Durante los últimos años, el PSOE ha hecho del feminismo uno de los ejes centrales de su identidad política, no solo como marco programático, sino también como recurso central de legitimación y posicionamiento simbólico en la disputa por la hegemonía de las izquierdas españolas. Eso ha pasado en un contexto en el que, durante un corto tiempo, fuerzas como Podemos, Unidas Podemos o Sumar parecieron capaces de cuestionar ese liderazgo. Precisamente por eso, la sucesión de casos de acoso sexual que han salido a la luz en las últimas semanas, con varios dirigentes denunciados o públicamente señalados, entre ellos Francisco Salazar, Javier Izquierdo, José Tomé Roca y Antonio Navarro, no puede leerse como un episodio más de crisis interna: lo que está en cuestión no es solo la conducta de determinadas personas, sino la coherencia entre un relato político construido en clave feminista y las prácticas reales que ese mismo partido no ha sabido frenar o que directamente ha tolerado.

Cuatro dirigentes denunciados o públicamente señalados no configuran una excepción; configuran un patrón. Y cuando aparece un patrón, la atención no puede limitarse a las responsabilidades individuales. Hay que mirar hacia las estructuras, hacia los mecanismos internos de funcionamiento, de prevención y de respuesta, y hacia la cultura política que permite que estas situaciones se reproduzcan y se gestionen, una y otra vez, como problemas de imagen y no como graves vulneraciones de derechos.

En este contexto, resulta cada vez menos verosímil sostener que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desconociera lo que estaba ocurriendo en su propio partido. Pero incluso si aceptáramos esa hipótesis, el problema no desaparece, sino que se desplaza. ¿Qué tipo de liderazgo es aquel que no puede, no sabe o no quiere detectar prácticas sistemáticas de abuso de poder en su entorno más cercano? Cuando se trata de violencias machistas, la ignorancia no es neutral. Y, desde luego, más que funcionar como atenuante, señala una grave falla de responsabilidad política.

El problema, sin embargo, no se reduce al PSOE. Atraviesa a buena parte de los partidos políticos que han incorporado el feminismo a su retórica sin repensar ni alterar de manera sustantiva sus prácticas internas. No olvidamos a Íñigo Errejón ni a Juan Carlos Monedero. Y no se queda ahí. Más allá de los partidos políticos, esta dinámica se repite en organizaciones, instituciones y empresas, muchas de los cuales incorporan el lenguaje de la igualdad sin abordar sus jerarquías internas ni sus formas de ejercer el poder. El recurso al feminismo convive con formas de hacer que lo desmienten en el día a día. Dicho esto, como apuntaba antes, el caso del PSOE tiene una especificidad que no puede obviarse, no solo por su peso institucional, sino porque este partido ha hecho del feminismo una de sus principales credenciales políticas y uno de los ejes de su autoridad moral en la arena progresista. Cuando se hace esto, la exigencia es mayor; y la incoherencia más costosa.

De ahí que la pregunta clave no resida en si estos comportamientos existen también en otros espacios —que sabemos que sí—, sino en qué sucede cuando el feminismo se utiliza como coartada invocándose como prueba de pedigrí democrático o como caladero de votos y, de manera simultánea, se toleran, se minimizan o se gestionan de manera opaca situaciones de abuso. En esos casos, el feminismo deja de operar como motor de cambio y pasa a funcionar como un recurso simbólico útil mientras no incomode demasiado y como una capa de legitimación que permite que las desigualdades de género persistan bajo un discurso que, en lugar de confrontarlas, las disimula.

No es una buena noticia que el PSOE y el Gobierno puedan verse seriamente erosionados por esta crisis. Y no lo es particularmente en un contexto de avance contundente de la extrema derecha, donde el riesgo de retroceso en derechos no es una mera abstracción. Pero que no sea una buena noticia no significa que no esté fundamentada ni que sea injusta. El desgaste del PSOE y del Gobierno no lo provocan las mujeres que rompen el silencio impune, sino los aparatos, todavía profundamente masculinos en sus lógicas y en sus funcionamientos, que miran hacia otro lado, que responden tarde y mal ante denuncias graves y que muestran una preocupante incapacidad para asumir que el feminismo es mucho más que declaraciones públicas o políticas performativas.

Hay que dejarlo claro de una vez por todas: no es el feminismo lo que alimenta la crisis de la democracia liberal y el avance de la extrema derecha, sino su instrumentalización por parte de partidos como el PSOE. Los nuevos fascismos no crecen porque el feminismo u otras opciones progresistas hayan ido demasiado lejos, sino porque demasiados actores políticos dicen una cosa y hacen la contraria y porque convierten los derechos de las mujeres y otros colectivos sociales en eslóganes mientras mantienen intactas las relaciones de poder que los vulneran.

El feminismo no es una marca ni una coartada. Y cuando se utiliza como tal, el coste político no es un accidente, sino la consecuencia lógica de una incoherencia sostenida en el tiempo. Dicho esto, ese coste no lo paga solo el partido que pierde credibilidad, votos o legitimidad. También lo pagan las mujeres, las personas migrantes y muchos otros grupos sociales que ven como conquistas que parecían consolidadas entran de nuevo en zona de riesgo, en un momento histórico marcado por la incertidumbre y la volatilidad; lo pagan quienes necesitan que los derechos sean algo más que declaraciones y que a menudo, ante la distancia creciente entre discursos y prácticas, acaban buscando respuestas en opciones políticas que, aunque profundamente regresivas, se presentan como claras, aparentemente coherentes y capaces de ofrecer soluciones simples a problemas complejos.

Ante este escenario, la respuesta no puede ser cerrar filas ni suspender la crítica en nombre de la estabilidad. La respuesta pasa por más honestidad política y por una política verdaderamente transformadora, capaz de operar más allá de los cálculos electorales y de las disputas coyunturales por la hegemonía.

“Lo comprendo. Hay que defender sus derechos. Lo haría también, lo hace también, la Santísima Virgen María”. Son las palabras del arzobispo de Madrid de hace tan sólo una semana. Ahora que la Iglesia Católica apoya la huelga convocada por el movimiento feminista para el próximo 8 de marzo, ahora que el PSOE ha anunciado públicamente que pararán ese día, y ahora que hasta Cifuentes o Arrimadas se han llamado a sí mismas feministas, podemos asegurar que la huelga ya es un éxito. Al menos desde el punto de vista simbólico, estamos ganando la batalla cultural y estamos haciendo que las demandas que hasta hace poco parecían condenadas a la estigmatización y la marginalidad estén pasando a ser de sentido común. En la actualidad el feminismo es seguramente el único movimiento social con fuerza e influencia suficientes para tener un impacto en el debate público y transformarlo: los “yo también”, “yo te creo, hermana” o “yo soy manada”se han erigido en tiempos recientes en mensajes contundentes contra el machismo social e institucional que denuncian el status quo y, a su vez, generan procesos de solidaridad y empatía con efectos multiplicadores.

Estos avances culturales y simbólicos son importantes y tienen la capacidad de calar en cambios reales de transformación de la sociedad. Sin embargo, nuestra lucha no es -únicamente- por lo simbólico. Necesitamos ir más allá. No deja de ser paradójico que algunos de estos relatos, provengan de ciertas organizaciones e instituciones, que llevan tiempo negándose a llevar a cabo políticas feministas.

A todas ellas, que se han visto arrastrados los últimos meses, o semanas, o días, por la ola feminista e intentan surfearla y utilizarla para sus propios fines, les decimos: voten a favor de políticas que nos permitan avanzar hacia un modelo de cuidados radicalmente distinto, porque el que tenemos que está obsoleto, es ineficiente, insostenible y sobre todo injusto; pongan presupuesto para acabar con las violencias machistas, para que así las mujeres tengamos alternativa habitacional y podamos ser independientes cuando nuestras parejas se convierten en maltratadores; echen para atrás la reforma laboral del 2012 que precariza el empleo y genera cientos de miles de contratos a tiempo parcial, de horas, con salarios de miseria y que nos tocan sobre todo a las mujeres; dejen de degradar la educación pública para apostar por la concertada, en la que segregan a niños y niñas y reproducen el modelo heteropatriarcal de sociedad. En definitiva, dejen de llamarse feministas y pónganse de una vez a hacer políticas feministas.

Tenemos también un mensaje para las jerarquías de la Iglesia Católica. Les decimos que dejen de inmiscuirse en lo que hacemos con nuestros cuerpos y nuestras vidas; que dejen de ser dique de contención al ejercicio de derechos como el aborto o de querer, de desear a quien nos venga en gana. Atrévanse, rompan su silencio cómplice y abran de una vez una investigación entre sus propias filas para acabar con la lacra del abuso sexual infantil dentro de su institución. Pongan en cuestión su propia estructura de poder totalmente patriarcal.

A todos ellos les decimos que no basta con los discursos, con los memes, con lo simbólico. En la práctica, la huelga feminista del 8 de marzo va a mostrar al mundo lo que las mujeres ya hace tiempo que sabemos: a pesar de tener derechos sobre el papel no podemos acceder a muchos de ellos. A efectos prácticos, de hecho, muchas mujeres no podrán ejercer su derecho constitucional a huelga y no podrán parar ese día. Y no lo harán porque la precariedad en el empleo es tan grave que no se pueden permitir jugar con su puesto de trabajo. Por ellas, el movimiento feminista propone colgar un delantal en la ventana o en la puerta como símbolo solidaridad y sororidad.

Muchas otras no podrán parar porque cuando sólo una parte de las trabajadoras de un mismo centro de trabajo no vayan a trabajar ese día, la situación de desprotección y riesgo ante represalias será mayor cuando haya otros trabajadores, hombres, que no hayan hecho huelga y puedan desempeñar esos mismos puestos de trabajo. O porque precisamente estamos en los sectores laborales que nos hacen más vulnerables. Como a las trabajadoras del hogar por ejemplo, donde el 90% son mujeres y donde muchas de ellas no están dadas de alta en la seguridad social porque quienes nos gobiernan no han dudado en suspender los derechos laborales de este colectivo. Muchas, finalmente, no podrán hacer huelga de cuidados porque precisamente no hay escuelas infantiles o servicios públicos de atención a la dependencia que puedan sostener ese día algo tan fundamental como la vida misma. Pero precisamente por eso muchas sí harán huelga, para denunciar esto último.

Porque quizás suena desalentador, pero es precisamente por todo esto por lo que la huelga es tan importante y muestra, no sólo en lo simbólico sino en la realidad más tangible, las políticas que necesitamos y exigimos que se desarrollen por parte del Estado, pero que los poderes económicos y políticos se niegan a poner en marcha. Por eso el 8 de marzo también tiene el gran potencial de visibilizar no sólo ante las mujeres sino sobre todo al conjunto de la sociedad, todo lo que hace falta cambiar para poder vivir en un mundo igualitario, justo y sostenible. Más allá de las instituciones o de los poderes públicos que se niegan a poner políticas feministas en marcha, más allá de los gobiernos o de los partidos de quienes se dicen feministas pero luego no hacen nada por los derechos de las mujeres, deberemos poner en práctica desde el movimiento en la calle lo que necesitamos para transformar nuestra realidad, la realidad de todas y todos. Las escuelas infantiles desde nuestros barrios, las casas seguras para mujeres víctimas de violencia, o las redes de solidaridad y sororidad en el empleo remunerado para que podamos defender y ejercer nuestros derechos en iguales condiciones que los hombres, sin duda un avance importantísimo y, aún así, insuficiente. Precisamente porque nuestro poder no puede ser delegado ni condicionado, debemos tomarlo por nosotras mismas. Tomar y hacer en lugar de pedir y esperar. Esa es la fuerza y la potencia que está demostrando el movimiento feminista.

Molt s’ha parlat en els darrers mesos sobre la feminització de la política, sovint reduint el debat a una qüestió de quotes, a la paritat com a objectiu finalista o a una reivindicació d’una manera de fer que les dones suposadament tenim pel simple fet de ser dones. Tanmateix, no s’ha parlat tant de la importància de col·locar el feminisme en el centre del tauler polític, pel que fa tant a les maneres de fer política com a les polítiques a fer o, dit d’una altra manera, de com construir una política veritablement feminista.

Durant dècades, i de manera particularment fructífera en els darrers deu anys, l’Economia Feminista ha vingut realitzant, primer en l’àmbit de l’acadèmia i després en el sí dels moviments socials, una triple esmena a la mirada de la ciència i la política econòmica convencionals. En primer lloc, ha qüestionat la pertinença de centrar l’anàlisi econòmica en l’àmbit mercantil o considerat productiu; en segon lloc, ha reivindicat la importància de l’àmbit del treball no remunerat realitzat a les llars i les comunitats principalment per dones, no només per al funcionament del sistema econòmic sinó també per a la provisió de benestar i per al sosteniment de la vida; en tercer lloc, enfront dels models econòmics imperants que assumeixen l’individu autosuficient i autònom com el subjecte tipus de la vida socioeconòmica contemporània, defensa la vulnerabilitat i la (inter)dependència com aspectes fonamentals de l’experiència humana i no com desviacions d’una norma on les persones estan sempre, com per art de màgia, vestides, alimentades, saludables, disposades a ser productives, educades i cuidades. El que habitualment s’anomena situacions de dependència no són estats excepcionals en la trajectòria vital de les persones, sinó que caracteritzen nombrosos moments de les nostres existències i de la nostra vida quotidiana en comú.

De la crítica que des de l’Economia Feminista es realitza als axiomes de la política econòmica ortodoxa, i fins i tot sovint de l’heterodoxa, se’n deriven tres implicacions polítiques fonamentals. La primera és que treure la cura de la invisibilitat social, política i econòmica ha de ser una aposta estratègica del feminisme. El funcionament del sistema econòmic rep de manera sistemàtica un subsidi gratuït en forma de treball no remunerat majoritàriament femení que garanteix no només la reproducció social sinó també el funcionament de l’engranatge de l’economia capitalista: sense els fonaments invisibilitzats que constitueixen el treball de cura, l’edifici social i econòmic trontolla.

La segona implicació política resultant de les reflexions de l’Economia Feminista és la denúncia de les desigualtats socials que caracteritzen l’actual organització social de la cura. És a dir, la provisió de la cura és habitualment realitzada a costa dels drets i el benestar d’altres persones: quan la cura es realitza de manera no remunerada en l’àmbit familiar, la seva construcció social i cultural com a activitat pròpia de les dones té un impacte en la resta d’esferes de les nostres vides. Un impacte que es tradueix en situacions de desavantatge respecte als homes en el mercat laboral, en una negligència de la pròpia autocura, en un deteriorament de la salut quan la cura que proveïm és intensa i de llarga durada, en una menor capacitat de participar en les nostres comunitats, en un major aïllament social i en renúncies a projectes vitals propis.

La cura remunerada, al seu torn, també es caracteritza per l’existència de fortes desigualtats i per una greu precarització. A tall d’exemple, segons un estudi de l’Ajuntament de Barcelona sobre les condicions laborals de les treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària, el 44,6% tenen un contracte temporal, el 76,1% un contracte a temps parcial i el 95,7% guanya un sou inferior a 9,47 € bruts per hora. El “mercat de la cura”, a més, compta amb una presència majoritària de dones, i particularment de dones d’origen migrant, el que significa que la precarietat laboral que el caracteritza no té només un component de gènere sinó també d’origen, i es veu intensificada per legislacions estatals com la Llei d’Estrangeria, la qual obliga les dones migrades a ocupar-se en nínxols econòmics que les condemnen a la pobresa i a l’exclusió social.

La tercera implicació política del posicionament de l’Economia Feminista implica promoure la corresponsabilització dels diferents actors socials, incloent-hi les administracions públiques, les comunitats, el sector privat mercantil, el sector privat sense ànim de lucre i l’economia social i solidària en la provisió d’una cura digna en el conjunt del cicle vital. Si defensem que la cura ha de ser valorada i visibilitzada i, alhora, que no es pot dur a terme a costa de la salut, l’autonomia o, entre d’altres, les condicions laborals d’altres persones, la responsabilitat vers la mateixa, així com els seus costos, ha de deixar de ser assumida de manera silenciosa per les dones en l’ombra de la llar i ha de ser posada en el centre de les prioritats socials, polítiques i econòmiques.

Portar endavant les propostes de l’Economia Feminista, tanmateix, comporta una transformació radical, no només de les polítiques públiques, sinó també del sistema econòmic. Posar la cura de la vida i la provisió de benestar en el centre entra en conflicte amb la priorització actual de criteris econòmics com l’eficiència, la competitivitat, la productivitat i el marge de benefici; passa també per generar jornades laborals, i al seu torn existències vitals, que permetin dedicar temps i energies a tenir cura de nosaltres mateixes i de les persones que ens envolten; passa, finalment, per acabar amb la penalització de la cura que les dones patim en el transcurs de les nostres existències i per la promoció de models i imaginaris en els que la cura sigui una activitat fonamental i desitjable per a tothom independentment del nostre sexe o la nostra identitat de gènere.

No són aquests canvis senzills ni segurament realitzables a curt termini, però de manera recent s’estan començant a fer passes en aquesta direcció. Un exemple d’aquests avenços és la presentació aquesta setmana a l’Ajuntament de Barcelona de la Mesura de Govern per una Democratització de la Cura, política municipal sense precedents i innovadora pel que fa a posar l’actual organització social de la cura a debat i començar a sotmetre-la a canvis democratitzadors. La mesura de Govern, co-liderada per la Regidoria de Feminismes i LGTBI i el Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum, polititza finalment la cura i la situa, en la seva globalitat i complexitat, i des d’una mirada clarament feminista, com un àmbit d’intervenció de la política pública amb l’objectiu de contribuir a transformar el paradigma econòmic imperant, així com la posició històrica que les dones hi hem tingut.

De l’acadèmia l’Economia Feminista va arribar al carrer i ara des del carrer entra finalment a l’acció institucional. Aquesta mesura de Govern constitueix una molt bona notícia pels efectes que busca tenir en les vides dels i les barcelonines, però sobretot perquè pot constituir un precedent inspirador d’accions similars de vocació feminista, des d’un àmbit polític tan central com és l’econòmic, no només a altres ajuntaments sinó també a altres nivells institucionals que compten amb majors competències per poder alterar l’organització social de la cura, particularment la Generalitat de Catalunya i l’Estat espanyol.

Vivim un temps en el qual sembla que la paraula “feminisme” es desprèn a poc a poc de l'estigma que l'ha caracteritzat des del seu naixement; un temps en què en certs sectors de la vida política l'ús d'aquest terme sembla estar de moda; un temps en el qual fins i tot sovint s'arriba a utilitzar el terme amb certa laxitud; un temps on la “feminització de la política” corre el risc de reduir-se a carcassa buida en comptes de convertir-se en motor de canvi real. I en aquest temps, poder presenciar el traspàs dels sabers i les propostes feministes a l'acció institucional i la seva materialització en actuacions concretes que, més enllà dels eslògans i les victòries merament formals, busquen fer trontollar un iceberg en què les dones seguim sent les ciutadanes de segona que el mantenen dempeus, és un motiu de celebració feminista. Perquè, si bé no era, no és, només això; la política feminista també era, també és, això.

Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre la feminización de la política, a menudo reduciendo el debate a una cuestión de cuotas, a la paridad como objetivo finalista o a una reivindicación de una manera de hacer que las mujeres supuestamente tenemos por el mero hecho de ser mujeres. Sin embargo, no se ha hablado tanto de la importancia de colocar el feminismo en el centro del tablero político en lo que se refiere tanto a las formas de hacer política como las políticas a hacer o, dicho de otro modo, de cómo construir una política verdaderamente feminista.

Durante décadas, y de manera particularmente fructífera en los últimos diez años, la Economía Feminista ha venido realizando, primero en el ámbito de la academia y luego en el seno de los movimientos sociales, una triple enmienda a la mirada de la ciencia y la política económica convencionales. En primer lugar, ha cuestionado la pertinencia de centrar el análisis económico en el ámbito mercantil o considerado productivo; en segundo lugar, ha reivindicado la importancia del ámbito del trabajo no remunerado realizado en los hogares y las comunidades principalmente por mujeres, no sólo para el funcionamiento del sistema económico sino también para la provisión de bienestar y para el sostenimiento de la vida ; en tercer lugar, frente a los modelos económicos imperantes que parten de un individuo autosuficiente y autónomo como el sujeto tipo de la vida socioeconómica contemporánea, defiende la vulnerabilidad y la (inter)dependencia como aspectos fundamentales de la experiencia humana y no como desviaciones de una norma donde las personas están siempre, como por arte de magia, vestidas, alimentadas, saludables, dispuestas a ser productivas, educadas y cuidadas. Lo que habitualmente se denomina situaciones de dependencia no son estados excepcionales en la trayectoria vital de las personas, sino que caracterizan numerosos momentos de nuestras existencias y de nuestra vida cotidiana en común.

De la crítica que desde la Economía Feminista se realiza a los axiomas de la política económica ortodoxa, e incluso a menudo de la heterodoxa, se derivan tres implicaciones políticas fundamentales. La primera es que sacar el cuidado de la invisibilidad social, política y económica debe ser una apuesta estratégica del feminismo. El funcionamiento del sistema económico recibe de manera sistemática un subsidio gratuito en forma de trabajo no remunerado mayoritariamente femenino que garantiza no sólo la reproducción social sino también el funcionamiento del engranaje de la economía capitalista: sin los fundamentos invisibilizados que constituyen el trabajo de cuidado, el edificio social y económico se tambalea.

La segunda implicación política resultante de las reflexiones de la Economía Feminista es la denuncia de las desigualdades sociales que caracterizan la actual organización social del cuidado. Es decir, la provisión del cuidado es habitualmente realizada a costa de los derechos y el bienestar de otras personas: cuando el cuidado se lleva a cabo de forma no remunerada en el ámbito familiar, su construcción social y cultural como actividad propia de las mujeres tiene un impacto en el resto de esferas de nuestras vidas, impacto que se traduce en situaciones de desventaja respecto a los hombres en el mercado laboral, en una negligencia del propio autocuidado, en un deterioro de la salud cuando el cuidado que proveemos es intenso y de larga duración, en una menor capacidad de participar en nuestras comunidades, en un mayor aislamiento social y en renuncias a proyectos vitales propios.

El cuidado remunerado, a su vez, también se caracteriza por la existencia de fuertes desigualdades y por una grave precarización. A modo de ejemplo, según un estudio del Ayuntamiento de Barcelona sobre las condiciones laborales de las trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria, el 44,6% tienen un contrato temporal, el 76,1% de un contrato a tiempo parcial y el 95,7% gana un sueldo inferior a 9,47 € brutos por hora. El “mercado del cuidado”, además, cuenta con una presencia mayoritaria de mujeres, y particularmente de mujeres de origen migrante, lo que significa que la precariedad laboral que lo caracteriza no tiene sólo un componente de género sino también de origen, y se ve intensificada por legislaciones estatales como la Ley de Extranjería, que obliga a las mujeres migradas a ocuparse en nichos económicos que las condenan a la pobreza y a la exclusión social.

La tercera implicación política del posicionamiento de la Economía Feminista pasa por promover la corresponsabilización de los diferentes actores sociales, incluyendo las administraciones públicas, las comunidades, el sector privado mercantil, el sector privado sin ánimo de lucro y la economía social y solidaria en la provisión de un cuidado digno en el conjunto del ciclo vital. Si defendemos que el cuidado debe ser valorado y visibilizado y, a su vez, que no se puede llevar a cabo a costa de la salud, la autonomía o, entre otras, las condiciones laborales de otras personas, la responsabilidad hacia el mismo, así como sus costes, debe dejar de ser asumida de manera silenciosa por las mujeres en la sombra del hogar y debe ser puesta en el centro de las prioridades sociales, políticas y económicas.

Llevar adelante las propuestas de la Economía Feminista, sin embargo, conlleva una transformación radical no sólo de las políticas públicas sino también del sistema económico. Poner el cuidado de la vida y la provisión de bienestar en el centro entra en conflicto con la priorización actual de criterios económicos como la eficiencia, la competitividad, la productividad y el margen de beneficio; pasa también por generar jornadas laborales, y a su vez existencias vitales, que permitan dedicar tiempo y energías a cuidar de nosotras mismas y de las personas que nos rodean; pasa, finalmente, por acabar con la penalización del cuidado que las mujeres sufrimos en el transcurso de nuestras existencias y por la promoción de modelos e imaginarios en los que el cuidado sea una actividad fundamental y deseable para todos y todas independientemente de nuestro sexo o nuestra identidad de género.

No son estos cambios sencillos ni seguramente realizables a corto plazo, pero de manera reciente se están empezando a dar pasos en esta dirección. Un ejemplo de estos avances es la presentación esta semana en el Ayuntamiento de Barcelona de la Medida de Gobierno por una Democratización del Cuidado, política municipal sin precedentes e innovadora en cuanto a poner la actual organización social del cuidado a debate y empezar a someterla a cambios democratizadores. La Medida de Gobierno, co-liderada por la Concejalía de Feminismos y LGTBI y el Comisionado de Economía Cooperativa, Social y Solidaria y Consumo, politiza finalmente el cuidado y lo sitúa, en su globalidad y complejidad, y desde una mirada claramente feminista, como un ámbito de intervención de la política pública con el objetivo de contribuir a transformar el paradigma económico imperante, así como la posición histórica que las mujeres hemos tenido en él.

De la academia la Economía Feminista llegó a la calle y ahora desde la calle entra finalmente a la acción institucional. Esta Medida de Gobierno constituye una muy buena noticia por los efectos que busca tener en las vidas de los y las barcelonesas, pero sobre todo porque puede constituir un precedente inspirador de acciones similares de vocación feminista, desde un ámbito político tan central como es el económico, no sólo en otros ayuntamientos sino también en otros niveles institucionales que cuentan con mayores competencias para poder alterar la organización social del cuidado, particularmente la Generalitat de Catalunya y el Estado español.

Vivimos unos tiempos en los que parece que la palabra “feminismo” se desprende poco a poco del estigma que la ha caracterizado desde su nacimiento; unos tiempos en que en ciertos sectores de la vida política el uso de este término parece estar de moda; unos tiempos en los que incluso a menudo se llega a utilizar el término con cierta laxitud; unos tiempos donde la “feminización de la política” corre el riesgo de reducirse a cáscara vacía en vez de convertirse en motor de cambio real. Y en estos tiempos, poder presenciar el traspaso de los saberes y las propuestas feministas a la acción institucional y su materialización en actuaciones concretas que, más allá de los eslóganes y las victorias meramente formales, buscan hacer tambalear un iceberg en el que las mujeres seguimos siendo las ciudadanas de segunda que lo mantienen en pie, es un motivo de celebración feminista. Porque, si bien no era, no es, sólo esto; la política feminista también era, también es esto.

Impulsar la transversalitat de gènere passa per revisar tots els processos institucionals de producció de polítiques públiques amb l’objectiu d’eliminar-hi els biaixos de gènere existents i les desigualtats que reprodueixen

Ara que deixem enrere el 8 de març no podem perdre de vista l’objectiu que, lluny de concentrar-se en un parell de diades anuals, la necessitat d’acabar amb el masclisme estigui en el centre del debat polític i social cada dia. Si bé l’existència de jornades reivindicatives com el 25 de novembre o el 8 de març resulta fonamental per visibilitzar tant la pervivència de la injustícia de gènere com el creixent rebuig social vers ella, no donar treva al masclisme significa vigilar-lo, denunciar-lo i treballar per eradicar-lo en cada moment i en cada racó de les nostres vides.

En aquest sentit, tot i que no va rebre gaire atenció mediàtica, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el passat mes de desembre una mesura de transversalitat de gènere amb l’objectiu de dotar-se d’un marc per implementar de manera efectiva la perspectiva de gènere en la seva dinàmica de treball. La mesura, impulsada per la Regidoria de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI, posa especial èmfasi en la creació d’una estructura organitzativa de transversalitat de gènere que impulsi la col·laboració entre àrees, districtes i entitats i que introdueixi la perspectiva de gènere de manera descentralitzada en el conjunt del govern municipal.

Existeixen en l’actualitat dues maneres d’introduir la perspectiva de gènere en les polítiques públiques, les quals, lluny de ser excloents, poden resultar complementàries. La primera, corresponent a les polítiques d’igualtat de gènere, busca incidir en la situació de discriminació de les dones en un àmbit social concret amb l’objectiu de fer-lo menys desfavorable. Aquesta via es considera reactiva ja que genera mesures reparadores de situacions considerades discriminatòries vers les dones atacant els símptomes de la discriminació i no pas les seves arrels. Un exemple el constitueixen les polítiques de quotes o de paritat en tant que reverteixen parcialment la sobrerrepresentació d’homes en espais com la política institucional o el món empresarial sense abordar necessàriament les desigualtats de fons que la generen. Busquen, d’aquesta manera, trobar una solució quantificable per a una situació específica.

Una segona via per a la introducció de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques és la transversalitat de gènere o el que es coneix internacionalment com mainstreaming. Apareguda en la Conferència de Nacions Unides sobre la Dona celebrada a Pekín l’any 1995, aquesta estratègia és considerada proactiva en tant que consisteix en introduir la perspectiva de gènere en tots els estadis (disseny, execució, avaluació) del conjunt d’intervencions dels poders públics (salut, educació, economia, mercat laboral, pressupostos, urbanisme, cultura, etc.). Lluny de limitar-se a actuacions compensatòries destinades a dones en àmbits sectorials concrets, la transversalitat de gènere o mainstreaming busca incorporar de manera estructural la perspectiva de gènere en la política per garantir una igualtat real entre homes i dones. Així, no es limita a proporcionar una igualtat de tracte, com seria, per exemple, garantir un nombre comparable d’homes i dones en les llistes electorals, sinó que busca actuar sobre tots aquells factors que impedeixen la seva participació equitativa en el conjunt de la vida social (la naturalesa del sistema electoral, el masclisme present en els partits polítics, sindicats, altres organitzacions, estructures institucionals i mitjans de comunicació, la pervivència de comentaris i actituds masclistes en el funcionament quotidià de les institucions i els entorns laborals, la divisió sexual del treball present en la societat i en les famílies, etc.). Dit d’una altra manera, en comptes d’intentar evitar només que les dones siguin excloses de la participació social, política o comunitària, es realitza una aposta per transformar des d’un paradigma d’equitat i de justícia tant els marcs que les regulen com les condicions objectives que les dificulten.

Impulsar la transversalitat de gènere passa, d’aquesta manera, per revisar tots els processos institucionals de producció de polítiques públiques amb l’objectiu d’eliminar-hi els biaixos de gènere existents i les desigualtats que reprodueixen. No ens podem conformar amb generar polítiques únicament per a dones que ens ajudin a superar els desavantatges en els que es veuen immerses de manera quotidiana. Ans al contrari, hem d’aspirar a fer política amb i per al conjunt de la població amb l’objectiu de transformar i eliminar de manera global i col·lectiva aquests desavantatges: no busquem només que algunes dones participin, sinó que la participació femenina sigui la norma i que els homes aprenguin a participar d’una altra manera; no aspirem només a que la dona denunciï, sinó sobretot a que l’home no agredeixi, el seu entorn trenqui el silenci i la canalla creixi amb models de relacions lliures, respectuoses i saludables; no ens conformem amb condemnar comentaris, actituds o agressions masclistes, sinó que els volem convertir en impensables; no apostem només perquè les dones assoleixin el salari mínim, sinó perquè totes elles gaudeixin d’autonomia econòmica per poder decidir en cada moment sobre les seves vides; no trobem suficient que les dones tinguin més suport que en l’actualitat en la cura de les criatures, sinó que ens posem com a objectiu que els homes i el conjunt de la societat se’n facin càrrec de manera equitativa.

Aconseguir-ho requereix concebre la injustícia de gènere com a fenomen transversal en la nostra societat i, per tant, comprendre que la resposta ha d’abordar-ne tots els àmbits. Això té una doble lectura: organitzativa i política. La primera comporta una canvi profund en la manera de funcionar dels serveis públics, els quals han d’abandonar l’excessiu “sectorialisme” que històricament els ha caracteritzat i avançar de manera coordinada vers una mirada a les experiències i dificultats vitals dels veïns i les veïnes de la ciutat que sigui clarament global i feminista. La segona lectura, la política, demana una aposta clara per la transversalització de la perspectiva de gènere en l’acció quotidiana de govern i planteja una premissa innegociable: que la lluita contra el masclisme ha de raure en cada racó i en cada actor de la ciutat. Les dones sens dubte en ens beneficiarem, però no per això és responsabilitat nostra. Començar a transversalitzar aquesta lluita passa per recordar que la justícia de gènere no és cosa de dones. La justícia de gènere és cosa de totes i de tots.

Impulsar la transversalidad de género pasa por revisar todos los procesos institucionales de producción de políticas públicas con el objetivo de eliminar los sesgos de género existentes y las desigualdades que reproducen

Ahora que ya queda atrás el 8 de marzo no podemos perder de vista el objetivo de que, lejos de concentrarse en un par de días al año, la necesidad de acabar con el machismo esté en el centro del debate político y social cada día. Si bien la existencia de jornadas reivindicativas como el 25 de noviembre o el 8 de marzo resulta fundamental para visibilizar tanto la pervivencia de la injusticia de género como el creciente rechazo social hacia ella, no dar tregua al machismo significa vigilarlo, denunciarlo y trabajar para erradicarlo en cada momento y en cada rincón de nuestras vidas.

En este sentido, aunque no recibió mucha atención mediática, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó el pasado mes de diciembre una medida de transversalidad de género con el objetivo de dotarse de un marco para implementar de manera efectiva la perspectiva de género en su dinámica de trabajo. La medida, impulsada por la Concejalía de Ciclo de Vida, Feminismos y LGTBI, pone especial énfasis en la creación de una estructura organizativa de transversalidad de género que impulse la colaboración entre áreas, distritos y entidades y que introduzca la perspectiva de género de manera descentralizada en el conjunto del gobierno municipal.

Existen en la actualidad dos formas de introducir la perspectiva de género en las políticas públicas, las cuales, lejos de ser excluyentes, pueden resultar complementarias. La primera, correspondiente a las políticas de igualdad de género, busca incidir en la situación de discriminación de las mujeres en un ámbito social concreto con el objetivo de convertirlo en menos desfavorable. Esta vía se considera reactiva ya que genera medidas reparadoras de situaciones consideradas discriminatorias hacia las mujeres atacando los síntomas de la discriminación y no sus raíces. Un ejemplo lo constituyen las políticas de cuotas o de paridad en tanto que revierten parcialmente la sobrerrepresentación de hombres en espacios como la política institucional o el mundo empresarial sin abordar necesariamente las desigualdades de fondo que la generan. Buscan, de este modo, encontrar una solución cuantificable para una situación específica.

Una segunda vía para la introducción de la perspectiva de género en las políticas públicas es la transversalidad de género o lo que se conoce internacionalmente como mainstreaming. Aparecida en la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer celebrada en Pekín en 1995, esta estrategia es considerada proactiva en tanto que consiste en introducir la perspectiva de género en todos los estadios (diseño, ejecución, evaluación) del conjunto de intervenciones de los poderes públicos (salud, educación, economía, mercado laboral, presupuestos, urbanismo, cultura, etc.). Lejos de limitarse a actuaciones compensatorias destinadas a mujeres en ámbitos sectoriales concretos, la transversalidad de género o mainstreaming busca incorporar de manera estructural la perspectiva de género en la política en aras de garantizar una igualdad real entre hombres y mujeres. Así, no se limita a proporcionar una igualdad de trato, como sería, por ejemplo, garantizar un número comparable de hombres y mujeres en las listas electorales, sino que busca actuar sobre todos aquellos factores que impiden su participación equitativa en el conjunto de la vida social (la naturaleza del sistema electoral, el machismo presente en los partidos políticos, sindicatos, otras organizaciones, estructuras institucionales y medios de comunicación, la pervivencia de comentarios y actitudes machistas en el funcionamiento cotidiano de las instituciones y los entornos laborales, la división sexual del trabajo presente en la sociedad y en las familias, etc.). Dicho de otro modo, en vez de intentar evitar únicamente que las mujeres sean excluidas de la participación social, política o comunitaria, se realiza una apuesta por transformar desde un paradigma de equidad y de justicia tanto los marcos que las regulan como las condiciones objetivas que las dificultan.

Impulsar la transversalidad de género pasa, de este modo, por revisar todos los procesos institucionales de producción de políticas públicas con el objetivo de eliminar los sesgos de género existentes y las desigualdades que reproducen. No nos podemos conformar con generar políticas únicamente para mujeres que nos ayuden a superar las desventajas en las que nos vemos inmersas de manera cotidiana. Al contrario, debemos aspirar a hacer política con y para el conjunto de la población con el objetivo de transformar y eliminar de manera global y colectiva estas desventajas: no buscamos sólo que algunas mujeres participen, sino que la participación femenina sea la norma y que los hombres aprendan a participar de otro modo; no aspiramos sólo a que la mujer denuncie, sino sobre todo a que el hombre no agreda, su entorno rompa el silencio y los y las niñas crezca con modelos de relaciones libres, respetuosas y saludables; no nos conformamos con condenar comentarios, actitudes o agresiones machistas, sino que los queremos convertir en impensables; no apostamos sólo porque las mujeres alcancen el salario mínimo, sino que todas ellas gocen de autonomía económica para poder decidir en cada momento sobre sus vidas; no encontramos suficiente que las mujeres tengan más apoyo que en la actualidad en el cuidado de los y las niñas, sino que nos ponemos como objetivo que los hombres y el conjunto de la sociedad se impliquen en él de manera equitativa.

Conseguirlo requiere concebir la injusticia de género como fenómeno transversal en nuestra sociedad y, por lo tanto, comprender que la respuesta debe abordar todos sus ámbitos. Esto tiene una doble lectura: organizativa y política. La primera conlleva una cambio profundo en la manera de funcionar de los servicios públicos, los cuales deben abandonar el excesivo “sectorialismo” que históricamente los ha caracterizado y avanzar de manera coordinada hacia una mirada a las experiencias y dificultades vitales de los vecinos y las vecinas de la ciudad que sea claramente global y feminista. La segunda lectura, la política, pide una apuesta clara por la transversalización de la perspectiva de género en la acción cotidiana de gobierno y plantea una premisa innegociable: que la lucha contra el machismo debe yacer en cada rincón y en cada actor de la ciudad. Las mujeres sin duda nos beneficiaremos de ella, pero no por ello es nuestra responsabilidad. Empezar a transversalizar esta lucha pasa por recordar que la justicia de género no es cosa de mujeres. La justicia de género es cosa de todas y de todos.

Si bien con la celebración de las elecciones al Parlament de Catalunya acaban finalmente las interpretaciones de encuestas y sondeos, las lecturas que ahora empiezan de los resultados finales no estarán menos exentas de creatividad y auto-indulgencia. Artur Mas, y a su lado Raül Romeva, anuncia eufórico el triunfo del proceso independentista que él se empeña en liderar, y desde el unionismo más recalcitrante piden dimisiones del candidato de incógnito de Junts pel Sí y la reedición de la contienda electoral. Curiosamente, aquellos que defendían que estas elecciones eran un plebiscito reivindican haberlo ganado sin haber obtenido más de la mitad de los votos, y fuerzas como el Partido Popular y Ciutadans, que juntos no suman más del 26% de los votos, celebran haber salvado la unidad de España.

Sin embargo, ni el supuesto plebiscito sobre la independencia de Catalunya ha resultado de manera indudable en un Sí hacia la Declaración Unilateral de Independencia ni ha triunfado el No. Si tenemos que hablar de ganadores y perdedores en esta contienda electoral, por elegir los tres más importantes, entre los primeros se encuentra el derecho a decidir, entre los segundos, la defensa de los derechos sociales de la mayoría de la ciudadanía de Catalunya y la regeneración de la política institucional desde una perspectiva transformadora.

Victoria de la voluntad de decidir

Las personas que han votado a favor de la celebración de un referéndum para que los y las catalanas puedan decidir el futuro de su país suman 2.406.776 (Junts pel Sí, Catalunya Sí Que Es Pot, CUP, Unió), mientras que el total de papeletas depositadas en apoyo a las fuerzas que se oponen (Ciutadans, PSC y PPC) es de 1.586.302. Aunque es imposible saber cómo se decantaría el voto de las 463.489 que han apoyado a Catalunya Sí Que Es Pot y Unió en un hipotético referéndum sobre la independencia, no es nada descartable que una parte importante optaría por la creación de una República Catalana independiente. Por otro lado, y aún más importante desde una perspectiva democrática, el conjunto de personas que han expresado que quieren que este referéndum deje de ser hipotético supera en casi un millón a las que, según los resultados del 27S, consideran que no hay que consultar a la ciudadanía. Espero que tanto aquellos que llevan años oponiéndose a reconocer el pueblo de Catalunya como sujeto político con derecho a decidir su futuro como aquellos que le reconocen este derecho pero desde una posición acomplejada y llena de matices, hagan balances lo menos auto-indulgentes posibles y tomen nota: la voluntad de autodeterminación es hegemónica en Catalunya y ni puede ser menospreciada con fines electoralistas ni puede ser defendida a medias tintas.

La ausencia de los derechos sociales

La defensa de los derechos sociales, por otro lado, ha sido la gran ausente de los debates de las últimas semanas. La fuerza más votada, Junts pel Sí, los mencionaba únicamente cuatro veces en su programa (y dos veces el término “desahucios”). Ha contado, además, con un ecosocialista de cabeza de lista que no ha dudado en actuar de hombre-escudo frente a las críticas a las políticas austericidas de CiU y en contribuir a enmudecerlas. Ciutadans, por otro lado, se ha llenado la boca hablando de “unión” y “convivencia” y, las pocas veces que su candidata ha hablado del país que quieren construir no ha hecho más que repetir las mismas fórmulas antisociales que tantos años llevan fracasando en Catalunya y en otros lugares en manos de CiU, CiU y el PSOE. Las dos únicas excepciones en el terreno social las han constituido Catalunya Sí Que Es Pot, con su clamor por poder decidirlo todo, y la CUP-Crida Constituent con su tozudez por dotar a la independencia de contenido de ruptura social y económica. Sin embargo, ambas han fracasado a la hora de colocarlo en la agenda política y no han conseguido sacarlo de la marginalidad de la campaña electoral. Frente a los argumentos que estas elecciones “iban de otra cosa”, no hay que olvidar que históricamente los proyectos nacionales nunca han sido socialmente ni económicamente neutros y cuando han parecido carentes de contenido social ha resultado que éste estaba presente de manera implícita. No hay duda, en este sentido, que tanto el proyecto nacional de Junts pel Sí como el de Ciutadans (que también lo tiene) se caracterizan por su talante antisocial. Y ésta es una derrota no solo de las izquierdas sino de las clases populares y mayorías sociales de Catalunya.

La derrota de la regeneración de la política

La segunda derrotada de estas elecciones es, como apuntaba anteriormente, la regeneración de la política institucional desde una perspectiva transformadora. Con la única excepción de la CUP, que ha presentado una lista llena de personas independientes y militantes comprometidos con las luchas sociales, el resto de fuerzas no han permitido vislumbrar mucha esperanza hacia otra forma de hacer política. Desde un Junts pel Sí empeñado en llevar de nuevo a la presidencia a un Mas pretendidamente ajeno a los escándalos de corrupción protagonizados por su partido y escondido tras respetadas caras de la izquierda y de la sociedad civil, pasando por el tándem Arrimadas-Rivera quienes, a pesar de presentarse como el “cambio sensato” se parecen peligrosamente a lo peor del Partido Popular tanto en sus propuestas económicas como en su xenófobo “Quita tus Sucias manos de mí bandera” y la imputación del señor Jordi Cañas . Por no dejar de mencionar a una Catalunya Sí Que Es Pot, que se ha quedado a años luz de la confluencia conseguida en Barcelona en las elecciones municipales del 24 de mayo. Con algunas más que honrosas excepciones como el propio cabeza de lista, Lluís Rabell, o luchadores irreductibles como el Albano Dante, Joan Giner o Alba García, ni el proceso de confluencia ni la confección de la lista y del programa de Catalunya Sí Que Es Pot han estado a la altura del momento de revolución democrática en el que nos encontramos. Por citar sólo dos ejemplos, y sin querer trasladar de manera mecanicista los resultados de las elecciones municipales del mes de mayo al 27 de septiembre, Catalunya Sí Que Es Pot ha obtenido en un distrito como Nou Barris menos de la mitad de votos de los que obtuvo Barcelona en Comú hace sólo cuatro meses (10.330 versus 22.466) y menos de la mitad de votos también en la capital de Catalunya (80.950 versus 176.337).

No podemos perder de vista, por supuesto, que Catalunya Sí Que Es Pot no es, ni lo fue nunca, Barcelona en Comú; como tampoco podemos perder de vista que ni mucho menos ha conseguido ilusionar de la misma manera. Son malas noticias para Catalunya Sí Que Es Pot pero lo son también para todos aquellos y aquellas que llevamos meses vibrando con la posibilidad de una transformación radical de la vida política de nuestro país y que hoy vemos como el recambio del Régimen triunfa en barrios y municipios que no hace mucho lideraban el cambio.

A partir del 28 de septiembre continuará y se acelerará la competición para imponer un relato ganador de las elecciones. Espero que también empiecen los balances rigurosos y las autocríticas honestas. Se mire como se mire, la defensa implacable de los derechos sociales y la regeneración democrática son las grandes derrotadas del 27S. Quizás el derecho a decidir sale mejor parado, pero lo hace, en el mejor de los casos, sin justicia social y, en el peor, con las políticas criminales que nos ha impuesto Mas durante los últimos cinco años.

Lo que seguro que no gana es la reivindicación de que la lucha por los derechos sociales, la lucha por la soberanía y la lucha por otra forma de hacer política son inseparables. No nos sirven caras nuevas en el Parlament si hacen las mismas políticas de siempre, ni nos sirve un país soberano si en él las familias siguen siendo desahuciadas o las mujeres seguimos sufriendo la violencia machista. Tampoco nos sirven las promesas de más justicia social si la gente no las escucha o no se las cree.

Este 27S han perdido las mayorías sociales de Catalunya y la esperanza de un cambio real. La buena noticia es que hay vida más allá. Como suele decirse, después viene el 28 y el 29 y el 30... Eso sí, las ventanas de oportunidad no suelen abrirse a menudo ni suelen permanecer abiertas durante demasiado tiempo. No lo perdamos, y no (nos) perderemos.

Si bé amb la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya acaben finalment les interpretacions d’enquestes i sondejos, les lectures que ara comencen dels resultats finals no estaran menys exemptes de creativitat i auto-indulgència. Artur Mas, i al seu costat Raül Romeva, anuncia eufòric el triomf del procés independentista que ell s’entesta en liderar, i des de l’unionisme més recalcitrant demanen dimissions del candidat d’incògnit de Junts pel Sí i la reedició de la contesa electoral. Curiosament, aquells que defensaven que aquestes eleccions eren un plebiscit reivindiquen haver-lo guanyat sense haver-hi obtingut més de la meitat dels vots, i forces com el Partit Popular i Ciutadans, que junts no sumen més del 26% dels vots, celebren haver salvat la unitat d’Espanya.

Tanmateix, ni el suposat plebiscit sobre la independència de Catalunya ha resultat de manera indubtable en un Sí cap a la Declaració Unilateral d’Independència ni ha triomfat el No. Si hem de parlar de guanyadors i perdedors en aquesta contesa electoral, per triar-ne els tres més importants, entre els primers es troba el dret a decidir, entre els segons, la defensa dels drets socials de la majoria de la ciutadania de Catalunya i la regeneració de la política institucional des d’una perspectiva transformadora.

Victòria de la voluntat de decidir

Les persones que han votat a favor de la celebració d’un referèndum per a que els i les catalanes puguin decidir el futur del seu país suma 2.406.776 (Junts pel Sí, Catalunya Sí Que Es Pot, CUP, Unió), mentre que el total de paperetes dipositades en suport a les forces que s’hi oposen (Ciutadans, PSC i PPC) és de 1.586.302. Tot i que és impossible saber com es decantaria el vot de les 463.489 que han donat suport a Catalunya Sí que Es Pot i Unió en un hipotètic referèndum sobre la independència, no és gens descartable que una part important optés per la creació d’una República Catalana independent. D’altra banda, i encara més important des d’una perspectiva democràtica, el conjunt de persones que han expressat que volen que aquest referèndum deixi de ser hipotètic supera en gairebé un milió a les que, segons els resultats del 27S, consideren que no cal consultar la ciutadania. Espero que tant aquells que porten anys oposant-se a reconèixer el poble de Catalunya com a subjecte polític amb dret de decidir el seu futur com aquells que li reconeixen aquest dret però des d’una posició acomplexada i plena de matisos, facin balanços el menys auto-indulgents possibles i prenguin nota: la voluntat d’autodeterminació és hegemònica a Catalunya i ni pot ser menystinguda amb fins electoralistes ni pot ser defensada a mitges tintes.

L’absència dels drets socials

La defensa dels drets socials, d’altra banda, ha estat la gran absent dels debats de les darreres setmanes. La força més votada, Junts pel Sí, els esmentava únicament quatre vegades en el seu programa (i dos cops el terme “desnonaments”). Ha comptat, a més, amb un ecosocialista de cap de llista que no ha dubtat en actuar d’home-escut front les crítiques a les polítiques austericides de Convergència i Unió i en contribuir a emmudir-les. Ciutadans, d’altra banda, s’ha omplert la boca parlant d’“unió” i “convivència” i, les poques vegades que la seva candidata ha parlat del país que volen construir no ha fet més que repetir les mateixes fórmules antisocials que tants anys porten fracassant a Catalunya i arreu en mans de Convergència i Unió , CIU i el PSOE. Les dues úniques excepcions en el terreny social les han constituïdes Catalunya Sí Que Es Pot, amb el seu clam a poder decidir-ho tot, i la CUP-Crida Constituent amb la seva tossudesa per dotar la independència de contingut de ruptura social i econòmica. Tanmateix, totes dues han fracassat a l’hora de col·locar-lo en l’agenda política i no han aconseguit treure’l de la marginalitat de la campanya electoral. Front els arguments que aquestes eleccions “anaven d’una altra cosa”, cal no oblidar que històricament els projectes nacionals no han estat mai socialment ni econòmicament neutres i quan han semblat mancats de contingut social ha resultat que aquest estava present de manera implícita. No hi ha dubte, en aquest sentit, que tant el projecte nacional de Junts pel Sí com el de Ciutadans (que també el té) es caracteritzen pel seu tarannà antisocial. I aquesta és una derrota no només de les esquerres sinó sobretot de les classes populars i majories socials de Catalunya.

La derrota de la regeneració de la política

La segona derrotada d’aquestes eleccions és, com apuntava anteriorment, la regeneració de la política institucional des d’una perspectiva transformadora. Amb l’única excepció de la CUP, que ha presentat una llista farcida de persones independents i militants compromesos amb les lluites socials, la resta de forces no han permès albirar gaire esperança vers una altra forma de fer política. Des d’un Junts pel Sí que ha treballat per portar de nou a la presidència un Artur Mas pretesament aliè als escàndols de corrupció protagonitzats pel seu partit i amagat darrere respectades cares de l’esquerra i de la societat civil, passant pel tàndem Arrimada-Rivera qui, malgrat presentar-se com el “canvi sensat” s’assemblen perillosament al pitjor del Partit Popular tant en les seves propostes econòmiques com en el seu xenòfob “Quita tus sucias manos de mi bandera” i la imputació del senyor Jordi Cañas. Per no oblidar una Catalunya Sí Que Es Pot que s’ha quedat a anys llum de les confluència aconseguida a Barcelona en les eleccions municipals del 24 de maig. Amb algunes més que honroses excepcions com el mateix cap de llista, Lluís Rabell, o lluitadors irreductibles com l’Albano Dante, en Joan Giner o l’Alba García, ni el procés de confluència ni la confecció de la llista i del programa de Catalunya Sí Que Es Pot no han estat a l’alçada del moment de revolució democràtica en què es trobem. Això s’ha vist reflectit en els resultat. Per citar només dos exemples, i sense voler traslladar de manera mecanicista els resultats de les eleccions municipals del mes de maig al 27 de setembre, Catalunya Sí Que Es Pot ha obtingut en un districte com Nou Barris menys de la meitat de vots dels que va obtenir Barcelona en Comú fa només quatres mesos (10.330 vers 22.466 ) i menys de la meitat de vots també a la capital de Catalunya (80.950 vers 176.337). No podem perdre de vista, per descomptat, que Catalunya Sí Que Es Pot no és, ni ho va ser mai, Barcelona en Comú; com tampoc podem perdre de vista que ni de bon tros ha aconseguit il·lusionar de la mateixa manera. Són males notícies per a Catalunya Sí Que Es Pot però ho són també per a tots aquells i aquelles que portem mesos vibrant amb la possibilitat d’una transformació radical de la vida política del nostre país i que avui veiem com el recanvi del Règim triomfa als barris i municipis que no fa gaire lideraven el canvi.

A partir del 28 de setembre continuarà i s’accelerarà la competició per imposar un relat guanyador de les eleccions. Espero que també s’encetin els balanços rigorosos i les autocrítiques honestes. Ho mirem com ho mirem, la defensa implacable dels drets socials i la regeneració democràtica són les grans derrotades del 27S. Potser el dret a decidir hi surt millor parat, però ho fa, en el millor dels casos, sense justícia social i, en el pitjor, amb el contingut criminal que ens ha imposat Artur Mas durant els darrers cinc anys.

El que segur que no guanya és la reivindicació que la lluita pels drets socials, la lluita per la sobirania i la lluita per una altra forma de fer política són indestriables. No ens serveixen cares noves al Parlament si hi han de fer les mateixes polítiques de sempre, ni ens serveix un país sobirà si en ell les famílies continuen sent desnonades o les dones continuem patint la violència masclista. Tampoc ens serveixen les promeses de més justícia social si la gent no les escolta ni se les creu.

El 27S han perdut les majories socials de Catalunya i l’esperança d’un canvi real. La bona notícia és que hi ha vida més enllà. Com sol dir-se, després ve el 28 i el 29 i el 30... Això sí, les finestres d’oportunitat no solen obrir-se sovint ni solen romandre obertes durant massa temps. No el perdem, i no (ens) perdrem.

Segons l'Institut Nacional d'Estadística i l'Informe

Sombra

emès el 2014 per la CEDAW (Convenció per a l'Eliminació de totes les formes de Discriminació Contra les Dones de Nacions Unides), entre l'any 2008 i el 2013 la despesa pública en matèria d'igualtat a Catalunya es va veure retallada en més d'un 20%

Comença un nou curs i constatem que hi ha realitats que continuen: la violència masclista no desapareix, com tampoc no ho fan les causes que la provoquen ni les formes en què es manifesta. Els feminicidis no són un efecte meteorològic que apareix a l'estiu i marxa amb la tornada al “cole”. No són fets puntuals de certesa caduca. Són la cúspide de l'iceberg de tota una sèrie de pràctiques que conformen la violència masclista diària en què vivim, que adopta formes múltiples i polièdriques. Sibil·lina i implacable, aquesta violència de vegades es fa visible i, moltes d'altres, s'oculta sota el vel d'allò que la societat ens diu que és normal o natural.

Violència és exigir a una dona un mínim de 48 d'hores d'hospitalització per ser considerada “víctima de violència de gènere”; violència és la regulació i les taxes judicials de les denúncies; violència és que les dones no ens sentim segures caminant pel nostre barri, que fem una anàlisi visual llampec a l'hora de decidir per quins carrers passar o no, que portem les claus del cotxe a la mà- obertes com si fossin pinxos- molt abans d'entrar-hi. Violència és que ens escridassi aquell que diu estimar-nos, com també ho és sentir que els crits són culpa nostra. Violència és la bufetada, però també l'espera tremolosa i muda de la seva arribada en qualsevol moment. Ho són les amenaces de qui tenim davant però també el silenci, maleït silenci, de tots els que ens envolten, que miren en una altra direcció.

Segons l'Institut Nacional d'Estadística i l'Informe Sombra emès el 2014 per la CEDAW (Convenció per a l'Eliminació de totes les formes de Discriminació Contra les Dones de Nacions Unides), entre l'any 2008 i el 2013 la despesa pública en matèria d'igualtat a Catalunya es va veure retallada en més d'un 20%. Les polítiques i programes contra la desigualtat i la violència de gènere es van trobar a partir de l'any 2010 entre les primeres víctimes de les retallades socials tant del govern català de Convergència i Unió com dels governs estatals del PSOE i el Partit Popular. La velocitat amb què aquestes administracions van aplicar les tisores sobre programes i estructures en favor de la igualtat de gènere va mostrar que aquesta mai no s'havia trobat entre les seves prioritats.

Les polítiques d'igualtat, d'altra banda, no són les úniques que han patit una evolució preocupant. Pel que fa a les respostes a la violència masclista, el Consell General del Poder Judicial apunta que, durant el mateix període, les ordres de protecció concedides a Catalunya a dones denunciants van disminuir en 25 punts percentuals i les ordres de protecció denegades es van incrementar en quasi 30. La davallada de recursos públics i de voluntat política per lluitar contra la discriminació i la violència que patim les dones, a més, semblen haver tingut un impacte en la nostra confiança en les administracions públiques per proporcionar respostes i solucions. Tot i que el nombre de víctimes mortals de violència masclista no s'ha vist reduït en els darrers anys, les dones hem passat a denunciar menys des de l'esclat de la crisi: mentre que 20.365 dones van interposar una denúncia per violència masclista l'any 2008 a Catalunya, el nombre total havia baixat a 17.149 el 2013, és a dir, un descens de 3216 denúncies -quasi del 16%. La causa d’aquest descens no rau en una millora en les nostres condicions de vida. La mateixa plataforma CEDAW expressava fa només un parell de mesos una gran preocupació pels greus retrocessos en matèria d'igualtat de gènere i de drets humans de les dones produïts a l'Estat espanyol en els darrers sis anys.

Revertir aquesta tràgica deriva i situar la lluita contra el masclisme i les múltiples violències que genera en el centre de les prioritats polítiques en aquest nou cicle polític que s'obre, serà sens dubte una aposta imprescindible. En aquest sentit, el govern municipal de Barcelona en Comú està llançant importants primeres passes com un notable increment del pressupost o l'articulació d'una xarxa municipalista a escala estatal que lluiti contra la violència masclista en clara sinèrgia amb els espais i entitats de dones, anant més enllà, d'aquesta manera, d'un abordatge merament assistencialista i victimitzador.

Hi ha moltíssima feina a fer per acabar amb la xacra social de la violència masclista, i la generació de complicitats i l'augment de recursos constitueixen premisses imprescindibles. El canvi passa, sí, per alteracions quantitatives però també, i sobretot, per d'altres de qualitatives. No fa gaire que la darrera enquesta sobre violència de gènere realitzada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat apuntava que dos dels motius més freqüentment al·legats per les dones per no trencar el silenci per la violència patida són la por i la vergonya. Por i vergonya que paralitzen a qui rep la violència en comptes de a qui l'exerceix. Por d'haver-ho merescut; vergonya pel que diran. Vergonya per haver aguantat massa; por de no haver fet prou. I així, la por, la vergonya, la culpa, aconsegueixen que seguim estant soles, sovint oblidant que aquesta violència, en qualsevol de les seves gradacions, no és normal ni natural.

Allò normal i natural hauria de ser poder gaudir d'una vida de lliure de violència: ni la solitària ni la mediàtica; ni la simbòlica ni la mortal. Fins que la normalitat no hagi canviat de bàndol les dones no gaudirem plenament de llibertat. I això no passarà fins que hàgim deixat de denunciar no perquè ens paralitzin la por o la vergonya sinó perquè ja no tinguem cap motiu per fer-ho.

Según el Instituto Nacional de Estadística y el Informe Sombra emitido en 2014 por la CEDAW, entre el año 2008 y en 2013 el gasto público en materia de igualdad en Catalunya se vio recortado en más de un 20%

Empieza un nuevo curso y constatamos que hay realidades que continúan: la violencia machista no desaparece, como tampoco lo hacen las causas que la provocan ni las formas en que se manifiesta. Los feminicidios no son un efecto meteorológico que aparece en verano y se va con la vuelta al “cole”. No son hechos puntuales de certeza caduca. Son la cúspide del iceberg de toda una serie de prácticas que conforman la violencia machista diaria en la que vivimos, que adopta formas múltiples y poliédricas. Sibilina e implacable, esta violencia a veces se hace visible y, muchas otras, se oculta bajo el velo de lo que la sociedad nos dice que es normal o natural.

Violencia es exigir a una mujer un mínimo de 48 de horas de hospitalización para ser considerada “víctima de violencia de género”; violencia es la regulación y las tasas judiciales de las denuncias; violencia es que las mujeres no nos sintamos seguras caminando por nuestro barrio, que hagamos un análisis visual relámpago a la hora de decidir por qué calles pasar o no, que llevemos las llaves del coche abiertas en la mano mucho antes de entrar. Violencia es que nos chille aquel que dice amarnos, como también lo es sentir que los gritos son culpa nuestra. Violencia es la bofetada, pero también la espera temblorosa y muda de su llegada en cualquier momento. Lo son las amenazas de quien tenemos delante pero también el silencio, maldito silencio, de todos los que nos rodean, que miran en otra dirección.

Según el Instituto Nacional de Estadística y el Informe Sombra emitido en 2014 por la CEDAW (Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra las Mujeres de Naciones Unidas), entre el año 2008 y en 2013 el gasto público en materia de igualdad en Catalunya se vio recortado en más de un 20%. Las políticas y programas contra la desigualdad y la violencia de género se encontraron a partir del año 2010 entre las primeras víctimas de los recortes tanto del gobierno catalán de CiU como de los gobiernos estatales del PSOE y el PP. La velocidad con que estas administraciones aplicaron las tijeras sobre programas y estructuras en favor de la igualdad de género mostró que ésta nunca se había encontrado entre sus prioridades.

Las políticas de igualdad, por otra parte, no son las únicas que han sufrido una evolución preocupante. En cuanto a las respuestas a la violencia machista, el Consejo General del Poder Judicial apunta que, durante el mismo período, las órdenes de protección concedidas en Catalunya a mujeres denunciantes disminuyeron en 25 puntos porcentuales y las órdenes de protección denegadas se incrementaron en casi 30. El descenso de recursos públicos y de voluntad política para luchar contra la discriminación y la violencia que sufrimos las mujeres, además, parecen haber tenido un impacto en nuestra confianza en las administraciones públicas para proporcionar respuestas y soluciones. Aunque el número de víctimas mortales de violencia machista no se ha visto reducido en los últimos años, las mujeres hemos pasado a denunciar menos desde el estallido de la crisis: mientras que 20.365 mujeres interpusieron una denuncia por violencia machista en el año 2008 en Cataluña, el número total había bajado a 17.149 en 2013, es decir, un descenso de 3.216 denuncias -casi el 16%. La causa de este descenso no yace en una mejora en nuestras condiciones de vida. La misma plataforma CEDAW expresaba hace sólo un par de meses una gran preocupación por los graves retrocesos en materia de igualdad de género y de derechos humanos de las mujeres producidos en el Estado español en los últimos seis años.

Revertir esta trágica deriva y situar la lucha contra el machismo y las múltiples violencias que genera en el centro de las prioridades políticas en este nuevo ciclo político que se abre, será sin duda una apuesta imprescindible. En este sentido, el gobierno municipal de Barcelona en Común está lanzando importantes primeros pasos como un notable incremento del presupuesto o la articulación de una red municipalista a nivel estatal que luche contra la violencia machista en clara sinergia con los espacios y entidades de mujeres, yendo más allá, de esta manera, de un abordaje meramente asistencialista y victimizador.

Hay muchísimo trabajo por hacer para acabar con la lacra social de la violencia machista, y la generación de complicidades y el aumento de recursos constituyen premisas imprescindibles. El cambio ocurre, sí, por alteraciones cuantitativas pero también, y sobre todo, por otras cualitativas. No hace mucho que la última encuesta sobre violencia de género realizada por el Ministerio de Sanidad apuntaba que dos de los motivos más frecuentemente alegados por las mujeres para no romper el silencio por la violencia sufrida son el miedo y la vergüenza. Miedo y vergüenza que paralizan a quien recibe la violencia en vez de a quien la ejerce. Miedo de haberlo merecido; vergüenza por lo que dirán. Vergüenza por haber aguantado demasiado; miedo de no haber hecho lo suficiente. Y así, el miedo, la vergüenza, la culpa, consiguen que seguimos estando solas, a menudo olvidando que esta violencia, en cualquiera de sus gradaciones, no es normal ni natural.

Lo normal y natural debería ser poder disfrutar de una vida de libre de violencia: ni la solitaria ni la mediática; ni la simbólica ni la mortal. Hasta que la normalidad no haya cambiado de bando las mujeres no disfrutaremos plenamente de libertad. Y esto no ocurrirá hasta que hayamos dejado de denunciar no porque nos paralicen el miedo o la vergüenza sino porque ya no tengamos ningún motivo para hacerlo.

No es tracta de substituir l'estratègia de mobilització ciutadana per la de participació institucional, sinó de reconèixer que aquestes no tenen per què estar contraposades i combinar-les per impulsar processos de transformació

Després de gairebé una dècada de crisi i quatre anys de l’esclat del 15M, els moviments socials han caminat fermament de la denúncia a l’acció i, des d’allà, cap a la voluntat d’apropiació de les institucions públiques. Aquest ha estat el gran viatge de l’empoderament popular: la constatació que, per canviar el règim del 78, totes i tots hem d’assumir responsabilitats per fer-hi una esmena a la totalitat. Tants anys de lluita incansable contra els efectes i la gestió de la crisi ens han ensenyat que el model del “carrer per ell mateix” està esgotat i que no ens queda més remei que prendre els cels. No es tracta de substituir l'estratègia de mobilització ciutadana per la de participació institucional, sinó de reconèixer que aquestes no tenen per què estar contraposades i de combinar-les per impulsar processos de transformació efectius i de gran calat. Els balanços dels darrers anys han descobert els topalls amb què es troba la mobilització exclusivament social i d'ells se'n deriven les propostes d'enfortir-la. Front la demostrada manca de voluntat dels governs de sempre de donar-hi resposta, neix la determinació per col·locar les reivindicacions socials i democràtiques en el centre del tauler polític mitjançant l'acció institucional.

Reeditant Transicions?

No és el primera vegada que això passa a la nostra ciutat, atravessada històricament per centenars de contestacions i experiències de resistència. Ciutat, també, que en les darreres dècades ha tingut la sort de comptar amb un moviment veïnal que, com la resta de moviments socials, s'ha caracteritzat per ser especialment vibrant, creatiu i compromès amb els drets dels seus veïns i veïnes. El moviment veïnal barceloní va ser una peça clau en la configuració de la democràcia a la nostra ciutat i al nostre país. En la primerenca transició fou aglutinador de forces polítiques diverses i clandestines i motor de mobilitzacions cabdals per entendre el difícil trànsit que deixava enrere la dictadura; les associacions de barri i de veïns i veïnes dels primers setantes del segle XX lluitaren al costat de moviments polítics amplis i serviren de paraigües per a les més variades reivindicacions democràtiques. En un moment en què tot s’havia de construir de nou, els sindicalistes, els “cabezas de familia”, les estudiants universitàries, els obrers de les fàbriques, les dependentes de les botigues, els capellans compromesos, les mestres, els treballadors de la banca, les mestresses de casa que pintaven nines al menjador, i un llarg etcètera de ciutadans i ciutadanes, es trobaren als carrers, als centres morals, a les parròquies, en la intimitat de cases particulars… per començar a configurar el que hauria de ser la societat resultant de la lluita per la democràcia. Tot estava per fer, i el somni que tot era possible esperonava a centenars d’homes i dones a arriscar-se a multes, detencions i repressió.

Fa quaranta anys els homes i les dones dels moviment veïnal i altres moviments socials constataren també la necessitat de la lluita política per garantir un poder organitzat que mantingués viva la radicalitat democràtica. Aquell assalt institucional que durant els primers anys ho havia de trasbalsar tot, saccejar la ciutat i consolidar reformes importants, tanmateix, va abraçar després un cofoisme per la feina en curs que volgué endormiscar la participació ciutadana i anul·lar la dissidència i les lectures alternatives de Barcelona. Començaven a trontollar les estructures d'un moviment que, algunes veus diran, va anar sent assimilat per les institucions que s'havia proposat transformar, va patir una crisi com a resultat de la fuga de persones amb les eleccions als ajuntaments democràtics de l'any 1979 i del 1983 i va acabar buidant-se per sota fins convertir-se en una ombra nostàlgica del que havia estat. Aquests buits s'ompliren més endavant, estructurant de nou un moviment que en l'actualitat acumula uns coneixements i un coratge necessaris.

Avui, en un moment de canvi d'època en què aquella «transició modèlica», així com el règim al que va donar a llum, es troben qüestionats sense precedents; en un moment en què experiències com Barcelona en Comú aposten per reeditar l'eixamplament de la lluita social cap a l'esfera institucional, resulta fonamental realitzar balanços i aprenentatges d'experiències passades per evitar reproduir errors i controlar riscos futurs.

Lliçons de futur

Ha de ser un objectiu prioritari que el moviment veïnal i el conjunt de moviments socials juguin un paper clau en la transformació de la política institucional en curs. Qualsevol projecte que pretengui assaltar de manera efectiva i trasbalsar el govern de la ciutat, així com la vida dels seus veïns i veïnes, ha de tenir com a tasca ineludible respectar i vigoritzar la voluntat popular generant de manera genuïna relacions de confiança mútua. El protagonisme social del canvi que s'acosta no s'obtindrà ni mantindrà convertint els artífexs de la nova política en mers altaveus de les reivindicacions socials en els recintes institucionals, sinó generant espais reals de participació on els moviments siguin les seves pròpies veus amb capacitat de ser escoltades, opinar i tenir incidència en totes les decisions i processos importants que afectin la vida quotidiana de la ciutat. També s'hauran de deixar sonar les veus de persones que no estan ni estaran mai organitzades i que, precisament per això, ara mateix no tenen qui les representi. Les noves forces transformadores que ocupin seients a l'ajuntament de Barcelona també han de fer una aposta innegociable per respectar, garantir i potenciar les mobilitzacions i reivindicacions als carrers: no només perquè el vigor de la contestació social és indicador fonamental de la salut democràtica de qualsevol comunitat, sinó també perquè l'ambiciosa tasca de posar en escac les institucions i l'status quo econòmic d'un país, d'una comarca o d'una ciutat resulta inassolible comptant únicament amb respresentació electoral. No hi ha govern més fort que aquell que té un poble al darrere dient «prou».

En segon lloc, val la pena fer una breu apreciació sobre el paper que els representants de la nova política hauran de jugar a l'ajuntament de Barcelona. Si bé la seva obligació serà comptar dia a dia amb els interessos de les majories socials com a bruixola indesviable de la seva actuació, no poden apropiar-se ni del discurs ni de les maneres de fer dels moviments socials. És cert que la candidatura de Barcelona en Comú anirà plena d'activistes, lluitadors i lluitadores amb una trajectòria impecable en la defensa del bé comú. Tanmateix, amb la seva entrada a l'ajuntament no es convertiran en representants de ningú que no sigui Barcelona en Comú. Malgrat que reivindiquem una estreta relació entre lluita política i lluita social, l'autonomia dels moviments socials respecte a qualsevol candidatura, actor polític o institucional és una línia roja inviolable per a qualsevol iniciativa que reclami deixar la «política a l'ús» enrere i liderar un procés de ruptura democràtica. Haurem d'estar també alerta contra les nefastes conseqüències que tindria per als nostres propòsits omplir les institucions de referents de lluites socials només per deixar aquestes lluites buides; dotar la batalla institucional de protagonistes socials arrencant les batalles socials de protagonistes, de massa crítica, de capital humà i de força. Ras i curt: no ens ho podem permetre.

En tercer lloc, l’assalt a les institucions no pot ser l’únic objectiu de Barcelona en Comú. També ho ha de ser fer-ho d’una manera diferent: integradora, limitadora de poders i entenent la política no com una professió on fer carrera sinó com un veritable servei al bé col·lectiu i una eina per canviar el món. De la mateixa manera que la participació política que se’n derivi requerirà fórmules imaginatives i radicalment originals front les forces que maldin incansablement per reproduir els vells tics, les noves solucions i maneres, controlades per un codi ètic inaudit a la ciutat, hauran de ser un front més en la batalla contra les hegemonies imperants i els discursos totalitzants.

Un darrer risc important que se'ns presenta rau en quelcom tan simple, i alhora tan invisible, com la pròpia finitud humana: el que caracteritza la participació política no professionalitzada (en totes les seves esferes) és el difícil encaix que aquesta presenta a mig i llarg termini en les nostres vides quotidianes. Ens veiem obligats a compatibilitzar-la amb jornades laborals precàries i interminables que, malgrat tot, paguen els nostres lloguers i els nostres rebuts, i amb imprescindibles dimensions familiars, personals i afectives de les nostres existències. No és pas banal que la impossibilitat per part de nombroses persones valuossíssimes (sobretot dones) de conciliar les seves múltiples apostes i responsabilitats vitals amb la participació política derivi de manera recurrent en què moltes d'elles es quedin pel camí i en què la política s'assembli més a una activitat de súper herois robòtics que a un espai amable i veritablement inclusiu de participació, creativitat i transformació col·lectiva.

A poques setmanes de les eleccions municipals podem anticipar que Barcelona En Comú aconseguirà uns bons resultats i que lluitarà per l’alcaldia vot a vot front la llista de Xavier Trias. Sigui quin sigui el desenllaç final, però, a partir del dia 25 de maig la seva actuació serà escrutada amb milers de lupes des de tots els àmbits polítics i socials, incloent aquells que, en principi, li són més afins. Si bé això ja va passar l’any 1979, afortunadament ara es veurà incrementat de manera geomètrica per les creixents exigències de transparència així com pels implacables i immediats dictàmens de les xarxes socials.

Fa quatre dècades les derives, errors i punts de no retorn resultants de l'entrada de lluites i lluitadors contribuí a una pèrdua de rumb i raó de ser i en la instal·lació del desencant polític en els moviments socials. Avui no ens podem permetre tal sentiment i és per això que és una tasca de primer ordre vacunar-nos-en repassant aprenentatge passats i construint-ne de futurs. No ho deixem per a demà, fem-ho en comú, no oblidem mai d'on venim, cap a on anem i, sobretot, no oblidem mai qui som.

No se trata de sustituir la estrategia de movilización ciudadana por la de participación institucional, sino de reconocer que éstas no tienen por qué estar contrapuestas y combinarlas para impulsar procesos de transformación

Después de casi una década de crisis y cuatro años del estallido del 15M, los movimientos sociales han caminado firmemente de la denuncia a la acción y, desde allí, hacia la voluntad de apropiación de las instituciones públicas. Este ha sido el gran viaje del empoderamiento popular: la constatación de que, para cambiar el régimen del 78, todas y todos debemos asumir responsabilidades para hacer una enmienda a la totalidad. Tantos años de lucha incansable contra los efectos y la gestión de la crisis nos han enseñado que el modelo de la “calle por ella misma” está agotado y que no nos queda más remedio que tomar los cielos. No se trata de sustituir la estrategia de movilización ciudadana por la de participación institucional, sino de reconocer que éstas no tienen por qué estar contrapuestas y de combinarlas para impulsar procesos de transformación efectivos y de gran calado. Los balances de los últimos años han descubierto los topes con que se encuentra la movilización exclusivamente social y de ellos se derivan las propuestas de fortalecerla. Frente la demostrada falta de voluntad de los gobiernos de siempre de darles respuesta, nace la determinación por colocar las reivindicaciones sociales y democráticas en el centro del tablero político mediante la acción institucional.

¿Reeditando Transiciones?

No es el primera vez que esto ocurre en nuestra ciudad, atravesada históricamente por cientos de contestaciones y experiencias de resistencia. Ciudad, también, que en las últimas décadas ha tenido la suerte de contar con un movimiento vecinal que, como el resto de movimientos sociales, se ha caracterizado por ser especialmente vibrante, creativo y comprometido con los derechos de sus vecinos y vecinas. El movimiento vecinal barcelonés fue una pieza clave en la configuración de la democracia en nuestra ciudad y en nuestro país. En la temprana transición fue aglutinador de fuerzas políticas diversas y clandestinas y motor de movilizaciones fundamentales para entender el difícil tránsito que dejaba atrás la dictadura; las asociaciones de barrio y de vecinos y vecinas de los primeros setenta del siglo XX lucharon junto a movimientos políticos amplios y sirvieron de paraguas para las más variadas reivindicaciones democráticas. En un momento en que todo se tenía que construir de nuevo, los sindicalistas, los “cabezas de familia”, las estudiantes universitarias, los obreros de las fábricas, las dependientas de las tiendas, los curas comprometidos, las maestras, los trabajadores de la banca, las amas de casa que pintaban muñecas en el comedor, y un largo etcétera de ciudadanos, se encontraron en las calles, en los centros morales, en las parroquias, en la intimidad de casas particulares... para empezar a configurar lo que debería ser la sociedad resultante de la lucha por la democracia. Todo estaba por hacer, y el sueño que todo era posible espoleaba a cientos de hombres y mujeres a arriesgarse a multas, detenciones y represión.

Hace cuarenta años los hombres y las mujeres del movimiento vecinal y otros movimientos sociales constataron también la necesidad de la lucha política para garantizar un poder organizado que mantuviera viva la radicalidad democrática. Aquel asalto institucional que durante los primeros años debía tambalearlo todo, trasegar la ciudad y consolidar reformas importantes, sin embargo, abrazó luego la complacencia por el trabajo en curso que quiso adormecer la participación ciudadana y anular la disidencia y las lecturas alternativas de Barcelona. Comenzaban a tambalearse las estructuras de un movimiento que, algunas voces dirán, fue asimilado por las instituciones que se había propuesto transformar, sufrió una crisis como resultado de la fuga de personas con las elecciones a los ayuntamientos democráticos del 1979 y 1983 y terminó vaciándose por debajo hasta convertirse en una sombra nostálgica de lo que había sido. Estos huecos se llenaron más adelante, estructurando de nuevo un movimiento que en la actualidad acumula unos conocimientos y un coraje necesarios.

Hoy, en un momento de cambio de época en que esa «transición modélica», así como el régimen al que dio a luz, se encuentran cuestionados sin precedentes; en un momento en que experiencias como Barcelona en Comú apuestan por reeditar el ensanchamiento de la lucha social hacia la esfera institucional, resulta fundamental realizar balances y aprendizajes de experiencias pasadas para evitar reproducir errores y controlar riesgos futuros.

Lecciones de futuro

Debe ser un objetivo prioritario que el movimiento vecinal y el conjunto de movimientos sociales jueguen un papel clave en la transformación de la política institucional en curso. Cualquier proyecto que pretenda asaltar de manera efectiva y tambalear el gobierno de la ciudad, así como la vida de sus vecinos y vecinas, debe tener como tarea ineludible respetar y vigorizar la voluntad popular generando de manera genuina relaciones de confianza mutua. El protagonismo social del cambio que se avecina no se obtendrá ni mantendrá convirtiendo los artífices de la nueva política en meros altavoces de las reivindicaciones sociales en los recintos institucionales, sino generando espacios reales de participación donde los movimientos sean sus propias voces con capacidad ser escuchadas, opinar y tener incidencia en todas las decisiones y procesos importantes que afecten a la vida cotidiana de la ciudad. También deberán dejar sonar las voces de personas que no están ni estarán nunca organizadas y que, precisamente por eso, ahora mismo no tienen quien las represente. Las nuevas fuerzas transformadoras que ocupen asientos en el ayuntamiento de Barcelona también deben hacer una apuesta innegociable para respetar, garantizar y potenciar las movilizaciones y reivindicaciones en las calles: no sólo porque el vigor de la contestación social es indicador fundamental de la salud democrática de cualquier comunidad, sino también porque la ambiciosa tarea de poner en jaque las instituciones y el status quo económico de un país, de una comarca o de una ciudad resulta inalcanzable contando únicamente con respresentación electoral. No hay gobierno más fuerte que aquel que tiene un pueblo detrás diciendo «suficiente».

En segundo lugar, vale la pena hacer una breve apreciación sobre el papel que los representantes de la nueva política tendrán que jugar en el ayuntamiento de Barcelona. Si bien su obligación será contar día a día con los intereses de las mayorías sociales como brújula indesviable de su actuación, no pueden apropiarse ni del discurso ni de las maneras de hacer de los movimientos sociales. Es cierto que la candidatura de Barcelona en Comú irá llena de activistas, luchadores y luchadoras con una trayectoria impecable en la defensa del bien común. Sin embargo, con su entrada en el ayuntamiento no se convertirán en representantes de nadie que no sea Barcelona en Comú. A pesar de que reivindicamos una estrecha relación entre lucha política y lucha social, la autonomía de los movimientos sociales respecto a cualquier candidatura, actor político o institucional es una línea roja inviolable para cualquier iniciativa que reclame dejar la “política al uso” atrás y liderar un proceso de ruptura democrática. Tendremos que estar también alerta contra las nefastas consecuencias que tendría para nuestros propósitos llenar las instituciones de referentes de luchas sociales sólo para dejar estas luchas vacías; dotar la batalla institucional de protagonistas sociales arrancando las batallas sociales de protagonistas, de masa crítica, de capital humano y de fuerza. En resumen: no nos lo podemos permitir.

En tercer lugar, el asalto a las instituciones no puede ser el único objetivo de Barcelona en Comú. También lo tiene que ser hacerlo de una manera diferente: integradora, limitadora de poderes y entendiendo la política no como una profesión donde hacer carrera sino como un verdadero servicio al bien colectivo y una herramienta para cambiar el mundo. Del mismo modo que la participación política que se derive requerirá fórmulas imaginativas y radicalmente originales frente a las fuerzas que se esfuercen incansablemente para reproducir los viejos tics, las nuevas soluciones y maneras, controladas por un código ético inaudito en la ciudad, deberán ser un frente más en la batalla contra las hegemonías imperantes y los discursos totalizantes.

Un último riesgo importante que se nos presenta radica en algo tan simple, y a la vez tan invisible, como la propia finitud humana: lo que caracteriza la participación política no profesionalizada (en todas sus esferas) es el difícil encaje que ésta presenta a medio y largo plazo en nuestras vidas cotidianas. Nos vemos obligados a compatibilizar con jornadas laborales precarias e interminables que, sin embargo, pagan nuestros alquileres y nuestros recibos, y con imprescindibles dimensiones familiares, personales y afectivas de nuestras existencias. No es banal que la imposibilidad por parte de numerosas personas valuosísimas (sobre todo mujeres) de conciliar sus múltiples apuestas y responsabilidades vitales con la participación política derive de manera recurrente en que muchas de ellas se queden por el camino y en el que la política se parezca más a una actividad de súper héroes robóticos que en un espacio amable y verdaderamente inclusivo de participación, creatividad y transformación colectiva.

A pocas semanas de las elecciones municipales podemos anticipar que Barcelona En Comú conseguirá unos buenos resultados y que luchará por la alcaldía voto a voto frente de la lista de Xavier Trias. Sea cual sea el desenlace final, sin embargo, a partir del día 25 de mayo su actuación será escrutada con miles de lupas desde todos los ámbitos políticos y sociales, incluyendo aquellos que, en principio, le son más afines. Si bien esto ya pasó en 1979, afortunadamente ahora se verá incrementado de manera geométrica por las crecientes exigencias de transparencia así como por los implacables e inmediatos dictámenes de las redes sociales.

Hace cuatro décadas las derivas, errores y puntos de no retorno resultantes de la entrada de luchas y luchadores contribuyó a una pérdida de rumbo y razón de ser y en la instalación del desencanto político en los movimientos sociales. Hoy no nos podemos permitir tal sentimiento y es por eso que es una tarea de primer orden vacunarnos-en repasando aprendizaje pasados y construyendo de futuros. No lo dejamos para mañana, hagámoslo en común, no olvidemos nunca de dónde venimos, hacia dónde vamos y, sobre todo, no olvidemos nunca que somos

Al no tomar en consideración los “agujeros negros” que la maternidad suele generar en las trayectorias profesionales de las mujeres investigadoras, las convocatorias nos ubican en una situación de desventaja

Mi amiga Marta me contaba hace días su intención de impugnar una convocatoria de una administración pública por considerarla discriminatoria hacia las mujeres y, particularmente, hacia las que son madres. Marta no sólo es amiga mía sino que también trabajamos juntas en la universidad. Las y los que nos encontramos en ese ámbito laboral nos vemos sometidos a una enorme presión para producir de manera constante: producir artículos, producir libros, producir proyectos, producir interminables líneas en nuestro Currículum Vitae. Nuestro futuro y estabilidad laboral dependen de ello y, a menudo, nos encontramos trabajando por las noches, durante los fines de semana o en períodos vacacionales para conseguir estar a la alturas de las exigencias de las agencias de calidad universitaria. Éstas, de manera similarmente caprichosa a las de la calificación de la deuda, deciden de manera periódica si lo que hacemos tiene suficiente rigor y valor. Son sus veredictos los que, en parte, nos ayudan (o todo lo contrario) a tener acceso a recursos para hacer aquello para lo que fuimos contratados, investigar, y a la vez seguir engordando el saco sin fondo de los méritos que, quizás (sólo quizás) nos pueden mantener alejados del paro y la precariedad.

En los últimos años Marta ha sido madre de dos hijos y sostiene que, al no tomar en consideración los “agujeros negros” que la maternidad suele generar en las trayectorias profesionales de las mujeres investigadoras, la convocatoria nos ubica de manera indirecta, aunque automática, en una situación de desventaja respecto a nuestros colegas hombres: hay un período en nuestro recorrido laboral en el que se nos considera improductivas, perpetuándose así un escenario universitario donde ellos tienen una presencia desproporcionada como catedráticos y en posiciones de gestión, dirección y prestigio mientras que nosotras nos vemos con frecuencia relegadas a lugares periféricos y precarios.

Mientras le expresaba a Marta mi apoyo, no podía evitar pensar que su relato trasciende con creces el ámbito universitario y es paradigmático de lo que está sucediendo en el conjunto de nuestra sociedad. En un momento en el que se nos intenta convencer de que finalmente hemos alcanzado la igualdad de género, casos como el suyo son claros recordatorios de los retos a los que las mujeres, y particularmente las madres con un trabajo asalariado, nos enfrentamos en nuestro día a día. Los vivimos como luchas individuales pero en realidad tienen mucho que ver con cómo nuestras existencias se ven configuradas por las contradicciones de un sistema económico que nos necesita en el mercado laboral pero no duda en relegarnos a jornadas parciales, contratos temporales y sectores precarizados. También tienen que ver con unas políticas públicas que, mientras por un lado nos animan a hacer crecer las patrias tasas de fertilidad (recordemos el famoso cheque bebé de Zapatero o las declaraciones de Javier Arenas promoviendo nuestra permanencia en nuestros hogares), promueven a su vez nuestra incorporación inestable en el trabajo remunerado sin garantizar de manera paralela la creación de servicios públicos que nos ayuden a conciliar las distintas esferas de nuestras vidas. Los recortes en políticas sociales, sanitarias y educativas nos obligan a pasar más horas que nunca cuidando de los y las que nos rodean y los permisos de paternidad siguen sin ser equiparables a los de maternidad. La posibilidad de una vejez digna deviene cada vez más remota ante las exigencias de demostrar cada vez más millones de horas cotizadas sin que nadie plantee el interrogante de, si la población en general ya tendrá en los próximos decenios serias dificultades para satisfacer los requisitos impuestos por las interminables reformas del sistema de pensiones, ¿qué otra opción queda para las madres que elijan (o se vean obligadas a) tomar un empleo que convertirse en súper-mujeres e intentar no morir en el intento?

Ya es profundamente injusto que nuestros “méritos” laborales (un ascenso, una consolidación, etc.) se vean perjudicados de manera sistemática por el mero hecho de que la biología nos permite traer a este mundo seres humanos y alimentarlos con nuestro cuerpo. El hecho de que todo ello tenga tan grave impacto en nuestros derechos, no obstante, resulta inaceptable. Pese a lo que pueda parecer, la respuesta no yace en tener más facilidades para aparcar a hijos e hijas en guarderías, escuelas de verano o en casas de abuelos, y mucho menos en renunciar a la maternidad en aras de mantener nuestra salud y aspirar a una vida profesional.

El problema es complejo y, por ende, la solución también lo debe ser: si los hombres se implicaran en similar medida que las mujeres en cuidar de aquellas personas próximas que lo necesiten, avanzaríamos en dos cuestiones: disminuirían las probabilidades de que las mujeres cayeran de manera sistemática en situaciones de desventaja o discriminación en el ámbito laboral y el trabajo de cuidado pasaría a ser distribuido de manera más equitativa en el marco de los hogares. Pero eso no es todo. Si las jornadas y expectativas laborales que se nos imponen a todos y todas se vieran reducidas hasta convertirse en razonables, no sólo no nos veríamos obligadas y obligados a robar presencia y energía a nuestras familias para destinarlas a nuestro empleo, sino que podríamos asumir, todas y todos, nuestras responsabilidades de cuidados sin tener por ello que convertirnos en permanentes malabaristas del tiempo. Finalmente, si los cuidados pasaran a ser concebidos de incumbencia pública y colectiva, las mujeres podríamos dejar de ser esclavas de nuestro caprichoso destino biológico y participar libremente y de manera igualitaria junto a los hombres en los múltiples ámbitos de nuestras vidas. Todo ello comportaría que las mujeres (y también muchos hombres) pasáramos de ser sedes de franquicias invisibles de cuerpos y afectos a ser, por el mero hecho de existir, sujetos de derechos. Como comportaría también que mi amiga Marta presentara su recurso ante la administración pública y lo ganara.

En no prendre en consideració els "forats negres" que la maternitat sol generar en les trajectòries professionals de les dones investigadores, les convocatòries ens situen en una situació de desavantatge

La meva amiga Marta m'explicava fa dies la seva intenció d'impugnar una convocatòria d'una administració pública per considerar-la discriminatòria cap a les dones i, particularment, cap a les que són mares. La Marta no només és amiga meva sinó que també treballem juntes a la universitat. Les i els que ens trobem en aquest àmbit laboral ens veiem sotmesos a una enorme pressió per produir de manera constant: produir articles, produir llibres, produir projectes, produir interminables línies en el nostre Currículum Vitae. El nostre futur i estabilitat laboral depenen d'això i, sovint, ens trobem treballant a les nits, als caps de setmana o en períodes de vacances per aconseguir estar a l'alçada de les exigències de les agències de qualitat universitària. Aquestes, de manera similarment capritxosa a les de la qualificació del deute, decideixen de manera periòdica si el que fem té prou rigor i valor. Són els seus veredictes els que, en part, ens ajuden (o tot el contrari) a tenir accés a recursos per fer allò per al que vam ser contractats, investigar, i alhora seguir engreixant el sac sense fons dels mèrits que, potser (només potser) ens poden mantenir allunyats de l'atur i la precarietat.

En els últims anys la Marta ha estat mare de dos fills i sosté que, en no prendre en consideració els “forats negres” que la maternitat sol generar en les trajectòries professionals de les dones investigadores, la convocatòria ens ubica de manera indirecta, tot i automàtica, en una situació de desavantatge respecte als nostres col·legues homes: hi ha un període en el nostre recorregut laboral en el qual se'ns considera improductives, perpetuant així un escenari universitari on ells tenen una presència desproporcionada com a catedràtics i en posicions de gestió, direcció i prestigi mentre que nosaltres ens veiem sovint relegades a llocs perifèrics i precaris.

Mentre li expressava a la Marta el meu suport, no podia evitar pensar que el seu relat transcendeix amb escreix l'àmbit universitari i és paradigmàtic del que està succeint en el conjunt de la nostra societat. En un moment en què se'ns intenta convèncer que finalment hem arribat a la igualtat de gènere, casos com el seu són clars recordatoris dels reptes als quals les dones, i particularment les mares amb una feina assalariada, ens enfrontem en el nostre dia a dia. Els vivim com a lluites individuals però en realitat tenen molt a veure amb com les nostres existències es veuen configurades per les contradiccions d'un sistema econòmic que ens necessita al mercat laboral però no dubta a relegar-nos a jornades parcials, contractes temporals i sectors precaritzats. També tenen a veure amb unes polítiques públiques que, mentre d'una banda ens animen a fer créixer les pàtries taxes de fertilitat (recordem el famós xec nadó de Zapatero o les declaracions de Javier Arenas promovent la nostra permanència a les nostres llars), promouen al seu torn la nostra incorporació inestable en el treball remunerat sense garantir de manera paral·lela la creació de serveis públics que ens ajudin a conciliar les diferents esferes de les nostres vides. Les retallades en polítiques socials, sanitàries i educatives ens obliguen a passar més hores que mai cuidant dels i les que ens envolten i els permisos de paternitat segueixen sense ser equiparables als de maternitat. La possibilitat d'una vellesa digna esdevé cada vegada més remota davant les exigències de demostrar cada vegada més milions d'hores cotitzades sense que ningú plantegi l'interrogant de si la població en general ja tindrà en els propers decennis serioses dificultats per satisfer els requisits imposats per les interminables reformes del sistema de pensions, quina altra opció queda per a les mares que triïn (o es vegin obligades a) prendre una feina de convertir en súper-dones i intentar no morir en l'intent?

Ja és profundament injust que els nostres “mèrits” laborals (un ascens, una consolidació, etc) es vegin perjudicats de manera sistemàtica pel simple fet que la biologia ens permet portar a aquest món éssers humans i alimentar-los amb el nostre cos. El fet que tot això tingui tan greu impacte en els nostres drets, però, resulta inacceptable. Malgrat el que pugui semblar, la resposta no rau en tenir més facilitats per aparcar a fills i filles en llars d'infants, escoles d'estiu o en cases d'avis, i molt menys a renunciar a la maternitat per tal de mantenir la nostra salut i aspirar a una vida professional.

El problema és complex i, per tant, la solució també ho ha de ser: si els homes s'impliquessin en similar mesura que les dones en tenir cura d'aquelles persones properes que ho necessitin, avançaríem en dues qüestions: les probabilitats que les dones caiguessin de manera sistemàtica en situacions de desavantatge o discriminació en l'àmbit laboral i el treball de cura passaria a ser distribuït de manera més equitativa en el marc de les llars. Però això no és tot. Si les jornades i expectatives laborals que se'ns imposen a tots i totes es veiessin reduïdes fins a esdevenir raonables, no només no ens veuríem obligades i obligats a robar presència i energia a les nostres famílies per destinar-les a la nostra ocupació, sinó que podríem assumir, totes i tots, les nostres responsabilitats de cures sense tenir per això que convertir-nos en permanents malabaristes del temps. Finalment, si les cures passaran a ser concebuts d'incumbència pública i col · lectiva, les dones podríem deixar de ser esclaves del nostre capritxós destí biològic i participar lliurement i de manera igualitària al costat dels homes en els múltiples àmbits de les nostres vides. Tot això comportaria que les dones (i també molts homes) passéssim de ser seus de franquícies invisibles de cossos i afectes a ser, pel sol fet d'existir, subjectes de drets. Com comportaria també que la meva amiga Marta presentés el seu recurs davant l'administració pública i el guanyés.

Una de les principals debilitats de 'Podemos' en els seus inicis ha estat el marcat tarannà masculí de les seves cares visibles però veiem aparèixer ara a una dona, Teresa Rodríguez, qui fa saltar el tauler.

Sento gran fascinació per la relació que històricament s'ha donat entre l'esquerra i / o el moviment obrer i el feminisme. Autores com Heidi Hartmann o Cinzia Arruzza l'han caracteritzat com una estranya combinació entre matrimonis i divorcis, entre trobades i desencontres, com un d'aquells amors que maten o, com a mínim, fan patir.

Ens fa patir, és clar, a les feministes compromeses amb l'esquerra, ja que hem tingut (i tenim) d'enfrontar de manera més freqüent del que ens agradaria o bé a una teorització explícita que “les coses de dones” són secundàries a reivindicacions socials “més àmplies” o bé a la nostra políticament correcta i superficial inclusió en els espais polítics i de mobilització social. Hem fet avenços, no hi ha dubte. Però no hi ha dubte tampoc que el feminisme no és això. Podem i hem d'aspirar a molt més.

Ens trobem en un moment important. Els atacs de la dreta neofranquista contra les llibertats de les dones amenacen, d'una banda, d'eliminar avenços en igualtat de gènere que havíem batallat durant dècades encara, de l'altra, la posen en evidència davant la societat, el món i les seves pròpies files en constatar l'escàs suport ciutadà amb què compten. Presenciem, al seu torn, l'aparició de propostes polítiques com la CUP-Alternativa d'Esquerres i el Procés Constituent a Catalunya, el leitmotiv és construir maneres alternatives de pensar i fer política: que compten entre les seves files amb dones plenes de força, inspiració i capacitat per remoure les aigües estancades de la política institucional i situar les reivindicacions feministes al centre del debat. A escala estatal, d'altra banda, hem vist sorgir recentment a 'Podemos', l'objectiu primordial a curt termini ha estat el llançament d'una candidatura unitària a les eleccions al Parlament Europeu en clau de ruptura amb el règim institucional actual i presentant com un dels seus eixos principals la defensa del dret de les dones a decidir lliurement sobre els nostres cossos i les nostres vides. Dit això, tal com vaig escriure fa setmanes en un altre espai , una de les principals debilitats de Podem en els seus inicis ha estat el marcat tarannà masculí de les seves cares visibles que, si bé capaços i inspiradors, no em transmeten, com a feminista, l'habilitat, el desig o la capacitat de representar la meva lluita i apropiar-se d'ella per estendre-la, per airejar amb orgull, per comprendre-la en nom de fer-la més forta.

En les últimes setmanes, però, iniciades ja unes eleccions primàries que, per motius que escapen a aquest article no m'acaben de convèncer, veiem aparèixer una dona, Teresa Rodríguez, qui, al meu parer, fa saltar el tauler de 'Podemos' i de qualsevol pràctica política que jo hagi conegut fins ara. Conec Teresa des de fa anys. Hem compartit idees, debats, manifestacions i discrepàncies. No obstant això, recentment la veig de nou, gairebé per primera vegada. Gaditana, professora de secundària i sindicalista, Teresa no espera que el deixin espai sinó que l'ocupa i el fa seu. Feminista, ecologista, inesgotable dissident de l'Europa fortalesa i dels mercaders; obstinada defensora del dret del poble català a decidir el seu model d'Estat i el seu futur, Teresa representa per a mi un lamentablement rar espècimen d'integritat: sense amagar asos a la màniga, incapaç de càlculs electorals, plena de força i alhora profundament tendra: capaç d'emocionar, de fer-nos creure que una altra política i un altre món són possibles, i que podem comptar amb ella de manera incondicional per construir-los.

Teresa no només aposta per fer polítiques en benefici del 99% sinó sobretot per una altra manera de fer política: amb un peu a les institucions i mil als carrers. Ens ensenya, ens llança un gest de complicitat, ens recorda les dones, a les feministes, que podem perdre la paciència i donar un cop sobre la taula: que podem prendre el que és nostre sense esperar que ens donin permís; que les nostres reivindicacions són innegociables i els nostres principis també. Fuig dels personalismes, inclòs el seu i, molt al seu pesar, això la fa encara més irresistible. Pocs dies enrere exclamava davant centenars de persones que el problema no és que el poder corrompi sinó que els i les incorruptibles encara no ho han pres per transformar-lo. Així Teresa: humil, lleial, poderosa i real. Molt real. Amb capacitat d'inspirar a les persones a trobar i creure en el millor d'elles mateixes, de somiar amb nous principis. Una de les nostres. De les feministes també. Convençuda que aquesta vegada la nostra lluita no es pot quedar a mitges. Fèrria desobedient de les retallades socials i democràtics. El que veus és el que hi ha i el que hi ha t'omple d'esperança. Massa honesta per aspirar a representar però massa ella com per no fer-ho, Teresa ens insta a perdre la paciència i escriure amb ella noves receptes en què siguem, aquesta vegada sí, nosaltres les protagonistes.

Una de las principales debilidades de 'Podemos' en sus inicios ha sido el marcado talante masculino de sus caras visibles pero vemos aparecer ahora a una mujer, Teresa Rodríguez, quién hace saltar el tablero.

Siento gran fascinación por la relación que históricamente se ha dado entre la izquierda y/o el movimiento obrero y el feminismo. Autoras como Heidi Hartmann o Cinzia Arruzza la han caracterizado como una extraña combinación entre matrimonios y divorcios; entre encuentros y desencuentros; como uno de aquellos amores que matan o, como mínimo, hacen sufrir.

Nos hace sufrir, claro está, a las feministas comprometidas con la izquierda, ya que hemos tenido (y tenemos) que enfrentarnos de modo más frecuente del que nos gustaría o bien a una teorización explícita de que “las cosas de mujeres” son secundarias a reivindicaciones sociales “más amplias” o bien a nuestra políticamente correcta y superficial inclusión en los espacios políticos y de movilización social. Hemos realizado avances, no hay duda. Pero no hay duda tampoco de que el feminismo no es eso. Podemos y debemos aspirar a mucho más.

Nos encontramos en un momento importante. Los ataques de la derecha neofranquista contra las libertades de las mujeres amenazan, por un lado, con eliminar avances en igualdad de género que habíamos batallado durante décadas aunque, por el otro, la ponen en evidencia ante la sociedad, el mundo y sus propias filas al constatarse el escaso apoyo ciudadano con el que cuentan. Presenciamos, a su vez, la aparición de propuestas políticas como la CUP-Alternativa d’Esquerres y el Procés Constituent en Catalunya, cuyo leitmotiv es construir maneras alternativas de pensar y hacer política; que cuentan entre sus filas con mujeres llenas de fuerza, inspiración y capacidad para remover las aguas estancadas de la política institucional y situar las reivindicaciones feministas en el centro del debate. A escala estatal, por otro lado, hemos visto surgir recientemente a Podemos, cuyo objetivo primordial a corto plazo ha sido el lanzamiento de una candidatura unitaria a las elecciones al Parlamento Europeo en clave de ruptura con el régimen institucional actual y presentando como uno de sus ejes principales la defensa del derecho de las mujeres a decidir libremente sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Dicho esto, tal y como escribí hace semanas en otro espacio, una de las principales debilidades de Podemos en sus inicios ha sido el marcado talante masculino de sus caras visibles que, si bien capaces e inspiradoras, no me transmiten, como feminista, la habilidad, el deseo o la capacidad de representar mi lucha y apropiarse de ella para extenderla, para airearla con orgullo, para comprenderla en aras de hacerla más fuerte.

En las últimas semanas, sin embargo, iniciadas ya unas elecciones primarias que, por motivos que escapan a este artículo no me acaban de convencer, vemos aparecer a una mujer, Teresa Rodríguez, quién, a mi parecer, hace saltar el tablero de Podemos y de cualquier práctica política que yo haya conocido hasta ahora. Conozco a Teresa desde hace años. Hemos compartido ideas, debates, manifestaciones y discrepancias. No obstante, recientemente la veo de nuevo, casi por primera vez. Gaditana, profesora de secundaria y sindicalista, Teresa no espera a que le dejen espacio sino que lo ocupa y lo hace suyo. Feminista, ecologista, inagotable disidente de la Europa fortaleza y de los mercaderes; obstinada defensora del derecho del pueblo catalán a decidir su modelo de Estado y su futuro, Teresa representa para mí un lamentablemente raro espécimen de integridad: sin esconder ases en la manga, incapaz de cálculos electorales, llena de fuerza y a su vez profundamente tierna: capaz de emocionarnos, de hacernos creer que otra política y otro mundo son posibles, y que podemos contar con ella de manera incondicional para construirlos.

Teresa no sólo apuesta por hacer políticas en beneficio del 99% sino sobre todo por otra manera de hacer política: con un pie en las instituciones y mil en las calles. Nos enseña, nos lanza un guiño, nos recuerda a las mujeres, a las feministas, que Podemos perder la paciencia y dar un golpe sobre la mesa; que Podemos tomar lo que es nuestro sin esperar a que nos den permiso; que nuestras reivindicaciones son innegociables y nuestros principios también. Huye de los personalismos, incluido el suyo y, muy a su pesar, eso la hace aún más irresistible. Pocos días atrás exclamaba ante centenares de personas que el problema no es que el poder corrompa sino que los y las incorruptibles aún no lo han tomado para transformarlo. Así es Teresa: humilde, leal, poderosa y real. Muy real. Con capacidad de inspirar a las personas a encontrar y creer en lo mejor de ellas mismas; de soñar con nuevos principios. Una de las nuestras. De las feministas también. Convencida que esta vez nuestra lucha no se puede quedar a medias. Férrea desobediente de los recortes sociales y democráticos. Lo que ves es lo que hay y lo que hay te llena de esperanza. Demasiado honesta para aspirar a representarnos pero demasiado ella como para no hacerlo, Teresa nos insta a perder la paciencia y escribir con ella nuevas recetas en las que seamos, esta vez sí, nosotras las protagonistas.

A una semana de la Diada del 11 de septiembre todo apunta a que la Vía Catalana organizada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) va a ser un gran éxito. El alto nivel de participación con el que previsiblemente contará, su repercusión mediática en los últimos meses, así como su capacidad aglutinadora de buena parte de las voces soberanistas del territorio, constituyen un claro síntoma del avance cuantitativo y cualitativo de las posiciones tanto por el derecho democrático a decidir el futuro de Cataluña como de una apuesta explícita por la independencia. Parafraseando a Heidi Hartmann, la unión entre España y Cataluña ha sido como el matrimonio entre hombre y mujer defendido tradicionalmente por las cavernas político-religiosas: España y Cataluña son una, y esa una es España. Hasta hace poco el dilema radicaba en conseguir un matrimonio más saludable o bien empezar a preparar los papeles del divorcio. Y la primera opción pierde fuerza a ambas orillas del Ebro.

Desde su nacimiento en abril de 2011, la ANC ha sido fundamental para el arraigo del sentimiento independentista en la sociedad catalana, así como para darle visibilidad. No ha resultado menos decisivo, por otra parte, el autismo reaccionario proveniente del gobierno estatal, desde la gestión del Estatut por parte del gobierno del PSOE hasta las no por numerosas menos insólitas agresiones por parte del gobierno del Partido Popular, como la declaración de intenciones de españolizar a los y a las niñas catalanas. Frente a estos ataques, las posturas federalistas defendidas desde Cataluña quedan cada vez más desvirtuadas. Como decía alguien hace poco, para jugar al tenis debe haber alguien al otro lado de la red. Sino únicamente estamos lanzando pelotas arriba. Y seguramente también afuera.

No podemos olvidar, sin embargo, que las movilizaciones y expresiones soberanistas no han sido la única voz en la calle durante los últimos años y, particularmente, desde que estalló la crisis económica. Desde el año 2008 hemos asistido a docenas de manifestaciones contra Expedientes de Regulación de Empleo, un masivo y espectacular movimiento 15-M expresando que “no somos mercancías en manos de políticos y banqueros”, ocupaciones de CAP, hospitales, consultorios, escuelas y universidades contra las políticas de austeridad de los gobiernos de Madrid y de la Generalitat; tres huelgas generales contra los recortes a las pensiones y las reformas laborales y decenas de huelgas sectoriales o localizadas, incontables actos de desobediencia ciudadana para detener desahucios, crecientes denuncias feministas contra las políticas misóginas de la derecha catalana y española y, entre muchas otras, la propuesta de una auditoría ciudadana para impedir el pago de la deuda ilegítima y odiosa.

El más que seguro éxito de la Vía Catalana será un indicio irrefutable de la evolución de la sensibilidad política nacional de una parte importante de los y las catalanas, pero un análisis riguroso del momento que estamos viviendo no puede ignorar el aumento y profundización de las críticas contra las políticas de austeridad y los recortes, así como de la desconfianza ciudadana hacia la clase política que nos ha conducido a esta crisis y pretende hacernosla pagar. Las masivas movilizaciones a favor de la independencia de Cataluña o por el derecho a decidir no deben borrar las asambleas multitudinarias en las plazas del conjunto del país que han exigido una sociedad más justa o un sistema político verdaderamente participativo y transparente, sino que constituyen otra canalización del creciente malestar social hacia el régimen de la Transición, la especulación, la corrupción, la impunidad, la desmemoria, el empobrecimiento de la mayoría y los privilegios de unos pocos.

Vivimos un momento excepcional, tanto en la vertiente nacional como en la social. Y, mientras resulta imprescindible abandonar soliloquios estériles y empezar a hacer camino en lo nacional, es igualmente fundamental aprovechar la oportunidad histórica que se nos abre para hablar del derecho a decidir en todas sus dimensiones. El matrimonio entre España y Cataluña hace tiempo que se encuentra en crisis, sí, y lo más deseable en estos momento es un divorcio exprés, sí, pero la DEMOCRACIA en mayúsculas agoniza, y la miseria y sufrimiento generados por la crisis y su gestión por parte de TODOS los gobiernos son cada vez más injustos e insostenibles. Ante esto, como diría Arcadi Oliveres, no basta con que pasen de “engañarnos” y “escañarnos” a hacerlo con ny y guión [como se escribiría en catalán]. Podemos y debemos aspirar a mucho más.

Es este el sentido y la razón de ser de la acción Encerclem La Caixa (Rodeemos La Caixa) convocado por el Procés Constituent, y no -como algunas voces han defendido- hacer competencia desleal a la Vía Catalana o restarle protagonismo. Es imposible prever cuál será el destino del camino que estamos recorriendo, pero rodear La Caixa añade a la necesidad de poder decidir como pueblo, la urgencia de poder hacerlo también como ciudadanía: sobre cómo se distribuyen los recursos públicos, sobre la calidad de nuestras escuelas, sobre la atención a las personas enfermas, sobre el derecho a la vivienda, sobre el pago de la deuda, sobre nuestros cuerpos... ¡sobre todas las esferas de nuestras vidas! Y esto no resta centralidad al movimiento por la independencia sino que busca llenarlo de contenido democrático.

Como cualquier acontecimiento histórico, los procesos soberanistas no son nunca socialmente neutros, y el Procés Constituent trabaja para que el nuestro se ponga al servicio de la mayoría. Decir que las reivindicaciones sociales dividen en un día tan significativo como el 11 de septiembre; decir que en la Diada no toca hablar de derechos sociales, o sea que ya pondremos el poder financiero en su lugar cuando tengamos un Estado propio, no sólo es una falacia sino que además resulta profundamente peligroso. Madrid nos roba, y sin duda hace mucho tiempo que el gobierno español nos falta el respeto, pero no es menos cierto que también lo hacen Artur Mas y sus compadres privatizando hospitales, cerrando centros de salud, aumentando las tasas universitarias, criminalizando los movimientos sociales, convirtiendo nuestras ciudades en parques temáticos, promoviendo la impunidad de la violencia policial y la corrupción política, votando con el PP a favor de la constitucionalización de la austeridad, priorizando los pagos a la banca por encima de los de las entidades sociales y, entre otras muchas hazañas, bautizando calles con nombres de personajes franquistas, como se plantea hacer en Barcelona con Samaranch. Yo quiero una República Catalana, pero no quiero la que me ofrecen ellos ni la quiero gobernada por sus intereses.

La independencia de Cataluña no puede ser parcial ni a cualquier precio. Es un destino en sí misma pero sobre todo debe constituir el camino hacia una sociedad más justa; ha cer servir para sacar la democracia del coma y repensarlo todo, repensarnos a todos, de nuevo. Uno de los grandes valores de la Vía Catalana es que está organizada, encabezada y protagonizada por la sociedad civil, y merece todo el apoyo. El cerco de La Caixa es a su vez una apuesta para que la independencia sea la del 99%, para que el inevitable divorcio nos lleve una mejor vida y para que la sustitución de la ñ no sea meramente folklórica ni conduzca a cambiarlo todo para que, en el fondo, todo siga igual. Los y las que no están de acuerdo es o porque todavía no lo han entendido o porque ya les interesa que sea así. En cuanto a los primeros, tendremos que hablar más claro, hacernos comprender y seguir construyendo puentes. En cuanto a los segundos, no tengo ninguna duda: tenemos que seguir señalándolos, hablar más alto que nunca y seguir empujando muy fuerte.

A una setmana de la Diada de l’11 de setembre tot apunta que la Via Catalana organitzada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) serà un gran èxit. L’alt nivell de participació amb què previsiblement comptarà, la seva repercussió mediàtica durant els darrers mesos, així com la seva capacitat aglutinadora d’una bona part de les veus sobiranistes del país, constitueixen un clar símptoma de l’avenç quantitatiu i qualitatiu de les posicions tant pel dret democràtic a decidir el futur de Catalunya com d’una aposta explícita per la independència. Parafrasejant Heidi Hartmann, la unió entre Espanya i Catalunya ha estat com el matrimoni entre home i dona defensat tradicionalment per les cavernes político-religioses: Espanya i Catalunya són una, i aquesta una és Espanya. Fins fa poc el dilema raïa en aconseguir un matrimoni més saludable o bé començar a preparar els papers del divorci. I la primera opció perd força a ambdues ribes de l’Ebre.

Des del seu naixement l’abril del 2011, l’ANC ha estat fonamental per l’arrelament del sentiment independentista a la societat catalana, així com en la seva visibilització. No ha resultat menys decisiu, d’altra banda, l’autisme reaccionari provinent del govern estatal, des de la gestió de l’Estatut per part del govern del PSOE a les no per nombroses menys insòlites agressions per part del govern del Partit Popular, com ara la declaració d’intencions d’espanyolitzar els i les nenes catalanes. Front aquests atacs, les postures federalistes defensades des de Catalunya queden cada cop més desvirtuades. Com deia algú fa poc, per jugar a tenis cal algú a l’altra banda de la xarxa. Sinó únicament estem llançant pilotes enlaire. I segurament també fora.

No podem oblidar, tanmateix, que les mobilitzacions i expressions sobiranistes no han estat l’única veu al carrer durant els darrers anys i, particularment des que va esclatar la crisi econòmica. Des de l’any 2008 hem assistit a desenes de manifestacions contra Expedients de Regulació d’Ocupació, un massiu i espectacular moviment 15-M expressant que “no som mercaderies en mans de polítics i banquers”, ocupacions de CAP, hospitals, consultoris, escoles i universitats contra les polítiques d’austeritat dels governs de Madrid i de la Generalitat, tres vagues generals contra les retallades a les pensions i les reformes laborals i desenes de vagues sectorials o localitzades, incomptables actes de desobediència ciutadana per aturar desnonaments, creixents denúncies feministes contra les polítiques misògines de la dreta catalana i espanyola i, entre moltes d’altres, la proposta d’una auditoria ciutadana per impedir el pagament del deute il·legítim i odiós.

El més que segur èxit de la Via Catalana serà un indici irrefutable de l’evolució de la sensibilitat política nacional d’una part important dels i les catalanes, però una anàlisi rigorosa del moment que estem vivint no pot ignorar l’augment i aprofundiment de les crítiques contra les polítiques d’austeritat i les retallades, així com de la desconfiança ciutadana vers la classe política que ens ha conduït a aquesta crisi i pretén fer-nos-la pagar. Les massives mobilitzacions a favor de la independència de Catalunya o pel dret a decidir no han d’esborrar les assemblees multitudinàries a les places del conjunt del país que han exigit una societat més justa o un sistema polític veritablement participatiu i transparent, sinó que constitueixen una altra canalització del creixent malestar social vers el règim de la Transició, l’especulació, la corrupció, la impunitat, la desmemòria, l’empobriment de la majoria i els privilegis d’uns pocs.

Vivim un moment excepcional, tant en la vessant nacional com en la social. I, mentre que resulta imprescindible abandonar soliloquis estèrils i començar a fer via nacional, és igualment fonamental aprofitar l’oportunitat històrica que se’ns obre per parlar del dret a decidir en totes les seves dimensions. El matrimoni entre Espanya i Catalunya fa temps que es troba en crisi, sí, i el més desitjable en aquests moment és un divorci exprés, sí, però la DEMOCRÀCIA en majúscules agonitza, i la misèria i patiment generats per la crisi i la seva gestió per part de TOTS els governs, són cada cop més injustos i insostenibles. Davant d’això, com diria l’Arcadi Oliveres, no n'hi ha prou amb què passin d’“engañarnos” i “escañarnos” a fer-ho amb ny i guió. Podem i hem d’aspirar a molt més.

És aquest el sentit i la raó de ser de l’Encerclem La Caixa convocat pel Procés Constituent, i no -com algunes veus han defensat- fer competència deslleial a la Via Catalana o restar-li protagonisme. És impossible preveure quin serà el destí del camí que estem recorrent, però Encerclem La Caixa suma a la necessitat de poder decidir com a poble la urgència de poder fer-ho també com a ciutadania: sobre com es distribueixen els recursos públics, sobre la qualitat de les nostres escoles, sobre l’atenció a les persones malaltes, sobre el dret a l’habitatge, sobre el pagament del deute, sobre els nostres cossos, sobre totes les esferes de les nostres vides! I això no resta centralitat al moviment per la independència sinó que busca omplir-lo de contingut democràtic.

Com qualsevol esdeveniment històric, els processos sobiranistes no són mai socialment neutres, i el Procés Constituent treballa per a que el nostre es posi al servei de la majoria. Dir que les reivindicacions socials divideixen en un dia tan significatiu com l’11 de setembre; dir que a la Diada no toca parlar de drets socials; o dir que ja posarem el poder financer al seu lloc quan tinguem un Estat propi, no només és una fal·làcia sinó que a més resulta profundament perillós. Potser Madrid ens roba i sens dubte fa molt temps que el govern espanyol ens falta el respecte, però no és menys cert que també ho fan Artur Mas i els seus compares privatitzant hospitals, tancant centres de salut, augmentant les taxes universitàries, criminalitzant els moviments socials, convertint les nostres ciutats en parcs temàtics, promovent la impunitat de la violència policial i la corrupció política, votant amb el Partit Popular a favor de la constitucionalització de l’austeritat, prioritzant els pagaments a la banca per sobre dels de les entitats socials i, entre moltes altres gestes, batejant carrers amb noms de personatges franquistes. Jo vull una República Catalana, però no vull la que m’ofereixen ells ni la vull governada pels seus interessos.

La independència de Catalunya no pot ser parcial ni a qualsevol preu. És un destí en ella mateixa però sobretot ha de constituir el camí cap a una societat més justa; ha cer servir per treure la democràcia del coma i repensar-ho tot, repensar-nos tots, de nou. Un dels grans valors de la Via Catalana és que està organitzada, encapçalada i protagonitzada per la societat civil, i mereix tot el suport. L’encerclament de La Caixa és al seu torn una aposta per a que la independència sigui la del 99%, per a que l’inevitable divorci ens porti una millor vida i per a que la substitució de la “ñ” no sigui merament folklòrica ni condueixi a canviar-ho tot per a que, en el fons, tot segueixi igual. Els i les que no hi estan d’acord és o perquè encara no ho han entès o perquè ja els interessa que sigui així. Pel que fa als primers, haurem de parlar més clar, fer-nos comprendre i seguir construint ponts. Pel que fa als segons, no en tinc cap dubte: hem de seguir assenyalant-los, parlar més alt que mai i seguir empenyent ben fort.

El principal argument esgrimit pel neoconservadurisme en general, i l’espanyol en particular, en els seus atacs contra la interrupció voluntària de l’embaràs ha estat identificar la seva posició com a “defensora de la vida” i presentar la (irresponsable) llibertat de les dones a decidir com a irreductiblement contrària o, dit d’una altra manera, favorable a la mort. Més recentment, la polèmica està girant entorn a la intenció del Partit Popular de prohibir l’avortament fins i tot en casos de malformacions greus del fetus. S’acusa a les veus defensores de la interrupció lliure d’intentar esborrar del mapa a les persones amb diversitat funcional o intel·lectual, i Alberto Ruiz Gallardon s’erigeix, front la maldat i l’egoisme de les feministes, com el salvador universal de les dones veritablement dones, dels fetus i de les persones amb discapacitats.

Front això, em sembla important que des del feminisme treballem per desmuntar l’apropiació per part de la dreta de la defensa de la vida. Milers de dones moren intentant avortar en la clandestinitat, i les seves vides ens importen. A més, tal i com s’expressa a Hombres y Retrones, “es mucho más difícil para todos que una madre traiga al mundo a un niño ”normal“ en un poblado chabolista que a un niño Down en un chalet de la Moraleja”. La possibilitat d’una “vida (in)digna” ve condicionada per múltiples factors i, lluny de raure exclusivament en les nostres capacitats funcionals o intel·lectuals, depèn del nostre accés a recursos materials, a habitatge, a atenció sanitària, a una formació de qualitat i, entre molts d’altres, al respecte i reconeixement de la nostra comunitat. Tanmateix, aquells que prometen defensar totes les vides són els mateixos que retallen el minsos ajuts a la dependència, privatitzen l’educació i la sanitat, exclouen a les persones migrades de l’atenció mèdica, retallen els serveis socials, precaritzen el mercat laboral, congelen les pensions i bloquegen la ILP per la dació en pagament. Hipòcritament defensen els fetus a cops de Codi Penal, però una vegada aquests es converteixen en humans se’n desentenen negant-los els drets socials més bàsics. Si tant protegeixen la vida, faran torns amb la dona dedicada únicament i exclusiva a tenir cura de la seva filla paraplègica? Subvencionarà el ministre Wert la seva educació? Ajudarà Rouco Varela a netejar-li el cul? Li farà el sopar Mariano Rajoy? Garantirà Ana Mato que la mare pugui conciliar l’atenció amb una vida pròpia? Prioritzarà el PP l’atenció a les persones front el pagament del deute i el rescat dels bancs?

No defenso l’opció de l’avortament com a necessàriament fàcil, sinó que la reivindico com a imprescindiblement lliure. Ningú millor que una dona embarassada pot saber quina existència i quina dignitat podrà garantir en cas de decidir convertir-se en mare, i és per això que defensar la seva llibertat no és ni més ni menys que defensar la Vida en majúscules: una Vida amb veu i amb autonomia; una Vida d’oportunitats; una Vida amb justícia i igualtat; una Vida digna de ser viscuda.

El principal argumento esgrimido por el neoconservadurismo en general, y el español en particular, en sus ataques contra la interrupción voluntaria del embarazo ha sido identificar su posición como “defensora de la vida” y presentar la (irresponsable) libertad de las mujeres de decidir como irreductiblemente contraria, dicho de otro modo, favorable a la muerte. Más recientemente, la polémica está girando en torno a la intención del PP de prohibir el aborto incluso en casos de malformaciones graves del feto. Se acusa a las voces defensoras de la interrupción libre de intentar borrar del mapa a las personas con diversidad funcional o intelectual, y Alberto Ruiz Gallardon se erige, frente a la maldad y al egoísmo de las feministas, como el salvador universal de las mujeres verdaderamente mujeres, de los fetos y de las personas con discapacidades.

Frente a ello, me parece importante que desde el feminismo trabajemos para desmontar la apropiación por parte de la derecha de la defensa de la vida. Miles de mujeres mueren intentando abortar en la clandestinidad, y sus vidas nos importan. Además, tal y como se expresa en de Retrones y Hombres, “es mucho más difícil para todos que una madre traiga al mundo a un niño 'normal' en un poblado chabolista que a un niño Down en un chalet de la Moraleja”. La posibilidad de una “vida (in)digna” viene condicionada por múltiples factores y, lejos de yacer exclusivamente en nuestras capacidades funcionales o intelectuales, depende de nuestro acceso a recursos materiales, a vivienda, a atención sanitaria, a una formación de calidad y, entre muchos otros, al respeto y reconocimiento de nuestra comunidad. Sin embargo, aquellos que prometen defender todas las vidas son los mismos que recortan las exiguas ayudas a la dependencia, privatizan la educación y la sanidad, excluyen a las personas migrantes de la atención médica, recortan los servicios sociales, precarizan el mercado laboral, congelan las pensiones y bloquean la ILP por la dación en pago. Hipócritamente defienden a los fetos a golpes de Código Penal, pero una vez éstos se convierten en humanos se desentienden de ellos negándoles los derechos sociales más básicos. Si tanto protegen la vida, ¿harán turnos con la mujer dedicada única y exclusivamente a cuidar de su hija parapléjica? ¿Subvencionará el ministro Wert su educación? ¿Ayudará Rouco Varela a limpiarle el culo? ¿Le hará la cena Mariano Rajoy? ¿Garantizará Ana Mato que la madre pueda conciliar la atención con una vida propia? ¿Priorizará el PP la atención a las personas frente al pago de la deuda y el rescate de los bancos?

No defiendo la opción del aborto como necesariamente fácil, sino que la reivindico como imprescindiblemente libre. Nadie mejor que una mujer embarazada puede saber qué existencia y qué dignidad podrá garantizar en caso de decidir convertirse en madre, y es por ello que defender su libertad no es ni más ni menos que defender la Vida en mayúsculas: una Vida con voz y con autonomía; una Vida de oportunidades; una Vida con justicia e igualdad; una Vida digna de ser vivida.