Los padres de una niña de seis años, enferma de meningoencefalitis, no pueden costear su recuperación. El transporte desde su casa al hospital le cuesta el doble de lo que supondría pagar un especialista en casa. A un peón albañil, enfermo y con cinco hijos pequeños, se le acabó hace año y medio la prestación por desempleo y no encuentra trabajo. Dice que prefiere pasar necesidad antes que pedir. Un joven de 34 años quedó parepléjico en un accidente de tráfico cuando trabajaba en una empresa de automóviles. El dueño no lo tenía asegurado y no tiene ni para comprar la silla de ruedas. Una madre y sus cinco hijos viven con los pocos ingresos que la mujer recibe limpiando casas. Dos de ellos tienen hepatitis y deben una abultada cantidad en la farmacia. Un pensionista con una enfermedad crónica de riñón necesita una dieta rica en sal, vitaminas y proteínas que no puede permitirse. Hace bastante tiempo que no paga el agua, la luz, la basura y sobrevive con la ayuda de los familiares, vecinos y de la parroquia, cada vez más desbordada por la situación de desempleo del barrio.

Todas estas personas andaluzas han acudido a Cáritas. Pero no hoy, ni ayer, ni hace un mes... Todos estos casos fueron atendidos a finales de 1982, hace poco más de 30 años. Sus historias fueron publicadas en el Banco de los Pobres, una sección de ABC de Sevilla. “Hasta el pasado miércoles se habían recaudado 68.400 pesetas, con lo que se podrán abonar los masajes y ejercicios de recuperación durante siete meses”, explicaba el diario una semana después de publicar el caso de la pequeña enferma. El peón albañil logró 32.800 pesetas. El joven parapléjico consiguió la silla de ruedas. Los donativos para la madre y sus cinco hijos ascendieron a 90.300 pesetas. Y el pensionista pagó sus deudas con las 51.800 pesetas recaudadas. “Cáritas ha supuesto una estructura básica para el ejercicio de la caridad”, afirmaba el rotativo. Faltaban apenas unos días para las elecciones de 1982, las primeras ganadas por el socialista Felipe González, principal artífice del Estado de Bienestar.

Hoy, con una Constitución asentada y un Estatuto autonómico que garantizan sanidad pública, educación pública y un rosario de derechos sociales que parecían inviolables, organizaciones como Cáritas y ONG vuelven a estar desbordadas con historias muy similares a las de hace 30 años, donde lo poco que cambia entre aquellas y estas son las pesetas. ¿Está regresando la caridad para suplir las deficiencias de un sistema público herido por los tijeretazos económicos? ¿Están asumiendo las organizaciones sociales un trabajo que corresponde a la Administración? A mayor recorte de derechos, más se llenan los comedores sociales, resume el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, quien alerta de un peligro en este nuevo rumbo alentado por las políticas conservadoras. “La crisis está influyendo en los servicios sociales como en ningún otro sector y corremos el grave riesgo de confundir los derechos con la caridad. Los derechos van por delante en una democracia”, advierte.

Un caso en la Vega de Granada

Hasta hace unos meses, Guadalupe Trujillo atendía a familias con niños pequeños en Pinos Puente, un pueblo de la Vega de Granada con una bolsa importante de población en riesgo de exclusión. Es trabajadora social y ha sido despedida junto con 34 compañeras por la Diputación. “En Granada existe mucha dispersión y se necesita una red básica de servicios para que un ciudadano en la Alpujarra tenga los mismos recursos que un vecino de la capital. Hemos trabajado mucho todos estos años y hemos conseguido grandes resultados gracias a los servicios públicos, que han vertebrado Andalucía. Y ahora la Diputación, gobernada por el PP, mientras desmantela los servicios sociales, concede miles de euros a organizaciones de la Iglesia y ONG, cuya labor es importantísima, pero que deberían trabajar de la mano de la Administración, de forma complementaria; no se pueden sustituir los derechos por la beneficencia”, denuncia Guadalupe. “Estamos ante un cambio de sistema basado en ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Es verdad que hay recortes, pero hay mucha más falta de voluntad política cuando compruebas que se ajusta en esto y no en asesores”, lamenta.

Este nuevo escenario donde existe el riesgo de que la caridad comience a sustituir determinados servicios públicos puede intuirse detrás de declaraciones como las del presidente de la Diputación, Sebastián Pérez (PP), que responsabiliza a la Junta de Andalucía de los recortes: “Muchas familias lo están pasando mal en un momento muy complicado y difícil, por lo que necesitan del apoyo de organizaciones como la Congregación de las Hermanitas de los Pobres. Con ellas, uno está mejor que en su casa”, dijo tras entregarles un cheque. O las palabras del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, en una entrevista en la SER a propósito de los yogures caducados: “Cuando Cáritas, Cruz Roja, la Iglesia Católica, los comedores de caridad están haciendo un esfuerzo de solidaridad con la sociedad... que vaya a la basura un producto en buenas condiciones clama al cielo”. O la afirmación de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros del pasado día 8: “[Que salgamos adelante] no sólo depende del Gobierno, sino de la solidaridad entre todos”. Para Rafael Leyva, de UGT, dejar a los ciudadanos a expensas de las limosnas es una actitud intolerable e hipócrita: “La responsabilidad del Gobierno es garantizar nuestros derechos, no pedirnos solidaridad; quienes fracasan son ellos”.

“El Gobierno andaluz está al lado de las personas que más lo necesitan y está trabajando para mantener todos los programas, mecanismos y vías de actuación que sostienen el sistema de servicios sociales a pesar de que el Ejecutivo central está destruyendo paulatinamente el Estado del Bienestar”, destacó la consejera María Jesús Montero (PSOE) recientemente. Como ejemplo, su departamento ha duplicado el Programa de Inclusión Social con la puesta en marcha de un Plan Extraordinario dotado con 60 millones y ha aumentado la inversión en el Programa de Solidaridad en un 12,2%, con 70 millones. La Consejería otorga una “importancia capital” a las entidades locales, que atienden de media al año a un millón de personas, y denuncia que el Gobierno de España, por el contrario, ha reducido cerca de un 70% su aportación al Plan Concertado de servicios sociales comunitarios en dos años -en el que estaban adscritas, por ejemplo, las trabajadoras despedidas en Granada- y 214 millones a la Ley de la Dependencia. “Las políticas impulsadas por el Gobierno del PP, con la crisis como coartada, están poniendo en peligro el modelo”, aseguró Montero.

Las ONG, colapsadas, denuncian los retrasos en los pagos de la Administración.

La renta básica continúa sin aprobarse a pesar de estar recogida en el Estatuto

Muchos andaluces han llegado al voluntariado a través de la propia necesidad. Mari Carmen, de 54 años, colabora con Cáritas y Manos Unidas. “Empecé a ser voluntaria hace cuatro años, cuando me quedé parada después de estar toda la vida trabajando en una constructora”, dice mientras recoge donativos con una hucha por la calle. Necesitaba mantenerse activa, sobre todo, porque con su edad y perfil iba a ser complicado encontrar un nuevo empleo. “Yo noté que la situación iba a peor cuando llevaba ya dos años con el voluntariado. Empezaron a venir a la parroquia familias que hacía muy poquito tiempo estaban acomodadas, personas como yo que de la noche a la mañana se iban a ver en la calle, una pena. Y al ayudarlas, me ayudo también a mí misma”, reflexiona.

María Portero, 33 años, licenciada, lleva dos colaborando con el Banco de Alimentos, que en la pasada campaña de Navidad recogió más de 1.500 toneladas de comida, muy por encima de las previsiones. “Decidí hacerme voluntaria al ver que la situación de mis vecinos, amigos o la mía misma, comenzaba a ser preocupante. El problema ya no estaba en el Tercer Mundo. El problema lo teníamos en casa”, cuenta.

“Veo que, o cambiamos las leyes, o la limosna no nos conducirá a nada”

Su función en el Banco de Alimentos consiste en distribuir los víveres en cajas una vez ya recogidos. “Prefiero eso a hacer la colecta por supermercados”, matiza. Considera importante ese trabajo pero en el fondo y, tras la escalada de recortes, no se siente satisfecha y está incluso pensando en no volver el próximo año y en darse de baja de la ONG internacional a la que está apuntada junto con su marido y su hijo. “Es que veo que o cambiamos las leyes, o hacemos que el Gobierno central nos devuelva los derechos que estamos perdiendo o, sinceramente, la lismona no nos conducirá a nada más que a limpiar nuestras conciencias absurdamente y a ser más pobres porque tendremos trabajos precarios, tendremos que seguir pagando medicamentos, no podremos hacer frente a la hipoteca, etc...”, asegura recordando la sátira que hace Berlanga en Plácido del eslogan “Siente un pobre en su mesa”.

En sólo unos años, los bancos de alimentos han pasado de ser residuales a tener un gran peso en la sociedad andaluza. El vicepresidente andaluz, Diego Valderas (IU), llegó a proponer la creación de uno a gran escala, una idea que, según fuentes de la Junta consiste en coordinar un fondo de emergencia social en colaboración con instituciones y con especial incidencia en los servicios sociales de los ayuntamientos. “Estamos trabajando en un movimiento solidario responsable desde lo público, que no tiene nada que ver con la caridad o la beneficencia”, afirmaron las mismas fuentes. La Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social pide, en ese escenario, un cambio en el modelo con medidas como la participación de las personas en situación de vulnerabilidad en el desarrollo de las políticas o la inclusión activa en todos los campos, no únicamente en el empleo.

El espejismo de la renta básica

Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), el 35% de la población andaluza se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, un 29,3% de personas viven por debajo del umbral de la pobreza y 308.800 menores en Andalucía son pobres. “Todo esto sumado a una tasa de paro superior al 35%, más de la mitad jóvenes”, critica el vicecoordinador de la APDHA, Pablo Fernández. La asociación denuncia que a pesar de estas cifras aún no se ha aprobado la Ley de Inclusión ni la renta básica, un derecho recogido en el Estatuto, siempre aplazado por falta de recursos económicos. “La actividad de los comedores sociales, de los bancos de alimentos o las asistencias de Cáritas dibujan un cuadro social demoledor donde los derechos humanos están en peligro”, añade la organización.

“Deberían ser un pilar de la Administración y hay más desinversión que nunca. La crisis demanda más apoyo al colectivo con el que trabajamos pero a la vez es cuando en la ONG tenemos menos recursos económicos y, a su vez, desaparecen muchas líneas de trabajo que manteníamos con la Administración”, sostiene el secretario general de Andalucía Acoge, Mikel Araguás. A esta organización llegan inmigrantes con la misma situación que hace 15 años, pero con una diferencia: antes no tenían papeles; ahora, al no tener trabajo y no poder renovar la tarjeta, vuelven a quedarse en situación irregular, sin papeles. Con la cooperación internacional ocurre lo mismo. “Estamos en una situación muy difícil, con deudas de la Administración de más de 20 millones de euros, que suponen el colapso de las ONG, despidos, freno a programas fundamentales para garantizar los derechos básicos de muchas personas y la consecuencia directa es un repunte de la inmigración ilegal debido a la caída en picado de ayudas al África subsahariana”, desgrana el presidente de la Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, CAONGD, José María Ruibérriz, que concluye que no se puede hacer una sociedad justa basada en relaciones injustas con el mundo.

En la calle Pagés del Corro, en el barrio sevillano de Triana, dos personas de etnia gitana esperan fumando un cigarrillo en la puerta de la Delagación Provincial de la Consejería de Bienestar Social. Unos metros más allá, más de cien personas hacen cola para recoger un bocadillo en el comedor social gestionado por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. El constraste es brutal. “Yo tendría que reclamar mi derecho a una vivienda, a un salario digno, pero sé que los políticos no me lo van a dar. He dado muchas vueltas por las administraciones y nunca me responden. No tengo trabajo ni nada. El alcalde o el de turno, como mucho, me va pedir que rellene otra vez un papel, no me va a dar un plato de comida. Así que estoy aquí”, explica una mujer de 40 años que quiere mantener el anonimato. Asegura que la primera vez que acudió sintió vergüenza. “Ya no me importa, al menos ellas me ayudan”, dice sosteniendo un chaquetón blanco que acaban de darle las monjas. “Antes venían sólo personas que viven en la calle, ahora vienen muchísimas familias en paro, con niños... los nuevos pobres; estamos desbordadas”, afirma una hermana mientras atiende el trasiego de necesitados. En la mayoría de los casos, ambos progenitores están en paro y han agotado las prestaciones o cobran ayudas que no les permiten hacer frente a los gastos básicos.

“No cabe duda de que el perfil ha ido cambiando significativamente. Hay gente que realmente no tiene nada, que ha perdido su trabajo, que ya no puede pagar el alquiler, la hipoteca, los recibos y que nunca había pensado que tendría que acudir a Cáritas”, explica Anselmo Ruiz, presidente de Cáritas Andalucía. La organización, con 572 trabajadores y 10.000 voluntarios, ha pasado de atender a 151.000 personas en 2007 a 400.000 en 2011, es decir, un 62% más. Ruiz asegura que en época de crisis, la gente aporta más dinero. Y denuncia, en cambio, los retrasos en los pagos de la Administración. “Siempre se recorta por los pobres. Tenemos que recuperar la política con mayúsculas. No todo vale. A los partidos les toca sentarse porque son ellos los que están al servicio de la gente y no al contrario”, afirma. “Siendo solidario la vida tiene sentido”, concluye.

Dolores se levantaba cada mañana con dos miedos: uno, no tener nada en el monedero para comprar una caja de leche; y dos, recibir una nueva carta del banco exigiéndole el pago de las letras de su piso, acumuladas durante meses. Tanto a ella como a su marido se les agotó la prestación por desempleo y las pocas casas a las que Dolores iba a limpiar también dejaron de llamarla. No sabía qué hacer ni dónde ir. No comprendía tampoco por qué el banco, tras años de pago puntual, no le ofrecía más opción que saldar la deuda o irse de la vivienda. Sentía, además, vergüenza. Nunca, nunca había imaginado verse en esa situación. Hoy Dolores se levanta un poco más tranquila. Ella y su marido se han mudado a casa de sus padres, pero ya no viven con miedo a abrir el buzón: han conseguido la dación en pago. Aunque solos puede que no lo hubieran logrado. Dolores, nombre ficticio, ha “vencido” al banco gracias a una de las oficinas de Vivienda de la Junta de Andalucía, creadas en octubre para la prevención, mediación y la protección de las víctimas de desahucios.

Porque si en algo coinciden colectivos antidesahucio y Administración autonómica es que este drama se conjuga en plural. Plural por el número: en Andalucía se han producido casi 70.000 desahucios entre 2007 y 2011, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y, en el primer semestre de 2012, se produjeron 7.551, más de 40 al día, un 41,98% más que en el mismo periodo del año anterior. Y plural por la manera de enfrentarse al problema: en pocos casos las entidades bancarias parecen escuchar al afectado si no viene respaldado o asesorado por movimientos de apoyo vecinal, organizaciones sociales de presión o, como en este caso, de la mano de una oficina de la Junta. Granada Santos, delegada de Vivienda en Sevilla, percibe una evolución en la sensibilización en general y, sobre todo, de los bancos. “Al principio nos encontrábamos con muchas entidades financieras que no querían ni sentarse. Ahora se sientan. Hemos conseguido alquileres sociales, daciones en pago, condonaciones de deudas de hasta 9.000 euros. Cuando en las familias hay niños o enfermos, suelen lograrse alquileres sociales. Eso antes era impensable. Incluso alguna entidad ha puesto un solo interlocutor para solucionar todos los casos”, afirma. “Desafortunadamente, ha tenido también que morir gente”, señala en referencia a los suicidios de personas poco antes de ser desahuciadas.

El valor de la intermediación autonómica ante bancos y juzgados se ha traducido en 969 desahucios evitados en tres meses y medio de funcionamiento. “Son casi mil familias que, de no haber acudido a las oficinas, hoy podrían estar en la calle - explica la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU)- Nuestro objetivo es que la gente no pierda sus viviendas y estamos demostrando que la resignación institucional no estaba justificada. En Andalucía nadie pierde su casa del parque público por no poder pagar porque entendemos que un poder público no puede añadir más dolor al dolor”, explicó la consejera, quien ya el pasado junio ordenó la paralización de todos los desahucios en el parque público de la Junta en caso de endeudamiento sobrevenido por la pérdida del empleo.

Aún se ofrecen cláusulas abusivas

Del total de familias atendidas hasta ahora (1251), 163 (el 13%) acudieron en la fase de prevenció. La consejera extrajo una conclusión alarmante: los contratos que muchas familias llevan a las oficinas para asesorarse antes de firmar una hipoteca siguen teniendo cláusulas abusivas. “Pese a la tragedia social que estamos viviendo, aún hay cláusulas abusivas. Las estafas de hoy pueden ser los desahucios de mañana. Es urgente un desarrollo legislativo y ya estamos en ello en Andalucía, aunque sería necesario un marco estatal garantista”, afirmó. El tercer grupo, en la fase de protección, con 119 casos atendidos, es el más complicado. Según Granada Santos, cuando ya no hay nada que hacer porque el desahucio se ha ejecutado, se buscan soluciones alternativas. “A veces son los ayuntamientos los que pagan un alquiler social a esas familias con niños que se han quedado en la calle”, explica.

“La vivienda es un derecho, no una mercancía financiera -insiste la consejera- y no cabe continuar con las políticas especuladoras en las que el Gobierno central continúa empeñado. Las medidas para garantizar el derecho a la vivienda no pueden estar envueltas en retórica caritativa, sino que deben ser cuestión de voluntad política de defender los derechos humanos”.

Las organizaciones sociales y movimientos como el 15-M, Stop Desahucios o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) están dando visibilidad a un problema global y, con una inmensa dedicación detrás, han logrado conquistas históricas. La semana pasada, por ejemplo, siete familias que ocuparon un bloque de viviendas en Triana (Sevilla), bautizado como la Corrala Libertad, pactaron un alquiler social con la promotora del inmueble: 600 euros mensuales por todo el efidicio.

“Se puede”, fueron las palabras más repetidas por Carmen Román en la rueda de prensa donde se dio a conocer el acuerdo. La dueña del edificio se ha dado cuenta de que el enemigo es la banca, concluyó el abogado del Grupo 17 de Marzo Enrique Yrazustra. “Nosotros somos familias normales que en estos momentos de crisis estamos pasando un momento duro por no tener trabajo”, añadió casi llorando Carmen tras abrazar a su hijo Ismael. “Si nosotros no nos ayudamos, hoy en día, en la política no nos va a ayudar nadie”, continuó Paco, la pareja de Carmen.

16 de febrero, a la calle

Las organizaciones sociales consideran que los gobiernos -también el andaluz- pueden y tienen que hacer mucho más, como reclamarán en la manifestación del próximo 16 de febrero. “La política tiene que dar respuesta a esta situación. Tiene que institucionalizar el problema y declarar el estado de emergencia habitacional ya”, explica Eva Morales, de Intercomisión de Vivienda del 15-M. El colectivo, en general, no confía en estas oficinas de la Junta. “A veces se han adoptado soluciones con los bancos que nos han parecido desagradables, comprometiendo casi todos los ingresos que tiene la persona afectada para pagar a la entidad. Son oficinas de mediación, pero lo que necesitamos son otras acciones políticas”, asegura Juanjo García, portavoz de las 36 familias que ocuparon el primer edificio de forma colectiva en Sevilla, la Corrala Utopía. “Las instituciones públicas no garantizan a la población la capacidad de tener una renta para pagar sus casas y las echan a la calle. Por eso nosotros, la sociedad civil, nos organizamos para no dejar a nadie tirado”, incide Juanjo Santiago, del 15-M de Triana. A sus asambleas, cada semana, pueden llegar hasta diez casos nuevos. Cada uno de los que participa enestas asambleas, con su drama personal dentro, van aportando su granito de arena a lo que consideran un problema de todos. “Esto no puede ser una solución caso a caso, una solución a cada persona que viene a pedir ayuda a una asamblea. Tenemos que encontrar una solución colectiva, que no es otra que cambiar las leyes”, concluye Caty.

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El alcalde de Burguillos, un pueblo de Sevilla gobernado por el PP, ha expulsado de un pleno a un concejal de Izquierda Unida por llevar una bandera republicana en la solapa de la chaqueta por considerar que es un símbolo inconstitucional. “No se había ni iniciado el pleno cuando me dijo que o me lo quitaba o me expulsaba. Y por supuesto me negué a quitármelo porque forma parte de mi modo de pensar. Es intolerable. La República era ilegal en la dictadura, no en un pleno democrático”, explicó a eldiario.es el edil de IU, José Manuel Zambrana, que fue desalojado por la Policía Local.

El alcalde, Domingo Delgado, insistió a este diario que el símbolo es inconstitucional. “Hubiera expulsado también a un concejal que llevara la bandera con el pollo”, afirmó en conversación telefónica. El edil de IU aseguró que ya ha hablado con los servicios jurídicos del partido para denunciar al alcalde.

El pleno continuó sólo con los concejales del PP. El resto, incluidos los ediles del PSOE, abandonaron el salón en solidaridad con Zambrana. “Ya ha habido varios concejales expulsados. Si no está de acuerdo con lo que estás diciendo, te corta. A mí me expulsó hace unos meses tras mandarme callar tres veces y me ha llegado una multa por desobediencia a la autoridad”, cuenta José Antonio Domínguez, portavoz del PSOE en el pueblo.

El alcalde es el policía que inspiró la película Grupo 7, representado por el actor Mario Casas. “No me veo reflejado en él”, dijo Delgado en una entrevista reciente con ABC.

Al mismo tiempo, las 36 familias que viven en la Corrala llevan meses sin luz ni agua

Asfixiados por las deudas y las cartas de desahucios, los vecinos de la Corrala Utopía, las 36 familias -con niños y mayores enfermos- que ocuparon un edificio vacío en Sevilla el pasado mayo, llevan viviendo desde hace meses sin luz ni agua. Cada día, cargan las garrafas que llenan en una fuente y usan generadores eléctricos para lo indispensable. Han protestado incansablemente a las puertas del Ayuntamiento para que restablezcan el servicio, por el que están dispuestos a pagar. Pero hasta la fecha, enmarañados en una mesa de negociación junto con la entidad propietaria del inmueble, Ibercaja, los vecinos siguen sin solución, a oscuras y con sus botellas de plástico, lavando a mano, casi como en un campo de refugiados.

Para estas familias, el colmo de la injusticia o la gran paradoja del caso es que, según han denunciado, mientras ellos se encuentran en esta situación, un edificio municipal, el Centro Deportivo La Doctora Padre Pío, tiene enganchada la luz por orden del propio Ayuntamiento (PP). “Se tiene conocimiento de dicho enganche de luz desde al menos 20 días”, reza la denuncia, presentada esta mañana en la Fiscalía, la Consejería de Innovación, la Secretaría General de Consumo y la compañía Sevillana Endesa. Los vecinos denuncian un posible delito de defraudación del fluido eléctrico del artículo 255 del Código Penal. “Es una actitud hipócrita por parte del Ayuntamiento y se ve en este caso el doble rasero que usa el alcalde [Juan Ignacio Zoido], que tiene unas normas para los ciudadanos y él se aplica otras”, afirma Irma Blanco, que vive en la Corrala.

Según un trabajador del polideportivo, Endesa cortó la electricidad por impago y, posteriormente, operarios del Instituto Municipal de Deportes (IMD) manipularon supuestamente el contador. “Cuando cortó la luz, Endesa se llevó el viejo contador y el IMD dijo que había sido un error. Luego Endesa puso uno de los nuevos, con ICP, con potencia de unos 5.000 watios. Pero el centro necesita al menos unos 20.000. Como el contador saltaba cada vez que se encendían todas la luces del campo de fútbol, las pistas de pádel y los vestuarios, vinieron los trabajadores del IMD, engancharon la luz y dijeron que estaba todo hablado con la compañía”, explica el trabajador, que prefiere no identificarse.

El contador, ubicado en la calle, tiene los cables desconectados forrados con cinta aislante y puede acceder a él cualquier persona. Las familias de la Corrala Utopía también denuncian el peligro que puede suponer para los usuarios y trabajadores de las instalaciones. “Zoido, enganchado, ¡paga!”, escribieron esta mañana los vecinos en papeles que sujetaron junto al contador. “Parece que para el alcalde las familias que estamos sin luz no somos importantes”, lamentó Aguas Santas Quero.

Fuentes de Endesa explicaron a eldiario.es que se pondrán en contacto de inmediato con la Delegación de Deportes del Ayuntamiento para corregir la situación, de la que, aseguran, no tenían constancia. “No puede seguir así. Esa energía se estará facturando a través de la red de alumbrado municipal. Tendrán que ampliar la potencia para el polideportivo porque evidentemente se trata de una irregularidad”, aseguraron las mismas fuentes. Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha respondido a este diario.