Si tras visitar una decena de centros escolares, analizar las opiniones del grupo de WhatsApp de los papás de la guardería, y contrastar clasificaciones y foros de internet, todavía dudas sobre el colegio más adecuado para tu hijo, te ofrecemos 10 claves que pueden ayudarte a decidir, de la mano del psicólogo y maestro Óscar Bendicho.

1. Escoge un centro coherente con tus principios

Si no has ido a misa en los últimos 10 años, un cole de monjas no es el adecuado para tus hijos, por mucho que tus vecinos estén encantados. “Lo primero que las familias deben hacer es un trabajo de autoconocimiento para saber qué valores tienen ellos y qué valores quieren para sus hijos”, explica Bendicho, quien durante más de diez años trabajó en la Escuela Infantil Hontanar, de Madrid. ¿Privada o pública?, ¿religioso o laico?, ¿progresista o conservadora?: “La incoherencia se traduce en problemas, a veces clínicos. Los niños necesitan claridad en los valores y que esté bien diferenciado lo bueno y lo malo, lo que creen y lo que no creen”.

2. Respeto a los procesos madurativos

Escoge un centro que respete los procesos evolutivos del menor. Una buena pista es preguntar si respetan o no la evolución del niño en el control de esfínteres. “Si un centro te obliga a que los niños no lleven pañal es que no es un centro respetuoso con los procesos madurativos. Cada niño tiene una edad o un momento para quitarse el pañal, es absurdo pensar que todos los niños a los tres años avisan cuando quieren ir al baño. Y es habitual que por timidez, o un susto se les pueda escapar, y ante eso el centro debe actuar con naturalidad, en lugar de acomplejarle”, señala.

3. Instalaciones adaptadas para las edades

Fijarse en las aulas y los espacios. “Los niños con tres años no deberían estar sentados haciendo fichas. Encontrarse las sillas y mesas colocadas en filas como en Primaria es antipedagógico. El tiempo máximo que un niño de 3 o 4 años aguanta sentado son 20 minutos. Lo adecuado es que el aula esté distribuida por rincones, que sea un espacio polivalente”. Debe haber también espacios comunes para trabajar con formatos grandes y hacer talleres: “Hasta primaria no debería trabajarse constantemente en mesa. El juego espontáneo, deambular y descubrir es parte del aprendizaje en infantil”. Además, es partidario de que a partir de Primaria en el cole haya espacios diferentes para distintas actividades, como un taller de plástica, o un laboratorio: “Es más positivo para el aprendizaje y estimulante que cambien de espacios, así ven satisfecho el instinto explorador”.

También son importantes los patios y espacios de juego. Bendicho recibe cada vez más casos de hiperactividad, que, afirma, no son sino energía mal canalizada por falta de ejercicio físico. “Los niños son muy activos, y debe facilitárseles la manera de trabajar para que den salida a esa energía. Debe haber patios grandes, zonas de arena para que corran, salten y se puedan caer”, señala.

4. Trabajo por proyectos y aprendizaje lúdico hasta los 6 años

Los centros deben demostrarse como escuelas vivas. “Se deben ver trabajos hechos por los niños, debe notarse la vida, con espacios alegres, seguros. Si todo son pupitres, desconfía, ahí poco movimiento pueden tener los niños”, señala el experto, que defiende el aprendizaje lúdico hasta los 6 años.

Para él es esencial que se trabaje por proyectos, en lugar de pasar el día haciendo fichas, y de forma práctica: que tengan, por ejemplo un huerto escolar, y los trabajos en grupo y exposiciones públicas sean frecuentes, ya que ayudan a desarrollar habilidades sociales. “El aprendizaje por experiencia es más difícil para el maestro, pero más eficaz y motivador”, señala.

5. Libros de texto

El que haya o no libros de texto como único vehículo de aprendizaje también te orienta sobre una filosofía educativa. “Si los alumnos participan en la elaboración de sus propios materiales, el aprendizaje es mucho más intenso”, apunta. Además, esa pista habla también de un compromiso y una motivación del profesorado mucho mayor.

6. Deberes

Según este especialista, los deberes aportan muy poco al aprendizaje de los alumnos de Infantil. Aunque señala que a partir de los 6 años es importante que los niños lean en casa y vayan adquiriendo hábitos y compromisos. “Pero deben ser deberes motivadores, no sirve que pasen dos horas sentados haciendo cuentas. Han de ser tareas estimulantes y que permitan jugar, descubrir y aprender”, advierte.

7. Familias en la escuela y escuelas de familias

Algunos informes internacionales demuestran que la implicación familiar en la escuela mejora el rendimiento académico. “Que haya un espacio para las familias en la comunidad educativa los alumnos lo interpretan como una coordinación entre la escuela y la familia, que ha ido cada vez delegando más aspectos educativos en los centros escolares. Muchos padres no ponen límites a sus hijos y pretenden que se los pongan en la escuela o discuten con los docentes por ponérselos. Las escuelas de familias orientan a los padres en el proceso educativo, mejoran la comunicación y les ayudan a convertirse en aliados más que en enemigos”.

8. Plan de convivencia, integración y educación en valores

Para garantizar una formación integral del alumno, la escuela debe tener un programa de convivencia que fomente unos valores humanistas, más allá del consumismo. “Te da la pista cómo celebran los cumpleaños en el contexto escolar. Por ejemplo, ¿son ostentosos o buscan la sencillez? O ver cómo se trabaja la participación cívica de los estudiantes y la resolución de conflictos: si un centro tiene esto previsto en su proyecto educativo con propuestas e iniciativas concretas, vamos por el buen camino”. Para este maestro, los juegos cooperativos en el patio son una herramienta poderosa: “Son un espacio para frustrarse y aprender normas, límites, respeto y convivencia. Cada vez vivimos más en una sociedad de hijos únicos, narcisistas, y educar en lo relacional es muy importante”.

Otra buena pista es que el centro trabaje con alguna ONG o sea un colegio de integración.

9. Proximidad del centro

Descarta las rutas, los atascos o los eternos viajes en metro en la medida de lo posible. La proximidad del centro es un aspecto relevante para la formación del alumno, más allá de las cuestiones prácticas que supone. “A la hora de jugar, socializarse y tener amigos si puedes aunar amigos del barrio y del cole creas una red de socialización más adecuada y eficaz porque es importante sentirse conocido y reconocido en tu propio entorno social. Además, llegada una determinada edad es bueno para la autonomía del niño que pueda ir solo al colegio”, concluye Bendicho.

10. Bilingüismo y Jornada Partida

Hay dos aspectos que, según Bendicho, no deben dejar lugar a dudas: el bilingüismo es positivo para el desarrollo del estudiante, y la jornada partida es más pedagógica que la continua. “Es cierto que los niños que aprenden con dos idiomas desde la infancia tardan un poco más en adquirir determinadas habilidades, pero desarrollan la capacidad cerebral de aprender otros idiomas a posteriori más fácilmente”, asegura. Respecto del largo debate sobre la jornada continua o partida lo zanja contundente. “La jornada continua es buena sólo para los profesores. Los niños necesitan descansos prolongados y pausas para jugar, reciclar su cerebro y asimilar el aprendizaje”, concluye.

Ha pasado casi un año desde que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, presentó el borrador del anteproyecto de laLey de Mejora de la Calidad Educativa. En este tiempo el Ministerio ha analizado la LOMCE con diversas organizaciones y agentes sociales y profesionales, y también ha sido estudiada por el Consejo de Estado. En el Congreso de los Diputados se presentaron 770 enmiendas (11 de ella a la totalidad), de las cuales sólo han sido aceptadas 42. La mayoría del PP y pactadas con UPyD. En su derrotero la norma ha llegado incluso a la Comisión Europea, hace unos 10 días, cuando CC OO denunció ante este organismo tres artículos de la ley que el sindicato considera que vulneran tratados comunitarios suscritos por España como país miembro.

A pesar del descontento social generado por la norma, que ha movilizado a toda la comunidad educativa, las enmiendas no han limado los aspectos más polémicos, sino que los han apuntalado.

1. Agentes privados en la educación pública

La LOMCE ya incluía en su definición la presencia de agentes privados en la regulación de la educación en España. Las enmiendas incluyen además dos novedades importantes respecto a estos agentes privados. La primera es que el grupo parlamentario propone que las pruebas de reválida que se realizan desde el Estado para poder pasar curso podrán ser corregidas ahora también por profesores de centros privados. Los sindicatos, incluso ANPE, que es el único que comparte algunos puntos con el actual gobierno, creen que esto atenta contra las garantías en el proceso.

El presidente de ANPE, Nicolás Fernández, lo explica: “La función pública garantiza la objetividad e independencia y por eso las pruebas externas de acceso al sistema deben ser corregidas por funcionarios docentes que han superado unos sistemas de acceso rigurosos. Si no, abrimos la puerta a la falta de objetividad y a que empresas privadas o centros presionen. Es un peligro que entren agentes externos que puedan pervertir el proceso”.

2. Profesores sin oposición

La otra vía de entrada de profesores que no sean funcionarios y que ha indignado a la comunidad educativa es la que permite la contratación de profesores nativos para lenguas extranjeras al margen de los mecanismos de los accesos a la función pública docente. Este es uno de los aspectos que CCOO ha remitido a la Comisión Europea, ya que considera que “vulnera los principios de mérito y capacidad de la función pública que regulan los procesos de acceso a la función pública. Es un agravio inadmisible para los funcionarios que tienen que acreditar su capacitación pedagógica y estos docentes sólo tendrían que acreditar su capacitación lingüística”, según explica la responsable de Política Educativa de CCOO, Montse Millán .

3. Suelo regalado a empresas privadas

La nueva ley de administraciones locales contempla que los ayuntamientos deben ceder el suelo para usos dotacionales. Ahora la enmienda 754 al artículo 116 de la LOMCE añade que “las administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional”. Esto, que ya ocurría en algunas comunidades autónomas como Madrid, queda así institucionalizado y consolidado.

Esto tampoco gusta a la comunidad educativa. “ La educación es un servicio público esencial, que en una ley digan que las administraciones van a liberar suelo para regalárselo a empresas privadas para que hagan su negocio no nos parece adecuado. Si se necesita un centro, que se haga público. Si no, la enseñanza pública se quedará sólo como la educación para los guetos en las zonas marginales, donde las empresas privadas no ven el negocio”, censura el presidente de ANPE.

4. Tratar a las lenguas cooficiales al nivel que a los idomas extranjeros

El nuevo formulado, no rebaja las tintas en los polémicos postulados lingüísticos en los que se obligaba a la administración a garantizar la enseñanza en español, incluso en centros privados si fuera necesario. Por el contrario, a propuesta de UPyD se ha aceptado la enmienda 769 a la disposición adicional 38. Ésta contempla que el castellano figure como lengua vehicular de la enseñanza en toda España. “Esto es incompatible con los modelos lingüísticos de inmersión, como el catalán. Es una vuelta de tuerca en el aspecto homogeneizador de la norma y en las trabas para que puedan subsistir los modelos lingüísticos de lenguas cooficiales”, explica Millán.

La otra parte de la enmienda propone cambiar uno de los párrafos de la norma que dice que pueden existir sistemas donde se impartan las asignaturas no lingüísticas en lengua cooficial, para introducir que estos modelos puedan estar también disponibles como “modelos de inmersión en cualquier lengua extranjera”. Esto supondría que la ley consideraría al mismo nivel la lengua cooficial que una lengua extranjera. “Da la sensación de que no se busca el bien común sino el despreciar la lengua cooficial ¿Cómo se puede montar un centro de inmersión en italiano, ruso o chino garantizando además la enseñanza en castellano?”, añade la portavoz de CCOO.

5. Blindaje a la escolarización por sexos

No se ha modificado en lo sustancial ni se ha aceptado ninguna enmienda al respecto, aunque este asunto también está siendo revisado por la Comisión Europea, ya que un tratado de la Unión establece que no pueden ser financiados con fondos públicos los centros escolares que ejerzan la discriminación sexual.

6. Notas a los directores por los resultados de sus alumnos

Se mantienen los postulados del director como un responsable de RRHH, de un consejo escolar despojado de sus funciones decisorias, y se acepta la enmienda de UPyD del artículo 136 de la LOMCE que permitiría renovar en su cargo a un director tras una evaluación previa que tenga en cuenta las evaluaciones de sus alumnos en las pruebas externas.

“Es un despropósito evaluar a un director por los resultados académicos de sus alumnos. Hay centros en los que la excelencia para un director es que logre que un chaval de una familia desestructurada vaya a clase, y eso no se puede medir con un resultado académico. Cada día se recuperan a chavales de situaciones familiares desastrosas para incorporarlos a un oficio en un Programa de Cualificación Profesional y eso no se ve en los resultados académicos” .

7. Educación en Valores, una materia obligatoria no obligada

Aunque varias enmiendas hacían referencia a que la UE obliga a que los alumnos cursen los contenidos de la materia de Valores Sociales y Éticos (antigua Educación para la Ciudadanía) la única enmienda introducida al respecto no lo garantiza, sino que sólo contempla que los centros puedan ofertarla. También este aspecto ha sido denunciado por CCOO ante Europa.

8. Control de los contenidos

Si la LOMCE insistía en garantizar un mayor control de los contenidos comunes, la enmienda 733 al artículo 6 bis propone que se garantice que los títulos tengan validez en el territorio nacional “con el fin de asegurar una formación común”, cuando el artículo ya lo garantizaba. “Esta enmienda es eminentemente ideológica, para darle más importancia a los contenidos comunes, homogéneos. Insiste en la centralización, que trata de borrar la diferencia territorial y la pluralidad”, concluye Millán.

9. La educación, ¿un servicio público?

10. El profesor como autoridad pública

Otra de las enmiendas aceptadas a propuesta de UPyD contempla que se incluya al profesor como autoridad pública. En la práctica esta medida ya estaba implantada en algunas comunidades autónomas del PP como Madrid o Cantabria, donde fue muy cuestionada. Se le critica por judicializar problemas de convivencia en las aulas resolviéndolos por decreto y sin atajar causas del problema. El presidente del sindicato ANPE, que lleva peleando 15 años por esta consideración, se lamenta de que este reconocimiento no haya llegado tras un diálogo con los actores implicados sino en forma de atajo como una enmienda. “Si se hubiera tramitado adecuadamente, habría surgido un debate social en el que se podrían haber planteado puntualizaciones a cómo ese reconocimiento debía contemplarse, pero no se nos ha tenido en cuenta en ningún momento”, asegura Fernández.

Ha pasado casi un año desde que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, presentó el borrador del anteproyecto de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa. En este tiempo el Ministerio ha analizado la LOMCE con diversas organizaciones y agentes sociales y profesionales, y también ha sido estudiada por el Consejo de Estado. En el Congreso de los Diputados se presentaron 770 enmiendas (11 de ella a la totalidad), de las cuales sólo han sido aceptadas 42. La mayoría del PP y pactadas con UPyD. En su derrotero la norma ha llegado incluso a la Comisión Europea, hace unos 10 días, cuando CC OO denunció ante este organismo tres artículos de la ley que el sindicato considera que vulneran tratados comunitarios suscritos por España como país miembro.

A pesar del descontento social generado por la norma, que ha movilizado a toda la comunidad educativa, las enmiendas no han limado los aspectos más polémicos, sino que los han apuntalado.

1. Agentes privados en la educación pública

La LOMCE ya incluía en su definición la presencia de agentes privados en la regulación de la educación en España. Las enmiendas incluyen además dos novedades importantes respecto a estos agentes privados. La primera es que el grupo parlamentario propone que las pruebas de reválida que se realizan desde el Estado para poder pasar curso podrán ser corregidas ahora también por profesores de centros privados. Los sindicatos, incluso ANPE, que es el único que comparte algunos puntos con el actual gobierno, creen que esto atenta contra las garantías en el proceso.

El presidente de ANPE, Nicolás Fernández, lo explica: “La función pública garantiza la objetividad e independencia y por eso las pruebas externas de acceso al sistema deben ser corregidas por funcionarios docentes que han superado unos sistemas de acceso rigurosos. Si no, abrimos la puerta a la falta de objetividad y a que empresas privadas o centros presionen. Es un peligro que entren agentes externos que puedan pervertir el proceso”.

2. Profesores sin oposición

La otra vía de entrada de profesores que no sean funcionarios y que ha indignado a la comunidad educativa es la que permite la contratación de profesores nativos para lenguas extranjeras al margen de los mecanismos de los accesos a la función pública docente. Este es uno de los aspectos que CCOO ha remitido a la Comisión Europea, ya que considera que “vulnera los principios de mérito y capacidad de la función pública que regulan los procesos de acceso a la función pública. Es un agravio inadmisible para los funcionarios que tienen que acreditar su capacitación pedagógica y estos docentes sólo tendrían que acreditar su capacitación lingüística”, según explica la responsable de Política Educativa de CCOO, Montse Millán.

3. Suelo regalado a empresas privadas

La nueva ley de administraciones locales contempla que los ayuntamientos deben ceder el suelo para usos dotacionales. Ahora la enmienda 754 al artículo 116 de la LOMCE añade que “las administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional”. Esto, que ya ocurría en algunas comunidades autónomas como Madrid, queda así institucionalizado y consolidado.

Esto tampoco gusta a la comunidad educativa. “La educación es un servicio público esencial, que en una ley digan que las administraciones van a liberar suelo para regalárselo a empresas privadas para que hagan su negocio no nos parece adecuado. Si se necesita un centro, que se haga público. Si no, la enseñanza pública se quedará sólo como la educación para los guetos en las zonas marginales, donde las empresas privadas no ven el negocio”, censura el presidente de ANPE.

4. Tratar a las lenguas cooficiales al nivel que a los idomas extranjeros

El nuevo formulado, no rebaja las tintas en los polémicos postulados lingüísticos en los que se obligaba a la administración a garantizar la enseñanza en español, incluso en centros privados si fuera necesario. Por el contrario, a propuesta de UPyD se ha aceptado la enmienda 769 a la disposición adicional 38. Ésta contempla que el castellano figure como lengua vehicular de la enseñanza en toda España. “Esto es incompatible con los modelos lingüísticos de inmersión, como el catalán. Es una vuelta de tuerca en el aspecto homogeneizador de la norma y en las trabas para que puedan subsistir los modelos lingüísticos de lenguas cooficiales”, explica Millán.

La otra parte de la enmienda propone cambiar uno de los párrafos de la norma que dice que pueden existir sistemas donde se impartan las asignaturas no lingüísticas en lengua cooficial, para introducir que estos modelos puedan estar también disponibles como “modelos de inmersión en cualquier lengua extranjera”. Esto supondría que la ley consideraría al mismo nivel la lengua cooficial que una lengua extranjera. “Da la sensación de que no se busca el bien común sino el despreciar la lengua cooficial ¿Cómo se puede montar un centro de inmersión en italiano, ruso o chino garantizando además la enseñanza en castellano?”, añade la portavoz de CCOO.

5. Blindaje a la escolarización por sexos

No se ha modificado en lo sustancial ni se ha aceptado ninguna enmienda al respecto, aunque este asunto también está siendo revisado por la Comisión Europea, ya que un tratado de la Unión establece que no pueden ser financiados con fondos públicos los centros escolares que ejerzan la discriminación sexual.

6. Notas a los directores por los resultados de sus alumnos

Se mantienen los postulados del director como un responsable de RRHH, de un consejo escolar despojado de sus funciones decisorias, y se acepta la enmienda de UPyD del artículo 136 de la LOMCE que permitiría renovar en su cargo a un director tras una evaluación previa que tenga en cuenta las evaluaciones de sus alumnos en las pruebas externas.

“Es un despropósito evaluar a un director por los resultados académicos de sus alumnos. Hay centros en los que la excelencia para un director es que logre que un chaval de una familia desestructurada vaya a clase, y eso no se puede medir con un resultado académico. Cada día se recuperan a chavales de situaciones familiares desastrosas para incorporarlos a un oficio en un Programa de Cualificación Profesional y eso no se ve en los resultados académicos” .

7. Educación en Valores, una materia obligatoria no obligada

Aunque varias enmiendas hacían referencia a que la UE obliga a que los alumnos cursen los contenidos de la materia de Valores Sociales y Éticos (antigua Educación para la Ciudadanía) la única enmienda introducida al respecto no lo garantiza, sino que sólo contempla que los centros puedan ofertarla. También este aspecto ha sido denunciado por CCOO ante Europa.

8. Control de los contenidos

Si la LOMCE insistía en garantizar un mayor control de los contenidos comunes, la enmienda 733 al artículo 6 bis propone que se garantice que los títulos tengan validez en el territorio nacional “con el fin de asegurar una formación común”, cuando el artículo ya lo garantizaba. “Esta enmienda es eminentemente ideológica, para darle más importancia a los contenidos comunes, homogéneos. Insiste en la centralización, que trata de borrar la diferencia territorial y la pluralidad”, concluye Millán.

9. La educación, ¿un servicio público?

Durante el proceso de negociación se peleó por cambiar dos denominaciones del prefacio. La primera era que el ciudadano pasaba a ser “beneficiario” en lugar de “sujeto de derecho a la educación”. La segunda cuestión era que lo que en la anterior ley era “el servicio público de la educación” en esta figurara como la “prestación de servicios educativos”. Parece un matiz lingüístico, pero es fundamental, porque desde esa definición se articularán las decisiones posteriores. “No se trata de prestar un servicio de limpieza o algo similar; es una responsabilidad de los poderes públicos”, explica Millán. Tras una larga negociación, los “sujetos de derecho” recibirían “el servicio público de la educación”.

Pero sólo duró hasta que se aceptaron las diversas enmiendas del PP. Una de ellas elimina la palabra “público” del texto y han devuelto el párrafo al borrador original. “Es una falta de respeto democrático que se comprometan con agentes sociales y organizaciones a modificarlo y lleguen al Congreso y con el atajo de una enmienda den al traste con algo que es fundamental para articular una ley”, protesta Millán.

10. El profesor como autoridad pública

Otra de las enmiendas aceptadas a propuesta de UPyD contempla que se incluya al profesor como autoridad pública. En la práctica esta medida ya estaba implantada en algunas comunidades autónomas del PP como Madrid o Cantabria, donde fue muy cuestionada. Se le critica por judicializar problemas de convivencia en las aulas resolviéndolos por decreto y sin atajar causas del problema. El presidente del sindicato ANPE, que lleva peleando 15 años por esta consideración, se lamenta de que este reconocimiento no haya llegado tras un diálogo con los actores implicados sino en forma de atajo como una enmienda. “Si se hubiera tramitado adecuadamente, habría surgido un debate social en el que se podrían haber planteado puntualizaciones a cómo ese reconocimiento debía contemplarse, pero no se nos ha tenido en cuenta en ningún momento”, asegura Fernández.

Canelones de vaca que relinchan, sabrosas albóndigas de ternera al aroma de crin, o hamburguesas 100% vacuno, que galopan. Parece el mundo al revés pero es el universo al que se acaban de enfrentar los ciudadanos europeos al descubrirse el pasado 16 de enero en Irlanda e Inglaterra que 21 de 31 productos precocinados analizados se vendían com carne de ternera pero llevaban una sorpresa equina y porcina en su composición. En un caso hasta un 29% de caballo.

Ante estos resultados, que no suponen ningún conflicto sanitario -el caballo se puede comer sin problema-, sino más bien un fraude en el etiquetado, media Europa se lanzó a analizar los productos de sus supermercados con estremecedor resultado ya que muchas de las pruebas resultaron positivas. En España hasta ocho productos se han retirado de los supermercados por esta causa. El caso ha sacado a la luz varios asuntos polémicos: los recorridos increíbles que sigue la carne por hasta cinco países e intermediarios diferentes hasta llegar al supermercado, y sobre todo nos hace plantearnos ¿hasta dónde están dispuestas las industrias a rebajar sus controles por lograr unos precios más económicos?

Aquí les ofrecemos algunas pistas que les ayudarán a entender qué es lo que está ocurriendo:

1. Flamantes análisis de ADN

Aunque a los responsables ministeriales se les llena la boca hablando de los controles sanitarios realizados a la carne, es curioso que hasta que surgió este escándalo, en España, al menos, los inspectores de sanidad no realizaban análisis de ADN para comprobar que por ejemplo, la carne picada era lo que la etiqueta decía realmente que era. Así lo explica una consultora en calidad agroalimentaria, que prefiere no decir su nombre: “La ley regula la composición nutricional que debe tener, el porcentaje de tejido conjuntivo, de cereales y de carne. Y los análisis se hacían hasta ahora para controlar que esto era así, o incluso se hacía un análisis microbiológico para comprobar la cantidad de contaminantes y toxinas que llevaba la carne y que estaba en buen estado, pero los PCR (pruebas de ADN) son demasiado caros para usarlos por sistema”, explica. Cada uno de estos análisis puede costar en torno a los 200 euros.

2. Las medidas de la UE

A raíz del escándalo, la UE acaba de imponer controles que eviten prácticas fraudulentas en la comercialización de productos, haciendo referencia expresa al control de la presencia de ADN equino en productos cárnicos basados en carne picada, donde es más fácil cometer el fraude. España debe realizar 150 pruebas mensuales en productos alimenticios comercializados o etiquetados como de vacuno durante el mes de marzo. También se analizarán controles oficiales para detectar la posible presencia de fenilbutazona, una sustancia que sólo se les inyecta a los caballos en las articulaciones. La UE reembolsará el 75% de cada una de las pruebas realizadas por las autoridades hasta un máximo de 300 euros por prueba. En el caso de España la UE contribuirá con un total de 79.500 euros.

3. ¿Contaminación o estafa?

En España aún no han trascendido los resultados de los análisis que revelan qué cantidad de carne de caballo había en las muestras retiradas del mercado. La cantidad de carne de caballo encontrada es esencial para saber si se trata de un problema de contaminación o una estafa en el etiquetado. Por ejemplo, en las hamburguesas analizadas por la OCU simplemente se halló trazas. “Eso supone un miligramo de producto por kilo, lo que podría darse en los procesos de manipulación, por haber utilizado una misma máquina o un determinado contenedor y es frecuente que ocurra en los mataderos”, explica la experta en calidad agroalimentaria. Esto podría ocurrir accidentalmente.

Pero en el caso de porcentajes altos, como Findus, que halló que su lasaña de ternera era un 100% de caballo, en los que una parte importante de la composición sea de otro animal, serían casi con toda seguridad intencionados. Pero ¿cómo pudo alguien saltarse los controles? “Aunque el suministro y los procedimientos están protocolizados, siempre puede haber errores y piratas, como en todas las industrias”, explica José Manuel Álvarez, portavoz de la Confederación de Organizaciones empresariales del Sector Cárnico de España (CONFECARNE). “En ese caso nosotros somos los primeros interesados en que se dé con el culpable y se le castigue, porque la confianza de los consumidores está en juego”, concluye.

4. ¿Por qué hay tanta carne de caballo en el mercado?

El portavoz de Confecarne explica que la carne de caballo no es barata y que él considera que en casos como el de Irlanda “no hay una intención de abaratar costes”. Sin embargo, es cierto que en los picaderos españoles están también notando la crisis. “Cada vez más caballos son sacrificados porque sus propietarios no los pueden alimentar”, explica un profesor de equitación. Cada año unos 65.000 caballos acaban en los mataderos de la UE.

En Francia, donde el escándalo también se ha saldado con varios productos retirados de los supermercados, el rastro de los proveedores de las partidas afectadas lleva hasta Rumanía. Allí acaba de entrar en vigor la prohibición de circular con carromatos o coches de caballos por las carreteras y eso ha incrementado sustancialmente la cifra de caballos y burros que acaban en los mataderos. De hecho, según publicó The Guardian, la exportación de carne picada y congelada de caballo desde Rumanía a los países del Benelux se incrementó notablemente entre el año pasado y este.

5. La sombra de la mafia

Las autoridades inglesas apuntan a que el crimen organizado y la mafia puedan estar detrás de esta gran estafa que afecta a gran parte de Europa. The Guardian aseguró esta semana, citando a fuentes del Gobierno, que las primeras investigaciones apuntan a que empleados de los mataderos y plantas de producción “habían sido intimidados para firmar como carne de vaca piezas que no lo eran, y pertenecían a alternativas más baratas como el cerdo o el caballo”. Aseguran también, citando fuentes de la industria de los mataderos, que hay pruebas de que la mafia italiana y polaca están detrás de la estafa multimillonaria que sustituye la carne de vaca por la de caballo en el proceso de producción.

6. ¿A quién beneficia?

Otra de las cuestiones que no ha quedado clara en todo este proceso es por qué se analizó el primer filete. ¿Quién le dio el chivatazo a las autoridades británicas para comenzar a hacer análisis de ADN en las principales cadenas de hipermercados del país?

Quizá otra pregunta ayude a responder: ¿a quién ha beneficiado todo este escándalo?

La cadena Tesco ya ha anunciado en Reino Unido que optarán por suministradores y vacas locales para conocer el origen real y garantizarse el control de calidad de sus productos.

7. La ruta absurda de la falsa vaca

Las piezas de carne contaminadas en Inglaterra provenían de un matadero rumano. Este trabajaba con un suministrador de Chipre que trabajaba a su vez con otro sumistrador en Holanda que servía la carne a una planta en el sur de Francia, que se la vendió a un francés, propietario de una factoría en Luxemburgo, que la preparó, cocinó y congeló y distribuyó luego a 16 países, según explicó el diario The Independent.

8. El granjero indignado

El europarlamentario José Bové, presidente del Partido Ecologista Europeo denunció que lo que este escándalo ha sacado a la luz es el “mal funcionamiento de la cadena alimentaria” y tras ello se esconde “la guerra de precios”. “Hemos llegado a un extremo en el que los responsables de la industria alimentaria sólo buscan abaratar los costes sin importarles cómo, y en la mente de los consumidores ha calado la idea de que la calidad alimentaria es un recorte comprensible. El liberalismo no casa bien con la alimentación, si hay cuatro intermediarios hasta que un canalón llega al supermercado y cada uno de ellos se saca un beneficio, ¿cómo puede ser más barato cada vez?”, señala indignado en su propia web. “Si no cambiamos nuestra política agrícola común, nos encontraremos con crisis mucho más graves que una simple trampa en el etiquetado”

9 La lista negra de productos que relinchan

Canelones la Cocinera para microondas 'La Cocinera'.

Fusilli boloñesa 'Buitoni'.

Empanada gallega de carne 'La Cocinera'.

Relleno de carne 'La Cocinera'.

Gratén de berenjenas 'La Cocinera'.

Empanadillas de carne 'La Cocinera'.

¿Dónde está la partida de la FP Dual que permite a los alumnos compatibilizar estudios y trabajo? ¿Cómo es posible que la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) contradiga las propias estadísticas que la web del Ministerio de Educación ofrece? ¿Por qué en dos meses el presupuesto de una ley se ha quintuplicado?

Cuando el Ministerio de Educación presentó el 3 de diciembre el borrador de anteproyecto de reforma de la LOE (Ley Orgánica de Educación) para transformarla en la LOMCE, la acompañó también de un presupuesto inicial de 60 millones de euros. Pero dos meses más tarde, el 23 de enero, cuando ese borrador contaba con una memoria económica específica y llegó a las Comunidades Autónomas su coste se había multiplicado por cinco. De los 60 millones iniciales pasó a costar 408. Y no sólo eso, sino que la memoria requería además de un esfuerzo económico reseñable por parte de las autonomías para poder ser implantada. Llegaba además con algunos elementos de base que la ponían en entredicho

Nuevos itinerarios: ¿sin costes o a cambio de 229 millones?

¿A qué se debía el incremento del presupuesto? El Ministerio asegura que tiene que ver con gastos que no se habían incluido en un primer término, y que la anticipación del itinerario de 4º de la Eso a 3º costará más de lo previsto inicialmente. En la primera memoria ventilaban este aparado asegurando que “no supondrían coste adicional el adelanto de la atención específica de diversificación curricular al segundo curso de la ESO”. Pero al intentar hacer las cuentas no resultaba tan sencillo. En concreto sólo esta parte de la reforma se lleva la mitad del presupuesto, 229 millones.

Miguel Recio, responable de estudios de CCOO, explica cómo pudieron pasar de cero a 229 millones en dos meses: “En diciembre no se dieron cuenta de que para dividir los itinerarios en 3º de ESO necesitaban más profesores para grupos más reducidos, y eso encarece tremendamente la enseñanza. En los centros docentes al haber más opciones en 3º de ESO la oferta se diversifica. En diciembre esto no se contó porque era una memoria muy débil”, asegura.

Error estadístico en el punto de partida

Otro de los aspectos que hacen esta ley “débil”, según Recio, es que el principal argumento que utilizan para sacarla adelante –“la reducción del abandono escolar temprano”– lo justifican con unas estadísticas que contradicen las que el Ministerio de Educación cuelga en su propia web. En concreto, en el análisis de las debilidades del sistema (página 23 de la actual memoria económica), sobre el abandono escolar al acabar la Secundaria, el documento trabaja en varias ocasiones con unas conclusiones que no encajan con las estadísticas de abandono educativo temprano que ofrece el Ministerio.

En concreto, el proyecto de ley trabaja con la premisa de que casi un 30% de los alumnos que abandonan no tenía título de ESO y que eso condiciona que sigan estudiando tras salir del instituto: “La población que obtiene el título de Graduado al finalizar la ESO suele continuar estudios posteriores”, aseguran y luego añaden: “Un 25,9% finalizaría su escolarización ordinaria sin el título, impidiéndoles el acceso a estudios secundarios post-obligatorios, estudios cuya finalización se considera un objetivo prioritario europeo”. Sin embargo, si consultamos las estadísticas de abandono escolar temprano que recogen en su web, el 13% de alumnos que abandona sí tenía título, en 2011, por ejemplo.

“Esta reforma se hace con la excusa de reducir el abandono temprano. Pero si este diagnóstico falla, tenemos un problema, porque ese fallo arrastra todo lo demás y las soluciones que propones no resolverán el problema real que tienes”, explica Recio. El error radica, según este especialista estadístico, en que han utilizado como referencia datos provenientes de estadísticas educativas en las que no figura este dato.

Pero el único estudio que analiza y desagrega exactamente cuántos de los que abandonaron tenían un título es la EPA (Encuesta de Población Activa), que es lo que el propio Ministerio ofrece en su web. “Creen que la mayoría se va porque no logra el título y buscan intentar fomentar que lo consigan, pero lo que ocurre, según la otra estadística, es que cuando titulan se van del sistema porque no hay alternativas que les convenzan y para solucionar eso deberían fomentar más plazas de FP de Grado Medio”, señala.

Pequeños errores de cálculo que podrían duplicar coste

Otro de los errores que, según Recio, comete la memoria es que al calcular el precio de la implantación de la FP Básica, la alternativa para los alumnos con dificultades para titular (que hoy se denomina PCPIP) se han “olvidado” de que se trata de una medida en una etapa obligatoria y por tanto debería poderse cursar en todos los institutos, sean o no de FP. En la memoria han contabilizado simplemente ponerla en marcha en poco más de los 2.000 centros que hoy imparten PCPIP, pero deberían haberla contemplado en los más de 7.000 institutos y centros privados que ofrecen FP en España. “4º ESO es obligatoria y tienes que tener las materias básicas en todos los centros. Y esos costes, lo más caro de la reforma, no los han tenido en cuenta”, dice el sindicalista.

Este olvido, según Recio, supondría un incremento del presupuesto enorme. “Si han calculado que la implantación en los 2.000 centros que tienen PCPIP supone 111 millones, extrapolando el coste de la implantación, supondría más de 300 millones extra ponerla en marcha en todos los centros que imparten ESO”, asegura Recio.

La partida ausente

Pero la memoria de la ley cojea también en partidas ausentes, como la FP Dual. El ministro la vendió como la solución de su Ministerio al desempleo, e incluso muchas Comunidades del PP la han puesto en marcha por su cuenta, como en Cantabria. Permite hacer prácticas y recibir formación en empresas, simultaneando trabajo y estudios. Pero curiosamente no hay ni una sola referencia a esa partida de FP en la memoria económica.

¿Un ahorro menor del calculado?

Además, según la memoria económica el Ministerio calcula que con la compactación del Bachillerato se ahorrarán casi 5.000 profesores y se embolsarán 140 millones de euros. Pero Recio, también director y profesor en un instituto madrileño, opina que estos cálculos son muy optimistas. “Creen que los alumnos se moverán de instituto y se concentrarán en los centros que ofrezcan las materias que les interesan, pero los chavales a esa edad prefieren adaptarse a lo que el centro en el que están les ofrezca y no van a poder suprimir tatos grupos como quisieran”, concluye.

Esta es una nueva semana clave para la escuela pública. El jueves habrá una nueva reunión de la Mesa Sectorial de Educación -en la que estarán representados todos los consejeros de esta cartera de España- donde se analizará la memoria económica de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) que el Ministerio envió a las comunidades autónomas la semana pasada y en la que se les exige una aportación de más de 50 millones de euros cada año para poder implantar la reforma de la polémica y cuestionada ley.

Además, la Plataforma Estatal de defensa de la Escuela Pública, integrada por sindicatos del profesorado, organizaciones de estudiantes, y de padres y madres del alumnado, comienza una semana conjunta de movilizaciones hasta el 9 de febrero en toda España en defensa de la educación pública y contra los recortes educativos. Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, mostraron su respaldo a esta convocatoria y a las manifestaciones previstas para el 7 de febrero por toda España.

A ello se suma también una huelga de alumnos convocada por el Sindicato de Estudiantes para los días 5, 6 y 7 de febrero. Hasta el pasado viernes, 1.150 institutos públicos se habían mostrado a favor de la protesta que contaría con el respaldo de 750 comités de huelga, según publicaba la revista especializada Escuela.

Respecto a la memoria económica de la nueva ley enviada a las comunidades autónomas, el presupuesto que preveía el primer borrador se ha quintuplicado. Si se calculaba que costaría al Estado 60 millones de euros, en el borrador enviado a las comunidades que se debatirá este jueves prevé que serán 408 millones. Esta diferencia radica, según fuentes sindicales, en que en un primer momento el Estado pretendía cargar el peso económico de la reforma a las comunidades autónomas, pero incluso las propias regiones del PP plantearon que era imposible llevarla a cabo en esas condiciones. La nueva intentona apuesta por que el Gobierno central se haga cargo de 408 millones y las comunidades aporten hasta 50 millones cada año durante tres años.

El secretario de Enseñanza de UGT, Carlos López, lo resumía a eldiario.es con una frase: “En un momento de recortes en número de profesores y servicios complementarios a la educación como la supresión de becas y ayudas, que el Ministerio se vaya a gastar 408 millones de euros en cambiar ideológicamente la ley me parece una aberración. No necesitamos gastar dinero en la recentralización del currículo o adaptar la ideología al sistema, sino acabar con los recortes que es lo que mete a los estudiantes en el hoyo del fracaso escolar”, concluye.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, califica la LOMCE como una ley “regresiva, segregadora, neoconservadora y profundamente inútil”, que empeorará los problemas del sistema educativo. García, que antes de ocupar este cargo fue el secretario de la federación madrileña, recuerda que muchos de los aspectos más polémicos de la LOMCE se han implantado ya en Madrid con resultados “nefastos” para los estudiantes.

Algunos de los ejemplos más polémicos tienen que ver por ejemplo con la apertura a la supuesta privatización que permitirá la LOMCE al asignar los fondos en función del proyecto curricular, o según los resultados en las evaluaciones que se implantarán de serie y que de acuerdo con la ley pretenden defender el derecho de los padres a elegir. García recuerda algunos ejemplos: “En Madrid se han sufrido las privatizaciones del servicio público educativo mediante la cesión de suelo a instituciones privadas o el establecimiento de la especifidad curricular en los centros que no debe confundirse con autonomía escolar, ya que ahora son los alumnos los que deben adaptarse al perfil de los centros”, explicó.

Otros de los aspectos más polémicos de la LOMCE son la zona única y las evaluaciones a los centros que en la nueva normativa permitirá la realización de rankings. En Madrid desde hace 8 cursos se realizan estos exámenes que a juicio del representante de CCOO “no sirven para nada salvo para hacer competir a los centros entre sí, y son una foto fija que perjudica a los centros que trabajan con más dificultades”. Y recurre a la estadística para confirmarlo. “En Madrid la esperanza de vida escolar se ha reducido, situándose en 12,4 puntos, cuando la media en España es 12,6. La tasa de abandono escolar ha crecido más que la media española y los repetidores superan también a la media estatal. Hay menos educación para todos y, especialmente, para los alumnos que más la necesitan”, agregó Francisco García.

Respecto a la cacareada Formación Profesional Básica, que permitirá a los alumnos con problemas para titulars en ESO acceder a una vía alternativa de FP, el portavoz sindical considera que es una estrategia más para enmascarar las cifras de fracaso escolar “y expulsar del sistema oficial a los que no pueden en lugar de integrarlos”.

Además, la memoria pretende eliminar casi 5.000 puestos de profesores de Bachillerato con la supresión de asignaturas y la creación de bachilleratos especializados que se hará efectiva en el tercer año de aplicación de la reforma. En concreto, serían 2.534 docentes los que perderían sus puestos de trabajo debido a la eliminación de materias, con lo que el Estado se ahorraría más de 91 millones de euros; y otros 2.281 correspondientes a la reducción de grupos de Bachillerato por la implantación de centros de bachilleratos especializados, que permitiría reducir 82 millones el presupuesto. En total, 4.715 docentes menos. “Con la supresión de docentes, grupos, aulas... no se puede avanzar, sino sólo retroceder”, concluye el portavoz de UGT

El borrador de la reforma de la ley de Educación presentado por el ministro José Ignacio Wert a las Comunidades Autónomas, y que se ha desarrollado sin diálogo ni consenso con la comunidad educativa, ha provocado innumerables debates sobre el modelo lingüístico. Sin embargo, este apartado, muy político, ha eclipsado otros puntos peliagudos y trascendentes de una legislación que a veces recuerda demasiado al modelo educativo de épocas ya superadas. Estos son los cambios más relevantes y polémicos de la nueva normativa, que supondrán un coste de casi 60 millones de euros poner en marcha y que este jueves han sacado a miles de personas a la calle en toda España.

1. Declaración de intenciones en el prefacio

1. Declaración de intenciones en el prefacio

En la LOE se definía la educación como “el medio de transmitir valores, renovar la cultura (...) fomentar la convivencia democrática, el respeto a las diferencias individuales, promover la solidaridad y evitar la discriminación (...) para lograr la cohesión social. (...) Es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica”.

En el borrador del anteproyecto de ley de la LOMCE en su quinto párrafo apunta más bien a la educación como medio para crear ciudadanos empleables y capaces de competir en el libre mercado: “El nivel educativo de los ciudadanos determina su capacidad de competir con éxito en el ámbito del panorama internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos (...) supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por un futuro mejor”.

2. Agentes privados en la regulación pública

2. Agentes privados en la regulación públicaLa LOMCE incluye una definición de lo que es el “Sistema Educativo Español” en la que, curiosamente, las familias y asociaciones de padres no han sido incluidas, pero sí los agentes privados, a los que se les da capacidad reguladora, lo que podría interpretarse como una puerta a la privatización efectiva del sistema de enseñanza. Dice así: “El conjunto de agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación del servicio de la educación en España y sus beneficiarios”.

3. Suprime ciudadanía y da más horas de religión

La nueva norma elimina Educación para la Ciudadanía y aumenta la carga horaria de Religión e incluye una asignatura alternativa, Valores Culturales y Sociales, equiparándola a la media del resto de las materias, lo que en la práctica puede suponer una hora semanal más de esta materia. Estas dos decisiones las tomó de acuerdo con la Conferencia de Episcopal, inquieta por el descenso de alumnos que escogen estudiar religión, que en la última década ha bajado casi un 10%.

4. Modelo linguístico

4. Modelo linguísticoSe elimina la inmersión lingüística, que llevaba 30 años en marcha en algunas comunidades con lengua cooficial, al establecer un mínimo de materias en las dos lenguas oficiales. Además se establece que las administraciones regionales podrán dar un trato diferenciado a la lengua cooficial respecto al castellano “en una proporción razonable” sin que ello suponga la “exclusión del castellano”.

Otro de los asuntos que indignan a las administraciones con lengua cooficial es que la lengua se considera una materia no troncal, sino específica, al mismo nivel que la Educación Física, aunque es una asignatura específica y obligatoria para todos los alumnos.

También se plantea que las familias puedan elegir la lengua que desean para sus hijos: tanto castellano como la lengua cooficial. Y aquí llega uno de los asuntos más polémicos: obliga a las administraciones a hacerse cargo de la escolarización en castellano en colegios privados en los casos en los que los padres lo reclamen y la administración no lo esté ofreciendo en esa determinada zona.

5. Más dinero y autonomía para la excelencia y especialización

La nueva norma incluye un artículo en el que ofrece mayor autonomía y más recursos económicos a los centros que pongan en marcha proyectos educativos competitivos tendentes a la especialización, y que luego rindan cuentas sobre ellos con evaluaciones anuales. Para ello deben apostar por proyectos sobre: “Especialización curricular, la excelencia, la formación docente, la mejora del rendimiento escolar, la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, o a la aportación de recursos didácticos a plataformas digitales”, según la norma. Estos centros podrán incluso seleccionar a su alumnado en función de su rendimiento académico en las enseñanzas obligatorias “con hasta un 20% de la puntuación asignada”.

6. Acceso a la universidad

6. Acceso a la universidadEliminada la selectividad, correrá a cargo de las universidades gran parte del peso de la selección de su alumnado. Tendrán que tener en cuenta su nota de Bachillerato (un 60% como mínimo), las calificaciones obtenidas en las materias de bachillerato relacionadas con lo que quiere estudiar, la formación complementaria, y si tiene estudios relacionados con la carrera que se quiera estudiar (FP de grados superiores, o estudios universitarios previos). También pueden establecer procedimientos de selección y evaluaciones específicas

7. Conciertos educativos más largos y en más etapas

Los conciertos amplían su duración y pasan de cuatro años a seis en Primaria, con carácter general. Pero la nueva redacción prevé que además existan conciertos en otras etapas postobligatorias (bachillerato), que hasta ahora no estaban previstos en la ley. Estos nuevos conciertos durarán cuatro años, y además se permitará que un concierto con un mismo titular pueda servir para varios centros.

8. Blindaje a los conciertos de los centros que segregan por sexo

La anterior ley no permitía discriminar al alumnado por su sexo y varias sentencias dieron la razón a las comunidades autónomas que retiraron sus conciertos a centros educativos que segregaban a su alumnado por sexo, como Cantabria o Andalucía. Por eso la nueva norma incluye un artículo que blinda este tipo de escolarización. En el apartado 3 del artículo 84 especifica: “No constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto (...) por la Unesco (...). En ningún caso, la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y centros correspondientes un trato menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto”.

9. Colegios menos democráticos y un director profesional

La figura del director cobra muchísima más relevancia en los centros escolares. Han de pasar por un proceso de formación y acreditación del Ministerio, que les ofrece una mayor autonomía si demuestran “que los recursos públicos se han administrado eficientemente y apuntan a una mejora real de los resultados”. Pasan a ser además algo así como gestores de Recursos Humanos: pueden contratar o vetar a un determinado profesor, establecer los méritos para cubrir un determinado puesto por un interino, o vetar alguno de los candidatos si lo justifican.

El claustro de profesores deja de ser el responsable primordial de la elección del director y cobra mucho más peso la Administración en esta elección. También el Consejo escolar pierde peso a la hora de decidir. Además, el Consejo pierde poder en el centro, deja de ser un órgano decisivo, y pasa a serlo meramente consultivo. Ya no puede aprobar, ni decidir (han sido eliminadas específicamente estas funciones del redactado de la ley) y debe limitarse a “evaluar” e informar.

10. Nueva Formación Profesional: FP básica y dual

10. Nueva Formación Profesional: FP básica y dual

La ley crea una nueva Formación Profesional Básica para alumnos de 15 a 17 años que tras haber cursado el primer ciclo de ESO no logren pasar a cuarto. Es gratuita y parte de la enseñanza obligatoria. Desde ella se podrá pasar a la FP de grado medio, y de ahí a la FP de Grado Superior “y se completa con materias optativas orientadas a los ciclos de grado superior y al tránsito hacia otras enseñanzas”.

Además, crean una nueva FP Dual, que permite hacer prácticas y recibir formación en empresas, simultaneando trabajo y estudios. Esta FP ha sido duramente criticada por el ex director general de FP del anterior Gobierno, Miguel Soler, que considera que en la práctica “sólo servirá para cubrir puestos de trabajo que requieren una mayor cualificación con estudiantes a cambio de sueldos que no llegarán al salario mínimo”, ya que la mayoría de las PYMES no tienen capacidad para destinar a personal a la formación del alumnado.

11. Más control del Ministerio en los contenidos

11. Más control del Ministerio en los contenidosSe aumentan los porcentajes de contenidos controlados por el ministerio. Si en la LOE el Ministerio controlaba el 65% de las enseñanzas mínimas en los currículos, y el 55% en las comunidades con lengua cooficial, ahora la norma establece que “los contenidos comunes requerirán el 65 % de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 75 % para aquéllas que no la tengan”. Mientras que hasta ahora los centros eran los encargados de velar por los contenidos comunes, la nueva norma atribuye esta función a las administraciones educativas que “desarrollarán los contenidos comunes y podrán establecer directrices pedagógicas, reconociendo cierto grado de autonomía a los centros educativos”. Aunque introduce un guiño a determinados centros concertados con un modelo pedagógico propio: “Los centros educativos dispondrán de autonomía para diseñar e implantar métodos pedagógicos propios, de conformidad con las directrices que, en su caso, establezcan las administraciones educativas”.

12. Ratios más altas y profesores sin oposición

Además, la ley permite que se aumente por sistema la ratio de las aulas (número de alumnos por profesor) un 10%, masificándolas cuando la demanda así lo requiera. Además permitirá que las comunidades contraten a docentes sin hacer la oposición, como es el caso de los profesores nativos para las clases de inglés que Esperanza Aguirre contrató en Madrid el curso pasado.

13. Nuevos-viejos nombres de asignaturas

13. Nuevos-viejos nombres de asignaturasCambia la denominación de varias asignaturas, para volver a llamarlas como en la antigua EGB (en vez de Conocimiento del Medio, Ciencias Naturales por ejemplo); en 4º de ESO se implanta la asignatura de Economía y se le da la misma relevancia que a Latín o Biología. Además, se introducen dos categorías de asignaturas: las troncales y las específicas, y a partir de bachillerato la configuración de asignaturas pasa a ser sumamente específico y se modifican las vías para elegir, desapareciendo tecnología y dejando únicamente cuatro: Ciencias, Humanidades, Ciencias Sociales y Artes.

14. Reválidas, ránkings y competitividad entre escuelas

Aunque la LOE ya incluía diversas evaluaciones del sistema para trabajo interno de los centros e impedía específicamente en su enunciado utilizar los resultados para hacer clasificaciones de centros, la nueva norma propone justo lo contrario dar a conocer públicamente estos resultados: “Las Administraciones educativas publicarán los resultados obtenidos por los centros docentes ponderados en relación con los factores socioeconómicos y socioculturales del contexto en el que radiquen”, recoge. En concreto, se elimina la selectividad pero se incluyen otros tres exámenes o reválidas que diseñará el Ministerio de Educación y que se realizarán dentro del centro escolar, aunque los responsables del examen serán externos: el primer examen será al acabar 6º de Primaria (de lengua, matemáticas, ciencia y tecnología), el segundo al acabar 4º ESO (de materias troncales y una materia especifica por cada curso; contará un 30% para la nota media de la Secundaria), y el tercero al final de Bachillerato (todas las troncales, y una específica por curso; la nota de esta prueba contará un 40%).