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La escuela pública vuelve a movilizarse

Sindicatos, profesores, estudiantes y familias protestan contra los recortes y en defensa de la educación pública.

Las cuentas presentadas en la memoria económica de la nueva Ley de Educación disparan el gasto previsto para el Estado.

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Manifestación de la 'Marea verde' en Madrid en mayo de 2012. Foto del Flickr de Popicinio.

Manifestación de la 'Marea verde' en Madrid en mayo de 2012. Foto del Flickr de Popicinio.

Esta es una nueva semana clave para la escuela pública. El jueves habrá una nueva reunión de la Mesa Sectorial de Educación -en la que estarán representados todos los consejeros de esta cartera de España- donde se analizará la memoria económica de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) que el Ministerio envió a las comunidades autónomas la semana pasada y en la que se les exige una aportación de más de 50 millones de euros cada año para poder implantar la reforma de la polémica y cuestionada ley.

Además, la Plataforma Estatal de defensa de la Escuela Pública, integrada por sindicatos del profesorado, organizaciones de estudiantes, y de padres y madres del alumnado, comienza una semana conjunta de movilizaciones hasta el 9 de febrero en toda España en defensa de la educación pública y contra los recortes educativos. Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, mostraron su respaldo a esta convocatoria y a las manifestaciones previstas para el 7 de febrero por toda España.

A ello se suma también una huelga de alumnos convocada por el Sindicato de Estudiantes para los días 5, 6 y 7 de febrero. Hasta el pasado viernes, 1.150 institutos públicos se habían mostrado a favor de la protesta que contaría con el respaldo de 750 comités de huelga, según publicaba la revista especializada Escuela.

Respecto a la memoria económica de la nueva ley enviada a las comunidades autónomas, el presupuesto que preveía el primer borrador se ha quintuplicado. Si se calculaba que costaría al Estado 60 millones de euros, en el borrador enviado a las comunidades que se debatirá este jueves prevé que serán 408 millones. Esta diferencia radica, según fuentes sindicales, en que en un primer momento el Estado pretendía cargar el peso económico de la reforma a las comunidades autónomas, pero incluso las propias regiones del PP plantearon que era imposible llevarla a cabo en esas condiciones. La nueva intentona apuesta por que el Gobierno central se haga cargo de 408 millones y las comunidades aporten hasta 50 millones cada año durante tres años.

El secretario de Enseñanza de UGT, Carlos López, lo resumía a eldiario.es con una frase: "En un momento de recortes en número de profesores y servicios complementarios a la educación como la supresión de becas y ayudas, que el Ministerio se vaya a gastar 408 millones de euros en cambiar ideológicamente la ley me parece una aberración. No necesitamos gastar dinero en la recentralización del currículo o adaptar la ideología al sistema, sino acabar con los recortes que es lo que mete a los estudiantes en el hoyo del fracaso escolar", concluye.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, califica la LOMCE como una ley "regresiva, segregadora, neoconservadora y profundamente inútil", que empeorará los problemas del sistema educativo. García, que antes de ocupar este cargo fue el secretario de la federación madrileña, recuerda que muchos de los aspectos más polémicos de la LOMCE se han implantado ya en Madrid con resultados "nefastos" para los estudiantes.

Algunos de los ejemplos más polémicos tienen que ver por ejemplo con la apertura a la supuesta privatización que permitirá la LOMCE al asignar los fondos en función del proyecto curricular, o según los resultados en las evaluaciones que se implantarán de serie y que de acuerdo con la ley pretenden defender el derecho de los padres a elegir. García recuerda algunos ejemplos: "En Madrid se han sufrido las privatizaciones del servicio público educativo mediante la cesión de suelo a instituciones privadas o el establecimiento de la especifidad curricular en los centros que no debe confundirse con autonomía escolar, ya que ahora son los alumnos los que deben adaptarse al perfil de los centros", explicó.

Otros de los aspectos más polémicos de la LOMCE son la zona única y las evaluaciones a los centros que en la nueva normativa permitirá la realización de  rankings. En Madrid desde hace 8 cursos se realizan estos exámenes que a juicio del representante de CCOO "no sirven para nada salvo para hacer competir a los centros entre sí, y son una foto fija que perjudica a los centros que trabajan con más dificultades". Y recurre a la estadística para confirmarlo. "En Madrid la esperanza de vida escolar se ha reducido, situándose en 12,4 puntos, cuando la media en España es 12,6. La tasa de abandono escolar ha crecido más que la media española y los repetidores superan también a la media estatal. Hay menos educación para todos y, especialmente, para los alumnos que más la necesitan", agregó Francisco García.

Respecto a la cacareada Formación Profesional Básica, que permitirá a los alumnos con problemas para titulars en ESO acceder a una vía alternativa de FP, el portavoz sindical considera que es una estrategia más para enmascarar las cifras de fracaso escolar "y expulsar del sistema oficial a los que no pueden en lugar de integrarlos".

Además, la memoria pretende eliminar casi 5.000 puestos de profesores de Bachillerato con la supresión de asignaturas y la creación de bachilleratos especializados que se hará efectiva en el tercer año de aplicación de la reforma. En concreto, serían 2.534 docentes los que perderían sus puestos de trabajo debido a la eliminación de materias, con lo que el Estado se ahorraría más de 91 millones de euros; y otros 2.281 correspondientes a la reducción de grupos de Bachillerato por la implantación de centros de bachilleratos especializados, que permitiría reducir 82 millones el presupuesto. En total, 4.715 docentes menos. "Con la supresión de docentes, grupos, aulas... no se puede avanzar, sino sólo retroceder", concluye el portavoz de UGT


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