Señora Pilar Sol (@pilar3sol),

Después del revuelo mediático que provocó su intervención del pasado lunes en la Comisión de Política Social y Ocupación de las Cortes Valencianas al afirmar que “hay casos de familias que estaban en situaciones de necesidad y a lo mejor luego se compraban una televisión de plasma”, he hecho tres cosas. La primera, buscar el vídeo de su intervención en el archivo audiovisual de las Cortes para asegurarme de que lo que afirmaban los medios era cierto. Y lo es. La segunda, leer con atención el texto de la Ley 9/2007, de 12 de marzo, de la Generalitat, de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) de la Comunitat Valenciana.

Tras leerlo por dos veces, no encuentro ningún artículo en el que se afirme que un beneficiario de la RGC no pueda comprarse una televisión de plasma. Leo después el modelo del Plan Familiar de Inserción que deben comprometerse a cumplir los destinatarios de la RGC y en concreto la lista de motivos por los que se puede denegar, suspender o extinguir la misma, y tampoco dice nada de las televisiones de plasma. Si no haberlo encontrado se debe a mi ignorancia a la hora de leer disposiciones legales, le pido encarecidamente que corrija mi error.

Dado que los medios de comunicación también se han hecho eco de sus presuntas disculpas a través de una conocida red social, lo tercero ha sido buscarlas. Y transcribo lo que usted ha dicho: “Mi máximo respeto y apoyo a la gente que necesita RGC; el ejemplo citado ha sido UNA irregularidad detectada que perjudica a los más necesitados”.

De nuevo leo por dos veces, y no encuentro las disculpas por ningún lado. Lo único que entiendo es que usted se reafirma en que el hecho de que un beneficiario de la RGC se compre una televisión de plasma es UNA irregularidad.

Señora Sol, a usted puede parecerle fatal que un pobre de solemnidad tenga televisión. Yo también preferiría que no la tuvieran, ni los pobres ni los ricos, así sería mucho más complicado adoctrinarlos con mensajes reiterativos que hacen que las mentiras repetidas mil veces a través de los tubos de rayos catódicos (perdón que las de plasma ya no tienen estas cosas) parezcan verdades.

Pero resulta que a mí también me parece fatal que una diputada autonómica lleve a gala que su padre fuera alcalde franquista y, como no hay ninguna disposición legal que lo prohíba, me lo tengo que comer. Y por si no le ha quedado claro, repito la idea. El problema no es que su padre fuera alcalde franquista. Los hijos (y las hijas) no deben pagar por los pecados de sus padres (ni de sus madres). El problema es que usted lo lleve a gala. Si tuviera un mínimo de pudor democrático, después de afirmar en una entrevista que su padre fue “alcalde de Aigües, en la época de Franco” tal vez hubiera debido pedir perdón por la barbarie de ese régimen dictatorial con el que su padre colaboró.

Por lo demás, mientras que la legislación vigente no lo impida, creo que los pobres tienen el mismo derecho que los ricos a gastarse su dinero (y una prestación recibida cuando se cumplen las condiciones requeridas es SU dinero) como les venga en gana. Bastante humillante debe ser tener a un funcionario que husmea en qué lo gastan. ¿Estaría usted dispuesta a contarnos con pelos y señales en qué se gasta los ingresos que percibe como diputada autonómica?

John McCarthy, pionero de la Inteligencia Artificial

Recuerda Belén Gopegui, en su expléndida novela “Quédate este día y esta noche conmigo”, el escepticismo que uno de los padres de la Inteligencia Artificial, John McCarthy, mostraba hace años hacia muchas de las innovaciones que se proponían desde Sillicon Valley. Seguramente no sea un gran aporte histórico darle una página web a una tostadora, pero como decía McCarthy, hay ciertas innovaciones que pueden suponer una diferencia sustancial en la vida humana.

Es obvio que no podemos evitar que un emprendedor visionario quiera dedicar su talento y sus recursos a crear páginas web para tostadoras. Ni limitar que acaudalados hombres de negocios sean generosos en rondas de inversión para financiar el desarrollo de esas webs. Pero, ¿es este el tipo de emprendimiento que debe promoverse desde las políticas públicas de innovación?

Evado conscientemente una pregunta previa; la de si desde la administración deberían promoverse políticas públicas de innovación y emprendimiento. Desde sectores neoliberales se argumenta que no, que el mejor agente para promover innovación y emprendimiento es la empresa privada (aunque luego busquen desaforadamente los recursos públicos para financiar su esfuerzo innovador). La respuesta a esta pregunta está magnificamente respondida por Mariana Mazzucato en su libro “El Estado emprendedor” en el que demuestra fehacientemente que el Estado es la organización más emprendedora del mercado y la que asume inversiones de mayor riesgo.

Siendo así, ¿qué apuestas en innovación y emprendimiento deberían promoverse desde las políticas públicas? La respuesta la daba el propio McCarthy en su ya famosa sentencia: las que supongan una diferencia sustancial en la vida humana. Conviene, por tanto, como ha afirmado en reiteradas ocasiones la Comisionada de Tecnología e Innovación Digital del Ayuntamiento de Barcelona, Francesca Bria, abandonar un modelo en el que se pone por delante la tecnología, y pensar primero en la ciudadanía y en sus necesidades.

Nuestro territorio, y la ciudadanía que lo habita, se enfrenta a grandes retos. El acceso a una vivienda digna y adecuada -derecho, por otro lado, recogido en el artículo 47 de nuestra sacrosanta Constitución- es uno de ellos. Compatibilizar el derecho a circular libremente -como se recoge en el artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos- con los derechos a un medio ambiente seguro y saludable, un alto estándar de salud, y un desarrollo ecológicamente sustentable –recogidos igualmente en los tratados básicos de derechos humanos- es otro que nos lleva a buscar necesariamente modelos de movilidad sostenible. La lucha contra la pobreza energética (y el acceso garantizado al agua y la energía necesarias para una vida digna), el acceso a una alimentación saludable, el envejecimiento poblacional y el acceso democrático a la cultura son otros no menos relevantes.

¿Por qué no focalizar entonces los esfuerzos públicos de apoyo al emprendimiento en la búsqueda de soluciones innovadoras para estos retos? Desde una lógica de coherencia de políticas, parece una respuesta evidente. Resultaría absurdo promover una política pública de lucha contra el Cambio Climático a la vez que se promueve otra de impulso del uso del vehículo particular emisor de CO2. Igual de absurdo que apostar por una política alimentaria saludable basada en alimentos de proximidad a la vez que se promociona la destrucción de la huerta, espacio natural para la producción de esos alimentos de proximidad. Sin embargo, en el ámbito del emprendimiento no parece ser contradictorio impulsar una política pública que favorezca el acceso a la vivienda digna, con apoyar emprendimientos que favorecen los apartamentos turísticos o el uso de viviendas vacías para convertirlas en cuartos trasteros, con las lógicas consecuencias que estos emprendimientos tienen sobre el acceso a la vivienda digna.

Si conseguimos elevar la mirada más allá del autodenominado “ecosistema emprendedor” identificaremos multitud de iniciativas que apuestan, desde lógicas innovadoras, por solucionar los retos mencionados y otros no mencionados pero de igual importancia. Iniciativas que podrían multiplicar su impacto positivo sobre la sociedad si dispusieran -como disponen otros tipos de emprendimiento- de espacios de trabajo compartido, acompañamiento, formación, financiación y acceso a los mercados (¡sí, es posible enumerar las necesidades del sector emprendedor sin recurrir al inglés!).

En definitiva, ¿apostamos por políticas públicas de apoyo a visionarios que quieren hacer webs para tostadoras o lo hacemos por apoyar a quienes buscan innovaciones que puedan suponer una diferencia sustancial para la vida humana?

La última muestra, la columna que mi admirado Julià Álvaro escribía en esta misma tribuna ayer mismo. Frente a las malas experiencias de Catalunya, Baleares o Galicia (a la que, por lo reciente, podríamos sumar la de la alcaldía de Alcoi) pone el acento en “diseñar modelos y estructuras de gobiernos de coalición que protejan su funcionamiento”.

Su propuesta surge de asumir una tesis que explicita en su columna. Que PSPV, Esquerra Unida i Compromís son fuerzas políticas progresistas. Más allá de mi incomodidad con la etiqueta (no puedo dejar de pensar que en el concepto “progresismo” subyace una idea de progreso como “desarrollo lineal creciente” que deberíamos cuestionar profundamente), es ahí dónde, en mi humilde opinión, radica la debilidad de su propuesta. Podría llegar a admitir que una parte razonable de la militancia del PSPV y una parte importante de sus votantes son de izquierdas. Pero creo que hay evidencias suficientes de que quienes controlan el aparato del partido (ya sea en el País Valenciano o en el estado español) hace tiempo que dejaron de ser de izquierdas (las y los que alguna vez lo fueron).

Asumirlo no implica necesariamente posicionarse en contra de un tripartito que desaloje al Partido Popular de la Generalitat Valenciana. Más allá de cuestiones ideológicas, los sucesivos gobiernos populares en esta tierra han llegado a niveles de putrefacción ética tales que, posiblemente, cualquier alianza para desalojar a un gobierno que se sustenta en unas Cortes plagadas de imputados e imputadas por la justicia sea, no solo conveniente, sino necesaria.

Pero para acertar en el camino, el diagnóstico debe ser adecuado y no basarse en falsas expectativas. Un tripartito como el mencionado incluiría expresiones ideológicas amplias que incluyen desde sectores de centro derecha democráticos hasta sectores de izquierda, pasando por un amplio abanico de expresiones de la socialdemocracia con mayor o menor acento en el ecologismo o lo identitario.

Agrupar todas estas expresiones bajo una etiqueta falsa de “izquierda” puede hacer pensar al electorado que da lo mismo votar a unos que a otras. Y nada más lejano a la realidad. Del apoyo electoral que tenga cada una de las fuerzas que hipotéticamente pactaran una posible alianza de gobierno dependerá el mayor o menor énfasis que cada una de las ideas que defienden tendrán en las políticas públicas.

Dibujemos por tanto el campo de juego con claridad, y que cada quien actúe en conciencia.

El ministro de educación del gobierno español, José Ignacio Wert afirmaba hace unos días que el “objetivo del gobierno era españolizar a los alumnos catalanes”. Poco después aclaraba a qué se refería: “españolizar es que un estudiante en Cataluña se sienta tan orgulloso de ser catalán como de ser español”.

Yo intento encontrar razones, señor Wert, para sentirme orgulloso de ser español. Pero su gobierno no me lo pone fácil. Tampoco me lo pondría fácil, le cuento, el gobierno del señor Artur Mas para sentirme orgulloso de ser catalán.

Tal vez tuviera algún motivo para sentirme orgulloso si su gobierno hubiera incrementado el porcentaje del PIB dedicado al gasto en salud en un veinte por cien, como ha hecho el gobierno de Rafael Correa en Ecuador desde que llegó al poder en 2006.

O si hubiera logrado mejorar el Índice de Desarrollo Humano en doce puntos, como logró el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela en la pasada década, reduciendo el coeficiente de Gini –indicador utilizado para medir la desigualdad– en otros doce puntos (en ese mismo periodo, la desigualdad en España creció dos puntos).

Quizás encontrara motivos si los dos partidos mayoritarios, en lugar de apoyar una reforma constitucional que establece el concepto de “estabilidad presupuestaria” e introduce la prioridad absoluta del pago de una deuda ilegítima, hubieran apoyado un proceso constituyente como el de Bolivia en el que, entre otras cuestiones, se consagró un estado plurinacional e intercultural, o como el de Ecuador que incorporó por primera vez en la historia los derechos de la naturaleza en un texto constitucional.

Puede que al menos encontrara alguna razón si su gobierno hubiera impulsado un proceso de recuperación de la memoria histórica y hubiera promovido, por ejemplo, la creación en el Valle de los Caídos de un Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, tal y como han hecho en Argentina los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada.

Ninguno de los mencionados gobiernos de América Latina (o de Abya Yala, como la llaman los indígenas Kuna y como prefieren hacerlo las organizaciones indígenas del continente) me parece perfecto. Es más, no tengo dudas de que el gobierno de Correa no hubiera incrementado el presupuesto de salud o el de Chávez habría reducido la desigualdad sin la presión de las organizaciones sociales. Como no tengo dudas de que el gobierno de Evo Morales ha podido dar los pasos que ha dado gracias a la fortaleza de las organizaciones indígenas que lo apoyan cuando acierta el camino y lo censuran cuando lo equivoca. Sería imposible pensar en los avances logrados en cuestión de memoria en Argentina si no existieran las organizaciones de derechos humanos que han luchado por conseguirlo desde la dictadura.

La fortaleza de las organizaciones sociales en estos países –que ya vivieron hace unas décadas el sufrimiento de la deuda externa odiosa e ilegítima y de los planes de ajuste estructural que ahora nos está haciendo sufrir en España su gobierno– son claves para la consecución de los logros mencionados. Por eso, tal como hicieron los gobiernos latinoamericanos en aquel contexto, su gobierno apuesta por criminalizar la lucha social. Considerar la resistencia pasiva un atentado a la autoridad o prohibir grabar a la policía son sólo algunos de sus intentos por reprimir lo que saben que es inevitable.

Porque hay otros caminos para construir una sociedad habitable. Los pueblos indígenas de Abya Yala nos ofrecen una propuesta con su concepto del “Buen Vivir” (Sumak Kawsay para los quichuas, Suma Qamaña para los aymaras, Ñande Reko para los guaraníes). Frente a la concepción occidental del “progreso” centrado en el ser humano, su concepción aboga por el equilibrio, la complementariedad, la vida y la armonía con la naturaleza. Frente al continuo intento de “vivir mejor” occidental, simplemente vivir bien. Y nos ofrecen un camino: organizarnos para conseguirlo.

Si de algo me puedo sentir orgulloso, señor Wert, es de las gentes que salieron a la calle el 15-M, de los jóvenes estudiantes de la llamada primavera valenciana, de las personas que rodearon el Congreso el 25-S, como me siento orgulloso de las personas que en el estado español llevan décadas organizándose para construir un mundo mejor, de las y los indígenas que se levantaron en 1990 en Ecuador para pedir un estado plurinacional, de las y los bolivianos que diez años después se levantaron en Cochabamba para impedir la privatización del agua, de las y los trabajadores sin tierra que desde hace casi tres décadas se organizaron en Brasil para luchar por la tierra o de los H.I.J.O.S, madres y abuelas que en Argentina no han permitido el olvido y la impunidad.

Me alegro sobremanera del archivo de la causa pero me preocupa que, también los jueces, se sumen al discurso de la convenida decadencia de la denominada clase política. Puestos a hablar de decadencia, tampoco estaría de más analizar la de la denominada clase judicial. Por poner un solo ejemplo, reciente y a cuenta de la misma temática, el fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce proponía en estos días “reprimir a todos aquellos que utilizan los derechos de la libertad de expresión, de reunión o de manifestación para ir más allá y socavar los cimientos del Estado de derecho”. Una sugerencia para el señor fiscal: reprima alguna reunión del Consejo de Ministros o del Consejo General del Poder Judicial. No se me ocurre reunión en los últimos tiempos que socave de manera más grave los cimientos del Estado de derecho. ¿O sí? Tal vez alguna de esas reuniones en la que los dueños de las grandes empresas se reunen para –según la agenda pública– buscar soluciones a la crisis y –según la agenda no publicada– para buscar maneras de seguir exprimiendo a la clase trabajadora (nótese que en este caso no antepongo la palabra denominada a la palabra clase).

Me preocupa que sea un juez el que lo diga, pero me preocupa especialmente que ese discurso, el de la decadencia de la denominada clase política, se extienda como la pólvora entre aquellos que salen a la calle a protestar porque la situación es insostenible. Porque no creo en ese concepto, el de clase política. Del mismo modo que no tengo dudas de que grandes empresarios y financieros conforman una clase, homogénea y con intereses comunes, estoy convencido de que los políticos (y las políticas) no la conforman. Los hay que defienden los intereses de esa clase denominante, y tristemente son la mayoría, pero también los hay que defienden (con errores a veces, por qué no reconocerlo) los de la clase trabajadora.

Meterlos a todos (y a todas) en un mismo saco beneficia, sin dudas, a una de las dos clases. Y no precisamente a la trabajadora. Escuchar los discursos incendiarios contra la denominada clase política en tertulias televisivas de la extrema derecha es absolutamente esclarecedor. Que la Secretaria General del Partido Popular no haya presupuestado salario para los diputados autonómicos de la Comunidad que preside también.

Como explicaba de manera acertada Julià Álvaro hace unos días en esta misma tribuna, la solución a la enorme estafa a la que han convenido en denominar crisis es política. Denigrar a la denominada clase política como un todo, sin ser consciente que en su seno están quien defienden los intereses de las clases sociales realmente existentes y en lucha, es hacer el caldo gordo a los que en sus reuniones no publicadas se frotan las manos pensando en como exprimirnos la próxima gota de sudor.

El pasado jueves 27 de septiembre el Conseller de Justicia y Bienestar Social Jorge Cabré dio el tiro de gracia a la moribunda política de cooperación internacional del gobierno valenciano. Lo hizo en la Comisión de Política Social y Empleo, en una escueta comparecencia a petición del grupo parlamentario Compromís para explicar el cumplimiento del Pacto Valenciano contra la Pobreza.

En resumen, y es complicado resumir una comparecencia de apenas dos minutos, vino a decir que en tiempos de crisis hay que reorientar la solidaridad hacia los valencianos y que no se puede “seguir exportando tanta solidaridad”. Eso sí, según el señor Cabré, el Pacto Valenciano contra la Pobreza sigue teniendo absoluta vigencia.

Habría que recordarle al señor Cabré, por si no lo ha leído, que ese Pacto que su partido firmó en mayo de 2009, cuando la crisis ya había enseñado algo más que la patita, afirma que “existe un imperativo ético, social, político, y económico, así como la posibilidad de medios reales a nuestro alcance para lograr el objetivo de erradicar la pobreza en el mundo mediante la acción enérgica y responsable de la cooperación internacional y local”.

También habría que recordarle —porque pareciera que tampoco lo ha leído— que en el programa electoral con el que su partido concurrió a las elecciones autonómicas en mayo de 2011 —y ahí la crisis ya había enseñado las dos patitas, los dos brazos y el cuerpo entero— se comprometía a destinar el 0’7% del presupuesto de la Generalitat Valenciana a acciones de cooperación al desarrollo.

El Partido Popular mintió en su programa electoral. Nunca se ha acercado a ese porcentaje. Nada que deba sorprendernos. Ha venido mintiendo año tras año cada vez que elaboraba los presupuestos de la Generalitat. En la pasada legislatura, el gasto ejecutado en cooperación al desarrollo al finalizar el año estuvo en promedio por debajo del 50% respecto a lo que planificaba en los presupuestos a principio de año. En el año 2010, el último del que se dispone de datos oficiales, únicamente ejecutó un 28% de lo presupuestado. O mienten, o son unos verdaderos incompetentes planificando. Y en cualquiera de los dos casos, alguien debería dimitir.

Aunque imagino que el Conseller Cabré debe pensar que si su antecesor en el ramo, el ínclito Rafael Blasco, no ha dimitido cuando hay indicios evidentes de su presunta (por supuesto) participación en una trama dirigida a robar dinero destinado a la cooperación con los países empobrecidos para comprar, entre otras cosas, pisos en Valencia y en Miami, ¿por qué debería dimitir él? ¿Imperativos éticos? No sabe, no contesta.

En este contexto, como informaba eldiario.es la semana pasada, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha publicado una convocatoria de subvenciones dirigida a fundaciones y asociaciones dependientes de partidos políticos con representación parlamentaria en el ámbito estatal para difundir en el exterior los valores de la democracia española. ¡Para echarse a temblar!