Las autoridades de Hamburgo han retirado el permiso de libre circulación en el país a 285 personas sin hogar procedentes de otros países de la Unión Europea en 2018, según una respuesta del Gobierno de la ciudad a una pregunta formulada por el grupo parlamentario de Die Linke.

En su contestación, el Gobierno de Hamburgo reconoce que “cabe esperar que en el caso de las personas a quienes se le retiró el permiso” se tratara de personas “sin hogar”. De ellas, 21 fueron expulsadas a la fuerza. El resto, o bien se marchó de forma voluntaria o no pudo ser deportado por problemas de salud, por lo que permanece en el país de forma clandestina. La mayoría de los afectados poseían la nacionalidad polaca y rumana. 

“Parece que se ha convertido en una rutina que, en especial a los sin techo del este de Europa” se les pida que demuestren su situación laboral o de búsqueda de empleo “y sea solicitado que se compruebe si el permiso de libre circulación procede en su caso”, explica a eldiario.es Cansu Özdemir, portavoz de política social en Hamburgo de Die Linke. 

Özdemir sostiene que esto lleva a que abandonen los lugares donde se suelen reunir y que sea más difícil para los trabajadores sociales dar con ellos. Asegura que este grupo de personas es rechazado por no disponer de los documentos en regla en los albergues contra el frío, de forma que se ven obligadas a dormir al raso.

En esta ciudad del norte alemán, según destapaba la televisión pública NDR en su programa Panorama en 2017, no se permitía dormir en los albergues municipales a quien no pudiera acreditar que tenía derecho a permanecer en el país. Algo que, según ONG especializadas consultadas por eldiario.es y la formación de izquierdas, sigue ocurriendo.

Alemania ha atravesado una ola de frío que ha alcanzado los menos veinte grados en algunas regiones. Este invierno han fallecido 10 personas a causa de las bajas temperaturas en todo el país, según los últimos datos del grupo nacional de trabajo para la ayuda a personas sin techo aportados por su directora Werena Rosenke. 

Desalojos de campamentos 

A principios de enero, en Berlín, las autoridades desalojaron un campamento de personas en situación de calle cerca de la estación central de la capital. El ayuntamiento destruyó las tiendas donde dormían. El diario Tageszeitung Taz documentó el desalojo en un vídeo publicado en su cuenta de Facebook, en el que los agentes detienen a una mujer sin techo colocándole un trozo de tela que le cubre toda la cabeza, boca y nariz incluidas.

Para justificar la polémica medida, la Policía ha explicado que lo hacían “por los piojos” según el medio alemán, y que la mujer mostraba además un “comportamiento agresivo”. Pero gran parte del más de un millón de usuarios de la red social que ha compartido el vídeo lo ve con otros ojos, ya que la detenida estaba esposada con los brazos en la espalda y sentada en un banco antes de que los funcionarios le cubriesen la cabeza.

Las autoridades alemanas suelen desalojar campamentos de personas sin techo y es raro encontrar chabolas en las ciudades. Sin embargo, el número de personas sin hogar no ha dejado de aumentar. En el caso de Hamburgo, desde 2009, que fue la última vez que se llevó a cabo el recuento, casi se ha duplicado. El Consistorio de la ciudad calcula que unas 2.000 personas viven al raso, mientras que unas 4.800 no tienen casa pero se alojan de forma temporal en algún sitio. Un 70% de las personas sin techo procede del este de Europa, según datos del ayuntamiento.

En Berlín, la situación no es mejor y los albergues están tan llenos que han abierto una estación de metro y una discoteca para refugiar a estas personas sin hogar, protestaron a finales del mes pasado durante dos días frente al ayuntamiento, gobernado por una coalición de izquierdas.

Deportaciones de ciudadanos de la UE

La ley alemana regula que los ciudadanos europeos pueden entrar, permanecer y moverse por el país siempre que vayan a trabajar o estudiar, estén buscando trabajo, trabajen como autónomos o bien sean “receptores de servicios”.

Asimismo, la legislación establece que estos pueden permanecer en el país siempre que no supongan un compromiso para el orden público, la seguridad o la salud pública, en el caso de enfermedades infecciosas peligrosas. La decisión de la administración sobre la permanencia debe tener en cuenta el periodo de estancia, “la edad, el estado de salud, la situación familiar y económica, la integración social y cultural y los lazos con el país de origen”.

Además, la ley estipula que no se puede retirar el derecho de estancia “para fines económicos”. En un documento del servicio de información del Bundestag para los diputados fechado en noviembre de 2017, se explica que los ciudadanos de la UE tienen derecho a estar en el país siempre que puedan costearse la vida y tengan un seguro médico, más allá de una corta estancia de tres meses.

Lutz Achenbach, abogado especialista en derecho laboral, explica a eldiario.es que la legislación alemana “no entra en colisión con la europea”, ya que en los textos de la UE “se habla en todo momento de libertad de circulación de trabajadores”. El letrado esgrime que, por esta razón, Alemania se ampara en la falta de trabajo o de iniciativa para retirar los permisos de residencia. El país modificó en 2014 la ley para restringir el periodo en el que pueden permanecer los ciudadanos de la Unión sin tener que justificar su situación hasta los seis meses.

El proceso de retirada de los permisos comienza cuando la administración abre un expediente para comprobar la situación legal de la persona. Si esta no puede demostrar estar trabajando o buscando empleo, o bien no puede mantenerse por sí misma, el Estado le envía una carta en la que comunica a la persona que ha perdido su derecho a permanecer en el país y le da un plazo de generalmente un mes para abandonarlo.

Este medio ha tenido acceso a una carta que un joven español asegura que recibió de la administración. El chico llegó al país para trabajar con una empresa y vive en Dússeldorf. A los seis meses, la administración le preguntaba varios datos: dónde vivía, dónde trabajaba y otros datos sobre su situación personal. El joven indica que, al no responder a las cartas “por no saber alemán”, le enviaron una misiva invitándole a abandonar el país por haber perdido el derecho a la residencia al no demostrar los datos solicitados. En este caso concreto, se trató de un malentendido que el afectado pudo solventar a tiempo.

En ocasiones, la carta es simplemente colocada en el tablón de anuncios de la administración si la persona no tiene dirección postal. “Piden muchos documentos que son complicados de obtener por estas personas sin recursos, por ejemplo en Múnich piden un comprobante de que en su ciudad de origen también son sin techo para obtener una plaza en un albergue para personas sin techo”, explica la antropóloga Lisa Riedner.

Una vez retirado el derecho de estancia, si la persona no se marcha por sus propios medios, la terminan expulsando. Según exponen las ONG que brindan apoyo a las personas sin techo en el país, desde 2017 la ciudad de Hamburgo está aplicando esta política de mano dura más a rajatabla que otras ciudades alemanas.

Riedner, que participa en la red de apoyo “Europa en movimiento”, explica que, como ocurrió en el caso del joven, cuando la administración cree que hay un motivo para desconfiar de la solvencia de una persona, se inicia el mecanismo de comprobación de la situación personal. A juicio de la antropóloga, de este modo, “los ciudadanos de la Unión sin pasaporte alemán se están viendo privados de derechos sociales y siendo puestos bajo sospecha de forma generalizada”.

Walther Bernecker es el experto alemán en historia española por excelencia. Este hombre simpático y tranquilo ha dedicado buena parte de su carrera académica a estudiar la “historia de la revolución social en España”, como reza una de sus primeras obras sobre el tema, así como la guerra y la transición. El profesor, que trabajó veinte años en la cátedra de ciencias románicas de la Universidad de Erlangen-Núremberg antes de jubilarse, no oculta su simpatía por proyectos como la revista Grasswurzelrevolution, una publicación mensual anarcopacifista a la que contribuye con varios libros editados por su editorial, mientras por otro lado acude a actos organizados por la casa real.

El experto de 61 años recuerda con una sonrisa por qué en los 70 decidió escribir su tesis sobre el sindicato anarquista CNT: sus colegas de estudio, muy influidos por la revolución del 68, como él mismo, terminaban siempre hablando de la revolución anarquista en España y de ahí su interés. Para hablar con propiedad, asegura, se recorrió unos archivos que aún custodiaba con recelo el régimen franquista. Conversamos con él a la salida de una charla sobre la transición española y la ley de memoria histórica que ofreció durante la apertura de una exposición sobre la guerra civil española en la Casa de los Derechos Humanos y de la Democracia de Berlín.

¿Qué opinión le merece la ley de la Memoria Histórica de 2007?

Esa ley tuvo que luchar desde un principio no solo contra la derecha española que la tachaba de ser “un enorme error”, reprochando al entonces presidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el “abrir viejas heridas” y pretender “revisar” los resultados de la Transición, sino que también se abrió un frente contra ella desde la propia izquierda. Representantes de asociaciones y partidos izquierdistas criticaban que la ley se quedaba muy por debajo de sus exigencias. No obstante, muchos de los críticos de la ley se contarían finalmente entre sus mayores beneficiarios.

Por primera vez en la historia postfranquista, la dictadura de Franco fue declarada un régimen injusto, las indemnizaciones financieras se ampliaron a todos los grupos no considerados hasta la fecha, se facilitó el acceso a los archivos que documentan la represión franquista, el Estado se comprometía a apoyar activamente la exhumación de los “desaparecidos” de la guerra, todos los símbolos del régimen todavía existentes en edificios públicos tendrían que ser retirados, el Valle de los Caídos quedaría clausurado para todo tipo de actos políticos y se podrían recurrir los juicios sumarísimos ante los tribunales competentes.

Entonces le parece bien.

Considerando todos estos aspectos, no hay duda de que la Ley de Memoria Histórica representa un serio cambio de paradigma en el tratamiento oficial del pasado franquista. Pero el Gobierno de Zapatero no parecía tener mucha prisa por implementarla, pues tardó once meses después de su puesta en vigor en aprobar los primeros decretos, y el siguiente Gobierno de Mariano Rajoy eliminó del presupuesto prácticamente todos los recursos necesarios para hacer efectiva la implantación de la ley. Por lo tanto se puede afirmar que la Ley de Memoria Histórica fue y es necesaria para poder enfrentarse de forma crítica con el pasado, pero su mayor déficit fueron y son, hasta el día de hoy, los escasos progresos en su implementación. Solo el reciente Gobierno de Pedro Sánchez está introduciendo algunas reformas y empezando con una implementación más rigurosa.

¿Cree que es correcto que se saque a Franco del Valle de los Caídos?

Sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, desde una perspectiva histórica y moral de un Estado de derecho, es absolutamente necesario. Cuando Franco firmó el 1 de abril de 1940 el decreto de construcción de ese monumento fue, inequívocamente, en homenaje a los caídos “por Dios y por España”. Por lo tanto, en su forma actual, con Franco enterrado allí, ese lugar sigue y seguirá enfrentando a los españoles. Lo que parece adecuado hacer es convertir el mausoleo en un monumento a todas las víctimas de la guerra civil. Durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, se encargó a una comisión de expertos pactada entre todas las fuerzas políticas un informe sobre el futuro del Valle de los Caídos con la idea de transformar su vieja significación y convertirlo en un lugar de memoria reconciliada. Entre otras cosas, el informe reclamaba la exhumación de los restos de Franco del templo.

Entonces usted aboga por la primera propuesta de Sánchez.

Si se quiere simbolizar el sellado del pacto reconciliatorio de la Transición en un lugar, una buena decisión sería sacar a Franco de ese mausoleo y transformar el Valle en un memorial de todas las víctimas de la Guerra Civil. Este “nuevo” memorial no reabriría viejas heridas, como afirman muchos opuestos a cualquier tipo de reforma, sino muy al contrario, las cerraría. La memoria a la que se debe aspirar, tiene que ser una memoria reconciliada, algo que en este momento está lejos de existir. El Valle es, hoy por hoy y con el significado que le ha dado Franco, una anomalía, impensable en cualquier otra democracia.

La reconciliación y la Transición son temas muy debatidos en este momento. Podemos y otros partidos de izquierda llaman a su resultado el “régimen del 78”. ¿Le parece acertada esta expresión con sus connotaciones?

En los últimos años está aumentando el número de los detractores de la Transición. En mi opinión, los que la menoscaban y menosprecian, lo hacen por desconocimiento o sectarismo. Claro que resulta algo ridículo “sacralizar” la Transición como si hubiera sido algo exento de faltas o errores. Pero no se debe olvidar que la Transición, como cualquier otro período histórico, solo puede ser valorado correctamente si se considera el restrictivo contexto político-social en el que se realizó. Y los años que siguieron a la muerte del dictador no fueron una fase de plena libertad política, y mucho menos libre de amenazas militares, sino que todas las decisiones tuvieron que ser tomadas en consideración a lo que era factible (y no, en primer lugar, deseable), justo para no dificultar el avance de la Transición o, incluso, amenazar lo ya logrado.

Conseguir inmediatamente una ruptura radical y sistemática con el régimen franquista, era imposible considerando la correlación de fuerzas en aquel entonces. El poderío político y, más si cabe, el económico y social del franquismo a lo largo de la primera década después de 1975 era aún muy fuerte.

¿Cree necesaria entonces una nueva transición ahora?

Si se consideran las múltiples limitaciones a las que estaban expuestos los líderes políticos de la época que querían conducir al país a un Estado democrático de derecho, inserto en las Comunidades Europeas, los resultados de la Transición son plenamente satisfactorios. Las críticas provienen de una postura basada en la utopía de un Estado y una sociedad cuasi perfecta. Pero no es acertado ni analíticamente correcto comparar una situación real y factible con un tipo ideal al estilo de Max Weber. Y menos adecuado es hablar de los años en los que está en vigencia la Constitución de 1978, como de un “régimen”, ya que esta denominación sugiere un sistema represivo o incluso dictatorial.

España cumple todos los criterios de una democracia liberal. Esto no impide abogar por una reforma de la Constitución, pues muchas de las decisiones tomadas bajo las condiciones de 1978, políticamente todavía muy ambivalentes, hoy parecen desfasadas y deberían ser modificadas. Casi todos los constitucionalistas concuerdan con esta afirmación. Ahora bien: con la situación política actual de crispación, será difícil (por no decir imposible) lograr un consenso como el que se logró en los años de la Transición, pues hace 40 años todos los implicados sabían que se estaban jugando el futuro del país, y que solo se podría avanzar en ese proceso si todas las partes estaban dispuestas a compromisos. Las fuerzas convergentes eran más fuertes que las divergentes, y esto ha cambiado notablemente.

Dentro de poco se publica un artículo suyo en una revista de investigación sobre el papel de las brigadas internacionales en la RDA, cómo se llama la revista, cuándo se publica y cuáles son las conclusiones principales?

El CEDOBI (Centro de Estudios y Documentación de las Brigadas Internacionales), de Albacete, está preparando, para conmemorar el 80 aniversario de la salida de las Brigadas Internacionales del territorio español, un tomo colectivo que está a punto de aparecer. Contribuyo en dicha publicación con un ensayo sobre el tratamiento de la Guerra Civil y de las Brigadas Internacionales en la República Democrática Alemania (RDA) hasta su desaparición en 1990.

El caso germano-oriental es paradigmático de una “memoria dictada”, y su análisis permite reconocer cómo ésa instrumentalizaba a las Brigadas Internacionales. En la poca historiografía producida en la RDA sobre la Guerra Civil Española, las Brigadas Internacionales fueron mitificadas, y en esta visión ortodoxa comunista el ejército de la RDA continuaba la “tradición revolucionaria militar del movimiento obrero alemán”. La historia debía proporcionar tradiciones militares como razón de estado a un estado sin historia propia. El culto interbrigadista de la RDA sirvió para la construcción de una legitimación antifascista.

Los interbrigadistas eran la base ideal para construir la identidad de una sociedad socialista. El legado de las Brigadas Internacionales permaneció inalterado hasta el ocaso de la RDA en 1990. Los excombatientes participaron activamente en la construcción de dicho mito interbrigadista como parte esencial del mito antifascista, en el que se basaban y legitimaban a la RDA.

Sinagogas ardiendo, negocios destrozados por grupos armados. En la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 la violencia organizada en contra de la población judía alcanzaba un punto de no retorno. Este viernes se cumplen 80 años del famoso pogromo contra los judíos conocido como “la noche de los cristales rotos”. Miles de judíos fueron agredidos o asesinados y ese día dio paso a la época más oscura de la historia alemana, con el aniquilamiento organizado por el estado de judíos, miembros de la oposición, homosexuales o romaníes. Millones de personas fueron víctimas del horror nazi. El país rinde homenaje a las víctimas con numerosos actos, pero el ambiente está enrarecido.

Este aniversario coincide con un país cuyo discurso político se ha desviado hacia la derecha y más allá. La historia previa al pogromo judío “estuvo precedida de décadas de discurso antisemita”, declaran los líderes del partido de la izquierda Die Linke, Bernd Riexinger y Katja Kipping. “Y hoy, con la entrada en los parlamentos de la Alternativa por Alemania y el fortalecimiento del populismo de derechas en toda Europa nos encontramos ante la decisión de si queremos permitir que la xenofobia y la intolerancia envenenen nuestras sociedades libres”, se preguntan en un comunicado.

La Unión de los Perseguidos del Régimen Nazi (por sus siglas en alemán VVN-BDA) ha convocado una concentración con ocasión del aniversario y en contra de una protesta de la extrema derecha ese mismo día. La VVN-BDA ve un paralelismo entre los comienzos de la persecución antijudía y la propaganda antiislam, y en su llamamiento asegura que “hoy, Alternativa por Alemania acusa de todo lo posible a refugiados y musulmanes”. Esta idea se extiende por buena parte de la sociedad, como demuestran los datos.

El último estudio sobre las tendencias políticas alemanas se publicaba el miércoles en la Universidad de Leipzig. Según éste, las tendencias xenófobas habrían aumentado en la sociedad y uno de cada cuatro alemanes tendría una visión negativa de los extranjeros. El pasado uno de septiembre quedaba patente en la ciudad de Chemnitz, como contamos en este diario, cuando una gran manifestación salió a la calle coreando lemas que en el pasado solo se habrían oído en manifestaciones de la extrema derecha. De forma paradójica, el estudio concluye que en aquellas regiones donde hay menos inmigrantes, el rechazo a los mismos es mayor. Además contiene un dato muy inquietante: el 40% de los alemanes podrían imaginarse vivir en un sistema autoritario si éste les garantizase seguridad.

Una manifestación de la derecha “por los muertos del muro” el mismo día

El viernes por la tarde había planeada una “marcha fúnebre por las víctimas de la política” organizada por la asociación “Nosotros por Alemania” (Wir für Deutschland e.V.) Un portavoz explica a eldiario.es que la manifestación se había convocado con seis meses de antelación y que el motivo de la misma era manifestarse por los muertos del muro, cuya caída tuvo lugar también un 9 de noviembre. La idea era marchar con velas por el centro de la ciudad. La manifestación ha sido prohibida por el ayuntamiento después de que se plantease una amplia crítica a la misma desde diferentes sectores de la sociedad civil.

El senador de interior, Andreas Geisel, del partido socialdemócrata (SPD) justificaba la decisión asegurando que la marcha “negaría de forma flagrante el sentido y la forma ético-moral de la conmemoración que tiene lugar en ese día”, en referencia al aniversario de la noche de los cristales rotos. La idea de que la extrema derecha marche por el centro de Berlín el día que se cumplen ocho décadas del pogromo y con una estética que recuerda a los nazis con sus antorchas por la noche, le parece a Geisel “insoportable”. La provocación a las víctimas y a sus descendientes habría sido buscada por los organizadores de forma consciente.

Los organizadores aseguran por su parte que su asociación se distancia del antisemitismo “y de cualquier forma de radicalización”. A las acusaciones de que entre sus filas suelen marchar conocidos neonazis responden que es difícil “en una manifestación expulsar a personas”. Asimismo, critica al Gobierno de Berlín, asegurando que la prohibición está relacionada con la historia de Die Linke, que rige en coalición con el SPD y los verdes. “Para todos los que salieron a la calle en 1989 es un golpe en la cara el que ahora tengan un Gobierno con un partido que es el sucesor del SED”, asegura en alusión a los inicios de Die Linke. El partido no querría honrar la memoria de las víctimas del muro.

Ante estas declaraciones hay que decir que Die Linke se ha pronunciado en varias ocasiones en ese sentido asegurando que no estaban justificadas dichas muertes y condenándolas. Por otro lado, la última convocatoria de esta asociación que asegura no ser extremista y que tuvo lugar el pasado 3 de octubre, a la que asistieron unas 2.000 personas, participaron conocidos miembros del partido neonazi NPD. De hecho, Sebastian Schmidtke, de dicho partido, dio un discurso en la misma en el que aseguraba que “no se cambiarán las cosas a través de las elecciones” sino a través de “una revolución pacífica”. Asimismo se oyeron frases como “a la cámara de gas”, “nunca más Israel” o “prensa mentirosa”.

En todo caso, el ayuntamiento de Berlín no ha reaccionado hasta el último minuto y la verdadera presión ha venido desde la agrupación “Berlín contra la derecha”, que ha convocado varias manifestaciones en contra de la marcha. El Presidente del Consejo Central Judío alemán, Josef Schuster, explicaba a eldiario.es antes de conocerse la prohibición de la marcha que “el que neonazis quieran manifestarse por Berlín en este día es insoportable”. Estarían “mancillando el recuerdo a las víctimas de la Shoa de la forma más avergonzante posible”. Asimismo aseguraba que esperaba que “las autoridades comprueben todas las opciones para controlar la marcha o que la prohíban”.

No está claro qué sucederá el viernes por la tarde, ya que la asociación derechista ha asegurado querer manifestarse a pesar de la prohibición y en todo caso ha presentado un recurso a la prohibición. Las manifestaciones en contra permanecen en alerta por si al final se celebrase o el juzgado terminase por darles la razón y permitir el cortejo fúnebre.

El último juicio a un miembro de las SS por cientos de asesinatos

Mientras tanto, el holocausto después de décadas y décadas sigue en los tribunales y un antiguo miembro de las tropas SS, Johann R., está siendo juzgado en una sala de Münster. El anciano era uno de los encargados de la vigilancia del campo de concentración de Stutthof, que se encontraba cerca de la Ciudad libre de Danzig, en la actual Polonia, y ha sido acusado de haber colaborado en cientos de asesinatos de judíos cometidos en dicho campo. El acusado asegura no saber nada de lo que pasaba en el campo de concentración.

En Stutthof fueron asesinados cientos de judíos en la cámara de gas, además de más de cien presos políticos y 77 presos soviéticos. Muchos otros murieron de hambre y de frío, fueron electrocutados en la verja del campo o les inyectaron gasolina. La acusación habla del “infierno” y la llevan a cabo 17 familiares de víctimas y supervivientes de Israel, Canadá y los Estados Unidos, entre ellos una superviviente llamada Judy Meisel, que vive en Minnesota.

Su madre habría sido asesinada en la cámara de gas y ella misma habría escapado de milagro cuando tenía tan solo 15 años. La mujer, de 89 años, quiere que el anciano sea condenado para “que se le haga justicia a mi madre asesinada”, ha declarado ante la prensa. En dos semanas el acusado cumplirá los 95. La fiscalía da por hecho que el hombre sabía lo que ocurría en el campo de concentración, aunque éste lo niega. Es por ello que le acusan de colaboración en homicidio en cientos de muertes.

En 2015, se juzgó y condenó al contable de Auschwitz, Oskar Grönitz a cuatro años de prisión por la colaboración en el asesinato de cientos de personas. El hombre, que ya tenía 94 años, falleció antes de entrar en la cárcel. El juicio que se está celebrando en estos días podría ser el último juicio a un nazi de los que llevaron a cabo el holocausto por la avanzada edad de acusados y de las víctimas.

Superviviente del holocausto: “El presente me recuerda a aquellos inicios”

Walter Kaufmann, que tiene ya 94 años, aún recuerda cómo su padre, un notario judío, fue detenido el día del pogromo del 9 de noviembre de 1938: “Fui testigo de cómo la gestapo lo metió en un Mercedes. Nos miramos en silencio y el coche partió”. A las tres semanas, lo soltaron y volvió a casa rapado e introvertido. “No hablaba de lo que le había ocurrido, pero se le veía”. Sus padres decidieron que él se marcharía solo a Inglaterra en uno de los transportes que se organizaron para rescatar a niños judíos.

Cuando Kaufmann se marchó solo con 15 años cumplidos, su padre ya estaba internado en Dachau. Vivió en Australia, hasta que decidió volver a la RDA, donde trabajó como escritor y director de la asociación de escritores PEN hasta la reunificación. Después continuó con su tarea de literato. A pesar de su avanzada edad, inquieto por naturaleza, se ha adaptado a las nuevas tecnologías. De ahí que siga con detalle la actualidad política. Kaufmann explica su propia historia, no exenta de complicaciones y de discriminación a su vuelta a Alemania, porque quiere que no se repita la historia. “Y estamos cerca de repetir mucho de aquello”, asegura. “No digo que el nazismo florezca en este momento, pero ciertos aspectos de los años antes de la llegada de los nazis se están dejando ver”.

Y sigue: “Todo lo que le explico lo hago por el motivo de que quiero recordar a las personas que hay que rebelarse en los comienzos”, explica. “Y aquellos inicios se vuelven a dibujar ahora, no tengo duda alguna”. Para Kaufmann resulta “aterrador” ser testigo de “cómo la derecha marcha por el país y gritan lemas que ya gritaron los nazis”. El movimiento de los Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente (Pegida) le recuerda al principio de las SA en los años 30. “Sin embargo, también veo que en este país hay una corriente que tiene la fuerza suficiente para que se impida que todo vuelva a repetirse como fue entonces”. El recuerdo de Auschwitz sería “una nube negra que sobrevuela el país, que no se va a olvidar y que siempre está ahí”, concluye.

Para la pastora evangélica Thurid Poerske “la democracia está en peligro” en Alemania. Por eso que junto a otras 240.000 personas, según los organizadores, ha salido a manifestarse este sábado en Berlín. “No necesitamos un nuevo movimiento nazi en Alemania, ya sabemos lo que significó en el pasado”, explica el pastor Arend Bertzbach, que ha venido junto a ella porque ve que la extrema derecha amenaza la

sociedad alemana.

Se manifiestan “por una sociedad plural”, una llamada a salir a las calles que han realizado cerca de cuatrocientas organizaciones alemanas, entre ellas partidos como el SPD, Die Grüne (Los Verdes) o Die Linke (La Izquierda). Pero también los sindicatos han estado presentes en la movilización. Hans-Jürgen Urban, que forma parte de la directiva del sindicato IG-Metal, asegura que “después de lo de Chemnitz, no hay excusas: hay que unirse a la resistencia”.Septiembre ha sido un mes en el que los alemanes han asistido a una movilización de la extrema derecha sin precedentes que dio lugar a altercados xenófobos.

Contable de una empresa discográfica, Florian Pfeiffer ha marchado este sábado por el centro de la capital en una manifestación que, según datos de la policía, ha ocupado más de cuatro kilómetros en un desfile jovial lleno de música, familias y proclamas contra el racismo.

Numerosas ONG como Amnistía Internacional o la asociación “Seebrücke”

(puentes en el mar), que reclama la creación de vías seguras para los

refugiados en el Mediterráneo, han secundado la manifestación.

Rolf Feja representa a más de 8000 taxistas y explica a eldiario.es

que solo les “han dejado traer seis taxis a la manifestación”, pero que “por

supuesto“ querían venir ”con muchos más“. La asociación se ha sumado a la manifestación porque considera que tanto el gremio del taxi como la sociedad alemana está compuesta por muchos extranjeros.

Feja asegura que “el racismo se ha convertido en algo aceptable”, lo cual le preocupa y cree que “la sociedad multicultural es algo muy positivo”. Recuerda, además, que Alemania es “un país rico” y que si hubiera una guerra como la que hay en Siria, él también “tendría que buscar refugio”.

Movilización de la izquierda

El movimiento 'En pie', la nueva organización que cruza la agenda social con políticas duras con la migración, se distanció de la convocatoria “por la reclamación de las fronteras abiertas”. Lo cierto es que en el manifiesto que ha sacado a la calle a los cientos de miles no había ni rastro de dicha expresión, sino de una “sociedad abierta”, por lo que tanto a Wagenknecht y a Aufstehen les han llovido las críticas, que aseguran que su estrategia populista de izquierdas está virando a un discurso de derechas en contra de los refugiados en un intento de acercarse a los electores de la Alternativa por Alemania.

Próximas elecciones

Esta demostración de fuerza de la sociedad alemana supone una señal claramente a favor de la solidaridad y el entendimiento, siendo el preludio de los resultados electorales que el domingo pondrán el parlamento bávaro patas arriba. La polarización de la sociedad se reflejará en el próximo gobierno de uno de los estados más importantes económicamente del país.

Por un lado, muchos electores van a penalizar a la Unión Social Cristiana CSU, socia de gobierno de Merkel en Berlín, por su política y retórica antirefugiados, a diferencia de la canciller, por lo que el partido perderá varios diputados. Por otro

lado, la Alternativa por Alemania entrará con toda probabilidad en dicho parlamento como la tercera o cuarta fuerza, un voto protesta y lleno de resentimientos nacionalistas.

Los verdes (Die Grüne) pueden tener la clave en dicha región. En la calle la ha tenido este sábado la sociedad civil, que se muestra dispuesta a seguir manifestándose en contra del racismo y por una sociedad más justa a todos los niveles. El descontento por el desmonte del estado del bienestar ha salido a la calle, esta vez en forma de protesta de izquierdas, solidaria y abierta.

Omar Eduardo Rojas Bolaños hace duras acusaciones contra personalidades y responsables de la policía, el ejército y del Gobierno colombiano en su investigación Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010, realizada en colaboración con la Universidad de Santo Tomás. Durante la última década, este excoronel de la policía y sociólogo se ha dedicado a investigar los llamados “falsos positivos”, una práctica de asesinato a sangre fría de personas inocentes para hacerlas pasar por guerrilleros y mostrar así que se estaba ganando la guerra contra las FARC. De paso por Berlín invitado por Die Linke, charló con eldiario.es y asegura que ha tenido que renunciar a su trabajo seguro y que no podrá volver a su país por las amenazas de muerte que ha recibido. No quiere desvelar dónde establecerá su residencia por cuestiones de seguridad.

¿Porqué ese nombre de “falsos positivos” y no asesinatos extrajudiciales?

Es un concepto inventado por los propios militares para que cuando se dieran a conocer no fuera tan duro en la conciencia de la sociedad. Es diferente decir “es un crimen” a decir que es “un falso positivo”. Las personas que he entrevistado, que han sido verdugos, víctimas y testigos me fueron contando que es un concepto acuñado por los propios militares para reducir la magnitud del problema.

Usted explica en su investigación que los crímenes eran encubiertos cambiando incluso documentos oficiales.

No hay ningún falso positivo que se diera por azar, sino que todos los casos obedecen a una estrategia estatal para llegar y evidenciar que se estaba ganado la guerra contra las FARC. Antes de cada falso positivo se reunían en una sala de crisis el comandante de logística, el administrativo, el comandante de brigada, el de división, el de inteligencia, además de otros y planeaban dónde iban a dar el golpe, pero también de dónde iban a sacar el 'insumo'. O sea, las personas que iban a ser asesinadas.

No podían ser de la misma región para que la comunidad no se diera cuenta. Ellos procuraban por eso ir y secuestrar a las personas en comunidades lejanas, transportarlas allí, asesinarlas, vestirles de militares y adecuarles propaganda subversiva, armamento, etc. con el propósito de que si llegase a haber una investigación judicial determinaran que esos muchachos habían muerto por enfrentarse al ejército.

Suena como una operación propagandística macabra. ¿De cuántos casos estamos hablando?

El Gobierno de Uribe reconoció 44. Cuando comenzamos la investigación pensábamos que así era, sin embargo, nos encontramos que la Fiscalía está investigando cerca de 3.700 casos. Pero el Observatorio Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos tiene referenciados 5.700. Otras ONGs hablan de 6.000. Sin embargo, teniendo en cuenta la información que nos han proporcionado los propios verdugos, hemos llegado a contar 10.000 falsos positivos, ya que se recoge en documentos oficiales como por ejemplo el parte de guerra de la presidencia que se dio en 2010, en el que aseguraban que eran más de 19.600 subversivos muertos en combate.

Cuatro años más tarde hablaban solamente de 15.000 fallecidos. Además, el antiguo procurador estaba investigando más de 1.200 casos, pero de la noche a la mañana también pasó a investigar solo 400 casos. Además, por otro lado, están saliendo casos que ni la Fiscalía ni las ONGs tenían previsto a raíz de la autoinculpación de varios verdugos. Hicimos una triangulación comparando lo que había salido en los medios de comunicación, las sentencias judiciales, escuchamos grabaciones, además de entrevistar a víctimas, victimarios, etc.

Usted asegura en su libro que la justicia, a pesar del elevado número, investiga los casos de forma aislada pero no como un entramado. ¿Porqué cree que es así?

Porque el Gobierno colombiano de la época y que nuevamente asumió de nuevo este 7 de agosto, han manipulado la información y no están reconociendo el caso, no se dan cuenta de que fue sistemático. Nosotros hemos encontrado evidencias palpables donde mostramos que había una aritculación dentro de la misma unidad militar pero también una coordinación con otras unidades militares.

Además había coordinaciones entre todas las fuerzas militares: ejército, armada, fuerza aérea, policía... La fuerza aérea no ha sido investigada aún, pero también prestaba sus aviones para transportar a la gente. La armada también. Es decir, que no hay el interés suficiente en investigarlo.

La pena de muerte en Colombia no existe y resulta chocante que se presenten asesinatos, incluso cuando se trate de guerrilleros, como algo positivo.

La pena de muerte no existe formalmente en Colombia, sin embargo, cuando llega el Gobierno de la seguridad democrática le impone a las fuerzas militares una especie de pena de muerte, ya que a través de órdenes directas o indirectas aparece la que hoy es vicepresidenta de la república, Marta Lucía Ramírez al Ministerio de Defensa en 2002. Ella aseguró cuando llegó a los comandantes que a partir de ese momento se les iba a evaluar en función de los resultados. Esos resultados se traducían en el número de terroristas asesinados.

Cuando llega Álvaro Uribe las FARC se habían posicionado en las principales vías del país. Uribe da la orden de que se deben ocupar las principales vías del país y las cabeceras municipales. La guerrilla se da cuenta de la estrategia del Estado y del armamento que estaban comprando para enfrentarse y la guerrilla se va entonces a zonas rurales donde el ejército no podía perseguirles. Sin embargo, les estaban exigiendo al ejército y a las fuerzas del estado cuerpos. No había donde porque la guerrilla se había ido. Ante la ausencia de cuerpos se tenían que inventar dónde vamos a conseguir los muertos.

Reclutaban muchachos donde les ofrecían mejores puestos, secuestraban a personas, hubo una alianza macabra entre los paramilitares y el ejército que está comprobada. En esa alianza los paramilitares le entregaban posibles víctimas al ejército, que los asesinaba. Además de esa alianza quedó que ellos entregaban paramilitares indisciplinados a las fuerzas militares para que los asesinaran como castigo ejemplar. También conseguían a las víctimas a través de retenes militares legales. Por ejemplo, pasaba un autobús y veían qué personas estaban más mal vestidas y luego esos aparecían como asesinados en campo de batalla.

¿En las negociaciones entre las FARC y el Gobierno esto tuvo alguna repercusión?

Los falsos positivos no se tocaron en la Habana, pero lo desconozco. Si hacemos memoria se dijo que todo se podía negociar menos la doctrina militar y cuando llegamos y hablamos de doctrina militar hablamos de falsos positivos porque en el concepto de guerra de cuarta generación, la guerra sucia y psicológica está encuadrada en este contexto.

¿Es un problema conocido en Colombia?

Por supuesto, ya hace diez años que se conoció el primer caso de falsos positivos. Anteriormente esto también se daba, pero se llamaban ejecuciones extrajudiciales y desde el 2002 hasta ahora también se han presentado casos, pero no se les llama así, sino “errores militares”. Ahora no se dan de manera sistemática, pero hay casos aislados.

También hay varios militares que han declarado: coroneles, mayores, capitanes... que han declarado la existencia de los falsos positivos. Todos lo reconocen menos los generales. El general Montoya, que fue quien llegó y exigía a los comandantes cuando estaba al frente del ejército, que quería que se hicieran los falsos positivos. Hay muchos coroneles que aseguran que solo estaban obedeciendo órdenes.

Usted reclama una disculpa pública.

Efectivamente el ejército, la presidencia y el Ministerio de Defensa Nacional tienen que salir a la luz pública y pedir disculpas y perdón a toda la sociedad colombiana por los falsos positivos. Todas las condecoraciones y medallas que les fueron otorgadas a los militares por esos asesinatos tienen que ser devueltas. A unos les daban un millón de pesos a otros 300.000 por asesinar a los muchachos.

Se creó un título especial para sacar de ahí para los falsos positivos porque para los falsos positivos se necesitan recursos. ¿Cómo voy a transportar estas personas de un sitio a otro? Se necesita transporte, gasolina, uniformes, armas... son muchos gastos. Uribe no lo reconoce, pero él como jefe supremo de las fuerzas armadas tiene una responsabilidad en tanto que jefe de las fuerzas armadas, tanto de mando como política. El primer falso positivo salió en 2008 con los jóvenes de Soacha.

¿Qué caso es ese?

Los jóvenes de Soacha fueron como 18 muchachos de un municipio cercano a Bogotá que se llama así, Soacha. Esos muchachos fueron secuestrados en ese municipio y llevados al departamento de Santander, donde fueron asesinados. La opinión pública se enteró de los falsos positivos con ese caso. Pero en 2002 el 24 de octubre salió el primer caso de gran impacto en el cual el coronel Mejía, protegido por Uribe, agarró a cuatro muchachos del ELN, los asesinó y agarró a catorce personas más de la zona y los asesinó a todos juntos. Y Mejía aseguró que él respondía a órdenes del presidente.

¿Cree que puede ser una solución que sea un tribunal extranjero quien juzgue estos casos?

Para mí como excoronel de las fuerzas armadas de Colombia, que me tocó vivir la guerra durante tres décadas y sé qué es eso, considero que la Corte Penal Internacional es la que debe juzgar a los militares y a los no militares que crearon la estrategia de los falsos positivos porque en Colombia hay immpunidad. En Colombia se les protege. La sociedad lo sabía, pero se callaba y decía, sí, se le está ganando la guerra a la guerrilla, miren...

Es una mentalidad fascista, paramilitar, dentro de las fuerzas de seguridad de Colombia, que llega a las familias también. Es por eso que recurro al concepto de Hanna Arendt, para encontrar un paralelismo entre los verdugos del holocausto y de los falsos positivos colombianos. El punto de encuentro fue constatar que los familiares de los verdugos aseguran que sus familiares son los mejores hijos, padres y esposos.

El día de la fiesta nacional alemana, el 3 de octubre, se celebra la reunificación de los dos países que coexistieron divididos durante cuatro décadas. Este año, 28 después de la caída del muro de Berlín, la publicación de una serie de estudios económicos constata que el Este de Alemania sigue estando a la cola en cuanto al desarrollo con respecto al resto del país. Los pronósticos, además, pintan nubarrones: no saldrá de ese estancamiento sino que retrocederá, debido a despoblación, el paro, los salarios más bajos y la fuga de cerebros.

La equiparación del nivel de vida en todo el territorio ha sido uno de los objetivos de la política alemana desde la reunificación. Según datos del “Informe Alemania 2025, 2035, 2045” realizado por el instituto Prognos y que han sido publicados esta semana, a pesar de que la economía del Este ha crecido en las últimas décadas, “a partir de 2045 la brecha aumentará nuevamente”. En el Este el PIB sigue siendo una cuarta parte menor que en el resto del país, pero a partir de la citada fecha comenzaría a descender de nuevo.

Una de las razones hay que buscarlas en la evolución demográfica. El miércoles de la semana pasada se conocían los datos del instituto oficial de estadística, según los cuales en el Oeste viven hasta cinco millones de alemanes más que en 1990, llegando a los 66,6 millones actuales. En el Este, por el contrario, se han perdido unos dos millones de habitantes y ahora viven unos 16,2 millones. En Sajonia-Anhalt se perderían en las próximas dos décadas uno de cada cinco habitantes y en los estados de Mecklemburgo-Pomerania Occidental y de Sarre, uno de cada siete. Desde la reunificación, la población alemana ha aumentado en unos tres millones de habitantes.

Alemania del Este sufrió una fuerte crisis económica con la desaparición de la RDA, con una pérdida de hasta el 75% del PIB en los primeros meses tras la caída del muro, según un estudio que acaba de publicar la Fundación Rosa Luxemburgo. El informa de los economistas Klaus Steinitz y Axel Roos destaca que hasta mediados de los 90 la economía comenzó a recuperarse después de haber sido presuntamente saneada, pero el crecimiento comenzó a estancarse a partir de 1997.

Devolver la autoestima

Desde 1991 todos los alemanes con trabajo pagan el “impuesto de solidaridad” para aportar en parte al coste de la reunificación. Ello ha generado un resentimiento histórico con respecto a la Alemania Oriental, que muchos consideran atrasada y un lastre económico. Por otro lado, sus habitantes perdieron tras la reunificación las seguridades que el estado comunista les brindaba en materia de seguridad social y empleo.

Esa percepción de inferioridad es la que destaca el presidente del SPD en Sajonia, Martin Dulig, que asegura que el problema no es tanto el económico, sino la percepción de las personas que viven en el Este: “Muchos se sienten maltratados”, asegura, y sienten que “no se reconocen sus experiencias ni lo que aportaron durante su vida”. Eso explicaría, según Dulig, por qué algunos no se sienten parte de la república actual.

Dulig ha propuesto crear una “comisión de la verdad y la reconciliación” en el parlamento para tratar el capítulo de la reunificación alemana desde el punto de vista de la memoria histórica. Para el político habría que “ordenar la historia” si se quiere “que el Este tenga un futuro”, ya que sus habitantes se atrevieron a apostar por “lo incierto” y se ven ahora con preocupación por sus pensiones y la pobreza en la vejez. “Necesitamos de nuevo esa valentía”, asegura.

Reunificar y distribuir la riqueza alemana

Lo cierto es que Alemania Oriental ha podido crecer en las últimas décadas a pesar de la brecha con el resto del país. Sin embargo, la redistribución de la riqueza es, a ojos de la asociación Sentido y Entendimiento (Sinn und Verstand), el mayor problema del país, tanto en el Este como en el resto del territorio.

Es por ello que han convocado una protesta este miércoles frente al Ministerio de Finanzas en la que reclaman la creación de un organismo que se encargue de expropiar a las grandes fortunas. Con el nombre de “Festividad del Día de la Reunificación de la Riqueza Alemana”. Destacan en su web que a pesar de que cada 3 de octubre se celebra el Día de la Reunificación, “la sociedad está más dividida que nunca”, y recuerdan cifras que todos saben de sobra: “El 50% de los hogares más pobres poseen juntos solo el 1% de la riqueza mientras que el 10% más rico posee más del 61%”.

Piden por ello la creación de un organismo similar al Treuhand, que tras la caída del muro fue el encargado de administrar y privatizar las empresas y bienes públicos de la antigua República Democrática Alemana. Una sociedad fiduciaria que, según ellos, “consiguió en poco tiempo privatizar la riqueza del pueblo de la RDA y repartirla entre personas y empresas privadas”. Como tantas veces, los beneficios habrían sido privatizados y las pérdidas socializadas. “De aquella acción histórica de reparto concluimos que la propiedad puede ser repartida de forma rápida y nada burocrática cuando existe el deseo político para ello”.

Ganar algo y hacer una buena acción al mismo tiempo. Ese ha sido desde hace décadas el principio de la lotería no solo en Alemania, pero también allí, donde se crearon las loterías estatales después de la segunda guerra mundial con la idea de ayudar a reconstruir el país. Con una parte de los beneficios se sufragó y se continúan financiando en la actualidad, la creación de clubs deportivos entre otros fines benéficos. “Los ingresos de los proveedores de estas ofertas no reguladas del extranjero rondan los 200 millones de euros al año y crecen con fuerza”, explica el doctor en economía Ingo Fiedler de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad de Hamburgo en un comunicado.

El problema para las organizaciones benéficas, pero también para las propias loterías estatales es tal que ambas se dirigieron a la prensa en una conferencia conjunta para reclamar al Gobierno que ponga freno a las webs que no se atengan a la legalidad. Reclaman más personal dedicado a la persecución de las apuestas ilegales que en ocasiones tienen incluso una apariencia semejante a las oficiales, lo cual confunde al consumidor. El jefe de la confederación de loterías regionales Torsten Meinberg explicaba a eldiario.es que las autoridades tienen a menudo dificultades para implementar la ley alemana en los paraísos fiscales como Gibraltar o Malta.

Las “loterías negras” o piratas alegan en su favor que cuentan con la legalidad que les ofrecen las licencias en lugares como Gibraltar. Asimismo aseguran que el principio benéfico de las loterías supone un monopolio que atenta contra los principios constitucionales de la libertad de mercado. Las loterías estatales alegan por su parte, que los juegos de azar no pueden ser considerados como un bien de consumo más y que por ello la legislación en Alemania no solo determina que un 40% de los beneficios sean destinados a causas benéficas, sino que también obliga a los entes que organicen juegos de azar a participar en la prevención de la ludopatía, regulando asimismo la publicidad.

Unos 650 millones de euros son recaudados por las loterías alemanas cada año y destinados a organizaciones sin ánimo de lucro. Organizaciones como la Cruz Roja alemana ven en peligro la sostenibilidad de muchos de sus proyectos. El secretario general de esta organización, Christian Reuter, pide por ello que se busquen “caminos legales que acaben con esta evolución y que se vuelva a dar el valor que merecen a las loterías legales”.

Una limpiadora de Berlín ganó en una de dichas webs con sede en Gibraltar 90 millones de euros en junio. La mujer afirmaba que iba a dejar su empleo y a viajar por los Estados Unidos en una caravana gracias a su premio. Lo cierto es que no se sabe si la mujer ha recibido el premio o no, ya que según expertos en legislación no solo la empresa podría ser perseguida por lavado de dinero, sino también incluso la propia ganadora, como explican dos profesores de derecho en la web especializada Legal Tribune Online.

Sin embargo, en el mismo artículo aseguran que sería difícil de sostener legalmente porque el “premio es el producto del azar, no un ingreso originado en la criminalidad”. Por otro lado, los profesores también creen que el sistema alemán de loterías podría entrar en conflicto con la libertad empresarial dentro de la Unión Europea y las normas que la regulan.

Para la Cruz Roja alemana y otras organizaciones que dependen de los fondos de las loterías la aportación es fundamental para sufragar muchos proyectos sociales, por lo que su ausencia, aseguraba el secretario general Reuter, puede llevar a “una fractura social” que no se corrige “con conciertos”. Y con ello hacía una clara referencia al concierto que tuvo lugar en la ciudad de Chemnitz contra el racismo después de que hubiera manifestaciones xenófobas masivas. Mientras las nuevas empresas de apuestas “se concentran en maximizar su propio beneficio”, se llevan medios económicos “que pertenecen a todos”, ya que “los millones que pierden las loterías estatales debido a las ofertas ilegales faltan para proyectos sociales, culturales, deportivos y medioambientales”, aseguraba Reuter.

En octubre tendrá lugar una conferencia de ministros-presidentes en la que está previsto tratar el tema de las loterías pirata y se decidirá si el mercado alemán se abre a una liberalización de las loterías o se apuesta por cerrar las webs de las empresas que no se ajustan a la legalidad en estos momentos y que están creando el hueco en las cuentas de las ONGs. Una modificación del mercado podría afectar a otros países europeos por sus implicaciones legales.

Ataviados con cruces blancas y carteles con fotos de bebés las asociaciones más conservadoras se han vuelto a manifestar por la capital alemana, en una cita anual que se celebra desde hace una década. La decimocuarta llamada “Marcha por la vida” ha reunido hoy desde la una de la tarde en la plaza de Washington frente a la

estación central de trenes berlinesa alrededor de 7000 manifestantes según datos policiales a favor de la prohibición del aborto. Bajo el lema “sí a todos los niños”, la marcha recorrió el centro de Berlín en silencio. El viernes tuvo lugar asimismo una conferencia organizada por la plataforma propulsora de la manifestación antiaborto en Berlín, la Asociación Nacional por el Derecho a la Vida (Bundesverband Lebensrecht en alemán). En su web aseguran que “desde el momento de la concepción un ser humano es un ser humano”.

La manifestación recibió el apoyo del presidente del grupo parlamentario de Merkel, la CDU/CSU. Éste, Volker Kauder, ex-secretario general de la CDU, que saludaba a los manifestantes en un comunicado “en nombre del grupo parlamentario” y les agradecía “el gesto por la paz, que al tiempo muestra valor y apoyo para padres,

familias y cuidadores“. Pero Kauder no se quedaba ahí y adelantaba en su declaración el debate que tendrá lugar en unos meses en el parlamento alemán sobre los test sanguíneos que permiten detectar posibles anomalías en el feto. ”No vamos a dejarles ese debate a los médicos y los seguros médicos“. Por otro lado, aseguraba que iban a tratar de aumentar el número de donantes de órganos - una cuestión espinosa - , ya que la marcha no es solo contra el aborto, sino ”por la vida“, es decir, también en contra de la eutanasia.

El Ministro de Sanidad alemán Jens Spahn ha anunciado en las últimas semanas que el gabinete quiere cambiar la ley para que las personas que fallezcan tengan que donar sus órganos de forma obligatoria a menos que declaren por escrito lo contrario antes de morir. Esta cuestión divide a los conservadores cristianos, ya que los grupos en torno a la “marcha por la vida” están en contra de dicha nueva ley. En

su web critican asimismo la propuesta de ley del PSOE para legalizar la eutanasia. “A la vista de una población envejecida y del estado de emergencia en el sector de los cuidados también en España se adoptará ”una muerte temprana socialmente soportable“como solución al problema”, escriben.

La Conferencia Episcopal alemana también mostró su apoyo a la marcha en palabras de su presidente, el cardinal Reinhard Marx, deseándole “la bendición de dios”. Entre sus palabras a favor de la vida y del apoyo a las mujeres embarazadas y a las familias, el cardinal aseguraba que “el aborto no está de acuerdo con nuestro sistema de valores y de derecho”. Sin embargo, no todos los religiosos están de acuerdo con prohibir el aborto. El obispo de la iglesia evangélica en Berlín y Brandenburgo Markus Dröge aseguró que su iglesia no participará en la marcha, ya que ésta según él en declaraciones al diario Berliner Zeitung “polariza” a la sociedad. Dröge asegura que su iglesia quiere ofrecer un asesoramiento “abierto” en el cual “las parejas puedan decidir de forma consciente si quieren y pueden tener un hijo”.

Las mujeres alemanas tienen hoy más difícil abortar

Una hora antes de la manifestación conservadora ultracatólica tuvo lugar otra protesta de la “Confederación para la Autodeterminación Sexual” (bündnis für sexuelle selbstbestimmung, en alemán) a la que acudieron unas 5000 personas según datos de la policía. Bajo el lema “El párrafo 219a es solo el principio”, los manifestantes marcharon por la Avenida Unter den Linden para exigir poder “vivir y amar sin tutela”, así como para reclamar que se derogue el artículo 219a del código penal alemán, que prohíbe la publicidad sobre el aborto. En la concentración inicial dio un discurso la vicepresidenta de la confederación alemana de sindicatos, la DGB, Elke Hannack.

Las embarazadas del país que desean abortar cada vez encuentran más impedimentos para llevar a cabo la operación. La reducción del número de médicos que lo llevan a cabo o la cercanía al lugar de residencia hacen que el acceso a un aborto en condiciones temporales aceptables se vea amenazado. Según informaciones del programa televisivo Kontraste del canal público ARD, desde 2003 hay alrededor de un 40% menos de médicos que llevan a cabo interrupciones voluntarias del embarazo. De los que continúan llevando a cabo las operaciones, una parte ya está está jubilada pero siguen trabajando.

Muchos facultativos se ven entorpecidos en su labor debido al mencionado párrafo 219a cuando anuncian en su web que entre sus servicios se encuentra la interrupción voluntaria del embarazo. Es lo que le ocurrió a la ginecóloga de Berlín Bettina Gaber, que también dio un discurso en antes de la manifestación. En noviembre una doctora fue condenada por el tribunal de la ciudad de Gießen a pagar 6000 euros. La sentencia ha sido recurrida y el próximo 12 de octubre se

llevará a cabo un segundo juicio. Varios facultativos afectados han anunciado que recurrirán sus sentencias ante el tribunal constitucional porque consideran que el derecho a la información de sus pacientes, así como al ejercicio de su profesión se ven recortados por dicha ley.

En todo caso, la ley alemana no ha legalizado el aborto como tal, sino que lo contempla como una especie de prohibición con excepciones, lo cual se traduce en que la práctica no se educa en las universidades, la seguridad social no lo cubre y los médicos pueden negarse a llevarlos a cabo si declaran objeción de conciencia. En el párrafo 218 se detalla que el aborto está penalizado con hasta tres años de cárcel. En la práctica, las mujeres se acogen al párrafo 219 que prevé que solo en “una situación de emergencia o de conflicto para la embarazada” es posible el aborto cuando “a través de llevar al hijo se crea una carga tan pesada y extraordinaria, que sobrepasa la frontera de lo exigible a la víctima”. Es por ello que el mismo párrafo prevé que la embaraza tenga que someterse a un asesoramiento en el que “le anime a continuar con el embarazo”.

Hay muchos motivos para invitar a los científicos sociales Michèle y Armand Mattelart a Berlín. Ambos son dos eminencias en el campo de las ciencias de la comunicación. El sociólogo belga es catedrático de la Universidad de París VIII y honoris causa por las universidades de Nuevo León, Córdoba, La Habana, Valladolid y Málaga. Michèle Mattelart es ensayista y ha realizado numerosas investigaciones.

Esta semana por primera vez estuvieron en la capital alemana para presentar un proyecto de la Fundación Rosa Luxemburgo que pretende rescatar la memoria de los “internacionalistas” que apoyaron el gobierno democrático de Salvador Allende, experiencia que duró de 1970 a 1973 y que marcaría sus vidas.

Los Mattelart dieron clases en la Universidad Católica de Santiago de Chile durante ese periodo, llevaron a cabo investigaciones en el recién creado CEREN, Centro de Estudios de la Realidad Nacional. “Como se puede intuir por el nombre, hasta entonces la realidad nacional no interesaba en el ámbito académico”, explica Michèle, que había conocido ya como estudiante en Francia al que sería su marido y compañero de trabajo. En aquella época llevaron a cabo numerosas encuestas entre la empobrecida población chilena.

Michèle recuerda haber sentido malestar, “porque las entrevistas eran muy íntimas, las personas confiaban en nosotros y creían que explicándonos sus problemas nosotros podríamos solventarlos”. Para ello sería “necesario un proceso y conciencias sociales que en aquel momento no se daban”.

Por ello, cuando Salvador Allende llegó al poder en noviembre y el país comenzó a llenarse de esperanza en el cambio social, los Mattelart comenzaron a trabajar como asesores del gobierno para el desarrollo de las políticas de comunicación. Ayudaron a fundar periódicos juveniles alternativos, editaron libros de literatura universal dirigidos a un público amplio a bajos precios y se dedicaron a analizar el rol de los medios de masas y su función adoctrinadora y de control social.

Para Armand Mattelart, el Chile de Allende era por aquel entonces “el único intento de establecer un Estado al tiempo socialista y democrático, en el que no se suspendieron las libertades y no hubo censura en la prensa”. Recuerda además que en aquel momento el cine jugó un papel fundamental. Michèle no recuerda un clima de miedo similar al del bloque comunista. Su marido asegura que “Allende estaba a mil leguas de ese carácter amenazante de las libertades de la Unión Soviética”. El Partido Comunista Chileno, sin embargo, “gozaba de aceptación y respeto en la sociedad”. Figuras como Pablo Neruda habían contribuido a ello. En cuanto a figuras extranjeras que habrían formado parte de la “internacional invisible” de Allende, recuerdan al sociólogo francés Alain Touraine o al abogado español Joan Garcés.

Durante este breve periodo histórico que duró poco más de mil días se dio un intercambio intelectual que iba a ser clave en el resto de Latinoamérica para, por ejemplo, la extensión de las ideas del filósofo italiano Antonio Gramsci. “La reflexión fue superada por su propia reflexión, ya que no dio tiempo por desgracia a sacar todo el fruto de las ideas que circulaban en aquel momento”, se lamenta Armand, pero en todo caso cree muy importante “la cooperación internacional” y recuerda haber fundado una revista de comunicación con otros científicos sociales latinoamericanos. (Comunicación y Cultura. La comunicación masiva en el proceso político latinoamericano).

Recuerdan que la sociedad se encontraba en cierto modo polarizada en determinadas capas sociales y cómo incluso en su misma universidad se formarían los llamados “Chicago Boys”, que formarían parte del gobierno del dictador Augusto Pinochet tras llegar al poder el 11 de septiembre de 1973. Después del golpe, los Mattelart tuvieron que marcharse del país tras ser declarados “persona non grata”.

Historias como la suya quería recoger el periodista alemán Nils Brock de la asociación Nachrichtenpool Lateinamerica, por lo que acudió al Centro Histórico de la Fundación Rosa Luxemburgo, que ha aportado la financiación. Un proyecto que comenzó en 2017 y que se irá desarrollando hasta 2020 en la web La International de Allende. El historiador Uwe Sonnenberg de dicha fundación resaltaba en la presentación que se pretende honrar la memoria del intento de Allende “de transformar las estructuras del Estado burgués para convertirlo en una democracia con una mayor participación ciudadana”.

La web está en alemán y en español desde el pasado jueves. En ella se podrán consultar las biografías de personas más conocidas como por ejemplo el pedagogo Paulo Freire, así como de muchos otros hasta ahora desconocidos para la historia. Block tiene una base de datos con más de cien personalidades que llegaron desde diferentes puntos del planeta y participaron en el experimento democrático de Allende, a raíz de una investigación propia basada en entrevistas con los actores involucrados, ya que hasta ahora no había un registro de estas características.

Una conferencia de prensa con representantes del partido de izquierda Die Linke, los Verdes (Die Grüne) y los socialdemócratas del SPD que presenten un proyecto conjunto no ocurre todos los días. En la mañana del martes, la copresidenta del grupo parlamentario de Die Linke, Sahra Wagenknecht, así como la alcaldesa de Flensburg, Simone Lange, del SPD, junto al exministro de Exteriores de los Verdes, Ludger Volmer, han presentado en Berlín su iniciativa, llamada Aufstehen, que quiere decir 'en pie' o 'levantarse'. En el podio también estaban un escritor y un experto en comunicación.

La plataforma nace con la pretensión de formar un frente uniendo a todas las sensibilidades de la izquierda alemana y se viene anunciando desde agosto. “Hasta hoy a las ocho de la mañana teníamos 101.700 registros”, anunciaba Wagenknecht, “es decir, ya contamos con más de 100.000 personas y todas ellas son miembros fundadores de nuestro movimiento”.

Sin embargo, como explicaba la sección Faktenfinder (el buscador de hechos) de la televisión pública ARD, hasta mediados de agosto los “registros” eran simplemente a la newsletter que tenían en la web, con lo cual periodistas u otros interesados podrían formar parte de dicho número. Aufstehen se ha registrado como asociación, pero aún no es posible ser miembro de derecho. Las dudas ante el número de miembros vienen además de que, según el ente público, “Die Grüne, Die Linke y el partido FDP tienen alrededor de 63.000 miembros, la AfD unos 27.500”. De ahí que resulte raro que este movimiento de repente tenga más miembros que Die Linke y la Alternativa por Alemania (AfD) juntos.

Lo que está claro es que unas 80 personalidades influyentes del mundo de la política y la cultura apoyan la iniciativa. Simone Lange del SPD, por ejemplo, no es una miembro del partido más, sino que fue la rival de la actual presidenta del partido y ministra de Trabajo, Andrea Nahles, en las primarias en las que sacó el 26% de los votos. “Hoy estoy aquí como madre”, aseguró Lange en la presentación de Aufstehen, movimiento del que afirma formar parte con la intención de parar los pies a la extrema derecha.

El papel de Oskar Lafontaine

Otra de las figuras más visibles del movimiento es el marido de Wagenknecht, Oskar Lafontaine, que fue candidato a canciller, secretario general del SPD y ministro de Finanzas del canciller Gerhard Schröder. Tras pasarse a Die Linke, fue copresidente del grupo parlamentario de dicho partido y hoy es presidente del partido en el Estado de Sarre. La prensa alemana lo considera el ideólogo del movimiento. “Queremos apelar a los votantes que no se sienten representados”, explicó Lafontaine en la televisión. En otros medios habla abiertamente de volver a ganar a los votantes de Alternativa por Alemania, de los que su mujer aseguraba hoy que “no son todos nazis”.

“La democracia no funciona”, dijo Wagenknecht en la presentación. Dio como ejemplo las protestas de la extrema derecha en Chemnitz. Según ella, entre los manifestantes hubo no solo extremistas, sino también personas que se han ido apartando de la política oficial porque no ven satisfechas sus peticiones. “Quiero llegar a todos aquellos que en los últimos años se han sentido abandonados por los políticos”, declaró el día anterior a la ARD.

De ahí que el nuevo movimiento pretenda dar la imagen de una mayor participación en la toma de decisiones políticas. Wagenknecht repite una y otra vez que quiere una “democracia real”, con la esperanza de que se traduzca en personas llenando plazas reclamándola.

Aún no han presentado un programa concreto, ya que aseguran querer elaborarlo en discusión con sus seguidores. Para ello han decidido utilizar la plataforma Pol.is, que según la web de Aufstehen es utilizada por los gobiernos de Taiwan, Canadá, Singapur y Nueva Zelanda para “alcanzar mayorías de opinión y encontrar compromisos comunes”. En la web se encuentran tan solo unos principios generales que los fundadores han enunciado. Entre ellos se nombran términos como justicia, cohesión social, paz o desarme. Los propulsores destacan que Alemania es “un país lleno de contradicciones” en el que “se construyen coches y máquinas demandados internacionalmente al tiempo que mandamos a nuestros niños a escuelas ruinosas en las cuales faltan profesores”. Critican que los salarios y las pensiones son muy bajos.

Rechazo de la inmigración

Uno de los puntos mas discutidos sobre el movimiento es la política migratoria. En el texto presentado se asegura que “el desarrollo de la política de asilo ha provocado una inseguridad adicional (…) Muchos ven en la inmigración sobre todo una mayor competición por los trabajos mal pagados”.

Sarah Wagenknecht ha sido criticada en sus propias filas desde hace meses por sus comentarios en el tema migratorio. Habló de una “cultura de la bienvenida sin límites” o de repensar el “derecho a la hospitalidad” hacia determinados inmigrantes y se la llegó a comparar con su rival por la derecha en la AfD, Frauke Petry. El enfado por esos comentarios, que la política ha reiterado en varias ocasiones en diferentes medios, llegó incluso al último congreso del partido.

Lafontaine explicaba en el Tagesschau, el informativo del primer canal alemán, que “quieren un acento internacional en la política migratoria”, es decir, que se invierta más en los campos de inmigrantes y en “los países hambrientos” en lugar de hacer una “política vergonzosa por la cual gastamos mucho en una minoría dejando a la mayoría muriendo de hambre”, en relación a los refugiados que Alemania ha acogido y que son el tema con el cual la AfD pudo captar más votos en las últimas elecciones, llegando a ser la tercera fuerza en el Bundestag.

Críticas desde los otros partidos

El secretario general del partido socialdemócrata, Lars Klingbeil, rechazó una posible cooperación de su partido con el nuevo movimiento en una entrevista con el diario Westdeutsche Allgemeine Zeitung y declaró que “lo que hacen Wagenknecht y Lafontaine no es un movimiento, sino una lucha por el poder dentro de Die Linke”.

La copresidenta de Los Verdes, Annalena Baerbock, aseguraba que “aquellos que ahora han iniciado la plataforma Aufstehen no estuvieron en las calles y por ello no es mi plataforma”, en referencia al concierto contra la extrema derecha que tuvo lugar en Chemnitz el lunes, al que no asistieron Wagenknecht ni las otras figuras del movimiento, según sus críticos porque a la manifestación de la extrema derecha habrían acudido muchos de los votantes indecisos que la iniciativa quiere rescatar.

Die Linke ha emitido una nota firmada por su director ejecutivo federal Jörg Schindler en la que recalca que el movimiento Aufstehen es “un proyecto de personas individuales” y no del propio partido. Más allá de esta aclaración, en el comunicado se limita a asegurar que la extrema derecha está ganando terreno, que hay que hacerle frente y que Die Linke trabajará en ese sentido. Ni una palabra más sobre la relación que tendrá el partido con dicho movimiento. Bern Riexinger, copresidente de Die Linke había avisado de que “si vemos (en el movimiento Aufstehen) un competidor, nos opondremos a ello”.

Sin embargo hoy la copresidenta de dicho partido Katja Kipping hablaba de “dar una oportunidad” al movimiento, aunque aseguraba que ella misma no formaría parte del mismo. Asimismo se alegraba de “cualquier iniciativa” que sea capaz de crear “mayorías progresistas de izquierdas más allá de la CDU y la AfD”. El presidente de Turingia, Bodo Ramelow, de Die Linke, cree que se corre el riesgo de dividir a la izquierda: “un movimiento tiene que surgir de abajo y no en un partido”. Para él, Aufstehen “no polariza en la sociedad, sino en la izquierda como partido”.

El líder de la Alternativa por Alemania, Alexander Gauland, cree que lo acontecido en Chemnitz es “normal”. Para él, “después de un asesinato, es normal que las personas salgan de sus casillas”. El diputado de su partido Markus Frohnmaier publicaba el domingo un comentario en Twitter que avivó el odio de los extremistas: “Si el Estado no puede proteger a los ciudadanos, entonces éstos salen a la calle y se protegen a sí mismos”. Unas palabras que Gauland defendía en el diario Die Zeit asegurando que “la defensa personal no es lo mismo que tomarse la justicia por su mano”.

El comentario no ha pillado a nadie por sorpresa, ya que la AfD considera que Merkel ha traicionado a su país por dejar entrar a cientos de miles de refugiados que vendrían a hacer más inseguro el país al tiempo que a vivir del sistema social alemán. Es el recurso retórico que le ha permitido al partido alcanzar el tercer puesto en las pasadas elecciones.

Pero no solo la AfD se ha ganado críticas por su reacción a los acontecimientos. El vicepresidente del partido liberal FDP, Wolfgang Kubicki, aseguró en un programa televisivo que “las raíces de los disturbios están en el ”podemos hacerlo“ de la canciller Angela Merkel”, culpando a la canciller del racismo militante.

Las décadas de recortes y descenso del nivel de vida de una buena parte de la sociedad, mientras se aseguraba que había que apretarse el cinturón, y la sensación de que a los refugiados en cambio se les regala todo eso que a la población alemana se le está negando forman parte del argumentario de la nueva derecha xenófoba.

Las estadísticas oficiales de criminalidad en 2017 muestran que los delitos han bajado al nivel de 1992. “Desde hace 25 años no había tan pocos delitos”, titulaban los medios. La mayor parte de los delitos cometidos fueron robos, y también bajaron en relación a 2016. El 30% de los delitos fueron cometidos por extranjeros. El número de delitos relacionados con las drogas aumentó, algo que puede tener relación con la coyuntura económica positiva del país.

Sin embargo, la extrema derecha habla constantemente del peligro de los crímenes llevados a cabo por extranjeros y en especial por “los árabes”, como denominan a las personas de religión islámica, en una muestra más de lo reducido de sus conocimientos. Lo presentan como una amenaza para la población alemana, como en el caso de Chemnitz, en el que falleció un joven a manos supuestamente de un sirio y un iraquí.

El problema es que se dice que el fallecido tenía raíces cubanas y, según personas cercanas a él, se habría opuesto a las manifestaciones neonazis porque él mismo tenía la piel oscura.

Por otro lado, según datos de BKA –el organismo policial que investiga los delitos más graves– en los primeros cuatro meses de 2018 de once personas que fallecieron como víctimas de un delito en el cual los sospechosos fueron extranjeros, diez de las víctimas eran a su vez extranjeras. Con lo cual otro de los mitos de la derecha, el que los extranjeros criminales extranjeros suponen una amenaza por los alemanes estaría más que en entredicho.

En todo caso, las estadísticas oficiales son referencias que en muchos casos las personas ni terminan de creer o simplemente desconocen. Además, dependiendo de quién las elabora, de qué datos se recogen y cuáles se dejan fuera o cuáles se destacan, así suena la noticia y el mensaje tranquilizador o desasosegante. Sin duda, en el caso del racismo alemán muchas personas tienen la sensación de estar más inseguras y ello les lleva a manifestarse, independientemente de que este miedo tenga una base racional o no.

El racismo en el este de Alemania

Las encuestas para las próximas elecciones regionales muestran que en los estados del Este de Alemania la AfD aparece en algunos casos incluso como la segunda o primera fuerza por delante del SPD o la CDU. En las pasadas elecciones al Bundestag en 2017, en el Estado de Sajonia las personas votaron a la AfD en mayor número que al partido de Merkel. El Este de Alemania es la zona del país donde, desde la reunificación, se concentra el mayor número de personas de ideología de extrema derecha. El partido neonazi NPD, de hecho, estuvo representado en el parlamento regional de Sajonia hasta 2014.

Parte de las razones por las cuales en el Este de Alemania se da un mayor racismo hay que buscarlas en el cambio de sistema que tuvo lugar tras la reunificación. De un Estado que garantizaba el trabajo se pasó a otro en el que cientos de miles perdieron sus empleos. Hasta entonces los trabajadores extranjeros eran invitados de los países del bloque soviético que venían a Alemania a trabajar durante un tiempo.

La planificación estatal de las vidas de las personas llegaba a tal punto, que los países firmaban dichos acuerdos por encima de los deseos y necesidades individuales de las personas, decidiendo la duración de las estancias, la finalidad y en muchos casos la fecha de regreso. La idea que había detrás era que estos trabajadores aprenderían conocimientos que podrían emplear en las economías de sus países.

De ahí que en Alemania los extranjeros de Vietnam, Mozambique, Cuba o Angola vivieran en muchos casos en albergues destinados a tal fin. La política de integración era por tanto muy limitada. Para muchos extranjeros, el poder estudiar o trabajar un tiempo en Alemania en aquellos momentos era una oportunidad profesional excelente. El Estado comunista prohibía toda forma de neonazismo, racismo o xenofobia.

Pero estas ideas permanecían latentes en la sociedad y en algunos casos que podrían haber sido ejemplarizantes se decidió no actuar por miedo a poner en riesgo las relaciones diplomáticas. Es el caso de un trabajador cubano al que asesinaron de una paliza en 1979 en Merseburg. A su familia le dijeron que el joven, que estudiando Formación Profesional en Alemania, había fallecido en un accidente. Hace poco un periodista alemán descubrió el caso e informó a la familia del fallecido de los verdaderos hechos. La familia ha comenzado los trámites para denunciar al supuesto asesino que aún vive en la localidad.

De los 70 al 89 cuando la RDA se vino a bajo pasaron por el país unos 90.000 de estos trabajadores. Comparado con el número de inmigrantes en Alemania occidental, es una cifra baja. De ahí que la población no estuviera acostumbrada a tratar con inmigrantes, que es otro de los motivos que los investigadores suelen presentar para explicar porqué la extrema derecha en el Este de Alemania tiene más presencia.

Y como es de esperar, y porque la policía está formada por personas, en esta zona han tenido lugar numerosos escándalos que ligan a la policía con la extrema derecha. Hace tan solo dos semanas, en una manifestación anti-Merkel un manifestante amenazó a un equipo de televisión y aseguró que lo denunciaría por grabarle. Poco después se supo que el manifestante era un policía fuera de servicio que ha sido apartado del cuerpo por los hechos, ya que la manifestación estaba organizada por la extrema derecha.

El diario Neue Osnarbrücker Zeitung informaba de que la policía de Baja Sajonia habría ofrecido ayuda a la policía de Sajonia para la manifestación del pasado lunes y que ésta la habría rechazado. Pero la cosa no queda ahí. En realidad, después de que el servicio secreto informase a la policía de que la manifestación del domingo iba a ser numerosa, según un portavoz explicaba en rueda de prensa televisiva, no se pidió más policía adicional.

El diario Die Welt ha preguntado a la policía de Chemnitz qué ocurrió y la respuesta es muy insuficiente: pidieron refuerzos a una ciudad cercana, pero no era posible enviar unidades desde el lugar. El protocolo contempla pedir refuerzos a la policía nacional y eso no se hizo, a pesar de que en la ciudad vecina recordaron a la policía de Chemnitz el procedimiento.

Alemania se juega la paz interna

La flor y nata de los racistas alemanes tiene una cita el sábado en Chemnitz. El presidente regional de la AfD en Sajonia, Björn Höcke, del ala más radical de ultraderecha, aseguró que irá a la manifestación. Igual que los convocantes, el movimiento ultra Pro Chemnitz. Hooligans y otros nazis declarados van a salir a las calles para manifestarse para reclamar una mayor seguridad. El líder del llamado movimiento identitario, el austríaco Martin Sellner, también aseguró que vendría a la cita. Pero la reacción en contra de la manifestación también se espera muy numerosa. La policía cuenta con que acudan decenas de miles de personas y, esta vez sí, contarán con refuerzos de otros estados alemanes.

Las manifestaciones anti-Merkel de 2016 y el movimiento anti-Islam Pegida fueron tan solo el ensayo general de las concentraciones abiertamente racistas que tuvieron lugar el pasado domingo y lunes en Chemnitz y en las que miles de neonazis atacaron e intimidaron a inmigrantes por las calles. Mientras en Pegida y en las manifestaciones anti-Merkel la extrema derecha se mezclaba entre la clase media pero se mantenían ciertas formalidades, en las últimas protestas se han roto los tabúes.

Si en 2016 se escuchaba a miles de alemanes gritar “Merkel tiene que irse” o “somos el pueblo”, ahora quienes tienen que irse son todos los extranjeros: “Fuera los extranjeros” o “Alemania para los alemanes”. Un cambio cualitativo que no ha pillado por sorpresa a una parte de la sociedad alemana y que ya ha comenzado a movilizarse en contra.

En Berlín habrá una concentración a las cinco de la tarde frente a la oficina de extranjería bajo el lema “Paremos las muertes. Por la caída del muro europeo”, para pedir que se creen rutas de asilo seguras y los inmigrantes no tengan que llegar a las costas en condiciones precarias en botes al arbitrio de las mafias y poniéndose en peligro.

El lunes tendrá lugar un concierto en Chemnitz contra la extrema derecha que será muy numeroso, ya solo teniendo en cuenta el cartel. Los famosos Tote Hosen tocarán junto a Kraftclub y otras bandas muy conocidas en Alemania a partir de las cinco de la tarde bajo el lema “Respeto” y “Nosotros somos más”. El concierto será retransmitido en directo por las principales cadenas de televisión. Asimismo, el sábado 13 de octubre tendrá lugar una gran manifestación en Berlín contra el racismo a la que están convocados activistas de todo el país. Del equilibrio de fuerzas resultante de este ciclo de protestas y contraprotestas podría aparecer una nueva reorganización del mapa político alemán que afectará a toda Europa.

Un documental de la cadena pública de televisión alemana Das Erste (el primer canal de la ARD) con el título La sucia cosecha de Europa. El sufrimiento tras el negocio de frutas y verduras ha generado una polémica en Alemania en torno a las frutas y verduras procedentes de España e Italia que se venden en los supermercados alemanes. Alemania es uno de los principales mercados de los productos agrícolas andaluces y el equipo de televisión se desplazó a Almería para retratar la situación de los inmigrantes sin papeles que trabajan en los invernaderos de la zona.

“Nuestra búsqueda nos conduce a chabolas hechas con chatarra. Es increíble que esto sea Europa. Aquí viven los más pobres de los pobres, personas que trabajan para nosotros”. Su intención es responder a la pregunta: “¿de dónde vienen nuestra fruta y verdura?”.

Mientras muestran imágenes de un poblado chabolista construido con plásticos desechados por los invernaderos, el narrador asegura que “miles de inmigrantes viven aquí. Las chabolas no tienen agua ni luz y aquí viven también madres con menores”. Se escucha llorar un bebé dentro de una de las barracas. Según datos del Sindicato Andaluz de los Trabajadores aportados al reportaje, serían unas 4,000 personas las que viven en estas condiciones en Almería.

Preguntados en el vídeo a la salida de un supermercado, varios clientes alemanes que han comprado verduras responden que “España está bien, es un país europeo”. Los productos españoles son especialmente baratos en los supermercados alemanes, explican los periodistas. Según su investigación, España exportó a Alemania en 2017 verduras y frutas por un valor de 3.800 millones de euros.

Activistas berlineses apoyan a los inmigrantes

En el vídeo aparece la asociación Interbrigadas de Berlín, que se manifestaba en Almería frente a la empresa Eurosol. Un activista denuncia en el vídeo que la empresa no cumple la ley, ya que algunos trabajadores no tienen contratos y otros son coaccionados. Eldiario.es se puso en contacto con la empresa, pero no ha recibido respuesta.

Unas 120 personas forman parte de la asociación berlinesa y su trabajo es voluntario y no remunerado. “Dos veces al año vamos a Almería a apoyar el trabajo del sindicato SAT”, explica a eldiario.es un portavoz de la asociación. “Queremos mejorar las condiciones laborales de los temporeros que producen nuestra verdura y reforzar el trabajo del SAT”.

Los activistas trabaron amistad con muchos temporeros y aseguran que se alegran de que a través de la agricultura éstos tengan un trabajo, “pero las condiciones son muy precarias en muchas empresas, en casi la mitad no se cumple el convenio”. Interbrigadas asegura que todas las empresas no actúan de la misma forma, pero que ellos han sido testigos de que existen muchos casos de incumplimiento de la ley.  

En el reportaje se asegura que de los 47 euros al día que recoge el convenio del campo, los temporeros inmigrantes con papeles tan solo reciben unos 35 y los sin papeles poco más de la mitad, unos 25 euros. Los periodistas alemanes se asombran de que no se paguen las horas extra o de que los jefes se nieguen a realizar contratos indefinidos. Y la ropa de seguridad es inexistente en numerosos casos.

Una de las empresas niega las acusaciones

Trabajar sin ropa protectora mientras se fumiga es algo que un trabajador de la empresa Bio-Sabor supuestamente se vio obligado a hacer durante su trabajo, asegura el documental. La consecuencia de dicha negligencia fue una lesión ocular. El temporero marroquí cuenta todo esto al equipo televisivo mientras van con él a la consulta del médico y pasean por la ciudad. En el vídeo aparece a continuación imágenes de un trabajador fumigando en el exterior de las instalaciones de un invernadero sin ropa de protección.

Por último muestran unos vídeos que los trabajadores grabaron con el móvil en el interior de un invernadero de una empresa que no se especifica. Sin mascarilla o ropa de protección, una nube tóxica envuelve a los trabajadores mientras rocían los pesticidas. Los periodistas aseguran que “no pocos trabajadores enferman por este motivo”.

eldiario.es se puso en contacto con la empresa mencionada en el documental, Bio-Sol. Su presidente, Francisco Belmonte, remitió una carta al periódico explicando que se sienten “perplejos e indignados con las afirmaciones que se recogen en el documental”. Asegura que el trabajador sigue empleado en su finca y que les parece “injusto e irresponsable decir que en BioSabor no se respeten los derechos de los trabajadores”.

Asimismo recuerda que la empresa emplea a 700 personas entre el campo y el almacén. BioSabor se dedica a la producción orgánica y las imágenes del operario fumigando son una “práctica totalmente prohibida e incompatible”, por lo que observa “mala intención” en la elección de dichos planos después de nombrar a su empresa. BioSabor ha decidido “reclamar tanto a los responsables de la cadena alemana como al responsable del sindicato José García los perjuicios ocasionados por las falsedades”.

Precios a la baja

El reportaje muestra también las condiciones bajo las cuales las empresas se ven obligadas a vender sus productos. Un agricultor que planta calabacines llamado David Sánchez Olivera explica al público alemán que la imposición de los precios le ha llevado casi a la ruina.

Frente a la cámara muestra unas facturas en las que puede leerse que ha llegado a tener que vender su producto por tres céntimos el kilo y explica que para poder sobrevivir debería venderlos como mínimo a 60 céntimos. Por 1.600 kilos llegó a cobrar 48 euros. “Y a eso hay que descontarle el 12% de comisión”, dice indignado. “Luego lo ves en el supermercado por dos euros y sientes que te están robando”. Un dumping de precios brutal, dice la narración. 

A continuación entrevistan al entonces subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, que asegura que si le presentasen casos de denuncias en empresas concretas, ya se habrían solucionado. “Es una minoría”, dice. “En España hay explotadores igual que en el resto de Europa”. Pregunta a los reporteros si no es “propaganda” lo que se hace al hablar solamente de los inmigrantes sin papeles en Almería y afirma que hay “controles a un muy alto nivel”. Los periodistas no se quedan contentos con la respuesta: “¿Controles a muy alto nivel? Según datos oficiales, hay 20 controladores para 17.000 empresas”, responden.

La situación en Italia es peor por la mafia

¿Es España una excepción? Los reporteros aseguran que no y viajan a Calabria y Sicilia. Italia vende más de 2.000 millones de euros en verdura y fruta a Alemania al año, explican. Aquí también van a un poblado de chabolas, pero mucho mayor que los que se han visto en Almería. Allí viven unas 2.500 personas.

Trabajan en el campo, aseguran los reporteros, aunque solamente consiguen hablar con el representante del sindicato y con un joven que tiene una hernia producida por cargar cajas de naranjas. Los temporeros sin papeles aquí reciben de 0,5 a un euro por caja de naranjas o mandarinas recogidas. Unos 25 euros al día en el caso de los trabajadores más fuertes. Según el convenio italiano, deberían cobrar 50 euros.

También muestran el trabajo de la policía tratando de controlar a las mafias que ejercen tráfico de personas con trabajadores sin papeles. “En Italia los inmigrantes están aún peor que en España”, concluyen los periodistas. Ello se debe a las bandas organizadas que hay alrededor del negocio. Hablan con la fiscal antimafia italiana Marisa Manzini, que explica que el origen de la 'Ndrangheta está en la agricultura donde extorsionan a los empresarios. Asegura que la mafia ocupa terrenos y obliga a sus dueños a venderlos por precios ridículos. 

Crítica a las subvenciones europeas

Uno de los puntos centrales del documental es la crítica a que las subvenciones europeas que reciben los agricultores no estén acompañadas por controles estrictos que impidan la explotación laboral. A continuación buscan en la base de datos pública de la Unión las empresas que han mencionado en Almería y comprueban que recibieron ayudas para la agricultura a pesar de, supuestamente, no haber mantenido los estándares ni las leyes laborales.

Preguntan a Martin Häusling eurodiputado de los verdes alemanes sobre la posición de la UE. Asegura que se trata de una forma de “esclavitud moderna”, para añadir que “ya no vamos a África a explotar a las personas, sino que explotamos a los africanos directamente aquí”. Una portavoz de la ONG Intermon Oxfam en Alemania responsabiliza a los grandes supermercados alemanes, a quienes exige una nueva política de precios para que los estándares laborales puedan ser implementados en el sur de Europa sin necesidad de recurrir a la explotación.

El documental llegó al informativo de la primera cadena pública, y el más visto del país con el titular Subvenciones agrarias: millones de la Unión Europea para explotadores. El documental fue comentado en varios medios, entre ellos el periódico de mayor difusión, el Bild.

El viernes termina el plazo para la recogida de firmas iniciada por un grupo de berlineses para prohibir la publicidad en la capital alemana. Estudiantes, profesionales de la publicidad y otras personas comenzaron en 2017 a redactar una propuesta de ley popular para regular los anuncios que pueden verse en el espacio público berlinés. Ya han reunido más de 30.000 firmas, más de las 20.000 necesarias para que el Senado de Berlín tenga que pronunciarse sobre la medida.

La iniciativa “Berlín libre de publicidad” (Berlin Werbefrei, en alemán) ha escrito una ley con el título “para la regulación de la publicidad en los edificios y el espacio públicos” con la que pretende prohibir los anuncios en escuelas, guarderías y universidades, así como regular de forma estricta la poca publicidad que sería permitida, y sobre todo luchar contra la publicidad discriminatoria, como es el caso de la publicidad sexista.

Asimismo, pretenden que los contratos publicitarios sean públicos. La publicidad con fines sociales y de actividades tendría lugares dedicados en especial para dicha función en de la ciudad. Por otro lado, la publicidad en forma de pantallas electrónicas estaría prohibida en todos los casos. Este último tipo de anuncios está aumentando en las calles de Berlín y está planeada la instalación de decenas de nuevas pantallas por toda la ciudad.  

Razones no les faltan: Berlín está plagada de publicidad, tanto, que es difícil imaginarse cómo sería sin ella. Por eso los activistas han colgado en su web una galería de imágenes que han creado con lo que sería el antes y el después de aprobar la ley.

Para los iniciadores, la publicidad puede ser en muchos casos “una forma de ensuciar la ciudad”, escriben en su web. Organizaciones como Ecologistas en acción llevan décadas en España alertando sobre la llamada “contaminación visual”. 

El portavoz y uno de los iniciadores de la idea berlinesa, Fadi El-Ghazi, explica a eldiario.es que “a diferencia de la radio que se puede apagar, o de una revista, cuyas hojas pueden pasarse, en el espacio público esto no es posible”, de ahí la necesidad de proteger a los ciudadanos.

Debido a la dificultad para discernir qué publicidad sería discriminatoria, la ley propuesta contempla en realidad el ya existente catálogo de recomendaciones del consejo publicitario alemán. La diferencia sería que dichas normas no serían voluntarias para las empresas anunciantes, sino obligatorias, de forma que cuando se incumplan, la publicidad pueda ser retirada de las calles por la Administración.

“Con esta ley cuestionamos el principio fundamental de nuestra sociedad según el cual todo ha de regirse en función de reglas comerciales”, asegura el abogado. La acogida de la propuesta en los medios ha sido positiva y El-Ghazi asegura que las personas que han firmado afirman a menudo que “por fin ocurre algo en este sentido”.

En cuanto a los partidos políticos, Die Linke se ha sumado a la iniciativa, los Verdes la ven con buenos ojos y en el Partido Socialdemócrata, que gobierna con los otros dos anteriores el Ayuntamiento de Berlín, según el portavoz de “Berlín libre de publicidad”, en este momento hay opiniones divididas.

Una vez que se realice un recuento de los votos se comprobará si efectivamente se llega al número necesario, ya que al parecer en ocasiones firman personas que no tienen derecho a participar en estas propuestas legislativas, como es el caso de ciudadanos de la Unión residentes habituales en la ciudad. A continuación, la norma deberá ser expuesta a un análisis jurídico que determine su legalidad, al comprobar que no entre en colisión con otras leyes nacionales.

El ejemplo de São Paulo

Superadas ambas barreras, el Senado de Berlín tendrá que decidir si aprueba la medida. En caso afirmativo, en 2019 Berlín podría pasar a ser una ciudad como São Paulo, donde ya hace más de una década se prohibió la publicidad en las calles con la ley Ciudad Limpia, gracias a la cual se retiraron unos 15.000 carteles publicitarios.

Para los amantes del arte del grafiti, la ciudad se ha convertido desde entonces en una especie de meca, no solo porque desde 2011 tiene un museo dedicado al arte urbano, sino porque los grandes edificios y la ausencia de anuncios hacen que su contemplación sea más fácil. 

El actual alcalde de São Paulo, sin embargo, no está muy contento con los grafiteros y desde 2017 hay una nueva ley que les multa con hasta 3.200 dólares (unos 2.700 euros) por pintar en las fachadas. Las empresas de publicidad no han parado de idear nuevas estrategias desde la prohibición y en 2015, por ejemplo, utilizaron drones con maniquíes para dejar volar por la ciudad las últimas tendencias de moda de la temporada.

En todo caso, El-Ghazi matiza que la propuesta berlinesa no es tan radical como la de Brasil, que prohíbe incluso carteles en camiones, ya que la publicidad propia en la fachada de comercios seguiría siendo legal. Eso siempre que el gobierno de Berlín no rechace la medida, pues en ese caso, “Berlín libre de publicidad” tendrá que recoger 200.000 firmas en menos de cuatro meses. De conseguirlo, se celebraría un referéndum en la ciudad, como ya ocurrió en el caso de la remunicipalización del agua o de la decisión sobre el antiguo aeropuerto de Tempelhof, en el que se planearon construir viviendas en detrimento de la gigantesca zona verde que lo comprende.

En Berlín se miran en el ejemplo de Grenoble en Francia, que en 2014 fue la primera ciudad europea en prohibir la publicidad. Según el alcalde de dicha ciudad, Eric Piolle, del partido Europa Ecología Los Verdes (EELV, por sus siglas en francés), se habrían perdido unos 150.000 euros en recaudación que su gobierno suplió recortando el presupuesto en otras áreas y plantando árboles en los lugares que antes ocupaban las vallas publicitarias.

“Vamos a crear en Alemania centros de tránsito”, era la declaración de la canciller Angela Merkel tras las negociaciones maratonianas de su partido, la Unión Demócrata Cristiana, la CDU, con su socio bávaro, la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU).

Así acabó en la noche del lunes la crisis de gobierno después de que el ministro de Interior Horst Seehofer presentase un ultimátum a la canciller asegurando que iba a introducir controles en la frontera de Baviera con Austria para detectar a inmigrantes que ya hubiesen presentado una solicitud de asilo en otro país europeo (como dicta el reglamento de Dublín) y poder expulsarlos de inmediato.

El compromiso adoptado, sin embargo, va mucho más allá de dicha reclamación. Se trata de crear centros en los que poder internar a solicitantes de asilo afectados por la normativa de Dublín, así como a otros de países declarados como “seguros” por los países europeos, sin comprobar a priori la situación concreta de cada refugiado. Es lo que vienen denunciando las ONG como Fluchtlingsrat.

Es una victoria que el ministro del interior Seehofer ha celebrado asegurando a la prensa que él se había “impuesto en todas las reclamaciones”. El ministro no se mordió la lengua y aseguró que “es un acuerdo claro de cómo podremos impedir en el futuro la inmigración en la frontera alemano-austríaca”. Su partido, la CSU, utiliza no solo este lenguaje de inmigración ilegal, sino también otros términos cercanos a la extrema derecha germana como “inmigrantes económicos”.

La peor parte se la llevará el SPD. Aunque no se ha pronunciado aún sobre la decisión, tendrá que lidiar con la creación de unos centros similares a cárceles que su base rechaza. Tanto apoyar la medida como rechazarla implica riesgos para el SPD, ya que estar en contra es también poner en peligro la estabilidad del gobierno, algo que los alemanes apoyan tras las recientes elecciones.

La canciller Angela Merkel ha vivido en estos días lo que probablemente hayan sido los momentos más complicados de su dilatada carrera política, ya que lleva cuatro legislaturas en el poder, siempre en coalición con su socio bávaro, la CSU. El domingo, el ministro Seehofer tenía la intención de dimitir ante la cúpula de la CSU, pero sus colegas consiguieron convencerlo de que se reuniese el lunes con la canciller y llegase a un acuerdo.

Los controles en la frontera existían desde 2015

La introducción de controles en la frontera para detectar a inmigrantes que hayan presentado una solicitud de asilo en otro país europeo no es algo nuevo. Como recuerda la revista especializada en migración Migazin, desde que Alemania firmó el acuerdo de Schengen en 1990 no habían tenido lugar controles internos en sus fronteras. Sin embargo, en 2015, ante la llegada de cientos de miles de refugiados, el entonces ministro de Interior Thomas de Maizière introdujo los controles en la frontera sur alemana, algo que permite Schengen, siempre que sea limitado a seis meses de duración. Desde entonces, los controles se han ido renovando cada seis meses.

El ministro Seehofer fue entrevistado la semana pasada por una de las periodistas más famosas del país, Sandra Maischberger, que le planteaba el hecho de que dichos controles son aleatorios y no sistemáticos, con lo cual seguiría siendo complicado detectar a los inmigrantes. El plan del ministro no prevé un control total de la frontera, sino un aumento de las patrullas. Seehofer se salió por la tangente y afirmó que continuaba decidido a imponer su voluntad a Merkel.

El ministro de Interior de Baviera, Joachim Herrmann, de la CSU, en una entrevista con la televisión pública empezó a cantar victoria al asegurar que el hecho de que la inmigración hubiera sido un tema de primer orden en la cumbre europea ya había sido “un éxito de la CSU, ya que sin nosotros el tema no habría estado en el orden del día”. Los resultados, aseguraba en ese momento, no eran suficientes para su partido, que sigue pidiendo que se expulse a los inmigrantes tras controlarlos en la frontera inmediatamente si ya han presentado una solicitud de asilo en otro país europeo.

El otro socio de gobierno, el partido socialdemócrata SPD publicó un comunicado en el que se manifestaba a favor de la canciller, pero se mostraba en contra del compromiso europeo de crear “centros controlados”. Ahora está por ver qué decidirá el SPD. Su portavoz de migración en el Bundestag, Lars Castellucci, aseguró al diario Handelsblatt que el “plan maestro” para la inmigración de Seehofer es en realidad un “plan desastre”.

Die Linke ha reclamado estos días hasta la saciedad la dimisión de Seehofer. Alternativa por Alemania (AfD), reclamó a través de su líder, Alexander Gauland, que Seehofer derribase a la canciller. Bajo su punto de vista, Merkel se encuentra en la misma posición que el presidente de la RDA en 1989, Erich Honecker, ya que el pueblo alemán estaría siendo víctima de un “cambio de población” a causa de los inmigrantes.

El editorial del diario sensacionalista Bild, el de mayor circulación del país, aseguró que esta disputa es necesaria para la democracia alemana para evitar que, por no hablar de cuestiones incómodas como la expulsión de inmigrantes, millones de electores se pasen a las filas de la extrema derecha de la AfD: “Alemania saldrá fortalecida (de la disputa)”, concluía. Lo cierto es que una parte del electorado no ha visto con buenos ojos el conflicto, y ello podría pasarle factura a los grandes partidos en las próximas elecciones y favorecer a la extrema derecha.

Tras superar la crisis de gobierno, Merkel tendrá el martes una complicada cita en la cancillería con el presidente húngaro, Viktor Orbán, uno de los mayores críticos de la política migratoria de la canciller.

Merkel aseguró tras la cumbre europea que un grupo de catorce países de la UE había aceptado firmar con Alemania un acuerdo para devolver más rápido a los inmigrantes que hayan realizado una solicitud de asilo en su país. Esta es la baza con la que Merkel pretendía calmar los ánimos de Seehofer, pero justo al día siguiente de publicarse la información, tanto el gobierno checo como el de Orbán la desmintieron.

La periodista del programa informativo Moma en la primera cadena alemana se lo preguntó hasta tres veces en la mañana del miércoles al presidente del grupo parlamentario de la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU) Alexander Dobrint, el socio del partido de la canciller Angela Merkel. La respuesta de Dobrint era la misma las tres veces: el partido está decidido a que a partir de la semana que viene se realicen controles para detectar inmigrantes que no tengan los papeles en regla en la frontera alemana y expulsarlos en caliente a la siguiente frontera, una medida que rechaza el partido de Merkel, la CDU, con excepciones.

Cueste lo que cueste, aunque ello suponga romper con la canciller, el ministro de Interior, Horst Seehofer de la CSU, está decidido a hacer cumplir lo que él asegura es “la regulación vigente” y con ello se refiere al Reglamento de Dublin, que establece que, salvo casos excepcionales, los refugiados han de presentar su solicitud de asilo en el primer país al que llegan de la Unión Europea.

No está claro si sería legal expulsar directamente en la frontera a los inmigrantes dejándolos en otro país europeo, pero según escribe en su blog el doctor Constantin Hruschka del Instituto Max-Plank para el Derecho y la Política Social de Múnich, probablemente esta práctica sería ilegal.

Ello no impide al vecino sureño de Seehofer, el canciller austríaco Sebastian Kurz, poner a su policía a ejercitarse en esta tarea, que ha puesto a ensayar a 600 policías en la frontera eslovena para hacer frente a los refugiados que, eventualmente, tratasen de volver a entrar en número elevado en el país. Los policías hacen de refugiados y sus colegas se entrenan en cómo impedir su entrada y proceder a su expulsión.

Kurz, cuyo gobierno está formado por su partido conservador ÖVP y la extrema derecha del FPÖ, invitó a Seehofer a mediados de mes a Viena para hablar de una estrategia conjunta para combatir la inmigración. Mientras tanto, la canciller Merkel se encontraba en Berlín con asociaciones de refugiados en la cumbre de la integración sin que su ministro de Integración, además de Interior y de “la Patria”, hiciese acto de presencia. A Seehofer parecía interesarle más el impedir que entren más refugiados que tratar los problemas de la integración en el país de los que ya están dentro.

Una situación “muy seria”

Ya un par de días antes había quedado claro que Merkel tenía un grave problema en las filas de su gobierno, ya que el ministro de Interior quería presentar un “plan maestro” antiinmigración que la canciller vetó en el último momento. Al principio los analistas pensaron que se podría tratar de un gesto del partido CSU para ganar votos en las próximas elecciones de octubre en Baviera, ya que la sociedad bávara aparece en las encuestas como más conservadora y reacia a la inmigración.

Sin embargo, las declaraciones de los últimos días han ido elevando el tono. En el mismo programa Moma, la presidenta del SPD, Andrea Nahles, no descartaba que se haya que celebrar nuevas elecciones. El presidente del grupo parlamentario de la CDU/CSU, que compiten a las elecciones en coalición desde hace décadas, aseguraba el martes que “la situación es muy seria”.

Si se llegase a la situación extrema de nuevas elecciones una encuesta del semanario Der Spiegel augura una leve caída del dúo CDU/CSU con 29,8% de los votos, una ligera subida del partido socialdemócrata SPD hasta el 17,7% de los votos y la extrema derecha de AfD también subiría hasta el 16,1%. El desafío a Merkel en política migratoria no servía de mucho a la CSU, que en una encuesta del Instituto Forsa cae hasta el 40%, siete puntos menos que las últimas elecciones en 2013.

En 2015 la oficina federal para la migración y los refugiados alemanes (el BAMF) dejó de aplicar por unos meses el reglamento europeo de Dublín para los refugiados sirios por motivos humanitarios. Ese verano, cientos de miles de refugiados entraron en Alemania después de atravesar media Europa.

El partido del ministro del Interior ha adoptado ahora el lenguaje de Alternativa por Alemania en buena parte, hablando de “inmigrantes económicos” para referirse a los refugiados y optando por medidas como la creación de grandes centros de internamiento en los que se recluirían a los refugiados hasta comprobar su situación legal.

En las últimas semanas se han sucedido por otro lado una serie de noticias que han aumentado la presión sobre la canciller y reforzado en muchos alemanes ideas negativas en relación a la inmigración. Se acusó a la oficina BAMF de haber concedido el asilo a cientos de inmigrantes en una oficina de Bremen de forma ilícita. Semanas mas tarde se supo que tanto en la cobertura informativa como en la investigación hubo fallos de corroboración de datos que llevaron a transmitir una imagen errónea de los hechos pero que contribuyó al ambiente antiinmigración.

Por otro lado se dieron varios casos de asesinatos y violaciones llevados a cabo por inmigrantes que fueron expuestos en la prensa de forma sensacionalista, a diferencia de los asesinatos y violaciones que llevan a cabo los ciudadanos de nacionalidad alemana.

En la oposición, en el partido de la izquierda Die Linke el tema de la inmigración sigue dividiendo a su electorado y a sus dirigentes. En el último congreso del partido, celebrado en Leipzig a principios de junio, quedó claro que hay un sector del mismo que quiere atraer al electorado insatisfecho con la política migratoria y no tiene reparos en utilizar una retórica cercana a la derecha en ese sentido. Dicha corriente está encabezada por la vicepresidenta del partido Sahra Wagenknecht, que en ese congreso cosechó las mayores críticas de varios de sus colegas llegando alguno incluso a pedir su dimisión.

Con este ambiente antiinmigración interno y con la presión de los socios europeos con los que tiene que llegar a un acuerdo el jueves y viernes en la cumbre de la Unión, Merkel parece sitiada. Este fin de semana, después del encuentro con el resto de jefes de Estado, al que llevará al ministro díscolo Seehofer, tanto la CDU como la CSU reunirán a sus órganos dirigentes para discutir qué decisión final toman. El lunes se sabrá si en la frontera alemana se introducen controles, una medida sin precedentes dentro de la Unión y que podría provocar un efecto dominó en otros países.

La web linksunten.indymedia.org ha sido bloqueada este viernes por la mañana después de que el Ministerio del Interior decidiera prohibir la publicación. La comunicación oficial les llegó poco antes a las tres personas que mantenían activa la web y que viven en Leipzig, según la agencia dpa. Aún no se ha producido ninguna detención. Las autoridades alemanas hablan de “la asociación que edita la web”, a pesar de que no existe ninguna formalmente constituida.

El ministro del Interior Thomas de Maizière, del mismo partido que la canciller Angela Merkel, la Unión Cristianodemócrata (CDU), dijo en una conferencia de prensa que la web “actúa en contra de la legalidad” y está en contra del “orden constitucional”. El ministro lo justifica con el argumento de que en varios registros efectuados en la ciudad de Friburgo y relacionados con la publicación, la policía aseguró haber encontrado tirachinas, palos y cuchillos. No solo la web ha sido prohibida, sino también su logo.

La web indymedia.linksunten.de existe desde 2009. Se creó en un principio para el sur de Alemania, de ahí su nombre, que significa “abajo, a la izquierda”. Existe otra web, de.indymedia.org, creada en 2000 a imagen y semejanza de la web norteamericana Indymedia a raíz de las protestas del movimiento antiglobalización a finales de los 90.

La web prohibida ahora tenía más visitas visitada que la original, por eso había comenzado a publicar informaciones relativas a todo el territorio nacional, según publica la Indymedia que aún no ha sido víctima de la censura.

Para las autoridades, la web era el mayor foro de la extrema izquierda alemana. Una de las cuestiones que esgrimen como motivo para la prohibición es que en la web se publican comunicados en los que activistas se atribuyen la autoría de actos de sabotaje o de otro tipo, como incendios de coches. En la web había un apartado de libre publicación en el que se podía publicar de forma anónima.

El senador de Interior de Berlín Andreas Geisel, del partido socialdemócrata SPD, reaccionó a la noticia satisfecho, al asegurar que “los extremistas de izquierda utilizaban la página para organizar ataques”.

La oposición tiene una opinión muy diferente al respecto. La portavoz de Interior del partido Die Linke en el Bundestag, la periodista Ulla Jelpke, escribía en un comunicado indignada: “La prohibición de Indymedia ha sido una censura arbitraria”. Según ella, la actuación del ministerio limita las discusiones internas de la contrainformación anticapitalista y de izquierdas. Ello supondría una clara intromisión en la libertad de opinión y de prensa.

Jelpke considera que la prohibición es un acto de “intimidación”, pues no se censura o multa por un contenido concreto, sino por pertenencia a una supuesta organización: “Toda la izquierda alemana está siendo intimidada”.

Doble vara a la hora de censurar

En julio salió al mercado una revista a todo color muy singular. Su nombre, Schwerterträger, hace referencia directa a las Cruces de Caballero, una condecoración nazi que Hitler entregó a sus oficiales mas leales durante la Segunda Guerra Mundial. En el editorial de la publicación se aseguraba que trataba de contrarrestar el ataque de la ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, a quien comparaban con Stalin, que tras un escándalo en el Ejército alemán mandó realizar mayores controles entre los soldados alemanes que sospechosos de tener ideología neonazi.

La revista es un buen ejemplo que ilustra la doble vara de medir del Ministerio del Interior a la hora de censurar o no publicaciones. En el primer número se dedica una biografía completa al general Erich Bärenfänger. En la portada, este militar nazi, que se suicidó el 2 de mayo de 1945 en los últimos momentos de la batalla de Berlín, aparece sonriente, así como en casi todas las fotografías que ilustran el interior de la publicación.

En una de ellas aparece con un perro y el pie asegura que amaba a los animales. En otra imagen puede verse su libro de hazañas atléticas. Pocas palabras hay en relación a los judíos, al Holocausto, a la destrucción causada en toda Europa. Eso sí, el general recibe sonriente de las manos de Hitler su Cruz de Caballero. La publicación es poco menos que una apología del nacionalsocialismo de principio a fin. Sin embargo, se vende en librerías entre revistas de cocina o semanarios de información.

Por si este ejemplo no fuera suficente en cuanto a la permisividad con la extrema derecha, partidos como el neonazi Partido Nacionaldemócrata de Alemania (NPD) o el islamófobo Alternativa por Alemania (AfD) tienen asimismo foros en internet en los que se publican comentarios, en ocasiones anónimos, en los que se fomenta la xenofobia y la islamofobia de forma abierta. Tampoco en esa dirección ha tenido lugar censura. Hay, eso sí, muchas denuncias concretas, pero las organizaciones como tales no han sido prohibidas.

“Es uno de los mayores escándalos de la historia moderna europea: durante la dictadura de Franco incontables bebés de los adversarios políticos fueron adoptados por la fuerza”. Así de claro y directo se anuncia el documental producido por Soilfilms en cooperación con la televisión pública de Baviera (Bayerischer Rundfunk) y el canal franco-alemán ARTE.

El viernes 7 de abril se estrena en los cines alemanes, con el título La herencia de Franco: los bebés robados en España (Francos Erbe - Spaniens geraubte Kinder, en alemán). “Lo que comenzó como una acción de limpieza política se convirtió en un lucrativo negocio”, afirma la sinopsis de la película.

La directora alemana Inga Bremer recoge los testimonios de dos afectadas por la mafia robabebés que actuó hasta bien entrados los 90. Bebés que las asociaciones de afectados calculan en más de 300.000, que habrían sido secuestrados, apartados de sus padres al nacer, a quienes aseguraban que había muerto para venderlos a continuación.

“Los maquinadores fueron médicos, monjas, curas, trabajadores sociales y notarios”. La descripción del documental ofrece la oportunidad de apreciar cómo se ven desde fuera, desde Alemania en este caso, una serie de violaciones de los derechos humanos más básicos, que en el centro mismo de la sociedad española parecen en ocasiones no tener la importancia debida, casi comparables a otros vestigios de la dictadura sobre los que hay que pasar página sin plantearse mayores preguntas.

La película introduce un tema casi desconocido para la sociedad alemana a través de dos protagonistas que narran su calvario y con las que el espectador puede llegar a sentirse identificado con facilidad.

Clara Alfonsa tuvo una hija con 14 años. Le dijeron que estaba muerta y, 27 años después, se reencuentra con ella. Alicia, por su parte, busca a sus padres biológicos después de descubrir, tras el fallecimiento del que creía su padre, que él y su madre adoptiva habían pagado una buena suma por comprarla. El tercer protagonista es el abogado Enrique Vila Torres, que se ha especializado en filiaciones familiares después de que a los 23 años descubriese que él también era adoptado. Hasta hoy, sigue buscando a sus padres.

“Todos los que trabajaban en el hospital sabían lo que allí pasaba”, explica una antigua enfermera de una clínica que relata a cara tapada cómo se llevaban a cabo los robos. Su imagen, sentada a contraluz frente a una ventana, es la que aparece en el cartel y uno de los momentos de mayor tensión del documental.

“Fue muy complicado realizar esa entrevista”, explica a eldiario.es la directora Inga Bremer, sobre esta conversación, el momento en el que la película recuerda más a un documental de investigación sobre un tema que sigue estando de máxima actualidad.

Lo que el documental no cuenta

Habría sido un reto indagar en las historias de algunos de los secuestrados que fueron vendidos en el exterior, ya que el espectador alemán no llega a saber que se dio el caso. “Pero ello habría excedido nuestro proyecto”, explica Bremer, “eran demasiadas historias y no habría podido hacerles honor como hubiese querido”.

También, en especial para el público de Alemania, habría sido de gran interés contar los comienzos de dicha práctica, que hunde sus raíces en la eugenesia teutona, con el médico franquista Vallejo Nájera como máximo exponente de la idea del “gen rojo” que hay que extirpar.

“Podría haber utilizado mucho material de archivo, de Franco y Hitler, contando todas las implicaciones políticas, pero entonces habría hecho otra película”, explica la directora. “Me he querido concentrar en destino personal de dos mujeres, en mostrar cómo una madre que ha encontrado a su hija y una hija que busca a sus padres biológicos se enfrentan a esa situación, y lo que esa búsqueda provoca en ellas”.

En la película no aparece la Iglesia, que tal como denuncian las asociaciones de víctimas, se niega a abrir archivos necesarios para las investigaciones. Inga Bremer asegura que trató por todos los medios de que declarasen, pero se dio de frente contra un muro. “Noté muy rápido que es un tema que está muy reciente y que es casi tabú en la sociedad”. Tampoco se apunta a responsables concretos algunos, ni siquiera se habla del famoso juicio en el que se comenzó a juzgar a la monja Sor María Valbuena, que no llegó a ser juzgada porque falleció antes. Ni se habla del auto del juez Garzón y de cómo éste fue apartado de sus funciones.

“Los alemanes no conocen a casi ningún político español, por eso hemos tratado simplemente de dejarlo abierto, y de mostrar, que de alguna forma, son las mismas personas las que siguen mandando y podrían tener relaciones con la mafia del robo de bebés”, explica Bremer cuando le preguntamos por qué no habla con periodistas especializados como por ejemplo Maria José Esteso Poves, que hizo una serie de reportajes de investigación, que luego publicó en un libro y que apuntaba directamente a varios políticos del Partido Popular con relación familiar en la trama.

La película llega ahora a los cines alemanes y podrá verse en televisión después en el canal francoalemán ARTE y a finales de año en la televisión pública alemana BR. Vale la pena pararse a verla porque muestra dos historias concretas de una forma muy delicada. Incluso para el espectador español resultaría interesante el visionado, ya que algunas de las víctimas en España han pasado de plató de televisión en plató y se les ha dado un tratamiento amarillista, pero esta obra devuelve a los afectados una parte de su dignidad robada.

En el último momento Pablo Iglesias e Irene Montero decidieron ir a Berlín a manifestarse junto al círculo de Podemos en la capital alemana. En una mañana soleada, frente a la Puerta de Brandenburgo aparece una pancarta de Podemos y la reproducción de una tarjeta sanitaria europea de tamaño gigante. A dos pasos de allí, un acto para festejar Europa en lo que ha sido una metáfora del estado de la UE. Mientras unos celebran la apertura de fronteras, un grupo de españoles se reunía para denunciar la falta de cobertura médica de los emigrantes españoles en Alemania.

“Es una vergüenza que nuestro gobierno maltrate de esta manera a los exiliados españoles que están en muchos países de Europa y no tienen acceso a una cobertura sanitaria a la que sí tienen derecho”, declaraba Pablo Iglesias, el líder de Podemos, llegado junto a la portavoz parlamentaria de la formación, Irene Montero. “He visto a muchos profesionales de la enfermería que han venido aquí a trabajar después de haber sido formados en nuestro país, donde no pueden trabajar ahora porque se están degradando los servicios públicos y la sanidad”, añadía. “Son gente muy preparada a la que ha costado mucho esfuerzo formarse para que ahora la trama mafiosa que sigue mandando en nuestro país les expulse y se permita además quitarle la tarjeta sanitaria”.

Iglesias expresó el simbolismo de la acción con estas palabras: “Para nosotros era muy importante estar aquí hoy con ellos y con ellas en Berlín, simbolizando Europa y los españoles y españolas que han tenido que emigrar porque nuestros gobernantes y las élites oligárquicas les han expulsado”.

“Europa era una promesa de prosperidad”, responde Iglesias a una periodista, “y cuando esa promesa de prosperidad se convierte en una quimera para los pueblos del sur de Europa y muchos de nuestros jóvenes que tenían la ilusion de ver su futuro y el de su familia en nuestra patria, seguramente algo no ha salido bien en el proyecto europeo”. De fondo, la celebración por Europa sigue su marcha, con cientos de globos con la banderita de la UE y un escenario en el que toca una banda del otro lado ante un grupo de eurófilos.

“El modelo de Europa controlado por las élites alemanas se ha demostrado ineficiente e injusto para las poblaciones del sur de Europa”, seguía Iglesias en Berlín. “No nos gusta el lugar que nos han dado en la división internacional del trabajo, algo así como poner copas a los turistas que vengan de las zonas ricas de Europa”.

Para Iglesias, la Puerta de Brandenburgo “es un símbolo de la lucha contra el fascismo, algo que está en el corazón del proyecto europeo”. A pesar de todo, se mostró favorable a mas Europa, pero “de los pueblos”. También tuvo unas palabras para el voto rogado: “Ha conseguido que una buena parte de los españoles no puedan votar”.

Miedo a perder la Sanidad por inscribirse en el Consulado

María Martín, una joven de Ibiza de 26, explica que ha venido “a hacer bulto” y que ella también se vio afectada por la desatención sanitaria cuando se vino a Alemania hace ya cuatro años.“”Hasta que no llevaba aquí seis meses no encontré trabajo“. Durante ese periodo, asegura que por suerte no se puso enferma, ya que estaba sin cobertura: ”Cuando iba a España sí me atendían porque continuaba en el seguro de mi padre, aunque a partir de una edad ya da vergüenza“, asegura.

El problema de los tres meses de cobertura no es el único al que se enfrentan los emigrados, verdaderos protagonistas de este acto de protesta. Sacarse la tarjeta supone en muchos casos una maratón, sobre todo cuando no se tiene trabajo. Muchos afectados denuncian que las autoridades españolas no facilitan dicho documento, especialmente si la persona se encuentra en paro. En ese caso, suelen hacer muchas veces un Certificado Sustitutorio, que en Alemania la mayoría de los médicos no aceptan como válido porque lo desconocen.

Es el caso de Raquel Romero Alonso, que forma parte del Círculo de Podemos en Berlín y que contó su caso a los concentrados. “La gente tiene miedo de inscribirse en el Consulado porque pueden perder la sanidad en España, de ese modo el Estado no sabe cuántas personas realmente han emigrado”, explicaba Raquel otro de los problemas asociados a la exclusión sanitaria de los españoles emigrados y en paro que comenzó a raíz del cambio legislativa introducido por el gobierno del PP en 2012.

Lógicamente no sería un problema no tener tarjeta sanitaria en Alemania si el país tuviera un sistema que cubriese a todo el mundo, pero no es el caso, como ya contamos en detalle en eldiario.es. “Teníamos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, en el que por el hecho de ser un humano eras atendido y eso es lo que defendemos”, expresaba Iglesias. “Es vergonzoso que una Europa que presume de ser un santuario de los derechos humanos y sociales pueda excluir de la atención sanitaria a alguien que ha tenido que hacer el enorme esfuerzo de ganarse la vida aquí”.

La protesta tiene lugar en el marco de una serie de movilizaciones que Podemos ha convocado en Espana y en el extranjero para defender los derechos recogidos en la Declaración de los Derechos Humanos. Su artículo 25, el derecho a la atención sanitaria, no está siendo respetado en el caso de los espanoles que emigran, ni en los países de acogida, ni en Espana cuando vuelven en numerosas ocasiones.

El aumento de la violencia de la extrema derecha durante 2015 y 2016 recuerda a las olas racistas de los 90 tras la reunificación. La división de la sociedad alemana es cada vez más patente. Mientras decenas de miles de alemanes trabajan como voluntarios para ayudar a los refugiados, la extrema derecha ha aumentado el número y la dureza de los ataques tanto verbales como físicos, no solo contra solicitantes de asilo, sino también contra políticas, sindicalistas o activistas de izquierdas.

Lo cuenta la periodista de investigación Andrea Röpke en su libro El anuario de la violencia de derechas (2017 Jahrbuch rechte Gewalt, en alemán) que acaba de publicar la editorial Knaur. No solo hace un buen análisis de esta situación, hablando de cómo la idea del neonazi con cabeza rapada ya casi no existe y de cómo muchas de las ideas extremistas están llegando al centro de la sociedad. La mitad del libro es un listado de ataques concretos.

Röpke se ha tomado la molestia de recoger no solo aquellos que aparecieron en las portadas de los diarios, sino también agresiones menores o que no llegaron a mayores de pura casualidad. 

La sociedad alemana tendrá que reponerse de algún modo ante la miríada de noticias muy impactantes que han tenido lugar en poco tiempo. El 11 de enero de 2016 un grupo de neonazis demolieron 10 locales de la calle Wolfgang-Heinze en el barrio de Connewitz en Leipzig. Una panadería, una peluquería, una óptica, una lavandería y una tienda de electrónica fueron destrozados por los nazis con bates de béisbol. Las personas presentes se refugiaron en el interior de los locales. O cuando pusieron una bomba en una mezquita en Dresde, sin que hubiera heridos. O el caso de un bombero voluntario que incendió junto con otro joven una casa en la que vivían siete refugiados sirios en el pueblo de Altena.

En febrero de 2016 el responsable de la policía de Leipzig llegó a alertar de que “en Sajonia domina un clima de pogromo que tiene una intensidad muy peligrosa”. Según él, los extremistas aprovechan el miedo de las personas de forma consciente para crear una histeria contra la política de asilo y justificar la violencia contra los refugiados. Clausnitz, Bautzen, Heidenau... hay una serie de nombres de pueblos hasta ahora desconocidos que de repente saltan a la prensa no solo alemana, sino también internacional por lo encarnizado de la situación.

Los cuchillos salen a pasear

La escritora Hertha Müller, premio Nobel de Literatura en 2009, exclamaba durante la recogida de un premio en la ciudad renana de Colonia que “primero salen los lemas de derechas a pasear y después, en algún momento, sale también un cuchillo a pasear”. La actual alcaldesa de dicha ciudad, Henriette Reker, que se presentó como candidata como independiente, aunque propuesta por la Unión Cristianodemócrata, la CDU, los liberales del FDP y los verdes de Die Grüne, se vio reflejada en dichas palabras: “Es lo que ocurrió en mi caso”.

La abogada de 61 años sufrió un brutal ataque por un ultraderechista durante la campaña electoral de 2015 al que solo sobrevivió por suerte “y buen tratamiento médico”, recuerda. “Ello ha reafirmado mi creencia de que Dios tiene algo importante planeado conmigo”. La política, que había sido jefa de sección de servicios sociales en el Ayuntamiento de Colonia, se había posicionado públicamente contra el racismo y la discriminación de los extranjeros.

Este fue el móvil que llevó a su atacante, Frank S., a clavarle un cuchillo en el cuello el 17 de octubre de 2015 mientras la candidata a alcaldesa se encontraba a pie de calle haciendo campaña electoral en un mercadillo, según la sentencia del juicio en el que se le condenó a 14 años de cárcel. Otra persona resultó herida de gravedad y tres más leves.

Colonia es una ciudad multicultural, como nos recuerda su alcaldesa: “Aquí viven más de 180 nacionalidades de forma pacífica y sin grandes conflictos”. Las imágenes de la infame nochevieja de Colonia de 2015, en la que cientos de mujeres fueron atacadas sexualmente “no ha vuelto a repetirse”, explica Reker, y añade que “da una imagen equivocada de la situación en Colonia”. Unos 5.000 ciudadanos y ciudadanas de la ciudad trabajan sin mayores problemas como voluntarios con los 13.000 refugiados nuevos que la ciudad ha acogido.

Para la alcaldesa, el aumento de intención del voto por el partido ultraconservador Alternativa por Alemania (AfD) es más inquietante en otras regiones de Alemania que en Renania del Norte-Westfalia. “Creo que las personas en nuestro Estado no son tan fáciles de convencer por las consignas de los populistas de derechas”. En todo caso, su fórmula contra la extrema derecha es clara: “Tenemos que buscar el diálogo con aquellos que creamos puedan emigrar del centro a la derecha de la sociedad”.

Sindicalistas atrapados entre dos aguas

Tratar de conectar con la población que se vuelve hacia la derecha política es también “una discusión que debemos llevar a cabo de forma interna los sindicatos”, explica Detlef Fendt. El jubilado trabajó durante 36 años en la empresa Daimler y gran parte de ellos fue representante sindical. “En algunas zonas de Sajonia algunos funcionarios sindicales no se atreven a hablar mal de Pegida porque saben que una parte de los trabajadores marchan en esas manifestaciones”, explica cuando le preguntamos si los trabajadores presionan a los sindicalistas para ser insolidarios con refugiados o extranjeros.

“Nuestros estatutos dicen que tenemos que fomentar la democratización de la economía y mantener las fuerzas radicales de la derecha fuera de las empresas”, sigue.

Fendt aún continúa activo dando cursos sobre la historia del sindicalismo, así como en el activismo político: “Cada vez que el (partido neonazi) NDP ponía su stand electoral en el barrio salía con un vecino a mostrarles nuestras banderas del sindicato IG-Metall y a gritarles que se fueran a casa”.

En enero, quemaron su coche. El motor del vehículo resultó completamente carbonizado. Esa misma noche fue incendiado también el coche del librero Heinz Ostermann, que tiene una librería con un buen catálogo de izquierdas en Neukölln. Unos pocos días antes, otro coche de una organización juvenil socialista era también carbonizado por desconocidos.

“La Alternativa por Alemania me recuerda a lo que los nazis hicieron antes de 1939”, explica Fendt en el salón de su casita con jardín, en el que hay un busto de Lenin y una imagen de Lutero. “Un programa que le viene bien al capital y un culpable”, continúa. “En aquel entonces eran los judíos y hoy son los extranjeros”.

Para Fendt el tirón de la extrena derecha no se debe tanto a que las condiciones materiales se hayan deteriorado y a la precariedad, sino más bien al “racismo y chovinismo”.

Una de las cuestiones que este viejo sindicalista y obrero ve con más preocupación es la creación de un sindicato propio por parte del partido Alternativa por Alemania. De la organización sindical AidA solamente se puede formar parte si se es miembro del partido. “Quieren atraer a las bases que marchan en las manifestaciones de Pegida para acceder a los consejos sindicales en las elecciones de 2018”. De este modo, los sindicalistas se ven presionados por la extrema derecha, perseguidos, amenazados y en algunos casos incluso atacados como le ocurrió a Detlef Fendt, pero al mismo tiempo tienen que lidiar con las tendencias internas de las empresas, en las cuales un número importante vota también a la derecha.

En la casa más antigua del barrio berlinés de Wedding, en el número 57 de la calle Koloniestraße, viven hoy 12 adultos y cinco niños. “Cuando propusimos el proyecto nos tacharon de locos”, explica uno de sus habitantes, el filósofo Martin Hagemeier. El edificio estaba abandonado, pero no se podía derrumbar porque está protegido por la ley alemana de monumentos. En 1782 ya se mudaron los primeros colonos aquí y en 1870 se estableció un taller en el que fabricaban adhesivo.

Desde 2010 es una singular casa compartida con el nombre de PinkePanke, compuesta de tres edificios y un enorme jardín. En la mayor de las construcciones duermen y se asean las familias que aquí viven y que son propietarias y arrendatarias al mismo tiempo. En el edificio más pequeño comparten una gran cocina, una sala para hacer deporte y un salón de estar. El concepto de vivienda lo desarrollaron ellos mismos con unos arquitectos y el llamado Sindicato de Casas de Alquiler.

El Mietshäuser syndikat (la traducción del nombre al español es de la propia organización) es un marco legal que permite a grupos de personas comprar edificios y garantizar alquileres bajos al tiempo que prohíben que dicha propiedad colectiva sea vendida en el futuro. La organización ha conseguido que más de 120 grupos comprasen un bien inmobiliario por toda Alemania.

En el caso de Martin Hagemeier, el hecho determinante fue la compra en 2008 del edificio en el que vivía en el céntrico barrio de Prenzlauer Berg. El nuevo inversor del bloque de apartamentos subió el alquiler a los inquilinos. Una historia bien conocida en todas las grandes capitales, un ejemplo de la llamada gentrificación. Hagemeier conoció entonces al grupo de personas que estaban planeando comprar el antiguo edificio en Wedding y se unió a la aventura.

Una de las condiciones para que un proyecto del Sindicato de Casas de Alquiler salga adelante es que en el cálculo que realizan, el alquiler resultante sea realmente bajo. Para ello los propios inquilinos y compradores han de remangarse la camisa y trabajar en las obras de la casa. “Todos los arquitectos son capaces de construir y remodelar casas, pero trabajar para un grupo de personas es complicado”, explica.

La dificultad viene añadida por el hecho de que el Sindicato de Casas tiene una estructura difusa y todas las decisiones se toman por consenso y sin jerarquías. “En realidad siempre hay jerarquías”, responde Hagemeier a la pregunta de si entonces se trata aquí de una utopía hecha realidad. “La diferencia aquí tal vez es que se trata más bien de jerarquía de conocimientos, pero todos los arrendatarios tienen el mismo estatus legal”, matiza.

Otra de las condiciones es la “transmisión de saberes”. Las personas que forman parte de alguno de los proyectos aconsejan de forma voluntaria a nuevos interesados en sumarse a la iniciativa. No es tan fácil como sería deseable para ellos. Decenas de grupos piden asesoramiento para comprar una casa de forma colectiva cada año en Berlín a través del sistema del sindicato, pero solo una mínima parte lo consigue. “Especialmente en Berlín resulta cada vez mas difícil, porque el precio del suelo ha subido en los últimos años sobremanera”, explica el filósofo.

Reconvertir edificios en viviendas

A Wedding fueron algunos de los habitantes del proyecto WiLma a pedir consejo. En parte los mismos arquitectos remodelaron aquí, en número 19 de la calle Magdalenenstraße en el barrio de Lichtenberg, en el este de la ciudad, un antiguo edificio de la Stasi para convertirlo en viviendas compartidas y estudios individuales. En la fachada puede leerse “Haus 4” (Casa 4), e indica el número que el edificio tenía dentro del monumental complejo de la Stasi. (Por cierto, el nuevo edificio del actual Servicio Federal de Inteligencia, el Bundesnachrichtendienst, es aún más impresionante que la central de la antigua Stasi: 260.000 metros cuadrados que costarán unos 1.400 millones de euros).

Después de la caída del muro, el monótono edificio, típico de la época, fue durante un tiempo una oficina de empleo, en parte para los miles de trabajadores de la propia Stasi que quedaron desempleados. Durante casi una década el edificio estuvo vacío. El grupo de personas que decidió comprarlo a la ciudad y remodelarlo ha invertido 1,5 millones de euros en la obra. Y ninguno de ellos es millonario. ¿De dónde sacaron el dinero, sin avales ni otras propiedades?

Un tercio de lo invertido fueron créditos concedidos por personas particulares. “A no ser que quieras hacer dinero y especular, el sistema del Sindicato de Casas ofrece bastantes garantías para los ahorros, ya que los cálculos se realizan de forma pormenorizada y el dinero se devuelve en caso de solicitarlo el inversor”, explica Nils, uno de los habitantes de la planta baja, que comparten 12 personas. Una vez recaudada dicha suma y con un proyecto viable en las manos, acudieron a un banco ético que les concedió el resto del crédito.

En el medio de las dos hectáreas de jardín hay un parque infantil que han construido, y junto a éste una caseta que en tiempos de la RDA servía para almacenar el papel. En su interior tienen una sala en la que realizan sus plenos y hacen deporte. En este lugar ofrece asimismo asistencia la iniciativa Oficina Precaria, que aconseja a españoles y otros inmigrantes en Berlín.

El Sindicato de Casas de Alquiler ha reconvertido con este sistema muchos edificios. En el barrio de Wedding otro grupo ha comenzado a reconvertir un instituto en desuso construido en los 70 en el que planean albergar a 150 familias. Dentro del proyecto, llamado PS Wedding, contemplan asimismo la creación de una sala de actos, una biblioteca, un jardín comunitario y una guardería.

Pero no solo se benefician personas privadas de un alquiler barato. En Brandenburgo una estación de tren abandonada ahora es un centro juvenil y en Hamburgo un grupo de artesanos se unió para comprar un edificio en el centro de la ciudad en el que han montado sus talleres. Sin la colaboración pública y política de los ayuntamientos, ya sea en forma de créditos o de puesta a disposición de los edificios por un precio algo menor al del mercado, algunos de estos proyectos no habrían sido posibles.

Una idea de futuro con un largo pasado

Comprar o alquilar son las transacciones más comunes en el mercado inmobiliario. También existen cooperativas de arrendatarios. Sin embargo, el Sindicato de Casas de Alquiler plantea una lógica diferente, ya que su estructura legal está diseñada para que ninguno de sus miembros pueda tener un gran número de acciones que le permita cooptar la organización.

El Sindicato tiene su origen en Freiburgo, en el llamado GretherGelände, en el que viven y trabajan un centenar de personas. Esta antigua fábrica que data de 1888 tiene una larga historia de lucha vecinal que se cristalizó en los 90 en la creación de la figura legal del Sindicato. Mediante una empresa y una asociación, los fundadores de este modelo pensaron ya entonces en extender su idea más allá de sus propias paredes.

Los fondos sociales del Sindicato son una de las piezas clave del puzle, ya que una vez finalizados los pagos de los créditos de los diferentes proyectos, el dinero restante se dedica al mantenimiento de los edificios y a la financiación de nuevos proyectos que entren dentro del sistema. No hay duda de que el Sindicato de Casas de Alquiler es un proyecto político. Nadie debe quedarse fuera, independientemente de sus ingresos o trabajo. En las casas encontramos a jóvenes profesionales independientes que viven junto a estudiantes o parados que reciben ayudas sociales.

El único trabajador del sindicato, que además solo está contratado a media jornada, se encarga de calcular los balances financieros de los 120 proyectos en los que viven más de 1.800 personas. El resto del trabajo se realiza de forma voluntaria. En el Sindicato de Casas reciben además consultas de otros países y hay otros grupos que han comenzado a seguir su ejemplo, como la iniciativa Le Clip en Francia o Habitat en Holanda. En su web tienen una sección en español en la que por desgracia aún no hay mucha información.