en un presidente 'desautorizado' y con un legado político enmendado, con todavía tres años de mandato por delante. Cazeneuve, un intento de úlrima hora, no iba a tener su opción.

Desde ese punto de vista, el nombramiento del conservador Barnier al frente de Ejecutivo tiene todo el sentido. Es más, dada la composición de la Asamblea, probablemente represente mejor al votante mediano francés que muchos otros de los candidatos barajados en las últimas semanas y, desde luego, que cualquiera de los candidatos del NFP.

El problema no es Barnier. El problema es haber tomado una decisión tan transcendental como el nombramiento del primer ministro en función del visto bueno de Le Pen, con cuya colaboración el macronismo se asegura que una censura no cuenta con los números suficientes para prosperar. 

El macronismo pidió un voto republicano en campaña electoral para, finalmente, formar un Gobierno que va a estar tutelado por la extrema derecha. ¿Con qué si no con el voto republicano fue elegido Macron frente a Le Pen en 2017 y 2022? ¿Con qué base volverá alguien a votar bajo la premisa de frenar a la extrema derecha como primera obligación moral (como tan honestamente defendió Dominique de Villepin en la pasada campaña)? 

Nada bueno hacía presagiar la sorna con la que Bardella se refirió a Jean Moulin (icono de la Resistencia, secuestrado y torturado hasta la muerte por la Gestapo) en uno de los debates electorales celebrado entre las dos vueltas y televisado en prime time. En otro tiempo, esa reacción espontánea habría sido suficiente para laminar las opciones de cualquier candidato. 

Da la impresión de que gran parte de la sociedad francesa y, sobre todo, del establishment vive desde hace tiempo en el dilema de Óscar Wilde: “La única manera de librarse de la tentación es ceder ante ella.” Y están cediendo.

Caído el muro republicano, queda por saber qué ocurrirá a partir de ahora cuando cada votante escoja la papeleta de su verdadera preferencia, libre al fin del juego de estrategias en el que llevan inmersos desde hace tanto tiempo.

En 2017, entre las dos vueltas de las elecciones presidenciales francesas en las que Emmanuel Macron salió elegido presidente por primera vez, escribí en este mismo diario que la semilla del Frente Nacional había germinado y que quien presidiese Francia lo haría sobre la base de una sociedad fracturada. La candidatura de Macron había sido apoyada en primera vuelta por el 24% del electorado, frente al 21,3% de Le Pen, el 20% de Fillon y el 19,6% de Mélenchon. Apenas 4,4 puntos separaban entre sí a los cuatro principales candidatos, y esto gracias al voto útil de buena parte del electorado socialista, que no necesariamente validaba el programa político de Macron sino su candidatura.

Era evidente que la olla a presión francesa podía estallar en cualquier momento. Y que aquella elección tenía que ser algo más que una válvula de escape: “Si Macron, para alivio de la comunidad internacional, se impone finalmente en la carrera al Elíseo, deberá asumir que tiene por mandato fundamental aplacar los síntomas del descontento social, identificar sus causas últimas y actuar sobre ellas con absoluta determinación. No hay más programa que ese, sin margen de error.”

Algo similar había escrito meses antes Gérald Darmanin, por entonces secretario general del partido de Fillon (LR), en una columna de título elocuente, ‘Le bobopopulisme de Monsieur Macron’: “Lejos de ser la cura para un país enfermo, será, por el contrario, su veneno final. Su elección, Dios no lo quiera, sumiría a Francia en la inestabilidad institucional y llevaría a la ruptura de nuestra vida política. Entonces, en este vacío, llegará el populismo más abyecto, el de Madame Le Pen. No cabe duda.”

Siete años después de aquellas elecciones, cuando aún restan tres para el final del segundo ‘quinquenato’ de Macron y en vísperas de unas elecciones legislativas convocadas de imprevisto, hay elementos de análisis suficientes para contrastar aquellas palabras.

Lejos de buscar acuerdos programáticos con las fuerzas vertebradoras del sistema, cuando ya era obvio que tenía, a su izquierda, a un partido socialista entregado y, a su derecha, a un partido conservador en crisis, Macron ha derrochado toda la energía jupiterina de un monarca republicano para reinar bajo la divisa “o yo, o el caos”. Y lo ha hecho desde la vacuidad de la política líquida, desarbolando el sistema de partidos y sin dotar al sistema de nuevas estructuras que sustituyesen a las precedentes. 

Durante estos siete años hemos escuchado distintas interpretaciones de la misma partitura: todo lo que no sea ‘el centro’, son extremismos. Y el sistema de partidos ha reaccionado como cabía esperar: para ocupar espacio y ser alternativa, la competición debía ser centrífuga. ¿El resultado? La terna Macron, Mélenchon y Le Pen. 

Al poco de ser elegido, la supresión del impuesto a la fortuna (que en realidad fue sustituido por otro impuesto, de tal modo que la diferencia entre el primero y el segundo consiste en la exención tributaria del patrimonio financiero –no así de la riqueza inmobiliaria, que sigue sometida a tributación–), aprobada al mismo tiempo que el aumento de la fiscalidad de los carburantes de automoción, fue una señal fuerte de lo que iba a ser su presidencia: el clivaje de clase, el atrincheramiento capitalino, la brecha campo-ciudad y la cerrazón a no considerar matices ni tender la mano a todo lo que no fuera su programa. La respuesta inmediata fue la crisis de los chalecos amarillos, que acabó enquistándose y de manera extremadamente violenta.

Ni un solo guiño en materia social en siete años al frente del país. Y, en su lugar, sucesivas vueltas de tuerca: a las pensiones, a la prestación por desempleo y, sobre todo, a la inmigración, cuya legislación acabó siendo pactada con la extrema derecha y cuyo ministro proponente fue el mismo Gérald Darmanin que años atrás advertía sobre los peligros de ‘la macronie’, titular de la cartera de Interior desde 2020. 

En el balance de Macron, cuando se escriba, habrá una lección difícil de digerir para muchos tecnócratas: que toda reforma, por óptima que sea sobre el papel, debe ser política y socialmente factible. No es discutible que un buen Gobierno necesita cuadros de primer nivel, pero los expertos están para proponer, no para decidir al margen de cualquier otra consideración. Reformas estructurales como las ambicionadas, convenientes muchas de ellas, requieren diálogo, acuerdo y mayorías amplias. 

En España, el centrismo hegemónico y tecnócrata no llegó a dar fruto. Lo intentó Cs, como escisión del espacio conservador, hasta que en los pactos autonómicos de 2019 decidió girar el timón todo a la derecha. El resto es historia. 

En Francia, el experimento sí ha funcionado (en este caso, como escisión del espacio socialista), en gran medida por las particularidades de su sistema electoral, pero con un balance contestable en términos económicos y de reformas. Visto el estado actual de las cuentas públicas y el desempeño macroeconómico más bien mediocre, cabe preguntarse desde una perspectiva estrictamente liberal dónde está el fruto de tantos ajustes y si ha merecido la pena el precio pagado en términos de cohesión social. 

Cabe constatar, tanto en el caso español como en el francés, que el centrismo liberal ha terminado por exacerbar la polarización hacia los extremos, alimentando en particular a RN y Vox, respectivamente. Algo se ha hecho mal, hasta el punto de que el experimento Macron pueda colapsar en las próximas elecciones legislativas justamente por el centro. Veremos hasta qué punto aguantan las cuadernas institucionales del sistema.

La extrema derecha de Le Pen y Joan Bardella, la estrella emergente, está a las puertas de una victoria sin precedentes. Enfrente, el Nuevo Frente Popular es un conglomerado de voluntades heterogéneas, repleto de incoherencias personales e ideológicas, y meramente instrumental, cuyo pegamento es la percepción generalizada de que Macron ha hecho poco o nada para evitar este momento y que no representa ya ninguna esperanza de reconstrucción social.

En el pulso interno entre los partidos de esta nueva coalición de izquierdas, los insumisos son hasta el momento los grandes beneficiados, al haber conseguido imponer más candidatos y en circunscripciones más favorables que ninguna otra fuerza. Los socialistas, perdedores de la interna, han conseguido al menos imponer el sello socialdemócrata en el programa político de la nueva formación. 

Todo indica que la coalición tendrá vida corta, que difícilmente podrá disputarle la victoria a la extrema derecha, y que no será fácil la gestión del día después. Hace tiempo que Mélenchon, al igual que su homólogo Iglesias en España, es una figura del pasado, pero conserva intacta su capacidad para hacer implosionar el proyecto común a las primeras de cambio.

La pregunta relevante ahora mismo es a quién nombrará Macron como primer ministro, con qué agenda política y con qué aritmética parlamentaria, en el caso de que el partido de Le Pen sea el más votado pero no obtenga mayoría absoluta, y si el partido de Macron cayese a la tercera posición pero sumase con el frente de izquierdas. 

De la respuesta dependerá no sólo el devenir político de Francia en los próximos años, y su impacto en el ciclo europeo que ahora comienza, sino el de la V República en sí misma, que debe celebrar sus próximas elecciones presidenciales en 2027 y a las cuales Macron no podrá volver a presentarse. 

Hace cinco años, en un artículo sobre las pensiones publicado en este mismo diario, todavía en el marco fijado por la reforma de 2013, concluía que estábamos frente a tres opciones: 1) revalorizar las pensiones de acuerdo con la inflación sin abordar ningún tipo de ajuste, lo que no haría sino profundizar en un juego de suma cero entre pensiones y ‘todo lo demás’ (sanidad, educación, inversión productiva, etc.); 2) permitir que la inflación erosionase el poder adquisitivo de las pensiones, confiando en que las rentas derivadas de la acumulación de capital inmobiliario durante el ciclo vital pudiesen contener la pauperización de las mismas (dos de cada tres pensionistas cobraban entonces menos de 900 euros brutos al mes, en catorce pagas); o 3) una reforma de la sostenibilidad que dotase a las administraciones públicas de más recursos y que, además, contribuyese a reducir la desigualdad.

Cerraba aquel artículo afirmando que la reforma de las pensiones no era un drama irresoluble, pero que era necesario vencer el inmovilismo y la resistencia al cambio. Han pasado muchas cosas desde entonces y, releyéndolo a la luz de la última reforma, me parece oportuno compartir algunas reflexiones.

En primer lugar, el centro de gravedad del debate se ha desplazado. Ya no está en si las pensiones deben conservar o no su poder adquisitivo, sino en cómo es posible financiarlo de manera sostenible y con un coste de oportunidad que sea asumible, especialmente en su dimensión intergeneracional. Hemos aceptado socialmente, salvo los irreductibles, que cargar el ajuste del sistema a la sola erosión del poder adquisitivo de las pensiones, como se pretendía, no era una propuesta realista. Los pensionistas no tienen expectativas de evolución de carrera, ni de cambio de trabajo, ni están sujetos a mejoras de productividad, ni pueden esperar aumentos de sueldo, ni tienen representantes en comités de empresa. La inmensa mayoría tiene pensiones más bien modestas (aunque en ocasiones se rebata esto recurriendo a la elevada ‘tasa de sustitución’): el 60% están por debajo de 1.000 euros brutos mensuales. Toda aspiración económica en esa etapa de la vida se limita a conservar su valor real. Es una demanda de mínimos.

En segundo lugar, de manera consecuente con lo anterior, se ha optado por dotar al sistema de más recursos y hacerlo con criterios de equidad (el aumento de cotizaciones propuesto en la última reforma se concentra en los salarios superiores a 50.000 euros brutos anuales, el 5% más alto de las rentas salariales). Se aprietan las tuercas por el lado de los ingresos. Y eso duele. Pero es un paso adelante posibilista, dadas las restricciones económicas, políticas y sociales del momento, aunque cuestionable en el sentido que comento más adelante.

En tercer lugar, como la propia evaluación de AIREF ha puesto de manifiesto, la última reforma es insuficiente para solucionar un problema de contabilidad nacional que alcanzará su momento de máximo estrés en torno a 2050, a partir del cual comenzaría a diluirse de manera gradual. Concretamente, dadas las actuales proyecciones demográficas, el gasto total en pensiones alcanzaría el 16,3% del PIB en 2049 (necesario para atender a una población en edad de jubilación que será más numerosa que la actual) frente al 13,6% en 2021. De acuerdo con las estimaciones de AIREF, las medidas adoptadas hasta el momento serían insuficientes para contener el aumento del déficit público, que sumaría al actual 1,1 puntos de PIB en 2050.

Todo ello, por supuesto, sujeto a la evolución en tan largo plazo de factores como la demografía, la población activa o la productividad. Así pues, en los próximos años asistiremos a nuevos ajustes del sistema público de pensiones, el primero de ellos puede que tan pronto como en 2025, si las proyecciones de AIREF están en lo cierto.

En cuarto lugar, la brecha de recaudación fiscal con respecto a la eurozona se ha reducido notablemente en estos cinco años, de 7,2 puntos de PIB en 2018 a 3,1 en 2023. Aunque todavía falta por ver en qué valores va a normalizarse tras la excepcionalidad de la pandemia y el shock inflacionario actual, dicha brecha sigue siendo significativa. No es un espacio fiscal suficiente, dado que el déficit estructural de España puede estar actualmente por encima del 4% del PIB, pero si convenimos que un aumento del déficit en pensiones de 1,1 puntos en 2050 es un problema, deberíamos asumir también que esos 3,1 puntos de menor recaudación deben formar parte de la solución. 

Ambición, carencias y perdurabilidad de la reforma

La actual reforma de las pensiones podría haber sido más ambiciosa si hubiera imperado entre los distintos actores una lógica de Estado. Así, en lugar de haber compartimentado la reforma en tres fases, como de facto parece ser el caso (revalorización de las pensiones en 2021, fortalecimiento de ingresos en 2023 y, a priori, nuevas actuaciones a partir de 2025), habría sido deseable un planteamiento integral, que abarcase también al sistema tributario en la medida que le concierne (elementos no contributivos) y en el que se presentasen de manera conjunta las medidas más impopulares junto con las más fácilmente digeribles. Veremos, en este sentido, cómo se abordan futuros ajustes.

En concreto, habría sido deseable que el peso de los nuevos recursos del sistema hubiese recaído principalmente en tributos existentes y, en menor medida, en un aumento de las cotizaciones, tanto por razones de eficiencia y competitividad empresarial como por motivos de equidad interpersonal. Se ha optado por las cotizaciones, lo cual ofrece un cierto blindaje a la caja de la Seguridad Social, pero no deja de ser un punto cuestionable de esta reforma: la reducción de la desigualdad es misión principal de los impuestos progresivos y de las políticas de gasto, no tanto de las cotizaciones.

Asimismo, en un acuerdo de Estado más amplio podría haberse valorado la introducción o el fortalecimiento de figuras tributarias vinculadas al patrimonio y/o a las mayores herencias, como mecanismo distributivo intergeneracional en sentido complementario al sistema de pensiones, con el que además fortalecer su sostenibilidad. La circulación y rejuvenecimiento del capital es una de las grandes cuestiones por abordar en sociedades ricas y envejecidas como las europeas. Eso evitaría, además, tomar a 'los jóvenes' como rehenes en el debate de las pensiones. Un primer paso en este sentido podría haber consistido en un compromiso fuerte contra la pobreza infantil. 

Finalmente, también tendría que haber sido posible fijar una línea temporal a partir de la cual aplicar las medidas de contención de gasto y adaptación a la esperanza de vida, perfiladas por sectores, actividades y/o tipos de empleo, necesarias para asegurar el cumplimiento de la regla de gasto de las pensiones en el periodo 2022 - 2050, con un plazo suficiente para ser anticipadas por las generaciones concernidas, sin que suponga cambiar sobre la marcha las reglas de juego a los inmediatos entrantes en el sistema. 

Un pacto de Estado sobre estos elementos, entre otros posibles, habría contribuido a abordar el problema con mayor serenidad y habría dotado a la reforma de una legitimidad fuerte, que es la mejor garantía para su perdurabilidad. Eso sí, habría cerrado definitivamente la puerta a la solución 2013, la única considerada por el búnker de las pensiones, que insiste en la necesidad de ‘hacer reformas’ pero que, llegado el momento, se niega a considerar cualquier cambio que afecte a las cotizaciones sociales, a los impuestos (menos todavía si afectan al capital), a los aumentos salariales y a la reducción de la desigualdad. El verdadero problema está ahí, en las posiciones inmovilistas del búnker.

Hace apenas unas semanas, Soledad Gallego-Díaz fue galardonada con el premio a la Mejor Trayectoria Profesional en la 35ª edición de los Premios Ortega y Gasset. En el acto de entrega, Juan Luis Cebrián (entonces todavía presidente del Grupo PRISA) señaló con gran acierto lo que, desde hace tiempo, es evidente para muchos profesionales y lectores: “Soledad es y ha sido siempre la mejor de todos nosotros”. ¡Qué bueno sería tenerla de directora de El País o, por qué no, de responsable de los servicios informativos de RTVE!

Puede que Soledad Gallego-Díaz no haya roto nunca ese techo de cristal porque, como ella misma afirma, se siente una periodista de redacción. O puede que nunca haya tenido esa ambición. O puede que sean otras las razones, sobre las que no tiene que justificar nada a nadie, que lo expliquen. En todo caso, no deja de ser un caso evidente de que la mejor no ha llegado todo lo arriba que uno habría podido esperar.

Si la meritocracia se articulase en torno a un sistema de competencia perfecta, en el que hombres y mujeres se desenvolviesen en igualdad de condiciones, el talento terminaría por imponerse y, puesto que no existen diferencias entre la capacidad intelectual de ambos sexos, sería razonable ver en puestos de responsabilidad a una proporción de mujeres similar a la de hombres. Esto no ocurre por distintas razones.

En primer lugar, la educación sexista puede sesgar la libre elección de incorporarse (activas) o no (inactivas) al mercado laboral. La educación no es sólo la escuela, también es la casa y la calle, que somos todos.

En segundo lugar, el rol social atribuido a las mujeres (hogar, cuidado de niños y mayores) y, especialmente, la maternidad, condiciona su status en el mercado laboral. No ocurre lo mismo con la paternidad, en parte por cuestiones biológicas evidentes, pero no sólo.

En tercer lugar, la probabilidad de encontrar empleo es, en promedio, inferior a la masculina. Además, es mayor la probabilidad de sufrir precariedad y de sufrirla más, así como de cobrar menos que sus homólogos masculinos, ceteris paribus (brecha salarial). La maternidad, o la mera incertidumbre sobre un posible embarazo, genera incentivos para una mayor precariedad y una menor remuneración. Aquí cabe hablar de “fallo de mercado” en la medida en que, sin intervención reguladora, la dinámica empresarial es incapaz de asignar eficientemente el capital humano y, mucho menos, de integrar las externalidades colectivas asociadas a la natalidad.

En cuarto lugar, el reconocimiento profesional o el éxito jerárquico en una carrera profesional depende en gran medida de la distribución asimétrica de las relaciones de poder entre sexos (además del deseo, del esfuerzo y de los méritos necesarios), que generalmente es favorable a los hombres. Defender la presencia de mujeres en espacios de poder que también son suyos es una conquista social, se mire como se mire. Ni los mediocres ni las mediocres deberían “llegar arriba”; pero si algunos de ellos llegan, ¿por qué no algunas de ellas?

En quinto lugar, después de haber superado los cuatro nudos anteriores, las mujeres que disfrutan del reconocimiento profesional o del éxito jerárquico suelen hacerlo mayormente cuando la competencia es abierta (“mi ascenso profesional no depende de tu no-ascenso”), pero cuando la competencia es cerrada (“sólo uno de los dos puede dirigir este periódico”) el poder asimétrico entre sexos es determinante. También lo es, obviamente, la extracción social: a menudo, un macho alfa hace un sitio a una abeja reina, sin cambio alguno en la situación de las obreras.

A todo lo anterior se añade que, durante todas las etapas de su vida laboral, las mujeres sufren una mayor probabilidad que los hombres de ser ninguneadas, de ser objeto de bromas de mal gusto e incluso de ser acosadas en el ámbito profesional.

Huelga decir, por lo tanto, que el mercado laboral dejado a sí mismo está lejos de ser un caso de competencia perfecta en lo que al sexo de las personas se refiere. Las barreras de entrada ejercidas por los hombres, consciente o inconscientemente, conducen a una solución ineficiente (el número de mujeres en la parte superior de las estructuras jerárquicas es generalmente subóptimo). Las reivindicaciones feministas no son sólo una cuestión de justicia social en el reparto de poder, sino de eficiencia asignativa: es empobrecedor que las mujeres no sean protagonistas a la hora de decidir qué hacemos con el mundo.

Costes de transición hacia la paridad

Iniciativas como #No_Sin_Mujeres, lanzada hace unos días por un grupo de 56 académicos y profesionales de las Ciencias Sociales (en su primera semana ha sumado más de 600 firmas validadas), pretenden contribuir a levantar esas barreras.

Será necesario, sin embargo, mucho más que modestos compromisos de ese tipo. Entre otras cosas, habrá que afrontar distintos costes de transición hacia la paridad, algunos de los cuales serán tanto más visibles cuanto más se avance en el proceso. El más relevante de estos costes es obvio: si la meritocracia funciona, la competencia hará que muchos hombres estén llamados a ceder posiciones de poder. Pero hay otros costes que no conviene subestimar. Por ejemplo, si las redes académicas o la atención mediática se focalizan en un pequeño número de mujeres expertas, estas podrán no estar dispuestas o simplemente ser insuficientes para satisfacer la demanda a la que se enfrentan. Además de un coste personal, esto supone un reto a los organizadores de eventos (visibilizar a las mujeres expertas sigue siendo una tarea pendiente). Asimismo, algunas mujeres seguirán confrontadas a la desagradable sensación de ser invitadas a determinados foros por una simple cuestión formal, en lugar de por méritos propios. Conviene recordar que no es que haya que poner mujeres, es que hay mujeres que poner.

Una vez hayan accedido a posiciones dominantes, es posible que muchas mujeres prioricen estrategias de poder (como los hombres han hecho históricamente) sobre las de género, no nos llevemos a engaño. En otros casos, el cambio en la probabilidad de reconocimiento profesional o de éxito jerárquico puede ser mucho más decepcionante de lo imaginado: el incremento de la probabilidad de encontrar mujeres en puestos de poder no significa que la probabilidad de que una mujer, tomada individualmente, llegue a posiciones de poder vaya a ser especialmente elevada (si 10.000 periodistas sueñan con dirigir uno de los diez periódicos más influyentes del país, su probabilidad teórica de éxito será de 0,05% en un mundo paritario, frente al 0% que corresponde a un mundo completamente masculinizado).

Esto último, que no deja de ser una perogrullada, tiene su importancia. Extrapolado a la precariedad laboral o a los bajos salarios, significa que (con el funcionamiento actual del mercado laboral español) solucionar los sesgos de género es condición necesaria, pero está muy lejos de ser condición suficiente para incrementar significativamente el bienestar de las mujeres trabajadoras. Y aquí es donde todos, hombres y mujeres, deberíamos remar juntos por un mercado laboral competitivo, meritocrático y sin barreras de género.

Buena parte del ajuste no habría sido necesaria de no haber tenido que destinar una proporción creciente del gasto a los intereses de la deuda y, especialmente, a las pensiones por jubilación

Aunque ahora nos parezca lejano, no hace tanto tiempo que la situación de nuestras finanzas públicas era boyante. En vísperas de la crisis de 2008, nuestra deuda pública se situaba en un exiguo 35,6% del PIB (98,4% en la actualidad), por debajo incluso de Alemania (63,7%) y Francia (64,3%); nuestras administraciones públicas encadenaban tres años consecutivos de superávit; y “tan sólo” necesitábamos 65.000 millones de euros para hacer frente al pago de las pensiones por jubilación, frente a los 102.000 millones de 2016.

El periodo 2004 a 2007 se caracterizó por un elevado nivel de ingresos (alimentados artificialmente por la burbuja inmobiliaria), pero el gasto se situó en la media de la década precedente. De hecho, la estructura del gasto público en vísperas de la crisis fue bastante menos atípica de lo que podría pensarse. La principal diferencia con respecto al promedio de los diez años anteriores, primeros de la era euro, fue un menor coste de los intereses de la deuda. A gasto constante, esto liberó recursos que fueron destinados principalmente a sanidad, cultura y fomento de la inversión. En cualquier caso, como se aprecia en la infografía adjunta (primera barra del gráfico superior), se trata de desviaciones poco significativas en relación con lo que estaba por venir.

En tan sólo dos años, los que van de 2007 a 2009, se destruyeron cerca de 1,5 millones de empleos. La contracción de la actividad mermó los ingresos de las administraciones públicas desde el 41% del PIB hasta el 34,8%. El gasto en prestaciones por desempleo, sanidad y protección social se incrementó en 4,7 puntos de PIB y, junto con una política fiscal expansiva y el encarecimiento de los intereses de la deuda, elevó el gasto total hasta el 45,8% del PIB. Como consecuencia, el saldo de las administraciones públicas pasó de un superávit de +1,9% del PIB en 2007 a un déficit del -11% en 2009.

En 2010, ante la explosividad de la deuda pública (en tan sólo dos años había pasado del 35,6% del PIB al 52,8%), se optó por un cambio de orientación en la política fiscal. A la recesión de la actividad económica causada por la crisis se unió una contracción del gasto público, preconizada por las principales instituciones internacionales, que dio inicio a un periodo de austeridad fiscal.

Desde entonces hasta 2016 (última información publicada por Eurostat) el gasto se redujo en unos 3,6 puntos de PIB, rescate bancario de 2012 mediante. Lo llamativo, prestemos atención, es la composición del ajuste fiscal por funciones de gasto. Dos partidas han seguido incrementándose durante este tiempo: las pensiones por jubilación, que tienen poco que ver con el ciclo económico, y el pago de intereses de la deuda. Si actualmente destinamos a lo primero 2,2 puntos de PIB más que en 2010 y, a lo segundo, otros 1,1 puntos más es porque el resto de partidas presupuestarias, con la única excepción del gasto en defensa, han supuesto una reducción conjunta de gasto público equivalente a 6,9 puntos de PIB (gráfico inferior izquierdo). Hablamos de más de 60.000 millones de euros corrientes.

Concretamente, destinamos 1,3 puntos de PIB menos a prestaciones por desempleo cuando resulta que la tasa de paro apenas se redujo tres décimas en el periodo, desde el 19,9% en 2010 hasta el 19,6% en 2016. Esta reducción del gasto responde más a la evolución de la tasa de cobertura (la proporción de parados que reciben algún tipo de prestación por desempleo pasó de 78,4% en 2010 a 55,1% en 2016) que a la disminución del número de parados. De acuerdo con el SEPE, mientras el número de parados se redujo en torno a 160.000 personas en el periodo, el de perceptores de prestaciones por desempleo lo hizo en más de un millón. También destinamos 1,8 puntos de PIB menos al fomento de la actividad económica, así como otros 3,8 puntos de PIB menos a sanidad, vivienda, educación, cultura, medio ambiente, seguridad ciudadana y el resto de los servicios públicos.

Así que, como primera conclusión, admitamos que sí ha habido merma en la provisión de bienes y servicios públicos; y, como segunda, observemos que buena parte del ajuste no habría sido necesaria de no haber tenido que destinar una proporción creciente del gasto a los intereses de la deuda y, especialmente, a las pensiones por jubilación.

Más allá del periodo de austeridad

Pese a lo rotundo de las cifras anteriores, una crítica parece evidente. ¿Por qué tomar como referencia el periodo de austeridad cuando sabemos que viene precedido por dos años de explosión del gasto público y de hundimiento de la recaudación? ¿Acaso el gasto no sigue siendo superior al que era antes de la crisis?

El motivo es que el periodo de austeridad permite poner de manifiesto un error de diagnóstico sobre la sostenibilidad de nuestro Estado del Bienestar: estamos tratando de controlar el desajuste de las cuentas públicas como si fuera posible desandar el camino hacia la España de antes de la crisis. Ese viaje de retorno no es posible porque nuestras necesidades objetivas, tan sólo en el capítulo de pensiones por jubilación, son sustancialmente mayores que las de entonces. Además, durante este tiempo se ha producido un incremento de la desigualdad, el empleo se ha precarizado, los salarios han perdido poder adquisitivo y el envejecimiento de la población ha incrementado las necesidades de gasto en dependencia.

En todo caso, dejando las consecuencias de la crisis y el periodo de austeridad al margen, si se compara la estructura del gasto público actual con el promedio anterior a la crisis, se tiene que el gasto total de las administraciones públicas se ha incrementado en 3,2 puntos de PIB… de los que 3 puntos vienen explicados por el aumento de las pensiones por jubilación (gráfico inferior derecho). Estamos, por lo tanto, ante un trilema que enfrenta a la sostenibilidad de las cuentas públicas con las pensiones por jubilación y con la provisión de todos los demás bienes y servicios públicos.

Tres opciones se barajan para resolverlo: i) mantener el poder adquisitivo de las pensiones a costa de todo lo demás (perseverar en la estrategia seguida estos últimos años), ii) dejar que la inflación erosione las pensiones, confiando que las rentas derivadas del patrimonio inmobiliario acumulado durante el ciclo vital sirvan para paliar su pauperización (dos de cada tres pensionistas cobran menos de 900 euros brutos al mes, en catorce pagas), o iii) afrontar una reforma que, además de dotar a las administraciones públicas de más recursos, afronte el problema que supone la elevada dispersión entre la pensión máxima y la pensión media o mediana.

Lo que seguro no es la solución, aunque existan fórmulas mixtas, es apelar únicamente al incremento de la eficiencia en el gasto público y a la lucha contra el fraude fiscal; o esperar a que el mercado por sí sólo zanje la cuestión, con mejores salarios que nunca llegan y con seguros privados que sólo serán un recurso complementario (no al alcance de todos). La reforma de las pensiones no es un drama irresoluble, pero necesita vencer el inmovilismo actual y la resistencia al cambio.

La crisis económica que ahora empezamos a cerrar llegó a suponer, en el momento más duro, una pérdida acumulada del 10,6% de la renta per cápita. Nunca antes en la Historia económica documentada la renta per cápita de España se había reducido durante seis años consecutivos, como ocurrió desde 2008 a 2013.

Las cuentas nacionales confirman que, en el tercer trimestre de este año, el PIB de la economía española ha recuperado el nivel anterior a la crisis y todo apunta a que ocurrirá lo mismo con la renta per cápita en el cierre del año. Han sido necesarios nueve años, trimestre a trimestre, para que la economía española retorne al punto de partida (con el agravante de un deterioro en los indicadores de igualdad).

Durante este tiempo, la estructura del PIB se ha visto modificada de manera singular. La construcción aporta hoy en día unos 85.000 millones de euros menos que al inicio de la crisis, compensados por un aumento de las exportaciones de casi 80.000 millones y por una reducción de las importaciones de otros 27.000 millones.

La competitividad ganada por las empresas exportadoras, piedra angular de la recuperación económica, responde en gran medida a la evolución del precio del petróleo, al desendeudamiento facilitado por la política monetaria del Banco Central Europeo y a un ajuste del mercado laboral que no admite comparación con las principales economías de nuestro entorno.

Prueba de ello es que, con un PIB similar al anterior a la crisis, el número de ocupados equivalentes a tiempo completo todavía es 1,8 millones inferior al de entonces y la tasa de paro se sitúa todavía en el 16,4% de la población activa (asciende al 24,2% si se añade a los ocupados a tiempo parcial de forma involuntaria).

En valor nominal (sin tener en cuenta el impacto de la inflación acumulada durante estos años), el PIB se ha incrementado algo más de 35.000 millones, mientras la masa salarial del conjunto de la economía ha disminuido en 9.500 millones. Teniendo en cuenta la evolución de los precios de los bienes y servicios que componen el PIB, por una parte, y la de aquellos que determinan el consumo de los hogares, por otra, se tiene que el PIB en valor real ha experimentado un incremento acumulado de unos 6.900 millones de euros desde el inicio de la crisis, mientras que la masa salarial ha experimentado una contracción de unos 56.000 millones.

No debe sorprender, por lo tanto, que el consumo de los hogares se sitúe actualmente unos 27.000 millones de euros por debajo del nivel anterior a la crisis. Lo sorprendente es que no sea incluso menor, algo que encuentra explicación en la disminución de la tasa de ahorro de los hogares en el último año y medio, hasta un mínimo del 6,5% (desde un 10% de media en el periodo comprendido entre marzo de 2009 y marzo de 2016).

El desacoplamiento entre el crecimiento del PIB y el de la masa salarial se ha acentuado precisamente en la fase más intensa de la recuperación económica. Dos razones subyacen a este fenómeno: el incremento de la inflación, particularmente elevada en el arranque de 2017, y el estancamiento (cuando no disminución) de la remuneración media por trabajador.

Resulta inquietante que la intensa creación de empleo vea mermada su contribución al aumento de la masa salarial real por ambos canales (salarios que no crecen y precios que sí lo hacen). Quizás sea esta la razón principal por la que un incremento de los salarios sería particularmente benéfico en el contexto actual. No hacerlo terminará, más pronto que tarde, por erosionar el consumo de los hogares y desacelerar el ciclo económico. Pero hay más.

En primer lugar, los salarios han embalsado una notable pérdida de poder adquisitivo desde el inicio de la crisis. A partir del Índice de Precios de Consumo (IPC) y del Índice de Precios del Trabajo (IPT), elaborados por el INE, se infiere una disminución del salario real medio del 7,6% entre 2008 y 2015, sin indicios significativos de mejoría desde entonces.

La recuperación de los márgenes empresariales durante los últimos años, una vez completado el necesario desendeudamiento al que nuestras empresas estaban abocadas, sugiere que se dan las condiciones necesarias para un incremento virtuoso de la inversión, generadora de empleo, y de los salarios. Tengamos en cuenta que los dividendos distribuidos han crecido un 35% acumulado desde el inicio de la crisis hasta mediados de 2017 (última información disponible).

En segundo lugar, en relación al saludable vínculo entre los salarios y la productividad, se argumenta con razón que la productividad del trabajo apenas crece desde el inicio de la recuperación económica y que, aunque los márgenes empresariales lo permitan, conviene ser prudentes a la hora de proceder a incrementos salariales. Un aumento de los salarios superior a la inflación incrementa el poder adquisitivo, pero también puede comprometer la sostenibilidad de las cuentas empresariales si es persistentemente superior al de la productividad.

Conviene hacer una puntualización en este sentido. Desde mediados de 2010, momento en que la productividad comenzó a crecer por encima de los salarios, la brecha acumulada es claramente desfavorable a los últimos (han crecido el 2,6% frente a un incremento de la productividad del 6,9%).

En tercer lugar, quienes argumentan contra un incremento salarial en las circunstancias actuales suelen advertir de lo que supondría desandar el camino en términos de competitividad empresarial, lo que terminaría por traducirse en una menor creación de empleo. Sin embargo, es bien sabido que la competitividad no depende únicamente del control de los costes laborales sino del incremento de la productividad (que es lo que permite aumentos salariales sostenidos en el tiempo). La productividad, a su vez, depende de los flujos de inversión en capital físico, humano y tecnológico, que necesitan además de un periodo de maduración.

En todo caso, parece difícil que se pueda dar por cerrada la crisis económica que se inició en 2008 sin antes haber procedido a una normalización del mercado laboral en sus distintos frentes: empleo, precariedad y salarios. O actuamos en este sentido, poniendo especial atención en revertir el deterioro de la desigualdad, o la próxima crisis no va a ser sólo económica.

Los precedentes inmediatos de episodios de riesgo político en Europa aconsejan prudencia a la hora de evaluar el impacto económico de la crisis en Catalunya, cuya importancia no debemos restringir a la mera revisión a la baja de las previsiones de crecimiento para el próximo año.

Las prolongadas interinidades gubernamentales en Bélgica en 2010/2011 y en España en 2016 apenas tuvieron impacto sobre el ciclo económico. Tampoco en el Reino Unido, tras confirmar su intención de abandonar la Unión Europea, se han materializado los temores de un ajuste brusco. En unos casos ha sido la fortaleza institucional la que ha evitado un impacto económico significativo, en otros ha sido la inercia de un mundo globalizado (en el que la toma de decisiones económicas se hace de manera cada vez más descentralizada e interdependiente), y en el caso particular del Brexit la mirada sigue puesta en marzo de 2019.

Las singularidades del escenario planteado por el independentismo catalán (ruptura del ordenamiento jurídico, hoja de ruta inexistente, carencia de instituciones económicas propias, fractura social y descrédito institucional) no mejoran el endiablado escenario que plantea el Brexit. Si se hace extraño concebir una Europa económica con el Reino Unido fuera de la UE, más desconcertante todavía es la propuesta de una Catalunya independiente cuya economía ha estado ligada histórica, indisoluble y provechosamente a la del resto de España y de Europa.

El PIB per cápita de Catalunya ha pasado de 16.537 euros por habitante en 1980 a 29.795 euros en 2016 (a precios constantes), lo que supone un incremento del 73% en valor real. Sin embargo, de las cuatro Comunidades Autónomas con mayor renta per cápita en 1980 (País Vasco, Madrid, Catalunya y Navarra), sólo Catalunya ha convergido ligeramente con la media española. Los otros tres territorios son, a día de hoy, más ricos que el promedio de España de lo que ya eran hacen casi cuatro décadas. También lo son con respecto a Catalunya, cuya renta per cápita (119% de la media española en 2016) se ha distanciado notablemente de la de Madrid (136%).

El relato económico del independentismo catalán sugiere que esta pérdida relativa de riqueza con respecto a Madrid, País Vasco y Navarra responde al trato fiscal desfavorable que recibe Catalunya por parte del Estado. Lo cierto es que, de haber agravio, este se da entre las Comunidades Forales y el resto de España. Catalunya recibe, de acuerdo con las últimas balanzas fiscales publicadas, el mismo gasto por habitante que la media de España, si bien es cierto que contribuye a los ingresos del Estado muy por encima de la media (como también lo es que su aportación equivale aproximadamente a la mitad de la de Madrid).

En todo caso, que Catalunya o Madrid contribuyan más a los ingresos del Estado que otras Comunidades Autónomas no significa que los catalanes o los madrileños reciban peor trato fiscal por parte de la Administración Central. Es de sentido común que allí donde la economía es más próspera se recaude más. La progresividad fiscal afecta a las personas, no a los territorios. Y está bien que así sea, en beneficio de la cohesión social. Si el trato fiscal es discriminatorio entre ciudadanos de distintos territorios, lo es fundamentalmente por las decisiones adoptadas por los Gobiernos de cada Comunidad Autónoma.

La divergencia entre la renta per cápita de Catalunya y de Madrid responde mucho menos a causas fiscales que a causas estructurales. En primer lugar, en un mundo que tiende a la terciarización (desarrollo del sector servicios), no es sorprendente que la renta per cápita de los territorios más industrializados en el pasado haya perdido peso relativo en relación al promedio nacional. En segundo lugar, los incrementos de renta asociados a la especialización productiva en actividades del sector servicios son asimétricos (aquellas actividades relacionadas con el turismo, como ocurre en el caso de Catalunya, se caracterizan por una menor productividad). En tercer lugar, las mayores tasas de actividad y las menores tasa de paro en la Catalunya de los años 80 suponían un mejor punto de partida y, por lo tanto, un menor margen de mejora con respecto a otros territorios que, partiendo de una situación más desfavorable, se encontraban lejos de su crecimiento potencial. En cuarto lugar, Catalunya ha perdido peso como destino de la inversión privada en relación a su protagonismo en la España de los 80 (pérdida relativa que también ha sufrido Madrid pero que, al contrario que Catalunya, sí ha podido compensar parcialmente a través de un mayor incremento de la inversión pública).

El efecto-sede de la capital del Estado y la concepción radial del sistema de infraestructuras de comunicación explican, en buena medida, las diferencias observadas entre la inversión pública en Madrid y en Catalunya en los últimos lustros. Nuevamente, si hay discriminación en este caso, no es sólo entre Madrid y Catalunya como entre Madrid (que ha fagocitado el interior de la península, convertido en un desierto demográfico) y el resto de Comunidades Autónomas.

Existen motivos para que Catalunya reclame un debate sobre la vertebración de España que el Gobierno viene negando desde hace años. No es extraña la frustración de una amplia mayoría de catalanes que dicen estar insatisfechos con el statu quo. Pero nada de todo lo anterior justifica la radicalización a la que asistimos en torno al encaje económico, político y social de Catalunya en España. En pocos días, el independentismo catalán ha pasado de creer ingenuamente en una ruptura ceteris paribus (sin cambios en todo lo demás) a admitir que “todavía” no estaban preparados. Una sociedad próspera y abierta al mundo como la catalana no puede esperar incrementar su bienestar social teniendo la confrontación por consigna.

La estrategia económica del “cuanto peor, mejor” no puede sino resultar en una pérdida de prosperidad colectiva. Es de todo punto decepcionante que una parte de la izquierda se haya sumado al naufragio identitario del independentismo catalán, relegando a un segundo plano la lucha por la igualdad de oportunidades, la distribución de rentas y la concordia social. Es posible estar simultáneamente en las antípodas del nacionalismo supremacista, del anarquismo antisistema y del rancio españolismo, viejuno en su inmovilismo, tristes los tres. Sin ningún dolor de cabeza.

La economía española ya no vive en estado de excepción. Desde hace tres años crece significativamente, más que cualquiera de las grandes economías desarrolladas. La práctica totalidad de los indicadores de coyuntura evolucionan en la dirección adecuada, con una intensidad mayor de la que cabía esperar al inicio de la recuperación económica. Como consecuencia, aunque la tarea pendiente todavía es sustancial, los desequilibrios macroeconómicos acumulados durante la última crisis han experimentado una notable corrección (tasa de paro, deuda externa, endeudamiento privado) o, cuando menos, han logrado estabilizarse (deuda pública).

Tan favorable es el momento actual de la economía española que corremos el riesgo de no prestar suficiente atención a sus determinantes. Si no entendemos por qué crecemos tanto, menos todavía entenderemos un malestar social que no cesa.

Pese al magro avance en la agenda de reformas estructurales, nuestra economía ha sabido beneficiarse de unos vientos de cola sobradamente identificados (política monetaria y precio del petróleo, principalmente). Hemos seguido disfrutando de una posición fiscal que cabe calificar de expansiva, teniendo en cuenta que el déficit público sigue siendo una asignatura pendiente. Cuestiones de orden geopolítico han alimentado la actividad de un sector turístico que ya gozaba de buenas perspectivas. Sumémosle a estos factores un entorno de razonable estabilidad institucional y una cohesión social que ha mostrado una resiliencia extraordinaria a pesar del deficiente papel jugado por el Estado de bienestar en los años más duros de la crisis. Siendo todo esto cierto, la piedra angular de la recuperación económica es un ajuste draconiano del mercado laboral que ha permitido que, con más de 2 millones menos de ocupados, el PIB de 2017 vaya a recuperar el máximo histórico de 2008.

En este contexto debe enmarcarse el debate actual sobre la normalización de los salarios. Sabido es que, cuando crecen por debajo de la inflación, erosionan el poder adquisitivo al tiempo que permiten incrementar la competitividad empresarial. Esta, a su vez, estimula la creación de empleo. Al contrario, cuando los salarios crecen en línea o por encima de la inflación, protegen o incrementan el poder adquisitivo pero contribuyen a deteriorar la competitividad empresarial, pesando de este modo sobre el empleo (o, al menos, estrechando los márgenes en función de lo que ocurra con la productividad). Con una tasa de paro del 17,2%, muchos analistas consideran que todavía no ha llegado el momento de que los salarios participen del crecimiento, ya que la prioridad debería darse a la creación de empleo.

Además de la extensa literatura que cuestiona que crecimiento y distribución sean objetivos antagónicos (al contrario, existen sinergias entre ambos), el modo singular en que crece la economía española suscita algo más que dudas. En 2008 la productividad media por ocupado ascendía a unos 57.000 euros brutos anuales, cifra que se incrementó hasta los 64.100 euros de 2016 (+12,5%). En ese mismo periodo, la remuneración media por ocupado pasó de 30.100 euros brutos anuales a unos 30.300 euros (+0,8%); esto es, 230 euros sobre los 7.100 euros de incremento de la productividad. Los restantes 6.870 euros pasaron a alimentar la renta empresarial que, a su vez, ha servido de sostén al desapalancamiento, a la inversión y a los beneficios propiamente dichos.

El dato relevante es que el fuerte desendeudamiento llevado a cabo por el sector empresarial en estos años no ha sido óbice para que los dividendos distribuidos por las empresas españolas hayan pasado de 46.200 millones de euros en 2008 a 60.600 millones en 2016 (+31%), incrementando su peso en el PIB desde el 4,2% en 2008 al 5,5% en 2016. 

El ajuste de plantillas, las horas extraordinarias no remuneradas, la productividad mal entendida (trabajar mucho no es sinónimo de trabajar bien), la elevada tasa de paro y el debilitamiento de la negociación colectiva son algunos de los factores que parecen estar detrás del reparto asimétrico de las ganancias generadas por el incremento de la productividad desde el inicio de la crisis. El dilema que ahora se nos presenta como irresoluble (a saber, que los salarios sean partícipes del crecimiento económico sin por ello frenar la creación de empleo) pasa por alto el buen comportamiento de los dividendos distribuidos. O empleo o salarios, pero siempre beneficios.

Comoquiera que el peso de los dividendos sobre el PIB viene incrementándose a razón de 0,2 puntos al año desde hace al menos dos décadas, estamos frente un fenómeno que sobrepasa lo meramente coyuntural. En el largo plazo las economías tienden a ser más productivas, al menos en términos aparentes (mano de obra necesaria por cada euro generado), con ganancias que pueden ser exponenciales en aquellos sectores que mejor aprovechan la digitalización y las economías de escala en un mundo cada vez más globalizado. Por eso conviene no perder de vista que esta mejora colectiva de la productividad, a la que no debemos renunciar: i) genera ganadores (rentas del capital) y perdedores (rentas del trabajo), ii) no afecta por igual a todos los sectores de actividad.

El mercado por sí mismo, sin una actuación regulatoria decidida, no sólo no corregirá estos desequilibrios distributivos, sino que los retroalimentará, abriendo un foso cada vez mayor entre los hogares cuya renta única o principal tiene su origen en los rendimientos del trabajo y los hogares cuya renta principal proviene del capital.

Los economistas debemos debatir sobre el diseño y el impacto de esos mecanismos regulatorios, cuya puesta en práctica reclama una dimensión supranacional. Europa tiene el deber histórico de mostrar el camino. Mientras tanto, en lo que se refiere a España, el primer paso debería consistir en admitir que la divisa “crecer primero, distribuir después” corresponde a un estado de excepción en el que nuestra economía ya no se encuentra. Ni el empleo precario, ni la devaluación salarial son estrategias de futuro.

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Nota: 

Las cifras de este artículo provienen de la Contabilidad Nacional y de las Cuentas No-Financieras de los Sectores Institucionales (INE), corresponden al total de la economía y se ofrecen a precios reales de 2016. La productividad y los dividendos se han actualizado con el deflactor del PIB. La remuneración por ocupado se ha actualizado con el deflactor del consumo privado. El empleo se mide en ocupados equivalentes a tiempo completo.

El prejuicio ideológico suele dictar que subir impuestos es de izquierdas y bajarlos es de derechas, algo bastante absurdo tanto a la luz de la experiencia histórica como (sobre todo) desde el punto de vista de la racionalidad económica. Defender que, al margen del ciclo económico e independientemente de los equilibrios macroeconómicos fundamentales, siempre es deseable subir o bajar impuestos suele responder a intereses sectoriales, personales o electorales ante los que el buen legislador debería mantenerse firme, arbitrando entre los compromisos electorales que definen su mandato y lo que, en cada momento, necesita la economía en su conjunto.

La rebaja de impuestos de 2015, que no respondió a la necesidad de ajuste fiscal de nuestras administraciones públicas sino al calendario electoral, es paradigmática en este sentido. Podría abrirse, sin embargo, un debate entre lo positivo de aquel estímulo fiscal al inicio de la recuperación económica y su impacto negativo posterior en las cuentas públicas. Lo que resulta a todas luces discutible es que, en el contexto actual, la economía española necesite una nueva reducción de impuestos.

En primer lugar, porque el ciclo económico se muestra robusto, con el PIB creciendo por encima del 3% por tercer año consecutivo. No estamos ante una situación que requiera de estímulos fiscales al consumo para apoyar o relanzar un ciclo que se esté desacelerando. En todo caso, de cara a los próximos años, lo que se espera es una normalización hacia tasas de crecimiento más acordes con el PIB potencial de la economía española que las observadas en la actualidad.

Un error secular de la política económica española consiste en su marcado carácter procíclico. En lugar de evitar el recalentamiento en las fases expansivas, tenemos tendencia a sobrealimentar los desequilibrios macroeconómicos cuando las cosas van bien, lo que acentúa la factura de salida cuando las cosas van mal. Una rebaja de impuestos instrumentada a través del IRPF en las circunstancias actuales no contribuirá a corregir esta tendencia pro-cíclica, sino todo lo contrario, y mucho menos será positiva para el necesario ajuste fiscal de las administraciones públicas.

En segundo lugar, porque el tipo de estímulo fiscal que sí necesitaría la economía española desde un punto de vista estructural es la recuperación de la inversión pública, algo que no requiere menos sino más recursos. Las necesidades no son tanto en infraestructuras básicas como en innovación, educación y medio ambiente, tres de los pilares sobre los que se sustenta el crecimiento del futuro. Recordemos que la inversión pública representa actualmente unos dos puntos de PIB menos que el promedio anterior a los excesos del boom inmobiliario, lo que equivale a unos –22.000 millones de euros anuales aproximadamente–.

En tercer lugar porque, a pesar del ajuste fiscal realizado, España sigue bajo el bajo correctivo del Procedimiento de Déficit Excesivo, con el mayor déficit público de toda Europa. No se repetirá suficientes veces que nuestro déficit no proviene de un volumen de gasto más elevado que en las economías de nuestro entorno, sino de unos recursos significativamente más reducidos. España ingresa 8,3 puntos de PIB menos que el promedio del área euro, mientras gasta 5,3 puntos de PIB menos (datos de 2016), que vienen a ser unos -90.000 millones y -60.000 millones respectivamente. El nuestro es un problema de ineficiencia del gasto público y de escasez de recursos en relación al gasto social que deseamos atender.

Con un crecimiento del PIB más elevado de lo esperado hace unos años, con un ajuste fiscal nada despreciable (pese a que pueda ser insatisfactorio) y con unos tipos de interés artificialmente bajos, gracias a la intervención del Banco Central Europeo, todo lo que la economía española ha conseguido es estabilizar la deuda pública en el 100% del PIB. Congratulémonos, porque no era fácil, pero no caigamos en la autocomplacencia. Reducir la recaudación de las administraciones públicas en este contexto no parece responder a ninguna lógica de sostenibilidad de las cuentas públicas, especialmente en un horizonte de normalización de los tipos de interés como el que se prevé para los próximos años.

La cuantificación de estos tres argumentos (momento cíclico, naturaleza del estímulo, ajuste fiscal) es discutible y no escapa a cierto grado de arbitrariedad, pero ahondar en el debate de las rebajas fiscales en este momento significa no haber comprendido cuáles son las necesidades actuales de la economía española. España necesita una reforma integral que corrija las deficiencias de nuestro sistema impositivo (insuficientemente recaudatorio, insuficientemente distributivo e insuficientemente eficiente), que lo haga generando la menor distorsión de precios posible y que introduzca mayores incentivos a la competencia. No una nueva rebaja fiscal de luces cortas.

En 2017 se cumplen diez años de la crisis de las hipotecas subprime que, con su transmisión a los mercados financieros, supuso el detonante de la recesión económica internacional de 2008. La economía española despertó entonces de una burbuja crediticia que había alimentado el sobreendeudamiento de empresas y hogares, acumulando desequilibrios macroeconómicos cuyos efectos todavía perduran.

No cabe aquí una revisión exhaustiva de estos diez años, pero sí es posible atender al comportamiento de la renta per cápita y a su distribución primaria (qué parte se destina a remunerar el trabajo asalariado y qué parte al capital), dos indicadores que permiten medir la evolución del progreso económico.

La evolución de la renta per cápita es suficientemente reveladora de lo que ha supuesto esta crisis. Ha sido necesaria una década para que el PIB per cápita de la economía española retorne a su situación de partida. Aunque exista una diferencia sobresaliente entre los niveles de renta per cápita de los años treinta y los actuales (además de un sistema de protección social que no admite comparación), es preciso remontarse a la Guerra Civil para encontrar en las series históricas de contabilidad nacional una convalecencia tan prolongada.

Durante este tiempo, la economía española ha perdido el paso de la Unión Europea. Si en 2007 nuestra renta per cápita en paridad de poder de compra equivalía al 98,3% del promedio de la UE, se estima que equivaldrá al 93,6% al cierre de 2017. Para hacerse una idea de lo que suponen los 4,7 puntos de convergencia perdidos con la UE en estos diez años, basta recordar que el progreso alcanzado en los veinte años precedentes había sido de 11,4 puntos. Así pues, la última década ha echado por tierra buena parte del esfuerzo en convergencia realizado en las dos décadas precedentes.

En cuanto a la distribución primaria de la renta, los últimos diez años se han caracterizado por una contracción notable de la remuneración de los asalariados. El desempleo y la moderación salarial, que han traído consigo un incremento sustancial de la productividad por hora trabajada, explican esta evolución. Cuando los salarios crecen a menor ritmo que la productividad, la remuneración del capital incrementa su peso en la renta nacional. Y, en la medida en que el capital se concentra en hogares con un mayor nivel de renta, la reducción del peso de los salarios en el PIB incide negativamente en los indicadores de desigualdad personal.

Si nos ceñimos exclusivamente a la evolución de la renta empresarial, que el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales asimila al concepto de beneficio corriente antes de impuestos, las cifras son elocuentes. Entre diciembre de 2008 y diciembre de 2016, la renta empresarial del conjunto de las sociedades no-financieras de la economía española se incrementó en unos 57.900 millones de euros corrientes(1). Una buena parte de este aumento procede del ahorro por el menor pago de intereses y otra procede de la reducción de los costes salariales, de manera que entre ambos flujos compensan sobradamente la reducción neta experimentada por las restantes partidas contables. El destino de estos 57.900 millones no ha sido ni la inversión ni los impuestos, que se han contraído durante el periodo, sino la amortización de deuda y la distribución de dividendos.

De todos los movimientos contables que permiten explicar el incremento de los beneficios empresariales desde el inicio de la crisis, tres cifras son especialmente significativas: el conjunto de empresas españolas ha reducido en 9.800 millones de euros su contribución al PIB, soporta 32.200 millones de euros menos en costes laborales y distribuye unos 20.900 millones de euros más en dividendos.

Es posible contestar estas cifras argumentando sobre el valor inter-temporal del dinero, el periodo de referencia, los efectos composición entre distintos sectores productivos, la propia metodología empleada en la elaboración de las cuentas nacionales o la consulta de diversas fuentes estadísticas igualmente solventes, entre otras críticas fundamentadas. Pero parece difícil concluir algo sustancialmente distinto.

En estos diez años, la evolución de la renta empresarial de la economía española se ha caracterizado por un intenso proceso de desendeudamiento, por la contracción de la inversión y del empleo, y por el sostenimiento de los dividendos. La corrección de la posición exterior de la economía española, que ha pasado de -10 a +2 puntos de PIB en la última década, da buena muestra del impacto de la devaluación interna sobre el cuadro macro de la economía española. La reducción de la masa salarial ha facilitado la supervivencia y el saneamiento de buena parte del tejido empresarial, pero también ha contribuido de manera notable al deterioro de la distribución de la renta.

En realidad, la disminución del peso de los salarios en la renta nacional es un fenómeno que se viene observando en la mayoría de las economías desarrolladas desde hace tres décadas. El problema encierra la paradoja de que el incremento de la productividad en el largo plazo estaría teniendo por efecto un deterioro secular de la distribución personal de la renta, actuando el mercado laboral como correa de transmisión.

¿Tenemos que acostumbrarnos a vivir en sociedades más eficientes obligadas a convivir con elevadas tasas de paro y aumentos de la desigualdad? ¿O debemos razonar a la Kaldor-Hicks, de modo que las ganancias de eficiencia permitan que lo que ganan los que ganan compensen efectivamente lo que pierden los que pierden? ¿Debe esa compensación articularse en torno a prestaciones por desempleo y otros esquemas de transferencias directas de rentas o, además, debemos plantearnos un reparto de la actividad? ¿A través de qué incentivos y a instancias de qué instituciones (nacionales o supranacionales) deben abordarse estas cuestiones?

Ahora que nuestro PIB vuelve al punto de partida conviene saber a dónde hemos llegado. El número de ocupados se ha reducido en más de dos millones de trabajadores. Y muchos otros han visto cómo se han deteriorado sus condiciones laborales. O la desigualdad se trata como un problema económico de primera magnitud, asumiendo el coste de las externalidades que genera, o corremos el riesgo de que se desboque como problema social. Es de justicia. Y no sólo es de justicia.

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(1) Nota: la renta empresarial de las Sociedades No Financieras se obtiene a partir de las Cuentas Trimestrales No Financieras de los Sectores Institucionales (INE).

El malestar social en Francia es evidente y estas elecciones presidenciales no han hecho más que ponerlo de manifiesto. Con un nivel de gasto público entre los más altos de los países desarrollados, una protección social que haría sonrojar a muchas economías comparables y una tasa de paro que apenas ha crecido dos puntos desde el mínimo previo a la crisis, la evolución reciente de la desigualdad personal de la renta no parece ser la primera de las explicaciones a este descontento. Algo ocurre en Francia que no está directamente ligado al ciclo, más o menos desfavorable, de la coyuntura económica.

Es posible que el descontento social tenga mucho que ver con cuestiones de naturaleza estructural, en un marco institucional que muestra signos de agotamiento, como la cada vez más cuestionada eficiencia del sistema educativo en la igualdad de oportunidades, la integración de la población inmigrante, el declive de Francia como potencia económica en Europa, la dispar distribución espacial de la riqueza (no tanto entre regiones como entre urbe y periferia) y el miedo subjetivo a una globalización que forma parte de nuestras vidas desde hace lustros.

Si todo esto, que no es nuevo, ha cristalizado ahora probablemente sea porque el terror ha actuado como catalizador de ese malestar colectivo. El impacto emocional de los atentados de Charlie Hebdo, Bataclán y Niza ha supuesto el despertar de los franceses a una vulnerabilidad que desconocían. En el país de Descartes, las nociones de patria e identidad han tomado el paso sobre la razón. Donde antes los franceses conciliaban sin reparo alguno la retórica de la igualdad con la defensa orgullosa de su modelo de élites, ahora todo son dudas.

Hace cinco años el electorado francés rechazó las soluciones de la derecha gaullista en la persona de Sarkozy, quien no sólo no fue reconducido en su mandato sino que, en su retorno, fue derrotado en las primarias de un partido del que controlaba todos los resortes. Lo rebautizó como Les Républicains, haciendo uso partidista de unos valores que, en Francia, son sociológicamente transversales (¿quién no se siente republicano, a izquierda o derecha?). La puntilla a la derecha gaullista ha venido de la mano del “affaire Pénélope”, tras la victoria inesperada de Fillon en las primarias, gracias a una hoja de servicios supuestamente impoluta que ni Sarkozy ni Juppé estaban en condiciones de presentar.

Hoy el rechazo lo concita la izquierda socialista, con Hollande, Valls y Macron como máximos exponentes de un quinquenato perdido. El presidente saliente no resultó ser ese monarca republicano que debía colocar a Francia en el lugar que le corresponde en Europa (si el eje franco-alemán ha mantenido el pulso estos últimos años ha sido principalmente gracias a Berlín). Además, en un país culturalmente keynesiano, Hollande prefirió las políticas de oferta a los estímulos de demanda, con un resultado decepcionante en términos de crecimiento y empleo. Y, lo que es peor, pasó de largo de cualquier reforma de carácter estructural, como si los problemas de fondo no formaran parte de su agenda. Sólo se atrevió con el mercado laboral, y no en el sentido que sus electores habrían esperado.

La quiebra del pacto republicano

La quiebra del pacto republicanoEn la primera vuelta de las elecciones legislativas de 2012, el Frente Nacional obtuvo el 13,6% de los votos válidos emitidos. Con el sistema electoral francés de doble vuelta, mayoritario y con circunscripciones de reducido tamaño, este resultado se tradujo en tan sólo dos diputados frontistas, apenas un simbólico 0,4% de los 577 que componen la Asamblea Nacional. Esto ha sido posible no solamente porque el sistema esté pensado para que los electores puedan evitar al partido menos deseado sino, sobre todo, porque las fuerzas democráticas han establecido un cordón sanitario en torno a quien suponga una amenaza a los valores fundamentales de la República.

La quiebra de ese muro de contención es el gran éxito de Marine Le Pen que, al contrario que su padre, ha conseguido normalizar el discurso histórico del Frente Nacional hasta homologarlo al del resto de participantes en el juego democrático, mérito que debe figurar en el debe de algunos de sus teóricos detractores en la extrema izquierda francesa (“France Insoumise” de Mélenchon) y europea (Podemos). En este sentido, tiene relevancia simbólica la indefinición del Papa Francisco, que contrasta con la postura de destacados miembros de la Iglesia católica francesa en 2002. La caricatura del votante lepenista ha quedado superada por una realidad que dice que sus electores son, o pueden ser, “monsieur ou madame tout le monde”.

Una victoria del Frente Nacional en la segunda vuelta de las presidenciales sería una derrota del sistema sin paliativos, toda vez que Macron cuenta con el apoyo más o menos explícito de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas, agentes sociales y medios de comunicación del país. La llegada de Le Pen al Elíseo supondría que los franceses han querido derribar los muros de contención establecidos a tal efecto, y lo habrían hecho para colocar en la Jefatura del Estado a quien, entre otras cosas (desde un programa económico catastróficamente inconsistente, hasta la derogación del matrimonio homosexual, pasando por el más recalcitrante anti europeísmo), propone la deportación de niños inmigrantes escolarizados al tiempo que niega la responsabilidad francesa en la vergonzante redada del Vel d’Hiv, durante la ocupación nazi.

Las encuestas apuntan a que le va a faltar a Le Pen una dosis de populismo para ganar las elecciones. Si en lugar de una negativa total a la UE, que trata de enmendar a última hora, hubiera brindado al sol reclamando a Bruselas un “cheque francés” y el liderazgo galo en la política exterior y de seguridad común, la diferencia podría haber sido determinante. Le toca a Europa demostrar que el nuevo fascismo se combate, desde los valores fundacionales de la UE, corrigiendo las asimetrías y ataduras de una arquitectura institucional de diseño infructuoso. Se trata de la supervivencia misma del proyecto europeo, del progreso económico y de la cohesión social.

Victoria sobre una fractura social

Victoria sobre una fractura socialEntre Macron y Mélenchon, primero y cuarto en la primera vuelta de estas elecciones presidenciales, tan sólo median cinco puntos de intención de voto (en España, si nos atenemos a los resultados de las últimas elecciones generales, esta diferencia es aproximadamente de 20 puntos, y de casi 10 puntos entre los dos primeros partidos). Sería conveniente que Macron diese muestras de haber comprendido que quien presida Francia lo hará sobre la base de una sociedad fracturada. Él mismo ha llegado en cabeza a la segunda vuelta de las presidenciales gracias al voto útil de una parte del electorado socialista que no necesariamente cauciona su programa.

Si Macron, para alivio de la comunidad internacional, se impone finalmente en la carrera al Elíseo, deberá asumir que tiene por mandato fundamental aplacar los síntomas del descontento social, identificar sus causas últimas y actuar sobre ellas con absoluta determinación. No hay más programa que ese, sin margen de error. Y tendrá que afrontar esta tarea con el Gobierno que pueda formar tras unas elecciones legislativas en las que no es seguro que vaya a conseguir una mayoría parlamentaria propia. Necesitará el apoyo de Europa para evitar lo peor, porque la semilla del Frente Nacional ha germinado. Europa, siempre Europa.

Es una buena noticia que las administraciones públicas españolas hayan conseguido cerrar 2016 con un déficit conjunto significativamente inferior al comprometido con Bruselas. Ocurre por primera vez desde que España entró en el brazo correctivo del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), así que existen motivos para la satisfacción del deber cumplido. Y no sólo por haber respetado nuestros compromisos internacionales, sino por lo que significa en sí mismo. No sobrepasar el objetivo de déficit permite a las administraciones públicas españolas progresar en la senda de ajuste fiscal (déficit del -4,6% del PIB en 2016, -3,1% en 2017 y -2,2% en 2018), un requisito para el necesario saneamiento de nuestras finanzas públicas.

Con un déficit equivalente al -4,3% del PIB, el sector público español todavía registra el mayor desequilibrio entre ingresos y gastos de los 28 Estados miembros de la Unión Europea. España será, presumiblemente, el único país del área euro que permanezca bajo el brazo correctivo del PDE en 2018. Lo será, en gran medida, porque nuestro déficit primario (exento de la carga de intereses de la deuda) equivale todavía al 1,7% del PIB. Eso significa que, aunque una quita hubiese hecho desaparecer el 100% de la deuda pública española el año pasado, habríamos necesitado igualmente acudir a los mercados financieros en busca de unos 19.000 millones de euros. Con semejante lastre, conviene no frivolizar sobre el problema del déficit público.

Las ocho décimas de ajuste fiscal realizadas el año pasado (desde el -5,1% del PIB en 2015 al -4,3% en 2016) se han conseguido gracias a una moderada contención del gasto público y a pesar del pobre comportamiento de la recaudación. En un año en el que el PIB creció el 3,2%, los recursos de las administraciones públicas apenas lo hicieron el 1,5%, poniendo de manifiesto que el problema estructural del déficit público español está más relacionado con la falta de ingresos que con el exceso de gasto.

Mientras en España el sector público recauda una cifra equivalente al 37,9% del PIB, en Alemania asciende al 44,9%, en Italia al 47,1% y en Francia al 53,2%. El promedio de la UE-28 se sitúa en el 44,8%, casi siete puntos de PIB más que España (cada punto representa, actualmente, unos 11.000 millones de euros).

La singularidad del ajuste fiscal en 2016

Algunos elementos de contexto hacen del cumplimiento del objetivo de déficit el año pasado una singularidad. En primer lugar, el ajuste fiscal de 2016 supuso aproximadamente el mismo esfuerzo que en 2014 y 2015. Si entonces no se cumplieron los objetivos de déficit, al contrario que el pasado año, es porque el objetivo de 2016 se modificó a lo largo del ejercicio hasta fijarse en un nivel sustancialmente más accesible que en años precedentes.

En el Plan Presupuestario 2015-2018, en su versión de octubre 2015 (coetánea a la elaboración de los PGE 2016), el objetivo de déficit se fijó en el -2,8% del PIB. En el Plan Presupuestario 2016-2019, versión de abril 2016, se modificó hasta el -3,6%, a la vista de la anémica evolución de los ingresos públicos en el arranque del año. Apenas unos días más tarde, las previsiones de primavera de la Comisión Europea apuntaron a un déficit del -3,9% si no se introducían ajustes de gasto adicionales. Finalmente, en julio de 2016, junto a la ausencia de sanción a España por incumplimiento reiterado en los objetivos de déficit, la recomendación de Bruselas situó el objetivo de déficit en el -4,6%. Así pues, hemos cerrado el año en el -4,3%, tres décimas mejor de lo acordado... siendo que los PGE 2016 fueron diseñados para alcanzar un objetivo del -2,8%.

Existe una racionalidad detrás los cambios en la senda de ajuste fiscal. La desviación de nuestro déficit en 2015 (-5,1% del PIB frente al -4,2% comprometido), originada principalmente por la inoportuna rebaja fiscal de aquel año, hacía poco probable el cumplimiento de la senda plurianual tal cual había sido diseñada. Por eso fue necesario replanteársela. Tras la no-sanción a España, es razonable que nadie en Madrid ni en Bruselas quisiera correr el riesgo de un incumplimiento en diciembre de lo que se acordase en julio. De modo que ambas partes decidieron un objetivo razonablemente asequible, en línea con el esfuerzo observado en años precedentes.

La otra singularidad en el ajuste fiscal del año pasado es que la Administración Central incumplió con creces su parte del trato. Con un déficit del -2,5% del PIB, frente a un objetivo del -2,2%, se situó tres décimas por encima de su límite. Tan sólo redujo su déficit una décima con respecto al año anterior. Las Comunidades Autónomas, en cambio, mejoraron su saldo presupuestario nada menos que nueve décimas de un año a otro, situándose muy cerca de cumplir su objetivo (-0,8%, frente a -0,7%).

Por su parte, la Seguridad Social cerró 2016 con un déficit equivalente al -1,6% del PIB, después del -1,2% de 2015 y el -1% de 2014, confirmando el deterioro creciente de sus cuentas. Que, con estos números, el conjunto de las administraciones públicas haya podido cumplir con el objetivo de déficit en 2016 se explica por el superávit del +0,6% del PIB aportado por las corporaciones locales. En esto tiene mucho que ver la coerción normativa sobre los ayuntamientos de menor tamaño (muchos de los cuales, paradójicamente, están infra-financiados).

Debilidades y retos del ajuste fiscal

Así pues, tras las buenas noticias persisten debilidades en el proceso de ajuste fiscal del sector público que debemos tener presentes: una capacidad recaudatoria insuficiente, una eficiencia del gasto cuestionable, un esfuerzo asimétrico entre los diferentes niveles de la administración y un déficit estructural creciente en la Seguridad Social. Aunque ahora mismo no parezca probable, estas debilidades pueden ser costosas en caso de una desaceleración acusada del crecimiento económico o de un incremento de los tipos de interés para el que, en el horizonte próximo y sin el muro de contención del BCE, la economía española deberá estar preparada.

En el corto plazo, sin embargo, las perspectivas no son malas. Si hace unos meses el debate giraba en torno al ajuste fiscal necesario para alcanzar el -3,1% de déficit fijado para 2017 (entre 5.000 y 7.000 millones de recortes), la situación actual apunta a que la mera inercia del ciclo económico podría facilitar en gran medida la consecución de dicho objetivo. ¿Qué es lo que ha cambiado?

En primer lugar, a la espera de que Eurostat confirme el registro de déficit de 2016, el punto de partida este año será tres décimas de PIB mejor de lo esperado. En segundo lugar, como consecuencia de la actual prórroga presupuestaria y pendientes de la aprobación de los PGE 2017, es previsible que el gasto de las administraciones públicas se modere en la primera mitad del año. En tercer lugar, a la dilución de los efectos de la rebaja fiscal de 2015 (que impactó negativamente en la recaudación de ese año y del siguiente) se une un notable incremento de los ingresos a consecuencia de la inflación, tras tres años consecutivos con el IPC en terreno negativo (como los impuestos se aplican sobre los precios de mercado, a mayor inflación mayor recaudación). En cuarto lugar, la economía española sigue creciendo de manera robusta y la desaceleración observada parece ser más gradual de la estimada hace unos meses.

Por último, según el cuadro macroeconómico del Gobierno, la inflación podría compensar la desaceleración del PIB hasta el punto de que el crecimiento nominal podría ser incluso mayor que el año pasado, contribuyendo así a reducir las ratios de endeudamiento vía denominador.

El esfuerzo fiscal a realizar este año es considerablemente mayor al de los últimos cuatro ejercicios pero, incluso albergando dudas razonables sobre la previsión de ingresos del Gobierno (que crecerían un excepcional 7,9% en 2017), lo cierto es que el contexto permite plantear unos PGE 2017 sin grandes ajustes o, por lo menos, con ajustes menos dolorosos de lo que cabía esperar hace unos meses. No es mala noticia, pero mientras la hoja de ruta sólo venga marcada por el viento favorable de la coyuntura económica seguiremos sin afrontar la verdadera cuestión de fondo. ¿Qué nivel de bienes y servicios públicos queremos financiar (de manera solvente, durable y equitativa)? ¿Con qué recursos?

Tres de los principales partidos políticos españoles han celebrado sus congresos durante el mes de febrero, actualizando en algunos casos sus Estatutos, su ideario y su estrategia política. Quizás lo más reseñable, al margen del paso cambiado del PSOE (no celebrará su congreso hasta junio), es que Ciudadanos y Podemos parecen haber vuelto a abrir un espacio que ellos mismos habían acotado.

Ciudadanos ha confirmado a Albert Rivera al frente del partido. Y lo ha hecho despejando cualquier sombra de duda sobre su posicionamiento ideológico, en la derecha liberal. Podemos ha hecho lo propio con Pablo Iglesias, optando por arrinconarse en el espacio de la izquierda indignada, junto a comunistas y anticapitalistas. En este sentido, los partidos de la nueva política han resultado ser decepcionantemente conformistas.

El Partido Popular, mientras tanto, ha cerrado su congreso sin fisuras, prácticamente inmune a la corrupción y extraordinariamente cómodo en ese registro conservador que tan bien encarna Mariano Rajoy. Quién habría dicho hace poco más de un año, cuando rechazaron el encargo de formar Gobierno, que iban a ser ellos los que mejor cara presentasen en los carteles electorales de una quizás no tan lejana próxima campaña.

En cuanto al PSOE, la herida abierta por el “no es no” y por el modo traumático en que se forzó la dimisión del último secretario general marcará la celebración de su XXXIX Congreso. Ahora mismo es un partido abierto en canal, donde grandes sectores del susanismo y del pedrismo alimentan una contienda fratricida, apelando unos a las responsabilidades del aparato y otros a la legitimidad de la militancia.

El PSOE es hoy en día un partido encerrado en sí mismo, con muchas dificultades para atraer talento, prisionero de un ineficiente sistema de selección de cuadros. Pesan demasiado las puertas giratorias y las redes clientelares que poco o nada tienen que ver con el interés general. Sin mirarse al espejo no será posible que la sociedad conceda credibilidad alguna a la lucha contra la corrupción y a la defensa de las instituciones encargadas de velar, sin retorcimientos tendenciosos, por el correcto funcionamiento del Estado de Derecho.

Por encima de las divisiones internas, y con independencia de las ponencias que se preparan actualmente en Ferraz, son varias las cuestiones sobre las que sería deseable que toda candidatura se pronunciase.

Se hace necesario un posicionamiento claro en relación a las futuras alianzas parlamentarias. El PSOE se equivoca si pretende seguir empleando claves de lectura que corresponden a otro tiempo, en el que aspiraba sistemáticamente a ser la fuerza más votada y podía, no sin limitaciones, elegir apoyos entre distintas opciones minoritarias. Los tiempos son otros, y no sólo en España. Bien está aspirar a que los partidos socialdemócratas vuelvan a ser hegemónicos o, en su defecto, a que el PSOE sea el líder incontestado de la oposición; pero, en el escenario actual, resulta ineludible ser claros en relación a una hipotética (aunque poco probable) mayoría de izquierdas en el Congreso de los Diputados.

Cataluña sigue siendo una cuestión pendiente a la que se espera que el PSOE aporte alguna solución. Al fin y al cabo, fue Zapatero quien abrió la caja de los truenos cuando prometió apoyar a ciegas cualquier reforma del Estatuto que aprobase el Parlamento catalán. El reconocimiento de Cataluña como una de las naciones que integran España tiene que encontrar su lugar dentro del marco Constitucional, y el Estado no debe hacer dejación de funciones en la defensa de los derechos civiles de todos los catalanes (sean nacionalistas o no nacionalistas). Pero no parece conveniente que la respuesta al independentismo catalán venga de la mano de una inútil confrontación identitaria.

Cualquier candidato o candidata a liderar el PSOE debería tener un diagnóstico claro sobre los problemas de gobernanza europea, con propuestas concretas, más allá de lugares comunes, para corregir el disfuncionamiento estructural de la Unión Económica y Monetaria, y para avanzar en la definición de un verdadero poder ejecutivo europeo. Es preciso acabar con ese discurso que presenta los compromisos libremente adquiridos con Bruselas como si fueran imposiciones caprichosas de la UE. Las políticas europeas deben ser objeto de crítica, como se hace en el ámbito nacional, sin por ello socavar la dimensión histórica del proyecto europeo. A fuerza de responsabilizar a la UE de lo que hace, o no hace, cada uno de los Estados miembros corremos el riesgo de hacer del euroescepticismo un caso de expectativas autocumplidas.

Finalmente, si lo que se pretende es que el progreso económico sea inclusivo, el libreto socialdemócrata sobre el papel del Estado en la economía sigue absolutamente vigente, desde la racionalidad económica y desde la sensatez política. El paradigma liberal predominante en las últimas décadas ha dejado por el camino a los más desfavorecidos, que ya no ven en los partidos convencionales la herramienta para el cambio social que demandan, y buena parte de las clases medias han despertado de la ficción en la que vivieron hasta el estallido de la crisis financiera internacional de 2008: en el ascensor social del liberalismo nunca hubo sitio para todos.

Todavía no se sabe cuántos ni quiénes serán finalmente los candidatos a las elecciones primarias, ni cuál será su proyecto de partido y de país, pero existe la certeza de que el principal desafío para el próximo secretario o secretaria general del PSOE será conciliar paz y victoria. A día de hoy, los llamamientos a la unidad son arenas movedizas. Con ellos puede cerrarse en falso una crisis que tiene sus raíces en el zapaterismo de primera hora, y sin ellos la situación puede desembocar en una escisión de consecuencias imprevisibles. La victoria puede ser cara y la paz puede ser costosa.

Según el último barómetro electoral, en Francia los tres partidos de derecha concentran actualmente el 67% de la intención de voto

Es pronto para saber si el Frente Nacional ganará, pero de lo que no hay dudas es de que su discurso impregna ya buena parte de la sociedad francesa

Francia acudirá a las urnas la próxima primavera en una doble cita que puede ser determinante para el futuro inmediato de Europa. Las elecciones presidenciales tendrán lugar el 23 de abril y el 7 de mayo, seguidas de las elecciones legislativas los días 11 y 18 de junio. La victoria del leave en el referéndum británico sobre la permanencia del Reino Unido en la UE y el inesperado triunfo de Donald Trump en la carrera a la Casa Blanca aconsejan prestar atención a lo que ya está sucediendo en Francia.

Desde que se instauró la V República, en 1959, la derecha francesa sólo ha dejado escapar la victoria en las elecciones presidenciales en dos ocasiones (François Mitterrand entre 1981 y 1995, y François Hollande en 2012). Y no parece que ésta vaya a ser la tercera. Según el último barómetro electoral de IFOP, que elabora sondeos de opinión y estudios de mercado desde finales de los años treinta, los tres partidos de derecha concentran actualmente el 67% de la intención de voto y ninguna de las dos primeras fuerzas de la izquierda, con un 14% de intención de voto cada una, parece en condiciones de alcanzar la segunda vuelta de las elecciones.

Lo más probable, a día de hoy, es que los franceses tengan que elegir finalmente entre Marine Le Pen y el candidato que se imponga en las primarias de Les Repúblicains (partido que aglutina a la derecha conservadora), que tienen lugar los próximos 20 y 27 de noviembre. Y no es lo mismo que en ellas se imponga el expresidente Nicolas Sarkozy, cada día más próximo a las tesis de la extrema derecha, que el exprimer ministro Alain Juppé.

Juppé es un enarca (reciben esta apelación los diplomados por la École Nationale d'Administration Publique a raíz del libro La enarquía o los mandarines de la sociedad burguesa, escrito a finales de los años sesenta por el también enarca Jean-Pierre Chevènement), elefante conservador salido de los cuerpos de élite franceses. Si alcanza el Elíseo, es de esperar que su propia naturaleza le obligue a marcar distancias con el trumpismo.

En cuanto a las perspectivas electorales del Frente Nacional, partido de extrema derecha que representa lo peor de la Francia de Vichy, conviene tener en cuenta varios elementos. En primer lugar, el sistema de doble vuelta dificulta la carrera de Le Pen al Elíseo. Incluso si fuese la opción más votada en la primera vuelta, tendría que imponerse en la segunda a todas las demás fuerzas juntas.

Su padre, Jean-Marie Le Pen (persona violenta, abiertamente negacionista, xenófoba y antisemita), obtuvo un 16,7% de los votos en las elecciones de 2002 y, ante la fragmentación del voto de izquierdas, accedió a la segunda vuelta. Le Pen cosechó entonces una sonora derrota frente al 82% de los votos del conservador Jacques Chirac, que fue apoyado masivamente por la izquierda. Las circunstancias son distintas, pero es un precedente a tener en cuenta.

En segundo lugar, a diferencia del sistema español o del norteamericano, en las elecciones presidenciales francesas no se eligen ni diputados, ni senadores, ni grandes electores. Sólo se elige al inquilino del Elíseo. Así que es perfectamente posible ser la primera fuerza y que esto no se traduzca en presencia institucional alguna.

La batalla por el poder en la Asamblea Nacional queda relegada a las elecciones legislativas, cuyo resultado estará condicionado por lo que previamente haya sucedido en las elecciones presidenciales. No obstante, la experiencia histórica dice que no necesariamente ha de repetirse en las legislativas lo que previamente haya sucedido en las presidenciales. No es excepcional que un presidente de derechas tenga que cohabitar con un legislativo de izquierdas. En todo caso, nuevamente con un sistema a dos vueltas, las demás fuerzas tendrán opciones de contener el esperado empuje de la extrema derecha en las elecciones legislativas.

El último precedente data de 2012 cuando, a pesar de obtener el 13,6% de los votos en la primera vuelta, el Frente Nacional sólo consiguió dos diputados sobre un total de 577 que componen la Asamblea Nacional. Una de ellos es Marion Maréchal-Le Pen, muy próxima a su abuelo Jean-Marie y enfrentada a su tía Marine por el futuro control del partido.

En cualquier caso, que el camino del Frente Nacional al Elíseo esté sembrado de dificultades no debe impedirnos tomar la medida del problema: la extrema derecha crece en Francia con raíces fuertes que se remontan, al menos, a los años ochenta. Conviene recordar que el Frente Nacional fue el partido más votado en las elecciones europeas de 2014, con el 24,9% de los votos, cuatro puntos más que la derecha conservadora y diez puntos por encima de los socialistas en el poder. En el sondeo de IFOP del pasado octubre aparece ya con un 27% de intención de voto.

De acuerdo con el mismo sondeo, el Frente Nacional lidera la intención de voto entre los franceses de 18 a 49 años (34%), entre los trabajadores autónomos (43%), los empleados (36%), los obreros (46%) y los parados (41%) y en el entorno rural (34%).

Especialmente sintomático es que la suma de los dos primeros partidos de izquierda, el Partido Socialista y el Front de Gauche, no lidera la intención de voto en ninguna franja de edad y en ninguna categoría profesional. Reciben el apoyo del 23% de los parados, frente al 26% de Les Républicains y el 41% del Frente Nacional. Tan sólo lideran la intención de voto entre los trabajadores del sector público (33%).

No sólo la derecha francesa está mejor posicionada que la izquierda para detener al Frente Nacional, sino que, paradójicamente, podría rozarse la catástrofe si el Partido Socialista o el Front de Gauche accediesen a la segunda vuelta. De hecho, entre los escenarios planteados por IFOP, el Frente Nacional aparece como victorioso si su rival el 7 de mayo fuese el actual presidente.

A casi seis meses vista, es pronto para saber si el Frente Nacional se va a imponer en la carrera al Elíseo. De lo que hay menos dudas es que su discurso impregna buena parte de la sociedad francesa, y que ésta no sólo es sensible al ciclo económico y a las políticas de rentas, sino sobre todo a cuestiones identitarias de solución compleja. Francia lleva mucho tiempo viviendo sobre una fractura social. Por eso, de poco sirve que alguno de los candidatos evite lo peor la próxima primavera si su elección no viene acompañada de una reflexión profunda sobre el problema de fondo, la integración social, la igualdad de oportunidades, la distribución de la riqueza y tantas otras cuestiones que se han desatendido durante demasiado tiempo.

La pasada primavera, recurriendo inoportunamente a la cal viva, Podemos enterró cualquier opción de entendimiento razonable entre los principales partidos de izquierda. Con su mera abstención en la fallida sesión de investidura de Pedro Sánchez (no era necesario su voto favorable), Podemos y sus confluencias habrían enviado al PP de Mariano Rajoy a la oposición, habrían condicionado la labor de un Gobierno necesitado de apoyos parlamentarios y habrían ganado un tiempo precioso para experimentar, desde dentro, cómo funciona el entramado institucional del que forman parte.

PSOE, Podemos y Ciudadanos sumaban entonces más del 55% de los votos, como ahora, y nada menos que 199 escaños, suficientes como para haber servido de palanca a un tiempo nuevo mientras el PP purgaba su corrupción en la oposición.

Pero no fue así. A partir de ese momento, especialmente tras la repetición de las elecciones, todo ha sido ruido para eludir el verdadero debate: cuándo (antes o después de unas terceras elecciones) y a cambio de qué iba a reconducirse el mandato del PP.

Ahora que el 'cuándo' parece inminente, convendremos que el 'a cambio de qué' ha resultado un fracaso estrepitoso. Tres partidos dijeron basta a la corrupción. Uno cambió de bando, otro prefirió el sorpasso y el tercero se borró.

El PSOE protagoniza los titulares de este fracaso, víctima de una encarnizada lucha por el poder y de su incapacidad para afrontar un debate identitario demasiadas veces pospuesto. Al día siguiente de la no investidura de Sánchez, la abstención del PSOE podía haber servido de moneda de cambio. Incluso inmediatamente después de las segundas elecciones, su abstención seguía conservando cierto valor. Ahora no es más que un por favor lastimero a cambio de tiempo (veremos cuánto, pues la legislatura se anuncia corta) de daño incalculable.

La responsabilidad de este fracaso sin paliativos corresponde también a Ciudadanos y a Unidos Podemos. Los primeros han rebajado el listón de sus exigencias regeneradoras hasta decir basta, y los segundos han preferido atrincherarse en un confortable “no a todo”, utilizando como gatera un pacto absolutamente improbable. Recordemos que sólo la suma de PSOE, Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, Compromís, Esquerra Republicana de Catalunya, Convergencia Democrática de Catalunya, Bildu y Coalición Canaria (o PNV en lugar de estas dos últimas fuerzas) permite sumar 176 escaños.

Ante esta realidad, Ciudadanos y Unidos Podemos han preferido salvar los muebles antes que asumir una responsabilidad colectiva que ellos mismos habían convertido en eje programático. Era demasiado goloso dejar al PSOE al pie de los caballos. Al final, ni alternativa de Gobierno ni investidura negociada.

En el último año hemos dedicado demasiada energía a debatir quién podría o debería formar Gobierno y no hemos prestado atención suficiente a la agenda política que, necesariamente, tendrá que afrontar el próximo ejecutivo. Es un fracaso que la corrupción no vaya a tener un castigo político, pero mayor será el fracaso si seguimos aplazando debates tan urgentes como ineludibles: el deterioro de la distribución de la renta, la estrategia de ingresos y gastos de las administraciones públicas, el futuro inmediato de la Seguridad Social, la escasa capacidad recaudatoria de nuestro sistema fiscal, la precariedad laboral, la conciliación familiar, la racionalización de horarios, las bases para el crecimiento del futuro (educación, investigación, medioambiente) y tantas otras cuestiones en lista de espera.

Ha llegado el día después y tenemos la obligación de hacer brotar algo bueno de las cenizas de este incendio. Mientras tanto, que la corrupción y el descrédito de las instituciones nos sean leves. Y que el PSOE, Podemos y Ciudadanos lo vean.

Desde hace meses, se viene librando en España un nuevo pulso entre los defensores de la ética de la convicción y los partidarios de la ética de la responsabilidad que parecen empeñados en abocarnos a la mayor crisis institucional de las últimas cuatro décadas

A finales de enero de 1919, al poco tiempo de terminar la primera guerra mundial, el sociólogo alemán y profesor de economía política Max Weber impartió una conferencia en la Universidad de Múnich titulada “Politik als Beruf” (la política como vocación), continuación de “Wissenschaft als Beruf” (la ciencia como vocación) impartida en el mismo foro el curso académico precedente, en los mismos días que tenía lugar en Rusia la revolución bolchevique.

Ambos ensayos se publicaron en versión extendida en julio de aquel mismo año, apenas unos días después de haberse firmado el Tratado de Versalles, en el que el propio Weber participó en calidad de consultor. No se tradujeron al inglés hasta después de la segunda guerra mundial, pero terminaron por convertirse en un clásico de las ciencias sociales. Hoy, en un contexto que poco tiene que ver con el de entonces, algunas de aquellas reflexiones siguen extraordinariamente vigentes.

En “Politik als Beruf”, Weber se pregunta cuáles son las cualidades que permiten a un político estar a la altura del poder que ejerce. Cita las tres siguientes: la pasión, entendida como la voluntad manifiesta de servir a una causa determinada; el sentido de la responsabilidad, entendido como la lucidez para considerar las consecuencias que se derivan de nuestros actos; y la mesura, entendida como la capacidad de mantener la calma y guardar distancia con las personas y los hechos que rodean la acción política.

A la falta de pasión, de sentido de la responsabilidad y de mesura, Weber añade la vanidad como el mayor de los peligros para el político. Cegado por ella, dice, el político corre el riesgo de convertirse en un histrión y de tomarse a la ligera las consecuencias de sus actos, demasiado ocupado por la impresión que pueda causar a los demás.

Weber afronta el espinoso asunto de las relaciones entre ética y política recordando que si hay algo de lo que la ética en sentido general no se ocupa es, precisamente, de las implicaciones de nuestros actos (se actúa de acuerdo con unos principios y, solo subsidiariamente, se atiende a sus consecuencias). En su razonamiento, no obstante, establece una distinción fundamental entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad.

El seguidor de la ética de la convicción, fiel a sus principios, lucha por mantener siempre encendida la llama de sus ideales. La misma llama que, con igual convicción subjetiva, otros se esfuerzan en apagar. El problema surge cuando las decisiones políticas tomadas en defensa de unos principios, sean estos los más nobles, resultan en consecuencias calamitosas. Porque no es cierto que las buenas acciones no puedan engendrar más que el bien, y las malas acciones no puedan engendrar más que el mal.

Por su parte, el político que conduce sus acciones guiado únicamente por la ética de la responsabilidad corre el serio riesgo de sucumbir al inmovilismo. Los grandes cambios sociales que han requerido poner fin al statu quo del momento no se han hecho exclusivamente desde la razón. Porque no es cierto que las políticas responsables correspondan siempre a los principios morales de mayor nobleza.

Sobran ejemplos de este conflicto a lo largo de la Historia, como la revolución rusa de 1917 que inspiró a Weber estas y otras reflexiones; o la desastrosa división de la izquierda española durante la década de 1930, que hoy deberíamos tener bien presente (escindida entonces en anarquistas, comunistas y socialistas, todos convencidos de su verdad, sin mesura ni sentido de la responsabilidad); o los numerosos episodios históricos en los que se ha apelado al orden como garante de una estabilidad institucional que no hacía sino preservar los privilegios de algunos a costa del bienestar común.

El momento actual de la política española

Desde hace varios meses, se viene librando en España un nuevo pulso entre los defensores de la ética de la convicción y los partidarios de la ética de la responsabilidad que, por exceso de tacticismo y falta de mesura, parecen empeñados en abocarnos a la mayor crisis institucional de las últimas cuatro décadas.

No faltan llamamientos interesados a la responsabilidad, a menudo entendida como un cheque en blanco, que provienen en muchos casos de los mismos halcones que han contribuido a que nos encontremos en la encrucijada actual. Y son muchos, también, los histriones que tratan de eludir su responsabilidad política aferrándose a sus inquebrantables convicciones y culpando de sus resultados electorales a la estupidez humana o al adversario ideológico o, de manera abstracta, a eso que llamamos sistema.

Si la mayoría de los diputados comparte la convicción de que el Presidente saliente no merece reconducir su mandato por representar a un partido que ha hecho de la corrupción su modo de funcionamiento, entonces deberían haber asumido el coste político de hacer viable una alternativa de Gobierno (algunos lamentarán la ocasión perdida en primavera). Y lo mismo si consideran que ha llegado el momento de dar el primer paso para reformar el entramado institucional levantado hace cuarenta años. Porque las convicciones políticas sirven de bien poco si no se asumen las responsabilidades que conllevan.

No queda más, a quienes no crean conveniente llegar a ese acuerdo o el momento les parezca inoportuno, que asumir su papel de oposición (o de colaborador necesario) y acercarse a la ventanilla de Moncloa para negociar una agenda política que no solamente facilite la investidura del actual presidente en funciones, sino que otorgue cierta visibilidad institucional en el corto y medio plazo. Seguir sin Gobierno, tras dos elecciones y más de siete meses de espera, no debería ser una opción.

Menos de una semana después de haber votado no a Europa, el Reino Unido estará conmemorando el centésimo aniversario del inicio de la batalla del Somme. El 1 de julio de 1916, en apenas unas horas, casi 20.000 soldados británicos se dejaron la vida en los campos de Francia. Nunca antes en su Historia el ejército británico había sufrido tantas bajas en un solo día. Y nunca después volvería a sufrirlas, ni siquiera en las playas de Sword y Gold, durante el desembarco de Normandía.

El Reino Unido siempre ha concebido la construcción europea como un espacio de oportunidades económicas, no como un proyecto político. Sin embargo, los lazos que nos unen a ellos, que nos unen a todos los europeos, son demasiado fuertes como para que un referéndum se los lleve por delante. Aunque haya decidido caminar solo, el Reino Unido sigue formando parte de Europa.

Los británicos acudieron a las urnas sabiendo que el debate económico estaba claramente decantado a favor de su permanencia en la Unión Europea. No había, al menos en el horizonte inmediato, una agenda política que les forzase a avanzar en una dirección no deseada. Y, pese a todo, decidieron abandonar el que, sin duda, es el proyecto político de mayor envergadura que jamás se haya diseñado en Europa y que ha permitido, entre otros logros, el periodo de paz y prosperidad más largo de nuestra historia reciente.

Que los argumentos emocionales e identitarios hayan prevalecido sobre los de índole racional es un mal síntoma que se añade a los vientos que soplan de Austria, Finlandia, Holanda, Hungría, Polonia y otros estados miembros de la Unión. Incluso en la propia Francia, la última frontera, el euroescepticismo gana adeptos cada día.

Es probable que los británicos no sean más euroescépticos hoy de lo que eran hace cinco, diez o veinte años. Y, desde luego, no han abandonado la Unión porque estuviesen en desacuerdo con las políticas de austeridad, porque viesen en Bruselas a un ogro neoliberal o porque no aprobasen el vergonzante acuerdo de expulsión de refugiados de guerra a Turquía. En este sentido, la lectura que la nueva izquierda europea hace del resultado del referéndum es interesada y no corresponde a la realidad.

Hace tiempo que la Unión se ha convertido en el cajón de sastre del descontento político, social y económico de muchos europeos, a derecha e izquierda. Es cierto que la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo de Jefes de Estado son corresponsables de su descrédito, y que se han tomado decisiones que no siempre han respetado los principios fundacionales de la Unión (Idomeni es una mancha indeleble).

También es cierto que la hoja de ruta para la salida de la crisis económica se ha aplicado con excesiva ortodoxia, cuando no ceguera. Sobran halcones que hacen de la política europea una mera cuestión de principios, en detrimento del deber de responsabilidad. Y sobra, también, cierto quintacolumnismo que ha impregnado una parte de las instituciones europeas.

Pero seamos sensatos. Es pura autocomplacencia pensar que nuestros males son consecuencia de la insidia de Bruselas, en lugar de asumir las consecuencias de nuestros propios actos en clave doméstica. Cometemos un grave error cada vez que, para mostrar un legítimo desacuerdo con tal o cual política europea, cuestionamos la conveniencia misma del proyecto europeo. En Europa, como en cualquier Estado, las instituciones deben estar por encima de las personas que las encarnan y por encima incluso de las políticas que, en uno u otro momento, sean de aplicación.

El camino no es un retorno a los Estados nación del siglo XIX, es el contrario. Británicos o no, pensemos todos en Europa cuando el próximo viernes se haga la tradicional ofrenda de amapolas en el gigantesco cráter de “la Grande Mine” (o “Lochnagar Crater”), originado por la explosión que dio inicio a la batalla del Somme, poco antes de las 7h30 de la mañana del 1 de julio de 1916, en la habrían de fallecer un millón de personas.

A pesar del impacto de las políticas de austeridad (las mismas que ya no convencen a Margallo y Montoro, al FMI y la OCDE y, más pronto que tarde, a la propia Comisión Europea), el gasto total de las administraciones públicas españolas es mayor que antes de la crisis. Entre 2008 y 2015 el gasto público aumentó en más de 9.000 millones de euros nominales, al tiempo que el PIB disminuía en unos 35.000 millones.

El gasto no sólo ha aumentado en moneda corriente desde el inicio de la crisis, sino también en valor real (descontando el efecto de los precios), en puntos de PIB y en euros per cápita. Se mida como se mida, no es posible concluir otra cosa que no sea que el gasto total de las administraciones públicas es mayor en la actualidad del que era al inicio de este largo via crucis. Si necesitan referencias, pueden consultar este trabajo de FEDEA y BBVA Research.

El problema surge cuando se pretende usar esta evidencia para quitar hierro al ajuste presupuestario de los últimos años. Y es que, aunque probablemente somos los únicos monos capaces de hacer ciencia, nuestra lógica de primates puede jugarnos malas pasadas. No olvidemos que durante siglos defendimos con vehemencia que la Tierra era plana y que el Sol giraba alrededor de nuestro planeta.

El gasto público se incrementó en más de 9.000 millones entre 2008 y 2015. Cierto. Tan cierto como que, en el mismo periodo, el gasto en pensiones se incrementó en 33.600 millones, el servicio de la deuda en 18.800 millones y las prestaciones por desempleo en otros 9.500 millones más. Si estas tres partidas se incrementaron conjuntamente en unos 62.000 millones, otras han tenido que reducirse por importe de 53.000 millones para que el saldo final se ajuste a los citados 9.000 millones (véanse gráficas).

Así, los números sólo encajan cuando se tienen en cuenta los 2.400 millones de recortes en sanidad, los 9.400 millones en educación y cultura, los 6.600 millones en la financiación de los restantes bienes y servicios públicos, y los 34.000 millones menos en inversión (que en lugar de actuar como contrapeso de una inversión privada deprimida, ha caído más del 50% con respecto al nivel anterior a la crisis). Hemos cedido en todas estas partidas para apuntalar el gasto en las tres primeras: pensiones, deuda y desempleo.

Conviene no pasar por alto que el incremento del gasto en pensiones casi triplica el importe conjunto de los recortes en sanidad, educación y cultura efectuados entre 2008 y 2015. Esto introduce un elemento distorsionador a la hora de evaluar el impacto de la crisis en el deterioro de las finanzas públicas, pues más de la mitad del incremento de las tres partidas principales de gasto no ha sido consecuencia directa del entorno económico. Tenemos un serio problema con la financiación de las pensiones, aun asumiendo que un mejor funcionamiento del mercado laboral debería de incrementar los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social.

Es evidente que los recortes han existido a pesar de que el gasto total ha aumentado. Presumir del esfuerzo en consolidación fiscal sin haber incrementado la recaudación (el Programa de estabilidad la mantiene anclada en el 38% del PIB), y negar al mismo tiempo la dureza de los recortes carece de consistencia intelectual. O cumplimos con los objetivos de déficit, y entonces asumimos los recortes como necesarios, o razonamos el incumplimiento de dichos objetivos buscando estímulos al crecimiento y una mayor cohesión social. El resto son unicornios.

*Este artículo refleja la opinión personal de su autor

En 1944 se publicó en el BOE una Orden para pagar al "personal de industrias no reglamentadas" la remuneración equivalente a una semana para celebrar la Navidad

Las pagas extraordinarias suponen una menor liquidez y un préstamo a interés cero que el trabajador hace a su empleador

La reacción de algunos economistas extranjeros cuando ven que los funcionarios españoles cobran dos pagas extra es similar a la de cualquiera de nosotros cuando leemos según qué cosas sobre las pensiones de los griegos

El invierno de 1944 a 1945 fue un invierno terrible. El mundo descubría el horror de los campos de concentración nazis mientras, en ese mismo frente de guerra, se llevaba a cabo, según el historiador Antony Beevor, “el fenómeno de violaciones masivas más importante de la Historia”. En el frente del Oeste la hambruna era responsable del fallecimiento, solamente en Holanda, de unas 20.000 personas. Fue el “hongerwinter”, el invierno del hambre.

Aquel año se inauguró en España la cárcel de Carabanchel. También fue el año de la crisis del wolframio. Nuestra guerra civil había terminado cinco años antes, con un efecto devastador sobre las condiciones de vida de los españoles. Los sucesivos Gobiernos, presididos todos por el General Francisco Franco, habían recurrido a la emisión masiva de moneda para financiar el gasto público. El efecto inmediato de esa política fue un incremento acelerado de los precios que no hizo sino agravar el hambre de la posguerra.

El 24 de diciembre de 1944, en la España de la autarquía y de las cartillas de racionamiento, se publicó en el BOE una Orden ministerial por la que se disponía que se pagara “al personal de industrias no reglamentadas una gratificación equivalente a la retribución de una semana para solemnizar las fiestas de Navidad.” Firmaba la orden José Antonio Girón de Velasco, el León de Fuengirola, a la sazón Ministro de Trabajo que, décadas después, sería uno de los más firmes oponentes a la Ley para la Reforma Política (piedra angular de la Transición, aprobada en referéndum con un 94,2% de votos a favor).

En el BOE del 9 de diciembre de 1945, apenas un año después, esta gratificación se estableció “con carácter general e indefinido”. Se institucionalizaba así el aguinaldo navideño, tal y como se hizo posteriormente con la famosa “paga del 18 de julio”, que se estableció en 1947 con la finalidad expresa de que todos los trabajadores pudiesen “celebrar adecuadamente la Fiesta de Exaltación del Trabajo” (que no se celebraba el primero de mayo sino en el aniversario del golpe de Estado de 1936). Ni que decir tiene que el impacto sobre el bienestar social de aquellas gratificaciones fue mínimo. Según las “Estadísticas Históricas de España”, de la Fundación BBVA, la renta per cápita española no recuperó el nivel de 1935, previo al inicio de la guerra, hasta el año 1954.

Ambas gratificaciones se incorporaron progresivamente a nuestros usos y costumbres, adaptándose su cuantía a la cambiante realidad económica. Durante la Transición, la paga del 18 de julio fue desplazada al mes de junio, supuestamente para conmemorar la onomástica de Juan Carlos I. El artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores de 1980 quedó redactado del siguiente modo: “El trabajador tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, una de ellas con ocasión de las fiestas de Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores. Igualmente se fijará por convenio colectivo la cuantía de tales gratificaciones. No obstante, podrá acordarse en convenio colectivo que las gratificaciones extraordinarias se prorrateen en las doce mensualidades.” No se ha cambiado una coma desde entonces.

Sentido actual de las pagas extraordinarias

Si esas “gratificaciones extraordinarias” de las que habla el Estatuto de los Trabajadores tuvieron sentido algún día, lo han perdido completamente. La mera distribución del salario bruto anual en catorce mensualidades no constituye una gratificación extraordinaria. Se trata de una costumbre española que, fruto de una peculiaridad histórica y bajo el paraguas de los convenios colectivos, aceptamos sin prestar atención a sus consecuencias.

Existen al menos dos motivos por los que esta costumbre debería ser revisada. En primer lugar porque supone una merma de liquidez y un préstamo a interés cero que los asalariados hacen a su empleador, generalmente de manera no voluntaria.

Veamos un ejemplo ficticio. Sea un salario de 20.000 euros brutos anuales sujeto a un 5% de cotizaciones sociales y a una retención por IRPF del 15%. De estas cifras resultan doce mensualidades de 1.333,3 euros netos. La costumbre quiere, sin embargo, que el pago se realice habitualmente en catorce mensualidades (una por cada mes, más las “pagas extraordinarias” de junio y diciembre). Por una parte, puesto que los pagos a la Seguridad Social tienen que efectuarse de manera mensual, cada mes debe afrontarse un pago equivalente al 5% de 20.000/12 en concepto de cotizaciones, es decir 83,3 euros de enero a diciembre. Por otra parte se pagan retenciones por IRPF en proporción al salario bruto cobrado cada mes, el 15% de 20.000/14 que son 214,3 euros mensuales que se duplican en junio y diciembre. El resultado es un salario neto “ordinario” de 1.131 euros de enero a diciembre (20.000/14 menos 83,3 menos 214,3), más dos “pagas extraordinarias” de 1.214,3 euros en junio y diciembre (20.000/14 menos 214,3, pues las cotizaciones sociales ya han sido prorrateadas en doce meses).

¿Por qué limitar la liquidez a 1.131 euros al mes, en nuestro ejemplo, cuando en realidad tendrían que ser 1.333,3 euros? Estamos hablando de renunciar a más de 200 euros al mes de liquidez, en un nivel de renta inferior al salario medio, que el asalariado está cediendo desinteresadamente a su empleador. Se argumenta que la distribución del salario en catorce pagas permite a los hogares ahorrar sin percibir el esfuerzo y que constituyen un estímulo al consumo en fechas señaladas. Pero, ¿es realmente el fruto de una elección por parte de los asalariados o se trata simplemente de una costumbre impuesta?

En segundo lugar, nos equivocamos en seguir empleando la expresión “gratificación” o “paga extraordinaria” a las dobles mensualidades de los meses de junio y diciembre. El significado de las palabras termina por definir nuestra manera de pensar y esto puede llevar a equívocos insospechados. Que se lo digan a esos economistas que, fuera de España, analizan los ajustes de nuestras finanzas públicas con el prejuicio en mente de que los funcionarios españoles cobran, además de su sueldo, no una sino dos pagas extraordinarias anuales. Su reacción es similar a la de cualquiera de nosotros cuando leemos según qué cosas sobre las pensiones de los jubilados griegos.

Es preferible usar la terminología adecuada antes que tener que remontarse, para desmontar falsas creencias, al invierno del hambre y a la vida y milagros del León de Fuengirola. Lo segundo resta credibilidad. Y además aburre al auditorio. Lo que ahora se devuelve a cuentagotas a los funcionarios no es una paga extraordinaria, sino parte de un derecho generado que se llama salario bruto.