La aprobación del techo de gasto el pasado 11 de julio en el Congreso de los Diputados significaba un primer paso para lo que serán los Presupuestos Generales del Estado de 2018. En realidad, se daba luz verde a los objetivos de déficit y deuda, pues el techo de gasto como tal no se vota; es sólo un cálculo a partir de los ingresos previstos para cumplir los objetivos de estabilidad. En este caso, destaca el aumento del límite sobre el gasto en un 1,3% con respecto al de 2017.

Estamos ante unos presupuestos que, aparentemente, compatibilizarán políticas fiscales expansivas con reducción de déficit presupuestario, en un contexto de mayor dinamismo de la economía española frente al promedio de la eurozona (crecimiento real del 2,4% en 2018 frente al 1,8% medio del área, según previsiones de la Comisión Europea). El Gobierno, más optimista, revisa al alza una décima su previsión para 2018, hasta el 2,5%.

Sin embargo, tal carácter expansivo del presupuesto es relativo. Se trata del primer aumento en el límite de gasto desde 2013, sí, pero apenas compensará la contracción del 4,1% anual del límite de gasto en 2017, ni el 10% de reducción acumulada desde 2014. Es un techo inferior en un 34% (62.605 millones de euros menos) al de 2010, cuando comenzaron los recortes.

En realidad, los presupuestos de 2018 plantean una senda de continuidad en la política de ajuste, centrada en rebajar el gasto sin mejorar la capacidad de recaudación. Sirva para ilustrarlo el gráfico, que aúna datos sobre ingresos y gastos públicos registrados con los niveles esperados hasta 2020. Como puede apreciarse, para llegar al déficit objetivo del 0,5% en 2020, la ratio gasto/PIB para entonces (39,2%) será menor que el porcentaje de ingresos obtenido en 2006 (40,5%).

El leve incremento en el límite de gasto se prevé compatible con una reducción del saldo negativo en las cuentas públicas, hasta bajar por debajo del límite exigido en Bruselas del 3% del PIB (2,2% previsto para 2018) por primera vez desde el inicio de la crisis. Pero aparte de la discutible idoneidad del objetivo, su consecución presenta al menos dos problemas.

El primero tiene que ver con la previsión de ingresos. La sobrestimación de la recaudación ha sido una constante en la Administración de Mariano Rajoy, con una brecha acumulada en la recaudación real frente a los ingresos esperados de más de 25.000 millones de euros desde 2011 (7.271 millones sólo en 2016). El problema no es simplemente de previsiones infladas, sino también que en estos años los ingresos han disminuido su elasticidad al ciclo. Es decir, la recaudación crece significativamente menos que el PIB.

Parte de la explicación reside en factores intrínsecos, como la baja inflación o una recuperación en parte vía demanda externa, que no deja efectos en ingresos por IVA. Pero otra parte significativa se debe a las propias reformas fiscales, como las de 2015-2016 en IRPF y Sociedades que, según la Agencia Tributaria, se han traducido en una pérdida de recaudación total de 10.110 millones de euros. A ello hay que sumar la bajada adicional de 2.000 millones en el IRPF para 2018, acordada con Ciudadanos para contar con su apoyo al techo de gasto, y cuyos detalles aún se desconocen.

El segundo problema se refiere al gasto. Más concretamente el de la Administración central, por una parte, que en 2017 incumplirá otra vez más su objetivo; y, por otra, los fondos de la Seguridad Social, cuyo déficit sigue fuera de la meta fijada pese al aumento de la ocupación, debido a la precariedad del nuevo empleo que se crea. Así, como sucederá en 2017, el cumplimiento global de los objetivos de estabilidad para 2018 dependerá del sobrecumplimiento de sus metas por parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que permitan compensar esos otros.

Pero más allá de cumplimientos, los presupuestos de 2018 obvian el grave problema de la desigualdad en el país occidental donde ésta más ha crecido. No afrontar una reforma fiscal progresiva para fijar un suelo de ingresos que permita financiar un mayor gasto con vocación redistributiva supone confiarlo todo a los vientos de cola que, por ahora, soplan favorables.

Antonio Sanabria es profesor de Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid.

[Este artículo ha sido publicado en el número de septiembre de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

"La tercera propuesta estrella del programa económico de Ciudadanos, una reforma fiscal con bajada de impuestos, es un clásico de los partidos liberales", afirman los autores

Esta tercera y última parte de los artículos dedicados al programa económico de Ciudadanos podríamos haberla titulado, ¿por qué Luis Garicano dice Dinamarca cuando quiere decir Florida?

Veamos. La tercera propuesta estrella del programa económico de Ciudadanos, una reforma fiscal con bajada de impuestos, es un clásico de los partidos liberales. El populismo fiscal. Hasta tal punto es así que la propuesta de Ciudadanos resultó involuntariamente un calco en buena medida de la elaborada antes por la ultraconservadora Fundación FAES.  

Dicha propuesta plantea una rebaja del tipo general del IVA hasta el 18 %, una reducción de los tramos en el IRPF (lo que supone una disminución de la progresividad del impuesto sobre la renta) y de los tipos impositivos de este, especialmente en el caso del tipo máximo del IRPF. Dejaremos aquí al margen la subida inequitativa del IVA superreducido a los productos básicos, que parece más bien un señuelo para que no se analice el cuerpo de la reforma fiscal propuesto. 

Obviamente toda bajada de impuestos como la mencionada supone una caída de ingresos, lo que salvo que se incurra en déficits estructurales, implicaría una reducción del gasto público. Aquí entra el consabido mantra de las duplicidades y el gasto público improductivo (“simplificación de la administración”, lo llaman en Ciudadanos) algo que, sin duda, todo el mundo estaría encantado de eliminar, pero una bajada impositiva de esta cuantía supondrá, como bien han demostrado los recortes de sanidad y educación durante los últimos años, una fuerte contracción de las principales partidas del gasto público con un evidente impacto social. De nuevo, el centrismo.  

Todo esto a no ser, claro, que seamos creyentes en la falacia de la curva de Laffer, y de que las bajadas de impuesto se autofinancian “ceteris paribus” con una mejora de la oferta de empleo y de la demanda de inversión por la menor presión fiscal. Un hecho que no ha logrado cumplirse fuera de la servilleta de papel en la que el señor Laffer escribió su ocurrencia. Esto es algo en lo que estamos seguros ni quiera Garicano se cree.

Encontramos otra gran contradicción entre el programa de Ciudadanos y Garicano, y sus grandilocuentes declaraciones públicas en artículos, entrevistas y libros al respecto de que su modelo para España es Dinamarca. Garicano y Ciudadanos promueven una reducción de la presión fiscal media y del tamaño del Estado en España. Pero es necesario recordar que en 2014, según datos del FMI, los ingresos públicos sobre el PIB del Estado español fueron del 37 %, mientras que en Dinamarca rebasaron el 55 % del PIB. Si Ciudadanos y Garicano proponen una reducción del tamaño del sector público esto es totalmente incoherente con aspirar a ser Dinamarca del sur de Europa. (Ver gráfico 1).

Antes de su nueva pasión por el supuesto cambio político (alternancia sería un término más exacto), Garicano publicó un significativo post en el que consideraba que el modelo de España debería ser Florida, para lo que proponía reducciones de impuestos directos, especialmente para la tercera edad, e incentivos a la compra de viviendas, con la falta que hace. Esto seguramente es más coherente con la visión liberal del programa de Ciudadanos, como lo eran las propuestas de FEDEA, que tomaban como modelos de progreso y bienestar las políticas liberales en materia laboral y fiscal del régimen autoritario de Singapur. En este punto habría que recordar que si en la actualidad España hubiese sido la Florida de Europa, seguramente estaríamos en una tesitura similar a la de Grecia. Florida en 2007 tuvo una explosión inmobiliaria en magnitud muy superior al de España, y fue uno de los centros de expansión de la crisis de las hipotecas subprime. Todo ello llevo a la quiebra al estado de Florida y a las entidades financieras allí radicadas. Al contrario que EEUU, la eurozona es una unión monetaria sin unión fiscal, por lo que probablemente al igual que en Grecia, si España fuera la Florida de Europa, el BCE estaría amenazando con quebrar una vez más el sistema financiero, a cambio de un préstamo con condiciones leoninas de ajuste estructural.

Obviamente, los modelos en los que realmente se inspiran Garicano y Ciudadanos para España (Florida, Singapur…) tienen escaso gancho electoral, por razones bien fundadas. De hecho encontramos en Garicano esta voluntad de confundir al lector entre políticas económicas y países, que por buenas razones tienen prestigio, respecto a la igualdad y el funcionamiento democrático en el imaginario colectivo, y medidas que en nada conducen con tales modelos. Un ejemplo de esto lo encontramos en este artículo reciente en el que proponía sus medidas para salir de la crisis: “La visión propuesta sigue los mismos cauces de humanismo y mercado que caracterizaron el milagro económico alemán tras la Segunda Guerra Mundial. Esta visión se basa en tres pilares. En primer lugar, reducir el tamaño del Estado sustancialmente”. Afirmación chocante, ya que tras la Segunda Guerra Mundial el tamaño del Estado alemán (medido como los ingresos y los gastos públicos sobre el PIB) creció desde un 30 % en 1950 hasta más de una 45 % a mediados de los setenta. Más espectacular, si cabe, es el crecimiento del tamaño del sector público en los países nórdicos, como la propia Dinamarca (ver gráfico 2).

Tras el análisis en estos tres artículos del programa económico de Ciudadanos, nos cabe concluir que, con ser gravemente dañinas para el conjunto de la población las propuestas neoliberales de Garicano para Ciudadanos, lo que llama la atención es la ausencia de un diagnóstico integral de los principales problemas que tiene actualmente la economía española. Se pueden citar tres problemas íntimamente relacionados: el sobreendeudamento primero privado y ahora público; una debilidad estructural en su aparato productivo; y consecuentemente, la inserción asimétrica de España al igual que otras economías periféricas, en la eurozona. 

En un libro publicado recientemente, Michel Aglietta y Thomas Brand analizan cómo la inserción de las economías europeas en la eurozona, el propio mecanismo de diseño, en vez de promover una convergencia real en productividad y bienestar entre las economías ha provocado divergencias productivas y de competitividad exterior entre las economías centrales (Alemania) y periféricas (España, Portugal, Grecia...). Lejos de un círculo virtuoso, la se ha reforzado un círculo vicioso, en el que las propias instituciones que gobiernan este modelo únicamente ofrecen como alternativa a los países del Sur, una permanente devaluación salarial y la precarización de las condiciones laborales.

Sobre esto, Garicano no ofrece diagnóstico alguno, porque para él, como menciona en su libro El Dilema de España (Península, 2014), los problemas del país se limitan a la burbuja inmobiliaria en la década anterior y al capitalismo de amiguetes, que han dañado el capital humano y las instituciones. Una burbuja inmobiliaria que explicaría todo, pero no se sabe muy bien cómo y por qué surgen. Las interrelaciones, mencionadas por multitud de economistas, entre desindustrialización, inserción en la eurozona, sobreendeudamiento, desigualdad, dificultades crónicas en materia de competitividad externa o la generación de burbujas de activos, no se tienen en cuenta. 

Entendemos que sin un análisis correcto de estos problemas, que no ofrece Garicano ni Ciudadanos, difícilmente se ofrecerán soluciones que beneficien a los intereses de la mayoría social. Podríamos resumir el programa de económico de Ciudadanos en: “haremos más de lo mismo, pero mejor, porque ahora lo haremos nosotros”.

"La propuesta, defendida por Ciudadanos, es muy populista y no tiene ningún efecto redistributivo de lucha contra la pobreza a largo plazo", afirman los autores

Tras analizar en un artículo anterior la propuesta de contrato único de Ciudadanos, pasamos aquí a comentar la segunda de sus propuestas estrella: el denominado “complemento salarial”. Dejamos para una próxima tercera y última entrega el análisis de su propuesta en materia fiscal.

El complemento salarial es un impuesto negativo sobre la renta para completar los salarios más bajos, fijados supuestamente por la productividad marginal del trabajador, hasta un nivel considerado digno. La propuesta fue introducida en el moderno debate sobre las políticas redistributivas por Milton Friedman, que no era precisamente un amante de la socialdemocracia nórdica y de la equidad distributiva. Como otras propuestas de la Escuela de Chicago, es interesante analizar la filosofía y finalidad última que hay detrás. Los defensores del impuesto negativo sobre la renta lo consideran un mecanismo más eficiente para reducir la desigualdad que un salario mínimo, ya que parten de la hipótesis neoclásica de que el funcionamiento del mercado laboral no es una institución singular frente a otros mercados, y que el salario está determinado por la productividad marginal del trabajo. No es el momento de una digresión teórica sobre este asunto, pero sin ir más lejos en el reciente libro de Thomas Piketty (El Capital en el Siglo XXI, FCE, 2014) se puede encontrar una crítica y un análisis empírico que demuestran la falsedad de esta hipótesis. Por otro lado, Piketty muestra cómo uno de los mejores métodos en los que las sociedades han reducido la desigualdad ha sido mediante la introducción de los salarios mínimos y su incremento.

Pero, aunque la denominación de impuesto negativo sobre la renta es original de Friedman, y su moderna introducción en EE UU se inició con Richard Nixon, en realidad se trata de algo que ya se había aplicado a comienzos del siglo XIX, en el marco de las leyes de pobres británicas. Se trata del llamado sistema de Speenhanland, que se implantó entre 1795 y 1835 en los condados rurales de Inglaterra. Ante el estado de hambruna en muchas zonas rurales del país por la proletarización durante los cercamientos (enclosures) durante el siglo XVIII, los magistrados del condado de Speehhanland descartaron la opción de establecer un salario mínimo para los campesinos, y optaron por subsidiar las rentas de las familias jornaleras cuyos ingresos no fueran suficientes para cubrir las necesidades básicas de alimentación y vivienda hasta un nivel de ingreso mínimo, que variaba según el precio del grano en el mercado en cada momento. El subsidio sería financiado con un impuesto negativo sobre la renta de los contribuyentes. Como relata Karl Polanyi en La Gran Transformación (FCE, 2007), el sistema de Speenhanland se extendió rápidamente por múltiples condados rurales británicos y tuvo efectos contraproducentes, los empresarios redujeron progresivamente, y en todo lo posible los salarios que pagaban a sus trabajadores, a sabiendas de que la diferencia entre estos y el nivel de ingresos mínimo sería sufragada por los contribuyentes mediante el subsidio, lo que también redujo la productividad agrícola durante su período de vigencia entre 1795 y 1835.

Precisamente, los efectos del Sistema de Speenhanland tienen que ver, al igual que la propuesta de Garicano y Ciudadanos, con que se trata una subvención implícita  a la demanda de empleo de bajos salarios, lo que tiene el incentivo perverso de reducir progresivamente el  salario pagado por el empresario. Y esto a su vez tiene efectos nefastos sobre la productividad.

Garicano, Ciudadanos y su cohorte de aduladores seguramente desconozcan este capítulo de historia económica inglesa. De hecho, el sistema de subsidios del empleo de bajos salarios propuesto por Garicano toma como modelo para su aplicación en España el impuesto negativo compensatorio de los bajos salarios, instaurado desde los años setenta en EE.UU, el denominado Earned IncomeTax Credit (EITC). El EITC es el tercer programa de gasto social federal en ese país, después de Medicare y los cupones de alimentación. Los efectos del EITC son los mismos a escala que los del sistema de Speedhanland. La subvención implícita a los empleadores de trabajadores con bajo nivel salarial ha supuesto que, al tiempo que crecía el EITC unitario en los últimos 30 años (el EITC unitario aumentó en dólares constantes de 2010 desde 814 a más de 2.200 dólares), se redujeran los salarios reales de trabajadores con menores salarios y el propio salario mínimo (Ver gráfico 1).

Es decir, se trata de un sistema que, bajo la excusa de proteger a los trabajadores peor pagados, subvenciona y perpetúa los empleos de bajos salarios, mientras subsidia y contribuye a una devaluación salarial estructural, reduciendo a largo plazo el salario mínimo (que retrocedió en EE.UU un -19,3 % en términos reales, desde los años setenta hasta 2013) y los salarios medios de la industria manufacturera (que disminuyeron en un -5,2 %). De hecho, al tiempo que el EITC medio y el número de beneficiarios del EITC aumentaba, también lo hacía el número de “trabajadores pobres” (working poors), debido a los bajos salarios pagados por los empresarios y la caída de los salarios reales más bajos. Si el número de hogares beneficiarios por el EITC en EE.UU era de pocos más de 5 millones en 1975, en 2013 superó los 28 millones de dólares, al tiempo que los working poors crecieron casi un 70 % en ese mismo período (ver gráfico 2).

La propuesta de Garicano del impuesto negativo, al igual que el EITC en EE.UU, o hace tres siglos el Sistema Speedhanland tiene, obviamente, muy buena acogida entre los sectores empresariales, los mandarines neoliberales y demás amantes del centrismo, como pretendido paliativo a la desigualdad, ya que no cuestiona en ningún caso las políticas de devaluación salarial (eufemísticamente llamada “devaluación interna”, y que carecen cualquier soporte teórico y empírico por otra parte).

Se trata de una propuesta que, como relata magistralmente Karl Polanyi al analizar los devastadores efectos de la ley Speenhanland, es muy populista (en EE UU el EITC es la única medida de gasto público federal que es apoyada unánimemente por Republicanos como por Demócratas), pero no tiene ningún efecto redistributivo de lucha contra la pobreza a largo plazo: “Ninguna medida fue jamás tan popular; los empleadores podían reducir los salarios a su antojo y los trabajadores estaban seguros contra el hambre; los humanitarios aplaudieron la medida como un acto de misericordia, aunque no de justicia, y los egoístas se consolaron gustosamente pensando que no era una medida liberal, aunque fuese misericordiosa; y hasta los contribuyentes tardaron en advertir lo que ocurriría con los impuestos”. Pero debe quedar claro que se trata de una propuesta totalmente diferente a cualquier propuesta de renta básica, tanto conceptualmente como en sus más que previsibles efectos reales perversos. 

Los defensores del contrato único, abanderado por Ciudadanos, parten de la premisa falsa, según la cual la causa de la elevada temporalidad es la existencia de contratados indefinidos, con supuestamente muchos privilegios, que mejoran su capacidad de negociación colectiva y sus salarios

“El liberalismo económico evolucionó hasta convertirse en una verdadera fe en la salvación secular el hombre a través del mercado autorregulado”

Karl Polanyi, La Gran Transformación.

Hace casi dos décadas, en Reino Unido se comenzó a hacer popular la expresión, “Blair es Thatcher sin falda”, que definía el giro copernicano del partido laborista británico y de la propia socialdemocracia europea. La asunción como propio del rancio liberalismo económico por parte de los partidos socialdemócratas en los ochenta y noventa del pasado siglo fue el principal triunfo del thatcherismo, y lo que hacía perdurable en el tiempo su legado. Un calificativo similar se puede emplear con Ciudadanos, que es el principal legado político y sociológico del neoliberalismo castizo que pretende representar Esperanza Aguirre, autodenominada Thatcher española. Por supuesto, al igual que Blair en comparación con Thatcher, el neoliberalismo de Ciudadanos es cool y hípster, muy molón frente al estilo más bronco y con el turbio historial político de Aguirre. Pero en esto consiste precisamente, en hacer pasar como discurso moderno y novedoso unas ideas que hace poco más de una década solo eran el exotismo pseudo-académico de los think tanks de las patronales. Y esto no es una cuestión menor, sino que responde al simple análisis del programa económico de Ciudadanos y de sus tres propuestas estrella: contrato único, complemento salarial y propuesta fiscal. En este artículo trataremos de analizar esa primera propuesta de contrato único para, en otros dos sucesivos comentar las restantes. Como tendremos ocasión de ver, tras esa portada de fresca novedad no hay sino planteamientos del viejo neoliberalismo ramplón.

La propuesta, lanzada desde hace años por el think tank liberal FEDEA, fundación patrocinada por el Ibex-35 y de la que fue miembro Garicano, ha sido rebautizada para la ocasión como “contrato para la igualdad de oportunidades”.

Los defensores del contrato único parten de la premisa falsa, según la cual la causa de la elevada temporalidad en el mercado laboral español es la existencia de contratados indefinidos, con supuestamente muchos privilegios, que mejoran su capacidad de negociación colectiva y sus salarios. Ante lo costosas que resultarían estas contrataciones para la empresa, estas optarían por modalidades más baratas de tipo temporal. Su apoyo doctrinal es la hipótesis insider-outsider en el mercado laboral. No pretendemos aquí entrar a analizar la literatura al respecto. Únicamente advertiremos que existe evidencia para cuestionar radicalmente que el origen de la alta temporalidad en España, o de la “dualidad” como lo llaman en FEDEA, sean esos excesivos “privilegios” o derechos adquiridos por los trabajadores indefinidos.

El mercado laboral en España tiene la segunda tasa de temporalidad más alta de toda la UE, solo superada por Polonia (gráfico 1). Pero el motivo no es otro que el fraude generalizado en el uso de la contratación temporal.

Es falso que la protección al empleo indefinido en España sea elevada en comparativa internacional. De hecho está entre las menos elevadas de la OCDE y la UE (ver gráfico 2). Tampoco es cierto que el empleo temporal tenga un grado protección reducido con relación al empleo indefinido y en relación con otros países de la OCDE, como igualmente muestra el gráfico 2. Es falso que cuanto más desarrollada sea una economía, más desregulación laboral. Según la legislación de protección al empleo internacional comparada, como la que recopila cada año la OCDE se muestra que, lejos de la desregulación, la legislación laboral de las economías más avanzadas tienen diferentes grados de protección, cuentan con indemnizaciones por despido y con causalidad en el despido, distinguiendo entre despido procedente e improcedente. Como muestran los estudios de legislación laboral comparada ningún país europeo cuenta con un contrato único, por más que Garicano, FEDEA y Ciudadanos repitan con insistencia lo contrario.

Es falso, por tanto, que la legislación laboral española sea excesivamente garantista o protectora del empleo en comparación con otras legislaciones, especialmente de los países europeos más avanzados.

Frente a esta evidencia empírica, los defensores del contrato único consideran que la legislación laboral es endógena en la generación de temporalidad. Es decir, la temporalidad no dependería entonces de la laxitud en la vigilancia del cumplimiento de la legislación laboral, o de la demanda de empleo de servicios de baja cualificación y con alta tasa de rotación. Frente al hecho empírico de la estrecha relación entre desempleo y modelo productivo (evidenciado en España con grandes diferencias en tasas de paro entre Comunidades Autónomas bajo una misma legislación laboral), a juicio de estos economistas la clave estaría en fijar un único modelo de contratación. Más aún, según los defensores del contrato único afirman, entre sus múltiples no sólo estaría la de mejorar la temporalidad, sino la propia formación de los trabajadores y trabajadoras, incluso resolvería problemas educativos. Propiedades sin duda milagrosas las que tendría el contrato único y que ningún país ha descubierto aún.

Lo que implicaría en la práctica el contrato único sería una reducción de la indemnización por despido y de derechos laborales de los trabajadores indefinidos, ya bastante jibarizados por las sucesivas reformas laborales del bipartidismo PP-PSOE. La indemnización por despido sería cero en los primeros meses del contrato, para crecer luego según la antigüedad. Sin embargo, al no atacar las causas de la elevada temporalidad, vinculadas al fraude generalizado y al modelo productivo, la introducción del contrato único no reducirá la rotación en el mercado laboral, que es el efecto negativo que tiene la temporalidad. El contrato único simplemente eliminaría estadísticamente a los trabajadores temporales (enmascararía la temporalidad) y los sustituiría por trabajadores indefinidos, que durante los primeros meses no tendrían indemnización por despido ni su despido tendría causalidad o, al menos, no la tendría en la práctica.

Aun cuando los autores de la propuesta, para salvar la exigencia constitucional de causalidad en el despido propusieran una indemnización creciente en dos escalones, en la práctica, si el fraude se ha generalizado en el contrato temporal, no es descabellado pensar que la introducción de un contrato único de esas características lleve en la práctica a la ausencia de causalidad en el despido en la contratación.

La eliminación en la práctica de la causalidad, que en último término eliminaría de facto la tutela judicial efectiva en el despido, que el contrato único lleva implícita, conduciría a un todavía mayor desequilibrio en la capacidad de negociación de los trabajadores. La eliminación de la tutela judicial efectiva es una reivindicación histórica desde hace décadas de la patronal, y una demanda clásica de la filosofía neoliberal, que concibe las relaciones laborales regidas por contratos mercantiles individuales, con relaciones “libres e iguales” entre trabajador y empresario, con la cínica ficción liberal, que parte del falaz supuesto de unas relaciones simétricas entre patronal y asalariado.

Resulta desconcertante cómo a esta negación de la evidencia se le añade la insistencia en el dogma de la austeridad, por más que la situación lejos de avanzar empeora. Resulta no menos desconcertante que, una vez evidenciadas las serias carencias en la arquitectura de la unión monetaria, no se tomen medidas que sirvan siquiera para calmar la situación, como ejemplifica la desesperante inacción del Banco Central Europeo. Pero para entender un poco mejor una situación a primera vista desconcertante, conviene empezar por identificar bien el problema que realmente se quiere resolver. Y esto nos lleva a recordar que el origen de la crisis antes que fiscal es bancario, resultado a un proceso de colosal acumulación de deuda privada propiciada por el modelo neoliberal vigente.

La confluencia de intereses entre banca, grandes empresas y rentas altas propiciaría desde finales de los años setenta un conjunto de políticas neoliberales que incidieron sobre dos aspectos básicos: la ruptura del pacto social implícito de posguerra entre capital y trabajo, y el impulso del sector financiero. Ambos están interrelacionados en la medida en que la deuda, facilitada por la liquidez que aporta un sector financiero hipertrofiado, permite el “milagro” de compaginar ajustes salariales con una demanda agregada pujante (sostenida vía crédito).

En el caso de la eurozona este modelo se concreta en dos modalidades. Una primera en las economías del “núcleo”, como Alemania, orientada a la exportación, y una segunda en la periferia, cuyo crecimiento está guiado por el endeudamiento. Por su estructura productiva, Alemania pudo compensar el estancamiento de la demanda interna fruto de sus políticas de ajuste salarial, mediante sus exportaciones en un contexto favorable para la demanda externa. El excedente de ahorro acumulado por sus superávits comerciales se dirigió al exterior, dada la debilidad de la demanda local. Un lugar preferente fue el mercado estadounidense, donde los derivados de crédito y otros instrumentos financieros ofrecían una rentabilidad enorme mediante mayores niveles de endeudamiento, pretendidamente sin riesgo. Una regulación más laxa permitió el desarrollo de una ingeniería financiera muy compleja, pero que finalmente resultó ser la reinvención de la rueda; es decir, cómo financiarse desde la nada vía endeudamiento. El otro destino del ahorro excedente consistió en financiar el entonces vigoroso crecimiento de la periferia europea.

En esta segunda modalidad de la eurozona, el ajuste salarial se compensaba con la captación de ahorro externo, facilitado por unos bajos tipos de interés y una moneda fuerte como el euro. Pero los riesgos de esa excesiva dependencia a la financiación exterior se evidenciaron a partir de la quiebra de Lehman Brothers, en 2008, y la consiguiente sequía que provocó en los flujos de crédito internacionales. Es entonces cuando los prestamistas foráneos se percatan del riesgo de no recuperar sus inversiones.

Sin duda, esta situación ha puesto en evidencia las severas debilidades y vacíos del marco institucional comunitario, que debería haber compensado las asimetrías entre los Estados miembros. Pero la cuestión es sobre todo por qué no se ha avanzado lo más mínimo en corregir dichas carencias. Para entenderlo, partimos de la citada crisis bancaria por acumulación de deuda privada. Pero a este factor, común en otras zonas fuera de Europa, se une aquí un rasgo particular: deudores y acreedores comparten una misma área monetaria. Se plantea con ello un conflicto de intereses entre las prioridades de unos y otros. La crisis en la periferia amenaza los créditos de bancos alemanes o franceses, entre otros. Pero al mismo tiempo, la amenaza de ruptura del euro hace que los capitales huyan hacia aquellas economías donde, en caso de desaparecer la moneda común, sea menor la devaluación al regresar a sus antiguas monedas locales, y con ello pierdan menos valor sus capitales allí depositados. Esta entrada masiva de fondos permite a los bancos del núcleo acceder a financiación muy barata, pese a que su situación dista de estar saneada; mientras en la periferia el grifo del crédito está prácticamente cerrado.

El factor tiempo deja de ser una variable neutral. Es decir, que la lentitud de Bruselas y Fráncfort, si bien puede desesperar a los Estados intervenidos, resulta provechosa para los prestamistas, al ofrecerles más margen para reducir su exposición crediticia en aquellos países. Una idea al respecto la ofrece el caso griego. Según datos del Banco Internacional de Pagos, la exposición crediticia de Alemania en Grecia era de 45.114 millones de dólares en el primer trimestre de 2008, para pasar a reducirse a 5.512 millones al final de junio de este mismo año. Es decir, mientras las instituciones parecen perder tiempo, los acreedores se van deshaciendo del problema. En España, aunque las cifras son superiores (122.528 millones de dólares a final de junio de 2012) representan en torno a un 39% de sus créditos bancarios en el primer trimestre de 2008.

Experiencias anteriores, como la latinoamericana de los años ochenta, muestran cómo las políticas de ajuste consisten en maximizar las devoluciones a los acreedores a costa incluso de que los países afectados socialicen deuda privada. Así Alemania se muestra inflexible en que las ayudas a la banca estén avaladas por el Estado, por más que esto propicia la conversión de deuda privada en pública.

Según la teoría de la estabilidad hegemónica planteada por Charles Kindleberger, históricamente cualquier proceso de unificación monetaria es asimétrico y su estabilidad (incluso su viabilidad) depende de que, quien lidere esa unión, asuma también los costes de su hegemonía. Pero el discurso de la austeridad permite a Alemania eludirlos, por más que sus malas inversiones también colaboraran en el desastre. Así pues, para el caso de la eurozona la única solución posible pasa por que los bancos acreedores y los gobiernos que representan sus intereses asuman su corresponsabilidad, y con ello su parte de la factura.