En los últimos veinte años, España se ha hecho mucho más rica, pero no más equitativa. Según un estudio reciente que acabamos de publicar en FEDEA, a partir de los datos de la Encuesta Financiera de las Familias que elabora el Banco de España, la riqueza media de los hogares españoles ha crecido casi un 80% en términos reales desde 2002, pero ese avance ha beneficiado sobre todo a las rentas altas y a las generaciones mayores. El resultado es un país más rico, pero también más desigual y más envejecido patrimonialmente: mientras los mayores acumulan activos y seguridad, los jóvenes quedan fuera del ciclo de acumulación. La mitad de los hogares apenas ha mejorado su posición en dos décadas, y la clase media patrimonial —aquella que durante años sostuvo la idea de una sociedad de propietarios— se desdibuja lentamente.

La desigualdad patrimonial ha alcanzado niveles récord, y el ascenso social a través del ahorro o la vivienda es hoy mucho más difícil que para las generaciones anteriores. En el gráfico siguiente se aprecia con claridad esa concentración creciente: en 2002, el 1% más rico concentraba el 14% de la riqueza total del país; veinte años después, acumula ya el 21%, mientras que la mitad más pobre ha pasado del 13% al 7%. Entre medias, la clase media patrimonial pierde terreno. España ha aprendido a generar riqueza, pero no a distribuirla.

Gráfico 1. Concentración de la Riqueza en España

Shares de la riqueza total en determinados percentiles (2002-2022)

El índice de Gini de la riqueza de los hogares ha pasado de 0,57 a 0,69 en solo dos décadas, situando a España entre los países europeos con mayor concentración patrimonial. Las dos grandes crisis del periodo —la financiera de 2008 y la sanitaria de 2020— no alteraron esta tendencia: golpearon con más fuerza a los hogares con menos activos y más deuda, y las recuperaciones posteriores reforzaron la posición de los más ricos. El resultado es una erosión sostenida de la clase media patrimonial, cuya participación en la riqueza total ha caído del 45% al 39%, mientras el 10% más rico acapara ya más de la mitad del patrimonio nacional.

La estructura patrimonial de los hogares españoles sigue dominada por la vivienda, lo que convierte al mercado inmobiliario en el principal canal de acumulación de riqueza y, al mismo tiempo, en el mayor generador de desigualdad. Según nuestro estudio en FEDEA, los activos reales —fundamentalmente vivienda principal y otras propiedades— suponen el 80% del patrimonio total de los hogares, frente a un 20% en activos financieros (depósitos, fondos, acciones o planes de pensiones). En otras palabras, la riqueza en España sigue dependiendo del ladrillo (Grafico 2).

Durante los años previos a la crisis de 2008, el crédito barato permitió ampliar la propiedad de vivienda, lo que fortaleció el patrimonio de la clase media. Pero tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el modelo se fracturó. Los hogares más acomodados resistieron mejor la caída del valor de los activos y pudieron diversificar su patrimonio hacia inversiones financieras; los de renta media y baja, en cambio, sufrieron una fuerte pérdida de patrimonio y un aumento de la deuda que tardaron años en recuperar. En el 50% más pobre, la deuda equivale al 39% de sus activos, frente a apenas el 1% en el 1% más rico. Esto significa que las familias más vulnerables no solo tienen menos patrimonio, sino que además lo financian con más deuda relativa, quedando mucho más expuestas a los cambios de tipos de interés o de empleo. Para una parte del país, la vivienda es un activo que genera estabilidad; para otra, una hipoteca que lastra su capacidad de ahorro.

Gráfico 2. España, un país atado al ladrillo

Composición y evolución de la riqueza (2002–2022)

La desigualdad de la riqueza no solo separa a ricos y pobres, sino también a jóvenes y mayores. España vive una auténtica fractura generacional del patrimonio, con un desplazamiento sostenido de la riqueza hacia las generaciones más veteranas y una pérdida de capacidad de acumulación entre las más jóvenes. Los hogares encabezados por menores de 35 años han perdido, en términos reales, más del 50% de su riqueza media desde 2008, mientras que los mayores de 74 años acumulan hoy un patrimonio medio superior a 450.000 euros, más de cinco veces más. La brecha patrimonial entre jóvenes y mayores se ha triplicado en dos décadas, pasando de unos 100.000 euros a más de 340.000.

Este proceso no se explica solo por el ciclo vital. Las nuevas generaciones han afrontado un contexto mucho más adverso: empleos temporales, salarios más bajos, precios de vivienda disparados y un acceso al crédito cada vez más restrictivo. Los mayores, en cambio, han disfrutado de estabilidad laboral, activos ya amortizados y una fuerte revalorización de su patrimonio inmobiliario. El resultado es que los jóvenes parten con menos activos, más deuda y precios de vivienda mucho más altos que los que afrontaron sus padres.

En términos agregados, los mayores de 75 años concentran ya el 18% del patrimonio nacional, más del doble que en 2002, mientras que los menores de 35 apenas retienen el 2%. España se ha convertido así en un país más rico, pero también más envejecido en su estructura patrimonial: la edad se ha convertido en una nueva forma de desigualdad.

Gráfico 3. Distintas edades, distintos mundos.

Riqueza neta media por grupos de edad (2002–2022).

El acceso a la vivienda se ha convertido en el gran muro entre generaciones. En 2008, el 65% de los menores de 35 años tenía una vivienda en propiedad; en 2022, apenas el 35%. Entre los mayores de 65 años, la tasa se mantiene cerca del 90%. Esa diferencia de más de 50 puntos porcentuales resume la nueva brecha patrimonial española: para unos, la vivienda es un activo que asegura estabilidad y valor; para otros, un sueño cada vez más lejano.

La vivienda fue durante décadas el ascensor social que permitió a las familias acumular patrimonio y seguridad. Hoy ese ascensor se ha detenido, y en su lugar se ha levantado una frontera: quienes accedieron antes de la crisis disfrutan de un patrimonio revalorizado; quienes llegaron después se enfrentan a precios récord, alquileres desorbitados y escasas oportunidades de ahorro.

La caída en la propiedad de vivienda entre los jóvenes no sería necesariamente un problema si existiera un mercado de alquiler accesible y estable, capaz de ofrecer alternativas reales. Pero el alquiler también se ha convertido en un bien de lujo: los precios se han disparado y los contratos son cada vez más cortos e inciertos. Así, ni comprar ni alquilar son hoy opciones viables para buena parte de la juventud, lo que bloquea su capacidad de independencia, de ahorro y de formación de patrimonio.

El mercado inmobiliario se ha convertido así en el gran factor de desigualdad del siglo XXI. La combinación de salarios estancados y vivienda encarecida deja a muchos jóvenes atrapados en un ciclo de alquiler caro, sin margen para ahorrar ni construir estabilidad. No es solo un problema económico, sino una fractura social que condiciona expectativas, decisiones vitales y confianza en el futuro. La edad en España ya no solo determina la pensión o el salario, sino también la posibilidad misma de tener un techo propio.

Gráfico 4. El techo cada vez más lejos para los jóvenes

Porcentaje de hogares de cada edad con la vivienda en propiedad (2002–2022)

La desigualdad no solo separa a jóvenes y mayores, sino que también crece dentro de cada generación. Entre los menores de 45 años, el índice de Gini de la riqueza alcanza 0,7, el nivel más alto de toda la serie histórica. Esto significa que dentro de la propia juventud conviven dos realidades extremas: una minoría con activos sólidos —vivienda, ahorros o apoyo familiar— y una mayoría con patrimonio prácticamente nulo.

Las diferencias en estabilidad laboral, acceso a la vivienda o capacidad de ahorro se acumulan con el tiempo y se transforman en distancias patrimoniales difíciles de revertir. Quienes logran acceder a una vivienda o a un pequeño colchón financiero consolidan su posición; quienes no, permanecen en un ciclo de vulnerabilidad económica y dependencia prolongada.

Esta polarización interna también moldea las percepciones sociales: cada vez más jóvenes asumen que no alcanzarán el nivel de vida de sus padres, incluso trabajando más y con mayor formación. El patrimonio, más que el ingreso, se ha convertido en el nuevo determinante de bienestar y de movilidad social en España.

Gráfico 5. Una juventud cada vez más polarizada

Evolución del Índice de Gini general y por edades (2002–2022)

Los datos por cohortes generacionales muestran hasta qué punto el cambio patrimonial en España ha sido profundo. Las generaciones nacidas entre los años 40 y 60, los llamados baby boomers, alcanzaron niveles de riqueza y de propiedad mucho más altos que las cohortes posteriores a la misma edad. A partir de la Generación X y, sobre todo, entre los millennials, la acumulación patrimonial se estanca: los jóvenes de hoy poseen menos patrimonio con 40 años que sus padres a esa edad.

Gráfico 6. Cuánto patrimonio acumula cada generación a lo largo de su vida

Evolución de la riqueza media (en euros constantes de 2022) por edad del cabeza de hogar y cohorte generacional.

La lectura de este gráfico es clara: el modelo patrimonial español se ha roto. Las generaciones que se incorporaron al mercado laboral en los ochenta y noventa pudieron aprovechar un entorno de empleo estable, crédito accesible y vivienda asequible, lo que les permitió construir patrimonio a lo largo del ciclo vital. Las que llegaron después —millennials y centennials— se enfrentan a un contexto completamente distinto: crisis sucesivas, salarios más bajos y precios de vivienda fuera de alcance.

Este cambio de escenario no solo retrasa el momento en que los jóvenes acceden a la propiedad, sino que en muchos casos lo hace directamente imposible. El resultado es un patrón de acumulación truncada, donde la riqueza deja de ser el fruto del trabajo y pasa a depender del punto de partida familiar.

Gráfico 7. Los jóvenes llegan más tarde —o no llegan— a la propiedad de la vivienda

Porcentaje de hogares con vivienda en propiedad por grupo de edad y cohorte generacional.

El segundo gráfico confirma esa tendencia: cada cohorte más joven accede a la vivienda más tarde y en menor proporción que la anterior. Para los baby boomers, la propiedad era casi un destino inevitable; para los millennials, una excepción. La consecuencia es una brecha patrimonial por edad sin precedentes: los mayores de 75 años concentran ya cerca del 18% del patrimonio nacional, mientras los menores de 35 apenas retienen el 2%. España se ha hecho más rica, sí, pero también más envejecida y más desigual en la forma en que reparte su riqueza.

La concentración patrimonial y la fractura generacional plantean uno de los mayores desafíos económicos y sociales de la España actual. El problema no es la falta de riqueza, sino su distribución y su renovación. El país ha aprendido a generar patrimonio, pero no a repartirlo ni a garantizar que las nuevas generaciones puedan incorporarse al ciclo de acumulación. Revertir esta tendencia exige un nuevo pacto entre generaciones, basado en tres frentes principales:

Me sorprende cómo cada vez hay más gente preocupada por la sostenibilidad fiscal de España —es decir, por la evolución de la deuda pública— sin mencionar las pensiones, como si ambos temas no tuvieran nada que ver. Pero es imposible hablar de cuentas públicas sin hablar del principal gasto del Estado. No olvidemos que a día de hoy cerca del 30% de las pensiones contributivas se financian con los Presupuestos Generales del Estado. 

Para entender hasta qué punto una mala política de pensiones puede comprometer la sostenibilidad fiscal, basta con recordar lo ocurrido hace muy poco. Recién aprobada la primera fase de la reforma de pensiones —que garantizaba por ley el poder adquisitivo de las prestaciones— estalló el mayor episodio inflacionario en décadas, consecuencia de la guerra de Ucrania. La inflación alcanzó el 8,5% en 2023 y el 3,8% en 2024. En aquel momento, desde Fedea propusimos una alternativa mucho más razonable: en el año 2023 haber subido las pensiones más bajas un 11% (por encima de la inflación), mientras que las más altas subieran al ritmo de los salarios de los empleados públicos (aquí la propuesta). Para hacer las simulaciones hemos supuesto que las pensiones más altas suben como lo hicieron los funcionarios públicos: un 2,5% en 2023 y un 2% en 2024. Esta medida, mucho más razonable desde nuestro punto de vista, habría permitido un ahorro de 6.225 millones de euros en 2023 y de 2.200 millones en 2024 

La pregunta que debemos hacernos es cómo habría evolucionado la deuda pública española si se hubiera aplicado esa propuesta. Los efectos serían mucho mayores de lo que podría parecer a simple vista.

El impacto de la subida generalizada de todas las pensiones con el IPC se transmite a la deuda pública a través de tres canales. Primero, por el aumento inmediato del gasto el año en que se aplica la revalorización. Segundo, porque esa subida es acumulativa: cada nueva actualización parte de un nivel de pensiones más alto que el anterior. Y tercero, porque al financiarse con más deuda, también crece el gasto destinado a pagar intereses.

Así, aunque en 2023 la medida representó un coste adicional de 6.225 millones de euros respecto a la propuesta alternativa de Fedea, en 2024 el impacto acumulado ascendió a 15.228 millones y este año alcanzará los 24.648 millones. O, dicho de otro modo: si se hubiera aplicado la propuesta de Fedea, en 2025 terminaríamos el ejercicio con 24.648 millones de euros menos de deuda pública.

Pero aquí no acaba la historia. Para analizar el impacto final sobre las finanzas públicas —y, en particular, sobre la deuda— conviene mirar la senda prevista en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo que el Gobierno ha remitido a Bruselas.

Esta proyección de la deuda pública se elabora bajo supuestos macroeconómicos asumidos por el Gobierno de España en su plan fiscal (2025-2041): un crecimiento potencial del PIB del 1,4%, un deflactor medio del PIB del 2,3% y un tipo de interés medio del 3,2%. Hemos considerado que todas las pensiones se actualizan con el deflactor del PIB de cada año.  

Es importante tener en cuenta que hay dos aspectos que no hemos incorporado en el escenario alternativo, aquel en el que las pensiones más altas hubieran crecido al ritmo de los salarios en lugar de hacerlo con la inflación en 2023 y 2024. Por un lado, la recaudación por IRPF habría sido menor, ya que las pensiones más altas serían inferiores. Pero, por otro, la pensión máxima, cuyos perceptores van a aumentar significativamente las próximas décadas, también habría aumentado menos, de modo que los nuevos jubilados con derecho a la pensión máxima habrían accedido a una prestación más baja. El primer efecto reduciría el ahorro estimado, mientras que el segundo lo ampliaría. En esta simulación suponemos que se neutralizan ambos efectos.

El documento contempla varios escenarios, de los cuales vamos a destacar dos.

En el escenario de ajuste, en mi opinión poco realista, se asume que el déficit estructural primario se corrige completamente en 2026 y se mantiene un superávit estructural primario del 2,3% entre 2031 y 2041. Los resultados pueden verse en el siguiente gráfico: la deuda pública, que en el escenario oficial alcanzaría el 76,8% del PIB en 2041, pero sería del 67,7% si se hubiera aplicado la propuesta alternativa de Fedea. En otras palabras, la revalorización generalizada de las pensiones tras la guerra de Ucrania tendrá un impacto acumulado de 9,1 puntos de PIB sobre la deuda a largo plazo.

En el otro escenario considerado por el Gobierno -a mi juicio el más realista-, uno menos exigente en el ajuste fiscal, en el que el déficit primario se mantiene en el 0,6% del PIB en todo el periodo (2025-2041), los resultados son también elocuentes. Según nuestras estimaciones, la deuda pública se situaría en el 110,1% del PIB si se hubiera aplicado la propuesta de Fedea, frente al 119,2 % del PIB proyectado en el documento oficial remitido a Bruselas.

En definitiva, no es posible garantizar la sostenibilidad de la deuda pública ignorando el papel de las pensiones. Una decisión aparentemente limitada en el tiempo —subir todas las pensiones por igual en lugar de vincular las más altas al crecimiento de los salarios— ha supuesto un incremento potencial de casi 10 puntos del PIB en la deuda pública. 

Por último, para realizar la simulación hemos supuesto que todas las pensiones altas que se revalorizaron permanecen activas durante todo el periodo. Este supuesto afecta al resultado del gasto en ambas direcciones. Por un lado, puede haber pensionistas con pensiones elevadas que, tras una revalorización, fallezcan poco después; en esos casos, estaríamos contabilizando un gasto como si esa pensión se siguiera abonando indefinidamente, cuando en realidad se extingue al año siguiente. Pero, por otro lado, esa misma revalorización eleva el nivel de la pensión máxima, de modo que los nuevos jubilados que alcancen ese tope en los años posteriores accederán a una prestación inicial más alta. En otras palabras, el efecto de la subida no solo se acumula sobre los pensionistas actuales, sino también sobre los futuros que entran en el sistema con una pensión máxima más elevada.

No podemos saber a priori cuál de los dos efectos predomina, ya que para ello sería necesario un modelo dinámico que tuviera en cuenta la mortalidad por nivel de pensión y la renovación del colectivo de jubilados. En cualquier caso, si consideramos que la esperanza de vida a partir de los 63 años es de unos 24 años y suponemos una mortalidad uniforme a lo largo de ese periodo, el cálculo realizado hasta los 12 años posteriores a la medida (hasta 2035) puede interpretarse como una cota inferior del impacto real. Incluso bajo esta hipótesis conservadora, puede afirmarse que una política inadecuada en materia de pensiones durante tan solo dos años tiene un efecto considerable sobre la deuda pública española. En concreto, en 2035 esta decisión supondrá al menos 150.000 millones de euros más de deuda pública, o 6,4% adicionales de PIB, de la que tendríamos si hubiéramos limitado el crecimiento de las pensiones más altas en tan solo dos años.

En definitiva, con este sencillo ejemplo hemos visto que la sostenibilidad fiscal y las pensiones no son dos debates distintos, sino el mismo. Ignorar esa conexión conduce a decisiones cortoplacistas que acaban comprometiendo la estabilidad futura de las nuevas generaciones. La lección es simple: sin una política de pensiones sensata, no hay senda fiscal creíble.

El Gobierno de coalición ha decidido aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar el 60% del salario medio de la economía. Desde 2018 hasta 2025, el SMI habrá experimentado un incremento acumulado del 61%, pasando de 735,90 euros a 1.184 euros mensuales, lo que equivale a un aumento anual de 10.302,60 euros en 2018 a 16.576 euros en 2025.

La última subida ha supuesto un incremento de 50 euros mensuales, elevando el SMI de 1.134 euros a 1.184 euros, es decir, un aumento del 4,4%, que en términos anuales equivale a 700 euros adicionales. Sin embargo, a diferencia de aumentos anteriores, esta subida no ha venido acompañada de una modificación en el IRPF, lo que implica que los perceptores del SMI tendrán que tributar una parte de este incremento.

En mi opinión, que un salario que ha aumentado un 61% en pocos años comience a tributar no es, en sí mismo, sorprendente. Lo realmente llamativo es que, de los 700 euros de subida, 340 euros deban ir a Hacienda, lo que representa un tipo marginal del 48,6%.

¿Cómo es posible que un perceptor del SMI se enfrente a un tipo marginal del 48,6%, superior al 47% aplicado a quienes ganan más de 300.000 euros anuales? 

Este hecho pone en evidencia una ineficiencia en el diseño del IRPF que la subida del SMI ha dejado al descubierto. Esta ineficiencia lleva con nosotros mucho tiempo.

Para ilustrarlo de manera clara, tomemos el caso de un contribuyente sin hijos ni discapacidades. Si consideramos el salario neto tras las cotizaciones sociales, dado que estas contribuciones a la Seguridad Social generan derechos a pensiones futuras, el SMI de 2025 neto de cotizaciones asciende a 15.504 euros anuales.

Todos los contribuyentes tienen derecho a un Mínimo Personal y Familiar, que representa la parte de la renta destinada a satisfacer necesidades básicas y que, por lo tanto, no tributa en el IRPF. Para un contribuyente sin cargas familiares, este mínimo asciende a 5.550 euros. Además, existe una reducción fija de 2.000 euros aplicable a los rendimientos del trabajo. En total, los primeros 7.550 euros de ingresos no tributan, esta cantidad sería el llamado “mínimo exento”.

Sin embargo, en 2024 los perceptores del SMI tampoco tributaban pese a superar este umbral. ¿Por qué? La clave está en la Reducción por Obtención de Rendimientos del Trabajo (RRT), que funciona de la siguiente manera:

Esta RRT se aplica a todos contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a 19.747,5 euros (siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo superiores a 6.500 euros). En concreto, esta RRT minora el rendimiento neto del trabajo en las siguientes cuantías: 

—Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a 14.852 euros: 7.302 euros anuales.

—Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo superiores a 14.852 euros, pero iguales o inferiores a 17.673,52 euros: 7.302 euros menos el resultado de multiplicar por 1,75 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 14.852 euros anuales. 

—Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo comprendidos entre 17.673,52 y 19.747,5 euros: 2.364,34 euros menos el resultado de multiplicar por 1,14 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 17.673,52 euros anuales.

Es decir, para los contribuyentes con ingresos inferiores a 14.852 euros (o el SMI de 2014), la RRT es la máxima, es decir 7.302 euros y esto hace que los perceptores del SMI de 2014 no paguen nada. Con el nuevo SMI, la RRT se reduce y, por lo tanto, estos perceptores al no poder descontar toda la RRT, pues hay una parte del ingreso por la que tienen que tributar. 

En concreto, el trabajador que percibe el nuevo SMI, por un lado, obtiene un aumento bruto de 700 euros, pero, por otro lado, como la RRT es más baja, tendrá que pagar 340 euros de IRPF (al final del artículo en pequeño apéndice técnico están explicados los cálculos de forma detallada). Esto significa que sobre ese incremento se le aplica un tipo marginal del 48,6% más alto que el que afrontan los contribuyentes con mayores ingresos (cómo se puede ver en la siguiente figura). Si realizamos el mismo cálculo para distintos niveles de renta, obtenemos la distribución de los tipos marginales del IRPF, suponiendo que las Comunidades Autónomas replican el esquema estatal, dado que gestionan el 50% del impuesto. En la siguiente figura se puede observar lo absurdo de esta distribución, donde contribuyentes con menores ingresos soportan tipos marginales superiores a los de rentas más altas. El tipo marginal se define como el porcentaje de impuestos que se aplica a la última cantidad de ingresos obtenida. En un sistema progresivo como el IRPF, los ingresos se dividen en tramos y cada uno tributa a un porcentaje distinto. De esta manera, el tipo marginal indica cuánto se paga en impuestos por cada euro adicional ganado.

¿Qué se puede hacer?

Una posible solución sería repetir la estrategia utilizada en el pasado: desplazar los umbrales de la Reducción por Obtención de Rendimientos del Trabajo (RRT) hacia la derecha, de modo que el umbral máximo para percibir el 100% de la reducción coincida con el nuevo SMI. Sin embargo, esta medida no solo beneficiaría a los perceptores del SMI, sino también a todos los trabajadores y pensionistas con ingresos laborales por debajo de un determinado umbral. Es fundamental recordar que, a efectos fiscales, las pensiones se consideran rendimientos del trabajo, ya que las cotizaciones sociales funcionan como un salario diferido: el trabajador gana menos hoy para recibir una pensión mayor en el futuro. No obstante, Hacienda, con razón,  se opone a esta solución, ya que su impacto en la recaudación es cada vez mayor. Aplicar la misma estrategia que el año pasado supondría una pérdida de ingresos superior a 1.000 millones de euros, lo que explica su reticencia a continuar por este camino.

En mi opinión, la injusticia no radica en que el SMI empiece a tributar, sino en que lo haga con un tipo marginal del 48,6% en lugar de al tipo más bajo del IRPF, que es del 19%. Si tributara a este último, el trabajador pagaría a Hacienda 124 euros en lugar de los 340 euros que tendría que abonar si no se realiza ninguna corrección.

Lo razonable sería corregir esta anomalía, pero para ello sería necesario acometer una reforma integral del IRPF y eliminar la “joroba” fiscal que obliga a contribuyentes con rentas bajas a tributar con tipos marginales propios de rentas altas. Esta ineficiencia no es nueva, lleva en nuestro IRPF desde el año 2003. De hecho, en este post del blog nadaescratis.es ya criticaba al gobierno entonces, por no modificarla cuando quería introducir un complemento salarial, allá por 2018.

Entre otras medidas, esto implicaría ampliar el “mínimo exento” para todos los contribuyentes. Evidentemente, esto tendría un coste significativo, ya que reduciría la recaudación al rebajar la carga fiscal a todos los trabajadores. No obstante, una reforma de este tipo podría complementarse con la reducción de bonificaciones y exenciones fiscales, compensando así la caída en la recaudación. De hecho, aumentar el “mínimo exento” y revisar las exenciones fiscales es una recomendación recurrente de los expertos en fiscalidad desde hace décadas. Esta reforma ha sido postergada una y otra vez, pero ¿y si la subida del SMI no solo mejora la vida de los trabajadores, sino que también se convierte en el detonante conseguir un IRPF más justo y eficiente? En cualquier caso, es importante tener en cuenta, que la reforma fiscal de hacerse tiene que ser contracíclica, es decir, si va a dar como resultado una bajada de impuestos, esta debería hacerse cuando estemos en la parte baja del ciclo y no en la parte alta como estamos actualmente. No tiene ningún sentido bajar impuestos cuando la economía está en expansión.

Apéndice Técnico. Tal como están los umbrales de la RRT actualmente, un perceptor del SMI en 2024 obtenía el importe íntegro de la RRT, 7.302 euros, y no tributaba nada, pues la renta exenta sería: 5.550 + 2.000 + 7.302 = 14.852, que es algo más el SMI de 2024 neto de cotizaciones. Cabe señalar que en 2024 no lo ajustaron perfectamente porque no tuvieron en cuenta que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) a cargo del empleado pasó del 0,1% al 0,12%. Pero si no se modifican estos umbrales de la RRT, en 2025 el perceptor del SMI tendrá unos ingresos superiores a los de 2024 en 700 euros. Y claro tal como funciona la RRT, si ganas 700 euros más que el umbral que da derecho al 100% de la RRT, pues te reducen la RRT en 1.140 euros (651*1,75), tal como hemos explicado antes. Es decir, la RRT para un perceptor del SMI en 2025 asciende a 6.162 euros (7.302 – 1.140). Por lo tanto, ahora, tiene que tributar por el SMI neto de cotizaciones, 15.504 euros, de los cuales la parte exenta seria 13.712 (5.550 + 2.000 + 6.162) y tendría que tributar por 1.792 (15.504 – 13.712) al 19% con lo que al final debe pagar 340 euros más de IRPF.

A lo largo de la historia, cada revolución tecnológica ha generado miedos relacionados con la destrucción de empleo. La mecanización, la electrificación y, más recientemente, la digitalización han sido vistas como amenazas para los trabajadores. Sin embargo, el resultado final de estas transformaciones ha sido una reducción progresiva de las horas trabajadas. La historia muestra que estas innovaciones tecnológicas, al aumentar la productividad, han permitido producir más bienes y servicios con menos esfuerzo humano, generando tiempo libre para los trabajadores. Además, la lucha sindical también ha desempeñado un papel importante en este avance, aunque generalmente estos logros solo han sido sostenibles cuando han estado respaldados por mejoras en la productividad. En la primera revolución industrial, se trabajaban jornadas de 12 o 14 horas diarias. Hoy, en las economías avanzadas, las jornadas se han reducido a 40 horas semanales o menos de promedio. Este proceso, sin embargo, no ha sido automático ni lineal, y está directamente relacionado con el crecimiento de la productividad.

Cuando la productividad mejora, es posible redistribuir los beneficios económicos en forma de menos horas trabajadas, mayores salarios o una combinación de ambas. Esto ha contribuido no solo al progreso económico, sino también al bienestar social, fomentando un equilibrio entre la vida personal y laboral. En una economía productiva, reducir la jornada puede significar más tiempo para el ocio, la educación y el consumo. Además, las innovaciones tecnológicas buscan constantemente mejorar la eficiencia, permitiendo a las empresas producir más con menos recursos. Este ahorro del trabajo humano libera tiempo y puede estimular la creación de nuevos sectores económicos, ampliando las oportunidades laborales a largo plazo. Sin embargo, es importante entender la dirección de la causalidad en esta relación. Primero aumenta la productividad y, después, caen las horas trabajadas. Esto es clave para evitar falsas expectativas: una reducción de horas no genera automáticamente un aumento de la productividad. Al igual que comprarte ropa de talla pequeña no genera automáticamente que consigas quitarte esos kilos de más. Imponer una reducción de la jornada laboral por Ley sin que la economía haya experimentado previamente un aumento significativo en productividad puede crear tensiones económicas graves. Este tipo de medida, si no está acompañada de un crecimiento adecuado de la productividad, podría traducirse en un aumento de los costes laborales y, en algunos casos, en una pérdida de competitividad. 

Es necesario introducir algunas correcciones en el trámite parlamentario de la propuesta de reducción de la jornada laboral por ley, que plantea pasar de 40 a 37,5 horas semanales de media en cómputo anual. El objetivo debe ser garantizar una transición equilibrada que evite desajustes económicos y laborales. Según los últimos datos, 14,2 millones de trabajadores superan actualmente las 37,5 horas semanales, lo que equivale al 67% del total de ocupados. Esto subraya el impacto significativo que tendría la medida y la importancia de diseñarla con criterios realistas y sostenibles.

Es fundamental cuestionar si una reducción de la jornada laboral es siempre la opción preferida por los trabajadores. Algunos podrían preferir mantener su horario actual a cambio de un mayor salario, en lugar de trabajar menos con ingresos constantes. Imponer una reducción de horas de manera uniforme podría no beneficiar a todos, especialmente a aquellos con mayores necesidades económicas, salarios más bajos o que ya trabajan menos horas debido a contratos parciales.

Desde esta perspectiva, la reducción de la jornada máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales en cómputo anual debería servir como un marco de referencia flexible dentro de la negociación colectiva, manteniendo el actual límite de 40 horas, al menos durante un periodo transitorio como tope. Esto permitiría generalizar una jornada menor sin impedir que sindicatos y empresas negocien acuerdos adaptados a cada sector. Una regulación rígida podría generar efectos no deseados, perjudicando a los propios trabajadores.

Un aspecto clave de esta reforma es que, para poder aplicarla, será imprescindible un control horario efectivo. Este mismo control puede ser una herramienta clave para erradicar las horas extraordinarias no remuneradas, una práctica extendida en algunos sectores que vulnera los derechos de los trabajadores. Si la jornada laboral pasa a estar estrictamente regulada y registrada, también debería garantizarse que las horas extras sean siempre voluntarias y pagadas con un recargo sobre la hora ordinaria. Bajo esta premisa, tiene sentido plantear una mayor flexibilidad en el uso de las horas extraordinarias, ampliando el actual tope de 80 horas anuales retribuidas con dinero para facilitar la adaptación de las empresas a la reducción de la jornada. Así, se conseguiría un doble objetivo: evitar abusos y dar mayor margen de ajuste a las compañías sin menoscabar los derechos laborales. En definitiva, la reducción de jornada debe ir acompañada de un marco de negociación colectiva e individual que permita decidir entre trabajar menos o ganar más, sin imposiciones que puedan generar efectos adversos.

Uno de los principales riesgos de reducir la jornada laboral máxima por Ley sin ajustar el salario es el aumento del coste laboral por hora trabajada. Pasar de 40 a 37,5 horas semanales sin cambiar el salario implica un aumento directo del coste por hora de aproximadamente un 6,7%. Esto significa que en el corto plazo las empresas deben absorber ese incremento reduciendo sus márgenes o trasladarlo a los precios de sus bienes y servicios. Mientras que las grandes empresas podrían potencialmente asumir este impacto ajustando sus márgenes, las PYMES —que constituyen la mayoría del tejido empresarial español— enfrentarán mayores dificultades. En caso de no lograr reducir sus márgenes, estas empresas podrían verse obligadas a subir los precios de sus productos o servicios, generando tensiones inflacionarias que afectarían la competitividad de la economía. Por otro lado, en sectores donde la subida de precios no es viable, como los servicios altamente competitivos o de bajo margen, muchas empresas podrían optar por cerrar o reducir su plantilla, sustituyendo trabajo humano por capital. Este ajuste, aunque podría incrementar la productividad a largo plazo, supone en el corto plazo un riesgo de aumento del desempleo. Esto es especialmente preocupante en España, un país con una de las tasas de paro más altas de la Unión Europea. Además de lo ya expuesto, que reconduce la transición equilibrada de reducción de horas de trabajo a la negociación colectiva, se debería, en consecuencia, suprimir la automatización de subida salarial automática de los contratos a tiempo parcial que prevé el proyecto de Ley. En concreto habría que garantizar la proporcionalidad respecto al nuevo tiempo completo, o disminuyendo horas con mismo salario o manteniéndolas con incremento salarial por voluntad de las partes del contrato a tiempo parcial. 

Por otro lado, no todos los sectores afrontarán esta transición de la misma manera. Las empresas tecnológicas, en general, cuentan con un mayor margen de maniobra para absorber la medida, ya sea por sus elevados márgenes de beneficio o por su capacidad para incrementar la productividad mediante la automatización y la innovación. Sin embargo, podrían enfrentar un obstáculo importante: la escasez de trabajadores altamente cualificados para cubrir las horas de trabajo que se verán reducidas, lo que podría limitar su capacidad de adaptación.

En el caso de la industria manufacturera, aunque el proceso de automatización y la inversión en capital físico pueden ofrecer soluciones a largo plazo, su situación es más compleja. Este sector compite en un mercado global y, aunque en el pasado ha logrado adaptarse a shocks simétricos —como el aumento del coste energético tras la invasión de Rusia a Ucrania—, en esta ocasión enfrenta un desafío distinto. La reducción de la jornada laboral en España supondrá un incremento de costes que no se replicará en otros países, generando un desajuste competitivo que podría afectar la posición de la industria española en los mercados internacionales.

Sin embargo, las empresas de servicios —como la hostelería, el comercio minorista o el ocio— enfrentarán mayores desafíos. En estos sectores, la productividad está íntimamente ligada al tiempo de trabajo presencial, lo que dificulta la posibilidad de compensar los aumentos de costes con mejoras tecnológicas o organizativas. Además, suelen estar dominados por PYMES con menores recursos para absorber aumentos salariales o adoptar nuevas tecnologías. Como resultado, el sector servicios se posiciona como el más vulnerable ante una reducción abrupta de la jornada laboral, con un riesgo significativo de ajustes a través de reducciones de plantilla o subidas de precios que podrían no ser viables en mercados altamente competitivos. Si un dependiente pasa a trabajar media hora menos al día (de 8 horas a 7 horas y media), ¿Qué pasa con la tienda?, ¿debe abrir media hora menos al día? Y qué pasa con los clientes que iban en esa media hora que ya no existe, ¿se van a la competencia? Una empresa grande puede cambiar los horarios de sus trabajadores para que solapen y tengan que cerrar, pero ¿Qué pasa con las tiendas pequeñas con uno o dos dependientes?  

Por último, una reflexión adicional. Cuando mencionamos que una forma de afrontar la reducción de la jornada laboral es a través de la reducción de los márgenes empresariales, no hemos destacado que, en muchos casos, esto puede traducirse en una menor inversión. Muchas empresas, especialmente aquellas con dificultades de acceso al crédito, dependen de la reinversión de sus beneficios para financiar su crecimiento y modernización.

Si la reducción de márgenes, para absorber el coste de la reducción de jornada pagando el mismo salario, acaba limitando la inversión productiva, se estaría afectando directamente al factor clave en todo este proceso: la productividad. Este impacto puede ser especialmente relevante para las empresas de tamaño mediano, que dependen de su capacidad de inversión para expandirse y consolidarse. Dado que uno de los problemas estructurales del tejido productivo español es la baja tasa de crecimiento de las PYMEs hacia empresas de mayor tamaño, cualquier medida que frene esta evolución podría agravar un desafío ya existente, con efectos a largo plazo en la competitividad de la economía.

Desde esta perspectiva, y dada esta heterogeneidad sectorial, es imprescindible respetar las jornadas laborales de los convenios colectivos vigentes e ir incorporando la nueva jornada máxima legal en la futura negociación de cada convenio colectivo, logrando una transición equilibrada guiada por acuerdos entre la parte sindical y empresarial de cada sector o, en su caso, empresa. Y esta nueva negociación debe incorporar mayor flexibilidad horaria, en contrapartida con la tendencia a la reducción de jornada, siendo positivo el refuerzo del registro horario que asegura su adecuada canalización, al igual que en las horas extraordinarias. 

En fin, la reducción de la jornada máxima legal, comprometida en el pacto de coalición de Gobierno, puede alcanzarse de manera efectiva a través de una transición equilibrada que respete la negociación colectiva e individual. Este enfoque permitiría adaptar la medida a las particularidades de cada sector y empresa, logrando acuerdos satisfactorios que eviten efectos no deseados en la competitividad y el empleo.

La experiencia en el ámbito laboral y de pensiones ha demostrado que las reformas consensuadas dentro del Diálogo Social tienden a ser más duraderas y eficaces. Lo deseable habría sido alcanzar un acuerdo social entre UGT/CCOO y CEOE-CEPYME de negociación colectiva de reducción de jornada laboral guiando la transición equilibrada y con un mecanismo de garantía: si tras un periodo de tiempo razonable no se ha logrado la reducción de horas deseada, se establecería por ley la jornada máxima acordada. Durante este periodo de transición, el Diálogo Social o la propia negociación colectiva podrían impulsar proyectos piloto en los que empresas voluntarias implementen una reducción drástica de la jornada, permitiendo evaluar sus efectos en productividad, empleo y costes laborales. Estas experiencias servirían como base empírica para ajustar la reforma antes de su implementación generalizada, asegurando que se minimicen los posibles impactos negativos y se maximicen los beneficios para trabajadores y empresas.

Esta fórmula combina la flexibilidad inicial con una garantía de cumplimiento a largo plazo, asegurando que la reducción de jornada se implemente de manera equilibrada, sostenible, y con el mayor consenso posible. Como no ha sido posible un acuerdo social y el Gobierno presenta como proyecto de Ley el acuerdo exclusivamente alcanzado con la parte sindical, es responsabilidad ahora de los grupos parlamentarios reconducir, conforme a todo lo expuesto, la reducción de la jornada laboral a una transición equilibrada con un papel esencial de la negociación colectiva e individual entre los protagonistas de las relaciones laborales, empresas y trabajadores y sus organizaciones de representación de intereses.

2024: por encima de las expectativas

Sin ninguna duda, el año 2024 ha sido positivo para la economía española, superando todas las previsiones iniciales. Con un crecimiento que se estima podría alcanzar el 3,2%, España ha sorprendido tanto a analistas como a organismos internacionales, quienes hace un año proyectaban cifras más conservadoras cercanas al 1,5%. A falta de conocer los datos definitivos del cuarto trimestre, todo apunta a que este último periodo mantendrá un ritmo similar al tercero, con un crecimiento intertrimestral del 0,8%, incluso a pesar de los efectos negativos de la DANA. Los datos de afiliación del mes de diciembre confirman, además, que no se ha producido desaceleración en el cierre del año.

Este sólido desempeño posiciona a España como una de las economías que más crecen dentro de la zona euro, con un ritmo hasta cuatro veces superior al de la media comunitaria. Los principales motores de este crecimiento han sido el sector exterior y el consumo público, que han impulsado la actividad económica incluso en un entorno de políticas monetarias restrictivas.

Dentro de este contexto, el sector exterior ha tenido un papel destacado, permitiendo a España cerrar el año con un superávit por cuenta corriente equivalente al 4,2% del PIB, una cifra histórica. Aunque el turismo continúa siendo un pilar fundamental, merece especial mención el auge de las exportaciones de servicios no turísticos, que han generado más de 100.000 millones de euros en ingresos anuales, superando incluso al propio turismo. Este dato refleja no solo la creciente diversificación de la economía española, sino también su capacidad para competir en mercados internacionales.

Sin embargo, no todo son luces en el panorama económico. El crecimiento español sigue dependiendo en gran medida de factores cuantitativos, como el fuerte aumento de la población, que ha alcanzado un récord histórico cercano a los 49 millones, y de la creación de empleo, que desde la pandemia ha añadido más de medio millón de nuevos puestos de trabajo cada año (dos millones en estos 4 años). No obstante, este crecimiento no se traduce en mejoras significativas de la productividad, que sigue siendo la gran asignatura pendiente. 

Por otro lado, la inversión empresarial continúa sin despegar, una señal preocupante que refleja la falta de confianza del sector privado en el entorno económico actual. La incertidumbre política y la percepción de una seguridad jurídica insuficiente parecen estar actuando como frenos a una mayor dinamización del tejido empresarial. 

2025: se mantiene el crecimiento con cambio de motores

De cara a 2025, el consenso apunta a una ligera desaceleración en el ritmo de crecimiento, pasando del 3% estimado en 2024 a un 2,5%. A pesar de esta moderación, España seguirá siendo la economía grande que más crecerá en Europa, gracias a un cambio en los motores de crecimiento. El mix de política económica tornará hacia políticas monetarias más expansivas y fiscales más restrictivas.

Si en 2024 el dinamismo económico ha estado liderado por las exportaciones y el consumo público, en 2025 será el consumo privado el principal protagonista. Este cambio estará impulsado por varios factores: i) el consumo privado per cápita sigue siendo el único componente de la demanda que aún no ha recuperado los niveles previos a la pandemia; ii)  la tasa de ahorro de las familias, por encima de la media histórica desde la Covid; iii) la buena marcha del empleo con  la subida salarial por encima de la inflación y iv)  la caída del Euríbor reducirá la carga financiera de los hogares endeudados, incrementando su renta disponible y mejorando el acceso al crédito.

No obstante, el crecimiento del 2,5% podría quedarse corto si finalmente se produce un repunte de la inversión empresarial y para ello la confianza debería mejorar. Y esto se consigue con buenas noticias económicas desde fuera, en particular de Alemania y Francia que consigan salir de la recesión. Pero también dando seguridad jurídica dentro de España, un marco fiscal y una legislación laboral estable es fundamental para impulsar la inversión. La caída de los tipos de interés también será una palanca para la inversión. 

También existen riesgos a la baja, como los potenciales efectos económicos negativos de la política económica de la nueva administración Trump o los ajustes obligados por las nuevas reglas fiscales. Pero ambos, de materializarse, impactarán la economía en 2026.

La macro y la percepción ciudadana

A pesar de estas cifras positivas, existe una desconexión evidente entre el buen desempeño de la economía en términos macroeconómicos y la percepción de los ciudadanos. Es importante destacar que la economía crezca es una condición necesaria, pero no suficiente, para que todos los grupos de la sociedad experimenten mejoras en su bienestar. La persistencia de problemas estructurales como la desigualdad y la precariedad laboral alimentan esta disonancia. Si bien se toman medidas como el aumento del salario mínimo o la reducción de la jornada laboral, no se está abordando la situación de quienes trabajan menos horas de las deseadas, ni el persistente desempleo juvenil, que sigue siendo uno de los más altos de Europa.

Además, los efectos de la inflación continúan impactando de manera desigual. Las familias más vulnerables han sufrido más intensamente el aumento de los precios de la energía y los bienes de primera necesidad, y muchas aún no se han recuperado del golpe inicial. A esto se suma el impacto del Euríbor, que, aunque aliviado recientemente, ha supuesto una carga significativa para las familias endeudadas durante gran parte del año. Todo esto se combina con unas expectativas frustradas, especialmente entre los jóvenes, que no encuentran la movilidad social suficiente para alcanzar sus objetivos.

Otro factor crucial es el diseño del estado del bienestar, que redistribuye principalmente hacia los grupos de mayor edad, dejando en un segundo plano a quienes más lo necesitan. Aunque en muchos casos la edad y la vulnerabilidad van de la mano, en muchos casos no es así. Por último, en el mundo polarizado en el que vivimos, las noticias negativas venden más. Habiendo, problemas reales como los que he expuesto, nadie duda que los medios y las redes sociales los amplifican. 

¿Cómo consolidar el crecimiento y hacerlo más inclusivo?

Por primera vez en décadas, la economía española está creciendo sin desequilibrios macroeconómicos significativos, más allá del fiscal que no vamos a abordar ahora. 

En los años noventa, el país tuvo que afrontar las consecuencias de profundas reconversiones industriales. A principios de este siglo, fue necesario superar los devastadores efectos de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, la situación actual ofrece una oportunidad única: un crecimiento económico sólido y equilibrado que debería estar sirviendo como base para generar un entorno económico que nos permita modernizar nuestra economía y maximizar las oportunidades que nos presenta la revolución digital. Tecnologías como la inteligencia artificial y la automatización representan una ventana de oportunidad excepcional para mejorar la productividad, un desafío fundamental para afrontar los grandes retos del envejecimiento de la población y el cambio climático. Solo los aumentos de la productividad nos permitirían aumentos salariales suficientes para mejorar el bienestar de los ciudadanos.  Para ello, es importante avanzar en dos dimensiones. Por un lado, habría que priorizar los recursos públicos hacia aquellos usos que mejoran la productividad: educación, formación, I+D+i, infraestructuras, emancipación, vivienda pública para alquiler, lucha contra la pobreza infantil, etc. Por otro lado, hay que generar un entorno económico suficientemente atractivo para la inversión privada: reglas laborales que den seguridad al trabajador y flexibilidad a las empresas, fiscalidad clara y competitiva internacionalmente, instituciones que promuevan y fomenten la competencia empresarial, estabilidad institucional que prime la seguridad jurídica, etc.

Sin embargo, en lugar de aprovechar esta coyuntura favorable para preparar a la economía española para el futuro, el debate político y económico se ha centrado “únicamente” en medidas que introducen rigideces en el sistema. Iniciativas como la reducción de la jornada laboral máxima por imposición, el control de los alquileres, las subidas de las subvenciones y prestaciones asistenciales sin un diseño claro de incentivos al empleo o el incremento de las cotizaciones sociales –derivado de no adaptar el sistema de pensiones a los cambios en la longevidad– son ejemplos de decisiones que priorizan el corto plazo frente al largo plazo. Estas medidas, aunque no tendrán un impacto negativo inmediato gracias al buen momento económico actual, sí representan un obstáculo para futuras recuperaciones en los ciclos económicos venideros. Es imprescindible redirigir el enfoque de la política económica hacia la mejora de la productividad para aprovechar la inercia positiva de este momento histórico para preparar al país para los retos del futuro.

España, una vez superada la pandemia y el shock inflacionario causado por la guerra de Rusia, se va a enfrentar inevitablemente a un proceso intenso de consolidación fiscal en esta nueva legislatura. Un país que va terminar 2023 con una deuda pública del 108% y un déficit del 3,9% del PIB tiene que empezar a pensar seriamente en cómo va a realizar el ajuste en los próximos años, y, en este proceso, la Seguridad Social debe jugar papel importante. No olvidemos que el gasto en pensiones, cuando aún falta por jubilarse la generación del baby boom, asciende al 13,5% del PIB (12% la Seguridad Social y 1,5% las clases pasivas), mientras que las cotizaciones sociales apenas recaudan un 9,7% del PIB, y el resto se financia con impuestos y deuda pública.

En este complejo escenario fiscal el Gobierno progresista debe poder avanzar en temas de justicia social y, para ello, se deben racionalizar los escasos recursos públicos disponibles, atendiendo a la justicia intergeneracional. Máxime cuando estamos en la antesala de la aprobación de las nuevas reglas fiscales que nos obligaran a situar el déficit en el 3% en 2024.

En los últimos tres años todas las pensiones, incluidas las más altas, han subido: 4,1% en 2022, 8,5% en 2023 y 3,8% en 2024. Esto significa una subida acumulada del 17,2% en todas las pensiones, al tiempo que los salarios han subido menos del 9% en dicho periodo. Esto ha supuesto un aumento del gasto en pensiones de forma permanente de 33.000 millones al año (29.500 millones en Seguridad Social y 3.500 millones en clases pasivas). Es decir, únicamente la revalorización de las pensiones en tres años ha supuesto un aumento del gasto de 2,1% del PIB. Cabe recordar que todo el gasto público en educación, según las últimas cifras públicas por la IGAE (2022), fue un 4,4% del PIB. Solo la revalorización de las pensiones en tres años supone la mitad del gasto en educación. A la luz de los deprimentes resultados obtenidos en PISA recientemente, no creo que nadie ponga en duda que la inversión en educación hubiera sido más prioritaria.

Una subida generalizada de las pensiones, incluidas las más altas, cuando nos enfrentamos a un shock de subidas de precios como este, creemos que es inapropiado e injusto. Hubiera sido más razonable que una subida de la pensión en función de la cuantía de la pensión. En concreto:

En situaciones económicas “normales” donde la tasa de inflación permanezca estable, todas las pensiones deben revalorizarse teniendo en cuenta el coste de la vida o el IPC. Es evidente que no hacerlo así pondría en jaque la contributividad del sistema de pensiones, que es una de las características de nuestro sistema de pensiones, defendido incluso en la propia Constitución.

La medida se podría justificar aludiendo a la justicia intergeneracional e introduciendo una Cláusula de Salvaguarda en el nuevo Mecanismo de Revalorización de las Pensiones.   

Para entender por qué esta medida es justa, es importante resaltar tres aspectos.

Primero, el nivel de riqueza de los pensionistas crece exponencialmente con la pensión recibida. Según la encuesta financiera de las familias del Banco de España, la riqueza neta mediana de los jubilados que en 2019 tenían una pensión menor a los 857 euros ascendía a 113.800 euros, mientras que la riqueza neta mediana de los pensionistas con una retribución mensual superior a los 2.571,43 euros era de 520.416 euros, es decir, casi cinco veces más 

Segundo, las pensiones máximas en el periodo 2022-2024 se habrán actualizado en más de 6.776 euros (anuales), mientras que una pensión de 800 euros en el mismo periodo habrá incrementado en 1.918 euros al año, 4 veces menos. No olvidemos, que el 50% de los pensionistas con retribuciones más bajas suponen el 28% del gasto en pensiones mientras que el 20% de los pensionistas con mayor retribución supone casi el 40% del gasto en pensiones

Tercero, si hubiéramos seguido esta estrategia no solo nos hubiera permitido hacer más sostenible el sistema de pensiones en el futuro, sino que nos hubiera permitido liberar cerca de 5.000 millones en recursos para invertir en los que más lo necesitan y en mi opinión los jóvenes (los grandes olvidados). Es importante resaltar que esta medida hubiera supuesto un ahorro de carácter permanente. Entre las medidas que se podrían financiar con los recursos liberados de la Seguridad Social, hubiéramos podido incluir, entre otros:

Algunos pensarán que una cosa no quita la otra, que se puede financiar todo. No obstante, a la luz de la distribución del gasto, ninguno de los programas anteriores se ha considerado prioritario. Como pongo de relieve en mi último libro ('La Juventud Atracada', ed. Península) la demografía política provoca que tocar el colectivo de pensionistas sea muy sensible electoralmente. Pero creo que si se explica correctamente y los pensionistas con pensiones más altas observan como su generosidad se invierte de una forma transparente en los jóvenes para mejorarles su porvenir, apoyarían esta medida. 

Un Nuevo Mecanismo de Revalorización de las Pensiones

A la luz de lo ocurrido, creo que es el momento de reformar el mecanismo de revalorización de las pensiones para evitar que nos pueda volver a ocurrir lo mismo en el futuro. 

El Mecanismo de Revalorización de las pensiones, aprobado en 2021, establece que, a partir de 2022, el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en noviembre del ejercicio anterior. Este nuevo mecanismo se aprobó pensando en un escenario de estabilidad de precios similar al experimentado hasta el año 2021.

El Nuevo Mecanismo de Revalorización de las pensiones, debería ser reformado en las siguientes tres dimensiones:

Creemos que la política de revalorización llevada a cabo en los últimos tres años no ha sido justa como he tratado de argumentar en este artículo, pero más injusto seria no tomar medidas para evitar que vuelva a ocurrir. Y como dice el refranero “nunca es tarde si la dicha es buena”.

La evolución del mercado laboral es sin duda la principal noticia económica positiva que hemos recibido desde la Covid. Según la EPA del tercer trimestre de 2023, tenemos un récord de ocupados con 21,26 millones de trabajadores y un récord de población activa con 24 millones de personas Respecto al nivel previo a la pandemia (diciembre 2019), la afiliación ha crecido en casi 1,4 millones de personas (7 de cada 10 nuevos empleos corresponden al sector privado). En comparación con el nivel anterior a la pandemia, la creación de empleo en España (+7,2%) supera a la de los grandes países europeos (Francia, +4,9%; Alemania, +1,3%).

Este extraordinario comportamiento del empleo ha sido posible, en primer lugar, gracias a una política de ERTEs acertada para hacer frente a la Covid y ha ocurrido en paralelo a una decidida reforma laboral contra la precariedad y a una subida del SMI sin precedentes, cerca del 50%. Todo ello ha permitido recuperar el nivel de PIB previo a la crisis de la Covid y nos sitúa en palabras del Gobierno en situación muy favorable para lograr un reto histórico: conseguir el pleno empleo. En otras palabras, converger a la tasa de ocupación (aproximadamente 5 puntos superior) y de desempleo (aproximadamente 6 puntos inferior) que registra la media europea. Para ello, hay que seguir avanzando en las reformas y continuar integrando políticas de empleo que la mayoría de los países europeos adoptaron hace bastantes años. En esta situación, se ha abierto el debate sobre cómo reformar las prestaciones y los subsidios. 

Según la OCDE, España es uno de los países con subsidios más generosos y de mayor duración. Sin embargo, no solo la tasa de desempleo es el doble que la de la UE, sino que además resulta poco eficaz en la protección de los desempleados, pues la tasa de cobertura (los desempleados que reciben una prestación o subsidio) es un 50% menor a la media de la UE. Además, las innumerables restricciones a compatibilizar subsidio y ocupación, junto a un complejo y anticuado sistema de subsidios, limitan las rentas de las personas o las arrojan a la economía sumergida, haciéndolas más vulnerables. 

En este debate parece que hay división dentro del Gobierno de coalición y circulan dos vías para reformar las prestaciones por desempleo. Permítanme, explicar las diferencias dada la información que ha salido a la opinión pública. 

El Ministerio de Economía propone modernizar el sistema de subsidios (tanto del Ingreso Mínimo Vital –IMV– como de los subsidios y prestaciones por desempleo) para mejorar la activación laboral (búsqueda de empleo por los desempleados). En concreto:

En primer lugar, propone reforzar el cumplimiento del Acuerdo de Actividad a través de la modernización de los sistemas de control y supervisión. Según la OCDE, España es uno de los países miembros con los mecanismos de seguimiento menos frecuentes y menos exigentes a la hora de asegurar el cumplimiento del Acuerdo de Actividad, pero con el régimen sancionador más duro de la OCDE. Por consiguiente, el endurecimiento del régimen sancionador no es la solución, sino el refuerzo del SEPE y de sus mecanismos de control y supervisión. 

Segundo, propone aunar el doble objetivo de mejorar protección de los desempleados, pero ayudándoles a escapar de la precariedad. Para ello consideran dos medidas. Aumentar la tasa de cobertura para que los subsidios alcancen a mayor porcentaje de desempleados. Además, permitir la compatibilización del subsidio con el empleo (o el salario), pero combinándolo con un perfil decreciente de las cuantías de los subsidios para acelerar el retorno al mercado laboral y reducir la duración en el de desempleo. 

Ambas medidas aumentarían la ocupación, las rentas de los beneficiarios y a la vez los ingresos públicos. 

La propuesta del Ministerio de Trabajo es mucho más conservadora con respecto a la duración máxima del subsidio y a los requisitos de acceso, y apenas suponen cambios con respecto a la legislación actual. De hecho, podríamos decir que la propuesta puede significar un aumento de la duración media y del subsidio medio percibido por los potenciales beneficiarios del subsidio asistencial. Pero la parte más preocupante es en lo referente a la compatibilización del subsidio con el empleo (o la percepción del salario), pues propone un esquema demasiado restrictivo. En concreto:

Primero, con respecto a la duración, se limita la posibilidad de compatibilizar con un empleo a tiempo completo a únicamente 45 días, abocando incluso a los beneficiarios que compatibilizan a operar en la economía sumergida si quieren ir más allá de los 45 días.

Segundo, las cuantías que se perciben durante la compatibilización son insuficientes (un fijo del 40% del IPREM si se compatibiliza con un empleo a tiempo completo), generando escasos incentivos a que los beneficiarios accedan a un empleo. 

España ya tiene un diseño de las prestaciones excesivamente desincentivador, en el que apenas se permite la compatibilización. El trabajador que tiene una prestación no tiene incentivos para aceptar un empleo salvo que este sea suficientemente bueno en términos de salario y de duración. La realidad es que la mayor parte de las ofertas que les llegan a estos trabajadores no son suficientemente atractivas para arriesgarse a perder la prestación. En muchos casos, como en la prestación de mayores de 52 años, estamos hablando de una prestación hasta la jubilación, que incluso cotiza a la seguridad social por el 125% del salario mínimo. 

En este caso se da la paradoja (injusta) de que un mayor de 52 años genera mayor pensión sin trabajar y percibiendo el subsidio que trabajando por el SMI. Dos trabajadores mayores, uno que trabaja 30 años percibiendo el SMI, y el otro que trabaja 15 años y otros 15 años percibiendo la prestación de mayores de 52 años, el que trabaja 30 años percibirá una pensión un 25% inferior al segundo. 

Los desincentivos a aceptar un empleo son altísimos. De hecho, sabemos que el 40% de los perceptores de prestación (supera el 50% cuando nos centramos en los mayores de 52 años) se declaran inactivos (o que no buscan empleo) en la EPA. No podemos olvidar que en la actualidad tenemos en España 450.000 desempleados que perciben el subsidio de mayores de 52 años.

Esta reforma debe tener un objetivo claro: activar a todos los perceptores de prestaciones o subsidios. La experiencia internacional nos dice que las soluciones arcaicas, que limitan la compatibilización de los subsidios con el empleo y las rentas de los beneficiarios, nos alejan del pleno empleo y reducen los derechos de los trabajadores

En definitiva, la propuesta del Ministerio de Trabajo va en la dirección equivocada y desincentiva la activación de los perceptores de una prestación, pues nadie se va a arriesgar a perder una prestación que puede durar hasta la jubilación por aceptar un trabajo que dura 46 días o más. 

La propuesta del Ministerio de Economía está diseñada para aumentar la activación. En mi opinión, no se deben imponer restricciones temporales y las restricciones deben establecerse en cuanto a la cuantía del salario. Es decir, el diseño debería ser tal que el trabajador pueda percibir la prestación mientras el salario que percibe esté por debajo de un umbral mínimo, y luego ir decreciendo progresivamente el porcentaje que percibe de prestación hasta que se haga cero cuando el salario anual sea suficientemente alto. Además, para aumentar los incentivos a aceptar un empleo, la cotización a la seguridad social debería ser del 125% de SMI, únicamente si el trabajador esté compatibilizando la percepción del subsidio con un empleo.

En definitiva, un diseño moderno y dinamizador centrado en el perceptor, que le ayude a superar la “trampa de la precariedad” dándole el derecho a compatibilización el subsidio y el empleo, es el camino hacia la prosperidad, el pleno empleo y la reducción de la desigualdad.

España será uno de los países más envejecidos del mundo en 2050, pues combina lo mejor y lo peor de otros países. Lo mejor es que nuestra esperanza de vida es una de las más altas y no para de aumentar. Lo peor es que tenemos la tasa de fecundidad más baja del mundo (1,19 hijos), y las mujeres españolas son las que tienen una mayor diferencia entre los hijos deseados y los que realmente tienen. Las causas que alegan son la precariedad laboral, la dificultad de acceder a la vivienda y las escasa ayudas públicas a la familia. La aritmética demográfica es tozuda. Las proyecciones demográficas, a pesar de que asumen aumentos en las tasas de fecundidad y fuertes tasas de entrada de inmigrantes, nos indican que donde hay más de tres personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años, en 2050 habrá menos de 1,5.

Como vemos en el siguiente gráfico, donde se representa la tasa de dependencia (o el porcentaje de la población mayor de 64 años sobre la población entre 20 y 64 años), España está hoy menos envejecida que Francia o Alemania, pero su grado de envejecimiento será muy superior al máximo alcanzado por ambos países.

Como sociedad tenemos que tomar una decisión: o adaptamos las pensiones a la nueva longevidad, donde cada generación vive más años que la anterior, o utilizamos todo el margen fiscal para pagar las pensiones. La última reforma ha elegido la segunda opción. Pero esto tiene unas implicaciones que los defensores de esta reforma quieren olvidar.

En los sistemas de pensiones de reparto (en mi opinión uno de los mejores inventos del siglo XX) los actuales trabajadores estamos pagando las pensiones a los actuales jubilados, porque confiamos que los futuros trabajadores (o los jóvenes y niños actuales) nos paguen las nuestras cuando nos jubilemos. Por lo tanto, el sistema se mantiene por un contrato entre generaciones. Y es este contrato entre generaciones el que se ha ido adaptando a los cambios demográficos a través de las diferentes reformas. Las reformas de los sistemas de pensiones, aunque nos fastidien y sean impopulares, no hacen otra cosa que hacer pagables las pensiones por las futuras generaciones. Hacerlas pagables por los futuros trabajadores no es otra cosa que hacerlas sostenibles.

Durante todo el periodo democrático, España ha introducido reformas para adaptar el sistema de pensiones a los cambios en la longevidad y garantizar la sostenibilidad. El primer gobierno socialista de Felipe González amplió el periodo de cómputo de dos a ocho años. Sí, como oyen: en los 80, básicamente, con un historial completo, la pensión de los trabajadores era igual que el salario medio de los dos últimos años. Se estaba produciendo lo que se denominaba la “compra de pensiones”: subidas salariales pactadas durante dos años para percibir pensiones altas. El gobierno socialista tuvo que aguantar una huelga general, a pesar de que con esa reforma se evitó el colapso del sistema. En los 90, el gobierno de José María Aznar aumentó el periodo de cómputo de los ocho a los 15 años.

La fuerte entrada de inmigrantes de finales de los 90, y sobre todo al principio del siglo XXI con la burbuja inmobiliaria, rejuveneció considerablemente la población española y retrasó el proceso de envejecimiento que preveían todas las proyecciones demográficas. Tras la crisis financiera internacional del año 2008, se continuó con el proceso de adaptación del sistema de pensiones y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero retrasó la edad de jubilación, que pasó de los 65 a los 67 años, y extendió el periodo de cómputo de los 15 a los 25 años. Una reforma impopular, sin duda, que penalizó mucho la imagen de Zapatero, pero que ha resultado la más importante hasta la fecha para garantizar la sostenibilidad de las pensiones.

En 2013, el gobierno de Mariano Rajoy siguió avanzando en la sostenibilidad de las pensiones e introdujo el Factor de Sostenibilidad. Este factor básicamente establecía que las pensiones deberían adaptarse a la esperanza de vida a partir de los 65 años: si aumentara la esperanza de vida, la pensión mensual debería caer, y si se redujera la esperanza de vida, la pensión debería subir. La idea detrás del factor de sostenibilidad es que dos trabajadores con el mismo historial laboral recibieran al final de todos los años de jubilación la misma cantidad en pensiones. Al que vive más tiempo (esperanza de vida más larga) le corresponde en teoría una pensión mensual menor. En teoría, pues el trabajador perteneciente a una generación futura con una esperanza de vida mayor siempre tendría la posibilidad de evitar la caída de la pensión posponiendo la jubilación.

La última reforma no solo ha perdido la ocasión para seguir avanzando en la sostenibilidad de las pensiones, sino que es la primera que conlleva un aumento del gasto en pensiones.

En mi opinión la reforma debería haber contado con los siguientes tres elementos que repartieran la carga entre las distintas generaciones. Primero, parece razonable que las pensiones estén protegidas, al menos hasta un límite, frente a la pérdida de poder adquisitivo. La reforma debe respetar las pensiones de los actuales jubilados, pues estos ya no tienen margen de maniobra para adaptarse a los cambios. En segundo, lugar, las pensiones deberían ser menos generosas para los trabajadores del futuro que van a tener una longevidad mucho mayor que los jubilados anteriores. Esto implicaría mantener el factor de sostenibilidad del año 2013 y considerar toda la vida laboral (o los 35 años) para el periodo de cómputo. Y, en tercer lugar, dotar de más ingresos al sistema durante el periodo en el que están jubilados los babyboomers. Uno podría justificar estos mayores ingresos provenientes del Estado con el hecho de que, cuando los babyboomers estaban trabajando, sus cotizaciones también se usaron para financiar la sanidad. Las tres medidas deberían calibrarse para que el esfuerzo se reparta de forma equitativa entre las distintas generaciones.

La nueva reforma ha roto la tradición de las anteriores y ha decido que el sistema ya no tiene que continuar adaptándose a la longevidad creciente y que todo el coste de no hacerlo lo deben pagar los jóvenes. Esto es evidente, simplemente analizando las distintas medidas.

1.- Se ha decidido que todas las pensiones deben subir con el IPC, para que no pierdan poder adquisitivo. Esta, como he dicho antes, es una buena medida. La reforma de 2013 dejaba la decisión de revalorización a que se contara con suficientes ingresos para hacerlo. El error de esta medida ha sido no haber introducido válvulas de escape para episodios de inflación descontrolada como el que hemos vivido. En una situación tan excepcional como esta, solo debieron haber subido con la inflación (o incluso más) las pensiones más bajas, mientras que las más altas debieron hacerlo al ritmo de los salarios.

Ha resultado embarazoso ver cómo se han subido un 8,5% pensiones que eran más del doble de altas que el salario medio de los jóvenes. Para poner los números en perspectiva, esta revalorización generalizada del 8,5% ha supuesto un aumento del gasto equivalente a incrementar de forma permanente el presupuesto en Educación un 28%.

2.- Por primera vez una reforma ha dado como resultado el aumento del gasto en pensiones, pues ahora el periodo de cómputo aumenta de forma voluntaria hasta los 29 años, pero pudiendo descartar 24 mensualidades. No solo no adaptan el sistema de pensiones a la nueva longevidad, sino que lo hacen más generoso a pesar de que los nuevos jubilados vivirán más.

3.- Se ha eliminado el Factor de Sostenibilidad, que era un auténtico mecanismo de equidad intergeneracional, pues evitaba que el aumento del gasto por aumentos en la longevidad lo pagaran los futuros trabajadores (los actuales jóvenes). Lo lógico hubiera sido redefinir el factor de sostenibilidad introducido en 2013 por uno similar al que acordaron en el seno del Dialogo Social en 2011. Algunos quieren olvidar que los interlocutores sociales en la Reforma de 2011 se habían comprometido a desarrollar un factor de sostenibilidad. En concreto, se comprometieron a hacer el siguiente artículo 8:

Se introduce una nueva disposición adicional, la quincuagésima novena, en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con la siguiente redacción:

“Disposición adicional quincuagésima novena. Factor de sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social. 

Con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo y garantizar su sostenibilidad, a partir de 2027 los parámetros fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027. Dichas revisiones se efectuarán cada 5 años, utilizando a este fin las previsiones realizadas por los organismos oficiales competentes.“

Pues bien, esta reforma ha decidido sustituir el factor de sostenibilidad por una subida de cotizaciones. Una subida de cotizaciones que por primera vez no genera mayor pensión como contrapartida, lo que equipara las cotizaciones a un impuesto. Y a esta subida de cotizaciones la han llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Es decir, a una transferencia de los jóvenes a los jubilados le llaman equidad intergeneracional, cuando esto es justo lo contrario.

Esta subida de cotizaciones es insuficiente, ineficiente e insolidaria.

Es insuficiente pues el déficit del sistema de pensiones alcanzará el entorno del 4% del PIB de forma creciente hasta el 2050 y la subida de cotizaciones apenas aumentará ingresos un 0,9% del PIB. Incluso la subida de ingresos es inferior al aumento de gasto que supuso la revalorización de las pensiones en un 8,5% en 2023. ¿Dónde está el truco para que Bruselas haya dado el visto bueno? Pues por la cláusula de cierre, que dice que si no es suficiente para cerrar el déficit automáticamente se vuelven a subir las cotizaciones. Como les ha hecho ver recientemente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), no tienen que esperar a 2025 para ver si es suficiente. Aritméticamente, parece obvio que no lo es.

Es ineficiente, pues se utilizan las cotizaciones como un impuesto, siendo las cotizaciones el impuesto más distorsionante que existe pues daña la creación de empleo y el crecimiento del PIB. Todo ello en el país con la mayor tasa de paro juvenil de Europa. Y tienen que hacerlo con cotizaciones en lugar de hacerlo con otros impuestos menos distorsionantes para así blindar que esos nuevos ingresos se destinen a pagar las pensiones, no sea que el aumento en la recaudación se decida gastar en políticas que beneficien a los jóvenes.

Pero, lo más triste es que esta reforma es muy insolidaria con los jóvenes. España tiene un déficit estructural superior al 4% del PIB y un nivel de Deuda Pública del 115%. El déficit estructural son gastos impagados de hoy que se transfieren al futuro para que sean pagados entonces (por los que hoy son jóvenes). La mayor longevidad supone además mayor gasto en Sanidad y Dependencia. En concreto, un reciente estudio de la AIReF nos advierte que, si no se producen cambios importantes, el déficit puede llegar al 8% y el nivel de deuda de España subirá hasta el 186% del PIB por culpa del aumento del gasto asociado al envejecimiento.

Por lo tanto, aumentar los impuestos para blindar las pensiones de los futuros jubilados, sin considerar que la longevidad ha aumentado y continuará aumentando, implica que no van a quedar recursos para otros programas que benefician a los jóvenes y al crecimiento a largo plazo, como son la educación, la vivienda, el apoyo a la familia, la I+D, acabar con la pobreza infantil o las medidas para frenar el cambio climático.

Alguien podrá pensar que una cosa no quita la otra y que hay dinero para todo. Para los que piensan así, les propongo que construyamos el presupuesto al revés, es decir, que el aumento de los ingresos se utilice primero para invertir en educación, financiar una política de vivienda pública en alquiler para jóvenes, ayudar a las familias, erradicar la pobreza infantil, invertir en I+D+i, etc. y luego usemos lo que sobra para no adaptar el sistema de pensiones a la mayor longevidad.

Además, los que apoyan incondicionalmente esta reforma olvidan que las pensiones son un contrato entre generaciones: en un sistema de pensiones de reparto como el nuestro, los niños y jóvenes de hoy serán los que pagarán las pensiones del futuro. Aunque hoy sean irrelevantes en las elecciones por su bajo número, el Parlamento y la Unión Europea también deberían velar por sus intereses y reflexionar sobre lo que están aprobando con esta reforma: hoy tenemos tres trabajadores pagando una pensión; dentro de un par de décadas tres nuevos trabajadores van a pagar dos pensiones, que además van a tener la misma cuantía mensual, aunque esos jubilados vivan mucho más que los de ahora.

Aunque sean minoritarios en las elecciones, los jóvenes no van a aceptar continuar viviendo en un país donde nunca hay políticas para ellos, y votarán con los pies, trasladándose a otros países que hayan adaptado las pensiones a la mayor longevidad. Reformar el sistema respetando la equidad intergeneracional, permitiría que los salarios netos de impuestos sean más altos, que los necesarios aumentos en los ingresos se inviertan en mejorar la educación, que haya más programas sociales para la vivienda, emancipación, cuidado de los hijos, lucha contra la pobreza, etc… Esto ya está ocurriendo y hay muchos jóvenes españoles trabajando en Alemania, Países Bajos o Portugal, entre otros.

Todo apunta a que la Unión Europea va a aceptar esta reforma y nos va seguir desplegando los fondos europeos. Seguro que es democrático hacerlo pues es el camino que ha decidido nuestro Parlamento. Pero yo le recomendaría a la Comisión Europea que, en ese caso, dado que la reforma va claramente contra el porvenir de las siguientes generaciones, sea honesta y que al menos le cambie el nombre del plan de modo que en lugar de llamarse Next Generation Funds se llame Old Generation Funds.

Por último, esta no-reforma contra los jóvenes sólo conseguirá retrasar la inevitable reforma del sistema de pensiones para adaptarlo al envejecimiento. Después de las elecciones y tras lamentar el valioso tiempo perdido poniendo parches al sistema, espero que quien tenga la responsabilidad de diseñar la reforma definitiva en el futuro vele por el interés y bienestar de los jóvenes. O es así, o continuarán yéndose.

La cuarta revolución industrial a la que asistimos, que se caracteriza por un modelo de desarrollo centrado en los datos transformados en conocimiento, como las anteriores, mejora los procesos productivos y la vida de los ciudadanos. 

Esta transformación tecnológica fundamentada en la información como principal activo y habilitada por la conectividad global permite hablar de economía digital, cada vez más presente en todos los sectores productivos y plantea nuevos retos desde el punto de vista de la política económica. 

u. No debemos ver el desarrollo como una amenaza al empleo (es algo que ha ocurrido siempre), sino como una oportunidad de mejores condiciones laborales y una mejor calidad de vida. El progreso en inteligencia artificial, robótica, computación infinita, redes de banda ancha, manufactura digital, nanomateriales, biología sintética y muchas otras tecnologías que están creciendo exponencialmente nos permitirá obtener en las próximas dos décadas unos avances muy superiores a los que somos capaces de imaginar ahora. 

Como en ocasiones anteriores, se ha generado un debate en torno al impacto sobre el empleo de esta revolución digital. Lo primero que se debe diferenciar es entre la tecnología que complementa el trabajo humano y la que lo sustituye; pero además, se deben tener en cuenta los nuevos productos y servicios que surgen en esta nueva economía digital. Con todo, hay visiones más optimistas que otras sobre cuál realmente será el impacto neto. 

Además del impacto cuantitativo, este cambio tecnológico tiene un impacto cualitativo sobre el empleo, favoreciendo a los trabajadores más cualificados, a los que la tecnología complementa y no sustituye. Este impacto cualitativo aumenta la desigualdad de la sociedad, por lo que se deben tomar medidas.

Pero además de los impactos cuantitativo y cualitativo, esta transformación tiene un impacto conceptual sobre el empleo. Hemos pasado de una relación laboral fundamentada en un contrato fijo con un salario a un contrato temporal que cada vez es más breve en el tiempo, primero, y a una relación profesional basada en la facturación de una serie de servicios después. Ese proceso afecta, por un lado, a los derechos de los trabajadores y, por otro, a la recaudación, pues como consecuencia de este nuevo paradigma, se recauda menos porque se registra menos trabajo y lo que se trabaja no recauda de la misma manera. Por tanto, si los gobiernos quieren mantener las prestaciones de sus estados de bienestar, se deben tomar medidas. 

Los retos a los que nos enfrentamos con la nueva tecnología digital no vienen solos. En plena revolución digital tendremos que afrontar otros dos retos globales que también van a tener un gran impacto economía: el envejecimiento poblacional y el estancamiento secular. Las sociedades de los países industrializados están envejeciendo a un gran ritmo. El aumento en la longevidad, gracias a las caídas en las tasas de mortalidad de las edades más avanzadas, va a transformar la sociedad hasta límites insospechados, donde las personas mayores tendrán cada vez un peso mayor dentro de la población. Este envejecimiento afectara al crecimiento potencial de la economía por dos vías. Por un lado, una menor tasa de crecimiento de la población en edad de trabajar y por otro una menor tasa de innovación, y por ende de progreso técnico, tradicionalmente concentrada en la población más joven. Por si fuera poco, algunos expertos empiezan advertir de que entramos en una fase de estancamiento secular de la economía generado no solo por los efectos este envejecimiento poblacional, sino también por una política monetaria incapaz de lidiar con entornos de baja inflación y tasas de interés real cercanas al cero. Son muchos los cambios que se van a producir en paralelo en las próximas décadas. 

La coincidencia en el tiempo de los tres retos globales (envejecimiento, estancamiento secular y la revolución digital) hace difícil predecir con exactitud qué es lo que va a ocurrir, y por lo tanto estamos convencidos de que algunas de las medidas propuestas pueden perder protagonismo y que otras muchas, son en estos momentos inimaginables.  No obstante, algunos hechos y las políticas que los motivan parecen evidentes. Se precisará de mayor gasto como consecuencia de una población cada vez más envejecida, por un lado, y con más tiempo libre, por otro. Los estados se deben plantear reformas en la manera de recaudar si se quieren mantener los niveles de gasto social. 

Algunas de las medidas que ayudarían a transitar en esta transformación serían el unificar los contratos indefinidos y temporales (contrato único), unificar los derechos en cuanto a protección social facilitando su portabilidad(fondo austriaco y sistema de pensiones de reparto de cuentas nocionales), aprovechar esa mayor información y transparencia que permite la trazabilidad de las nuevas tecnologías en las plataformas para recaudar mejor, recatar al idea de una nueva fiscalidad del capital coordinada a nivel internacional, etc. Además, ahora más que nunca, es clave garantizar la competencia empresarial eliminando todas las barreras a la entrada y evitar todas las posiciones de dominio de mercado con la introducción de organismos reguladores independientes con capacidad de imponer multas realmente coercitivas.  Sólo cuando los mercados funcionan correctamente, los recursos se asignan de forma eficiente. En este sentido, es clave garantizar la competencia, para que los avances tecnológicos se trasladen a menores precios para los consumidores. 

Además, una característica diferencial de esta última revolución es su mayor velocidad. Esta nueva economía digital requiere de nuevos perfiles profesionales, inexistentes hace apenas unos años. Las empresas se caracterizan por tener pocos empleados y muy especializados. A este respecto, es clave tomar medidas en el ámbito educativo para que los estudiantes sean mentalmente flexibles y los trabajadores del futuro tengan habilidades complementarias a la tecnología; pero también, las políticas activas de empleo deben ayudar al reciclaje profesional continuo para evitar desplazados como ocurre en la actualidad. Para ellos, de manera transitoria, una renta mínima con incentivos puede ser la solución. 

Asumiendo el entorno de incertidumbre donde nos movemos, ¿por qué no pensar en la revolución digital como una oportunidad que nos ayude a lidiar con el envejecimiento y el estancamiento secular? Por un lado, jornadas de trabajo más cortas y flexibles gracias a la tecnología permitirían alargar la edad de jubilación o incluso hacer más fácil la plena compatibilización de la pensión y el salario. Por otro lado, una economía más intensiva en el factor capital, con la proliferación de los robots inteligentes, puede experimentar ganancias en productividad y ayudar escapar de los malos augurios de los que defienden el estancamiento secular. Sea como fuere nos adentramos en una nueva era donde se van a producir grandes transformaciones no solo en la economía, con la revolución digital, sino también en la sociedad, con el envejecimiento. Es un nuevo periodo sin precedentes, que lejos de inmovilizarnos o atemorizarnos, nos debe activar para poder aprovechar todas las nuevas oportunidades que se nos van a plantear.

La combinación de incertidumbre y miedo al futuro unido a un sistema político que ha fallado a sus ciudadanos, ha permitido que Trump haya apelado a una de las necesidades básicas de los individuos

La Victoria de Trump no es un hecho aislado, o un fenómeno extraño. En Europa estamos asistiendo a fenómenos parecidos: el Brexit, la aparición de partidos mayoritarios de extrema derecha en muchos países… Aunque nos parezca un personaje deleznable, la realidad es que Donald Trump se va a convertir en el 45º Presidente de los EEUU. Lo mejor que podemos hacer es entender por qué ese discurso rancio y mentiroso ha sido capaz de convencer a más de 50 millones de norteamericanos, para evitar que estos fenómenos acaben trasladándose a Europa.

Estamos ante una revolución o un cambio de modelo económico, que afortunadamente, hasta la fecha se está manifestando en las urnas y no en enfrentamientos sociales. El cambio hacia la economía digital (o la llamada cuarta revolución industrial) y la globalización económica generan muchos efectos positivos sobre el crecimiento y el bienestar en su conjunto. No obstante, no podemos obviar que también están generando un fuerte aumento de la desigualdad de la renta, donde al igual que sucedió en otras revoluciones industriales, hay muchos trabajadores que se están viendo desplazados de sus puestos de trabajo tradicionales. Mucha gente siente angustia e inseguridad ante el futuro, no saben cómo va a devenir su vida, en que podrán trabajar y cuáles serán sus medios de subsistencia. Ven cómo la tecnología va reemplazando muchos trabajos que antes hacían ellos, y que la supervivencia implica trabajar más por menos para poder competir en una economía cada vez más globalizada. Al mismo tiempo, los gobiernos y las instituciones que se supone deberían protegerles y ofrecerles la seguridad que calmará sus miedos, no están siendo capaces de ofrecer respuestas rigurosas o soluciones efectivas. Si a esto le unimos que en muchos casos los votantes tienen la percepción de que les están robando a través de los casos de corrupción, parece lógico que una parte de la ciudadanía desconfíe de la clase política tradicional, que parece preocuparse únicamente de su propia supervivencia.

La combinación de incertidumbre y miedo al futuro unido a un sistema político que ha fallado a sus ciudadanos, ha permitido que Trump haya apelado a una de las necesidades básicas de los individuos, la necesidad de seguridad, lanzando mensajes muy simplistas: traer los empleos de vuelta a los Estados Unidos, cerrar las fronteras a los inmigrantes, proteger nuestros productos, etc… Soluciones simples que claramente han calado en el electorado, pero que no soportan el mínimo razonamiento económico. Veamos las medidas principales, una por una:

"Hay un flujo continuo de entrada de inmigrantes en los Estados Unidos y los ciudadanos de aquí pierden sus empleos". Trump propone una política migratoria muy restrictiva, limitando la inmigración e incluso expulsando a millones de inmigrantes a sus países de origen. Existe evidencia múltiple de que, tanto en Europa como en EEUU, los trabajos que realizan los inmigrantes no son los mismos que los que realizan los nativos; es decir, inmigrantes y nativos son fuerzas de trabajo complementarias, no sustitutivas. De tal forma que expulsar y frenar la entrada a millones de trabajadores inmigrantes no va a hacer más que subir los costes laborales en Estados Unidos, con efectos negativos sobre la competitividad, el empleo y la inflación.

"Hay que restringir el libre comercio para mantener puestos de trabajo en Estados Unidos" o "Tenemos que repatriar los trabajos que China nos ha estado robando". Trump propone medidas proteccionistas para proteger a la industria manufacturera, es decir, fijar aranceles a las importaciones para aumentar su precio en el mercado americano. Es fácil prever la reacción de China ante una medida así: si EEUU pone aranceles a China, pues China se los pondrá a los productos estadounidenses, de forma que aunque en el corto plazo pueda ayudar a las empresas norteamericanas menos competitivas, va a resultar muy negativo para las grandes empresas exportadoras estadounidenses y más avanzadas tecnológicamente. Pero el comercio internacional no es un juego de suma cero (lo que yo gano, lo pierdes tu), sino que si cada país se especializada en lo que mejor se le da (aquello en lo que tiene una ventaja competitiva) y se intercambia, entonces todos estamos mejor. Por no decir, que las cadenas de producción están completamente internacionalizadas, por lo que es posible que este proteccionismo podría incluso terminar dañando a la propia industria que aspira a proteger.

"Los chinos se han inventado el concepto de calentamiento global con el fin de hacer que la fabricación de EEUU no resulte competitiva". Trump propone no firmar los acuerdos internacionales para evitar el cambio climático, frenando así el avance de las energías renovables, pues alega que el cambio climático un invento de los chinos para obligar a la industria americana a producir más caro y ser menos competitiva. A estas alturas no creo que nadie ponga en duda el calentamiento global y el efecto pernicioso de la producción con energías intensivas en carbono (petróleo o carbón). Dar pasos hacia atrás en este tema nos llevará a un mayor calentamiento global con las consecuencias nefastas sobre el planeta que ya todos somos capaces de anticipar. Trump propone seguir manteniendo un uso intensivo de las energías más contaminantes, aunque con ello se lleve el planeta por delante.

En resumen, todas estas soluciones que Trump ha propuesto recurrentemente en su campaña, se venden bien electoralmente, pues son mensajes simplistas que se explican fácilmente y parecen tener cierta lógica, aunque las consecuencias de ponerlos en práctica sean completamente lo opuesto de lo deseado. Es puro populismo pues si finalmente se llevan a cabo, el bienestar de todos los ciudadanos, incluidos muchos de los votantes de Trump, empeorara.

Existe un riesgo real de que este populismo siga cobrando fuerza en Europa. Aunque Europa cuenta con un estado de bienestar más desarrollado que Estados Unidos, no se puede negar que muchos ciudadanos están experimentando esos mismo sentimientos de angustia e incertidumbre hacia el futuro. De hecho, muchos mensajes lanzados por aquellos a favor del Brexit, y que a posteriori hasta los propios políticos reconocieron que eran falsos, no distan mucho de los mensajes de Donald Trump.

Todos los avances tecnológicos que hemos experimentado en el pasado, si bien despertaban recelos iniciales han terminado mejorando las condiciones laborales de todos los trabajadores. Sin embargo, aunque el efecto total sea positivo, lo cierto es que durante el proceso de cambio aparecen ganadores y perdedores. Perdedores son aquellos trabajadores que se están viendo o se van a ver desplazados hacia otros sectores o cuyo trabajo puede desaparecer pues la tecnología los reemplaza. La revolución digital, como las anteriores revoluciones tecnológicas, supone una trasformación de empleo, pero no necesariamente una destrucción del mismo.

La conclusión es que no podemos abandonar a su suerte a los perdedores de esta gran transformación económica que estamos sufriendo. ¿cómo? En algunos casos, será clave reciclar a los trabajadores de los sectores afectados para que puedan adaptarse a los cambios tecnológicos. En otros casos, cuando no sea posible mejorar la formación del trabajador, bien porque sea ya muy mayor o bien porque tenga unas habilidades imposibles de reciclar en la nueva economía digital resultará necesario dotarles de recursos para evitar que caigan en la pobreza, como por ejemplo, algún tipo de renta básica. En definitiva, la solución pasa por mejorar la redistribución –bien con programas de apoyo a la renta o con políticas activas de formación que realmente funcionen– desde los ganadores de la nueva economía hacia los perdedores.

Este es un debate que los políticos tradicionales no están sabiendo abordar. Los partidos de la derecha, por un lado, lo fían todo al mercado sin entender que en muchos casos la asignación final de recursos resulta muy desigual, dando lugar a la aparición de trabajadores que se encuentran totalmente abandonados. Por otro lado, los partidos de la izquierda más extrema pretenden culpar al mercado de la mala asignación de los recursos y únicamente saben proponer alternativas de planificación económica, que sabemos han fracasado estrepitosamente allá donde se han intentado y por ende no resultan creíbles. Finalmente, los partidos socialdemócratas, que siempre se han preocupado por la igualdad de oportunidades, no están sabiendo adaptarse a la nueva realidad y no se han dado cuenta que sus recetas tradicionales no resultan suficientes para resolver los nuevos problemas que se presentan en esta nueva economía global y digital.

La solución pasa por comprender que cuando el mercado funciona correctamente, lo mejor es interferir lo menos posible, pero que ello no significa no hacer nada. Hay que utilizar la política económica para corregir las desigualdades que el mercado está generando, vía educación y políticas activas de formación y reciclaje profesional orientadas a la economía digital y políticas de redistribución de renta de los ganadores hacia los perdedores. Esta es la única solución posible, pero seria triste llegar a ella tras años de intentar medidas populistas fallidas que nos hagan retroceder al pasado.

Tan pronto llegan las elecciones, las pensiones se convierten en el primer arma arrojadiza entre los distintos partidos políticos. Y es que nadie es ajeno a las pensiones, unos porque las están percibiendo ya y otros porque aspiran a hacerlo. Sea como fuere, en cada comicio ocurre lo mismo.

Nuestra Seguridad Social está en fase de adaptación a una nueva realidad demográfica, pues no podemos olvidar que España será el país más envejecido de Europa en unas pocas décadas. Otro día me centrare en los retos de las pensiones en el medio y largo plazo. Hoy quiero hablar de los problemas coyunturales del sistema de pensiones y en por qué a pesar de la recuperación económica, esta no ha llegado al presupuesto de la Seguridad Social.

La parte contributiva de la Seguridad Social terminó el año 2015 con un déficit próximo a los 18.000 millones de euros. Las malas noticias vienen de los ingresos, y en particular de los ingresos por cotizaciones. Así, en el año 2015 a pesar de que el número de cotizantes aumentó en más del 3,2% y los ingresos por cotizaciones lo hicieron en un 2,6%. Pero, ¿esto cómo es posible? Si los nuevos trabajadores hubieran cotizado por la misma base de cotización media existente, los ingresos por cotizaciones deberían haber subido también por encima del 3,2%. Un simple cálculo, nos dice que las nuevas bases de cotización para ser compatibles con el aumento de ingresos observado, deben haber sido un 20% más bajas. ¿Cómo es posible que las bases de cotización de los nuevos cotizantes sean un 20% mas bajas que la media de 2014? Dos posibles explicaciones:

La mayor precariedad laboral, con la fuerte devaluación de salarios, hace que los nuevos contratados no solo tengan salarios más bajos, sino también un mayor uso de los contratos a tiempo parcial y temporales.

La absurda política de bonificaciones generalizadas a la contratación indefinida llevada a cabo por el Ejecutivo.

Permítanme centrarme en la política de bonificaciones a la contratación. A la luz de la evidencia, no creo que exista nada que guste más a un dirigente político que las bonificaciones. Tan pronto como llegan unas elecciones o hay un debate del Estado de la Nación, aparecen nuevos programas de bonificaciones. La verdad que no se de donde viene este afán. Desde luego, no se justifica desde el conocimiento económico. Los economistas, estamos hartos de ver como la evidencia empírica nos dice que son muy poco efectivas y muy caras. Existen múltiples artículos científicos que así lo prueban. Permítanme, para los lectores escépticos, compartir algunos. Con evidencia internacional tenemos, por ejemplo este survey del IZA realizado por Brown o este articulo de Neumark y Grijalva. Para el caso de España tenemos este artículo de García-Pérez y Rebollo. La intuición es simple. Una política de bonificaciones generalizada, como la que se ha llevado a cabo en España, es muy cara pues tiene mucho peso muerto (por ejemplo, se bonifican contratos que se hubieran hecho igualmente sin la bonificación) y además es poco efectiva pues muchos de los contratos indefinidos realizados solo por el atractivo de la bonificación tienen una alta mortalidad tan pronto se acaba el periodo bonificado. Como me imagino que los políticos no podrán evitar caer en la tentación de las bonificaciones, aquí un consejo desde el análisis económico: la política de bonificaciones es más efectiva cuando más se concentra en colectivos que tienen más dificultades de empleabilidad. En concreto, para nuestro país, debería en el mejor de los casos concentrarse en los parados de largísima duración, es decir aquellos que llevan mas de dos años en paro.

En este caso, además, el Ejecutivo ha cometido un error adicional, pues a diferencia de en ocasiones anteriores, la caída en ingresos de la seguridad social generada por la política de bonificaciones no ha sido reemplazada por ingresos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado. Y en consecuencia, se ha tenido que usar con mayor intensidad el Fondo de Reserva. Un fondo de reserva que en la última legislatura se ha consumido en más de la mitad.

Si a efectos del déficit para Bruselas es indiferente usar el Fondo de Reserva o ingresos corrientes del Estado, y si la emisión de deuda esta en niveles muy asequibles, ¿por qué gastar con mayor rapidez un fondo de reserva que nos puede ser útil para tener un mayor margen de maniobra en el futuro? La única explicación que encuentro, es que el ejecutivo haciendo esto, intentaba retrasar (o evitar) que la deuda publica superara el umbral del 100% del PIB. Algo que, por desgracia hemos superado recientemente.

El problema del aumento de la desigualdad en nuestro país es la progresiva precarización del 20% más pobre de la población

En tiempos de crisis el aumento en la desigualdad se posiciona en el corazón del debate público. En muchos casos, cuando la economía crece, pese a que el nivel de desigualdad aumente, la renta media de prácticamente todos los individuos también lo hace; percibiéndose frecuentemente el aumento de las diferencias en renta como una consecuencia del propio proceso de crecimiento. Adopta así el incremento de la desigualdad tintes casi meritocráticos, apelando a diferencias de esfuerzo, educación o motivación como importantes fuentes de dicho fenómeno. Por el contrario, en épocas de crisis económica, el aumento de la desigualad de la renta suele disparar la alarma social y asociarse a una asignación injusta de los recursos.

En este artículo vamos a hablar, dato en mano, de las tendencias de la desigualdad en España desde la crisis. No vamos a entrar en el interesante debate de las distintas formas de medición de la desigualdad o su verosimilitud para casos individuales, nos centramos en los indicadores y las fuentes más consultadas y, para poner la cifra española en perspectiva, nos comparamos con varios países vecinos.   

En primer lugar, es difícil negar que España es uno de los países mas desiguales de Europa. Habitualmente se suelen utilizar dos indicadores para medir la desigualdad: el coeficiente de Gini y la ratio entre el 20% que mas renta tiene sobre el 20% que menos renta tiene. Como se puede ver en el siguiente gráfico ambos sitúan a España a la cabeza dentro de la UE-15.

En dichos gráficos podemos también ver que España es de los países donde más ha aumentado la desigualdad durante la crisis. Antes de la crisis el 20% más rico tenía una renta aproximadamente 5,6 veces más elevada que el 20% más pobre; esta cifra había subido a 6,8 en 2014.

Habitualmente tiende a asociarse este incremento de la desigualdad a un aumento de la renta de los más ricos del país. El 1% más rico de España tiene, de acuerdo con la World Income Database, un 8,5% de la renta en España, aproximadamente lo mismo que solía tener durante la década de los 90. El aumento de los precios de la vivienda y la acumulación de ganancias derivadas del capital desde el cambio de milenio hasta 2006 provocó que dicho porcentaje subiera hasta más del 12%, deshinchándose junto con el pinchazo de la burbuja hasta alcanzar la cifra actual. Para las personas dentro del top 10% pero fuera del top 1% la situación es bastante diferente, no se observa un efecto claro del último ciclo de boom-bust sobre su tendencia bajista a largo plazo. En cualquier caso, podemos concluir claramente que el aumento de la desigualdad durante la crisis no se debe a un incremento de la concentración de la renta en el Top 10%, 5% o 1%. El 10% con más ingresos tiene en su conjunto la desorbitante cantidad de más del 31% de los ingresos totales del país. Pero justo antes de la crisis esta cifra superaba el 36%.

El problema real de la agudización de la desigualdad radica en la situación del 20% con menores ingresos y su fuerte empeoramiento durante la crisis. Los siguientes gráficos muestran la evolución del 10% con menos ingresos (decil 1 en la distribución de la renta) y del siguiente 10% con menos ingresos (aquellos situados entre el 10 y el 20% con menos ingresos, es decir, el decil 2 en la distribución de la renta) en distintos países europeos y en la UE-15 de media. Francia es un ejemplo de un país en el que aquellos con menores ingresos acumulan una proporción de la renta total por encima de la media europea, pese a que con la crisis han visto su situación relativa ligeramente empeorada. Los más pobres en Italia y España comenzaron la crisis en posiciones muy similares: el decil 1 tenía aproximadamente el 2,5% de los ingresos y el decil 2 aproximadamente el 4,6%.

La crisis tuvo un efecto importante sobre el decil 1 en ambos casos, si bien es más pronunciado el caso de España (del 2,5% al 1,8% de los ingresos totales). Es en el decil 2 donde encontramos la mayor diferencia entre ambos países, en Italia apenas hubo cambios en la proporción de la renta total que tiene dicho grupo de personas, mientras en España ésta bajaba del 4,6% al 4,1%. El problema del aumento de la desigualdad en nuestro país es la progresiva precarización del 20% más pobre de la población.

Una de las fuentes más claras del empeoramiento de la desigualdad durante la crisis es nuestro disfuncional mercado laboral, especialmente a través del aumento del paro de larga duración (que ya analizamos aquí). En la actualidad tenemos 2,8 millones de personas que llevan más de 1 año en paro, de los cuales más del 70%, unos 2 millones de personas, no reciben ningún tipo de prestación. La situación de este inmenso colectivo es aún más escandalosa si tenemos en cuenta que las políticas activas contra el desempleo (y especialmente el desempleo de larga duración) han sido las grandes ignoradas durante la crisis. ¿Cuánto tendremos que esperar para que haya un paquete de reformas ambiciosas destinadas a ese colectivo olvidado?

Por otro lado, el ajuste salarial interno ha sido mucho más intenso entre los trabajadores con menores ingresos. Como se puede ver aquí entre las personas situadas en los últimos 4 deciles de renta no ha habido prácticamente cambios a nivel salarial entre 2011 y 2014. Frente a ello, el 10% más pobre ha reducido su salario medio real en casi un 15%.

Finalmente, la tercera fuente de desigualdad que nos gustaría destacar es la escasa efectividad del sistema de transferencias de nuestro Estado del Bienestar en la reducción de la desigualdad. Si bien este tema merece un análisis independiente por su complejidad, en una visión superficial usando datos de la Encuesta Europea de Condiciones de Vida observamos que las transferencias del Estado del Bienestar español son de las menos efectivas de Europa a la hora de reducir la desigualdad, lo que resulta extremadamente preocupante.

Por último, nos gustaría hacer una reflexión. La visión de la desigualdad suele ser una instantánea en un momento del tiempo y puede no darnos una visión completa del problema. Existe una fuerte correlación entre movilidad social y desigualdad, tal y como pone de manifiesto el siguiente gráfico extraído de un estudio de la OCDE que relaciona la persistencia intergeneracional de salarios con el índice de Gini.

La capacidad de un individuo de progresar económicamente con independencia de la posición económica de su entorno más cercano es básica para fomentar la movilidad social. A este respecto, parece obvio, que recortar un 16% el gasto en educación durante la crisis ha sido un paso claro en la dirección equivocada al debilitar financieramente el principal instrumento en pro de la igualdad de oportunidades. Confiemos que la política económica de la próxima legislatura sea mas sensible a estas cuestiones.

En los últimos tres artículos de esta serie sobre género hemos hablado de desigualdad en participación laboral, en condiciones laborales y sobre como el mayor nivel educativo de las mujeres hace que no podamos considerar que esta sea la causa de tales brechas. En este artículo vamos a recopilar toda una serie de gráficos sobre el porcentaje de mujeres en los puestos más altos de su carrera profesional, incluyendo distintas instituciones, áreas del sector público y empresas cotizadas. Es decir, vamos a analizar de forma visual si existen o no 'techos de cristal' que coarten asimétricamente el desarrollo profesional de las mujeres. También incluiremos comparativas con Europa, para tratar de reflejar la posición de España en el entorno europeo.

En primer lugar, vamos a mostrar un gráfico con el porcentaje de mujeres en los puestos más altos de distintas instituciones españolas. Ni el poder ejecutivo, sea a nivel regional o central, ni el poder legislativo, ni el judicial tienen paridad de género. Tampoco la representación exterior o la ejecutiva de nuestro banco central. En general, se observa una mayor representación en aquellas instituciones con mayor visibilidad pública como el Congreso (36% de mujeres) y el Consejo de Ministros (30%) y especialmente bajo en el número de embajadoras (un 11% aproximadamente).

En las cámaras parlamentarias nacionales observamos un crecimiento lineal en el porcentaje de mujeres en prácticamente todos los países. Si tenemos en cuenta ambas cámaras España está en tercer lugar de los ocho con un 39% de mujeres, aumentando desde aproximadamente el 30% en 2003. Destacan Suecia por su nivel muy cercano al 45% durante todo el periodo de 2003-2015 e Italia por el fuerte aumento (del 10% al 30%) en dicho periodo.

El porcentaje de mujeres en el Consejo de Ministros es mucho más volátil. Durante las legislaturas socialistas observamos un número muy cercano a la paridad, mientras que en las del Partido Popular el número ha rondado el 30%. En Italia y Francia observamos una clara tendencia hacia la paridad en los últimos 12 años y en Alemania y Suecia se encuentran en el entorno del 40-45% y 45-55%, respectivamente.

En los parlamentos autonómicos el porcentaje de mujeres en España es de alrededor del 45%, la tercera cifra más alta de los 8 países (encabezan la lista Francia y Suecia). De nuevo, destaca la baja representación femenina en Italia.

En cuanto al número de alcaldesas, las cifras en abril de este año, sitúan a España con 17%, algo más alta que en varios países, pero por detrás de otros como Holanda o Suecia (que duplica la media europea). Algo similar ocurre con el número de embajadoras: desde el 38% sueco al 7% en Italia pasando por el 17% francés. En España, destaca el fuerte cambio en la última década: de un 1% de embajadoras en 2004 al 13% de 2013.

Finalmente, en el poder judicial (si no desagregamos por nivel) observamos cifras cercanas o incluso superiores al 50% en bastantes casos. Una excepción es el Reino Unido, donde sólo un 25% de los jueces y magistrados son mujeres. Más adelante veremos como la diferencia aumenta a medida que miramos puestos con mayor responsabilidad dentro del sistema judicial.

En general, observamos varios patrones. Por un lado, en ningún país, con la excepción de Suecia, hay datos relativamente cercanos a la paridad de forma más o menos generalizada. Y como decíamos, las instituciones españoles están más o menos en la media europea en el porcentaje de mujeres en las mismas pero claramente muy lejos de la paridad. Parece que existe un problema de representación femenina a nivel europeo.

¿Qué ocurre en las empresas más grandes? Entre las empresas cotizadas el porcentaje de mujeres en los puestos de mayor responsabilidad es menor que en la instituciones públicas. Solo un 17% de los asientos de los consejos de administración de empresas del Ibex 35 están ocupados por mujeres, una de cada seis sillas. Se trata de la cifra más baja de Europa: en el resto de países estamos hablando de una de cada cuatro sillas y en Francia, de una de cada tres. Estas diferencias son incluso mayores si nos centramos en las consejeras ejecutivas (el puesto con mayor poder dentro de los consejos), que no llegan al 5%, menos de 1 de cada 20.

En puestos directivos la diferencia es incluso mayor. En una hipotética reunión de directivos de las grandes empresas españolas una mujer tiene una probabilidad del 90% de que la persona que se siente a su lado sea un hombre. Si se trata de una reunión de los presidentes de tales empresas, la probabilidad sube al 97%.

Finalmente, queremos terminar mostrando tres ejemplos de cómo varía el porcentaje de mujeres en puestos de responsabilidad según se asciende en una determinada carrera profesional.

En primer lugar, vamos a mirar la representación política local o regional. En España el porcentaje de concejalas es inferior al porcentaje de alcaldesas, que, a su vez, es inferior al porcentaje de mujeres en la presidencia de diputaciones provinciales o Comunidades Autónomas. Esta dinámica de “a mayor responsabilidad, menor representación femenina” se mantiene desde hace, como mínimo, 16 años. Existe después un salto enorme en el porcentaje de mujeres en las instituciones nacionales de gran visibilidad.

Algo parecido ocurre en el sistema judicial. La progresión dentro de la carrera profesional de fiscales y jueces es relativamente paralela y en ambas ocupaciones observamos como el porcentaje de mujeres se va reduciendo desde más de un 60% en la primera fase (abogados fiscales y jueces), hasta un 24% en la categoría con más responsabilidad de fiscales (fiscales de Sala del Tribunal Supremo o fiscales de categoría 1) y un 13% en su equivalente en la carrera de jueces y magistrados (magistrado del Supremo). Este fenómeno se mantiene desde hace por lo menos ocho años, con relativamente pocos cambios.

Finalmente, encontramos el mismo paralelismo en el mundo universitario español. El porcentaje de mujeres entre el profesorado titular es ligeramente inferior al porcentaje entre el profesorado contratado y la caída cuando miramos catedráticas (21%) o rectoras (8%) es bastante notoria. En la trayectoria académica sí que parece haber habido un pequeño acercamiento hacia la paridad desde 2004. Además, para quien tenga interés en informarse sobre la situación académica de las mujeres en el área de Economía, acaba de salir un informe del COSME muy interesante que lo analiza.

En definitiva, en todas estas posiciones la experiencia profesional es un factor muy importante y que podría servir para explicar una parte de las diferencias de género y tratar de justificar algún 'techo de cristal'. Lo preocupante es que en todas las dimensiones que la evidencia empírica disponible nos ha permitido ver estas diferencias en la progresión de mujeres y hombres, en todas y cada una de ellas. Destaca además el bajo progreso en la representatividad en los puestos más elevados, especialmente dado el importante aumento en el nivel educativo medio de las mujeres en los últimos 30 años. Parece que la representación femenina va descendiendo en todas las ocupaciones a medida que subimos peldaños en la escalera profesional. Cabe destacar, sin embargo, que con la excepción de los países líderes en igualdad de género, este problema es de índole europea.

Y hasta aquí los datos. Llevamos más de 40 gráficos sobre el panorama de las brechas de género en España y, sin duda, es mucha información a digerir. Reflexionen, comenten y tomen sus propias conclusiones.

En el último bloque de esta serie usaremos toda la evidencia empírica mostrada para hacer un diagnóstico personal y mostrar la caja de herramientas a la disposición de aquellos que no nos resignamos y consideramos que la situación debe cambiar. La escasa representación del talento de la mitad de la población española es un problema que, a nuestro juicio, el próximo gobierno debería poner encima de la mesa desde el minuto uno.

Las generaciones de mujeres de menos de 45 años están mucho mejor formadas que los hombres de su misma edad

La mujeres intentan compensar la discriminación que sufren en el mundo laboral con un mayor esfuerzo en la etapa educativa

En las dos últimas entradas hemos analizado la brecha de género en el mercado laboral, tanto a nivel de participación laboral como de condiciones laborales. En este artículo nos vamos a centrar en cómo son las diferencias en términos educativos. Ya en 1998 el porcentaje de mujeres entre 25 y 50 años con estudios universitarios superó la proporción de hombres con dicho nivel educativo. Actualmente, el 42% de las mujeres entre estas edades ha completado estudios terciarios, frente a un 35% de los hombres (y la brecha continúa aumentando).

Antes de nada, es bueno contextualizar el sistema de educación español en comparación con otras economías europeas. En España tenemos un panorama educativo dominado por la dualidad (forma de “reloj de arena”). Por un lado, el número de personas  que no llega a completar Bachillerato o una FP de grado medio (es decir, aquellas que no tienen educación secundaria superior) es altísimo (44,5%), muy por encima de la media de la UE-15 (29,6%) y a años luz de Alemania (19,7%).  Paralelamente, el número de personas que completan estudios universitarios es relativamente alto (31,7%), superior a la media de la UE-15 (27,3%) y a países como Francia, Alemania o Italia. En otras palabras: en un número muy alto de casos o bien no se hace Bachillerato o FP o bien se hace y después se pasa directamente a completar estudios universitarios, siendo relativamente pocas las personas que dejan de estudiar al nivel de la secundaria superior. Esta dualidad se mantiene tanto en hombres como en mujeres.

Las diferencias de género en educación en España se ven con mucha más claridad cuando segmentamos por grupos de edad, tal y como hace la gráfica que mostramos a continuación. Observamos una dinámica muy clara: las generaciones de mujeres de menos de 45 años están mejor formadas que los hombres (una diferencia que se incrementa a medida que miramos personas de menor edad), la generación de entre 45 y 54 años tiene niveles educativos por género similares y entre las de personas de más edad, los hombres alcanzaron niveles medios de formación más elevados.

Destaca el caso de las personas entre 25 y 29 años, donde hay una diferencia de 13,5 puntos porcentuales (pp) en la proporción de mujeres con educación universitaria y el porcentaje de hombres con dicho nivel educativo. Paralelamente, en ese mismo grupo de edad hay una diferencia de 11,6 pp en aquellos que no tienen secundaria superior. Esto muestra una vez más la clara dualidad de nuestro sistema educativo: las diferencias en el porcentaje de personas que no completan educación secundaria superior se trasladan directamente en diferencias en la proporción de personas que completan estudios universitarios.  

En las siguientes gráficas comparamos estas cifras con diferentes países europeos. En general, en prácticamente todos los países grandes europeos encontramos una tendencia similar, las mujeres jóvenes están más educadas que los hombres, mientras que en generaciones más mayores los hombres tienden a tener mejor nivel educativo. El caso de España es especialmente notorio: la diferencia en el porcentaje de hombres y de mujeres que han completado como mínimo secundaria superior es la más alta entre las grandes economías europeas para todas las generaciones menores de 45 años. Para generaciones mayores, España está más bien en la media en términos de gap de género en educación.

Para educación universitaria la brecha de género es superior en Bélgica y Suecia, pero España sigue teniendo una diferencia muy grande entre generaciones menores de 45. Igual que en el caso anterior, está diferencia se disipa rápidamente según miramos grupos de edades más avanzadas.

Hemos visto que las mujeres españolas jóvenes se forman más que los hombres, y que esta brecha es mayor a la que encontramos en otros países. Se nos ocurren diversos motivos para explicar este fenómeno. En primer lugar,  los trabajos que antes de la crisis tenían un salario relativamente elevado y no requerían formación secundaria superior o universitaria se concentraban en sectores típicamente masculinos (manufacturas, construcción). Por ese motivo, era más probable que los hombres jóvenes dejarán de estudiar para trabajar. Otra razón, podría ser que, dado que existe una brecha salarial importante (o la percepción de que la hay), las mujeres tiendan a formarse más para compensar por este fenómeno. Es decir, intentan compensar la discriminación en el mundo laboral con un mayor esfuerzo en la etapa educativa.

Otra serie de razones suele centrarse en que las mujeres tienen, de media y a nivel agregado, capacidades que se valoran más en nuestro sistema educativo, por lo que tienden a suspender menos y, por lo tanto, es más improbable que se desvinculen del sistema educativo. Como vemos en la gráfica siguiente el porcentaje de mujeres que repite curso es inferior al de hombres a lo largo de toda la enseñanza obligatoria y el Bachillerato. En 2º de Primaria, por ejemplo, repite curso el 4,1% de las mujeres frente al 5,2% de los hombres. Hacia primero de la ESO estas cifran aumentan a un 15% de los hombres y un 10,6% de las mujeres.  Por eso no es de extrañar que el abandono escolar temprano ('dropout') sea muy superior en el caso de los hombres: uno de cada cuatro no completa el segundo ciclo de Secundaria. Para las mujeres esta cifra es del 18%, siete puntos menos.

También queremos hablar de las diferencias en la tipología de los estudios que hacen los hombres y las mujeres y ver si en otros países son similares. En el gráfico siguiente vemos el porcentaje de mujeres entre las personas que se gradúan con estudios universitarios en distintas ramas del conocimiento. Las carreras con un mayor número proporcional de titulados varones son aquellas que tienen que ver con informática (solo 15% de mujeres) e ingeniería (solo 18% de mujeres). Las que más proporción tienen de mujeres son aquellas que tienen que ver con servicios sociales (83%), educación (casi el 80% de mujeres) y medicina y salud (73%). Encontramos cifras relativamente cercanas a la paridad en las ciencias básicas y una representación femenina algo mayor del 60% en humanidades y ciencias sociales. Destaca el hecho de que esta dinámica está generalizada para prácticamente todos los países desarrollados, aunque se encuentran pequeñas diferencias individuales (en España las artes y humanidades tienen mayor representación relativa de hombres y las ciencias básicas mayor representación femenina que en otros países europeos).

Cabría asumir que una cierta parte de estas diferencias se deban a las diferencias existentes (y profundamente arraigadas) en los países desarrollados en el nivel medio de competencias de lectura (superior en el caso de las mujeres) y de matemáticas (superior en el caso de los hombres).

En las gráficas que exponemos a continuación hemos puesto los ocho países europeos que hemos venido utilizando, así como el promedio de la OCDE, divididos entre hombres y mujeres, y hemos ordenado los 18 grupos resultantes de mayor a menor según los resultados obtenidos en el nivel de lectura y de matemáticas.

En el caso de la lectura,  el resultado es una enorme segregación entre hombres y mujeres. No solo las mujeres tienen un mayor nivel que los hombres en todos los países, sino que las mujeres del país con el peor resultado (España) tienen mejor nivel de lectura que los hombres de cualquiera de los otros países.

En el caso del nivel de matemáticas, las diferencias no son tan grandes, pero los hombres tienen mejores resultados que las mujeres en todos los países, con la excepción de Suecia (país que, por otro lado, tiene unos resultados de PISA bastante malos).

Estas fuertes diferencias en las habilidades cognitivas de hombres y mujeres nos dan la pista de que quizás las diferencias en el tipo de carrera que eligen (de media, siempre de media) hombres y mujeres responde a un proceso de especialización según aquello en lo que se tiene una ventaja comparativa. Pero, claramente, este factor es solo un pequeño componente de una ecuación muy compleja, como pone de manifiesto el hecho de que en España y Alemania las mujeres constituyan la mitad de los graduados en matemáticas.

Con este conjunto de datos podemos ver que, pese a que existen diferencias en la tipología de los estudios que realizan hombres y mujeres, el nivel educativo no explica las brechas de género en participación laboral y condiciones en el trabajo. Mas bien, si nos fijamos solo en la educación, las brechas laborales deberían ir en dirección contraria. En todos los grupos de edad menores de 45 años las mujeres tienen un nivel medio de formación más elevado que los hombres, especialmente en lo que se refiere a haber completado estudios secundarios superiores.  

Queremos concluir resaltando el fuerte problema que supone la gran dualidad del sistema educativo español (especialmente entre los hombres), que pide a gritos una 'tercera vía' para aquellos que buscan una formación profesional aplicada y de calidad.

Las mujeres españolas, pese a tener un mayor nivel educativo, tienen tasas de desempleo mayores, están más sobrecualificadas para los puestos que ocupan, tienen mayor temporalidad, mayor parcialidad no deseada y salarios un 20% más bajos que los hombres

Desgraciadamente, la desigualdad de género afecta no solo a la decisión de trabajar (que analizamos la semana pasada), sino también a las condiciones laborales y el desarrollo profesional.

En primer lugar, encontramos diferencias de género en las perspectivas de encontrar empleo, tal y como refleja la brecha de género en la tasa de paro. Tradicionalmente, España ha sido un país con una elevada tasa de paro y grandes diferencias en la misma entre hombres y mujeres. En el año 2000, la tasa de desempleo de los hombres en España era del 9,5%, mientras que la de las mujeres era del 20,4%, es decir 10,9 puntos porcentuales (pp) de diferencia. Este nivel de desigualdad era muy superior al de Alemania (-0,6 pp), Francia (-3,6 pp) e incluso Italia (-6,5 pp).

Sin embargo, tal y como se puede observar en el siguiente grafico, con la crisis prácticamente se cerró la brecha de género en desempleo. No olvidemos, sin embargo, que la crisis ha sido mucho más intensa en sectores tradicionalmente masculinos como la construcción o la industria, por lo que con la recuperación se está volviendo a abrir la brecha de género en la tasa de desempleo.

Actualmente, incluso tras dos años consecutivos de aumento de la desigualdad, la brecha en niveles medios de desempleo es mucho menor a los niveles de hace 10 años, las mujeres tienen “solo” 1,8 pp más de paro que los hombres, una diferencia que se encuentra al nivel de Italia. Si bien este dato es aparentemente positivo, es importante destacar que en casi todos los países europeos nos encontramos que no hay diferencias en esta dimensión o que las mujeres tienen menos paro. Esto sería lo esperable dado que, como veremos la semana que viene, las mujeres en Europa (incluyendo España) tienen un mayor nivel educativo.

Cabe entonces preguntarse qué ocurre con las diferencias de género en desempleo cuando miramos personas con el mismo nivel educativo. Y lo que observamos es que España en esta comparación sale verdaderamente mal parada. En otros países la desigualdad de género en tasa de paro desaparece cuando comparamos entre personas que han completado estudios universitarios. En España, la brecha es de más de 3 puntos porcentuales, más alta incluso que en Italia. Para personas con educación secundaria superior también tenemos la mayor desigualdad de género en paro de nuestro entorno (casi 5 pp de diferencia). En definitiva, en nuestro país educarse es un activo para la mujer a la hora de incorporarse al mercado laboral, pero no le ayuda tanto como a un hombre a la hora de encontrar trabajo. Los lectores más avispados se habrán dado cuenta que la diferencia media agregada es menor que la diferencia para cualquiera de los niveles educativos por separado. Esto se debe, como explicábamos anteriormente, a que las mujeres españolas de media están más formadas que los hombres (Paradoja de Simpson).

Una vez conseguido un empleo, las mujeres españolas continúan sin tenerlo fácil en relación a los hombres. En España la temporalidad es una de las mayores disfuncionalidades de nuestro mercado de trabajo y afecta a todos los colectivos. A pesar de la gran destrucción de contratos temporales durante la crisis (la mayoría de ellos eran hombres que trabajaban en el sector de la construcción), las mujeres españolas tienen una tasa de temporalidad un punto porcentual superior a los hombres. No obstante, en términos absolutos seguimos teniendo la tasa más alta de temporalidad femenina de todo nuestro entorno. La temporalidad es un problema enorme en España, que afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque levemente más a estas segundas.

Otro problema añadido es que la brecha de género en temporalidad en nuestro país aumenta con el nivel educativo. Las mujeres universitarias españolas tienen una tasa de temporalidad del 22,9% (13,8% en la EU-15), frente al 17,3% de los hombres (10,2% en la UE-15). Es decir, entre personas con estudios superiores tanto los niveles absolutos de temporalidad como las diferencias de género en esta dimensión son superiores a la media. Una vez más, formarse no ayuda por igual a las mujeres y a los hombres.

La parcialidad en España no está muy extendida, con tasas relativamente bajas en comparación con nuestros vecinos. Cabe destacar que la parcialidad no es per se un problema, siempre y cuando sea parte de una decisión voluntaria de trabajar un menor número de horas. Es por tanto que a la hora de analizar la parcialidad como indicador de precariedad laboral debemos fijarnos en la tasa de parcialidad no deseada.

El porcentaje de personas que tienen jornada parcial de forma involuntaria ha aumentado mucho en los últimos 10 años. En 2004 ésta era la situación del 3% de las mujeres y del 0,5% de los hombres, mientras que en la actualidad afecta al 11,8% de las mujeres y al 4,2% de los hombres, un incremento debido en parte importante a la crisis. En esta década hemos pasado de tener tasas bastante bajas en el entorno europeo a ser de las más altas, siendo Italia la única economía grande con cifras superiores a las nuestras. Como vemos en la gráfica siguiente, las diferencias de género en parcialidad no deseada están presentes en todas las economías europeas (en Italia, Francia, España y Alemania las mujeres tienen tasas tres veces mayores o más), pero la gran incidencia de la jornada parcial involuntaria en España hace que sea un problema de un importante calibre.

Otro problema especialmente serio en España tanto en general como debido a su efecto asimétricamente fuerte sobre las mujeres es la sobrecualificación. De acuerdo con datos de la OECD, en 2013 el 35% de la población española estaba sobrecualificada (muy por encima de cualquiera de los grandes países europeos). A continuación os mostramos un gráfico sobre la sobrecualificación en su versión más visible (personas con estudios universitarios en ocupaciones elementales), que  afecta a un 4,3% de las mujeres con estudios superiores frente a un 2,5% de los hombres con dicho nivel educativo. Ambas cifras son mucho más altas que la media europea (y las más altas de los 8 países de nuestro estudio). El fuerte desajuste de habilidades y nivel del puesto de trabajo (y la gran diferencia existente entre hombres y mujeres) es una potente señal de desigualdad, mostrando, una vez más, el problema de talento desaprovechado en el caso de las mujeres.

Vamos a concluir con una de las fuentes de desigualdad económica entre hombres y mujeres más estudiadas y más difíciles de medir: los salarios. El nivel salarial depende de multitud de factores tales como el número de horas trabajadas, nivel educativo, ocupación, sector, experiencia, antigüedad en el trabajo, ciclo económico y otros factores observables y no observables. En España la brecha de género en salario mensual en 2014 sin ningún tipo de ajuste se encuentra en el 19,3%, por encima de la media europea (16,3%). Alemania y Reino Unido tienen brechas salariales sin ajustar en el entorno del 20% y Francia, Suecia y Holanda algo inferiores a la media europea.  Italia tiene una brecha salarial muy inferior a la media (7,3%), pero esto se debe a que la tasa de participación es muy baja (les invito a que echen un ojo al gráfico de la semana pasada para verlo claramente), por lo que sólo forman parte activa del mercado laboral las mujeres italianas con mayor cualificación.

Una forma algo más cercana de estimar la brecha salarial es usando salarios por hora dentro de ocupaciones concretas. De esta forma eliminamos el efecto de trabajar menos horas sobre el salario mensual y de la fuerte segregación laboral por ocupaciones que todavía existe (como podemos ver a continuación).

Usando datos de la Encuesta Cuatrienal de Estructura Salarial (cuya última versión publicada es de 2010) podemos ver que en España existe una brecha salarial superior al 14% en todas las profesiones analizadas. Destaca la brecha para el caso de los directivos (22%), las profesiones cualificadas con un componente manual (28%) y los técnicos (23%). Las brechas salariales en sueldo por hora más pequeñas las encontramos en ocupaciones como los profesionales (médicos, abogados, ingenieros, etc) y los profesionales de servicios y comerciales.

Sin embargo, este indicador continúa sin tener en cuenta otros factores como educación, experiencia y sector económico. Las mujeres está más educadas, lo que implica que en ese sentido la brecha está infravalorada, pero por otro lado las mujeres tienen de media menos años de experiencia laboral debido a su posterior incorporación al mercado de trabajo, lo que implicaría una brecha ajustada menor. Guner, Kaya y Sánchez-Marcos (2014) encuentran, usando la Encuesta Europea de Condiciones de Vida, una brecha salarial en 2010 ajustada por todos estos factores del entorno del 20%, muy cerca de la brecha sin ajustar, es decir, que el efecto medio de los factores que afectan positivamente y negativamente tienden, en este caso concreto, a compensarse.

Resumiendo, las mujeres españolas tienen tasas de desempleo mayores, están más sobrecualificadas para el puesto que desempeñan, tienen mayor temporalidad y parcialidad no deseada y perciben salarios mucho bajos que los hombres. En todas estas dimensiones (con la excepción de la temporalidad, que en España afecta a todos), tanto la brecha como el nivel absoluto se encuentran por encima de los valores medios europeos. Además, la crisis parece haber exacerbado las diferencias en parcialidad no deseada y aumentado la brecha salarial. Todo ello pese al nivel formativo relativamente más elevado de las mujeres españolas. La precariedad laboral es un problema importante en España, que como hemos visto incide en mayor medida en las mujeres. Es por tanto clave luchar contra la precariedad laboral. Solo así nos acercamos un modelo de relaciones laborales más justo para todos.

El debate sobre desigualdad de género tiende a basarse en una mezcla de experiencias concretas, aportaciones ideológicas y acontecimientos esporádicos que en muchos casos dificulta la elaboración de un análisis completo

El debate sobre desigualdad de género tiende a basarse en una mezcla de experiencias concretas, aportaciones ideológicas y acontecimientos esporádicos, algo que, si bien aporta una visión importante del fenómeno, en muchos casos dificulta la elaboración de un análisis completo que nos marque una hoja de ruta hacia la igualdad de oportunidades.

En las próximas semanas vamos a publicar en eldiario.es una serie de artículos con datos y reflexiones sobre distintas dimensiones de la desigualdad de género, tratando de formar una pequeña panorámica general a partir de fotos individuales. En este caso, vamos a comenzar hablando de las diferencias de género en la participación laboral.

En primer lugar, analicemos la historia reciente. La incorporación de la mujer al mercado laboral ha sido especialmente rápida en España, en los últimos 30 años el número de personas activas ha aumentado en 8.9 millones, de los cuales más del 70% son mujeres (es decir se ha multiplicado por 2.5 el número de mujeres que participan en el mercado de trabajo). No parece arriesgado asumir que una parte nada desdeñable del anterior largo ciclo económico expansivo en nuestro país (1993-2008) haya sido gracias al proceso de incorporación de la mujer al mercado de trabajo.

A mediados de los 80, sólo un 35% de las mujeres españolas entre 15 y 64 años trabajaba o buscaba activamente empleo. En Estados Unidos, lo hacía ya el 64% y en Francia o Alemania algo más del 50%. Tan sólo 30 años más tarde, estamos prácticamente al mismo nivel que nuestro vecino galo y EE.UU. y sólo unos 4 puntos porcentuales por debajo de los alemanes.  Existe, sin embargo, margen de mejora, tal y como se deriva del ejemplo de Suecia, cuyo proceso de incorporación de la mujer al mercado laboral culminó en 1990 y cuya tasa de participación femenina lleva 30 años en valores superiores al 75%.

El gran avance en la incorporación de la mujer al mercado de trabajo ha permitido reducir la brecha en participación, como se puede ver en el siguiente gráfico. Aunque la brecha es menor que la media europea, aún existe un gran margen de mejora.

Este gran avance esconde, sin embargo, importantes problemas.

En primer lugar, la brecha en participación laboral decrece a medida que aumenta el nivel educativo. Destaca el caso de las mujeres entre 25 y 29 años, pues cuando tienen estudios universitarios la brecha es prácticamente inexistente, mientras que cuando no han completado la secundaria superior hay una diferencia de 15 puntos en su tasa de participación. Esto es especialmente preocupante dado el elevado nivel de fracaso escolar en nuestro país. Por otro lado y como anotábamos anteriormente, dado que España continúa siendo un país en transición vemos también que la brecha se reduce con la edad.

Otro de los factores más importantes a la hora de decidir si trabajar o no hacerlo es la maternidad. La participación laboral de las mujeres cae demasiado y durante demasiado tiempo cuando se tiene hijos, denotando problemas serios en la compatibilización de vida familiar y laboral. La tasa de empleo en adultos viviendo en pareja sin hijos no difiere demasiado de la brecha en adultos solteros (pese a que sí existe un incremento del 6 al 8%).  La gran diferencia en la brecha de empleo se encuentra entre tener o no tener hijos (diferencia porcentual del 6 al 33%).  Esto tiene efectos devastadores sobre nuestra tasa de fertilidad.

Ese hecho se aprecia mejor analizando las tasas de empleo en la horquilla de edad de entre 25 y 45 años y segmentando de acuerdo a la edad del hijo más pequeño. En España observamos una diferencia muy grande en la tasa de empleo entre personas con hijos y personas sin ellos (25 puntos). Esta brecha se mantiene independientemente de la edad del hijo, señal de que la desconexión del mundo laboral tiene un carácter bastante poco temporal (si bien también afecta que las mujeres con hijos más mayores tienden a ser ellas mismas más mayores y la brecha decrece con la edad). En países como Suecia observamos como la brecha va cayendo según el hijo más pequeño va haciéndose más mayor, pasando de los 15 puntos cuando el hijo menor tiene menos de 3 años hasta el entorno de los 6 puntos cuando éste está entre los 6 y 15 años.

Existen multitud de trabajos académicos que relacionan la participación laboral de las mujeres con el reparto equitativo de las tareas domésticas dentro del hogar. ¿Cómo es el reparto de las tareas dentro del hogar en nuestro país?

En España el avance en la distribución de tareas domésticas (que en parte importante define el tiempo disponible de hombres y mujeres) no se ha correspondido con el avance experimentado a nivel de participación laboral femenina. Utilizando datos armonizados de distintas encuestas de empleo del tiempo observamos que los hombres españoles dedican alrededor de una hora y media más al día a trabajo remunerado que las mujeres de nuestro país. Esto es algo inferior a otros países como Francia u Holanda y muy inferior a Italia, donde la participación femenina es aún bastante baja en comparación con los niveles medios de otros países desarrollados.

Sin embargo, la diferencia en horas dedicadas a trabajo doméstico es bastante mayor. Las mujeres españolas dedican 2 horas y media más al día a tareas del mantenimiento del hogar (incluyendo cuidado infantil y de otras personas), algo por encima de lo observado en otros países de nuestro entorno (excepto Italia).  La hora que cuelga entre la diferencia positiva para los hombres en trabajo remunerado (+1,5) y la negativa en trabajo doméstico (-2,5) se va en tiempo libre. Los hombres tienen casi una hora más de tiempo libre que las mujeres en España, una cifra mucho mayor a la de Francia, Holanda o Suecia y casi al nivel de Italia.

Si miramos el problema un poco más a fondo, desagregando las tareas domésticas por tipología, nos encontramos un problema serio de segregación. Las mujeres realizan casi el 70% de todo el trabajo doméstico y prácticamente ninguna actividad se acerca a la paridad. Los hombres sólo llevan a cabo el 35%  de las horas de cuidado infantil.

En el siguiente gráfico usamos datos de distintas encuestas sobre uso del tiempo de países europeos a lo largo del periodo 2000-2013 para calcular diferencias de género en el número de horas de tiempo dedicado a tareas domésticas y la comparamos con la brecha de género en participación laboral. Observamos claramente que desde el año 2000 al año 2010 la mejoría en España en participación laboral es enorme, pero la mejoría en distribución de tareas del hogar es mucho menor. Entre todos los países se observa una dinámica muy clara: la reducción en la brecha en la tasa de participación tiene una correlación bastante fuerte con una distribución más equitativa de las tareas de la casa (incluyendo cuidado de dependientes).  Es importante recordar que correlación no implica causalidad.

En definitiva, el avance en la participación laboral de las mujeres en las últimas décadas ha sido espectacular. No obstante, es especialmente preocupante como se abre la brecha de género en participación cuando se decide formar una familia. La desigualdad es también excesivamente grande en el reparto de las tareas del hogar, donde una parte enorme del peso recae sobre las mujeres.  

En el último artículo de la serie analizaremos las distintas políticas públicas que podrían ayudar a progresar en materia de igualdad de oportunidades tanto en el mercado laboral como a nivel familiar.  Por ahora, nos conformamos con poner de relieve todo el potencial de talento femenino que estamos desaprovechando. Mucho talento a la espera de su oportunidad.

En todos los países desarrollados, las mujeres alcanzan niveles educativos superiores a los hombres. En España, por ejemplo, las generaciones de las mujeres que hoy tienen menos de 50 están más educadas que los varones de su misma edad. A nivel europeo las mujeres también representan el 60% de todos los trabajadores con estudios superiores y el 45% del empleo total. Pero cuando miramos a los puestos de dirección parece que existiera un 'techo de cristal' que impidiera a las mujeres el acceso a puestos de mayor responsabilidad. En España, las mujeres representan menos del 10% de los embajadores, menos del 14% de los jueces del Tribunal Supremo, menos del 30% de los ministros, menos del 20% de los catedráticos, y así podríamos seguir enumerando multitud de profesiones…

Como no podía ser de otra manera, en el sector privado sucede exactamente lo mismo. En los consejos de administración de las grandes corporaciones europeas que cotizan en bolsa, los últimos datos hablan de un escaso 18,6% de presencia femenina en media. Sin embargo, las diferencias entre países resultan muy significativas: mientras en Francia o Finlandia las mujeres alcanzan un 30% de los puestos en los consejos de administración, en países como Irlanda o Portugal no llegan ni al 10%. España también se sitúa por debajo de la media europea con un 15,1%. Mención especial merece Noruega, el único país europeo (aunque no de la UE) donde la presencia de mujeres alcanza el 40%.

Es por ello que la presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas se encuentra en pleno debate en Europa. Así, varios países europeos como Italia, Francia o Alemania, se han unido recientemente a los países nórdicos, pioneros en la imposición de cuotas obligatorias de representación femenina en los consejos de administración.

Las cuotas, por definición, consiguen aumentar la representación de las mujeres. Las principales voces en contra de las cuotas de representación femenina argumentan que no son la solución para acabar con la desigualdad de género, porque, desde su punto de vista, supone reconocer que las mujeres son incapaces de alcanzar estas posiciones por su propio talento sino únicamente debido a la imposición de una ley. Otras voces discrepantes afirman que las cuotas tratan de buscar la igualad de resultados y no la igualdad de oportunidades.

En primer lugar, estos argumentos parten de una premisa es falsa, pues a la luz de la evidencia no existe igualdad de oportunidades en cuanto al género. O es que alguien piensa que la posición que ocupan las mujeres en los cargos de responsabilidad es la que le corresponde. En segundo lugar, en mi opinión, las cuotas representan una medida muy útil para acabar con el monopolio masculino existente y romper el 'techo de cristal', aumentando la representación de mujeres. Además, sería un grave error pensar que las cuotas solo resultan beneficiosas para las mujeres, pues los beneficios para la sociedad son mucho mayores. Me baso en dos argumentos, principalmente. El primero de ellos alude a la equidad y el segundo a la eficiencia.

El primer argumento alude a la equidad pues las oportunidades de las mujeres de acceder a puestos donde habitualmente lo tienen más difícil aumentan. Y es que no podemos obviar que los procesos de selección no son neutrales en cuanto al género. Hay una gran evidencia empírica al respecto. Pero permítanme mencionar lo que ocurrió cuando se impusieron las audiciones a ciegas, es decir sin conocer el sexo del músico, en los procesos de selección de las principales orquestas norteamericanas. Pues sí, lo que cabría esperar, que aumentó considerablemente el número de mujeres seleccionadas. Por lo tanto las cuotas, avanzan en la igualdad de oportunidades.

El segundo argumento alude a la eficiencia. Las cuotas pueden resultar muy eficientes si, en un contexto de discriminación, rompen la ventaja persistente del grupo dominante, aquel que ostenta mayor representación en el propio comité de selección. No podemos olvidar que existe una tendencia en las personas a preferir personas que se parecen ellas (“homofilia”), pues les permite evaluar mejor sus características, y esto da lugar, a que los evaluadores masculinos prefieran seleccionar candidatos masculinos, aún sin ser conscientes de ello. Así, un sistema con cuotas, al aumentar la probabilidad de que una mujer sea promocionada, genera, solo con su implantación, que un mayor número de mujeres con talento entren en la competición para optar por esos puestos.

Salvo que a estas alturas alguien todavía piense que el talento se encuentra menos representado en las mujeres, los problemas que aducen los adversarios de las cuotas sobre los menores méritos o la disminución del talento por la inclusión de mujeres no se justifica en absoluto. A día de hoy, en España el 48% de las mujeres menores de 35 años tienen un grado universitario, frente al 35% de los hombres. Por consiguiente, las cuotas resultan necesarias no solo para conseguir la igualad de oportunidades entre géneros, sino también para impulsar hacia una mejor selección de la clase dirigente (hombres y mujeres). En un sistema de cuotas, las empresas deben reconsiderar con mucha atención a quien sitúan en las posiciones de dirección: dado que algunos hombres han de quedarse fuera, existen grandes incentivos a que los excluidos sean los que presentan menor talento; de la misma forma que existen grandes incentivos a seleccionar las mujeres con mayor talento. La calidad de los consejeros, por tanto, puede mejorar con un sistema de cuotas de representación femenina.

¿Cuál es la situación en España? Tras la puesta en marcha de la Ley de Igualdad en 2007 donde se recomendaba, no se imponía, el aumento de mujeres en los consejos de administración, su presencia ha pasado del el 6% del 2007 al 17% de hoy. Un avance muy limitado, y más si tenemos en cuenta que tan solo el 5% de los consejeros ejecutivos son mujeres. Es decir, la mayoría de las mujeres son consejeras nominales o independientes, es decir las que menos poder tienen dentro de los consejos.

Pero si miramos con más detalle los datos de las 'pocas' consejeras que hay en nuestro país (tan solo hay 80 mujeres y 449 hombres), las señales resultan aún más alarmantes. Las consejeras, siendo más jóvenes y mejor preparadas que los hombres, tienen una remuneración que es hasta tres veces inferior a la de los consejeros. También es importante señalar el reducido porcentaje de directivas o de CEO en comparación con otro países, como podemos ver a continuación.

La experiencia italiana resulta muy prometedora. La aprobación en 2011 de una ley de cuotas obligatorias, pero temporales, ha conseguido revertir una situación que era más desfavorable que la española. La Ley 120/2011 impuso cuotas de género obligatorias en los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa y en las empresas públicas. Gracias a esta norma, la presencia de consejeras ha pasado en tres años del 6% al 23%. Pero además, la ley italiana no solo ha permitido aumentar la presencia de mujeres consejeras, sino que también ha mejorado la gobernanza de las empresas. Los consejeros, hombres y mujeres, de las empresas que han renovado su propio consejo después de la introducción de la ley poseen mayor cualificación y son más jóvenes. Incluso, la presencia de cuotas ha facilitado que el nivel de estudios de los hombres en los nuevos consejos también haya aumentado. Sin lugar a dudas, esta ley ha supuesto una revolución en las empresas italianas, y ha asentado la presencia femenina en puestos de dirección.

Es interesante resaltar que las cuotas italianas son temporales y solo duran tres renovaciones de los consejos. Ello tiene sentido si pensamos que las cuotas son necesarias para romper un equilibrio donde el poder se concentra en manos de los hombres. Una vez alcanzado otro equilibrio con un reparto más igualitario del poder y con igualdad de oportunidades para las mujeres, las cuotas de género carecen de sentido.

En conclusión, no solo no existe ningún argumento convincente en contra de la introducción de cuotas temporales de representación de mujeres en los consejos de administración de las empresas, sino que además los beneficios de las mismas son claros para el conjunto de la sociedad, mejorando la igualdad de oportunidades. ¿A qué estamos esperando?

La primera medida de productividad que se suele usar es la llamada productividad del trabajo, que no es otra cosa que la producción por trabajador o, visto de forma un poco más refinada, la productividad por hora trabajada. Se calcula simplemente dividiendo la producción total (el PIB) entre las horas totales trabajadas. Pues bien, desde el año 1995 hasta el inicio de la crisis no ha subido apenas la productividad por hora en España, y se ha producido una gran divergencia con respecto a otras economías avanzadas. Entre 1995 y 2007, la productividad francesa subió un 23%, la alemana un 22% y la española un 3%.

Esta medida, sin embargo, puede ser algo confusa: dos países pueden tener una misma tecnología productiva pero diferentes niveles de productividad laboral, lo cuál indicaría un uso más intenso del capital en el país con la productividad laboral más alta. O dicho de otra forma, basta con que se destruyan los empleos menos productivos (como los temporales en el caso de España) para que suba la productividad por hora trabajada. Por este motivo, los economistas gustan más de usar lo que se llama la Productividad Total de los Factores (PTF), que mide como varia la producción si mantenemos constantes el nivel de empleo y capital usado. Es decir si conseguimos subir la PTF quiere decir que, usando los mismos trabajadores y las misma cantidad de capital seríamos capaces de producir más. A largo plazo, la cantidad de horas que se puede trabajar por persona, el número de personas y el nivel de capital están todos limitados. Por ello, la clave para progresar como país es aumentar la eficiencia en el uso de nuestros factores productivos, es decir, que crezca la PTF. Desgraciadamente, como podemos ver en el gráfico siguiente, España no ha apostado tradicionalmente por este tipo de crecimiento: ha sido el único país que ha reducido su PTF durante el anterior ciclo de crecimiento (1995-2007). En otras palabras, el famoso milagro español supuso que, con los mismos trabajadores y el mismo capital, produjéramos menos bienes y servicios cada año.

Es tiempo de elecciones, tiempo de abrir la veda a nuevas propuestas, tiempo de reformar y reformarnos. Diferentes partidos están proponiendo su receta para el cambio, pero si en algo deberíamos estar todos de acuerdo es que cada uno de estos programas económicos debería ir enfocado a aumentar nuestra productividad, y más concretamente, nuestra PTF. Esperemos que no continue siendo la gran abandonada. Ahora bien, ¿qué factores están detrás del incremento de la productividad total de los factores?

La investigación académica identifica el capital humano como uno de los aspectos clave. Nadie pone en duda que cuanto más educados y mejor estén formados nuestros trabajadores más productivos serán. Aquí tenemos un problema clarísimo, lo miremos como lo miremos. En primer lugar, como podemos ver abajo, España ocupa el primer puesto en abandono escolar temprano de todos los países industrializados.

Otro indicador interesante para comparaciones entre países es el porcentaje de la población que tiene estudios secundarios o superiores. Como se puede ver en el siguiente gráfico, desgraciadamente España vuelve a estar a la cola; tan sólo el 55% de la población tiene educación igual o superior a la secundaria completa.

En esta dimensión también es clave ver que ha pasado con el gasto en Educación y en I+D durante la crisis. Entre 2009 y 2013 se ha reducido el gasto en Educación un 16,5% y el gasto en I+D en un 10,8%. Es decir 8918 millones de euros menos en educación y 1576 millones de euros menos en I+D. En Alemania, Francia, Italia y la Unión Europea en su conjunto ha aumentado el gasto en I+D como porcentaje del PIB y los recortes en educación han sido mucho menores.

La segunda dimensión importante es la eficiencia de nuestras instituciones. Empecemos con el mercado laboral. Aquí tenemos claramente dos asignaturas pendientes. Por un lado, no podemos continuar siendo uno de los países industrializados con la mayor tasa de temporalidad. Actualmente, a pesar de la destrucción de más de 2 millones de empleos temporales entre 2008 y 2013, tenemos una de las tasa más altas de temporalidad de la OECD y vamos camino de coronar el podio si la recuperación del empleo continúa llegando de la mano de la precariedad laboral. La temporalidad es injusta para el que la sufre debido a su inseguridad laboral y al mismo tiempo, muy ineficiente para la productividad. La alta rotación laboral diluye los incentivos a invertir en formación específica de la empresa, tanto por parte de los trabajadores como por los empresarios. ¿Por qué invertir en la formación de un trabajador que en un año ya no estará ahí? ¿Por qué me voy a pagar ese curso que necesito para subir dentro de la empresa si me acaba el contrato en seis meses y en otros trabajos probablemente no me sirva de nada? Claramente, si queremos mejorar la productividad debemos acabar de una vez por todas con la lacra de la temporalidad.

Por otro lado tenemos el paro de larga duración. Como pusimos de relieve recientemente en este medio (ver aquí) tenemos 2.3 millones de trabajadores que llevan en paro más de dos años. Urge tener unas políticas activas de calidad que inviertan en ellos, reciclando sus habilidades profesionales, y les ayude a buscar empleo.

Si analizamos la productividad por tamaño empresarial también encontramos hechos relevantes. En primer lugar, como podemos ver en el siguiente grafico, cuanto mayor es el tamaño de la empresa mayor es su productividad. Es decir la productividad tiene rendimientos a escala. En España tenemos muy pocas empresas en comparación con otros países europeos y por lo tanto, nuestra productividad para el total de las empresas es menor. Si queremos mejorar la eficiencia de nuestro sistema productivo es vital que nos preguntemos porque en España las empresas no crecen y que podemos hacer para que lo hagan.

Otro aspecto muy relevante para la productividad y que, por desgracia, suele estar ausente en el debate público es la competencia. La competencia mejora la productividad. A través de la selección natural de las empresas entre los productores o las empresas con distintas tecnologías o niveles de productividad (¿recuerdan a Darwin?). La competencia hace que sólo sobrevivan las empresas mas eficientes o mas productivas, es decir, aquellas que son capaces de producir a un menor coste y por lo tanto, ofrecen productos a precios más bajos a los consumidores. En un entorno competitivo, las empresas tienden a arriesgar más, a llevar a cabo inversiones mayores para mejorar su productividad. Inversiones que mejoren la eficiencia del capital físico, pero también del capital humano (educación, formación especifica).

Cuando no hay competencia, cuando tenemos excesiva concentración del mercado o cuando hay sobrerregulación o regulación cuyo propósito es trabar la entrada de nuevos competidores, las empresas aprovechas su posición de dominio del mercado, lo que se traduce en benéficos extraordinarios gracias precios excesivamente altos para los consumidores, y a su vez, en un entorno poco propicio para la inversión productiva. Este es otro elemento que solemos olvidar cuanto mayor es la competencia entre las empresas menores son los precios que pagamos los consumidores.

Existen dos elementos que solemos olvidar cuando hablamos de competencia y de competitividad. Uno es la economía sumergida y el otro es la corrupción. La economía sumergida genera una competencia desleal con las empresas que se comportan de forma regular, frenando su crecimiento o sus proyectos de inversión. La corrupción, actúa como un impuesto o un coste adicional de producción, reduciendo la eficiencia general de la economía y, en muchos casos, rompiendo el proceso de la selección natural de las empresas, eligiendo a sus supervivientes por razones ajenas a la meritocracia empresarial. En España tenemos una de las economías sumergidas más grandes en relación al PIB de Europa. De la corrupción, mejor no hablamos.

Hacer comparaciones internacionales de competitividad es complejo. Pero España esta siempre situada muy abajo en todos los rankings internacionales. El World Economic Forum elabora uno de los índices más utilizados con dicho propósito, el Índice Global de Competitividad, en el que compara la gran mayoría de países del mundo en distintos aspectos que influyen en la competitividad. En el índice global nos encontramos en el puesto 35, pero debajo de esta cifra, que es en si misma baja para una economía del peso de España, encontramos gran disparidad en nuestros puestos en los respectivos rankings. Tenemos una gran red de infraestructuras (puesto 9 en el mundo) y acceso a un mercado común de gran tamaño (la Unión Europea). Pero a nivel institucional nuestra competitividad deja mucho que desear (73) y la baja eficiencia de nuestros mercados de bienes (75), financiero (91) y laboral (100) es verdaderamente preocupante. El entorno macroeconómico no ayuda (¡puesto 121!).

Otros dos indicadores internacionales nos dan pistas de que está fallando, especialmente cuando nos comparamos con otros países del club de los países desarrollados. El Banco Mundial elabora el Índice de Facilidad para Hacer Negocios (Ease of Doing Business) donde nos sitúa en el puesto 33 del mundo. Paralelamente la OCDE realiza el Índice sobre Barreras al Emprendimiento, que sitúa a España como uno de los países donde hay mas barreras para el emprendimiento. Nuestra legislación complica el proceso de creación de empresas, vital para el proceso de destrucción creativa que impulsa el avance de la productividad.

Nuestro país tiene un problema de productividad. Un problema que se pone de relieve en todas las comparaciones internacionales y que nos acompaña desde hace decadas. Durante la crisis se han recortado partidas que clave para la productividad y el crecimiento a largo plazo tales como la Educación o la I+D. Hemos visto también como la reforma laboral se centraba exclusivamente en la (necesaria) devaluación interna, dejando de lado medidas contra la temporalidad o el paro de larga duración, tan necesarias para mejorar nuestra productividad. Tampoco parece que haya hueco en los programas económicos para medidas que faciliten la creación de empresas o su crecimiento e internacionalización. En este sentido es sorprendente que se hayan paralizado o no completado leyes que hubieran ayudado a mejorar la eficiencia de nuestro sistema económico, y todo ello sin una justificación razonable. Sirvan como ejemplo:

- La Ley de Servicios Profesionales que liberalizaría muchas profesiones eliminado barreras de entrada y reduciría cargas administrativas innecesarias. Fue retirada el pasado mes de marzo.

- La ley de Registro Civil, que permitiría agilizar los trámites de creación de empresas, y entre otras cosas podría garantizar la gratuidad de los servicios de inscripción de nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios. Aparcada hasta junio de 2017.

- La famosa racionalización del calendario laboral, que proponía situar los festivos en lunes o viernes para eliminar los improductivos macro-puentes, también se ha quedado en el tintero.

- La Reforma de los Organismos Reguladores es también sustancialmente mejorable. Es un ejemplo de la falta de calidad institucional. Quedan dos aspectos pendientes, la independencia del Gobierno y la transparencia y calidad en el proceso de toma de decisiones. La reforma cambió todo hacia un modelo de regulador único y el veredicto es que funciona igual de mal que el modelo anterior. Por no decir que el modelo ya nació viciado cuando se optó por cesar a los consejeros con mandato en vigencia. La imposibilidad de cesar a un consejero antes del fin de mandato es un elemento de independencia básico que no se ha respetado.

- La Reforma del Sector Eléctrico presenta fallos institucionales claros. España es el único país de la zona euro y probablemente de toda la UE donde es el Gobierno y no el Regulador quien fija los precios. El resultado es un déficit de tarifa que está cerca de los 30.000 millones de euros. Para pararlo se opta por recortes en los sectores regulados, principalmente en las renovables, dañando así la reputación de cara a los inversores internacionales. No podemos olvidar que en este momento España tienen abiertos 20 procesos de arbitraje internacional.

En definitiva, hemos abandonado la implementación de una la política económica basada en la productividad. La productividad es un problema solucionable que parecemos no querer solucionar. Confiemos que el ejecutivo que salga de las urnas el próximo 20 de diciembre se lo tome en serio y consigamos modernizar nuestro país de una vez por todas.

A nadie le gusta pagar impuestos, y los políticos lo saben. A menudo se dice que solo subirán los impuestos a los ricos. Pues bien, ¿quiénes son los ricos de acuerdo con el IRPF?

En esta campaña electoral se van a presentar muchas propuestas, la mayoría tendrán un coste alto y seguramente los programas serán muy poco precisos a la hora de explicar cómo se van a financiar. Es obvio que a nadie le gusta pagar impuestos, y los políticos lo saben. Para evitar el debate de los impuestos se hacen programas con milagrosos ahorros en el gasto en base a una mejor gestión o la eliminación de duplicidades. O aludiendo a reducciones espectaculares del fraude o de la economía sumergida. O se dice que solo subirán los impuestos a los ricos. Pues bien, ¿quiénes son los ricos de acuerdo con el IRPF?.

Según los últimos datos publicados por la agencia tributaria la distribución de las bases imponibles en el año 2011 en el IRPF es la siguiente (justo acaban de salir los datos para 2012 y las cifras son muy similares):

En el año 2011 se realizaron 18,7 millones declaraciones del IRPF. Algunos datos son sorprendentes:

- Si su renta bruta es de 15.000 euros al año, entonces usted tiene la renta mediana. Es decir, la mitad de la población es más rica que usted y la otra mitad es más pobre.

- Si su renta bruta es de 22.000 euros al año, entonces usted pertenece al 30% más rico de la población española.

- Si su renta bruta es de 36.000 euros al año, entonces usted pertenece al 10% más rico de la población española.

- Si su renta bruta es de 60.000 euros al año, entonces usted pertenece al 3,7% más rico de la población española. (Para el año 2012 con esta renta seria el 2,6% más rico).

- En España hay poco más de 120 mil personas que declaran ganar más de 120.000 euros brutos al año (es decir, tan solo el 0,7% de todos los contribuyentes al IRPF).

- ¿Cuántos ganan más de 200 mil euros brutos al año? El 0,1% de los contribuyentes o en torno a 30.000 personas.

Por último, es importante resaltar que para tener una auténtica foto de los ricos tenemos que mirar no sólo a la renta sino también a la riqueza. Por desgracia no existen datos oficiales sobre la riqueza. Existen encuestas. Otro día hablaré de ello.

Tras cuatro años de legislatura, continúa habiendo 12,5% menos ocupados que al comienzo de la crisis y tenemos prácticamente el mismo nivel de empleo que cuando comenzó la legislatura

Acabamos de conocer los datos de la EPA del tercer trimestre del año. Dado que esta es la última EPA que vamos a conocer antes de las elecciones del 20D, es buen momento para hacer balance y ver como se compara la situación actual de nuestro mercado laboral con la misma al comienzo de la legislatura el 20 de Noviembre de 2011.

Antes de nada, es importante advertir que, debido a la estacionalidad de nuestra economía, el tercer trimestre suele ser el mejor del año para el empleo. Los datos del total de la legislatura deberían incorporar el cuarto trimestre de 2015, que será algo peor que el tercero, cuyos datos analizamos en esta entrada, principalmente debido al 'boom' estival asociado al turismo. Estos datos saldrán a finales de enero de 2016, pero para entonces los españoles ya habrán dado su veredicto con respecto a los gestores de nuestra economía.

En primer lugar, veamos los datos publicados esta mañana. En el tercer trimestre del año se han creado 182,000 empleos (incluyendo 205.000 personas más con contrato temporal y 18.900 indefinidos menos) y el paro ha descendido en 298.000 personas situándose la tasa de desempleo en el 21,18% (1,2 puntos por debajo de la del anterior trimestre). Un hecho importante es que la inactividad ha descendido en 116.000 personas.

En términos interanuales, el empleo esta creciendo a una tasa del 3,1%, es decir, la economía esta creando 544.000 empleos netos al año. Estas son las noticias positivas de la EPA, podemos decir que estos datos están dentro de lo esperado dado el comportamiento observado para el mismo periodo por los datos de afiliados.

Llevamos un año y medio de creación interanual de empleo y esto es indudablemente positivo. Pero veamos los datos con un poco de perspectiva.

Desde el inicio de la crisis hasta el cambio de legislatura, el número de ocupados bajó un 12,1%. El empleo continuó cayendo nueve cuatrimestres más y llegó a su mínimo en el primer cuatrimestre de 2014. En aquel momento, teníamos un 18% menos de empleo que en el segundo cuatrimestre de 2008. Actualmente, tras cuatro años de legislatura, continúa habiendo 12,5% menos ocupados que al comienzo de la crisis y tenemos prácticamente el mismo nivel de empleo que cuando comenzó la legislatura, tal y como podemos ver en el siguiente gráfico.

NOTA: Para los lectores impacientes hemos incorporado al final del articulo una tabla con el Balance de la legislatura para todas las variables laborales relevantes.NOTA

¿Qué ocurre si miramos el empleo a nivel sectorial? La crisis afectó especialmente a la construcción y la industria, que ya tenían un 50% y un 22% menos de ocupados al inicio de la legislatura, respectivamente. El sector servicios fue el menos afectado en términos de número de ocupados, con solo un 3,4% menos de empleo total respecto al comienzo de la misma (si bien el número de horas trabajadas disminuyó en mayor medida).

Desde entonces, el empleo ha mejorado levemente en el sector servicios, que está sólo un 1,7% más bajo que al comienzo de la crisis. El sector de la construcción aún continúa un 48% más bajo y si bien llevaba los últimos cuatrimestres creciendo rápidamente, se ha enfriado un poco en este último, algo que podemos atribuir en parte a la estacionalidad del sector. La industria lleva varios cuatrimestres creciendo a buen ritmo, pero el nivel de empleo aún es algo inferior al del comienzo de la legislatura.

¿Y la precariedad? Una crítica frecuente a la recuperación económica es la precariedad del empleo creado. Como hemos dicho anteriormente, este cuatrimestre se han creado más de 200,000 empleos temporales y se han destruido indefinidos. Al comienzo de la misma, mientras continuaba reduciéndose la actividad económica, las empresas continuaban destruyendo empleo temporal porque dichos puestos tienen un coste de despido mucho más bajo que los empleos con contrato indefinido. Desde entonces, la recuperación se ha producido con el mismo modelo de contratación temporal que teníamos antes de la crisis en lo que a contratos se refiere. Como podemos ver en la siguiente gráfico, la tasa de temporalidad, que bajó con la crisis por la destrucción de más de dos millones empleos temporales, empieza de nuevo a subir rápidamente con la recuperación, desde un 21,9% en el primer cuatrimestre de 2013 hasta el 26,1% para este último trimestre.

Si analizamos el conjunto de la legislatura vemos que hay 350.000 empleos indefinidos menos y 152.000 temporales más. Es evidente que hasta que no eliminemos la dualidad del mercado laboral vamos a seguir observando como la temporalidad aumenta a medida que crecemos. La tasa de temporalidad a día de hoy es 1,4 puntos superior a la que había al principio de la legislatura.

Con respecto a la tasa de paro, como hemos indicado anteriormente la tasa general se encuentra en el 21,2%, pero esta tasa esconde importantes diferencias según la edad. Los jóvenes continúan teniendo una tasa elevadísima de paro (46,6%), siendo ligeramente inferior a la del comienzo de la legislatura (48,1%). Igualmente preocupante es la tasa para los mayores de 50, que pese a ser algo inferior a la media, está bajando mucho más lentamente que el resto de tasas. Una parte importante de los parados de esta edad proviene de sectores en declive, lleva más de un año en paro y tiene el estigma conjunto asociado a la edad y al estado de desempleado. Se trata de parados estructurales de difícil reinserción.

En cuanto a la división por sexo, encontramos que la brecha en términos de desempleo entre hombres y mujeres está volviendo a abrirse. Desde el inicio de la legislatura la brecha de género en la tasa de paro ha pasado del 0,6% al 2,8%. Debemos prestar atención a este hecho pues es preocupante.

Por último, nos vamos a centrar en lo que para nosotros es el problema mas importante que tenemos por delante: el paro de larga duración.

Desde nuestro punto de vista, la campaña electoral debería centrarse en solucionar este problema. La tasa de paro de larga duración es superior al 60%.

En la actualidad tenemos 2,94 millones de parados que llevan mas de un año en paro, y de ellos 2,15 millones de parados llevan más de dos años desempleados. La angustia de este colectivo se acentúa pues al mismo tiempo que no encuentran trabajo pierden la prestación por desempleo. Es sorprendente que por lo observado hasta ahora, las medidas para resolver el problema del paro de larga duración no sean el núcleo central de los programas electorales. Quizás sea porque no es rentable electoralmente…

Para concluir, aquí tenemos la tabla balance de la legislatura. Como se puede ver en términos del nivel de empleo estamos prácticamente igual que al principio, mientras que en términos de precariedad del empleo estamos peor. Para el problema de la dualidad ha sido una legislatura perdida.

Dicho de otra forma, en términos de empleo, la paciente del polémico vídeo electoral está como al principio de la legislatura y aún muy lejos de poder salir por su propio pie. Esperemos que el ejecutivo que salga de las urnas en las próximas elecciones sea capaz de resolver las numerosas disfuncionalidades de nuestro mercado laboral.