Las métricas más comunes que utilizamos para medir la desigualdad no nos dan una imagen completa de la situación

Si nos hubiéramos fijado en la evolución de la desigualdad temporal, nos habríamos dado cuenta que aún en los años de crecimiento acelerado poco había cambiado en España

Mientras que en España la bajada de la desigualdad parece haber sido algo temporal, en EEUU el aumento del coeficiente de Gini es permanente

Desde que empezó la crisis, la desigualdad ha saltado a la palestra como uno de los temas principales, ya sea en el papel de causante de la crisis o en el de consecuencia de ella –o, por qué no, ambas cosas–. Sin embargo, a pesar de su relevancia y presencia en los medios, pocas veces se ha discutido las dos vertientes, o tipos, de desigualdad con respecto a ingresos.

Me explico. Las métricas más comunes que utilizamos para medir la desigualdad, como el índice de Gini o qué fracción de los ingresos totales de un país recibe el 10% de ciudadanos más ricos, son apenas fotos de un momento concreto, y no nos dan una imagen completa de la situación. Por poner un ejemplo, imaginad una sociedad en la que solo hay dos personas, Antonio y Beatriz. Antonio gana 3000 euros al mes, y Beatriz no gana nada. Cualquier persona diría que se trata de una situación muy desigual, en la que una persona recibe el 100% de los ingresos, y la otra el 0%.

Pero ahora imaginemos que al año siguiente se revierten los roles y Beatriz pasa a ganar 3000 euros al mes mientras Antonio se queda sin ingresos. Si tenemos en cuenta los dos años, de repente hemos pasado a una sociedad completamente igualitaria, en la que todos los individuos reciben el mismo salario. El coeficiente Gini de desigualdad para los dos periodos sería igual a 0, el valor más bajo.

La crítica habitual es el cuestionar el realismo de esta situación, ¿en cuántas sociedades se alternas salarios? Pero si lo analizamos con calma, y pensamos en etapas vitales en vez de en años o meses, es una situación más común de lo que nos imaginamos. Por ejemplo, un joven que deja su trabajo para hacer un máster aumentará la desigualdad de un país –porque dejará de percibir su salario– pero a la vez esperará ganar un salario más elevado una vez acabe. Alguien que deja su trabajo temporalmente para cambiar de sector también tendrá un efecto similar sobre las métricas de desigualdad.

Esto es lo que en la literatura sobre el tema se llama desigualdad temporal, porque desaparece cuando se tiene en cuenta el ciclo vital de cada individuo –como en el caso de la sociedad de Antonio y Beatriz. En una economía desarrollada, en todo momento hay Beatrices que están estudiando a la espera de un aumento salarial futuro o Antonios que se jubilan que están dándonos una imagen que no necesariamente se corresponde con la realidad –o, más bien, que se corresponde con la realidad pero que no es muy informativa–.

Conviene separar estas desigualdades desde un punto de vista de políticas públicas por su relevancia relativa. Podría argumentarse que el aumento del comercio internacional, la competencia y el descenso de la vida media de los trabajos –por el dinamismo con que productos y tecnologías aparecen y desaparecen– tiende a aumentar esta desigualdad temporal, ya que supone un número mayor de brechas de ingresos en la vida laboral de un individuo (los periodos durante los cuales está en transición de una empresa a otra, por ejemplo), sin que ello esté reñido con un nivel de ingresos mayor a lo largo de todo el ciclo vital y con una sociedad más igualitaria en el sentido permanente. Se trata, por lo tanto, de una desigualdad menos mala.

Por supuesto, este argumento teórico es interesante, pero sin evidencia empírica poco nos puede ayudar. Hoy voy a hablar de dos casos específicos, el de España y EEUU.

En España, como todo el mundo sabe, durante los años de crecimiento acelerado y boom inmobiliario, muchos jóvenes dejaron los estudios para trabajar en el sector de la construcción, que ofrecía salarios bastante competitivos. El resultado fue un incremento de la tasa de empleo y una disminución del coeficiente de Gini. Es decir, la ola de la burbuja consiguió elevar los salarios de los grupos socioeconómicos más desfavorecidos, reduciendo las diferencias. No obstante, como se puede apreciar en el gráfico, al estallar la burbuja crediticia, la desigualdad vuelve a despegar, hasta situarse en niveles que no veíamos desde hace más de diez años. El caso de España es relevante porque nos da un ejemplo de la desigualdad temporal a la inversa. Es una sociedad en la que tanto Antonio como Beatriz ganan €3000, pero el sueldo de Antonio tiene fecha de caducidad. Una vez más, si hubiéramos tomado como referencia varios periodos y nos hubiéramos fijado en el ciclo vital de cada individuo, nos habríamos dado cuenta de que poco había cambiado.

El problema de esta desigualdad temporal es que es difícil de medir, porque requiere seguir a los mismos individuos durante varios años. Por suerte, en el caso de EEUU, Jason DeBacker y sus coautores consiguieron hacerse con una gran base de datos que sigue el historial de ingresos de miles de individuos durante más de veinte años (en concreto desde 1987 a 2009). Lo bueno de esto es que nos permite comparar por un lado la desigualdad temporal y por el otro la permanente.

Los resultados son muy curiosos, si bien no muy esperanzadores. Para los ingresos masculinos (los datos no nos permiten ver los femeninos), la totalidad del aumento de la desigualdad de 1987 a 2009 fue resultado de factores permanentes. Es decir, el argumento de que parte del argumento del coeficiente de Gini es apenas el resultado de un mercado laboral más dinámico o una proporción mayor de estudiantes no parece sostenerse.

El punto positivo está en que en el caso del ingreso por hogares, los cuales sí tuvieron un componente de desigualdad temporal relevante, –aunque solo un 25% del aumento total, minoritario comparado con la desigualdad permanente–. Una explicación interesante podría ser la mayor participación de la mujer en el mercado laboral. Si una mujer trabaja, pero tiene un hijo y deja el trabajo durante unos meses, eso supondría un aumento de la desigualdad temporal, pero esta desaparecería una vez la madre se reincorpore al trabajo.

En conclusión, cuidado con la desigualdad. El coeficiente de Gini de un año en concreto nos ofrece una visión muy limitada de cómo de desigual es un país. Incluso cuando tenemos una serie amplia, la desigualdad de ingresos es muy difícil de medir. Si hay algo que hemos aprendido durante estas últimas semanas es que, a la hora de analizar datos, hay que andarse con mucho ojo. Mientras que en España la bajada de la desigualdad parece haber sido algo temporal, en EEUU el aumento del coeficiente de Gini es permanente, y resultado de otros factores. Pero eso queda para otras entradas.

Entre una población que no sabe leer y escribir y una que sí hay una brecha enorme, y la inversión necesaria para pasar de una a otra es minúscula comparada con los beneficios

El desarrollo del capital humano es vital para seguir creciendo, sin trabajadores formados no se puede competir

El estancamiento económico, sea en países pobres o en países ricos, tiende a suscitar bastante interés. A grandes rasgos, estas son las dos teorías: Los países desarrollados están condenados a niveles de crecimiento bajos (o cero) por el menor retorno de las nuevas tecnologías – opinión que, por cierto, no comparto –. Los países pobres, por su parte, están en un equilibrio perverso que no les permite crecer sin ayuda extranjera (idea defendida por Jeffrey Sachs, entre otros). Entre esas dos está la trampa de los países de ingresos medios, que aparece cuando un país llega a un determinado nivel de ingresos y agota sus posibles fuentes de crecimiento, quedándose estancado.

La idea está relacionada con las low hanging fruit, o frutas que podemos coger de los árboles con facilidad, un concepto popularizado por economistas como Tyler Cowen. La teoría es que hay una serie de frutas, como la alfabetización masiva de la población, que son relativamente fáciles de alcanzar y que permiten un crecimiento enorme de la productividad, aumentando rápidamente el nivel de vida. Entre una población que no sabe leer y escribir y una que sí hay una brecha enorme, y la inversión necesaria para pasar de una a otra es minúscula comparada con los beneficios. Ese es el salto que tuvieron que dar muchos países pobres para convertirse en países de ingresos medios.

El resto es cómo seguir creciendo después. El economista Barry Eichengreen sacó hace poco un paper nuevo sobre el tema, acompañado de un artículo en VoxEU, que aporta datos interesantes. Más allá de cuáles son las bandas de PIB per cápita en que ocurren estos estancamientos o slowdowns (según Eichengreen oscila entre 11000 y 15000 dólares de 2005), me parece más relevante preguntarse cuáles son las causas y las posibles soluciones de estos episodios. Eichengreen apunta a varios factores, de los cuales señalo estas tres, por resumir bien las explicaciones de oferta y demanda:

Primero, . La clave está en que la oferta educativa tiene que ser intensiva (calidad) además de extensiva (cantidad). Para que la productividad siga creciendo, el sistema educativo debe estar preparado para ofrecer formación a niveles superiores, y que además sea relevante y útil en el mercado laboral.

Segundo, por el lado de la demanda, una moneda que de forma consistente se mantiene por debajo de su precio de equilibrio seguirá fomentando sectores de poco valor añadido que compiten por salario y no por calidad y know-how. No podemos olvidar que gran parte de la formación de los trabajdores la llevan a cabo las empresas. Es decir, además de fomentar el capital humano a través del sistema educativo, es necesario garantizar que a las empresas les interese centrarse en sectores que hagan buen uso de ese capital humano y sigan invirtiendo en desarrollarlo.

Cuando las tornas no cambiaron

Un argumento común para atacar la idea del contrato único es relativizar la importancia que tienen los costes de despido sugiriendo que estos no son tan onerosos como se plantea a menudo. Los autores argumentan que, a pesar de que allá por los inicios de la crisis en 2008 y 2009 el número de empleos temporales destruidos fue mayor, hoy en día se destruyen más empleos indefinidos que temporales, por lo que las diferencias entre trabajadores y contratos no pueden ser tan grandes. Los números ofrecidos son, por desgracia, un efecto estadístico. Pensamos que lo que importa a la hora de analizar la desigual protección de trabajadores indefinidos y temporales no es la pérdida de empleos absolutos, sino la probabilidad de pérdida de empleo de cada trabajador. Y esta tasa apenas ha cambiado desde que comenzó la crisis, como se puede observar en el gráfico a continuación. De cada 100 trabajadores con contrato temporal en el primer trimestre de 2009, 14 habían perdido su empleo el trimestre siguiente. El número para indefinidos es 7 veces menor, un 2%. Los últimos datos que tenemos son aún peores. En el tercer trimestre de 2012, el 18% de los temporales perdió su empleo. Solo un 2% de los indefinidos perdió el suyo.

¿Cómo es posible entonces que hayamos pasado de una situación en que el 96% de los empleos destruidos sean temporales a una en que el número de indefinidos que pierden su empleo sea ligeramente superior? Imagínense una jarra de agua de 1 litro a la que se le retira el 15-20% de la cantidad en cada periodo. La cantidad de agua menguará rápidamente, de forma que en el 4º periodo solo quedará medio litro. De igual manera, la cantidad de agua que se retira en cada periodo menguará también, porque un 20% de 1 litro son 200ml y un 20% de medio litro apenas son 100ml. Este es el caso de nuestros trabajadores temporales, una rapidísima disminución del número de empleos, que no varía en porcentaje pero sí en términos absolutos porque cada vez quedan menos empleos. En cambio, los indefinidos son una jarra de 2 litros de la que apenas se retira el 2% de la cantidad cada periodo, unos 20ml. Como pueden imaginarse, llegará un momento en que la cantidad retirada en términos absolutos de la botella de 1 litro sea similar a la que retiramos de la botella de 2 litros, que es lo que ha ocurrido.

La razón por la que se destruyen más empleos indefinidos que temporales a día de hoy en España es que ya se han destruido la mayoría de empleos temporales. Las probabilidades de pérdida de empleo se mantienen más o menos constantes, pero en la jarra de los temporales quedan muy pocos empleos. Las tornas no se han cambiado; los temporales siguen en clara y evidente desventaja.

La fragmentación del ordenamiento jurídico laboral o los inesperados efectos del incrementalismo

La evolución de la legislación laboral en España se puede caracterizar por lo que en política públicas se denomina un patrón “incrementalista”. En la medida en que han ido apareciendo patologías, se han intentado solucionar con cambios marginales –típicamente creación de nuevos contratos y bonificaciones- pero nunca se ha tenido el coraje de tomar la distancia necesaria y enfrentar una reforma global en el marco de un contrato social más justo y más eficiente.

Casi tres décadas de incrementalismo se han traducido en un ordenamiento jurídico muy fragmentado que ha buscado cubrir con regulaciones ad hoc todos y cada uno de lso casos concretos. Así aunque las bonificaciones de los contratos y la precariedad son problemas diferenciados (aunque no independientes), las razones por las que las bonificaciones han resultado estar mal diseñadas reflejan una “filosofía” regulatoria similar a la que ha guiado la creación de contratos atípicos.

En efecto, ambas series de soluciones parten de la idea que es posible solucionar un problema (como el paro joven o la inserción en el mercado laboral) como si se tratara de un caso independiente, sin modificar el resto de la regulación. La problematicidad de querer regular exhaustivamente cada uno de los casos concretos proviene de la dificultad de enumerar de forma suficientemente exhaustiva todos y cada uno de los casos. Esto va a generar dos tipos de problemas. Por un lado, la creación de un estatus especial va a favorecer a unos grupos artificialmente frente a otros, creando los que los economistas llaman un “efecto sustitución”. El hecho de crear un contrato temporal para menores de 30 años, por ejemplo, hará que entre dos personas idénticas que difieran únicamente en su edad (mayor o menor de 30 años), el empresario se decida por el primero condenando al segundo al paro. De forma más realista, el hecho de que exista un contrato de obra que se extingue con el fin de un proyecto, va a favorecer que una empresa tienda a favorecer aquellas actividades de naturaleza “temporal”. El efecto sustitución afecta por tanto a la composición del empleo, no a su volumen y explica por qué a la hora de decidirse por una fórmula de contratación, las empresas se decidan por la que les otorga mayor discrecionalidad en detrimento de la alternativa.

En segundo lugar, una regulación “casuística” de este tipo es siempre, necesariamente, más difícil de hacer cumplir. Si el menú de contratos para elegir es más amplio, es más fácil para un empresario encontrar en el catálogo un caso que se adapte a su situación y le permita sortear la contratación indefinida. Del mismo modo que la creación de deducciones fiscales facilita su trabajo a los asesores fiscales creando oportunidades masivas para los arbitrajes regulatorios que no necesariamente son constitutivas de fraude (este es el caso de lo que en derecho tributario se llama “economías de opción”), los contratos atípicos facilitan el trabajo a los abogados de las empresas.

Naturalmente, se podría argumentar que esto no es un argumento para eliminar el casuismo, sino para hacerlo cumplir más enérgicamente. Es posible, tal vez, que la tasa de temporalidad en España no se explique por su ordenamiento jurídico que crea oportunidades para el abuso, sino por la tolerancia de este. Pensamos que existen motivos para dudar de esta explicación. Para ello podemos ver en el gráfico de abajo que España no es precisamente un país cuya inspección de trabajo tenga pocos recursos.

El argumento a favor del contrato único nace de la constatación de que el arte de hacer políticas públicas tiene mucho más que ver con lograr un objetivo mediante una legislación que los agentes implicados tengan incentivos para no eludir que con poner reglas especialmente duras, lo que los economistas llaman diseñar mecanismos que cumplan la condición de “compatibilidad de incentivos”.

Casuismo y causalidad en el despido

Una crítica que se ha dirigido a la idea del contrato único con indemnización creciente es que, al “descausalizar el despido”, esto abriría la puerta a la arbitrariedad empresarial y, además, sería inconstitucional. Pensamos que existen motivos para ser muy escépticos sobre esto.

En primer lugar, cabe argumentar que la mejor forma de proteger a los trabajadores frente al empresario no es necesariamente mediante la judicialización de la relación laboral, sino fortaleciendo la posición negociadora del trabajador al reducir su dependencia del empresario. Las socialdemocracias nórdicas han optado por esta avenida mediante un esquema de “flexiseguridad” muy similar al que aparecía en la propuesta original. Los pilares de esta estrategia son dos. En primer lugar, la “amenaza” de ser despedido es mucho menos efectiva cuando los trabajadores gozan de un seguro por desempleo generosa –una protección que por motivos políticos muy ligados a la dualidad en España ha evolucionado en un sentido restrictivo. La idea es por tanto no proteger los puestos de trabajo, sino proteger a la persona en sus transiciones entre puestos de trabajo con un seguro de desempleo generoso y políticas activas. En segundo lugar un efecto bien documentado de los costes de despido es el de reducir simultáneamente la destrucción y la creación de empleo a la vez, además de incrementar la duración media del desempleo, de modo que si realmente se volviera más barato despedir, el desempleo se volvería menos doloroso porque sería más fácil encontrar un empleo nuevo.

En segundo lugar, el efecto de obligar a justificar el despido es naturalmente el de convertir esa causalidad en contenciosa llevando a la judicialización del conflicto. Una legislación que genere contensiosidad no solamente genera costes procesales (tanto explícitos, como en términos de tiempo) de los que nadie se apropia (salvo los abogados), sino que además aumenta la incertidumbre sobre el verdadero coste del despido. La importancia de estos costes quedaba reflejada en que con anterioridad a la reforma, los empresarios preferían no ir a juicio y aceptar la improcedencia del despido (el llamado “despido express”).

Naturalmente, se podría argumentar que, aún pudiendo ser una medida efectiva, esto vulnera el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Ante esta crítica, cabría decir naturalmente que esto puede hacer la reforma política y legalmente inviable, pero no la convierte en inefectiva. Pero aún aquí pensamos que hay razones para el escepticismo (por ejemplo). El llamado despido express, cuya constitucionalidad nunca fue puesta en duda, permitía de facto sortear la causalidad en el despido, de modo que no es difícil pensar en que será posible diseñar algún mecanismo de este tipo con un recurso procesal dónde el papel del juez quede limitado a controlar casos de discriminación o vulneración de derechos fundamentales. Este mecanismo podría diseñarse, por ejemplo, mediante una redefinición suficientemente amplia de las causas de despido, de las reglas de prueba y una reforma que endurezca de las reglas de admisión a trámite del recurso.

El empleo temporal o el problema del huevo y la gallina

Otro argumento habitual en contra del contrato único es que la temporalidad en España no es fruto de nuestro extenso menú de contratos laborales y de las diferencias entre ellos, sino que viene determinada por nuestra famosa estructura productiva. Esta explicación parte de la constatación de la gran importancia que tienen en nuestro tejido industrial las PYMES o sectores como la construcción o el turismo para argumentar que existe una demanda natural de este tipo de trabajadores que el menú de contratos se limita a cubrir. Por lo tanto, se dice, unificar todos los contratos sería inútil, ya que el mercado se encargaría de reproducir los mismos patrones bajo la nueva legislación. Son las llamadas “explicaciones de demanda”.

Por suerte este es un problema, como tantos otros, que la evidencia empírica nos puede ayudar a solucionar. Y los datos apuntan en dirección contraria. En primer lugar, es importante subrayar que aunque observáramos una alta correlación entre determinados sectores y la temporalidad, esto no implicaría necesariamente que la causalidad vaya de la estructura productiva a la regulatoria: es perfectamente posible que vaya en sentido contrario. Precisamente, la evolución temporal del empleo en estos sectores dónde la creación de contratos temporales precedió al aumento del peso de los mismos indicaría que la causalidad va en la dirección contraria.

Un análisis detallado de la evidencia permite ver que el vínculo causal entre estructura productiva e instituciones es cuanto menos ambiguo. El sociólogo económico Javier Polavieja ha dedicado una buena parte de su carrera a analizar el problema de la precariedad laboral en España. Es posible encontrar un buen resumen de su pensamiento en un excelente artículo de 2005 de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas donde analiza de forma comparada la temporalidad y sus posibles causas. La conclusión es clara: una análisis estadístico riguroso revela que la tasa de temporalidad de España (la más alta de la OCDE) es muchísimo más elevada de lo que nos correspondería dada la importancia relativa de nuestros sectores temporales o volátiles. O, en otras palabras, nuestra estructura productiva no justifica nuestra elevada tasa de temporalidad. Por si fuera poco, esta temporalidad no es una característica exclusiva de nuestros sectores volátiles, sino que está presente en el resto de la economía. Tanto es así que nuestros sectores menos volátiles como las manufacturas o el transporte sufren una tasa de temporalidad mayor que la de los sectores más volátiles del resto de países. España es un campeón indiscutible en términos de precariedad.

Polavieja llega a un resultado similar comparando la importancia de los empleos de cuello blanco o el peso de las PYMES en el tejido industrial: tanto en las ocupaciones más cualificadas, como en la totalidad de nuestra estructura productiva, la temporalidad es mayor de lo que se esperaría.

En cambio, el análisis de Polavieja muestra que las instituciones sí que juegan un papel muy relevante; las leyes y regulaciones sobre la protección del empleo indefinido y la estructura de la negociación colectiva contribuyen a determinar los niveles de temporalidad que observamos hoy en día. En concreto, no se trata de que la protección del trabajo sea alta, sino de que el diferencial de protección entre contratos temporales e indefinidos sea tan abrumadora la que causa este problema. Además, el hecho de que los trabajadores indefinidos tengan más representación y poder de negociación en los convenios tiende a acentuar este problema. Estos dos factores, encuentra Polavieja, unidos a los grandes shocks de desempleo que vivimos de forma periódica en España, son los grandes culpables de la temporalidad.

Como venimos diciendo, muchas de las críticas dirigidas a la idea del contrato único no se sostienen.

En definitiva, estamos lejos de ser prisioneros de la temporalidad por nuestra naturaleza o la de nuestra economía. Es más, el castigo es autoimpuesto: estamos sufriendo las consecuencias de un mal diseño institucional y regulación de nuestro mercado laboral. Y creemos que es hora de cambiarlo.

Hay una relación bastante sólida entre el nivel educativo de un país y su crecimiento económico

Mientras los gobiernos se enfocaban en mejorar el acceso a la universidad, no se prestaba la suficiente atención a los estudiantes que dejaban los estudios, cuando precisamente son estos los más desprotegidos

El reto de cómo reincorporar a los jóvenes que dejaron los estudios antes de tiempo o no llegaron a cursar estudios superiores es importantísimo

En España más y más a menudo se escucha la palabra dualidad, lo cual es positivo porque significa que está entrando a formar parte del debate. Naturalmente, lo normal es que se refiera al mercado laboral, y a la brecha nefasta que existe entre los trabajadores con contratos indefinidos y los que no tienen otra que tienen que resignarse a contratos temporales o, aún peor, el paro. Un problema sobre el que, por cierto, ha hablado extensamente Pablo Simón.

Aprovecho este tirón para hablar de otros tipos de dualidad que son igualmente dañinos y además están relacionados con la dualidad del mercado laboral. Hablo de la dualidad en niveles de educación, especialmente entre universitarios y no universitarios. El incrementar el nivel de graduados universitarios es una de las propuestas favoritas de cualquier programa electoral (sea de izquierdas o derechas) porque, francamente, a muy poca gente le parece mal. Uno de los ejemplos más famosos es el del nuevo laborismo de Tony Blair, que allá por 2002 se propuso que el 50% de los jóvenes británicos fueran graduados universitarios.

Potenciar la universidad es una idea excelente. Hay una relación bastante sólida entre el nivel educativo de un país y su crecimiento económico, y nuestras economías necesitan a más trabajadores de alto capital humano. Como apuntan en el informe especial sobre el mercado de trabajo global del McKinsey Global Institute, se estima que para 2020 en los países desarrollados haya un déficit de 16 a 18 millones de trabajadores cualificados. Nadie duda de la necesidad de incrementar el número de jóvenes que tiene educación terciaria.

El problema surge cuando se descuida el resto del sistema educativo. Hace un año el think tank británico Demos publicó un informe titulado “The Forgotten Half” (La mitad olvidada) que precisamente se hacía eco de esta dualidad. Mientras los gobiernos se enfocaban en mejorar el acceso a la universidad, no se prestaba la suficiente atención a los estudiantes que dejaban los estudios, cuando precisamente son estos los más desprotegidos. Los graduados universitarios, además de tener salarios más altos, tienen una probabilidad mucho mayor de encontrar empleo, como se desprende de la siguiente gráfica, también procedente del informe del MGI.

Gráfica 1: Tasa de desempleo por nivel educativo alcanzado. McKinsey Global Institute Report.

En España también somos culpables de esta falta de atención a nuestra “mitad perdida”. No entraré a analizar en profundidad las causas, pero tanto el diseño institucional como las circunstancias económicas (léase, el efecto de la burbuja inmobiliaria) tienen mucho que ver con esto. Por un lado el boom del sector de la construcción y sus apetitosos salarios ofreció a los jóvenes una razón para dejar los estudios (aquí tenéis un documento del Banco de España que analiza los efectos), pero por otro lado el sistema educativo no ofrecía los incentivos suficientes para hacer que esos jóvenes se quedaran. Esta gráfica (aunque como no nos cansamos de decir en las ciencias sociales, correlación no es causalidad) ofrece un buen resumen de lo que ocurrió en España: Pasamos de una trayectoria claramente descendente de nuestra tasa de salida temprana del sistema educativo, a estancarnos a finales de los años noventa mientras Italia seguía mejorando.

El reto de cómo reincorporar a los jóvenes que dejaron los estudios antes de tiempo o no llegaron a cursar estudios superiores es importantísimo. Si hay algo que nos dice la experiencia, es que los empleos que desaparecen con cada crisis no vuelven jamás. No es sorprendente que se estime que para 2020 falten empleos para 32-35 millones de trabajadores low skills en el mundo desarrollado[1]. La economía siempre cambia pero raramente vuelve al estado anterior.

Es más, si el patrón que hemos estado viendo hasta ahora continúa, lo que veremos es un mercado laboral en que los trabajos tienen una vida media más y más corta. Hace siglos los cambios tecnológicos eran más lentos. Una innovación disruptiva tardaba mucho más en extenderse y en cambiar la economía. Ahora, no obstante, el cambio tecnológico deja industrias obsoletas en cuestión de pocos años. Basta preguntarse cuántos trabajadores emplea la industria de cassettes o VHS hoy en día.

Para no alargarme demasiado, y dado que la discusión de qué políticas funcionan y cuáles no se merece su propia entrada, me limitaré a mencionar tres enfoques generales que van en la dirección correcta:

Se trata, en definitiva, de diseñar un sistema flexible que asegure un crecimiento de nuestros niveles de capital humano y high skills, que esté enfocado hacia el 100% de nuestros jóvenes (y no solo hacia los graduados universitarios) y que además sea capaz de responder a los cambios y shocks de una economía globalizada.

[1] Es cierto que, si hay algo a lo que somos malos los economistas, son las predicciones. Por lo tanto cabe tomarse cualquier proyección a casi diez años cum grano salis.