Tanto el movimiento 15-M como Podemos, la indignación política en definitiva, están teniendo dificultades para encajar las demandas ‘particulares’ de mujeres feministas,  personas LGTB o inmigrantes. La indignación, en un discurso orgullosamente construido en la verticalidad, difumina las identidades pre-existentes para dibujar un relato sencillo de empoderamiento masivo y cambio sistémico general. Es el relato del ‘nosotros’, la gente corriente, los que no tenemos privilegios, que estamos abajo, frente a ‘ellos’ (la “casta” en el léxico de Podemos), que está por encima.

Las dificultades comienzan ante problemas que tienen que ver con personas que están, por así decirlo, al mismo nivel. ¿Cómo entender el problema, por ejemplo, de la homofobia, del racismo, o de la violencia contra las mujeres? ¿No es cierto que la gente corriente puede ser violenta, puede abusar, puede discriminar? ¿No se puede ser malo sin ser ‘casta’? Para evitar malentendidos: la indignación no es machista, u homófona, en el sentido que lo pudieran ser, por ejemplo, muchos votantes del Partido Popular. Tanto Podemos como el 15-M se han dotado de estructuras feministas ad hoc que han tenido un importante éxito en labores de visibilización y concienciación internas. Gracias a ellas, el movimiento 15-M, por ejemplo, evolucionó hacia posturas cada vez más inclusivas de las mujeres, tanto en términos de funcionamiento de las Asambleas y comisiones como en temas de resoluciones y propuestas. Podemos ha sido exquisito con la paridad de género en la composición de su Consejo Ciudadano.

Pero las propuestas en materia feminista (o LGTB, por poner otro ejemplo), son débiles. El “Manifiesto de Madrid”, documento que incorporaba por vez primera las demandas feministas al relato político del 15-M, relegaba el respeto a la diversidad al último puesto de una lista de 11 puntos; únicamente un reducido número de Asambleas 15-M tomaron postura explícita por la cuestión de la igualdad de género. Se votó una ‘resolución feminista’ en la Asamblea Constituyente de Podemos que, sin embargo, obtuvo un apoyo escueto de 2889 votos (7,01%), no superando el puesto 16. La resolución no hacía mención a los derechos sexuales y reproductivos: estos fueron objeto de una segunda propuesta que aún obtuvo un apoyo muy inferior. El espacio deliberativo en Vista Alegre reservado a las políticas de igualdad, o a las necesidades de los colectivos LGTBQ fue muy escaso. Y el núcleo duro de Podemos es masculino.

Esta alergia a las demandas específicas, particulares, puede explicarse de dos maneras diferentes. La primera es de naturaleza estratégica: la indignación teme que la defensa de identidades pre-existentes (‘izquierda’, ‘gay’, ‘feminista’, ‘ecologista’) haga descarrilar su discurso transformador. Es la estrategia de “definirse lo justo, para hacer concurrir fuerzas de izquierda, centro y derecha en torno a cuestiones que preocupan a todos”. La segunda explicación sugiere un conflicto substantivo entre la indignación y las identidades específicas, que podría incluso incluir dosis latentes de sexismo y homofobia. No faltan voces que detectan, por ejemplo, una hipermasculinización en la (muy hábil por otra parte) estrategia de comunicación política de Podemos, basada en la polarización, el combate cuerpo a cuerpo o la emotividad agresiva. Sea esto verdad o no, sí parece cierto que la experiencia real de muchas mujeres feministas en el movimiento 15-M, y en Podemos, ha sido, y está siendo, ambivalente, y en muchos casos insatisfactoria. Muchos testimonios convergen en lamentar el rechazo inicial hacia el feminismo en el seno del movimiento 15-M. Se han comentado denuncias de agresiones machistas, de diferente tipo e intensidad que, sin embargo, fueron mal resueltas por los responsables de las Asambleas. Cierto que algunas de estas Asambleas acabaron adoptando un lenguaje inclusivo y un mayor respeto al equilibrio de género en los turnos de palabras; pero esto ocurrió tras superar importantes resistencias. Como ha ocurrido siempre, las estructuras feministas se han tenido que volcar en la pedagogía y en la justificación de la presencia, desarrollando forzadamente formas de trabajo propias de partidos y sindicatos para conseguir poco más que la visibilidad de sus propuestas. En realidad, la propia existencia de estructuras de movilización y participación ‘para mujeres’ es contradictoria con el proyecto transversal de la indignación. Ni los ‘Círculos Feministas’ ni las ‘Asambleas Feministas’ deberían existir en un movimiento social que aboga por superar las formas de identificación política identitarias.

Que la indignación preste insuficiente atención a los particularismos puede tener importantes consecuencias. En el corto plazo, quizás el déficit de atención a la cuestión feminista explique la masculinización del apoyo a Podemos: en un país donde el género nunca tiene consecuencias electorales, no deja de sorprender el carácter masculino de los votantes potenciales a este partido político. Según los datos de intención directa del voto de Octubre 2014 (Cis), el 20% de los hombres tenía decidido votar a Podemos, frente a un 15% por parte de las mujeres. Ningún otro partido presentaba diferencias tan abultadas. Pero nos preocupan más las consecuencias al largo plazo: en la simplificación vertical del debate, se recuperan marcos discursivos que vuelven a distinguir entre temas que aparentemente son ‘en verdad’ importantes, y otros que al parecer no lo son. Se descuida la visibilidad y la presencia, y al hacerlo se contribuye, está por ver si voluntaria o involuntariamente, al desmantelamiento de un paradigma, institucionalizado en políticas de igualdad bien conocidas, que permitía a las minorías políticas y a otros grupos con demandas particulares un manera eficiente para la articulación de sus demandas. Un paradigma que nos permite criticar a Syriza por su paupérrimo tratamiento inicial a la cuestión de la paridad; y que nos permite, también, confiar en que Carolina Bescansa, la única mujer en el núcleo duro de Podemos, haya dejado de pensar que el aborto “no constituye potencial político de transformación y por lo tanto no es prioritario”.

¿Por qué ha sido notablemente más sencillo legalizar el matrimonio igualitario en España que en Francia, teniendo en cuenta los diferentes momentos temporales de ambos procesos legislativos y, también, las diferentes tradiciones históricas y políticas de ambos países? Es necesario recordar que, en España, la oposición a la legalización del matrimonio homosexual fue relativamente débil, centrada casi exclusivamente en el (fracasado) recurso al Tribunal Constitucional interpuesto por el PP. ¿No tendría que haber sido al revés? ¿No tendría Francia que haber sido el espejo en donde nosotros querríamos reflejarnos?

Vaya por delante mi negativa a aceptar las explicaciones cortoplacistas del tipo “la oposición al ‘mariage por tous’ no es una expresión del desprecio a los derechos de las minorías sexuales, sino una ‘excusa’ para castigar al Presidente Hollande por su política económica”. Creo que la cosa es un poco más complicada. Aunque las explicaciones no se agotan del todo en lo que prosigue, me gustaría discutir, al menos, tres circunstancias que se dan en Francia, pero que no están presentes en el caso español, y que pueden ayudar a entender por qué el mismo bocado ha causado una enorme indigestión en Francia cuando a nosotros nos sentó tan ricamente.

Empezando por lo aparentemente más evidente. La existencia, en Francia, de una activa e institucionalmente reconocida extrema derecha ofrece puntos de acceso a la agenda política a los argumentos que desafían convencionalismos basados en la corrección política; más aún, la legitimación parlamentaria proporciona incentivos para la movilización en la calle de votantes y simpatizantes de extrema-derecha (más de 6 millones de votantes en la primera ronda de las elecciones presidenciales de 2012), cuya proclividad hacia las estrategias de confrontación está más que demostrada. Así, mientras que en España ningún mimbro del PP osaría cuestionar, en público, la legitimidad moral de las decisiones familiares de las personas o parejas homosexuales, en Francia existe espacio público para representaciones publicas de la diferencia sexual en términos moralmente muy negativos. Famoso se ha hecho el político conservador Christian Vanneste , por ejemplo, el afirmar que la homosexualidad es una ‘aberración antropológica’.

La colonización absoluta de la derecha por parte del PP ha tenido un efecto sorprendentemente positivo para los derechos sexuales en España; la necesidad de contentar al centro ideológico ha impedido al PP discutir la asociación entre derechos sexuales y derechos humanos. Este partido, así, se ha visto arrastrado hacia posturas discursivamente favorables a la extensión del principio constitucional de la igualdad, con muy poco margen de maniobra para presentar una oposición basada en principios. Esta asociación, en cambio, sí ha sido brutalmente discutida en los Estados Unidos, y lo es también desde la extrema derecha europea, incluyendo la francesa. En España, las objeciones morales a la homosexualidad no tienen espacio en lo público; en Francia si. Este tipo de fracturas en la representación pública de los problemas genera incentivos para la movilización y la oposición activa a los avances en territorio de políticas morales, que dificultan el acuerdo y promueven las conocidas como ‘guerras culturales’.

En segundo lugar, en Francia el movimiento de lesbianas y gays no se ha mostrado tan solidamente unido en la defensa de la necesidad del matrimonio como ocurrió, y sigue ocurriendo, en España. La plataforma ‘homovox’, una iniciativa marginal pero muy publicitada, en la que (pocos) hombres y mujeres lesbianas y gays defendían su postura contraria al matrimonio igualitario, ha dado enorme espacio para los argumentos contrarios a la extensión del matrimonio civil a las parejas del mismo sexo. La clave, de nuevo, radica en encontrar fracturas en la definición pública de los problemas, que alteren los cálculos de costes y beneficios de los opositores radicales a las reformas en el terreno moral. Y es que no nos debería sorprender tanto que haya gente que piense lo siguiente: si hay hasta gays en contra del matrimonio entre gays, muy bueno no será, ¿no?

Y, finalmente, está la cuestión menos evidente, pero, a mi juicio, más importante. En España el debate nacional no es un debate sobre qué tipo de nación queremos ser, sino sobre si determinadas partes que, aparentemente, constituyen el todo nacional han de seguir siéndolo. En Francia, sin embargo, el debate nacional es un debate cultural, sobre qué comunidad se quiere crear y, también, hacia donde se ha de dirigir. Algunos de los análisis más prometedores del conflicto francés con el matrimonio igualitario apuntan en esta dirección:[1] el debate ha puesto de manifiesto la contraposición entre dos visiones de la república, una dinámica que inserta los principios de igualdad y justicia en un mundo cosmopolita y cambiante, y una estática que quiere aislar a la república del tornado de cambios culturales, políticos y económicos que definen el mundo globalizado de hoy en día. Una es una Francia plural, abierta a la diferencia sexual, a la inmigración, a las nuevas ideas; la otra es una Francia cerrada, celosa de su identidad, temerosa de lo que pueda venir.

No es cosa de elegir entre quien es peor enemigo, si los Obispos o los matones del Frente Nacional francés. Pero sí es importante reconocer que la peculiar configuración de nuestro sistema de partidos, la enorme habilidad estratégica del movimiento de lesbianas y gays español, así como las dinámicas propias a un conflicto territorial de corte tradicional han reducido enormemente los incentivos, en España, para la oposición al matrimonio igualitario como algo antiespañol o antidemocrático. En Francia, sin embargo, la radical transformación del matrimonio civil – recuérdese que en este país el matrimonio civil es obligatorio en todo caso, y no puede suplirse por una ceremonia religiosa – despierta el debate eterno sobre la identidad de lo francés, sobre los confines de la república, y sobre la capacidad real de cualquier comunidad política para asumir que las diferencias entre las personas no han de tener ninguna expresión en el ámbito de lo público y lo político.

[1] Me gustaría mencionar aquí en particular a la historiadora Camille Robcis, Cornell University (http://history.arts.cornell.edu/faculty-department-Robcis.php).

Las mujeres españolas se resisten a cambiar de opción electoral por mucho que un determinado partido político haya cuidado de sus intereses

Es la ideología, y no el género, lo que determina la satisfacción o la insatisfacción con las políticas

Los ciudadanos, da igual su género, valoran la igualdad de género como algo importante pero no urgente

A tenor de los datos de opinión pública, los Gobiernos de Rodríguez Zapatero no hicieron las cosas del todo mal en el terreno de la igualdad de género. Preguntados (y preguntadas) en noviembre de 2011, escasamente el 20% de los encuestados opinaban que las cosas se habían hecho mal, o muy mal, en este campo; ante cualquier otro tipo de decisiones, este porcentaje castigador superaba con facilidad el 50%. De manera más general, todos los datos de encuesta confirman que el PSOE es visto como el partido político que mejor defiende la igualdad entre hombres y mujeres. Siendo así las cosas, uno cabría esperar de las mujeres españolas cierta ‘gratitud’ para con el PSOE; ¿o no?

La preocupación por el impacto electoral de las políticas de igualdad animaba el estudio que Irene Martín (UAM, Madrid) y yo escribimos para South European Society and Politics en 2010.[1] Defendíamos allí que, sí, las mujeres son, y ya me preparo para la tormenta, unas ingratas: las mujeres españolas se resisten a cambiar de opción electoral por mucho que un determinado partido político haya cuidado de sus intereses. Ni lo hicieron en 2008, ni mucho menos lo han hecho en 2011.

Las condiciones para que las mujeres pudieran perfilarse como un grupo de apoyo firme a las políticas del gobierno socialista eran desde luego mucho mejores en 2008 (elecciones consideradas en aquel artículo). Tanto la ley integral contra la violencia de género como la ley de igualdad acababan de ver la luz; y la crisis económica aún vestía trajes de ‘desaceleración transitoria’ de la economía. Aún en ese contexto, las políticas de igualdad ofrecieron escasísimos frutos (electorales). Estas políticas ciertamente fortalecían la decisión de las mujeres votantes socialistas ya convencidas; las medidas en favor de la igualdad, sin embargo, no atraían hacia el PSOE a las mujeres votantes de IU -con la excepción del sector más joven de este electorado- ni mucho menos a las mujeres votantes del PP.

Nadie se sorprenderá, por lo tanto, al leer que el efecto de la valoración de las políticas de igualdad para las más recientes elecciones generales de 2011 parece ser aún menor. En realidad, el género no tuvo ninguna relevancia en esos comicios, con hombres y mujeres que se comportaron prácticamente de idéntica manera. ¿De dónde proviene, entonces, esta ‘ingratitud’? Si a Obama le salvaron las mujeres, ¿Por qué a Rubalcaba no? La literatura especializada hablaría de dos tipos de explicaciones, una basada en la oferta y otra en la demanda. En virtud de la primera, el quid de la cuestión estribaría tanto en los problemas de implementación de las políticas existentes, como en el ‘equivocado’ perfil de las mujeres que están adquiriendo puestos de responsabilidad política. Es decir, las mujeres no se alinean con el PSOE porque, por un lado, ni las medidas adoptadas realmente cambian su experiencia diaria ni, por el otro, porque ellas no encuentran reflejo en las mujeres que acceden al poder en España. Empleando palabras de una destacada líder socialista, se estarían pagando las consecuencias de apostar por ‘liderazgos femeninos’ en vez de por ‘líderes feministas’.

Los problemas de demanda se centran en las mujeres españolas, y, en particular, en cómo se ven así mismas como sujetos políticos diferentes, o no, a los hombres. Pienso que existen muchas razones para pensar que la explicación a la ingratitud de las mujeres españolas se encuentra aquí, y no en la oferta (por muy imperfecta que esta sea). La siguiente tabla muestra de manera sencilla qué es lo que está realmente detrás del apoyo, o el rechazo, a las políticas de igualdad. La tabla, que informa sobre la ideología media para hombres y mujeres según su valoración de las políticas socialistas para la igualdad, sugiere que es la ideología, y no el género, lo que determina la satisfacción o la insatisfacción con las políticas. Las personas más conservadoras, sean hombres o mujeres, son mucho más proclives a pensar que las políticas por la igualdad han sido muy malas; por el contrario, el PSOE encontrará a los votantes más satisfechos con la lucha por la igualdad entre las personas más escoradas a la izquierda. Sean estos hombres o mujeres. Tiene hasta su gracia que las mujeres contrarias a las políticas de igualdad puedan ser aún más conservadoras que los hombres.

Siendo así las cosas, es complicado esperar una especia de trueque de ‘votos por políticas’ cuando las mujeres españolas ven con intranquilidad su representación pública en tanto que ‘diferentes de los hombres’. Que las mujeres españolas desprecien la etiqueta de ‘feminista’ (según las encuestas, menos del 3 % se definirían políticamente así) es indicativo de una cultura política que no ha permitido a las mujeres definir una percepción colectiva y propia de sus intereses en cuanto mujeres; esta cultura, además, ha penalizado la formación de conciencias políticas individuales que reivindiquen las particulares y peculiares necesidades de las mujeres. Es particularmente lamentable en este sentido, tal y como se vio en un post reciente de Marta Fraile en este mismo blog, comprobar que las mujeres españolas consuman menos información política que los hombres, que estén menos interesadas por la política o que encuentren más dificultades en definir su ideología. La información y el debate son el nutriente fundamental para cualquier proceso de identificación colectiva, proceso que, en mi opinión, debería llevar a las mujeres españolas a reconocerse como poseedoras de (algunas) necesidades específicas, que invitan a la formulación de políticas también especificas.

Promover la igualdad entre hombres y mujeres es un objetivo loable y necesario. No obstante, la igualdad no vende electoralmente en España; los ciudadanos, da igual su género, valoran la igualdad de género como algo importante, pero no urgente, y menos aún en contextos de dificultades económicas. Y las mujeres se enfrentan a una constelación de estímulos y mensajes que les lleva a no insistir en su peculiaridad en tanto que diferentes al hombre. En realidad, el propio Zapatero, el líder feminista por excelencia, debió de pensar algo parecido, al poner la cabeza de la Ministra Aido en la picota en cuanto su famosa ‘desaceleración’ se convirtió en un desastre general de dimensiones aún por conocer.

[1] Esta cuestión la he tratado también en colaboración con Alvaro Martínez en el siguiente estudio para la Fundación Alternativas: Un análisis del efecto de la Ley de igualdad en la representación electoral, parlamentaria y en el comportamiento electoral de las mujeres en las elecciones generales de 2008.

Existe un ‘voto indignado’ que no encuentra expresión en ninguna opción electoral existente en España hasta la fecha

Únicamente el 13% de los participantes había apoyado a un partido mayoritario y más del 40% había votado en blanco en las elecciones municipales de 2011

La fragmentación del apoyo electoral de los participantes es también evidente: por ejemplo, el 10% de los participantes declaró haber votado a UPyD, y un 6% optaron por la opción, más esperable, de Compromis Equo

Una posible interpretación del reciente éxito de Candidatura d’Unitat Popular (CUP) en las elecciones autonómicas catalanas puede ser esta: existe un ‘voto indignado’ que no encuentra expresión en ninguna opción electoral existente en España hasta la fecha, grande o pequeña. El movimiento 15-M aglutina a personas dispuestas a olvidar, al menos temporalmente, sus identidades políticas particulares (socialista, ecologista, nacionalista, comunista) para perseguir un objetivo más general. En este proceso de generalización, aparece la necesidad de un partido político igualmente transversal y vinculado con el sentimiento de indignación.

Podemos rastrear las preferencias políticas de los participantes en el actual ciclo de protesta, por la mejora democrática y contra la austeridad, siguiendo dos caminos. El primero consiste en repasar los estudios sobre participantes en las asambleas del movimiento 15-M (existen estudios sobre Salamanca, Madrid y Bilbao). El segundo camino nos lleva al estudio postelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicos, de Noviembre-Diciembre de 2011 (que incluye una pregunta sobre participación en ‘alguna de las manifestaciones, acampadas, marchas o protestas’ del Movimiento 15-M; el 9,8% del total de la muestra afirma haber participado).

Lo que nos dicen los estudios centrados en las acampadas: que el movimiento 15-M está formado por personas jóvenes, que no adolescentes, con un alto nivel educativo; en torno a un 70% de las personas que participan en el movimiento 15-M tiene educación universitaria. Los ‘indignados’ son personas desvinculadas de las organizaciones políticas tradicionales, pero que, no obstante, demuestran una alta implicación con la política. No defienden la abstención como estrategia. Son personas ideológicamente de izquierdas, pero que rechazan apoyar a los grandes partidos de ámbito estatal. Los participantes del movimiento 15-M tienen conciencia, conocimiento e interés por la política. Y votan. Pero no lo hacen de manera cohesionada.

Los datos de encuesta confirman estas conclusiones. En primer lugar, es cierto que los participantes votan en la misma proporción que los no participantes. Según los datos de la encuesta CIS, el porcentaje de personas que no quisieron ir a votar es casi idéntico entre participantes y no participantes: en torno al 9%. No obstante, sus decisiones electorales son diferentes a las del resto de la población. Por un lado, optan por el voto blanco o nulo en mayor medida que los no participantes: se ha detectado, por ejemplo, un aumento en los votos blancos y nulos en aquellos lugares con mayores protestas relacionadas con el 15-M (1).

Además, los participantes optan mayoritariamente por partidos de izquierda. Lo vemos en la tabla 1, que dibuja el perfil ideológico tanto de los tanto de los entrevistados en la encuesta del Cis (primera y segunda columnas), como la de los participantes en las asambleas del movimiento 15-M en Salamanca (tercera columna). Se aprecia con claridad la concentración de entrevistados en las puntuaciones más escoradas hacia la izquierda. Las medias de ideología, para el estudio CIS, son: 3,56 para los participantes y 5,03 para los no participantes. Interesa también destacar que los participantes tienen muchas menos dificultades en encontrar su lugar en la escala, lo que tiende a significar mayor interés en la política.

La tercera característica definitoria de los participantes en el actual ciclo de protesta es la pluralidad de sus opciones electorales. Los indignados no rechazan completamente, como a menudo se afirma, a los grandes partidos nacionales de izquierda. Como se ve en la tabla 2 (no se incluyen todas las opciones), el PSOE es la opción mayoritaria entre los participantes, seguido a muy corta distancia de IU/ICV. Al mismo tiempo, sin embargo, la fragmentación del apoyo electoral de los participantes es también evidente: por ejemplo, el 10% de los participantes declaró haber votado a UPyD, y un 6% optaron por la opción, más esperable, de Compromis Equo.

Pero hay indignados, e indignados. Esta distribución de preferencias no es indiferente a la intensidad de la participación. Cuanto más se participa (se ha dormido en acampadas, se es activo en las redes sociales, se acude a eventos de protesta) más lejana parece la posibilidad de compaginar indignación con el voto a partidos grandes (de izquierda). La encuesta del CIS no nos permite comprobar esta idea, dado que no indaga sobre tipos de participación. Pero las investigaciones sobre las asambleas pueden ayudar. El estudio de la acampada en Salamanca, que se centró en personas que asistían regularmente a acampadas, (y que, por lo tanto, descartaba a personas con formas de participación más laxas), reveló algo interesante: únicamente el 13% de los participantes había apoyado a un partido mayoritario y más del 40% había votado en blanco en las elecciones municipales de 2011.

Está claro, para concluir, que existe un grupo de votantes muy concienciados, muy de izquierdas, y posiblemente bastante alejados del PSOE y de IU/ICV, que han estado navegando entre opciones electorales inciertas y seguramente poco satisfactorias para ellos. Partidos como CUP, por lo tanto, impulsados sin duda por activistas con trayectorias más antiguas que el propio movimiento 15-M, pueden triunfar en la canalización y visualización de una bolsa de descontento e indignación que no encuentra fácil acomodo en la compañía de opciones políticas, grandes o pequeñas, más consolidadas.

(1) La Fundación Alternativas ha publicado estudios sobre el 15-M en su colección Zoom Político, que incluyen el estudio sobre las acampadas de Madrid (Likki) y Salamanca (Calvo et al), así como el trabajo de Manuel Jiménez sobre el impacto electoral.