“Los bonos del Banco Popular y los Valores Santander son productos análogos. Por lo tanto, los Valores Santander merecen también la calificación de complejos y arriesgados”. Este es uno de los principales argumentos que ha esgrimido la Audiencia Provincial de Cantabria en una nueva sentencia que reconoce la nulidad de la venta de Valores Santander para una pareja de afectados representados por el despacho Sarabia & Asociados, miembro de la red Denunciascolectivas.com

Este argumento ha servido para que los demandantes de este caso consigan la restitución de las cantidades invertidas en los bonos Valores Santander, pero la sentencia además puede suponer un punto de inflexión en la jurisprudencia sobre este producto financiero, que según explican desde Denuncias Colectivas podría beneficiar a otros afectados.

La importancia de asimilar la emisión de los bonos convertibles que Banco Santander emitió en 2007 con la realizada por Banco Popular dos años después, es que el riesgo y la complejidad de esta última ha sido ratificada por el Tribunal Supremo en una sentencia del 17 de junio de 2016, algo que nunca ha ocurrido con los Valores Santander. “El Banco Santander ha frenado cualquier intento de que las demandas pasaran al Tribunal Supremo para evitar la posibilidad de que la máxima instancia de la Justicia española sentara jurisprudencia sobre este caso”, explica Javier Gaston, portavoz de Denunciascolectivas.com

El reconocimiento por parte del Tribunal Supremo del riesgo asociado a los bonos convertibles de Banco Popular ha marcado la pauta para todas las demandas relacionadas con ese caso y desde entonces la gran mayoría de los demandantes está consiguiendo la restitución del dinero invertido. No sucede igual con los afectados por la comercialización de Valores Santander donde la casuística está muy ligada al juzgado en el que se están juzgando cada una de las causas. “Este nuevo criterio puede servir para clarificar algo el tratamiento de los Valores Santander, que es uno de los productos en los que más disparidad de criterio judicial estamos encontrando”, asegura Patricia Suárez, presidenta de la asociación de afectados por fraudes financieros Asufin.  

Además, la sentencia dictada por  la Audiencia Provincial de Cantabria, asegura que Banco Santander también incumplió con el deber de informar adecuadamente del riego de Valores Santander, a pesar de que en 2007, año en que éstos se vendieron, todavía no estaba en vigor en España la normativa Europea de Protección a los clientes minoristas MIFID. “Este deber no surge ex novo por la transposición al derecho nacional de la Directiva MIFID (directiva  2004/39/CE de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros) [...] sino que ya lo establecía la normativa anterior (Ley 24/1988, de 28 de julio) que es la aplicable en este caso”, refleja la sentencia.

No es el único varapalo contra los intereses de Banco Santander que recoge el texto. Además, esta sentencia hace una interpretación muy abierta del perfil de los afectados que podrían esgrimir falta de información adecuada para la adquisición del producto (lo que jurídicamente se conoce como vicio de consentimiento).

En un principio, solo los clientes con poca formación y escaso historial de inversiones financieras suelen tener posibilidades de que un juez acepte este argumento. Pero según lo que acaba reflejar la Audiencia Provincial de Cantabria, incluso empresarios y personas con formación económica podrían también ser incluidas.

La sentencia asegura: “Es oportuno señalar que ante supuestos de incumplimiento del deber de información la jurisprudencia ha tenido la oportunidad de señalar que el hecho de ser una sociedad mercantil, el administrador de la misma, un simple empresario, un licenciado en económicas, un contable o poseer un considerable patrimonio o haber realizado otras inversiones con anterioridad, no son circunstancias que determinen necesariamente que se trate de clientes expertos en inversiones y con conocimientos especializados en productos financieros complejos y arriesgados que puedan excluir la existencia de error o considerar que el mismo fue excusable”.

“Esto implica que incluso empresas y profesionales que hasta ahora ni se habían planteado acudir a la justicia por este asunto, pueden ahora plantearse esa posibilidad con un mayor respaldo jurídico”, asegura Javier Gaston.

El plazo para demandar se agota

El próximo día 4 de octubre se cumplen cuatro años desde la fecha en la que se produjo la conversión obligatoria de los Valores Santander en acciones.

Esto significa que en poco más de una semana vence el tiempo marcado por la ley para poder demandar. “Pasado ese momento, queda algún resquicio legal para poder demandar, pero es muy complicado. Por lo tanto, todos los afectados debería aprovechar estos días para tratar de recuperar sus inversiones fallidas”, explica Javier Gastón.

El pasado día 9, unas horas antes de que comenzara la campaña electoral, Pablo Iglesias, el candidato a presidente de Podemos, lanzaba un tweet denunciando el “abuso de los bancos” con el IRPH y llamaba a la acción para escuchar a los afectados. Rafa Mayoral y Alberto Garzón también se sumaron ese día al hagstag #IRPHEstafa y a la difusión de un vídeo de protesta lanzado por colectivo IRPH Stop Guipuzkoa.

Probablemente muchos de los seguidores del líder de Unidos Podemos ni siquiera sabían de qué hablaba. Es lógico, porque el IRPH es uno los conflictos entre consumidores y banca más desconocidos. En alguna ocasión, en eldiario.es hemos identificado al IRPH como el “euríbor caro”, ya que se trata de un índice similar al famoso indicador de referencia de las hipotecas. Su uso se generalizó en 2008 cuando el euríbor escaló a máximos históricos. Entonces, los bancos españoles comenzaron a ofrecer un índice diferente y, en aquel momento, mucho más barato al que ligar las hipotecas y calcular sus intereses. Se estima que alrededor del 13% de las hipotecas españolas están ligadas a algún tipo de IRPH.

Este índice se calcula en base al precio al que se prestan las entidades financieras, aunque en este caso solo se tienen en cuenta las españolas. Las cosas se torcieron cuando el euríbor comenzó a bajar y ese 13% de hipotecados detectó que su carga de intereses no se reducía con tanta alegría como anunciaban los telediarios. Mientras el euríbor entró en caída libre, el IRPH apenas se ha movido. En la actualidad, el IRPH cotiza en torno al 2,030%, frente al interés negativo (-0,026%) que marca el euríbor.

El apoyo oficial de Unidos Podemos a las reivindicaciones de los afectados, más allá del rédito electoral evidente, llega en un momento de inflexión para los hipotecados que han decidido reclamar la nulidad de este índice ante los tribunales.

La Audiencia Provincial de Álava, el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, el de Avilés o el Mercantil número tres de Castellón están entre la decena larga de jueces que han dictado sentencia declarando nulo el IRPH. Un goteo de resoluciones que no era nada habitual desde que las primeras denuncias por IRPH llegaron a los juzgados allá por 2013.

“Los jueces están empezando a equiparar la utilización de este índice hipotecario como una cláusula abusiva como las cláusulas suelo”, explica Javier Gascón, abogado de la plataforma DenunciasColectivas.com

Un buen ejemplo de esto es la sentencia dictada a favor de una afectada representada por este colectivo en el Juzgado número 3 de Primera Instancia de Castellón. La magistrada Elisa Marti Vilache ha declarado nula la cláusula en la que liga la hipoteca al índice IRPH y obliga a la entidad financiera, CaixaBank, a restituir todos los intereses cobrados de más a la demandante.

Lo más destacado de esta decisión es que para sustentar su argumentación cita sentencias referidas a las cláusulas suelo. Y como en aquellas, se basa en la falta de transparencia y en la escasa información sobre la naturaleza y riesgos que implicaba este índice para justificar su nulidad. Si es o no manipulable no parece tener peso en su decisión.

“Esta falta de transparencia es generalizada entre la mayoría de los afectados por cláusulas suelo y estamos detectando que los jueces cada vez son más sensibles a esta justificación. Hasta tal punto que creemos que este frente puede convertirse en unas cláusulas suelo, segunda parte”, asegura Gascón.

Demostrar un complot

En resumen, esta tendencia simplifica mucho tanto las reclamaciones como la compresión de los jueces de los casos. Hasta hace poco, los afectados que demandaban al banco por sentirse estafados con la inclusión de este índice se enfrentaban al reto de que el juez reconociera una especie de complot bancario. Algo que no es fácil.

Porque al IRPH le ha ocurrido en el terreno judicial lo mismo que a muchos productos financieros complejos; que los jueces no lo entendían. Las primeras reclamaciones de afectados surgieron después de que en 2009, la Unión Europea pidiera a España la supresión de este índice por ser susceptible de manipulación. El Gobierno lo modificó y unificó las tres versiones existentes en un único índice, el IRPH entidades, que es el que actualmente está operativo.

Los abogados que lideran el colectivo IRPH Stop Guipuzkoa, Maite Ortiz y José María Erauskin, pioneros en España en esta reivindicación junto a algunos de los miembros del actual equipo de Podemos, llegaron a conseguir que el propio Banco de España reconociese que el IRPH era influenciable. El motivo es simple. Dadas las pocas entidades que se consultaban para hacer la media que calcula el índice, cualquier movimiento intencionado o no en sus decisiones de subir o bajar tipos impactaba directamente en el resultado final.

En el juzgado número 1 de San Sebastián se llegaron a emitir más de 30 sentencias afirmando este supuesto, aunque luego la Audiencia Provincial les quitó la razón. No ha ocurrido igual en audiencias de otras provincias como Castellón o Guadalajara. Una disparidad de criterio judicial que es muy similar a la que se ha dado con las cláusulas suelo.

Durante los últimos años esto ha llevado a un importante enfrentamiento, no solo judicial sino también político, entre las plataformas de afectados y, sobre todo, Kutxabank, la entidad financiera que más hipotecas emitió ligadas a este tipo de índices. Los afectados han llegado a llevar el caso al Parlamento Vasco, pero la entidad ha hecho caso omiso de la petición y el caso ha llegado al Tribunal Supremo, cuyas sentencias sientan jurisprudencia.

“Eso es justo lo que estaba evitando el resto de entidades, que prefieren pagar el dinero cobrado de más a los escasos demandantes que hasta ahora se han atrevido a ir juicio y evitar que ocurra como con las cláusulas suelo y una sentencia del Supremo obligue a aplicar la devolución retroactiva a todos los clientes”, asegura el abogado portavoz de Denunciascolectivas.com

Según las estimaciones de esta plataforma, “cada propietario de una hipoteca ligada al IRPH debería recibir una devolución por intereses pagados de más de alrededor de 15.000 euros, casi 4.000 euros más que lo que reciben los que consiguen la anulación con retroactividad completa por una cláusula suelo”.

El subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, ha vuelto a insistir este jueves en que las entidades financieras españolas deben acometer una nueva ronda de fusiones, un proceso que, según el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, puede incrementar los costes para los usuarios.

Casi un año después y en el mismo marco, las jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, el subgobernador del Banco de España ha vuelto a pedir a las entidades financieras españolas que aborden un nuevo proceso de fusiones para solucionar los problemas de solvencia que tienen en estos momentos algunas de ellas.

Preguntado por la demora de este proceso, que él lleva un año intentando incentivar, Restoy ha reconocido que es cierto que en este momento “las turbulencias financieras actuales no son el terreno más propicio para abordar una fusión”, pero que aún así es “claramente una solución que deben barajar las entidades que tienen más debilidades en sus balances”. Considera Restoy que “en España todavía hay margen para una mayor concentración financiera”, aunque la media está ligeramente por encima de la media de la Unión Europea.

Horas antes, en el mismo evento, el presidente de la CNMC ha sugerido que a medida que se reduce el número de operadores del sector financiero, se incrementan los costes para los clientes, al igual que ha ocurrido con las telecomunicaciones: “¿Cuántas compañías de telecomunicaciones caben en España? Había cinco, luego cuatro y ahora tres, un número que pone de los nervios a cualquier autoridad de competencia. Y estamos viendo subidas de precios desde que son tres compañías. La reflexión para los bancos es la misma”, ha dicho Marín Quemada.

Restoy ha evitado nombrar a ninguna entidad, entre otras cosas, porque, ha asegurado, la etapa en la que el supervisor se dedicaba a indicar las fusiones es historia. “Aquí ya nadie se va a encargar de casar a nadie con nadie”, ha dicho. “Esto no es el dirigismo de reemplazar a la junta de accionistas de los bancos. Esto ha dejado de ser una práctica supervisora a nivel general. Se ha comprobado que solo si las fusiones se hacen pensando en la rentabilidad de los accionistas tienen futuro”, ha insistido.

Fusiones paneuropeas

El proceso de fusión nacional sería solo una antesala de lo que según Restoy debe ser el futuro del sector europeo. “Debemos ir a un proceso de fusiones paneuropeas porque así se romperá el actual riesgo que liga la situación económica de los países y la salud de su sistema financiero”. Asegura el subgobernador del Banco de España que los bancos transfronterizos serían la mejor de las confirmaciones de que la unión bancaria y monetaria está siendo un éxito. Sobre todo, evitarían situaciones como las vividas durante la crisis de la deuda soberana, en la que los problemas de un país afectan directamente a todo su sistema financiero.

Preguntado por las voces que piden su imputación como responsable de la salida a bolsa de Bankia, Restoy no ha querido entrar en el tema “por estar judicializado” pero sí ha dicho que en ningún caso cree que sea un “ataque personal”. En esta línea, ha hecho repaso a la colaboración entre el Banco de España y el Ministerio de Economía durante los últimos cuatro años y asegura que “dadas las dificultades financieras y regulatorias a las que se han enfrentado ha sido muy fructífera”.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, se ha querido desentender este jueves del apoyo que su entidad prestó a la asociación de consumidores Ausbanc, cuyo líder, Luis de Pineda, está en prisión desde abril por supuestos delitos de extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, fraude en subvenciones, estafa y administración desleal.

Durante su intervención en Santander en las jornadas organizadas por la APIE con la colaboración de la UIMP y BBVA bajo el epígrafe “¿Qué hemos aprendido de la crisis?, Goirigolzarri ha asegurado que no aplicó los criterios éticos y de transparencia que rigen su mandato en Bankia porque desconocía la extorsión que practicaba la organización de Pineda.

El presidente de Bankia, visiblemente incómodo ante esta pregunta, ha insistido en que la inversión publicitaria de Bankia durante su mandato siempre ha respondido “a criterios profesionales”. Goirigolzarri provenía de BBVA, el primer banco que denunció las políticas extorsionadoras que Ausbanc había desarrollado con todas las entidades financieras españolas desde los años ochenta del siglo pasado.

Sin provisiones por las demandas de institucionales

El presidente de Bankia también ha asegurado que todavía no tiene ni siquiera la confirmación oficial de la demanda que Iberdrola ha puesto para reclamar su inversión en la salida a bolsa en julio de 2011. En cualquier caso, ha descartado que Bankia vaya a provisionar en sus cuentas el dinero que los inversores institucionales inyectaron en la entidad, unos 1.237 millones de euros.

“Somos unos gestores muy prudentes. Teníamos provisionada la inversión de los minoristas incluso antes de la sentencia del Tribunal Supremo”, ha comentado, pero en esta ocasión ha explicado que solo tiene demandas por 25 millones de euros y también “una posición muy sólida” para enfrentarse a estas reclamaciones.

Pero en caso de tener que hacerlo, Goirigolzarri ha sido tajante. “Aunque tuviéramos que provisionar todo, seguiríamos teniendo el mayor nivel de solvencia de toda la banca española”

No a un banco público

Goirigolzarri se ha mostrado contrario a la idea de que Bankia deba convertirse en un banco público, en línea con la propuesta de Unidos Podemos. “Me sorprende la poca memoria que tenemos”, aseguró al referirse al impacto que la gestión de los políticos ha tenido en entidades financieras como Caja Madrid. Descartó el supuesto efecto positivo de que la banca pública pueda tener en las fases bajistas de los ciclos económicos para seguir ofreciendo crédito cuando la situación de un país no lo permite. No considera Goirigolzarri que la banca pública pueda ser utilizada como “instrumento de política económica”. “No conozco ningún banco comercial, con un tamaño relevante, que sea público y sostenible”, aseguró.

Bajo este criterio, el presidente de Bankia considera que la única fórmula para que Bankia pueda devolver los 22.500 millones de ayudas públicas que ha recibido es aplicar una gestión profesionalizada. El directivo explicó que ya se han recuperado 1.627 millones con la privatización de parte del capital y los dos dividendos repartidos. Ha ligado la devolución del resto del dinero a “la evolución de la economía, la situación de los mercados y también del momento y la forma en que los propietarios de la entidad decidan sobre su privatización”. E insistió en que el proceso “debe ser muy respetuoso con los accionistas”.

Entre esas decisiones estratégicas también habló de una posible fusión con BMN, otra de las entidades nacionalizadas. Aunque negó que haya conversaciones actualmente, sí considera que “la operación tiene sentido, porque son entidades complementarias y con una estrategia de negocio muy clara”. Pero también ha recordado el riesgo y el coste que tienen los procesos de consolidación bancaria, tanto desde el punto de vista de asumir indemnizaciones como de la necesidad de contar con gestores del alto perfil profesional.

Bankia, cuyo mayor accionista es todavía el Estado, considera que no debe incluir en su estrategia de negocio un trato diferenciado a clientes con problemas económicos agudos. José Ignacio Goirigolzarri considera que los casos extremos deben ser remitidos a la atención asistencial.

Las irregularidades en la comercialización de Valores Santander no se circunscriben al momento de la colocación inicial del producto en septiembre de 2007. En el informe sobre el caso, que la Fiscalía ha presentado al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, también se constata que continuaron incluso entre uno y dos años después. En ese momento ya estaba plenamente operativa la Ley del Mercado de Valores que reforzaba la protección de los inversores.

La CNMV detectó que Banco Santander había creado en 2008 una suerte de “Mercado Electrónico de Renta Fija” interno en el que se casaban las demandas de venta de propietarios de sus bonos convertibles Valores Santander con órdenes de compra de nuevos clientes supuestamente interesados en ese producto de riesgo cuyo precio en el mercado ya no era el nominal que se mostraba en los bonos.

El resultado de aquella investigación propició que el organismo presidido por Elvira Rodríguez solicitara una sanción muy grave con multa de casi siete millones de euros, que ha sido ratificada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Hasta ahora se desconocía la causa de la multa que trasciende en el documento de Fiscalía al que ha tenido acceso eldiario.es.

La operativa recuerda mucho a la de Caja Madrid con las preferentes, para las que organizó un mercado interno muy similar en la que se vendían estos productos a clientes por un precio muy superior al del mercado.

Las contradicciones a la hora de explicar cómo se gestionó este mercado interno han sido palpables, aseguran las fiscales, también a lo largo de la instrucción del caso de la querella penal contra Banco Santander en la Audiencia.

El banco vendió Valores Santander al 100% de su precio nominal (el precio que pone en el papel de emisión original) cuando su cotización en el mercado ya estaba por debajo.

Los perjudicados por este engaño masivo fueron 3.300 clientes con transacciones valoradas en 48 millones de euros. La gran mayoría eran clientes de las oficinas ubicadas en las zonas de Alcorcón, Córdoba, Alcobendas, Sanlúcar de Barrameda, Madrid y Santo Domingo de la Calzada.

Un error en la red comercial

Un error en la red comercialJuan de Dios Fontecha, en su momento máximo responsable del Área de Tecnología y Operaciones de Banca Comercial, de donde partió la orden a todas las Direcciones Territoriales de la red sobre cómo efectuar la compraventa de Valores Santander, compareció como imputado en la causa penal abierta el 15 de mayo de 2015. En su declaración atribuyó la diferencia en el precio de venta a “un error en la red comercial” descargando así la culpa sobre los trabajadores del banco. Su testimonio está en línea con la opinión del Ministerio Público, que también exculpa a la cúpula para señalar a los trabajadores como responsables de las irregularidades.

En el informe de la CMNV consta que el error en la red fue la explicación que proporcionó Banco Santander en mayo de 2009. En julio de ese mismo año, Banco Santander fue más preciso en la definición del “error operativo” e identificó su origen en “una mala interpretación por parte de algunas oficinas de las instrucciones operativas sobre la realización de compraventas de Valores Santander reconociendo que se había generado un perjuicio para determinados clientes”.

Es en ese momento cuando la entidad se compromete a resarcir el daño asegurando que a los clientes afectados se les reembolsaría “la diferencia entre el precio de mercado en la fecha de la aplicación y el 100% mediante ingreso en cuenta con la misma fecha valor que el adeudo”.

En algunos emails enviados a los directores de las oficinas y a los que ha tenido acceso eldiario.es se pide que se casara al mismo precio “normalmente al 100%”.

La CNMV constató que de todas las operaciones de compra venta registrada entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de junio de 2009, solo 11 se habían vendido al precio real del mercado. Todas las demás estaban sobrevaloradas. Eso implicaba una diferencia entre el precio de mercado y el de compra se estimó en unos 14 millones de euros, de los cuales Banco Santander ha compensado 10 millones.

La constatación de esta irregularidad no es considerada suficiente por la Fiscalía para culpar penalmente a la cúpula de banco por el proceso de comercialización de sus Valores Santander.

“El conjunto de datos recabados a través de la instrucción conduce a descartar la relevancia penal de la conducta de la cúpula directiva de Banco Santander en la comercialización de los Valores Santander”. Esa es una de las valoraciones que recoge el informe que las fiscales de la Audiencia Nacional, Belén Suárez y Myriam Segura, remitieron el pasado 9 de mayo al juez Ismael Moreno que instruye la causa penal contra Banco Santander por la comercialización en 2007 de los bonos convertibles (conocidos como Valores Santander).

Consideran las fiscales, que no es posible probar, con garantías legales, que la dirección de Banco Santander tuviera intención de perjudicar de forma generalizada los intereses de sus clientes cuando diseñó la emisión de los bonos convertibles (Valores Santander) con el objetivo de financiar la compra del banco holandés ABN Amro.

El producto era complejo ya que en su estructura estaban implícitos productos derivados. Banco Santander lanzó una emisión de bonos convertibles de 7.000 millones de euros en octubre de 2007 para financiar la compra del banco holandés ABN Amro. Los bonos se convertían en acciones en 2012, pero el precio de conversión ligado a complicados condicionantes impedía que los 129.000 clientes que lo adquirieron supieran con exactitud la cuantía. El resultado final llevó a pérdidas del 55% del valor original de la inversión, sin tener en cuenta los intereses cobrados. 

Hasta 150 clientes afectados llevaron ante la Audiencia Nacional el caso. Ahora la fiscalía no considera posible probar que Banco Santander tuviera intención de causar pérdidas en la inversión de sus clientes. La práctica habitual del banco ha sido llegar a acuerdos extrajudiciales con los clientes, aunque un puñado de ellos ha optado por poner su situación en manos de la Justicia.

La posición de la Fiscalía está en línea con la defensa de la entidad que asegura que esas pérdidas fueron resultado de la crisis financiera y nunca podían haberse previsto. Por su parte, los afectados aseguran que el precio final de conversión como el proceso de colocación de los bonos estuvo presidido por una intención generalizada de captar dinero de clientes que no tenían ni información ni capacidad para discernir el riesgo financiero que asumían. 

En esta línea, el informe de las fiscales constata que hubo numerosas irregularidades, pero considera que dada su elevada casuística los posibles delitos penales o civiles derivados de esas actuaciones debe juzgarse de manera separada en cada caso, y recomienda hasta en tres ocasiones que se trasladen las causas a los juzgados administrativamente correspondientes a cada caso.

La Fiscalía concluye que la ausencia de culpa penal de la directiva del banco “no excluye las responsabilidades civiles o administrativas por las deficiencias detectadas en la comercialización de los Valores Santander ni la responsabilidad civil de Banco Santander derivada de eventuales delitos que pudieran haber cometido concretos empleados de la entidad en la comercialización de los Valores Santander, en atención a los deberes de control que pesan sobre la misma en virtud de la normativa administrativa de protección de los usuarios de servicios financieros”. En este sentido, emplaza a los afectados a reclamar de forma individual en los juzgados correspondientes.

Entre las pruebas que han barajado las fiscales para llegar a sus conclusiones está el informe que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMNV) realizó para sustentar la histórica multa, de casi 17 millones de euros, que solicitó en febrero de 2014. Hasta ahora, el contenido de este informe era desconocido para el gran público porque la CNMV identifica a los destinatarios de sus sanciones cuando son graves o muy graves, pero nunca revela los detalles en los que se ha basado la investigación.

“Una generalidad de inversores y situaciones”

“Una generalidad de inversores y situaciones”En el informe de las fiscales se recoge una cita textual del informe de la CNMV: “No se trata de un incumplimiento puntual o aislado, sino que afecta a una generalidad de inversores y situaciones para las que en ningún caso se ha podido aportar evidencia alguna del cumplimiento de la obligación de informarse sobre la experiencia, situación financiera y objetivos del cliente”.

La CNMV también identificó como generalizadas prácticas que ya han recibido sentencias judiciales y que este medio ha ido desgranando. Entre ellas, que no se informó adecuadamente a sus clientes de los riesgos que implicaba el producto y que muchos de los 129.000 afectados compraron pensando en que tenían garantizada su inversión.

A favor de Banco Santander juega que la emisión de Valores Santander se realizó en 2007, cuando todavía no había entrado en vigor la normativa europea de protección de los inversores Mifid y, por tanto, las exigencias de información eran más relajadas. Eso ha permitido que la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional deje sin efecto parte de la multa que en su momento solicitó la CNMV.

Otra de las irregularidades reflejadas por la CNMV y también por las fiscales es la práctica de vender el producto financiero antes de la fecha en que el folleto fue aprobado por el regulador. Las fiscales hacen especial referencia a la existencia de anotaciones manuscritas sobre los documentos originales, un engaño que fue generalizado al menos en la oficina de Santo Domingo de la Calzada, (La Rioja) a cuyos afectados remiten directamente al Juzgado Decano de Haro, por ser el competente para determinar si hubo o no delito.

El motivo es que la abogada que representa a estos demandantes, Gisela Bernáldez, ha aportado pruebas contundentes que muestran que los registros de las operaciones se realizaban con órdenes en firme, y en la Audiencia Nacional se comprobó que manualmente se alteraban las fechas. Dado que esta manipulación fue generalizada en esa oficina, las fiscales piden trasladar este caso en bloque a los juzgados de Haro. Para todos los demás, la recomendación es de iniciar los procesos judiciales por separado.

Cerrar el caso o seguir investigando

Cerrar el caso o seguir investigandoCon este informe en su poder, ahora el juez Ismael Moreno tiene unas pocas semanas para decidir si finaliza la instrucción o continúa con ella. Según la última reforma judicial, el plazo para terminar la instrucción de este caso termina el próximo 6 de junio.

Para poder ampliarla es necesario solicitar una declaración de complejidad, un trámite que, pese a las conclusiones de su informe, las fiscales realizaron días después de su presentación. De ser así, habría tiempo para valorar otras diligencias de instrucción solicitadas por los afectados que han quedado pendientes desde declaraciones de imputados, hasta la aportación de determinadas pruebas.

Año 2006. Una transferencia de 632.338,10 euros procedente de un banco en Suiza hace saltar las alarmas en el área de riesgos de La Caixa. Este es el momento inicial de una investigación que, tras diez años de trabajo desenredando una enorme maraña de sociedades y movimientos cruzados de dinero, ha enviado al responsable de esa gestión financiera a la cárcel acusado de blanqueo de capitales. Hablamos de Mario Conde.

En el auto que le envía a prisión redactado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz quedan reflejados no solo los tejemanejes del expresidente de Banesto para gestionar el dinero a través de paraísos fiscales y entramados financieros, también el modus operandi con el que trabaja el Estado español para luchar contra el blanqueo de capitales.

El de Conde podría considerarse un caso de libro. Una operación sospechosa es detectada por una entidad financiera y esta da la alarma al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, Sepblac. Comienzan las pesquisas. En ese organismo, que trabaja bajo la cobertura física y logística del Banco de España, aunque legalmente está adscrito al Ministerio de Economía, se analizan miles de documentos, se cruzan datos de múltiples fuentes y cuando se tienen evidencias constatables de la existencia de delito, el caso pasa a manos de las fuerzas de seguridad especializadas en delitos económicos. La brigada de blanqueo de capitales de la UDEF o la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil son los cuerpos que, junto a la Policía o la Agencia Tributaria, se encargan de abordar los casos más flagrantes de delitos financieros.

Pero mientras que la primera parte de este proceso funciona de forma ejemplar, España falla estrepitosamente en la segunda. Frente a un proceso de identificación y prevención de casos de blanqueo que ya es un modelo para otros países –fuentes consultadas aseguran que Reino Unido lo está copiando–, el engranaje se atasca cuando los culpables deben ser sancionados.

Que un caso de blanqueo acabe con sus responsables en la cárcel, como le ha ocurrido a Mario Conde, es algo casi excepcional en España. Así lo ha constatado, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo que vela por la supervisión del control del blanqueo de capitales en todo el mundo en su informe sobre España publicado en diciembre de 2014. Así, advierte de que “las penas de prisión que se imponen en España por blanqueo de capitales son excesivamente bajas”. Esto implica, según este organismo supervisor, que “el sistema judicial no consigue precisamente un efecto disuasorio para las organizaciones criminales, que más bien al contrario ven en España un lugar donde operar con poco riesgo”.

No es la primera vez que se cuestiona la eficacia de la Justicia española a la hora de penar los delitos relacionados con blanqueo. Lo ha hecho en reiteradas ocasiones la OCDE y con especial intensidad en su informe 2013 dedicado al soborno y el cohecho. En él acusaba a España de inactividad. Aseguraba que no era coherente que un país de este tamaño hubiera realizado apenas siete investigaciones en 13 años y que ninguna de ellas terminara con condena firme.

España comenzó a tomarse en serio la lucha contra el blanqueo de capitales en 2010. Es el año en que se aprueba la Ley contra el Blanqueo de Capitales que se refuerza en 2014 con el pertinente reglamento. Desde entonces, España ha intensificado, entre otras muchas medidas, lo que podría denominarse una red de chivatos o colaboradores (obligados, eso sí) para facilitar la detección de casos de blanqueo en aquellos sectores de actividad que más relación pueden tener con el dinero negro. Cabe recordar que el blanqueo de capitales solo afecta a los bienes de origen ilícito, un paso más allá de la ocultación de bienes con ánimo defraudatorio.

Los 'sujetos obligados' del blanqueo

El nombre oficial de estos 'colaboradores' es el de 'sujetos obligados'. Los bancos y todo tipo de entidades financieras lo son desde hace años, pero la Ley de 2010 amplió la lista a joyeros, notarios, responsables de inmobiliarias, anticuarios, y así hasta 26 sectores susceptibles de ser utilizados como vía de blanqueo. Están obligados a llevar un registro de operaciones (tipificadas por ley) que deben reportar mensualmente al Sepblac, y además informar puntualmente de todas aquellas operaciones que presenten algún indicio de estar relacionadas con un caso de blanqueo.

“La simple sospecha ya es motivo para informar de un caso. Por lo que Sepblac se convierte en una esponja. Su efectividad se basa también en que le llega información por diversos canales y eso le permite identificar qué casos acumulan más denuncias de distintos sujetos obligados”, explica Víctor Altimira, socio abogado de Logic Data Consulting y presidente del Instituto de Expertos Externos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Inblac).

El refuerzo ha sido efectivo. Las operaciones sospechosas reportadas se han incrementado un 50% desde 3.171 en 2010 a 4.757 en 2015. En el caso de las sistemáticas, el aumento se ha casi cuadruplicado, subiendo un 186% desde 707.968 hasta las 2.027.008 en el mismo período.

El Sepblac tiene la complicada tarea de separar el polvo de la paja. Es decir, discernir si todo aquello que en principio es sospechoso efectivamente es la punta del iceberg de un delito, un fallo administrativo o un indicio fallido. El reto no es baladí. Como se pudo ver en el caso de caso de Gao Ping y en el de Mario Conde o como reflejan los Papeles de Panamá, la eficiencia a la hora de blanquear dinero se basa en crear complicadas tramas de empresas y testaferros.

En un primer nivel, esa labor recae en un equipo de 79 personas, la plantilla total del organismo, que hasta 2015 era de 54 personas. El Gobierno reforzó la cuantía disponible para el Sepblac recogida en los Presupuestos Generales de 2016 hasta los 14,46 millones de euros, frente a los 11, 09 millones del año anterior.

Desde el propio Sepblac explican que “para incrementar su efectividad centran las investigaciones en las comunicaciones basadas en indicios”. El número de informes de inteligencia financiera sobre comunicaciones sospechosas que el Sepblac ha remitido a las diferentes autoridades nacionales (desde Tribunales, Policía, Guardia Civil, Aduanas y hasta a la propia Agencia Tributaria) no ha parado de aumentar desde los 4.077 en 2010 hasta los 6.500 en 2015.

Pocas operaciones

Estas cifras descienden drásticamente cuando se analizan las investigaciones que reporta el Sepblac. “No se puede decir que las 71 investigaciones 'in situ' que hizo en 2015 o incluso las 90 de 2014 sean un dato para estar orgullosos. Habría que hacer muchas más, aunque solo fuera para que los posibles infractores tuvieran la sensación de que pueden ser pillados”, asegura María García, socia de Amber Legal & Business Advisors, y presidente de ASEBLAC, la Asociacion Española Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo en Cataluña. “Apenas han investigado cinco despachos de abogados y eso que GAFI ha advertido que este es el grupo de sujetos obligados que menos colabora con la Administración”.

Pero esta es una crítica que ya no debe recaer en este cuerpo de inteligencia financiera. “Quien decide si un caso es o no susceptible de ser sancionado administrativamente es la secretaría de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales”, explica Víctor Altimira. Es decir, un órgano ya totalmente dependiente del Ministerio de Economía. Es en esa comisión en la que se gestionan las sanciones administrativas.

Además estas sanciones podrían ser tan solo la punta del iceberg, puesto que, como recuerda María García, solo se hacen públicas las sanciones muy graves. Las graves solo se reflejan públicamente en caso de que el multado recurra la sanción. “No hay que ser un lince para adivinar que muchos sujetos obligados prefieren pagar la multa antes que recurrirla y verse ligado a este tipo de problemas en un documento público”, reconoce.

Parece claro que el engranaje de la lucha contra el blanqueo comienza a chirriar cuando los expedientes salen del Sepblac. Según los últimos datos publicados, el número de casos con condena firme por blanqueo de capitales fue en 2013 de 49, con un total de 116 implicados. Los motivos pueden ser muy variados, pero un exalto cargo de la lucha contra el blanqueo de capitales en España apunta a la propia concepción legal de proceso.

“En la Ley de 2010 queda muy claro que los informes de inteligencia financiera [del Sepblac] no tendrán valor probatorio y no podrán ser incorporados directamente a las diligencias judiciales o administrativas”, advierte. Eso significa que aunque las pesquisas realizadas por el Sepblac sirvan de ayuda a las fuerzas de seguridad del Estado, éstas deben comprobar cada uno de los indicios apuntados.

“El sistema es muy garantista y conseguir pruebas irrefutables para sustentar un condena en los complicados entramados societarios, con múltiples testaferros y operaciones cruzadas que implican las operaciones de blanqueo no es ni fácil, ni rápido.”

Las cuentas de OHL no están claras. Al menos así lo entiende la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Mexicana (organismo similar a la CNMV española) que ha impuesto a la filial mexicana de la constructora española, a dos de sus subsidiarias y a seis directivos (que no han sido identificados) una millonaria multa de 71 millones de pesos (3,6 millones de euros). El motivo de esta “sanción administrativa” son las discrepancias en el criterio contable de sus activos mexicanos y a que “la información suministrada era inconsistente con los niveles de tráfico registrado en las autopistas que gestiona en ese país”.

Tras conocerse la noticia, el 28 de marzo, las acciones de OHL se dispararon un 8%. No es que los inversores estuvieran encantados con que OHL haya recibido la segunda multa más alta de la historia del regulador mexicano. La euforia derivaba en que ese era el mejor de los escenarios. La compañía presidida y controlada por el exministro Juan Miguel Villar Mir había esquivado algo mucho peor, ser acusada de fraude o dolo en sus actuaciones, tal y como anunció la propia empresa en un hecho relevante comunicado al regulador de los mercados españoles (CNMV).

No queda tan claro que esa euforia empresarial y bursátil vaya a ser duradera. El motivo de este conflicto es complicado, tiene peligrosas ramificaciones y, según la prensa mexicana, está lejos de haber terminado. “Estamos conscientes de que este asunto ha tomado una dimensión que trasciende lo bursátil, pero eso no es de la competencia de la CNBV”, aseguraba el vicepresidente de Supervisión Bursátil de la CNBV, Eduardo Flores, en declaraciones recogidas por el diario El Economista de México horas después de conocerse la multa.

Lo que se limitó a denunciar el regulador de los mercados mexicanos es que OHL México se está anotando como ingresos seguros unas cantidades (que se denominan rentabilidad garantizada) que según su interpretación carecen de esa seguridad. Un cambio contable de este calibre puede tener implicaciones no solo en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía, sino también para los propietarios de bonos que ha emitido contra la garantía de esos ingresos. E, incluso, para los accionistas, ya que el regulador mexicano considera que OHL está facilitando información errónea a los inversores.

La sanción a Deloitte

La advertencia no es nueva. En enero, Deloitte, una de las auditoras de la compañía, ya fue multada con 4,2 millones de pesos (212.000 euros) por irregularidades en su verificación de las cuentas de OHL. En febrero, la agencia de calificación de riesgos Moody's rebajó el rating a la constructora española, entre otros motivos, por las dudas de su actividad en México. Moody's llegó a advertir que sin contar estos ingresos dudosos de la rentabilidad garantizada, la deuda de la compañía asciende al doble de lo que indica la contabilidad oficial. Considera que el 55% del beneficio antes de impuestos (ebitda) de OHL no está en efectivo debido a la capitalización que hace de los beneficios obtenidos en sus concesiones en México.

Esto significa que de los 967 millones de ebitda (el beneficio operativo) registrados en sus cuentas del año pasado, 531 millones podrían desaparecer si se aplica el criterio de Moody's y la CNBV. Esto, según la agencia de rating, duplicaría el endeudamiento de la compañía española hasta 9,3 veces su ebitda (Abengoa, ahora en preconcurso de acreedores, tenía una deuda de 7,3 veces). OHL insiste en que el informe por el que se rebaja su rating no dice que los ingresos no existan sino que no son líquidos. De imperar el criterio establecido por la CNBV, también estarían en riesgo al menos cinco emisiones de deuda, garantizada con estos ingresos, emitidas entre 2013 y 2015 por valor superior a los 1.500 millones de euros.

Sergio Hidalgo, máximo directivo de OHL en México, ha asegurado que “los ajustes no tendrán impacto alguno en la situación financiera” de la fililal. Una discrepancia que será ratificada en breve, puesto que esta sanción además del coste económico exige a la OHL que presente en sus próximas cuentas las diferencia entre ambos criterios contables. Fuentes de la empresa en España aseguran que sus “criterios contables están avalados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores española (CNMV) y por todas las grandes auditoras”. Aseguran no entender el motivo por el que el regulador mexicano tiene otra interpretación, aunque insisten en que “no se les ha obligado a cambiar su criterio contable, solo se les ha pedido que informen del resultado con ambos criterios”.

Culebrón mexicano

Culebrón mexicanoLa compañía presidida por Villar Mir ya dedicaba espacio en su última presentación de resultados a explicar este asunto. Insistía en que este es un caso de acoso empresarial por parte de Infraiber, la empresa mexicana que debe auditar la actividad en las autopistas de la española en ese país. De hecho, OHL ha interpuesto una denuncia penal y una demanda civil contra esa compañía.

La sanción de la CNBV es solo el último episodio del particular culebrón mexicano del que está siendo protagonista OHL. Porque sobre el brazo mexicano de la constructora española no sólo recaen dudas contables. También se cuestiona la fiabilidad de los datos aportados sobre la actividad y el tráfico en sus autopistas. Unos datos clave para sus ingresos.

Desde su aterrizaje en México en 2003, OHL ha conseguido la concesión de un aeropuerto y 7 autopistas entre las que destaca por tamaño y beneficios el Circuito Exterior Mexiquense que rodea la capital federal. En esos contratos se contempla que OHL recibirá a cambio de sus inversiones una rentabilidad garantizada que supone el 100% de la inversión y alrededor de 50 céntimos por cada coche que transite por ellas.

A esto es a lo que se refiere la multa cuando habla de “Rentabilidad Garantizada”. Su tratamiento contable está recogido en las normas internacionales de información financiera, que indican que la rentabilidad garantizada puede contabilizarse como un activo financiero (lo que implica seguridad de cobro) o como un activo intangible (cobrarlo depende de otras variables). Así, un activo financiero solo puede ser contabilizado como tal si se tiene un derecho contractual incondicional a recibir efectivo o otro activo financiero de quien le otorga la concesión.

En el caso de OHL, la constructora lo considera activo financiero puesto que tiene el aval del Estado que le adjudicó la concesión. Considera que, pase lo pase, el Gobierno de México abonará esos ingresos esperados. Y por eso contabiliza todos los años la diferencia entre rentabilidad real de sus concesiones y rentabilidad garantizada como si fueran ingresos efectivos. (Otros Ingresos).

Mientras, la interpretación que hace el regulador de los mercados mexicanos considera que la empresa no goza de esos derechos incondicionales. Entre otras cosas, porque esto implicaría que el Estado de México (región que rodea a la capital D.F.) debería hacer frente a ese abono y eso lo dejaría en situación de quiebra. La inversión asociada al Circuito Exterior Mexiquense, unos 3.400 millones de euros, equivale a toda la deuda actual del Estado de México.

El origen de estas discrepancias viene de lejos. En 2013, las autoridades del Estado de México licitaron un concurso público para contratar a una auditora externa que verificara, entre otras cosas, el tráfico real de esas concesiones. Hasta ese momento, esa tarea la hacía la misma OHL.

Infraiber fue la adjudicataria y poco después comenzó la guerra. Los representantes de Infraiber denunciaron a OHL por impedir la colocación de sus herramientas de medición en las autopistas, lo que les impedía realizar su trabajo y, por lo tanto, cobrar por ello al menos 2.100 millones de pesos (algo más de 103 millones de euros). Además, denuncia que OHL ha continuado recibiendo dinero público que debería destinarse a pagar a Infraiber y “OHL no ha explicado dónde están los 110 millones de pesos (unos 6,4 millones de dólares) que ha cobrado desde 2013 a los conductores que pasan por el Circuito Exterior Mexiquense por un servicio que se niega a instalar”, aseguró Paulo Diez, abogado de la compañía, durante una reciente visita a España.

Los polémicos vídeos

La tensión fue incrementándose. Infraiber ya ha puesto más de 30 denuncias contra OHL. Su punto culminante, el 21 de abril de 2015, cuando se difundieron unos conversaciones entre los directivos de OHL México y autoridades del país que revelan desde acuerdos para cobrar sobre costes en el Circuito Exterior Mexiquense hasta connivencia con las autoridades públicas para conseguirlo. El goteo de vídeos continuó, mientras desde la compañía acusaban a Infraiber de haberlos manipulado y estar detrás de una campaña de desprestigio en su contra.

En la historia, digna de culebrón mexicano, también hay un episodio de detención irregular por parte de la policía. El que sufrió el abogado de Infraiber Paulo Díez en septiembre de 2015. Díez asegura que la policía detuvo su coche y le arrestó durante 48 horas por llevar armas en el momento de la detención, pero que, como demostró la grabación de una cámara cercana, habían sido colocadas en su vehículo por los mismos agentes que le detuvieron. Desde entonces, la lucha de Díez por demostrar la corrupción de OHL se ha vuelto encarnizada. Hasta tal punto que ha viajado a Madrid para iniciar acciones contra OHL en la Fiscalía Anticorrupción. Tras conocerse la multa de la CNBV, el abogado de Infraiber también ha conseguido llevar su caso el Senado mexicano.

OHL reconoce que en este asunto todavía quedan pendiente otras dos investigaciones por parte de organismos mexicanos. Por un lado, el resultado de la auditoría que la Secretaría de la Función Pública (SFP) está realizando sobre la concesión de la autopista Atizapán-Atlacomulco. Y por otro, las que está realizando el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) y la Contraloría local al Viaducto Bicentenario y al Circuito Exterior Mexiquense.

Banco Santander se enfrenta este miércoles a la primera demanda colectiva por el caso de Valores Santander; una emisión de 7.000 millones de euros en obligaciones convertibles que la entidad emitió en 2007 y que provocó pérdidas superiores al 50% a los 129.000 clientes que las suscribieron, cuando en 2012 afrontaron la conversión obligatoria de sus títulos en acciones del banco.

Por primera vez desde entonces, los afectados, representados por la asociación de consumidores Adicae, han conseguido llevar a juicio una demanda colectiva, que se atenderá en un Juzgado de lo Mercantil de Cantabria este miércoles. Eso significa que la asociación, además de pedir la devolución de los ahorros defraudados a los personados en esta demanda, ha solicitado los efectos extensivos de la resolución para todos los posibles afectados.

Es decir, en caso de que el juez falle en favor de los clientes de Banco Santander, ese criterio se aplicaría a los 129.000 clientes afectados, en línea con lo ocurrido la semana pasada con la sentencia de las cláusulas suelo también interpuesta por esta misma asociación, cuyo resultado favorable a los afectados se conoció la semana pasada. En el caso más extremo, Banco Santander podría tener que devolver los 7.000 millones de euros emitidos a través de este producto financiero.

Más de tres años esperando al juicio

Más de tres años esperando al juicioAdicae presentó por primera vez esta demanda el 25 de enero de 2013 agrupando casos de 72 afectados. Entonces, el Banco de Santander pidió al juez que no aceptase una demanda conjunta alegando que la situación era muy diferente para cada uno de los afectados. En línea con la tendencia jurídica de aquellos años, el juez estimó la demanda del banco y no permitió a la asociación continuar con el proceso conjunto.

Las demandas colectivas que son muy habituales en Estados Unidos para defender a los consumidores apenas existían en España hasta hace tres años. Desde entonces la situación judicial ha cambiado mucho. La variedad de abusos financieros y la amplitud de damnificados por ellos han convencido a muchos jueces de la efectividad de estas demandas colectivas. Entre otras cosas, estas suponen un ahorro de costes tanto para los demandantes, que comparten gastos de abogados y procuradores, como para el sistema judicial que se ahorra la celebración de múltiples juicios muy similares en forma y resultado. No hay más que ver lo ocurrido con las preferentes o las cláusulas suelo.

En base a este criterio, Adicae recurrió una decisión judicial ante la Audiencia Provincial de Cantabria con el argumento de que “dejaba sin sentido y efecto la justicia colectiva prevista en nuestra legislación”, explican desde la asociación. El recurso no se admitió hasta marzo de 2015 y la Audiencia Provincial autorizó el juicio conjunto que ha vuelto de nuevo al juzgado mercantil original.

Este retraso ha provocado que buena parte de los 72 afectados que concurrieron conjuntamente en 2013 hayan optado durante estos años por reclamar sus derechos de forma individual, pero un grupo de 20 ha permanecido unido para concurrir al juicio.

“Un producto tóxico, de alto riesgo y complejidad”

“Un producto tóxico, de alto riesgo y complejidad”Adicae asegura que “los valores convertibles del Santander cumplían con las condiciones para considerarse como un producto tóxico, de alto riesgo y complejidad, algo que fue advertido ya por la propia CNMV y que derivó en dos multas del organismo regulador”.

En esta demanda, la asociación de consumidores pide que se enjuicien las cláusulas y la publicidad por si fuera engañosa del contrato. Desde la asociación denuncian que “la entidad diseñó una agresiva campaña de comercialización que se inició incluso antes de registrar el folleto informativo en la CNMV, vaciando así de contenido la función del organismo supervisor y violando lo establecido por la Ley del Mercado de Valores.”

El banco fue multado por la CNMV en febrero de 2014 con casi 17 millones de euros por “vender a sus clientes un producto complejo sin ofrecerles la información necesaria sobre los riesgos”. Fuentes cercanas al caso aseguran que finalmente la entidad ha sido eximida de parte de esa multa tras un recurso judicial.

Entre las principales líneas argumentales que sostiene esta demanda colectiva está esa mala comercialización realizada por Banco Santander. Una de las abogadas personadas en este caso, Gisela Bernáldez, asegura que entre las pruebas para rebatir los argumentos del banco han aportado “certificados de registro de órdenes que facilitó la propia entidad a algunos clientes, en los que consta una orden de compra con fecha de 10 septiembre, a pesar de que la CNMV no lo aprobó hasta el día 19 de ese mes”.

Según Bernáldez, estos documentos los entregó la entidad a petición de los abogados cuando comenzaron los primeros juicios de Valores Santander. “En los primeros casos no tenían problemas en aportar esa documentación, pero cuando vieron que servían para convencer a los jueces de las irregularidades del proceso de venta se negaron a volver a darlos”, comenta Bernáldez.

El caso que debe juzgar el Juzgado de lo Mercantil de Santander incluye entre la documentación probatoria esos certificados. La entidad siempre ha argumentado que esos contratos lo que recogían eran reservas y no órdenes, aunque no siempre han conseguido convencer a los jueces con este argumento como ya se ha contado en eldiario.es. “Este documento prueba con claridad que estaban comercializando el producto antes de que la CNMV lo aprobara. Se pueden comprobar la correlación de los números de las órdenes de compra”, insiste Bernáldez.

“Los valores objeto de reclamación (bonos subordinados obligatoriamente convertibles II/2012) son un tipo de activo que por sus especiales características deben ser considerados como productos complejos”. Esa afirmación, que había sido pronunciada por múltiples abogados y expertos financieros al referirse a los bonos convertibles del Banco Popular, ha sido ahora corroborada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Así consta en un informe sobre ese producto que el organismo presidido por Elvira Rodríguez emitió el 17 de febrero como respuesta a una denuncia presentada por dos hermanas gallegas, ya jubiladas, que contrataron ese producto en 2009 y lo renovaron en 2012.

Como ya explicamos en eldiario.es, los bonos obligatoriamente convertibles de Banco Popular son un producto financiero que emitió la entidad en 2009 para captar capital entre sus clientes. La emisión tuvo un importe de 700 millones de euros y eran títulos de deuda privada del banco que se convertían en acciones públicas en octubre de 2013. Casi un año antes, en mayo 2012, la situación financiera de la entidad era tan complicada que abocaba pérdidas cuantiosas para los suscriptores del producto, por lo que se ofreció a los propietarios un canje para retrasar esa conversión hasta el 25 de noviembre de 2015.

La solución, que fue una patada hacia adelante, terminó el año pasado con una conversión obligatoria que supuso unas pérdidas de cerca del 80% para todos los afectados, cuyo perfil era muy parecido al de los ahorradores que contrataron participaciones preferentes en otras entidades financieras. Es decir, ahorradores sin formación financiera y clientes de confianza de la entidad.

Ese era el caso de las dos hermanas gallegas, que prefieren mantener el anonimato. Su perfil encaja en el típico de cliente tradicional que siempre confió en el depósito a plazo fijo como destino de sus ahorros. Ellas contrataron los bonos en 2009 como alternativa a un plazo fijo. Pero no ha sido hasta 2015 que se decidieron a denunciar el caso. La ausencia de denuncia anterior impide al organismo regulador pronunciarse al haber prescrito el caso, por lo que su decisión solo afecta al canje de 2012.

En este caso, la CNMV reconoce que el producto que ofreció Banco Popular a estas clientas era un “producto complejo”. Esto significa que para poder venderlo entre sus clientes minoristas la entidad debe aplicar un protocolo de seguridad marcado por la normativa MIFID que implica, entre otras cosas, aplicar el test de conveniencia del mismo y verificar que el comprador cumple el perfil de riesgo adecuado.

“El perfil inversor de estas dos hermanas, sin estudios, está muy lejos de superar los niveles de riesgo que habrían sido necesarios para la correcta suscripción del producto. Hasta ese momento, todos los sus ahorros siempre estuvieron en depósitos a plazo fijo”, asegura su abogado, Ignacio Bonsoms, del despacho Ferrer Bonsoms.

La CNMV señala que, pese a que Banco Popular asegura haber entregado a las afectadas toda la información relativa a la naturaleza de los bonos subordinados y sus riesgos, “ninguna de las partes ha aportado copia de dicha información”, por lo que “no es posible asegurar la no omisión de información relevante. En cualquier caso, no se acredita que la entidad informase de los términos y condiciones de la emisión (resumen o tríptico registrado en la CNMV), información, ésta, que resulta esencial para la toma de una decisión fundada”.

Análisis no vinculante

“Lo más curioso de este reconocimiento es que la CNMV apenas ha tardado dos semanas en pronunciarse desde que el despacho lo solicitara, cuando este tipo de procesos suele demorarse más de dos o tres meses”, comenta el abogado del caso. En los procedimientos contra entidades financieras, una prueba de esta contundencia suele ser muy relevante para la valoración de los hechos que deben realizar los jueces. Pero también hay que recordar que los informes que emite el organismo regulador de los mercados solo tienen carácter consultivo y no vinculan de ninguna manera ni a la entidad financiera ni a los magistrados que juzguen el caso.

Solo cuando los casos se multiplican, la CNMV puede actuar y multar a la entidad. Eso fue lo que ocurrió con Valores Santander, un producto financiero muy similar a los bonos convertibles de Banco Popular, y por el que el banco ahora presidido por Ana Botín fue sancionado con una multa de 16,9 millones de euros por su incorrecta comercialización.

La situación podría repetirse ahora con Banco Popular si, tras esta constatación de la peligrosidad del producto y la negligencia de la entidad en el proceso de comercialización, se comprueba que no es un caso aislado y afecta también al resto de los compradores que aceptaron la conversión en 2012.

¿De qué hablan las mujeres cuando están entre amigas? Responder a esta cuestión podría dar para varias tesis doctorales, pero si damos la vuelta a la pregunta la respuesta es mucho más fácil. Casi con toda seguridad las mujeres no hablan de sus finanzas personales. Las conversaciones sobre dinero, en concreto sobre cómo afecta a su situación personal, están en el último lugar de su interés. “El 56% de las encuestadas lo considera demasiado personal”, asegura el estudio Money Fit Women realizado por Fidelity Investment.

En pleno siglo XXI, mujeres que no tienen ningún pudor en hablar abiertamente de su tendencia política o sexual, por ejemplo, son casi incapaces de plantear una conversación sobre lo que implica para las finanzas familiares y personales tomarse una excedencia, ahorrar para el colegio de los niños o qué va a ocurrir con su pensión en el futuro. Tras este tabú se esconden estragos financieros que no son detectados hasta que es demasiado tarde: en caso de viudedad, divorcio o, generalmente, en el momento de la jubilación.

Como ha advertido la Comisión Europea, “las mujeres, solo por una cuestión de género, son un 12% más vulnerables” que los hombres en el riesgo de sufrir pobreza superados los 65 años. “Hablar de los temas financieros e implicarse en ellos a fondo es el primer paso para acabar con cualquier tipo de discriminación”, aconseja Isca Nogueras, experta en planificación fiscal de Optima Capital.

Porque ganar alrededor un 24% menos por hacer el mismo trabajo no es solo una injusta distinción que afecta a los ingresos en tiempo real de cualquier mujer. La brecha salarial también tiene perniciosas repercusiones en diferido. Menos salario implica menos cotizaciones y por lo tanto da derecho a prestaciones y pensiones públicas más bajas. Según un estudio de la Comisión Europea, La brecha de género en las pensiones, “las mujeres reciben prestaciones un 41% inferiores y una pensión pública un 34% más baja que la de los hombres”.

En este ámbito el futuro es aún más oscuro, si cabe. La última reforma legal que amplió en España el número de años necesarios para acceder a una pensión pública es una clara discriminación de género que atenta directamente contra el futuro financiero de las mujeres. “Se necesitan efectos correctores en el tratamiento de la mujer, ya que de lo contrario la exclusión femenina de las pensiones públicas será una realidad en pocos años. Sobre todo para aquellas que optan por ser madres”, asegura un informe dirigido por Nuria Chinchilla y elaborado por La Caixa y el IESE.

A esto se une que la crianza de los hijos, las excedencias por motivos familiares o el cuidado de personas dependientes expulsan a las mujeres del mercado laboral durante una media de 14,7 años, frente a 1,6 años en el caso de los hombres. Estos datos, recogidos por Optima Capital, tienen todavía en cuenta a las muchas mujeres que en los años 70 y 80 del siglo pasado abandonaron sus puestos de trabajo para cuidar a sus hijos. Una opción, que con el paso de las generaciones posteriores, cada vez es más inusual.

Riesgos indirectos de las medidas de conciliación

Riesgos indirectos de las medidas de conciliaciónLo que no cambia con el paso de las generaciones es que tal y como están diseñadas las actuales medidas de conciliación, tan aparentemente generosas con las mujeres, en realidad son una peligrosa arma de doble filo. Y es que cuando una mujer decide acogerse a la reducción de jornada o a un contrato a tiempo parcial los criterios que suelen sopesarse para tomar la decisión suelen ser muy cortoplacistas. ¿Quién de los dos miembros de la pareja tiene el sueldo más alto? ¿Quién tiene el puesto más elevado? ¿Podemos sufragar los gastos familiares con la reducción de suelo? En cambio, en escasas ocasiones se tiene en cuenta la repercusión futura para las finanzas de la mujer que eso puede representar. “Una estrategia razonable debería implicar que durante esos momentos de desconexión laboral, la unidad familiar se plantee aportar más dinero a un plan de pensiones o algún producto de ahorro a largo plazo de ellas, para compensar el sacrificio”, recomienda Isca Nogueras.

Pero, en la mayoría de los casos, ni las condiciones financieras familiares ni las convicciones personales están alineadas con esa intención. Las aportaciones al plan de pensiones de las mujeres (no así el de los hombres) suelen estar entre las últimas prioridades del presupuesto de cualquier familia. Mucho más durante esos momentos de mayor intensidad de gasto. Hipoteca, cuidado y educación de los hijos siempre están por delante. Las damnificadas por esas restricciones, de nuevo, son ellas. Las mujeres aportan alrededor de un 20% menos a los planes de pensiones privados, 1.798 euros frente a los 2.156 de media que aportan ellos, según los datos manejados por Abante Asesores. Eso se traduce en que tras la jubilación reciben un 41% menos.

La situación se agrava, teniendo en cuenta que las mujeres viven una media de cinco años más. “Solo por vivir cinco años más ya deberían ahorrar un 35% más”, asegura Belén Alarcón, responsable de Asesoramiento Patrimonial y Planificación Financiera de Abante.

Aquí es donde se entra en otro terreno pantanoso. Las mujeres son conocidas por ser unas excelentes gestoras de las finanzas familiares y del ahorro. En el 91% de los casos, son las encargadas de asumir la gestión económica de la compra doméstica del hogar y el ahorro. Estos datos, extraídos de un estudio realizado por UBS (Couples and money: Who decides?), muestran que para todo lo demás el liderazgo de las decisiones económicas en la familia sigue estando en el lado masculino. En el 40% de los casos es el hombre quien asume las decisiones de inversión. De manera conjunta solo se toman en el 28% de los casos, y apenas un 16% de las mujeres las asume en solitario. Pero como recuerda Alarcón, “ellas suelen ser las que ahorran pero conviene advertir que el ahorro tradicional de meter el dinero bajo el colchón o incluso en depósitos no suele ser la mejor solución para asegurarse un futuro holgado financieramente. La inflación juega en contra, por ejemplo”, comenta. 

La situación es mucho más descarada si nos centramos en quién gestiona las inversiones puramente financieras (excluyendo vivienda y vehículos). Éstas recaen en el 80% de los casos en manos del hombre. “En más ocasiones de las deseadas llegan viudas y divorciadas que apenas tienen claro qué cuentas hay a su nombre o las repercusiones que tienen las inversiones de sus maridos”, asegura la directiva de Abante. La casuística en este ámbito es inmensa. Desde deudas desconocidas que dejan sin patrimonio a las viudas, hasta inversiones de alto riesgo con consecuencias directas para la manutención de lo hijos. 

Cuentas separadas

Aunque no lo parezca a estas alturas de siglo, otro de los grandes hándicaps que pesan sobre las finanzas de las mujeres es su falta de independencia, A pesar que aportan alrededor del 40% de los ingresos de sus hogares, apenas el 19% de los matrimonios están en régimen de cuentas separadas y solo el 16% de las mujeres toman las decisiones de inversión de forma individual.

La buena noticia es que cada vez más las mujeres están haciendo caso, de forma consciente o por intuición, de uno de los principales consejos del gurú financiero estadounidense David Bach: “No es ni práctico ni seguro confiar en que el hombre de tu vida cuidará de tus finanzas”.

Tal y como recoge estudio “Mujeres y decisiones de Inversión” de Abante Asesores, el futuro rezuma optimismo. “Entre las mujeres 'millennials' (menos de 30 años), el 31% son las responsables de las decisiones financieras del hogar, frente al 11% de la Generación X (nacidas entre 1970 y 1980), el 9% de las Babyboomers (nacidas entre 1942 y finales de los 1960) o el 1% de las generaciones más maduras.

“La falta de control de las maquinas de inversión de alta frecuencia puede provocar una catástrofe en los próximos años”. Quien ha lanzado esta advertencia ha sido Mark Gorton, presidente de Tower Research Capital, una de las mayores compañías de servicios de High Frecuency Trading (inversión de alta velocidad en bolsa) del mundo y uno de los principales defensores de este tipo de operaciones.

Gorton, en declaraciones al Financial Times, asegura que la complejidad a la que están llegando los ordenadores que controlan las inversiones bursátiles de alta velocidad puede ser muy peligrosa. Y advierte de que los controles que han implantado algunas bolsas como la de Nueva York o el Nasdaq son insuficientes.

Estos robots de la inversión, tan amados por los grandes brokers como odiados por los pequeños, son capaces de realizar millones de transacciones de compraventa de activos en nanosegundos. Su gran rapidez es la baza que les permite ganar millones reaccionando antes que nadie ante las noticias del mercado y, en algunos casos, denuncian sus detractores, incluso accediendo a la información instantes antes que el resto de operadores del mercado.

Hasta ahora, siempre se ha justificado su existencia en base a su efectividad para mantener la liquidez en el sistema. Un beneficio que, según sus defensores, compensa esa competencia desleal que vienen denunciando desde hace años los pequeños inversores y hasta las pérdidas acarreadas en fallos históricos.

El más famoso tuvo lugar el 6 de mayo de 2010, cuando la Bolsa de Nueva York se desplomó casi 1.000 puntos en apenas media hora por un algoritmo mal programado que acarreó pérdidas de miles de millones de dólares. También fue un error de programación el que hizo quebrar a Knight Capital Group, una empresa de Trading de Alta Frecuencia, que en 2012 manejaba el 11% del trading de todo el mercado estadounidense. El 31 de julio de ese año, un error técnico desestabilizó su negocio provocando pérdidas de 440 millones de dólares que la obligaron a solicitar el rescate.

Ante estos incidentes, la New York Stock Exchange, el índice tecnológico Nasdaq y hasta los reguladores de los mercados como la Securities and Exchange Comission (SEC) de Estados Unidos decidieron implantar controles para evitar nuevos sustos. Pero, como avisa Gorton, las medidas adoptadas se quedan muy cortas ante la complejidad de los procesos algorítmicos que se están apoderando de los mercados.

“Se limitan a pedir cosas tan básicas como que la empresa de HFT ofrezca el mejor precio del mercado, cuando hay otros fallos [que no detalla] que pueden ser mucho más graves”, advierte.

Además, en los últimos años el aumento de la influencia de estos sistemas en el comercio bursátil no para de crecer. Bloomberg lo cuantificaba en 2010 en el 60% de toda la operativa y ahora diversas fuentes aseguran que puede superar el 80% de todos los valores que se negocian en las bolsas estadounidenses.

En los últimos meses, la desconfianza sobre el efecto de estos robots bursátiles se ha agudizado. “Somos muchos los que creemos que en la inestabilidad y las abruptas caídas de los mercados que se han producido desde este verano tiene mucho que ver la creciente influencia de ordenadores programados en base a datos fríos que no analizan el contexto. Por eso decimos eufemísticamente que el mercado sobrerreacciona. Pero es que es muy difícil criticar un sistema que está dando mucho dinero a los grandes brokers”, asegura un inversor profesional español que prefiere no ser citado.

El que sí se ha animado a denunciar, en términos similares a los de Gorton, ha sido el regulador de los mercados daneses. Este organismo publicó hace un par de semanas un informe en el que analiza el impacto de los algoritmos en la actividad del Nasdaq Copenhague, la bolsa de valores tecnológicos del país nórdico. Es un tema de preocupación creciente en un territorio que ha detectado que el 50% de la negociación de su mercado tecnológico está dominado por órdenes programadas por algoritmos, donde el 15% de ellos son de alta frecuencia.

La conclusión a la que han llegado los reguladores daneses es muy similar a la del empresario estadounidense. A pesar de los controles establecidos, el riesgo de que surjan problemas es muy alto. Entre otros motivos, el informe advierte de que la mayoría de esas operaciones del Nasdaq Copenhague se hacen a través de empresas que no están bajo la supervisión de Dinamarca. Por ello, el regulador danés pide a la Unión Europea que acelere la implantación de medidas unificadas de control y alerta de que Estados Unidos también debe hacer más esfuerzos.

Muchos puestos de trabajo peligran

Pero la espada de Damocles que los operadores de trading de alta frecuencia tienen sobre los mercados no solo amenaza a las finanzas mundiales. También está empezando a ser un grave riesgo para los trabajadores del sector.

Como también ha advertido The New York Times hace unos días, la presencia de los robots se hacen notar en Wall Street. El rotativo cita estudios que auguran un gran cambio laboral entre los empleados de las salas de trading y entre los asesores, además de la pérdida de muchos empleos para tareas que hoy son habituales en esas salas.

A las poderosas máquinas de trading de alta velocidad se está uniendo una nueva generación de máquinas denominadas “robot advisors”, que han conseguido transformar el asesoramiento tradicional también en un algoritmo, por lo que en base a los parámetros introducidos por un inversor ofrecen los destinos supuestamente más efectivos para maximizar sus inversiones.

Multas testimoniales

Mientras esta revolución casi silenciosa tiene lugar, los reguladores de mercados se limitan a centrarse en quienes no cumplen con exactitud la normativa y a multar con cuantías que no parecen desincentivar a un mercado multimillonario. Lo demuestran los ocho millones de dólares que tuvo que pagar en septiembre de 2015 la compañía Latour Trading LLC, o los cinco millones de euros con los que el regulador de los mercados franceses multó, en diciembre de 2015, a la bolsa de valores europea Euronext y al operador estadounidense de alta frecuencia Virtu ante prácticas ilegales en su operativa de mercado.

Pero sin duda han sido los bancos Credit Suisse y HSBC las entidades financieras que han tenido que asumir las penalizaciones más cuantiosas, de 60 y 70 millones respectivamente, por engañar a sus clientes y a los supervisores con sofisticados ordenadores de alta frecuencia.

La magistrada Remei Vergés Cortit, del Juzgado de Primera Instancia número 52 de Barcelona, ha dado la razón a la empresa de intermediación inmobiliaria Parc de Belloch al reconocer la nulidad en diversos contratos de productos financieros derivados firmados con BBVA y Barclays (hoy CaixaBank). En total, Parc de Belloch había suscrito créditos valorados en 46,5 millones de euros cuya ligazón a contratos derivados complejos ('swaps' y 'collar') le han acarreado unas pérdidas de 8,2 millones de euros.

La magistrada ha considerado que, frente a la formación de los responsables de la compañía o la experiencia que estos pudieran tener en la contratación de productos financieros complejos prevalecen las deficiencias en la información transmitida por los bancos sobre los riesgos que implicaban los productos estaban comercializando.

“Es evidente que la entidad bancaria no suministró al cliente una información comprensible y adecuada de los riesgos que asumía y que no se cercioró de que había comprendido los mismos. Ni siquiera valoró si el producto era el más adecuado para el proyecto que se financiaba”, recoge la sentencia fechada el 26 de enero de 2015, que además pide que sean “resarcidas esas pérdidas, junto a los intereses legales del dinero y el resarcimiento de los daños y perjucios causados”.

Esta decisión judicial es relevante tanto por la cuantía, 46,5 millones de euros, como por la complejidad del caso. Además, ahonda en una creciente tendencia jurídica que está dejando de lado la formación de los afectados por estafas financieras, motivo que han esgrimido la gran mayoría de los clientes de preferentes por ejemplo, como argumento para anular los contratos abusivos, para centrarse en la forma en la que las entidades financieras realizan los contratos.

El caso juzgado en esta ocasión se refiere, en concreto, a un crédito sindicado (compartido por varias entidades financieras) que Parc de Belloch firmó en 2007 para la financiación de un proyecto convocado por Telefónica S.A. para la construcción del proyecto Universitas Telefónica.

Para financiar dicho proyecto, BBVA -que en ese momento era accionista mayoritario de Telefónica- se mostró interesado en participar en el mismo, suscribiendo un crédito con garantía hipotecaria sindicado entre BBVA con un 67% del mismo y Barclays Bank, con el 33% restante. Para conseguirlos, Parc de Belloch fue obligada a firmar un swap, un producto financiero que se vende para cubrir el riesgo de subidas o bajadas de los tipos de interés.

Dada su complejidad, en más ocasiones de las deseadas los clientes que los firman acaban dándose cuenta de que más que cubrir un riesgo estos productos les acarrean pérdidas no esperadas: cuando los tipos de interés bajan mucho, como ha sido este caso, no se benefician de esas caídas.

En concreto, para Parc de Belloch la firma de estos contratos supuso que un proyecto que daba beneficios reportara unas pérdidas superiores a los 10 millones de euros. “El quebranto económico ha sido tan fuerte que la empresa, con 74 trabajadores, ha estado a punto del concurso de acreedores. Situación que se ha podido contener gracias a que el juez concedió unas medidas cautelares que solicitamos”, explica Marcelino Tarmargo, el abogado defensor de la empresa, y socio fundador de Espacio Legal.

Javier Nieto, administrador de Parc de Belloch, es profesor de Historia del Pensamiento y Teoría de la Estrategia en una prestigiosa universidad privada catalana, tiene conocimientos de finanzas y controlaba las de la compañía. Con este perfil, los abogados defensores de los bancos implicados en este caso han esgrimido que sus conocimientos financieros eran suficientes como para conocer el riesgo del producto que estaba contratando. Pero tal y como muestra la sentencia ni siquiera los testigos del banco han sido capaces de explicar el complejo funcionamiento de swap ligado a un collar que firmó en 2007.

Por ello, la juez considera que es la deficiente comercialización del producto y la falta de información concreta sobre sus riesgos el motivo por el que se concede la nulidad, con independencia de la formación del afectado. “Independientemente de que la actora sea empresaria y que su administrador sea una persona con conocimientos financieros o con la posibilidad de acceder a la asesoría necesaria, no podía conocer el alcance terroríficamente gravoso, incluso ruinoso, que el producto podía tener para él por falta de suministro de la información oportuna de la entidad bancaria. La envergadura de lo que firmó le era totalmente desconocida puesto que ni siquiera los peritos que asistieron a la vista podían tener conocimiento, a la vista del contrato, de lo que podría costar cancelarlo”, refleja la sentencia.

Si esta sentencia es confirmada (todavía está en plazo de ser recurrida), será un ejemplo más de la creciente tendencia a que los jueces valoren la forma de comercialización de los productos frente a la formación de los afectados. Esto podría dar lugar una nueva ola de reclamaciones por parte de pymes que también se consideran engañadas por las entidades financieras.

En total, las estadísticas de la asociación Asunfin muestran que hay 1.736 sentencias a favor de los clientes afectados por swaps frente a los 290 en contra. De las 11 sentencias relacionadas con swaps sobre las que se ha pronunciado el Tribunal Supremo, todas menos una están relacionadas con pymes y, excepto en dos ocasiones, el máximo órgano judicial está fallando a favor de las empresas. “Es un ejemplo claro de que los jueces lo que están analizando es la labor de comercialización realizada por las entidades financieras y si se cumplieron adecuadamente los protocolos que marca la Ley del Mercado de Valores”, explica Patricia Suarez, presidenta de Asunfin.

Según comenta esta activista contra la banca, los swaps fueron los contratos abusivos que abrieron la caja de Pandora de las reclamaciones contra la banca, luego llegó todo lo demás: preferentes, cláusulas suelo, etc. “En un principio los jueces estaban perdidos pero con el tiempo y las reclamaciones se han ido formando un clara jurisprudencia en favor de los afectados. Porque, salvo excepciones, el Tribunal Supremo lo está haciendo muy bien”, asegura Suárez.

“El 50% de los bonos 'high yield' -alta rentabilidad- emitidos por empresas energéticas está al borde del impago y lo mismo le ocurre al 72% de los bonos emitidos por empresas de minería y metales”. Esa potente advertencia ha sido lanzada por la agencia de calificación de crédito Standard & Poor's en un reciente informe sobre el sector de bonos de alto riesgo, también conocidos como bonos basura. En ese análisis también apuntan a que este tipo de deuda corporativa está en el nivel más alto de impagos desde el comienzo de la Gran Recesión y que en el caso de las compañías de energía el riesgo está en máximos.

El precio del petróleo en caída libre se ha convertido en un misil de alto alcance contra un tipo de productos financieros que, pese a su elevado riesgo, ha sido uno de los más demandados por los inversores profesionales en los últimos años. Según la agencia Bloomberg, el mercado de bonos basura necesitó más de tres décadas para acumular un billón de dólares y luego en apenas siete años superó la barrera de los dos billones.

Su atractivo ya comenzó en plena época de expansión, pero un entorno de tipos de interés casi nulos, estos productos han sido los únicos que han ofrecido rentabilidades interesantes, entre el 6% y el 9% de media. En algunas empresas del sector energético, los bonos han llegado a superar el 15% y el 20% en los casos más extremos. “Los gestores con ganas de rentabilidad han despreciado el riesgo y se han convertido en activos casi obligatorios en las carteras de inversión. Se les ha olvidado que a este tipo de deuda se le llama bonos basura por algo”, recuerda César Ozaeta, responsable de Renta Fija en Abante.

La inyección masiva de dinero por parte de los bancos centrales inundó el mercado de liquidez. Ese dinero buscó el máximo beneficio y lo encontró en este tipo de deuda emitida por empresas con negocios prometedores, pero muy endeudadas, a las que los bancos negaban la financiación de sus nuevos proyectos. Pagar altos tipos de interés era la única alternativa para conseguir el crédito a largo plazo que necesitaban. “Se pensaba que no iban a quebrar o que en caso de problemas serían de alguna manera rescatadas”, comenta el analista del Instituto de Estudios Bursátiles Javier Santacruz.

Pero todo apunta a que esto no va a ser así. No lo está siendo, al menos, en el caso de muchas pequeñas empresas estadounidenses que han gastado millones en implantar la tecnología de 'fracking' para la extracción de petróleo y que ahora, con el precio del crudo en caída libre, son incapaces de cuadrar sus planes de negocios, puesto que no cubren ni siquiera los costes de producción.

El miedo al estallido de esta burbuja fue soterrado durante todo 2015. Los más avezados comenzaron a vender sus posiciones e incluso a cerrar los fondos antes de que las dudas saltasen a las páginas de los periódicos. Eso ocurrió el pasado mes diciembre, cuando en pocos días tres fondos de inversión especializados en bonos basura (Third Avenue Management, Stone Lion Capital Partners y Lucidus Capital) suspendieron los reembolsos a sus partícipes y liquidaron la cartera de crédito. Uno de los gurús más destacados del mercado financiero de EE.UU., Carl Icahn, ya alertó entonces sobre el comienzo del hundimiento de los fondos de alto riesgo.

La situación no es muy diferente a lo que le ha ocurrido a la española Abengoa. Un prometedor negocio basado en energías renovables y alentado por las ayudas públicas ha terminado convirtiéndose en una empresa al borde de conseguir el dudoso título de ser la quiebra más importante de la historia de España. Todavía son muchos los que esperan su rescate.

Los casos estadounidenses y españoles no son aislados. S&P asegura que los impagos corporativos superaron el centenar en 2015. Doblan los contabilizados en 2014 y es, según la agencia de calificación, la primera vez que esta cifra supera los tres dígitos desde la Gran Recesión. El banco de inversión Goldman Sachs ha calificado a 2015 como el peor año para la deuda emitida por empresas desde el comienzo de la crisis.

Ola de impagos

El futuro no augura alegrías. Las previsiones de Bespoke Investment Group, una de las compañías de referencia en el análisis de mercado, apuntan que en 2016 será peor. “La ola de impagos, sobre todo en compañías de energía, podría estallar en 2016”, aseguraba en uno de sus últimos informes dedicado a este asunto. Otra agencia de calificación de riesgos, Fitch, apunta en la misma línea, y prevé una tasa de impagos en 2016 del 4,5%, que “en el caso de las energéticas podría llegar hasta el 11%, un nivel nunca visto en lo que va de siglo”.

¿El motivo? En 2016 confluyen fuertes tensiones económicas con el vencimiento de muchos de esos bonos emitidos antes de la crisis.

El foco de mayor tensión, por supuesto, es EE.UU.. Allí se concentra el 80% del volumen de los bonos de alto riesgo del mercado. La caída del precio del petróleo tiene en jaque, al menos, a un tercio de todas esas emisiones, las ligadas a compañías energéticas. Las dudas sobre la economía china amenazan a las de minería y metales preciosos, que también están en la cuerda floja por la caída de precios que acumulan las materias primas. En Europa, el riesgo es algo menos elevado, según apuntan los informes de UBS publicados en las últimas semanas. El banco suizo calcula que los impagos se mantendrán por debajo del 2%, aunque también prevé que siga aumentando a lo largo de 2016.

La falta de liquidez en este mercado es otro motivo que puede generar tensiones. “Puede ocurrir que cuando alguien quiera vender no exista comprador y eso genere el pánico”, comenta César Ozaeta. La historia demuestra que predecir el estallido de una burbuja es fácil cuando esta ya ha reventado, pero casi imposible antes de que eso ocurra, a pesar de que el patrón se repita una y otra vez.

“Muchos llevamos tiempo alertando de la existencia de una burbuja en el mercado de bonos, tanto de empresa como públicos. Pero mientras los bancos centrales sigan con su política expansiva y haya, por ejemplo, un BCE comprando 60.000 millones de euros en bonos cada mes, es muy difícil que la burbuja estalle”, asegura Daniel Pingarrón, estratega de mercados de IG.

Otro Lehman

Los motivos para la desconfianza se acumulan. Según publicaba hace unos días Bloomberg, los bancos de inversión más activos en el mercado de alto riesgo ya han provisionado 2.000 millones de dólares para afrontar impagos si el petróleo continúa por debajo de los 30 dólares durante muchos meses. ¿Significa todo esto que estamos ante un nuevo Lehman Brothers y que el estallido de la burbuja de estos bonos puede desencadenar una nueva crisis mundial?

“No parece probable que en caso de problemas el contagio sea similar al ocurrido con la caída de Lehman. Ahora los bancos están en mejor posición financiera para aguantar. Y con la ayuda del BCE esperamos que lo que ocurra es que los bonos de alto riesgo pasen de moda y el dinero vaya buscando otros destinos poco a poco”, señala Pingarrón, de IG.

Más allá de si estamos a las puertas de un gran estallido o de una detonación controlada, lo que ocurre en el mercado de bonos basura es un indicador de que el futuro económico no es muy halagüeño. “La gente compra bonos de alto riesgo cuando confía en que a las compañías que los emiten les va a ir bien en el futuro y por tanto podrán devolver el dinero”, explica Pingarrón. El analista financiero estadounidense Martin Fridson ha pronosticado que los datos del mercado de bonos auguran que hay un 44% de riesgo de recesión en 2016.

Han pasado casi siete años desde que estalló el mayor engaño financiero de la historia. El esquema de inversión piramidal por el que Bernard Madoff estafó 17.300 millones de dólares a inversores de todo el mundo. El, hasta entonces, prestigioso financiero lleva desde junio de 2009 en prisión cumpliendo una pena de 150 años, tras haber reconocido su culpa. Aun así el asunto todavía no está cerrado.

El caso vuelve a estar de actualidad. Por primera vez Europa juzga a un implicado en esta estafa. Se trata de Manuel Echevaría, el responsable de Optimal Investment Services en el momento, el fondo de inversión suizo propiedad de Banco Santander que comercializó cerca de 2.300 millones de euros en productos financieros procedentes de Bernard Madoff. El juicio es contra el ex empleado de Santander a título personal, por lo que la entidad financiera presidida por Ana Botín no está personada en el caso.

Durante esta semana, la autoridades suizas lideradas por el fiscal Marc Tappolet, han escuchado testimonios y pruebas de que Manuel Echevarría impidió que el personal de Optimal Investment realizara los controles adecuados para probar el riesgo que implicaban las inversiones realizadas a través de Bernard Madoff debido a las suculentas comisiones que el directivo cobraba por esas operaciones. Tras una semana de juicio la justicia suiza considera que quedan probados los cargos de administración desleal y enriquecimiento propio.

El proceso contra Manuel Echevarría se inició en 2009. Ese año, mientras Bernard Madoff ingresaba en prisión, Franck Berlamont, presidente y CEO de Geneva Parnerts, que había comprado productos de inversión de Madoff a través de Optimal Investment Services, denunció ante la justicia suiza a Echevarria.

La acusación está basada entre otros en el testimonio de Rajiv Jaitly director de la oficina de Riesgos de Optimal Investment Services entre 2005 y 2007. Este ex empleado declaró haber advertido a sus jefes sobre las dudas que planteaban las inversiones que ofrecía Bernard Madoff sin que estos tomaran en consideración esas advertencias. El negocio de Madoff era captar fondos para reinvertirlos en acciones de grandes compañías y otros fondos de inversión. Era famoso por ofrecer rentabilidades muy altas entre el 10 y el 12%, que parecían inmunes a las subidas y bajadas de los principales índices bursátiles. La realidad es que apenas se invertía una pequeña parte de las aportaciones y el resto se utilizaba para pagar las rentabilidades de los inversores. Todo funcionó mientras seguían entrando nuevas aportaciones. Es lo que se denomina un clásico esquema Ponzi. Según el testimonio de Jaitly sus dudas de sobre la actividad de Madoff cayeron en saco roto. Mientras eso ocurría, Echevarría se embolsaba generosas comisiones anuales por esas inversiones. Los medios anglosajones aseguran que en la información aportada por Jaitly están documentadas comunicaciones de Echevarría directamente con Madoff e incluso agradecimientos al ya fallecido presidente de Banco Santander, Emilio Botín, por sus gestiones ante el financiero estadounidense.

En cualquier caso, el futuro legal de Manuel Echevarría está lejos del que ha corrido el ideólogo del fraude. El cargo de administración desleal está penado con un máximo de cinco años de cárcel. Y tal vez ni si quiera se materializaran dado que carece de antecedentes. Además, la jurisprudencia juega a su favor. La compañía Aurelia Finance S.A. acusada de los mismos cargos en ese mismo juzgado evitó una sentencia en contra tras llegar a un acuerdo judicial y pagar una multa.

Pero en el caso de que se reconociera el delito de Echevarría, la situación podría complicarse para Banco Santander. Los de Boadilla liquidaron en su momento las denuncias que contra ellos surgieron en EEUU con un acuerdo judicial. Aunque el Banco Santander nunca reconoció haber sido conocedor del fraude, aceptó pagar 235 millones de euros para frenar una demanda judicial interpuesta por Irving Picard, el administrador de la liquidación de las sociedades y los bienes de Madoff. Pero según el Financial Times, una acusación formal de un tribunal europeo podría implicar la revisión del caso al otro lado del Atlántico.

Optimal Investment Services sigue siendo propiedad de Banco Santander pero el juicio es contra el empleado y no contra la entidad de inversión ni contra el banco español.

En España, Banco Santander compensó a los clientes afectados con un canje de su inversión por unas participaciones preferentes perpetuas (rescatables a los 10 años a decisión del banco) con un interés del 2% anual. Posteriormente, les propuso como alternativa un depósito subordinado a 30 años con la misma rentabilidad.

Ya está aquí el 25 noviembre de 2015 y tal y como había advertido el Banco Popular no ha habido solución salomónica como en 2012 para evitar que los clientes que compraron sus bonos convertibles en 2009 vean cómo se volatiliza casi la totalidad de su dinero. En esta fecha la deuda comprada por los clientes pasarán a ser acciones de la entidad financiera, perdiendo de media un 35% del capital invertido (teniendo en cuenta los intereses).

Como explicó ya hace un mes eldiario.es, en 2009 Banco Popular emitió 700 millones de euros en bonos convertibles en acciones como método para sufragar las necesidades de capital de aquel momento. Esa emisión coindice en el tiempo con la comercialización masiva que otras entidades financieras hicieron de participaciones preferentes. Pero la complejidad del producto diseñado por Banco Popular y las dificultades financieras por la que desde entonces ha atravesado la entidad han transformado este en uno de los productos de inversión con mayores pérdidas de los comercializados por la banca española.

Un año antes del vencimiento, en 2012, y ante las cuantiosas pérdidas del producto se propuso a cambiar sus bonos por otros que retrasasen la conversión en acciones hasta el 25 de noviembre de 2015. Parecía tiempo suficiente para que la economía se recuperase y enjugar las pérdidas. Pero ha llegado el día y pese a que la situación económica ha recuperado algo de tono, no lo ha hecho la cotización de la entidad. Las pérdidas se derivan de que el precio de conversión de la acción está fijado en 17,69 euros, cuando su cotización actual no llega a los 3,38 euros.

Los bonos vencen y las perdidas nominales alcanzan el 80%, aunque con los intereses cobrados durante estos seis años se pueden quedar en un 35% del capital inicial aportado. Una situación que algunos afectados ya detectaron hace meses e incluso años y prefirieron no esperar hasta el momento de la conversión para reclamar ante los tribunales. “Se trata de afectados que se negaron a aceptar la ampliación impuesta por el banco en 2012 o de otros que viendo las cuantiosas pérdidas que les iba a generar la inversión decidieron no esperar a la finalización del mismo”, explica Carlos Tomé, abogado especializado en este tipo de productos de la firma Caruncho Tomé & Judel.

Según esta firma, alrededor del 30% de los afectados ha iniciado acciones legales contra el banco. Gracias a los más avezados, las primeras sentencias sobre convertibles de Banco Popular han empezado a conocerse en los últimos meses como puede verse en la página web de la asociación de afectados por abusos bancarios Asufin y en el registro de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial.

En base a esta experiencia en los tribunales ya es posible detectar cuáles fueron las principales debilidades del Banco Popular en la colocación de estos productos y son los siguientes.

Errores burocráticos

Errores burocráticos“El producto es muy parecido a los Valores Santander. Pero mientras los de Banco Santander tenían todo el proceso de colocación muy amarrado de cara a demandas futuras, en el Popular fueron mucho más descuidados a la hora de hacer firmar documentos a los clientes”, explica Marcelino Tamargo, abogado fundador de Espacio Legal.

En 2009, cuando se vendieron los primeros bonos convertibles de Banco Popular ya estaba en vigor la directiva europea MiFID que obligaba a las entidades financieras a informar a sus clientes de los riesgos de los productos además de hacerles un test para comprobar si son o no aptos para asumir ese riesgo. “Lo que hemos detectado es que hay casos, sobre todo en la primera emisión de 2009, en los que el banco ni siquiera puede probar que hiciera el test de idoneidad obligatorio. En otros casos, aunque lo hizo, queda invalidado, tal y como recoge un informe de la CNMV de 9 de octubre de 2012 que refleja que las preguntas del test no habían sido correctamente efectuadas”, explica Ignacio Ferrer-Bonsoms, socio fundador de Ferrer-Bonsoms Abogados.

Y lo más sorprendente, insiste este abogado, “es que algunos de los clientes que aceptaron el canje a los nuevos bonos convertibles en el año 2012 firmaron un nuevo test con resultados sorprendentemente diferentes al test suscrito en el año 2009. Desde la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2014, estos incumplimientos pueden ser relevantes para fallar a favor de las pretensiones de los clientes”, puntualiza.

Perfil muy conservador

Perfil muy conservadorOtra debilidad que juega muy en contra de Banco Popular de cara a su defensa ante los tribunales es el perfil de los clientes de este producto. La mayoría son financieramente muy conservadores y con muy poca cultura inversora, en línea con los afectados de las participaciones preferentes, frente a quienes adquirieron Valores Santander que, en general, tenían mayor cualificación y poder adquisitivo.

Un producto muy complejo

Un producto muy complejoEstá claro que unos bonos convertibles en acciones no es algo que, en principio, suene tan seguro como unas participaciones preferentes. La primera vez que los jueces escucharon hablar de este tipo de productos pensaron que cualquier cliente que los aceptara sabría que estaba asumiendo un riesgo. Cuando se han adentrado en los casos se han dado cuenta que tal y como estaba explicado ese riesgo pocos podrían haber adivinado las cuantiosas pérdidas que iba generar. “La jurisprudencia está calificando la información facilitada por Banco Popular de ”farragosa y difícil de interpretar“. Aseguran que su comprensión puede resultar difícil para personas ajenas al mundo financiero, y a los productos complejos”, explica Ferrer.

Ni un premio Nobel habría adivinado que el canje final sería a 17,69 euros por acción en un momento en el que cotizan oficialmente a 3,38 euros con la información facilitada en este texto (extraído textualmente de un contrato): “El máximo entre el valor contable de la acción de Banco Popular Español S.A. a 30 de junio de 2009 (5,84 euros) coincide con el valor neto patrimonial consolidado atribuido a la entidad) y el 110% del mayor entre (i) la media de los precios medios ponderados de la acción durante los cinco días hábiles bursátiles posteriores a la fecha del desembolso y (ii) la media de precios medios ponderados de la acción durante los quince días hábiles bursátiles anteriores a la fecha del desembolso”. 

Falta de transparencia

Falta de transparenciaEn 2012, Banco Popular propuso a sus clientes la ampliación de plazo de conversión obligatoria de sus bonos convertibles para evitar las cuantiosas pérdidas, pero como han detectado ahora abogados y jueces en aquel trámite faltó transparencia. “Se entregaron documentos en los que se reflejaba el valor nocional del producto y no el valor de mercado como exige la ley”, asegura Marcelino Tamargo. El resultado es que los clientes recibían una información en la que el precio del bono que entregan al banco y el que recibían era el mismo. Cuando en el mercado, el primero ya valía mucho menos. Aunque es cierto, que hasta que el producto financiero no se vende las pérdidas son solo latentes y no reales.

Vano intento por descargar responsabilidades

Vano intento por descargar responsabilidades“A la Justicia no le basta con que el banco presente un justificante de que se entregó un resumen informativo de producto a sus clientes y estos firmaron que asumían los riesgos justo en ese mismo momento”, advierte Carlos Tomé. El Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia según la cual asegura que las entidades financieras deben acreditar que explicaron bien y con tiempo suficiente de la complejidad y riesgos del producto.

El momento judicial juega en contra de la entidad

El momento judicial juega en contra de la entidadLa sensibilidad y los conocimientos de los jueces ante los abusos bancarios están a años luz de la que había cuando comenzaron a llegar a los tribunales las primeras demandas de Valores Santander. En aquel momento, la entidad presidida por Botín consiguió que los jueces le dieran razón bien porque su comercialización estaba mejor justificada, bien porque muchos jueces ni siquiera eran conscientes de lo que estaban juzgando. Lo cierto es que aquellas primeras demandas a favor sentaron una jurisprudencia que ha permitido a Banco Santander sacar pecho de la cantidad de casos que ha ganado en los tribunales y ha dificultado a otros afectados su defensa.

Todo apunta a que, en este caso, Banco Popular no podrá hacer lo mismo. Casi sin estallar el problema ya hay demandas en su contra y en estos seis años los jueces se han hecho un máster acelerado en abusos financieros.

Pero que nadie se lleve a engaño, que haya debilidades en la comercialización del banco no asegura en ningún caso el resultado final de acudir a un juico. Como ya advirtió en este diario Marcelino Tamargo, no a todos los afectados les puede resultar rentable aventurarse en un proceso judicial. “Solo con un perfil de inversor muy conservador o con pérdidas superiores a los 3.000 euros es aconsejable planteárselo”, recuerda.

Una escueta línea en el documento K10, el que refleja las cuentas de Apple ante el regulador bursátil de EEUU, la Security Exchange Comision (SEC). Es la única referencia oficial que se puede conseguir de Braeburn Capital, Inc, el fondo de inversión con el que la compañía fundada por Steve Jobs gestiona sus finanzas y que fuentes de mercado de capitales han identificado como el mayor hedge fund (fondo de inversión de alto riesgo) del planeta.

En 2006, Apple eligió el nombre de una extraña variedad de manzana para bautizar al brazo ejecutor de su política de inversiones. Entonces, Braeburn nació gestionando 9.000 millones de dólares. Desde entonces, apenas se ha sabido nada sobre su actividad. No aparece en los rankings mundiales de hedge funds. Tampoco es un gran conocido en Wall Street. Ni mucho menos entre los profesionales que habitualmente cubren la información de la capital financiera del mundo.

Pero los pocos que han escrito sobre ella aseguran que cada vez que alguien, en cualquier parte del planeta, compra un aparatito con el logo de la manzana mordida, una parte de esos ingresos va directamente a la cuenta de Braeburn Capital. Aseguran también que la gestión que este hedge fund hace de ese dinero reporta suculentos beneficios a Apple. La cifra más aproximada es la que ofreció el periódico The New York Times en un reportaje dedicado a las estrategias financieras de Apple para pagar menos impuestos en EEUU. En él hablaba de más de 2.500 millones de dólares obtenidos en intereses, ingresos por dividendos y otros conceptos desde su creación hasta el año 2012, cuando fue publicado el reportaje.

Por supuesto, esa cifra nunca fue confirmada por la compañía de Cupertino (la sede de Apple). eldiario.es también ha intentado, sin éxito, confirmarla y actualizarla. Los responsables de comunicación de Apple en España y en su central se remiten al mencionado documento de la SEC y al apartado de su web dedicado a accionistas.

Si un lugar destaca por haber desvelado más secretos sobre este opaco fondo de inversión ese es uno de los blogs más influyentes en el mercado, Zero Hedge. En septiembre de 2012, este portal mostraba fotografías de la entrada de Braeburn en los alrededores de un destartalado barrio de Reno, Nevada, EEUU. Un lugar donde nadie habría pensado que se pudiera esconder el mayor hedge fund del mundo. Ya entonces, Braenburn superaba en activos gestionados a Bridgewater, que ostenta esa primera posición en los listados oficiales.

En julio de este año, Zero Hedge actualizó aquel post, esta vez sin fotos, porque Braeburn Capital cambió de ubicación y la actual sede no tiene ninguna identificación externa. Esta vez, el blog daba por sentado que Apple gestiona todo su efectivo, alrededor de 200.000 millones de dólares, a través de esta firma. El volumen de activos supera, con creces, los 154.000 millones gestionados por Bridgewater, según su web.

Dinero en metálico para comprar a Botín y Ortega

En el último año fiscal (terminado en septiembre) Apple ha pulverizado sus propios récords con unos beneficios de 53.394 millones de dólares, un 36% más. Nunca hasta ahora una empresa había conseguido ganar tanto en un año. Pero si sus beneficios impactan, lo que a muchos les ha hecho abrir los ojos como platos es el volumen de efectivo que acumula, nada menos, que 205.700 millones de dólares. La liquidez de Apple es superior al PIB de Perú, Eslovenia y otros 145 países más en todo el mundo. Como reflejaba el diario Expansión, tendría dinero contante y sonante de sobra para comprar de una sola vez Inditex, Banco Santander y Mapfre juntos.

Pero Apple no ha comprado ni invertido en ninguna de esas compañías, al menos que se sepa. Porque lo que hace con su dinero es el secreto mejor guardado del reino de las manzanas.

En una situación normal, si Braeburn Capital estuviera al frente de la gestión de todo ese dinero, sus movimientos deberían poderse rastrear en la ficha que Bloomberg, uno de los proveedores de información financiera líder del mercado, proporciona de la compañía. Pero esa ficha está casi desierta de información. Tan solo una dirección y unos pocos nombres identificando a sus gestores. Tampoco se consigue mucho más acudiendo al registro empresarial de Nevada.

Cuando se trata de dinero, Apple deja de ser la compañía innovadora y moderna que todos tenemos en mente para transformarse en un vetusto lobo financiero al más puro estilo de Wall Street, muy en línea con su sistema de código cerrado. “Estamos ante un claro ejemplo de utilización de un hedge fund oculto para manejar capitales a su antojo”, explican fuentes financieras españolas.

Nada, más allá de lo publicado por Zero Hedge o The New York Times, se sabe de las inversiones de Apple, ni sobre el volumen de fondos gestionado, ni sobre su destino final. En el mencionado informe K10 solo es posible encontrar información de las grandes tendencias de inversión. Apple se declara como una empresa de inversiones muy conservadora. “La política de inversión de la compañía y la estrategia se centran en la preservación del capital y el apoyo a las necesidades de liquidez de la Compañía”, dice.

Apple “utiliza una combinación de la gestión interna y externa para ejecutar su estrategia de inversión y lograr sus objetivos de inversión”. “Normalmente invierte en valores de alta calificación (rating), y su política de inversión en general, limita la cantidad de exposición de crédito a un mismo emisor. La política es que se hagan inversiones en activos cuyo rating esté en el nivel de grado de inversión, con el objetivo primordial de reducir al mínimo el riesgo potencial de pérdida de capital”, recoge textualmente el documento K10.

El nuevo rey del mercado de deuda

Este conservadurismo coincide con una información publicada por Bloomberg en la que fuentes del mercado no identificadas señalaban a Apple como uno de los inversores mundiales más activos en la compra de bonos soberanos. Llegaba incluso a identificarla como “el nuevo Pimco”, en referencia al fondo de inversión en deuda más activo del mundo. Contaba Bloomberg hasta qué punto esa intensa actividad había levantado suspicacias entre los principales bancos australianos, cuyos líderes, según la agencia, se habrían desplazado hasta la sede de Braenburn en EEUU para tratar de negociar sobre la cantidad de deuda australiana que acumula.

La información reflejada en sus cuentas muestra que las inversiones de Apple son voluminosas en cuanto a deuda pública, pero ni son las más importantes ni es posible conocer su diversificación geográfica. En valores gubernamentales no estadounidenses, tiene 6.356 millones de dólares, mientras que la inversión en deuda del Tío Sam fue de 34.902 millones.

La partida más cuantiosa de sus inversiones es la dedicada a la adquisición de valores corporativos, 116.908 millones de dólares. También hay una cuantiosa inversión en deuda privada a corto plazo, 6.016 millones de dólares. Las titulizaciones hipotecarias ascienden a 4.347 millones. Los fondos de inversión (monetarios y de pensiones) son el destino de otros 4.077 millones. El resto se reparte entre inversiones en renta fija de distintas administraciones públicas.

Los grandes titulares están marcados, pero ni una sola línea se dedica a desglosar esas grandes partidas.

Bajo el abrigo del desierto de Nevada

“Lo habitual es que las grandes corporaciones utilicen paraísos fiscales para radicar los fondos ocultos en los que camuflan sus inversiones. Pero Apple ni se molesta”, comentan fuentes de mercado. La compañía no ha necesitado irse tan lejos. Braenburn Capital tiene su sede a cuatro horas en coche de Cupertino, donde están las oficinas centrales del grupo tecnológico. En pleno desierto de Nevada, el mismo Estado en el que se encuentra Las Vegas.

El principal motivo son los beneficios fiscales. En Nevada no se paga impuesto de sociedades. En California, donde se encuentra la sede central de Apple, el tipo de gravamen es del 8,84%. Además, Nevada permite reducir impuestos en las transacciones realizadas con otros Estados como Florida, Nueva Jersey o Nuevo México, según explicó en su momento el New York Times, que identificaba a Braenburn como parte de la estrategia de Apple, junto a sus filiales en Irlanda, para pagar menos impuestos en EEUU.

Nevada es uno de los puntos off shore en auge. Miles de agentes especializados ofrecen a compañías estadounidenses y de todo el planeta las mieles de la laxa regulación de este Estado para reducir la factura fiscal y preservar la identidad de los inversores. Y eso sin la penalización de la mala reputación de los paraísos fiscales o de otras latitudes como el Estado de Delaware, al otro lado del país. Un atractivo que Apple descubrió hace ya casi 10 años.

Además del ahorro de impuestos, las leyes de Nevada permiten a Braeburn Capital no presentar ningún registro en el regulador de mercados estadounidense ni en el de asesores de inversiones. Según expertos fiscalistas, Braeburn no es un asesor financiero, por lo que no tiene las obligaciones de información de estos, que pasan por presentar un documento llamado Investment Adviser Public Disclosure (IAPD). Tampoco tiene obligación de presentar ante la SEC el 13F, el formulario en el que los gestores de hedge funds con activos superiores a los 100 millones de dólares tienen que reportar trimestralmente.

Gracias a eso, Apple ha conseguido ser no solo un gigante tecnológico, también toda una potencia financiera en la sombra. Un asunto que sobre todo la gran banca mira con mucho recelo. La compañía de Cupertino no esconde sus intenciones de convertirse en los banqueros del futuro.

Hipotecas con cláusulas suelo. Swaps. Preferentes. IRPH... Muchos de los asuntos que ahora mismo saturan los juzgados españoles seguirán quedando fuera del sistema de alerta de riesgo (conocido como semáforo por usar los colores rojo, verde y amarillo) que el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha diseñado y en el que se nota la presión los banqueros españoles.

Economía había prometido, de acuerdo con la CNMV, diseñar un sistema para alertar al consumidor no avezado de que el producto que estaba a punto de contratar era peligroso. Sin embargo, el texto publicado en el BOE el jueves 5 de octubre, da de margen hasta febrero de 2016 para aplicar el nuevo sistema, que además no será tan claro como se había prometido.

La norma aprobada diseña un sistema gráfico de colores, muy similar al que utilizan los electrodomésticos para indicar su eficiencia energética, para alertar a los ahorradores del riesgo de los productos financieros que comercializan los bancos. Según los legisladores, está encaminada a evitar que se produzcan engaños masivos como los de las preferentes.

No todo el mundo lo tiene tan claro. “La redacción de la orden ministerial podría haber sido mucho más precisa. No queda bien explicado qué ocurre cuando un producto simple, como puede ser una hipoteca, se convierte en complejo porque el indicador que calcula su cuantía es nulo como el IRPH o está ligado a un activo volátil como las hipotecas multidivisas”, advierte Agustín Azparren, magistrado y exvocal del Consejo General del Poder Judicial que ahora ejerce como abogado en el despacho Martínez Echevarría.

Tampoco parece probable, según su opinión, que los semáforos adviertan de cláusulas abusivas como las suelo. “Ni se define con claridad si los swaps, clips, y demás añadidos a las hipotecas y que tanto han complicado la vida muchos españoles serán o no objeto de advertencia”.

Pero, además, Economía ha cedido ante la imposición del código de colores. A pesar de que algunas entidades, como Banco Santander por ejemplo ya los usaban para calificar el riesgo de sus productos, en general la idea de utilizar un código tan simple, y efectivo, no gustaba al sector.

La cesión sobre este criterio ha sido doble. Por un lado, los colores no serán obligatorios ya que la orden ministerial permite sustituir los colores por una indicación numérica del riesgo del 1 al 6. Por otro, se ha reducido el número de tramos de riesgo de los ocho iniciales a seis. Los cinco primeros, desde el verde oscuro al naranja están destinados a calificar productos en los que el inversor no pierde el capital aportado. Es decir, productos seguros. El verde oscuro serán los más seguros, como los depósitos bancarios cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos. Entre el verde claro y el naranja quedan productos de inversión que aseguren la totalidad del capital invertido, pero que tienen el riesgo de liquidez porque no se puedan rescatar en distintos periodos de tiempo: 3,5 ó 10 años.

“Aquí encontramos uno de los puntos más positivos de esta norma. Por fin se advierte a los inversores que riesgo no es solo perder capital, también no poder acceder a él (liquidez). Y ponerlo por escrito como exige esta norma consideramos que es muy adecuado”, asegura Germán Guevara.

También se exige una indicación por escrito cuando el producto es de riesgo que debe ir acompañada de dos exclamaciones. Y la frase “producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender”. En la redacción inicial de la CNMV los productos de alto riesgo iban identificados con tres exclamaciones y la redacción exigía expresamente decir al minorista que no era una inversión adecuada para él.

Por último, el color rojo, o número 6 sobre 6 de riesgo, se convierte en una especie de cajón de sastre en el que entrarán todos los productos en los que haya algún riesgo de perder parte del dinero invertido. Tendrán el mismo color unas simples acciones que un producto complejo como unos bonos convertibles, o seguros de ahorro como los Planes de Ahorro 5 que ideó Hacienda en la última reforma.

Los productos más peligrosos se quedan fuera

La norma aprobada el pasado jueves es el resultado de la batalla librada entre la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Ministerio de Economía. La idea de identificar los productos financieros de riesgo con un código de colores surgió de la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, hace casi dos años. Fue ese organismo el encargado de consultar con expertos y elaborar el texto legal que debería poner en marcha la idea. El primer borrador estaba preparado ya en septiembre de 2014.

“La redacción final ha quedado bastante descafeinada respecto al primer texto elaborado por la CNMV”, asegura Germán Guevara, secretario de EFPA Europa y uno de los expertos que ha participado en las consultas previstas.

Luis de Guindos arrebató la iniciativa a Elvira Rodríguez y el Ministerio de Economía asumió la redacción de esta norma con la excusa de que el texto debía agrupar a todos los productos de inversión (incluidos los seguros que quedan fuera de la supervisión de la CNMV) para unificar criterios y facilitar la comprensión de las advertencias.

A pesar de las intenciones, el resultado final será que los españoles tendrán que aprenderse tres normas distintas para identificar el riesgo en función de qué tipo de producto financiero adquieran. La que se aprobó el jueves, la que ya rige a los fondos de inversión y establece una escala de riesgo de siete escalones (que nada tienen que ver con lo de esta ley) y la que está por venir de Europa para los productos de alto riesgo.

Con este batiburrillo, se da el caso de que los productos de mayor riesgo no estarán bajo las luces de este semáforo que acaba de inaugurar el Gobierno. Esa ha sido la principal concesión de Economía al lobby bancario. Dejar, como poco, un año de margen para que puedan seguir vendiendo los productos de mayor riesgo sin ningún tipo de advertencia.

En un principio, la redacción de la orden ministerial dice afectar a todos los productos financieros a los que se refiere el artículo 2 de La Ley del Mercado de Valores. Entre ellos están, preferentes, bonos subordinados convertibles, derivados, opciones, futuros ligados a materias primas, etc. Pero luego resulta que no es a todos. En el listado de excepciones de la Orden Ministerial quedan fuera de la regulación la deuda pública estatal y autonómica, ya que considera que el respaldo de los emisores, Estado y CCAA, es suficiente garantía. También quedan fuera de los semáforos los seguros y fondos de pensiones colectivos y todos los productos derivados.

El motivo que esgrimen fuentes del Ministerio de Economía y otras fuentes financieras consultadas por eldiario.es para este agujero es que la Unión Europea está preparando una legislación inminente para los denominados productos PRIIPs (Packaged retail investment and insurance products) y no era eficiente regularlos ahora desde España. A falta de una lista oficial que identifique estos PRIIPs uno a uno, se puede decir que se trata de inversiones y seguros complejos y derivados cuyos intereses están ligados a otros productos que cotizan en los mercados y cuyo precio fluctúa. Según la consultora Deloitte, se trataría de productos financieros que mueven nueve billones de euros en toda Europa.

La legislación que obligará a que vayan acompañados de un documento breve (no más de tres páginas) y elaborado en lenguaje sencillo y sin jerga financiera no es tan inminente como el Gobierno español ha comentado. No entrará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2016, para la mitad de ellos y en 2021 para la totalidad de los PRIIPs.

Esto significa que, al menos, durante el próximo año en España será posible comercializar sin ningún tipo de advertencia de riesgo productos que a la mayoría de inversores minoristas le suenan a chino como son CoCos, ETFs, depósitos estructurados, Seguros Unit Link o, incluso los CFDS (contratos por diferencias) que han sido objeto de especial advertencia por parte de la CNMV y del regulador europeo de Mercados ESMA por su alto riesgo de pérdidas.

“Esta legislación no modifica en nada todo lo que hay ahora. Ayuda a alertar, pero no será muy útil si el resto de documentos que acompañan a los productos se sigue redactando de forma incomprensible para los clientes”, asegura Agustín Azparren.

Efectivamente, la propuesta aprobada por el Gobierno español ha hecho caso omiso a los principales criterios recomendados por la Unión Europea, como es que los productos de riesgo vayan acompañados de información concreta y comprensible. Que haya documentos informativos breves, concisos y sin jerga financiera. “Pero, sobre todo, se echa de menos alguna normativa relacionada con el efecto disuasorio. Que a los bancos no les salga casi gratis colocar irregularmente productos de riesgo. Sin esto no hacemos nada”, advierte Azparen.

Enfrentarse a los grandes bancos españoles es una práctica cada vez más habitual entre los vapuleados ahorradores españoles. Los continuos engaños a los que se han visto sometidos han disparado la litigiosidad financiera hasta el punto de que, según la información que posee la asociación de magistrados Jueces Para la Democracia, suponen hasta el 80% de la actividad de algunos juzgados españoles. Aun así, los que acuden a la justicia para reclamar por los abusos financieros apenas superan el 4%, según las estadísticas que manejan las asociaciones de afectados.

Miedo a enfrentarse con el poder del banco, incapacidad financiera o simplemente porque las pérdidas no compensan la asunción de los costes del proceso son los principales motivos que frenan a los engañados a acudir a la justicia. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que puede modificar considerablemente esta situación. Ha reconocido algo que hasta ahora era inviable en España, y es la posibilidad de que los afectados de una misma causa puedan acudir conjuntamente para reclamar daños y perjuicios por algún engaño masivo.

El Supremo revoca la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que, a finales de 2010, consideró improcedente la acumulación de acciones de 89 clientes de Bankinter por la venta de productos estructurados y preferentes (de Lehman Brothers y bancos islandeses), requiriendo que cada afectado demandara individualmente. El Alto Tribunal obliga ahora a la Audiencia Provincial a pronunciarse de nuevo, pero esta vez sobre el fondo de la cuestión, según la información facilitada por los despachos Jausas Legal y Zunzunegui que han llevado esta causa.

“Hasta ahora, solo se permitían acciones colectivas cuando eran cláusulas de cesación, en las que se podía exigir la supresión de un abuso generalizado, pero no la restitución del daño. Por ejemplo, con las cláusulas suelo”, explica Ignacio Martín Verona, miembro del secretariado de Jueces para la Democracia, en referencia a una demanda ganada por la asociación de consumidores Ausbanc contra BBVA, Cajamar y NovaGalicia, actual Abanca.

Disparidad de criterio

Para el resto de las acciones agrupadas que se han presentado durante los últimos años, la disparidad de criterio ha sido lo habitual en los juzgados españoles. Si la primera instancia lo aceptaba, tras el recurso del banco las audiencias provinciales solían ser reacias a ellas. En esta sentencia el Tribunal Supremo aclara que “se trata de supuestos en los que no está justificado que las acciones se tramiten en procesos diferentes, y que en cada uno de ellos haya de repetirse el interrogatorio de unos mismos demandados, unos mismos testigos o unos mismos peritos, sobre hechos sustancialmente idénticos, con el incremento de coste que supone para las partes”.

Es un ahorro para el sistema judicial en su conjunto. Pero sobre todo para los afectados, pues aquellos con pérdidas inferiores a los 2.000 o 3.000 euros para quienes hasta ahora era casi una locura plantarse ante su banco podrán hacerlo. “Resulta obvio que la acumulación de perjudicados en una sola demanda no reporta más que beneficios, ya que los afectados pagan una sola defensa (abogados, peritos, procuradores y tasas) con el consiguiente abaratamiento del proceso y acceso a la justicia a reclamaciones de escasa cuantía”, señala el socio de Jausas, Jordi Ruiz de Villa.

Un punto importante de esta sentencia es que la unión de los afectados está relacionada con la causa que motivó el engaño, es decir la mala comercialización de los productos financieros, no de los productos en sí. Por ello, pueden ir de la mano un afectado por preferentes con uno de swaps o cualquier otro producto que el banco haya colocado de manera irregular.

Además, según explica el socio de Jausas, este tipo de juicios permiten también justificar algo que hasta ahora se hacía muy complicado y es que “el engaño de los bancos a la hora de colocar productos financieros complejos se hizo de forma masiva y no se trata de casos aislados, como argumentan los abogados defensores”, asegura.

Pero es más si, como es de esperar, esta forma de proceder se generaliza, sería una seria amenaza a las estrategias diseñadas por las entidades financieras hasta ahora. La mayoría de ellas apuesta por no negociar con sus clientes, ni reconocer las pérdidas y amenazando (no directamente) con procesos judiciales largos y costosos porque saben que eso disuade a muchos afectados.

“Con una acción agrupada se igualan fuerzas. Ahora, ya no va a ser el pobre afectado contra el gran banco. Luchar juntos da más fuerza a los afectados”, advierte el magistrado Ignacio Martín.

Nada que ver con las famosas 'Class Action' de EEUU

Esta decisión está lejos de acercar la justicia española a prácticas como las estadounidenses. Lo que el Tribunal Supremo ha reconocido es que permite las demandas acumuladas. Esto implica que el afectado debe ser proactivo y unirse a la causa, eso sí compartiendo gastos de abogados procuradores y demás costes judiciales con el resto de afectados.

Pero la resolución judicial solo será de aplicación directa a quienes estén personados en la causa. En las famosas Class Action estadounidenses es suficiente con que un solo afectado gane un caso para que la sentencia sea aplicable a todos, aunque no hayan demandado. Es lo que ocurrió aquí con la mencionada demanda colectiva de Ausbanc. El Tribunal Supremo les dio la razón y los bancos afectados retiraron la cláusula suelo a todos los clientes, no sólo a los que presentaron la demanda. Pero eso fue porque no implicaba restitución generalizada de las pérdidas.

En cualquier caso, ese modo de proceder es poco habitual en España. “Las demandas colectivas solo pueden ser presentadas por asociaciones de consumidores y la fiscalía. Pero mientras en Estados Unidos estás son un arma de los consumidores, aquí se ponen tantas trabas y dificultades procesales que en la mayoría de los casos cuando terminan los procesos los contratos denunciados están caducados”, asegura Patricia Suárez, presidenta de la asociación de usuarios financieros Asufin.

Aun así, los bancos tiemblan. Esta sentencia se conoce casi al mismo tiempo que la publicación de un informe de Bruselas que contradice al Tribunal Supremo español al asegurar que cuando se reconoce la nulidad de una cláusula en un contrato ésta debe tener carácter retroactivo. Si el Tribunal de Justicia Europeo asume este consejo, las demandas colectivas para recuperar el dinero de las cláusulas suelo serán el mejor de los instrumentos.

Un “marrón” para los jueces

Un “marrón” para los juecesPara los afectados, los beneficios de esta decisión son contundentes. El análisis cambia cuando se enfoca desde el lado judicial. “Hasta ahora, los jueces han rechazado estas demandas acumuladas porque les carga con mucho trabajo sin que eso se vea reflejado en su bonus. Para ellos, es un marrón”, explica Patricia Suárez.

Desde su organización llevan meses intentando negociar con el Consejo General del Poder Judicial y otros organismos de la judicatura que se hagan cambios en la política de remuneración de los jueces. Tal y como está ahora, explica Suárez, un macrojuicio con demandas acumuladas de cientos o miles de personas cuenta en la productividad de un juez igual que uno simple. “Esto no tiene sentido”, reconoce.

Su propuesta es que las demandas acumuladas no computen como una individual sino que tengan incentivos atractivos para los magistrados que deban llevarlas a cabo. En la misma línea se muestra Jordi Ruiz de Villa, para quien “esta sentencia deberá implicar necesariamente un cambio en los criterios de puntuación de los jueces”

Otro problema que puede generar la generalización de estos macroprocesos es el abultado volumen documental que generan frente a una cuestionada capacidad del sistema judicial español. “Si una sola causa individual ya genera miles de folios, la acumulación puede desbordar a más de un juzgado y demorar el proceso. Por no hablar de la gestión de las incidencias. Cambiar un procurador puede convertirse en un proceso de este tipo en una gestión muy tediosa”, reconoce el magistrado Ignacio Martín.

Dentro de un mes, a las 0:00 horas del próximo 25 de noviembre, una nueva bomba financiera habrá estallado en España. En ese momento, más de 35.000 clientes del Banco Popular se convertirán en accionistas de la entidad, con unas abultadas pérdidas en sus cuentas de ahorro.

Son los propietarios de los bonos subordinados necesariamente canjeables del Banco Popular, más conocidos como bonos convertibles, que se vendieron entre los clientes habituales de la entidad en 2009, por un importe de 700 millones de euros y cuya fecha inicial de vencimiento, en octubre de 2013, fue ampliada en una segunda versión de los bonos lanzada en 2012, hasta el 25 de noviembre de 2015. Las pérdidas se derivan de que el precio de conversión de la acción está fijado en 17,69 euros, cuando su cotización actual no llega a los 3,63 euros.

Una carta es quedarse con las acciones y esperar a que se revaloricen, pero lo cierto es que es casi imposible que mejoren el 80% necesario para compensar la inversión inicial. Además, los expertos advierten de que si se conservan las acciones en algunos casos se puede entender que el inversor acepta el riesgo que conlleva ser accionista y puede jugar en su contra a la hora de una demanda favorable a recuperar el dinero.

Tampoco el banco está dispuesto a volver a ofrecer soluciones salomónicas. “No hay prevista ninguna solución generalizada para los afectados. El día 25 se hará el canje obligatorio de los bonos por acciones y luego cada caso será tratado individualmente”, confirman desde la entidad.

Como es de imaginar, nadie firmó este ruinoso negocio con conocimiento de causa. “Estamos ante un producto financiero complejo más. Muy parecido a los Valores Santander y en línea con las preferentes. El problema, como en todos, se encuentra en la ”colocación“ a clientes minoristas, explica José Méndez, abogado y socio director de MA4 y experto en este tipo de litigios.

En octubre de 2009, en plena crisis, las autoridades financieras europeas requerían a los bancos mayores exigencias de solvencia. Mientras unos colocaban participaciones preferentes, el banco presidido por Ángel Ron optó por una estrategia más similar a los Valores Santander lanzados por el banco de la familia Botín en 2007. Así, lanzó una emisión de 700 millones de bonos subordinados necesariamente canjeables, para “fortalecer los recursos propios adaptándolos a los nuevos criterios de elegibilidad relativos a la solvencia”, según se recogía en el folleto de lanzamiento.

Para captar ese capital, emitió bonos a un tipo de interés del euríbor a tres meses más un 4% hasta la fecha de vencimiento, inicialmente fijada para el 23 de octubre de 2013, momento en que los bonos se transformarían automáticamente en acciones del banco. El precio de conversión inicial estaba fijado en 7,01 euros por acción. El problema fue que casi desde el mismo día de la emisión las acciones del Popular entraron en caída libre.

Patada adelante

En 2012, cuando faltaba un año para su vencimiento, el producto acumulaba unas pérdidas del 52% de la inversión inicial. El banco quiso evitar el quebranto económico a sus clientes y les ofreció la salomónica solución de contratar una segunda emisión de bonos, remunerada al 7%, con ventanas trimestrales de liquidez y que retrasaba el vencimiento hasta el mencionado 25 de noviembre de 2015. Una patada hacia adelante que no ha salido bien.

Desde 2012, el Banco Popular ha realizado complejas operaciones financieras (entre ellas, una ampliación de capital y un agrupamiento o contrasplit de acciones) que han derivado en que el actual precio de canje de esos bonos se sitúe en los inalcanzables 17,69 euros por título. Esto implica una pérdida sobre el capital inicial del 79,4%, pero que descontados los intereses que los afectados han cobrado durante todos estos años se quedaría alrededor del 35%, según datos del propio banco.

En 2012, solo unos pocos se negaron a aceptar la oferta del banco (el 95,3% de los bonistas sí lo hicieron) y asumieron las pérdidas. De ellos, algunos demandaron a la entidad y en los últimos meses están apareciendo las primeras sentencias a favor de los afectados. “El perfil del inversor es muy similar al de los preferentistas, personas mayores, sin ningún tipo de formación e información respecto a lo que firmaban o invertían. Se trata de un producto complejo que se contrató por la confianza y porque se vendió como una inversión segura”, explica Carlos Tomé, del despacho de abogados gallegos Caruncho, Tomé y Judel.

En su despacho ya han llevado varias demandas contra Banco Popular por este producto. Asegura que los jueces están reconociendo que se trata de un producto financiero de inversión “complejo y arriesgado que, junto a una buena rentabilidad inicial comporta riesgos inherentes a la propia aleatoriedad de las fluctuaciones del mercado de referencia”, según un extracto de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra 119/2014 de 8 abril.

Pensárselo dos veces

Aún así, si algún afectado piensa que esto puede ser como las preferentes y que los jueces le van a dar la razón casi sin despeinarse, conviene que se lo piense dos veces antes de lanzarse a la vía judicial. Todos los expertos consultados coinciden en que este producto es más complicado que las preferentes y, como ocurre con los Valores Santander, no es fácil conseguir una sentencia a favor del demandante y además la condena en costas para la entidad.

En favor de los afectados juega que en 2012 no había muchas alternativas ante la oferta de ampliar el plazo de vencimiento. Era eso o perder más de la mitad de lo invertido. Además, aunque en el folleto de emisión del producto iba destinado a inversores mayoristas, también permitía la comercialización a minoristas, siempre que se cumplieran determinadas condiciones de información, plazos, etc. En algunas de las sentencias favorables, el motivo que esgrime el juez es que el cliente tuvo que “firmar en pocas horas y no tuvo tiempo de comprender el producto”.

“Pero la casuística va a ser muy compleja. Por eso, yo considero que solo quienes tengan pérdidas superiores a los 3.000 euros deben plantearse demandar”, advierte Marcelino Tamargo, abogado y fundador de Espacio Legal.

Para cuantías inferiores, solo podría ser conveniente arriesgarse si el cliente es minorista, sin ningún tipo de experiencia financiera ni en la contratación de un producto complejo. “Para el resto no compensa. Por ejemplo, en el caso de las cláusulas suelo, los jueces están dando la razón a los afectados pero no están condenando en costas a los bancos, lo que implica alrededor de 2.000 euros de coste para el demandante”, recuerda Tamargo.

Otro consejo que ofrece este letrado está relacionado con la forma de actuar del afectado. En Banco Popular están intentando negociar con cada uno de ellos y eso puede ser un arma de doble filo. “Si se quiere demandar a la entidad para recuperar el dinero invertido, el 25 de noviembre habrá que asumir el canje de los bonos por las acciones, pedirle al banco el dinero (es decir, no quedarse con las acciones) y luego reclamar las pérdidas”, advierte. De lo contrario, asegura Tamargo, “será mucho más complicado conseguir que un juez declare la nulidad de esta inversión”.