La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Marbella, María García, presumió en el arranque de campaña de residir en el municipio desde 2010, así como de haber vivido en diferentes zonas como El Rosario, el centro, Nagüeles y ahora en San Pedro Alcántara “desde hace dos años”. Sin embargo, su relato autobiográfico, que ella misma leyó ante los periodistas, convertido en una sobreactuación forzada para demostrar un elevado arraigo en el término municipal, se contradice con los datos recabados por Marbella Confidencial en el marco de una investigación periodística.

Todo arranca el 25 de septiembre de 2018, cuando García, residente en una urbanización de Mijas, donde tiene su casa de siempre, decide solicitar por escrito la baja en el padrón de habitantes de la ciudad gobernada por Cs, ha informado Marbella Confidencial.

Según datos oficiales de los ayuntamientos de Mijas y Marbella, a los que ha tenido acceso este medio digital, la baja definitiva como empadronada en Mijas se fechó el 16 de octubre. De forma paralela, la excolaboradora del alcalde mijeño Juan Carlos Maldonado se empadrona en Marbella, concretamente en el complejo de apartamentos Balmoral, en la céntrica Avenida Ricardo Soriano. Se trataba de un piso en el que residía en ese momento una familia de inmigrantes brasileños, que habitaron allí hasta finales de diciembre de 2018 y enero de 2019, dato aportado por el conserje, vecinos y corroborado por el propietario del inmueble, con quien también ha hablado esta redacción en dos ocasiones.

Nadie conoce a María García entre los que, oficialmente, tendrían que ser sus vecinos de la Avenida Ricardo Soriano, por la sencilla razón de que nunca ha vivido en el citado apartamento marbellí.

Marbella Confidencial se puso en contacto con el propietario del piso donde la alcaldable de Cs se empadronó y éste no salía de su asombro al ser preguntado al respecto: “no la conozco de nada, pero ahora recuerdo que llegaban cartas a su nombre y yo las entregaba de nuevo al cartero”, afirma este residente que entró en el piso en enero pasado, tras entregarle las llaves del mismo la familia de inquilinos brasileños.

En una segunda conversación con este medio, tras telefonear el propietario a su hermana, una mujer de 62 años de edad residente en otra zona de Marbella, el titular del inmueble creyó haber aclarado la situación: “Mi hermana es muy amiga de esta chica desde hace ocho años. De hecho, han vivido juntas e iban a haber venido a vivir a este piso, pero al final no lo hicieron”. Así pues, fue la hermana del titular del inmueble quien le facilitó el empadronamiento a la ahora candidata de la formación que preside Albert Rivera.

Afiliación en Marbella

Se da la circunstancia de que, poco después de empadronarse en Marbella, María García solicitó la afiliación en la agrupación local de Ciudadanos, entonces dirigida por el empresario Francisco Gómez Palma, descabalgado de la candidatura a las municipales para situar a la todavía directora de Gabinete de la Consejería de Empleo de la Junta en Sevilla, una de las carteras en poder de Cs en el gobierno de coalición con el PP.

El propio Gómez Palma, en declaraciones a Onda Cero, ofreció detalles días después de conocerse la lista electoral sobre cómo se había afiliado García en Marbella, así como acerca de que él le ofreció un puesto en la candidatura que se iba a enviar a la dirección nacional, a modo de propuesta, y ella rechazó el ofrecimiento, al considerar sobre sí misma que carecía de perfil político, al ser técnica, versión nunca negada por la ahora alcaldable.

Fuentes de la dirección provincial de Cs Málaga aclararon que para ser militante en la agrupación de un municipio la persona debe “estar empadronada o trabajar allí”. En el caso de María García ella no trabajaba en Marbella y se empadronó poco antes de pedir el alta a Gómez Palma.

En contra de las versiones que han circulado en las últimas semanas sobre la posibilidad de que García se empadronara en Marbella y pidiera el alta en el partido local con vistas a ser una posible candidata a la Alcaldía, las fuentes se inclinan más por el hecho de que los órganos superiores de la formación liberal, ya en situación de desconfianza hacia la entonces junta directiva local, pretendían situar a una persona de su absoluta lealtad para controlar la gestión e informar a Málaga y Sevilla. Conviene recordar que María García no sólo es una persona muy cercana al consejero de Educación, Javier Imbroda, cuya campaña coordinó, sino también del propio vicepresidente de la Junta, Juan Marín, líder regional del partido naranja.

El concejal del Partido Popular de Marbella Cristóbal Garre, número 2 de la lista electoral que ha presentado este sábado la candidata a la Alcaldía Ángeles Muñozla lista electoral que ha presentado este sábado la candidata a la Alcaldía Ángeles Muñoz, administró el amplio patrimonio de dos sociedades offshore, radicadas en el considerado paraíso fiscal de Isla de Man, hasta finales de 2017, siendo concejal del equipo de gobierno marbellí desde agosto de dicho año. Lo fue de la oposición entre el 13 de junio de 2015 y finales de agosto de 2017, como ha adelantado Marbella Confidencial.

Así lo acredita el Registro Mercantil de Málaga, tras la investigación periodística llevada a cabo por Marbella Confidencial, que sirve de ampliación a la que ya publicó este medio digital en abril de 2015, cuando Garre fue considerado el ‘fichaje estrella’ del PP marbellí. Ahora vuelve a ocupar el mismo lugar de la candidatura conservadora.

Concretamente, Garre figuró como administrador único de dos sociedades españolas, propiedad de sendas mercantiles radicadas en Isla de Man hasta el 24 y 30 de de noviembre de 2017, fecha en la que se publicaron sus ceses en el Boletín del Registro Mercantil de Málaga.

El cargo de Garre fue ocupado por su esposa, Nuria Bandera Oliva, graduada social que trabaja en Garre Asesores, la firma fundada en San Pedro Alcántara por este conocido economista.

Se da la circunstancia de que el cese de Cristóbal Garre se produjo semanas después de que el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) publicara a partir del 5 de noviembre de 2017, a nivel internacional, con dos medios de comunicación españoles entre sus socios (La Sexta y El Confidencial) los llamados ‘Paradise Papers’,‘Paradise Papers’ una serie de investigaciones sobre paraísos fiscales en los que aparecía Isla de Man entre los enclaves opacos objeto de esta investigación periodística.

El edil del PP nunca quiso aclarar, a pesar de las insistentes preguntas de este periódico en ruedas de prensa, por qué motivo seguía figurando al frente de estas estructuras societarias, cuando ya habían transcurrido bastantes meses desde que tomara posesión de su cargo como concejal.

Incompatible

La actitud de Cristóbal Garre llamó la atención porque cuando en abril de 2015 –antes de los comicios locales– al ser preguntado si para él suponía algún tipo de incompatibilidad el cargo de administrador único de estas sociedades, propiedad de las entidades en Isla de Man, con ser futuro concejal, respondió lo siguiente: “para mí por supuesto que supone. Yo, de hecho, si saliera en las elecciones y se ganaran yo tengo que salir de todas las administraciones que tengo, que son un total de ocho, creo recordar”, dijo en alusión a las sociedades donde ocupaba cargos.

Garre continuó en su cargo al frente de las dos mercantiles propiedad de sendas offshore tras ganar las elecciones el PP pero no poder gobernar.

Después de acceder al equipo de gobierno, a finales de agosto de 2017, continuó como administrador único de Marbeguada S.L. y Guadaworld S.L. hasta finales de noviembre de 2017. Ambas mercantiles, cuyo objeto social es la compra venta y alquiler de bienes inmuebles, “alquiler para el turismo”, y la actividad inmobiliaria, tienen como domicilio social y comercial el despacho profesional en San Pedro Alcántara del también gestor administrativo, Garre Asesores.

Tanto Marbeguada S.L. como Guadaworld S.L. tienen como socio único a dos sociedades establecidas en Isla de Man. En la primera de ellas aparece Culleenamore Limited y en la segunda Apollonia Limited. Los inmuebles que poseen entre ambas son 25 pisos de una promoción del Grupo Fadesa, distribuidos en varios edificios situados en Guadalmina Alta.

Las viviendas fueron adquiridas en su mayoría el 19 de diciembre de 2003 por las dos sociedades españolas, con distintas hipotecas de un banco británico, según consta en el Registro de la Propiedad.

Las dos sociedades limitadas españolas donde Garre comenzó a ser administrador único en 2008 fueron constituidas prácticamente a la vez, con días de diferencia, en abril de 2002. Además, el número 2 del PP local ambas también tienen en común otros cargos españoles en sus estructuras, como apoderados. Tal es el caso de Carmen Rozpide Orbegozo, Teresa Rojas Calvo, Cristina Montero Martínez y Beatriz Díez Arranz.

Opacidad

El rastro de Apollonia Limited y Culleenamore Limited permitió a este digital llegar –a través del Registro Mercantil de la Isla de Man– hasta un despacho de fiduciarios profesionales, quienes constituyeron las dos entidades –en 2001 y 2002– con el capital social mínimo exigido: 2.000 libras. Son 2.000 participaciones en cada sociedad, por valor de una libra cada una.

A partir de tales datos la opacidad para conocer los titulares reales del capital social de Apollonia y Culleenamore es absoluta. El trust Anglo Irish Limited, a cargo del despacho profesional citado, ostenta dos participaciones en cada una de las dos sociedades dueñas de las mercantiles españolas que administra Garre. Se desconoce quién, o quiénes, son los titulares de las 1.998 participaciones restantes en cada una de las dos offshore creadas.

La relación profesional de Cristóbal Garre con estas estructuras societarias se remonta a septiembre de 2008. Es entonces cuando este afiliado al PP, presidente del Club Rotario de San Pedro, es nombrado administrador único de Guadaworld S.L. y Marbeguada S.L. Al mismo tiempo se produce el cambio del domicilio social de ambas. Hasta ese momento –desde su creación– la sede social estaba radicada en Madrid y en septiembre de 2008 pasó a ser el despacho profesional de Garre Asesores, en la calle Marqués del Duero 67 1B de San Pedro Alcántara.

Domicilio social desde 2008

Garre ocupó el cargo de administrador único de las dos citadas mercantiles entre septiembre y noviembre de 2008, cuando cesó. No obstante, su despacho nunca ha dejado de ser desde entonces el domicilio social y comercial de estas dos sociedades limitadas, que tienen como socios únicos a dos offshore, con todo lo que ello implica de responsabilidad.

Cuando Garre cesó como administrador único de las dos citadas sociedades limitadas españolas, en noviembre de 2008, fue sustituido por dos administradores mancomunados: Sarah Catalina Christian y Joanne Sarah Ingrassia. Ambas aparecen vinculadas a su vez al despacho profesional radicado en la Isla de Man, Anglo Irish Limited.

Es el 30 de mayo de 2014 cuando Cristóbal Garre Murcia vuelve a ser nombrado administrador único, simultáneamente, de Marbeguada y Guadaworld. El cargo lo siguió ostentando hasta finales de noviembre de 2017, cuando le sustituyó su mujer.

Los lucrativos negocios del comisario José Villarejo también alcanzaron Marbella antes de llegar a Estepona. Este martes los dos concejales de Izquierda Unida en el Consistorio marbellí, Miguel Díaz y Victoria Morales, han solicitado al equipo de gobierno bipartito (PP-OSP) que revise, como paso previo al rescate de la misma, la concesión administrativa que el Ayuntamiento otorgó en diciembre de 2003 a la sociedad Autocobermar S.L., explotadora de un parking, y en la que desde septiembre de 2015 figura como administrador único un hijo del polémico mando policial ahora encarcelado por la ‘operación Tándem’. Se trata de José Manuel Villarejo Gil.

“La unión de dos personajes como Roca y Villarejo es un cóctel explosivo del que no podía salir nada bueno. Una concesión suculenta concedida a 75 años, de los cuales aún quedan por explotar 61, por el que la empresa paga un canon de 90.000 euros al año al Ayuntamiento y de la que se calcula un beneficio de más de un millón de euros anuales. Los tentáculos del gilismo aún tienen sus raíces profundamente enterradas en el suelo de Marbella”, ha explicado Díaz a las puertas del estacionamiento, informa Marbella Confidencial.

El Mundo desveló el 12 de abril de 2005 que el Ayuntamiento de Marbella había adjudicado dicho parking al exinspector municipal de Obras Antonio Codías. Fue una concesión otorgada por el entonces gobierno tripartito que presidía la alcaldesa Marisol Yagüe (GIL), en coalición con tránsfugas del PSOE y ediles del PA que nunca fueron expulsados de la formación andalucista.

La sociedad Autocobermar se constituyó el 17 de julio de 2002 y tuvo como socios al citado Codías, así como a Francisco Javier López Crespo. Según los datos recabados por Marbella Confidencial en el Registro Mercantil, en agosto de 2011 la sociedad pasó a ser de un socio único: Club Exclusivo de Negocios y Transacciones S.L., domiciliada en la Torre Picasso, donde el comisario Villarejo tenía su principal despacho en Madrid. La conexión con su hijo de nuevo es evidente, porque en Club Exclusivo de Negocios figura como administrador único José Manuel Villarejo Gil.

Cabe recordar que el exedil del GIL Alberto García Muñoz, ya como edil opositor, presentó una querella ante la Fiscalía de Málaga contra la comisión de gobierno que presidía Yagüe por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. La entonces titular del Juzgado de Instrucción 1 de Marbella, Carmen Rodríguez Medel, conocida ahora por el llamado ‘caso master’ citó como imputados a Yagüe y los siguientes tenientes de alcalde: Isabel García Marcos, Carlos Fernández y Pedro Pérez ‘Chotis; el tránsfuga del PSOE José Jaén y los entonces ediles gilistas Victoriano Rodríguez, Carmen Revilla, Rafael Calleja y Tomás Reñones.

Se da la circunstancia de que el llamado ‘caso Autocobermar’ es una de las causas que se declararon prescritas en el proceso de extradición que se lleva a cabo sobre el prófugo del ‘caso Malaya’ Carlos Fernández. Fue en septiembre de 2017 cuando el Juzgado de Instrucción 1 de Marbella declaró, mediante un auto la prescripción para Fernández, si bien el juicio oral se habría celebrado contra el resto de acusados, incluido Antonio Codías y el exsecretario municipal Leopoldo Barrantes. A los delitos inicialmente denunciados por García Muñoz el juez sumó los de fraude, falsedad e información privilegiada a la ahora de adjudicar la concesión del parking, a cuyo concurso no se presentó nadie más.

90.000 euros al año

Cabe recordar que Antonio Codías, la persona que consiguió la adjudicación del parking de la calle Jacinto Benavente, es el empresario al que la cadena SER relacionó recientemente con la web Moncloa.com, difusora de los audios con conversaciones entre Villarejo, el juez Garzón y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, durante un almuerzo en 2009, para celebrar otra condecoración al ahora presidiario.

Tal y como hiciera el ex edil García Muñoz el portavoz y coordinador de IU en Marbella, Miguel Díaz, ha denunciado este martes ante los periodistas el ventajoso canon de 90.000 euros al año que paga Autocobermar al Ayuntamiento.

“Recientemente se ha conocido que, aunque la rúbrica de ese contrato la firmó el señor Codías, en calidad de administrador único de dicha mercantil, así como que en la actualidad aparece como propietario el señor Juan Villarejo [se refiere a José Manuel] en realidad quien ha ejercido en la práctica todo este tiempo como dueño y señor es el padre de este último, José Manuel Villarejo Pérez”, asegura Miguel Díaz.

“Esta práctica de no aparecer directamente, pero sí mover los hilos de sociedades, es común en este deplorable personaje de las cloacas del Estado”, subraya el edil.

Ciudadanos ha tardado en pronunciarse (todos los partidos de la oposición local lo habían hecho), pero el posicionamiento de su coordinador marbellí, Francisco Gómez, ha sido claro y contundente. El líder local de la formación liberal le ha recordado a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, sus “intereses personales”, en torno los terrenos objeto de la polémica sobre la modificación de lindes entre el municipio y Benahavís que el PP pretende sacar adelante en el pleno de este viernes, con la necesaria ayuda de los dos concejales de Opción Sampedreña (OSP). De hecho, los conservadores necesitan mayoría absoluta en la sesión plenaria (14 concejales).

En el marco de una comparecencia ante los periodistas, a las puertas del Ayuntamiento de Marbella, según informa marbellaconfidencial, Gómez Palma ha apelado a los dos concejales de OSP, Rafael Piña y Manuel Osorio, para frenar con su voto esta actuación del Partido Popular mediante la que “se le regalan a Benahavís 170.000 metros de terrenos que son del pueblo de Marbella”, ha reivindicado el exmiembro del PP local, alejado del partido conservador desde hace más de una década, cuando se dio de baja, después de haber formado parte, incluso, de comités ejecutivos.

Aunque Ciudadanos comparte la reivindicación de fondo de la plataforma antideslinde, no ha decidido aún si secundará como partido la protesta de este jueves en San Pedro, a partir de las 20:30 horas en la plaza José Agüera, “porque este tipo de movimientos, muchas veces, se politizan demasiado”. Una versión, la de Gómez, que ha causado cierto desconcierto en el seno del movimiento ciudadano que abandera el rechazo a la cesión de los suelos a Benahavís.

No obstante, el máximo responsable de la formación naranja en Marbella ha dejado en evidencia a la delegada de Urbanismo, Kika Caracuel (PP), al recordarle que los terrenos en cuestión “son rústicos en Marbella”. De hecho, la propia comunidad de propietarios Vega del Colorado, esgrime como argumento en su alegación (a la que se aferra el PP) presentada ante el Consistorio marbellí, que si la linde permanece como la dejó el equipo de gobierno tripartito que presidió el socialista José Bernal sus terrenos pasarían a ser “suelo no urbanizable” en Marbella. Una versión ésta diametralmente opuesta a la que mantiene Caracuel, quien llegó a acusar al PSOE de mostrar “planos falsos e inventados”, pero se trataba de planimetría oficial.

Gómez Palma ha aprovechado para recordarle a la alcaldesa que el llamado ‘caso lindes’ le costó en gran parte la pérdida de la mayoría absoluta en las elecciones municipales de 2015. Es público y notorio, así como reconocido en el seno interno del PP de Marbella, que el desgaste fue enorme, porque el mensaje de los colectivos ciudadanos, sumado a la palanca que hicieron todos los partidos opositores, incluido OSP (muleta actual de Muñoz) contra el deslinde, se tradujo en una pérdida considerable de votos. Los ‘populares’ se quedaron a más de 2.300 sufragios de conseguir el concejal 14 (cifra mágica para gobernar en solitario).

El citado dirigente de Cs ha abogado incluso por la abstención de la también senadora, mañana en la sesión plenaria: “aunque no esté prohibido, por simple coherencia y decencia política no debería votar”, le ha espetado Gómez a su máxima rival,a día de hoy, en el espectro del centro derecha marbellí.

San Pedro Plural TV, la productora de televisión que creó, fundó y constituyó Antonio Piña, hijo del teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Rafael Piña, poco después de llegar su padre al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella, en junio de 2015, ha recibido un total de 42.607,20 euros de fondos municipales entre los años 2016 y 2018. Así lo ha certificado el pasado 8 de mayo el interventor general del Ayuntamiento de Marbella, José Calvillo Berlanga.

En el marco de las investigaciones periodísticas que ha seguido Marbella Confidencial desde 2016, para informar sobre los pagos recibidos por esta sociedad cooperativa andaluza, este medio digital ha tenido acceso al citado documento oficial emitido por el alto funcionario, donde se especifica que el primer pago, desembolsado en 2016 fue de 11.132,00 euros, abonados por el propio Ayuntamiento.

También en 2016 Plural TV Sociedad Cooperativa Andaluza recibió 5.203,00 euros desde la sociedad municipal Radio TV Marbella, que explota los medios de comunicación municipales y con la que dicha productora mantiene contratos desde que gobierna OSP. Cabe recordar que la entidad fundada por el hijo de Piña no existía como tal antes de que Opción Sampedreña se hiciera junto a PSOE e IU con el Ejecutivo tripartito que rigió el municipio entre junio de 2015 y agosto de 2017.

Respecto a pagos abonados en el ejercicio 2017 el total fue de 20.561 euros, repartidos entre los 17.657,00 euros que salieron de las arcas del Ayuntamiento y los 2.904 de RTV Marbella, donde esta productora se ha ‘empotrado’ en la parrilla de programas y es una asidua habitual, incluso para realizar coberturas de Semana Santa, así como de todo el deporte base local , a pesar de la numerosa plantilla con que cuenta el medio municipal, además de sus grandes recursos técnicos, además de humanos.

En lo que va de ejercicio 2018 consta un pago de 5.711 euros desde el Ayuntamiento a San Pedro Plural, pero por el momento ninguno efectuado desde la sociedad municipal que explota los medios de comunicación públicos.

Las fuentes expertas en esta materia consultadas sostienen que, una cosa es lo que refleja el interventor como pagado a día de hoy y otra la cantidad que el Consistorio aún adeuda a la productora sampedreña. De hecho, el pasado mes de abril esta redacción pudo confirmar la existencia de una factura emitida por San Pedro Plural TV, dirigida al Ayuntamiento, por importe de más de 8.000 euros que, supuestamente, a tenor de lo que refleja el citado funcionario, aún no ha sido abonada.

El proceder de la sociedad cooperativa andaluza

En lo que respecta al ejercicio 2017 el documento del interventor no especifica qué pagos se hicieron bajo gobierno tripartito (hasta agosto de 2017) y cuáles se abonaron ya con PP y OSP como socios de gobierno.

Este medio digital viene publicando, desde el 3 de abril de 2016, informaciones sobre el proceder de la sociedad cooperativa andaluza que fundó en diciembre de 2015 Antonio Piña como presidente y socio mayoritario de San Pedro Plural TV.

La presentación de la productora sampedreña en sociedad tuvo lugar en septiembre 2015, tres meses después de hacerse Rafael Piña con la Tenencia de San Pedro y tres meses antes de constituirse oficialmente la sociedad cooperativa ante la Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento de Marbella se convirtió, desde la fundación de la cooperativa, en el principal cliente de la entidad vinculada al primogénito del cabeza de lista de Opción Sampedreña. Se da la circunstancia de que cuando el 14 de diciembre de 2015 San Pedro Plural TV emitió la primera factura dirigida al Consistorio marbellí, por importe de casi 3.000 euros, el anterior interventor apreció irregularidades por el parentesco entre padre e hijo y se opuso al pago.

La actuación irregular detectada en 2015 por el interventor provocó que el hijo del edil de OSP se desvinculara de la sociedad cooperativa y comenzara a trabajar para sus hasta ese momento socios como autónomo, mientras ellos siguieron facturando a las arcas municipales de Marbella hasta el día de hoy.

Desde OSP su presidente y concejal de Hacienda, Manuel Osorio, siempre ha defendido los pagos a la productora del hijo de su compañero de partido desde que Antonio Piña se desvinculó de la entidad.

Cabe recordar que cuando se presentó San Pedro Plural TV ante los medios de comunicación, en una fiesta celebrada en la antigua ‘La Sala’ de San Pedro, en septiembre de 2015, su máximo responsable, Antonio Piña, dejó claro que no iban a contar con publicidad institucional. Al final debió arrepentirse de su planteamiento inicial, porque la productora subsiste gracias a las aportaciones municipales que le llegan cada mes.

Gran polémica la que se ha originado en Marbella, que ha llegado al ámbito nacional, tras conocerse que el socio de Gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento, el partido independiente Opción Sampedreña (OSP), subvenciona con 9.000 euros a la asociación ‘Despertar sin Violencia’, un colectivo que dice combatir “la violencia de género que afecta a mujeres, hombres y niños” y  que ha difundido mensajes de apoyo a los miembros de ‘La Manada’.

El colectivo se hizo eco en su página de Facebook de una publicación digital que hablaba de los condenados como “cinco inocentes sometidos a un linchamiento judicial”. Iba más lejos al afirmar que quien debía estar en prisión era la víctima.

Todo comenzó la pasada semana, cuando la asociación ‘Marbella Feminista’, próxima a Izquierda Unida, denunció los hechos a través de un comunicado. A partir de ese momento se sucedieron numerosas reacciones de los partidos políticos de la oposición municipal sin excepción: PSOE, Podemos e IU. Todos reclamaron la retirada de la subvención otorgada desde el distrito de San Pedro Alcántara, feudo del teniente Rafael Piña, teniente de alcalde de este núcleo de población y cabeza de lista de OSP.

Este lunes, la delegada de Derechos Sociales de Marbella, Isabel Cintado (PP), mostraba su repulsa por la actitud de esta asociación y pedía la retirada de los fondos, algo que atribuyó en todo momento a las competencias de OSP en los distritos.

Retirada de la subvención

“Se trata de una subvención que se concede desde San Pedro”, dijo la concejala conservadora, en el marco de las competencias que tiene delegadas la Tenencia en manos de Opción Sampedreña, y más concretamente en los distritos creados. Todo ello fruto del pacto bipartito de Gobierno, firmado con el PP en agosto de 2017, a raíz de la moción de censura que desbancó de la Alcaldía al socialista José Bernal.

La edil conservadora se ha mostrado partidaria de retirar la subvención: “por lo menos, nosotros desde el área lo vamos a pedir, porque cualquier explicación que den no tiene justificación de ninguna de las formas”, ha recalcado. No obstante, sostuvo que tendrán que “oír a todo el mundo y también a la presidenta de la asociación”, Carmen Sánchez Flores.

El caso saltaba este miércoles a La Sexta, que le ha dado amplia cobertura en el programa que dirige Antonio García Ferreras, Al Rojo Vivo. La periodista Beatriz Zamorano se ha hecho eco de los mensajes que la asociación sampedreña difunde por redes, provenientes de otras publicaciones, como que los miembros de 'La Manada' son “cinco inocentes víctimas de un linchamiento judicial”, así como que su víctima “es la única que tendría que estar en prisión”. Asimismo, se calificaba la sentencia condenatoria como “deleznable”.

“Creo que la directora de la asociación es gran defensora, pero no precisamente de la violencia de género ¿no?”, ha preguntado Ferreras a Beatriz Zamorano quien le ha contestado: “telita con algunas de sus declaraciones, recogidas por un diario sevillano. En 2016 llegó a decir que la violencia de género no le convencía mucho”, porque “se dejaba sin defensa al hombre y se generaba odio”, además de añadir que lo de retirar al hombre la custodia de los hijos le desagradaba porque “podía ser un maltratador, pero un gran padre”, palabras de Carmen Sánchez que ha reproducido la redactora de La Sexta.

Cerca de Vox

En uno de los vídeos con entrevistas a Carmen Sánchez, que pueden visionarse en la web de su asociación, la aludida dice rechazar las subvenciones de administraciones públicas para mujeres maltratadas porque, afirma, “lo que hay que hacer es buscarles un trabajo”, afirmaciones claramente hirientes que han despertado un reguero de reacciones contrarias en Marbella, por parte de los partidos de la oposición (PSOE, IU y Podemos) que han reclamado la retirada de la subvención.

La entidad radicada en San Pedro Alcántara y que dice luchar “contra la violencia de género hacia hombres, mujeres y niños” se caracteriza por sus comentarios retrógrados, próximos a la ultraderecha y a postulados que en algunos casos son defendidos por el partido político Vox. De hecho, el juez Francisco Serrano, excandidato a la Junta de Andalucía de la citada formación en su momento, ha participado en actos de la asociación subvencionada por Piña desde San Pedro.

Cabe recordar que el magistrado, que fue inhabilitado por prevaricar y luego rehabilitado en la carrera judicial, llegó a asegurar que “la ideología de género lleva detrás la destrucción de la familia”, un planteamiento que comparte a pies juntillas Carmen Sánchez, la presidenta de Despertar sin Violencia.

Tibia reacción de Piña desde OSP

Ambiguo y escueto comunicado el que ha difundido en la tarde de este miércoles el teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña (OSP), responsable directo de la ayuda de 9.000 euros otorgada a la polémica asociación Despertar sin Violencia, que mantiene en sus redes mensajes de apoyo a los cinco condenados por abuso sexual a una joven de 18 años en Pamplona.

Por medio de un escueto comunicado, de apenas dos párrafos de extensión, en el que no se condena la actitud de dicha asociación, el socio de gobierno del PP en Marbella ha supeditado a la elaboración de un informe jurídico, que tendrán que elaborar los asesores del Consistorio, la retirada de la subvención de 9.000 euros a la entidad que preside Carmen Sánchez.

El edil  de OSP asegura que, “una vez recibida la solicitud de la Asociación de Mujeres ‘Marbella Feminista’ requiriendo la retirada de la subvención municipal para ‘Despertar Sin Violencia”, la Tenencia de San Pedro “ha solicitado a los servicios jurídicos del Ayuntamiento que estudie la situación para valorar la retirada de dicha subvención”.

Piña ha expresado la “firme intención”, señala la nota de prensa,  de “tomar la mejor decisión con respecto a la retirada de la subvención a la asociación ‘Despertar Sin Violencia’, amparándonos siempre en el marco legal de la administración”, sentencia.

La alcaldesa se muestra contraria a la subvención

A última hora de la noche de este miércoles la alcaldesa de Marbella y portavoz adjunta del PP en el Senado, Ángeles Muñoz, se ha posicionado en contra de esta subvención de manera mucho más firme que su socio de Gobierno.

Por medio de su cuenta personal de Twitter la regidora ha dicho lo siguiente: “Una asociación que dice defender a las víctimas de violencia género y comparte estas afirmaciones, no merece ninguna ayuda pública y, por eso, desde el primer momento lo pusimos en manos de la asesoría jurídica”, concluye Muñoz.

El fiscal de Área de Marbella, Julio Martínez Carazo, ha solicitado al juez instructor del ‘caso PGOU’, Gonzalo Dívar, que envíe las actuaciones al Tribunal Supremo, debido a la condición de aforada de la principal y única denunciada ya, Ángeles Muñoz, alcaldesa y senadora del Partido Popular.

Este último paso del Ministerio Público, con fecha del 13 de abril pero notificado días atrás a las partes, se produce después de que el otro codenunciado, Javier de las Cuevas, antiguo secretario municipal del Ayuntamiento de Marbella, ha fallecido.

El escrito de Martínez Carazo, adelantado esta madrugada en su edición impresa por el diario La Opinión de Málaga y al que ha tenido acceso en su integridad Marbella Confidencial, recoge que “se deducen fundados indicios o dotados de mínima verosimilitud, para considerar la presunta participación de Ángeles Muñoz Uriol en el delito investigado de falsedad documental”. Así pues, añade el fiscal, “procede remitir las presentes actuaciones, mediante exposición, a la Sala Penal del Tribunal Supremo”.

En el documento, de dos folios de extensión, el fiscal muestra su oposición a las intensiones de la representación letrada de la alcaldesa en cuanto a archivar este caso en el que se investiga la presunta falsedad documental del acta del pleno de julio de 2009 en la que se llevó a cabo la aprobación inicial del PGOU llamado de 2010.

“No se hubiera faltado a la verdad en la narración del Acta del Pleno del Ayuntamiento de Marbella de fecha 29 de julio, si la Sra. Alcaldesa, Ángeles Muñoz, hubiera informado al Pleno y sometido a la votación de este, una cuestión tan trascendente como la modificación de 22 de los 71 planos que componían el PGOU de Marbella”.

De forma paralela, Martínez Carazo sostiene, para oponerse al archivo del caso que pretende el abogado de la alcaldesa, Salvador Guerrero Palomares, que tal actuación “iría en contra del auto de fecha 15 de marzo de 2018 dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga, que entiende que resulta precipitado el archivo de la querella/denuncia en cuanto al delito de falsedad en documento público cometido por funcionario público a título imprudente grave, respecto de Javier de las Cuevas y Ángeles Muñoz”, reza el documento.

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga), presidido por José María García Urbano, del Partido Popular, ha adjudicado el servicio de limpieza y acondicionamiento de playas y jardines, por casi seis millones de euros, a la empresa Licuas S.A., cuyo máximo responsable es el conocido empresario Joaquín Molpeceres. Se trata de uno de los imputados por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el ‘caso Lezo, la trama de corrupción en la Comunidad de Madrid que tiene como principal protagonista al expresidente autonómico Ignacio González.

Tras comprobar en la página web del Consistorio esteponero el nombre de la empresa adjudicataria, Marbella Confidencial ha constatado que se trata de la principal compañía de Molpeceres, un viejo conocido del PP de Madrid, como contratista habitual de la Comunidad que presidió Esperanza Aguirre, así como de ayuntamientos populares. Molpeceres es considerado amigo personal de Ignacio González. El magistrado Velasco investiga si actuó como testaferro del político y si participó en el saqueo de fondos del Canal de Isabel II.

La empresa que preside Molpeceres facturó casi 139 millones, entre 2006 y 2016, al Canal de Isabel II, controlado por González. De hecho, los agentes de la UCO investigan si hubo delito en la relación entre el ‘número 2’ de Esperanza Aguirre y el empresario. Existen grabaciones en las que el político del PP se ofrecía a Molpeceres como conseguidor de contratas y favores en la Comunidad de Madrid.

Se da la circunstancia de que, sólo en 2014, un 50% de la facturación de Licuas procedía de un organismo público, como es el Canal de Isabel II, controlado por Ignacio González. En el marco de esta relación, la facturación se incrementó todavía más cuando González asumió en 2012 la máxima jefatura del Canal, cargo que compaginó con la vicepresidencia del Ejecutivo de Aguirre.

Diversas conversaciones mantenidas entre Molpeceres y González, que obran en poder de los investigadores, ponen de manifiesto que el expolítico conservador tuvo un papel de intermediario ante cargos públicos de la Comunidad de Madrid –antes bajo sus directrices– para que desbloquearan asuntos del empresario, ahora adjudicatario del cuantioso contrato en el municipio costero malagueño.

La adjudicación a Molpeceres en Estepona

Por lo que respecta a la adjudicación de Estepona, cifrada en 5,9 millones de euros, el teniente alcalde del área Sociocultural y Servicios, Blas Rufaza, explicó el pasado viernes que la empresa adjudicataria “se encargará durante los próximos cuatro años de la limpieza y acondicionamiento de playas y zonas verdes; el montaje, desmontaje y mantenimiento de infraestructuras y mobiliario para uso y disfrute de las playas; tratamiento de residuos; conservación, mantenimiento, limpieza y mejoras de las zonas verdes públicas, parques, jardines, Orquidario, arbolado urbano, fuentes públicas, mobiliario urbano, áreas infantiles, macetería ornamental del casco urbano y equipamientos biosaludables del municipio”.

El concejal del PP esteponero precisó que la mesa de contratación municipal tuvo en cuenta, a la hora de elegir a Licuas S.A., el hecho de que el citado licitador asumirá una rebaja del 7% en gastos generales y beneficio industrial.

“El Ayuntamiento ha empleado para la adjudicación del servicio un único criterio objetivo y transparente; de forma que ha obtenido mayor puntuación la empresa con mayor rebaja en gastos generales y beneficio industrial. En total, se recibieron 40 propuestas para la prestación de este servicio”, detallaba el edil conservador por medio de una nota de prensa, que puede consultarse en la web de Estepona.

Concretamente, el contrato, que se licitó por un importe de 6.340.035 millones de euros anuales –IVA excluido-, se ha adjudicado por un importe de 5.936.579 millones de euros anuales –IVA excluido- al asumir el licitador una rebaja de un 7 por ciento en gastos generales y beneficio industrial.

El nombre de Joaquín Molpeceres, de 85 años de edad, se ha visto envuelto en distintas tramas de presunta corrupción, todas ellas vinculadas siempre al PP, como los llamados ‘papeles de Bárcenas’, o el caso Gürtel. En el primer caso mencionado apareció ‘Volpeceres’ como donante de 60.000 euros a la caja B del extesorero de Génova 13. El juez Pablo Ruz, ex instructor del caso, tuvo siempre la convicción de que se trataba de Molpeceres, quien siempre ha reconocido su amistad personal con Esperanza Aguirre.

Por lo que respecta a Gürtel, dos de las empresas de Joaquín Molpeceres, Licuas y Coarsa, abonaron pagos que suman 225.000 euros al cabecilla de la trama, Francisco Correa, entre 2002 y 2005, así como al exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega.

El aval de 1,6 millones a López Viejo

En noviembre de 2013 el juez Ruz ordenó a dos entidades bancarias diversa documentación para acreditar un aval de 1,6 millones de euros que Molpeceres había facilitado en 2008 al entonces consejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, uno de los encausados en ‘Gürtel’, para comprarse una vivienda.

Otro de los escándalos que salpicaron a Molpeceres fue ser el adjudicatario de un campo de golf ilegal, en Alcalá de Henares, que le otorgó Esperanza Aguirre.

Molpeceres tuvo que testificar en el juicio de la Gürtel y negó haber entregado 60.000 euros a Bárcenas. También desmintió haber sido quien avisó a Rajoy de los manejos de Correa en ayuntamientos madrileños.

La Fiscalía de Málaga ha decidido solicitar la extradición del prófugo Carlos Fernández en el ‘caso Malaya’, al considerar que esta causa por corrupción municipal, en la que el exconcejal del PA no pudo ser juzgado, al ser declarado en rebeldía, no ha prescrito para él. A partir de ahora será el titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, Sergio Ruiz Martín, quien deberá pronunciarse y pedir al Gobierno, como es previsible, que se dirija a las autoridades argentinas para reclamar al ahora encarcelado y ser juzgado en la Audiencia de Málaga, como lo fueron sus compañeros del Partido Andalucista, los que aparecen en la foto que ilustra esta noticia: Pedro Pérez ‘Chotis’ y María José Lanzat, ambos condenados por cohecho (recibir sobornos) y encarcelados por ello.

Según ha podido saber Marbella Confidencial, el criterio del fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, a la hora de pedir la extradición de Fernández a Argentina se rige por considerar que la pena de inhabilitación que acarrea el delito de cohecho (artículo 419 del Código Penal), por el que se acusaba a Fernández, no ha prescrito, porque lo hace a los 15 años.

Tras un minucioso análisis, la Fiscalía ha llegado a la conclusión de que la pena de prisión, al contrario que la de inhabilitación, sí habría prescrito a los diez años.

Cabe recordar que en el auto de procesamiento dictado el 18 de julio de 2007 por el entonces titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, Fernández estaba acusado de recibir 150.000 euros en sobornos del cerebro de la trama de corrupción municipal marbellí, Juan Antonio Roca.

López Caballero, que fue el fiscal delegado de Anticorrupción encargado del ‘caso Malaya’ desde que se abrieron las diligencias previas 4796/2005 entre octubre y noviembre de 2005, se centra por tanto en la pena de inhabilitación para cargo o empleo público por la que podría ser condenado Fernández y no en la de prisión.

El artículo 419 del Código Penal contempla para el delito de cohecho una pena de inhabilitación superior a 10 años y este delito prescribe a los 15 años, por lo que para el Ministerio Público no existe la prescripción que ha alegado la defensa de Carlos Fernández tras su detención el pasado 15 de septiembre.

Anticorrupción y el 'caso Saqueo II'

Con este movimiento de López Caballero, a falta de lo que dictamine el Juzgado 5 de Marbella, serían dos las causas en las que está procesado Carlos Fernández en las que se pediría su extradición al Consejo de Ministros. En lugar de los 30 días de plazo de los que se habló en un primer momento, las fuentes jurídicas consultadas para elaborar esta información aseguran que son 40.

A lo largo de jueves se podrían conocer más detalles sobre la importante decisión que adopta el Ministerio Público sobre Fernández, que se suma a la de la fiscal Anticorrupción Belén Suárez, que ya solicitó a la Audiencia Nacional que reclamara al Gobierno la extradición de Fernández por el llamado ‘saqueo 2’. El presidente de la Sección Tercera del citado tribunal con sede en Madrid, Alfonso Guevara, lo tuvo claro y a su vez se dirigió al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy para que acceda a la petición y la curse ante Argentina.

Cabe recordar que la fiscal Suárez reclama a Fernández 7,8 millones de euros de indemnización para el Ayuntamiento de Marbella en ‘caso saqueo 2’, en concepto de responsabilidad civil, así como una petición de prisión de nueve años por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento público. Todo ello relacionado con su etapa como concejal de Deportes del GIL (1991-1998), como gerente de la sociedad Actividades Deportivas 2000 S.l., una de las 21 sociedades que creó Jesús Gil a su llegada al Consistorio marbellí, con el fin de escapar al control de los funcionarios municipales, especialmente el interventor, dada la opacidad que aplicaban.

La causa ‘saqueo 2’ también conocida como ‘caso Tribunal de Cuentas’ en sus inicios, dimana de una macro querella ante la Audiencia Nacional, interpuesta por el entonces fiscal jefe de Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, en marzo de 2003, a raíz de los informes contables que elaboró el Tribunal de Cuentas del Estado, después de la fiscalización del Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades municipales, durante el periodo 1991-1999.

“No podíamos seguir aguantando más chantajes de Podemos”. Los concejales de Opción Sampedreña (OSP), Manuel Osorio y Rafael Piña, han anunciado pasadas las 23:00 horas de este viernes la ruptura del pacto de Gobierno que suscribieron con PSOE e IU en 2015, así como la consiguiente moción de censura que presentarán el lunes junto al Partido Popular, según ha adelantado Marbellaconfidencial. Suman las 14 firmas necesarias para desbancar a José Bernal de la Alcaldía de Marbella y llevar al PP al gobierno del Consistorio. Su formación firmará una moción de censura con el principal partido de la oposición en la Corporación municipal de Marbella (Málaga) para gobernar el municipio hasta 2019.

Osorio, presidente del partido, ha asegurado que la decisión se produce tras una reunión del Consejo Consultivo de la formación, que por abrumadora mayoría de votos ha decidido dar este sorprendente giro de timón, motivado por las últimas amenazas de Podemos para retirar su apoyo al Ejecutivo local si, como finalmente ha hecho, mantenía privatizada la zona azul de aparcamientos.

El escrutinio de la votación del Consultivo ha sido de 20 votos a favor de una moción de censura con el PP; 6 a favor de la continuidad con PSOE e IU; 3 para pasar a la oposición y  2 abstenciones. Un resultado muy diferente al que se produjo diez días atrás, cuando la asamblea que toma las decisiones más importanteS de este peculiar partido independiente optó, por un ajustado margen, seguir en coalición tripartita con PSOE e IU.

“Ahora sí que no me va a doler la cabeza a la hora de los presupuestos”, ha llegado a decir el concejal de Hacienda y presidente de OSP, Manuel Osorio, al término de la rueda de prensa cuando aún estaban encendidos los micrófonos. De sobra es conocida la presión ejercida por la marca municipal de Podemos, Costa del Sol Sí Puede, cada vez que ha habido que elaborar este documento contable.

Los acontecimientos que han desembocado en el anuncio de esta moción de censura se han sucedido de forma vertiginosa. Según el relato que ha trazado el propio Osorio, a preguntas de los periodistas, la primera reunión de la Ejecutiva de OSP tuvo lugar el pasado 9 de junio, cuando Podemos anunció que retiraría su apoyo al tripartito si no remunicipalizaba la zona azul. “Hubo otra reunión y luego esta misma noche se ha reunido el Consejo Consultivo”.

Rafael Piña se ha mostrado en todo momento conciliador con quienes, aún a día de hoy, son sus compañeros de gobierno en Marbella: “no hay nada que reprochar a PSOE e Izquierda Unida”, ha dicho el cabeza de lista de la formación independiente.

Los contactos con PP y PSOE

En cuanto a los contactos mantenidos con el resto de partidos, Osorio ha precisado que consultó este jueves por la noche con Ángeles Muñoz, para conocer si aún tenía validez el acuerdo al que habían llegado antes de que el órgano decisorio de OSP se pronunciara en contra de gobernar con el PP.

Uno de los aspectos más destacados de la comparecencia de los dos munícipes sampedreños se ha centrado en la confianza que tienen depositada Piña y Osorio en cuanto a poder desarrollar con el PP el Reglamento de Distritos “para darle máxima autonomía a San Pedro”.

No menos relevante ha sido que OSP haya planteado esta noche ante los medios de comunicación que todos aquellos concejales de la oposición que quieran gozar de dedicación exclusiva, como liberados con el correspondiente sueldo, podrán hacerlo, “para trabajar por el municipio”.

Osorio considera que el tripartito iba a “sufrir más, y agonizar más”, de haber continuado con el apoyo externo de los dos concejales de Podemos y sus presiones.

“Es muy difícil trabajar con alguien que apoya un equipo de Gobierno que no está dentro, que no se entera de la gestión, que no está en el día a día, que no sabe las dificultades que tiene hacer cualquier cosa”, ha relatado Piña sobre los sinsabores que les ha provocado depender estos dos años de la marca municipal de Podemos.

“Podemos ha tensado mucho la cuerda”

“Podemos ha tensado tanto la cuerda que al final se ha roto, están pidiendo cosas que muchas veces no tienen argumento ni solidez, no saben cómo se gestiona, ni las dificultades del día a día en un Ayuntamiento como el de Marbella y San Pedro”, ha remachado Piña sobre los concejales de CSS, ‘Kata’ Núñez y Victoria Mendiola.

Durante su intervención, el teniente de alcalde de San Pedro ha recordado las numerosas ocasiones en las que pidieron a Podemos que se integrara para formar un cuatripartito, en lugar de hacer reclamaciones desde la oposición.

“No se le está poniendo una perita en dulce a Ángeles Muñoz”

No obstante, Piña ha llegado a decir que “no se le está poniendo una perita en dulce a Ángeles Muñoz”, cuando realmente el PP se ha encontrado este viernes con una situación inesperada, pero que les llena de satisfacción a la hora de poder recuperar la Alcaldía.

Será el lunes cuando se presente la moción de censura por Registro de Entrada del Ayuntamiento de Marbella. A partir de ahí, ha precisado Osorio, serán “diez días hábiles” los que transcurran hasta la jornada en la que se celebre el pleno para elegir a la que será de nuevo alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz.

La Fiscalía de Área de Marbella, dirigida por Julio Martínez Carazo, tramita ya una denuncia por un presunto delito de prevaricación continuada contra el teniente de alcalde Javier Porcuna, delegado de Seguridad Ciudadana, e Industria, entre otras delegaciones. La actuación del Ministerio Fiscal, emprendida el pasado 25 de julio, tiene su origen en los hechos que puso en su conocimiento el abogado Marco Arafat, el pasado 12 de julio, en relación con las actividades que desarrolla el festival musical veraniego Starlite.

Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso Marbella Confidencial “Porcuna podría estar decretando, al parecer en contra de la voluntad del propio alcalde de Marbella, José Bernal, autorizaciones a sabiendas de su manifiesta ilegalidad, contraviniendo así la ley, las Ordenanzas  Municipales y la propia licencia otorgada a Starlite (BENDEUS S.L.) para permitirle a esa empresa a toda costa excederse del horario legal durante los meses de julio y agosto de este verano de 2017, ya por varios años consecutivos”, reza el acta de la denuncia. En opinión del citado letrado la conducta del edil del PSOE “de comprobarse podría constituir un presunto delito de prevaricación continuada”.

Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción Número 5 de la ciudad se hizo cargo de la otra denuncia por presuntos delitos contra la ordenación del territorio que interpuso el Ministerio Público contra dos sociedades que explotan el espectáculo veraniego, así como contra el administrador de las mismas, Ignacio Maluquer.

No es la primera vez que Arafat, en representación de vecinos afectados por las actividades de Starlite como discoteca –sin licencia como tal para ello– dirige denuncias contra el festival y sus responsables. Ahora ha optado por dirigir sus acusaciones contra el brazo derecho del alcalde de Marbella, a su vez portavoz del equipo de gobierno municipal tripartito.

Arafat, muy conocido en la ciudad por ser uno de los fundadores de Podemos en el municipio, aunque actualmente  muy desvinculado de la primera línea por residir y trabajar como letrado en Londres, recuerda que Porcuna, semanas atrás, anunciaba su intención de supeditar la renovación de la licencia de Starlite a la “regularización urbanística pendiente”.

El escenario, “similar” al del verano pasado

Arafat dice lamentar haber asistido a “la repetición de un escenario similar” este año al del pasado verano: “clama al cielo que, tras varios años dando cobertura a una situación llena de presuntas irregularidades, amparando la actividad de Starlite, discoteca sin las preceptivas licencias, y permitiendo el tráfico de autobouses nocturnos a unas horas (06.00) fuera del horario legal, pretendar el señor Porcuna estar regularizando una situación que ha estado permitiendo continuadamente por más de dos años, y por tanto, incurriendo presuntamente en conductas ilegales omisivas y permisivas”, subraya en el documento.

El denunciante insiste –de ahí el presunto delito de prevaricación continuada que comunicó a Fiscalía– en que Porcuna “podría haber permitido, a sabiendas, mediante permisos verbales contra la propia legalidad, toda la serie de irregularidades cometidas por Starlite, careciendo de licencia para la actividad de discoteca nocturna y por ello podría estar facturando fuera de licencia sin pagar los correspondientes impuestos, pudiendo incumplir además la normativa de prevención de riesgos laborales, despues de haber ocurrido ya este verano un accidente laboral con saldo de un trabajador herido”.

En opinión del abogado, la actuación de Porcuna trasladada al Ministerio Público “es una conducta especialmente grave”, al tiempo que critica que “sea una autoridad pública, que debe velar por el interés público general, quien ampare de tal forma a una empresa que explota no sólo a trabajadores en condiciones precarias sino también, posiblemente, a los contribuyentes y a la hacienda pública, al evadir presuntamente el pago de impuestos y además haber pagado durante años un canon irrisorio y muy por debajo del precio de mercado por la explotación de una propiedad pública municipal”.

Tras presentar en 2016 varios escritos administrativos en el Ayuntamiento de Marbella sobre las irregularidades en torno a Starlite, Arafat recuerda que “la única autoridad que intervino” fue el entonces jefe de la Policía Local, José Andrés Montoya, quien fuera “reemplazado en su cargo  tras levantar actas de infracción contra Starlite en cumplimiento de la legalidad y en contra de los criterios del señor Porcuna”.

Ante tal situación, cabe preguntarse, indica Arafat, “por la falta de sanciones administrativas a Starlite”, así como por los “verdaderos motivos” por los que no se renovó en su cargo al mando policial. Asimismo, también se pregunta por “las causas de la negativa del actual gobierno local de facilitar al SEPRONA la documentación exigida”.

“Prácticas neogilistas”

El letrado marbellí califica como “prácticas neogilistas presuntamente ilegales” las actuaciones de Porcuna, de quien dice “en nombre de lo público, defiende el interés particular de unos pocos a costa del interés general de la mayoría”.

En el marco de sus críticas Arafat va más lejos al asegurar que se ha posibilitado la “infracción continuada” de numerosas normas, así como el hecho de poner en riesgo la seguridad ciudadana “al amparar a Starlite a cualquier precio, permitiendo su funcionamiento con riesgo de desprendimiento de rocas y sin el correspondiente plan de evacuación de incendios, el cual sólo se implementó tras las correspondientes denuncias”, recalca en el comunicado.

“En este mundo al revés, donde los ciudadanos nos vemos obligados a exigir el respeto de una legalidad violada por algunas autoridades, es completamente inaceptable que situaciones de manifiesta inseguridad se generen debido al dudoso proceder por parte del Delegado de Seguridad Ciudadana, Don Javier Porcuna”.

A modo de conclusión, Marco Arafat considera que Porcuna, “al obstaculizar el efectivo cumplimiento de la ley”, fuerza a los ciudadanos a exigir “democráticamente el cumplimiento de la legalidad a los tribunales”.

Excluye al alcalde del conocimiento de las irregularidades denunciadas

El denunciante dice ser “consciente” de que “ciertas irregularidades” se habrían fraguado “sin conocimiento y consentimiento” del alcalde de Marbella, José Bernal.

Una vez que Arafat exige la “depuración de responsabilidades correspondientes” asegura haberse visto obligado a solicitar a la Fiscalía que se investiguen “todos los presunto delitos conexos contra el Medio Ambiente, la administración púbica y contra la hacienda pública”.

Marbella Confidencial se ha puesto en contacto, en varias ocasiones, sin éxito, con el teniente de alcalde denunciado, Javier Porcuna, para recabar su versión. No ha sido posible hablar con él, después de que no atendiera las llamadas telefónicas ni los mensajes de ‘Whats App’.

En la rueda de prensa habitual, tras la junta de gobierno semanal, fuentes municipales han excusado este martes su ausencia por encontrarse de vacaciones, al parecer en el extranjero. De hecho, en su teléfono móvil salía un contestador del operador de telefonía internacional, en distintas lenguas.

Las diversas actas de inspección levantadas por la Policía Local, el pasado verano, contra la empresa Bendeus S.L., organizadora del Festival Starlite, unidas a una serie de informes, recogen que los responsables del evento justificaron en reiteradas ocasiones que tenían una “autorización verbal” del concejal delegado de Industria, Javier Porcuna, para operar como discoteca, actividad para la que no disponían de licencia, ya que sólo contaban con el permiso para funcionar como auditorio, otorgado por la Junta de Andalucía.

La extensa documentación a la que ha tenido acceso Marbella Confidencial refleja que entre el 11 y el 18 de agosto de 2016 los agentes inspeccionaron el recinto donde cada año se celebra el famoso festival de música, ubicado en la Cantera de Nagüeles. Concretamente, el 11 de agosto los efectivos que acudieron allí, vinculados a la Unidad Administrativa del citado cuerpo de seguridad hicieron constar las “quejas” de los vecinos de la Urbanización Azata Montebello sobre “los problemas que vienen sufriendo por las actividades” de Starlite.

La sociedad Bendeus S.L. está controlada por los promotores de este festival, el matrimonio compuesto por Sandra García Sanjuan e Ignacio Maluquer.

Fue el 11 de agosto del pasado año cuando la Policía Local comprobó que “la actividad que se está desarrollando corresponde a discoteca”, algo que no fue autorizado por la Junta de Andalucía, administración que concede este tipo de permisos.

Los agentes hicieron constar que el establecimiento no les presentaba “ningún tipo de licencia para dicha actividad”, por lo que procedieron a levantar “acta-denuncia”.

El 12 de agosto los efectivos policiales giraron una nueva visita, sobre las 3 de la madrugada, para comprobar si Starlite ya había obtenido la “preceptiva licencia” por parte del Ayuntamiento, para el desarrollo de la actividad como discoteca. El director del evento, Jorge Rodríguez Menéndez, aseguró a la Policía Local, como puede verse en los documentos reproducidos por este medio digital, que “tienen el permiso verbal por parte del Señor Concejal y que están en vías de solucionarlo”, reza el informe.

Tras las afirmaciones del directivo de Starlite, la Policía Local procedió a levantar otra “acta-denuncia”. Seis días después, el 18 de agosto, los agentes volvieron a personarse en el recinto a las 3:15 de la madrugada y pudieron comprobar que las actividades de discoteca continuaban, sin licencia para ello. Los funcionarios policiales reflejaron la presencia de “un DJ pinchando música trascendiendo la misma el exterior”.

De nuevo el directivo Rodríguez Menéndez les dijo que tenían “el permiso verbal por parte del Señor Concejal” y volvió a reiterarles que estaban en vías de solucionar las irregularidades detectadas. En el acta levantada por los agentes se puede apreciar que el local resulta sancionado por “carecer de licencia de apertura; trascender música al exterior”, así como “carecer de documento de titularidad, aforo y horario”.

Los informes policiales que reproduce ahora este medio digital avalan la versión que siempre ha mantenido el exjefe policial Montoya, al responsabilizar públicamente a Porcuna de las autorizaciones verbales a Starlite, algo que el edil socialista negó. Ambos están enfrentados en los tribunales, tras una denuncia de Montoya contra su exjefe político por injurias y calumnias.

Cabe recordar que el pasado 30 de mayo al recordársele a Porcuna, en rueda de prensa, la autorización verbal para prolongar el horario de cierre de Starlite, que le atribuyó el entonces jefe de la Policía Local, José Andrés Montoya, el delegado de Seguridad fue tajante al respecto: “Yo no he dado nunca una autorización verbal, para nada, me da igual lo que diga el señor Montoya, nunca he dado autorización verbal para nada, incluyendo caballos”, en clara alusión al caso que instruye un juez tras la denuncia del PP sobre el uso de caballos del citado cuerpo de seguridad en la boda de un integrante de la lista electoral del PSOE local.

Durante la comparecencia de Porcuna del último martes de mayo, el teniente de alcalde aseguró que el tripartito, a falta de poco más de un mes para el arranque de Starlite Festival, aún no ha tomado una decisión sobre cuál será el protocolo de actuación en relación con los horarios de cierre del recinto, tras las numerosas denuncias presentadas por vecinos de la zona.

“Es algo que no tenemos determinado todavía”, respondió Porcuna en la habitual rueda de prensa de los martes, a preguntas de este medio digital. Al ser repreguntado sobre que hay una normativa clara y taxativa de la Junta de Andalucía, que regula este tipo de establecimientos, el edil socialista se refirió también a “una normativa municipal”, así como “competencias cedidas por la Junta al Ayuntamiento y actividades que el Ayuntamiento puede aprobar de manera excepcional”, zanjó el brazo derecho del alcalde en el Consistorio.

Marbella Confidencial ya informó en su día sobre las actas de inspecciones, levantadas por la Policía Local, por incumplimiento de horarios. Lo más grave de este asunto es que una vez concluían los conciertos el recinto prolongaba su actividad hasta pasadas las seis de la mañana, sin tener licencia de discoteca para ello.

A todo lo anterior se suma la investigación que lleva a cabo el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) sobre las actividades de Starlite en el recinto de la cantera de Nagüeles, que sigue su curso y fue desvelada por Marbella Confidencial el 26 de septiembre de 2016.

El Partido Popular de Marbella nunca dio a conocer públicamente que el Tribunal Constitucional (TC) le había dado la razón en julio de 2015, tras un recurso interpuesto en 2006 por 68 diputados conservadores del Congreso, que consiguió anular el artículo de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que permitió a la Junta de Andalucía retirar las competencias urbanísticas al municipio.

Tras declarar el TC que la medida adoptada por el Gobierno presidido por Manuel Chaves era inconstitucional, llama poderosamente la atención que la presidenta del PP local, Ángeles Muñoz, exalcaldesa de la ciudad entre junio de 2007 y junio de 2015, no aprovechara el espaldarazo que brindó a sus tesis el citado tribunal para reprobar la actuación de la Junta de Andalucía.

Todo ello si se tiene en cuenta que la ahora senadora se mostró muy crítica con la retirada de competencias y promovió ante sus compañeros de filas en la Cámara Baja que se interpusiera tal recurso, en una actuación también coordinada por el PP andaluz que presidía entonces Javier Arenas.

La resolución judicial del TC, desconocida hasta ahora, ha sido adelantada este miércoles en su edición digital por el diario Sur. En la información del rotativo de Vocento se recoge entre líneas el hecho de que el PP guardara silencio desde que se dictó el fallo, el 9 de julio de 2015, ya con José Bernal al frente de la Alcaldía de Marbella y Muñoz en la oposición.

Distintas fuentes jurídicas consultadas por Marbella Confidencial han coincidido al afirmar que lo servicios jurídicos del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, personados como parte en el procedimiento seguido ante el TC, recibieron notificación oficial de la sentencia, como es preceptivo al ser parte personada, al igual que la Junta de Andalucía.

La actual portavoz adjunta del Partido Popular en el Senado y exalcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, no declaró ante la Cámara Alta datos sobre sus dos sociedades patrimoniales, poseedoras de cuatro inmuebles, hasta finales de julio del presente año, cuando presentó una modificación de su declaración de bienes y rentas. Hasta ese momento nada había hecho constar sobre Crasel Panorámica S.L. y Hacienda Property S.L. desde que tomó posesión de su acta, tras las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015.

Ssegún la documentación consultada por Marbella Confidencial, Muñoz presentó una primera declaración de bienes y rentas de senadores el 11 de enero de 2016. En ella no aparece mención alguna a las dos sociedades cuya titularidad comparte al 50% con su marido, Lars Broberg.

Cabe recordar que, tal y como informó eldiario.es, Hacienda Property S.L. posee una parcela, una nave industrial, un atraque en Puerto Banús y una parcela urbana. En el caso de Crasel Panorámica S.L. es público y notorio, al menos desde 2009 –tras publicarlo El Mundo– que posee la lujosa mansión, actualmente valorada en 12 millones de euros, donde reside el matrimonio Broberg-Muñoz. Se trata de la polémica vivienda a caballo entre Marbella y Benahavís, inmersa en el polémico deslinde que la exalcaldesa pretendió llevar a cabo. Se trataba de suelos que pasaban de ser rústicos en suelo marbellí a urbanizables en el municipio vecino.

En el gráfico comparativo que aportamos a continuación el lector puede ver cómo el 11 de enero de 2016 Ángeles Muñoz hace constar los inmuebles que posee y el porcentaje de los mismos que le corresponde, pero nada refleja sobre que son propiedad de las citadas sociedades patrimoniales.

El 15 de julio de 2016, tras revalidar su escaño por Málaga en las elecciones del 26-J, Muñoz presentó otra declaración de bienes ante el Senado, idéntica a la que había depositado el 11 de enero del presente año. Es el 29 de julio, en una “modificación”, tal y como aparece en la web del Senado, cuando la exalcaldesa marbellí refleja junto a cada inmueble a qué sociedad pertenece.

Llama la atención que en las declaraciones ante el Senado del 11 de enero y 15 de julio de 2016 Muñoz refleja la adquisición de la vivienda que corresponde a su mansión en 2001. Sin embargo, en la tercera y última declaración, que presta el 29 de julio, refleja que fue adquirida en 2003. Ella no entró como socia de Crasel Panorámica S.L., propietaria del inmueble, hasta ese año, con el 49% de las participaciones.

Otro dato llamativo radica en que Muñoz refleja el año 2002 como fecha de la adquisición de una nave industrial, tanto en su declaración de enero como en la del 15 de julio, mientras que en la que prestó el 27 de julio refleja el año 2005. Se trata de uno de los inmuebles que posee Hacienda Property S.L. en la que ella participa con el 50%, el mismo porcentaje que su marido.

La versión de Ángeles Muñoz ofrecida este miércoles

Marbella Confidencial ha recabado este miércoles la versión de la senadora durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede del PP para hablar de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Al ser preguntada Muñoz sobre por qué no mencionó sus sociedades patrimoniales hasta su tercera declaración de bienes en el Senado, el 27 de julio pasado, ha respondido que “se corrigió en el momento que hubo por parte de algún medio de comunicación, además, que se podía interpretar como confusión se rectificó y se aclaró en los mismos términos que viene actualmente en cuanto hemos tenido que presentar la nueva declaración”, ha zanjado.

Lo sorprendente de todo esto es que la exalcaldesa podía haber reflejado los datos sobre sus sociedades patrimoniales el 15 de julio de 2016, tras las elecciones del 26 de junio. Fue entonces cuando declaró de nuevo sus bienes al revalidar su escaño. Sin embargo, no modificó el documento para incluir sus sociedades hasta el 29 de julio de 2016.

Modificó su declaración de bienes

Aunque no lo ha nombrado, Muñoz se estaba refiriendo al diario El Mundo. El rotativo que dirigió Pedro J. Ramírez publicó el 22 de mayo de 2016 que la declaración de bienes de Muñoz ante el Senado “delata vínculos con Gibraltar”. La información, firmada por la periodista Marisa Recuero, reflejaba que no fue hasta 2010 cuando se produjo la salida de Cutaga Limited (gibraltareña) como socio único de la española Hacienda Property.

Con lo que no contaba El Mundo es con un documento notarial, desvelado por Marbella Confidencial, en el que consta que en 2005 Hacienda Property S.L. perdió la unipersonalidad, al cesar como socio único la gibraltareña Cutaga Limited y entrar Muñoz como socia de su marido, que hasta ese momento controlaba la mercantil. El matrimonio tardó cinco años en acudir al Registro Mercantil a inscribir la pérdida de la unipersonalidad.

Como ya es sabido, Muñoz declara ser propietaria única, como persona física, de otros cinco inmuebles: cuatro viviendas, una de ellas en Suecia adquirida en 2005. El resto se reparten entre Málaga (tres) y Madrid, donde se ubica su piso del barrio de Salamanca, concretamente en la calle Claudio Coello, esquina con Hermosilla.

Dos préstamos bancarios, uno de un banco escandinavo

La exalcaldesa hace constar en todas sus declaraciones dos préstamos que tiene concedidos. El primero es de 2007 y proviene del BVVA, por importe de 172.000 euros y con un un saldo pendiente de 84.477.87 euros.

El segundo préstamo, concedido en 2005 –el mismo año de la adquisición de su casa en Suecia– es de 300.000 euros, con un saldo pendiente de 156.000 euros y corresponde a un banco escandinavo: TJorns Sparbank. Todo parece indicar que guarda relación con la compra del citado inmueble sueco.

Muñoz declaró un valor de 600.000 euros para su casa de Suecia

Cabe recordar que Muñoz fijó en 600.000 euros el valor de su casa en Suecia, como así consta en su declaración de bienes de 2008 ante el Parlamento Andaluz, cuando tomó posesión de su acta por Málaga. En el registro del Ayuntamiento de Marbella la exregidora reflejó un valor catastral de 251.200 euros.

Muñoz siempre ha hecho constar en el Ayuntamiento el valor de las participaciones que posee en las dos sociedades patrimoniales de las que es titular al cincuenta por ciento con su marido, pero no los bienes que estas mercantiles tienen a su nombre. Así, en el Registro de Intereses del Consistorio la ahora concejala opositora declara ser titular de 44.174 participaciones de Crasel Panorámica, por valor de 44.174 euros. También declara 4.565 participaciones de Hacienda Property S.L. por valor de 274.447 euros.

Críticas de la oposición sobre “falta de transparencia”

Las críticas sobre la opacidad de la exalcaldesa, en relación con su enorme patrimonio, han sido una constante en cuanto a reproches del actual equipo de gobierno (PSOE, OSP e IU), así como cuando los tres citados partidos estaban en la oposición.

De hecho, la “falta de transparencia” de Muñoz y las vinculaciones de sus sociedades patrimoniales con Gibraltar, en el pasado, cuando ella no había entrado en ellas y eran controladas por su marido, marcaron las dos campañas electorales a las que se presentó para obtener su escaño por Málaga.

A todo ello se sumó la inversión de 3 millones de euros que la sociedad Crasel Panorámica, propiedad del matrimonio Broberg-Muñoz llevó a cabo en Luxemburgo en 2010, en el marco de una operación financiera relacionada con su mansión, al adquirir un producto ofertado por la entidad Nordea Bank S.A. “destinado a la evasión fiscal”, tal y como denunció en 2014 el conocido abogado marbellí Antonio Flores.

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Declaración de bienes de Ángeles Muñoz ante el Senado depositada el 11 de enero de 2016 (ya no está disponible en la web del Senado).

Declaración de bienes de Ángeles Muñoz ante el Senado depositada el 15 de julio de 2016

Modificación de la declaración de bienes de Ángeles Muñoz ante el Senado depositada el 29 de julio de 2016

Boletín del Senado XI Legislatura que recoge la declaración de bienes de Muñoz el 29 de enero de 2016

Boletín del Senado XII Legislatura que recoge la declaración de bienes de Muñoz con fecha 29 de julio de 2016

La exalcaldesa de Marbella, Ángeles 'Titi' Muñoz, está de gira, 'on tour', como los grandes artistas cuando van de conciertos y diseñan esas camisetas que por la espalda llevan escritos los sitios donde tocarán cada día. O como Morante de la Puebla, que tiene una cuenta de Twitter específica: 'Morante on tour', se llama.

La portavoz del PP en el Senado no se ha ido a China, ni a Dubai, países que solía visitar con mucha asiduidad a costa del erario público, cuando gobernaba. El tour lo está haciendo desde el miércoles por radios locales, periódicos y algunas televisiones, no todas, porque a Onda Luz TV siempre se ha negado a ir. Ella sabrá por qué.

Me imagino que a estas alturas saben ustedes a qué se debe tanto trajín, con el ir y venir de esta señora por los medios. La denuncia del fiscal Julio Martínez Carazo, por la presunta falsificación de 22 planos del PGOU, incluidos los que afectan a su lujosa mansión y a terrenos de su familia en Benahavís, trae a mal traer a la aforada.

Estuvo casi una semana en silencio, tras conocerse la acción penal del Ministerio Público contra ella y el vicesecretario municipal, Javier de las Cuevas. Luego reaccionó con toda la artillería, después de reunirse con sus abogados para ensayar, sacando unos papeles que quiere explotar hasta la saciedad. Son un par de folios nada más, pero ella los lleva a todas partes como un tesoro, en su cansino peregrinar por los medios.

Nadie podrá negarle a 'Titi' Muñoz su habilidad para sacar conejos de la chistera y ases en la manga, cuando su carrera política atraviesa arenas movedizas. Hay que reconocer que aunque pueda no tener mucho recorrido, el hecho de jugar a la confusión, al acusar al equipo de gobierno marbellí de “ocultar deliberadamente” documentos al fiscal, puede sembrar la duda en la opinión pública. El asunto es farragoso y ella juega a embarrar el campo, como los malos entrenadores, tipo Javier Clemente. El de Baracaldo sacaba la manguera cada vez que jugaba el Real Madrid en San Mamés.

Por resumir la confusión, Muñoz dice que el tripartito no le envió al fiscal el acta de una reunión entre la Junta y el equipo redactor del PGOU, celebrada el 28 de julio de 2009 y saca dos folios del escrito que presentó el equipo redactor (Territorio y Ciudad), por Registro de Entrada del Ayuntamiento el mismo 29 de julio, fecha de la aprobación inicial del PGOU. En esos dos folios se daba cuenta de la citada reunión, en la que el Ayuntamiento no era parte. Pero lo cierto es que esos dos folios están recogidos en el acta del pleno del 29 de julio, que tiene el fiscal en su poder.

La delegada de Urbanismo, Isabel Pérez, salió en rueda de prensa para desmentir a Muñoz y asegurar que el documento que ella exhibió “lo tiene el fiscal por partida doble”. Lo que no pudo remitirle el Ayuntamiento al fiscal fue el acta de la reunión entre la Junta y el equipo redactor, al no ser parte de la misma el Consistorio marbellí. Por tal motivo contestaron al Ministerio Público que “no consta”.

Tras esta exposición de hechos cabría preguntarse cuál es la “ocultación deliberada” de información al fiscal que denuncia la exalcaldesa, si era materialmente imposible que el Ayuntamiento le remitiera a Martínez Carazo algo que no tenía.

Muñoz juega al embrollo, a liarlo todo en su beneficio, porque saca un resumen de esa reunión entre el equipo redactor y la Junta, que la primera de las dos partes sí remitió al Consistorio marbellí cuando ella gobernaba.

Está muy claro que a la senadora aforada le interesa disputar este partido en los medios de comunicación, ante la opinión pública, cuando realmente se juega en los tribunales. El tiempo juega a favor de la ahora edil en la oposición, porque pasarán unos cuantos meses hasta que el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, remita la causa al Supremo y se inhiba, en caso de apreciar indicios de delito en la persona de Muñoz.

Mientras tanto, Dívar sólo puede ocuparse del no aforado, Javier de las Cuevas, vicesecretario municipal y codenunciado, de quien la exalcaldesa dijo días atrás que le había telefoneado “como amiga y como médico” que es ella, dado el delicado estado de salud actual del alto funcionario.

Si 'Titi' Muñoz va a seguir on tour, a partir del lunes, estaría bien que incluyera en su gira mediática a La Sexta. Tiene suerte de que este último escándalo suyo no haya saltado aún con fuerza a las teles nacionales. Quizás la señora aforada podría visitar el programa 'Al rojo vivo' y sentarse en el plató con Ferreras, para explicarle qué es lo de su mansión, puesta a la venta por 12 millones de euros. Vaya desde aquí la sugerencia.

Lo digo porque el casoplón de marras, a caballo entre Marbella y Benahavís, también está afectado por los planos presuntamente falsificados, al igual que los terrenos del marido y el cuñado de la senadora. De hecho, la plataforma antideslinde habla de “un pelotazo de 30 millones de euros”, al pasar los suelos de rústicos a urbanizables, si la que fuera alcaldesa marbellí llega a consumar en su día la entrega de 170.000 metros al municipio vecino de Benahavís, a cambio de menos de 30.000 metros que no valen para nada.

“Impresionante mansión en el Valle del Golf, con soberbias vistas al mar y a la montaña”. Así arranca el anuncio, en inglés, que tiene puesto en su página web la inmobiliaria Panorama para promocionar la venta de la lujosa villa, ubicada en Benahavís (Málaga), propiedad de la exalcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz, actual concejala y senadora del PP, por un precio de casi 12 millones de euros, concretamente 11.950.000 euros, según informa marbellaconfidencial.

El citado portal inmobiliario relata que esta casa, situada en Benahavís y que se ha visto envuelta en el polémico deslinde frustrado que Muñoz quiso llevar a cabo, fue diseñada por el arquitecto Ángel Taborda. A lo largo de una galería fotográfica de 12 imágenes el interesado en adquirir esta casa puede recorrer todas las instancias de la finca, símbolo del lujo y ostentación en el que aún reside Muñoz junto a su marido, el promotor inmobiliario sueco Lars Broberg.

La puesta a la venta de esta polémica vivienda ha sido adelantada por el diario digital Marbella 24 horas este domingo en su portada. Cabe recordar que la finca fue adquirida por la sociedad Crasel Panorámica S.L., propiedad al 50% de la senadora y su cónyuge, casados en separación de bienes. Tal y como desveló eldiario.es/andalucia en marzo de 2014, sobre el inmueble pesa un crédito hipotecario de 3 millones de euros, producto de una inversión que la sociedad del matrimonio llevó a cabo en el banco Nordea Bank S.A. de Luxemburgo. Se trató de un producto financiero destinado a la evasión fiscal, según informó el abogado Antonio Flores, que descubrió la operación bancaria.

Tal y como se puede comprobar en el Registro de la Propiedad de Marbella, la entidad bancaria luxemburguesa tasó la mansión en 5 millones de euros en 2010, en el marco de la operación financiera que el matrimonio llevó a cabo, a través de su sociedad, para suscribir un producto asociado a un seguro de vida para el marido de Muñoz. La polémica fue mayúscula, porque el abogado Flores, responsable de Lawbird Legal Services, destapó que se trataba de una maniobra para eludir al máximo posible el impuesto de sucesiones en un futuro.

Ricardo Galeote, el exconcejal del PP en Estepona, así como exgerente del Palacio de Congresos de la citada localidad, cargo que ocupó entre 1999 y 2003 antes de ser edil (ya en mayo de 2003) era además de amigo de Francisco Correa, el contacto político del líder de la trama Gürtel en la Costa del Sol.

Galeote, imputado en el caso, por recibir comisiones, al igual que su padre José, exedil del municipio madrileño de Boadilla del Monte, es hermano del exeuroparlamentario Gerardo Galeote, también salpicado por el sumario que instruyó el juez Ruz, pero nunca encausado. Ello, sin embargo, no evitó el fin de su prometedora carrera política en Génova como asesor de Mariano Rajoy.

Correa, en el documento de confesión publicado por eldiario.es este miércoles sostiene sobre Ricardo Galeote que, “sin que él me pidiera nada, pero porque era una persona a la que tenía cariño, el beneficio que ganó mi empresa con el pedido de su moqueta se lo hice llegar (1.000.000. de pesetas)”. La cifra en pesetas que ofrece el líder de la Gürtel encaja con los 6.911,64 euros que reflejó inicialmente Ruz en su auto, antes de completar el total de 7.484 euros en concepto de comisión pagada por la trama al cargo del PP.

El magistrado justificó la diferencia entre una cantidad y otra en que el dinero gastado en concepto de viajes por Galeote incluía cantidades a cuenta de futuras adjudicaciones públicas de Estepona.

Correa niega haber tenido adjudicaciones en Estepona

“Que yo recuerde no he tenido ninguna adjudicación en Estepona”, llega a decir Correa, por escrito, en los papeles autoinculpatorios publicados por este medio digital.

Correa califica como una “auténtica levedad y ridiculez” la imputación de su amigo Galeote y asegura que el exedil del PP le preguntó si podían “hacerle el favor de comprarle la moqueta ferial, ya que teníamos mejor precio que él”, al disponer Special Events de “gran volumen de compra de moqueta ferial”

Hay que remontarse a 1999, cuando se produjo el pacto anti GIL en Estepona, para ubicar a Ricardo Galeote como gerente del Palacio de Congresos. Gobernaba un cuatripartito que le cerró el paso a Jesús Gil Marín, cabeza de lista más votada: El PSOE se hizo con la Alcaldía y sus socios de gobierno fueron el PP, IU y el PA.

La mujer de Correa fue jefa de gabinete de la exalcaldesa del PP en Estepona

Se da la circunstancia de que la esposa del cabecilla de la trama, Carmen Rodríguez Quijano, ocupó durante dos meses el puesto de jefa de gabinete del Ayuntamiento de Estepona bajo mandato del PP. Fue cuando los conservadores se aliaron con el GIL, a partir de 2001, y mediante una moción de censura acabaron con el mandato del entonces alcalde socialista, Antonio Barrientos.

Ruz sostiene que Galeote adjudicó 56.000 euros a Correa “omitiendo todo procedimiento o contratación”.

Según el auto dictado por el juez Ruz que ponía el punto final a la instrucción del ‘caso Gürtel, Ricardo Galeote, habría adjudicado casi 56.000 euros a la citada sociedad de Correa entre los años 2000 y 2003, “omitiendo todo procedimiendo de contratación”, a cambio de comisiones.

Estas comisiones se materializaron en los servicios turísticos prestados a Galeote, o personas de su entorno, como su pareja, desde la empresa Pasadena Viajes S.L. Se trata de todo un clásico en el universo de Correa, porque era la sociedad a través de la que se gestionaban todos los viajes del PP en Génova.

Las comisiones que percibió Galeote alcanzaron los 7.484,32 euros, según el auto de conversión de las diligencias previas a procedimiento abreviado, dictado por Ruz.

Fondos “opacos” para pagar comisiones a Galeote

El extitular del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional mantiene en sus autos que los fondos que se utilizaron para pagar las comisiones a Galeote fueron “opacos a la Hacienda Pública” y procedían de la llamada ‘caja B’ de la red Gürtel.

Para retribuir al excargo esteponero del PP también se emplearon fondos procedentes de la sociedad municipal de la que fue gerente, Turismo y Actividades Recreativas, así como de una segunda: Servicios Municipales Estepona.

El modus operandi empleado consistió en emitir facturas desde la agencia de viajes de Correa, Pasadena, giradas a las mencionadas mercantiles municipales. Se trataba de servicios irreales o que ya habían sido abonados por el Consistorio de Estepona.

En su demoledor auto de cierre de la instrucción, el magistrado Ruz también afirmaba que Galeote se sirvió de sus cargos de concejal y gerente de una sociedad municipal para que el gerente de la otra mercantil, Servicios Municipales Estepona, abonara facturas emitidas por Pasadena Viajes, “en la creencia de que los servicios reflejados eran reales”.

Perjuicio económico para las arcas municipales de Estepona

El auto judicial, dictado en noviembre de 2014, también destacaba el perjuicio económico sufrido por las dos sociedades municipales, en relación con los supuestos viajes particulares de Ricardo Galeote. A pesar de ello, no se conoce intento alguno de los gobernantes esteponeros por personarse como acusación en el ‘caso Gürtel’.

Exasesor del alcalde García Urbano

El nombre de Ricardo Galeote se convirtió en un quebradero de cabeza para el actual alcalde de Estepona, José María García Urbano. El regidor repescó al exedil del PP cuando, durante un periodo de la instrucción fue desimputado. Sin embargo lo mantuvo contra viento y marea en su puesto, tras ser imputado de nuevo. Después de un gran escándalo mediático a nivel nacional, García Urbano destituyó al encausado en Gürtel en septiembre de 2013. En su lugar colocó en el Ayuntamiento a la pareja de Galeote, con el consiguiente revuelo.

Los máximos representantes del gobierno municipal que regirá Marbella a partir del sábado, presidido por el socialista José Bernal, han firmado este viernes su acuerdo cuatripartito (PSOE, OPS, IU y Costa del Sol Sí Puede), junto a destacados dirigentes socialistas y de Izquierda Unida como Francisco Conejo y José Ántonio Castro, respectivamente.

El futuro regidor, que devuelve la Alcaldía de Marbella al PSOE tras 24 años, ha destacado la “transparencia” que, según ha dicho, va a caracterizar su gestión municipal, en el marco del “interés general”, especialmente centrado en quienes “peor lo están pasando”, según informa marbellaconfidencial.es.

Desde OSP, quien será teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Rafael Piña, ha subrayado, como una “parte importante” para decantarse en el pacto por “el grupo de izquierdas”, el “compromiso” del PSOE andaluz trasladado a la Junta de Andalucía, para refinanciar la deuda que Marbella mantiene con la administración autonómica.

La refinanciación de la deuda con la Junta

Otro compromiso asumido por los socialistas, ha añadido Piña, es la asunción de la llamada “deuda histórica” en materia de inversiones que dejaron de venir a Marbella “por las políticas del GIL”, durante la gestión de dicho partido entre 1991 y 2006.

El presidente del partido sampedreño ha hablado del “proyecto de ley” que se llevará al Parlamento Andaluz para que los aplazamientos de la deuda “sean a más largo plazo”. Lo cierto es que PSOE e IU no cuentan con mayoría suficiente para sacar adelante tal iniciativa, por lo que tendrán que contar con el apoyo de Podemos, formación que auspició la marca municipalista Costa del Sol Sí Puede, cuyos dos concejales en Marbella, José Carlos Núñez y Victoria Mendiola, no entrarán en el equipo de gobierno con delegaciones asignadas, pero sí integrarán la junta de gobierno local.

Piña ha querido hacer un llamamiento a la “tranquilidad” porque, según ha dicho, “antes de empezar ya nos están machacando con que se van a ir los inversores”, en clara abusión a las últimas declaraciones de la alcaldesa en funciones, Ángeles Muñoz, a un diario provincial este viernes.

El presidente de OSP ha recordado la “facilidad” para hacer modificaciones en el PGOU, un instrumento que –ha insistido– “tiene que ser un revulsivo para mejorar la vida de todos los ciudadanos”.

Conejo destaca el “compromiso” del PSOE andaluz

Francisco Conejo, responsable de Política Institucional del PSOE andaluz, considera que el 24 de mayo “ganó el cambio” en Marbella para que el Partido Popular no tuviera mayoría absoluta, después de ocho años, y el resto de formaciones sumaran para conformar gobierno.

El ‘número 3′ del PSOE-A ha querido “poner en valor” el trabajo que llevó a cabo la Comisión Gestora, presidida por el socialista Diego Martín Reyes, tras la disolución del Ayuntamiento en 2006, a raíz de la ‘operación Malaya’.

Dicho periodo, entre 2006 y 2007, hasta la llegada del PP, fue, a juicio de Conejo “el único tiempo donde se garantizaba la participación ciudadana”.

Conejo se ha comprometido a que desde la Junta de Andalucía lleguen inversiones a la ciudad, así como a que se potencie “la marca Marbella”, desde la administración autonómica.

Sobre la deuda municipal heredada Conejo ha dicho que “la situación tiene una única responsable que es Ángeles Muñoz y el PP”, porque –ha acotado– la todavía regidora “no ha cumplido con el plan de pagos, aplazando, año tras año, y dejando para la parte final casi la totalidad de la amortización que la Junta le concedió”.

Para IU es un acuerdo “histórico”

El coordinador de Izquierda Unida en Málaga, José Ántonio Castro, ha calificado de “histórico” el acuerdo de gobierno firmado. Al mismo tiempo , ha querido tener un reconocimiento “para los luchadores contra el gilismo y la corrupción municipal, que fueron pocos y estuvieron muy solos”.

Cree el exportavoz parlamentario de IU que Marbella necesita “una transición” tras los gobiernos gilistas y “neogilistas” del Partido Popular, para acabar con “una serie de tics” que, en su opinión, recuerdan a la oscura etapa del GIL.

Su compañero de filas y próximo teniente de alcalde, Miguel Díaz, también ha querido hacer un llamamiento a “la unidad” frente al discurso del miedo y los augurios de Ángeles Muñoz sobre el “retroceso” que, para la aún regidora, se va producir en la ciudad tras la llegada del gobierno cupatripartito.

El edil de CSSP José Carlos Núñez ha justificado su no asistencia a la firma por cuestiones de trabajo y su compañera y concejala electa Victoria Mendiola se ha incorporado al acto cuando ya había finalizado, pero le ha dado tiempo a estampar su firma en el documento suscrito por el resto de partidos.

Los 25 inmuebles de la urbanización Guadalmina que administra el 'número 2' del PP de Marbella, Cristóbal Garre, propiedad de dos sociedades offshore radicadas en el considerado paraíso fiscal de la Isla de Man, fueron adquiridos entre 2003 y 2004 mediante dos préstamos hipotecarios, a 60 meses, que suman un total de 2,6 millones de euros. Así pues, a día de hoy, los préstamos están vencidos y no reclamados por la entidad financiera.

No obstante, dichas hipotecas –ya pagadas por completo entre 2008 y 2009– aún no figuran como canceladas, circunstancia que no es obligatoria, salvo que las propiedades fuesen a ser vendidas o rehipotecadas, informa marbellaconfidencial.es.

Así se desprende de los datos que obran en el Registro de la Propiedad de Marbella  y que contradicen la versión de Garre, cuando el pasado 21 de abril aseguró a dicho medio que sobre los citados inmuebles pesaban actualmente una serie de préstamos bancarios.

“Si esas sociedades [las dos españolas que él administra, propiedad a su vez de dos offshore] tienen esos inmuebles, tienen su equivalente en préstamos bancarios”. Estas fueron las palabras de Garre al ofrecer su versión. Así pues, de lo dicho por el fichaje estrella de Ángeles Muñoz se desprendía que quienes habían comprado los inmuebles aún los estaban pagando.

Dos hipotecas con el Bank of Scotland and Ireland Limited

Sobre los inmuebles se suscribieron al momento de su compra dos hipotecas con el Bank of Scotland and Ireland Limited. La primera  por un importe global de 2,3 millones de euros, el 19 de diciembre de 2003. La segunda por 300.000 euros, formalizada el 22 de julio de 2004.

Se da la circunstancia de que 22 de los 25 inmuebbles que administra Garre se adquirieron el mismo día: 19 de diciembre de 2003 ante un notario de Madrid. Los otros tres restantes lo fueron el 5 de abril de 2002 (un dúplex de 215 metros); y el 27 de febrero de 2003.

Concretamente, Guadaworld S.L. tiene escriturados a su nombre 15 inmuebles y Marbeguada S.L. los 10 restantes, del total de 25. En ambas mercantiles españolas figura como administrador único, desde 2008 –año en que comenzaron a vencer los préstamos– Cristóbal Garre, abogado, economista y gestor administrativo.

La práctica totalidad de los inmuebles están alquilados

De las averiguaciones que ha podido hacer marbellaconfidencial.es, in situ, la práctica totalidad de estos 25 inmuebles, ubicados en los edificios Miño y Avia de Guadalmina Alta están actualmente en alquiler.

Según algunos de los inquilinos residentes consultados en Guadalmina Alta, la inmobiliaria Simmersing Propiedades es a la que Marbeguada y Guadaworld tienen encomendados los arrendamientos de los lujosos pisos,  la mayoría de casi 100 metros cuadrados, salvo dos, quea lcanzan los 130, y un dúplex de más de 200 metros.

“Como a día de hoy no hay gastos financieros por pagar intereses de la hipoteca, todo lo que esas sociedades cobran por los alquileres son ingresos”, afirma un experto tributario consultado en relación a la inversión que los clientes desconocidos de Garre, ocultos tras una estructura societaria en Isla de Man, hicieron en 2003

“Rendimientos sujetos y no exentos”

Los ingresos que obtienen Marbeguada y Guadaworld por el arrendamiento de los pisos, destinados a las sociedades offshore Culleenamore Limited y Apollonia Limited respectivamente, “son rendimientos sujetos y no exentos” que tienen que ser declarados, recalca la citada fuente.

Si, además, los inmuebles se alquilan como viviendas y no como alojamientos turísticos, como parece ser el caso a tenor del perfil de los inquilinos de larga temporada que residen allí, no estarían sujetos a IVA, porque no son locales de negocios, pero sí tendrían que ser declarados en el impuesto de sociedades.

Al tratarse de una estructura societaria opaca se desconoce cuantas transmisiones de los inmuebles ha podido haber, desde que fueron adquiridos en 2003, teniendo en cuenta los sucesivos cambios de administradores que ha habido en las dos sociedades españolas de las que Garre es administrador único actualmente.

Al estar la jurisdicción de las participaciones sociales de Apollonia Limited y Culleenamore Limited en la Isla de Man, no hay obligación de llevar a cabo la compra venta de esas participaciones en España, cuando se transmite la fiducia, según los expertos consultados.

Garre no ha atendido las llamadas de este medio

Este medio se ha puesto en contacto de nuevo con Cristóbal Garre, tras confirmar que los préstamos hipotecarios a los que él se refería están vencidos desde 2008, pero no ha atendido las sucesivas llamadas telefónicas para recabar de nuevo su versión y conocer más datos acerca de sus clientes. Ellos son quienes le dan las instrucciones, a través de las dos citadas sociedades radicadas en la Isla de Man, domiciliadas allí en un despacho de fiduciarios profesionales, dedicados a la creación de estas estructuras opacas.

Cristóbal Garre, el considerado fichaje estrella de Ángeles Muñoz en la lista del PP en Marbella, como 'número 2' de la candidatura, administra un amplio patrimonio de 25 inmuebles, en la lujosa urbanización marbellí de Guadalmina, cuyo propietario último son dos sociedades offshore (una persona jurídica separada de la persona física cuya responsabilidad es limitada y está exenta de impuestos) radicadas en la Isla de Man, situada en el mar de Irlanda, y considerada abiertamente como un paraíso fiscal por parte de la Agencia Tributaria.

Según la investigación periodística que ha llevado a cabo marbellaconfidencial.es, Garre, abogado y economista de profesión, figura actualmente como administrador único de Marbeguada S.L. y Guadaworld S.L. Ambas mercantiles, cuyo objeto social es la compra venta y alquiler de bienes inmuebles, “alquiler para el turismo”, y la actividad inmobiliaria, tienen como domicilio social y comercial el despacho profesional en San Pedro Alcántara de este abogado, economista y gestor administrativo. Se trata de Garre Asesores.

Tanto Marbeguada S.L. como Guadaworld S.L. tienen como socio único a dos sociedades establecidas en Isla de Man. En la primera de ellas aparece Culleenamore Limited y en la segunda Apollonia Limited. Los inmuebles que poseen entre ambas son 25 pisos de una promoción del Grupo Fadesa, distribuidos en varios edificios situados en Guadalmina Alta.

Las viviendas, con sus correspondientes trasteros y plazas de garaje asignadas, fueron adquiridas en su mayoría el 19 de diciembre de 2003 por las dos sociedades españolas, con distintas hipotecas de un banco británico, según consta en el Registro de la Propiedad.

Opacidad registral en el enclave de la corona británica

La opacidad que rodea los datos registrales de esta dependencia de la corona británica hace imposible conocer a las personas físicas que se ocultan, como titulares reales, detrás de las dos compañías offshore citadas.

No obstante, la profesión como abogado de Garre hace obligatorio para la legislación española conocer quiénes son sus clientes. “Es un sujeto obligado en la prevención del blanqueo de capitales”, recuerdan los expertos tributarios consultados.

Las dos sociedades limitadas españolas donde Garre comenzó a ser administrador único en 2008 fueron constituidas prácticamente a la vez, con días de diferencia, en abril de 2002. Además del ‘número 2’ del PP local ambas también tienen en común otros cargos españoles en sus estructuras, como apoderados. Tal es el caso de Carmen Rozpide Orbegozo, Teresa Rojas Calvo, Cristina Montero Martínez y Beatriz Díez Arranz.

Despacho de fiduciarios profesionales en la Isla de Man

El rastro de Apollonia Limited y Culleenamore Limited ha permitido a este digital llegar –a través del Registro Mercantil de la Isla de Man– hasta un despacho de fiduciarios profesionales, quienes constituyeron las dos entidades –en 2001 y 2002– con el capital social mínimo exigido: 2000 libras. Son 2.000 participaciones en cada sociedad, por valor de una libra cada una.

A partir de tales datos la opacidad para conocer los titulares reales del capital social de Apollonia y Culleenamore es absoluta. El trust Anglo Irish Limited, a cargo del despacho profesional citado, ostenta dos participaciones en cada una de las dos sociedades dueñas de las mercantiles españolas que administra Garre. Se desconoce quién, o quiénes, son los titulares de las 1.998 participaciones restantes en cada una de las dos offshore creadas.

Garre comenzó a ser administrador en 2008

Culleenamore Limited fue constituida el 6 de febrero de 2001 y Apollonia Limited el 4 de marzo de 2002. Ambas fueron inscritas como socios únicos de Marbeguada y Guadaworld, respectivamente, el mismo día: 10 de junio de 2002.

La relación profesional de Cristóbal Garre con estas estructuras societarias se remonta a septiembre de 2008. Es entonces cuando este afiliado al PP, actual presidente del Club Rotario de San Pedro, es nombrado administrador único de Guadaworld S.L. y Marbeguada S.L. Al mismo tiempo se produce el cambio del domicilio social de ambas. Hasta ese momento –desde su creación– la sede social estaba radicada en Madrid y en septiembre de 2008 pasó a ser el despacho profesional de Garre Asesores, en la calle Marqués del Duero 67 1B de San Pedro Alcántara.

Domicilio social y comercial desde 2008

El que está llamado a ser posible concejal de Hacienda con Ángeles Muñoz, dado su perfil de economista y gestor administrativo, ocupó el cargo de administrador único de las dos citadas mercantiles entre septiembre y noviembre de 2008, cuando cesó. No obstante, su despacho nunca ha dejado de ser desde entonces el domicilio social y comercial de estas dos sociedades limitadas, que tienen como socios únicos a dos offshore, con todo lo que ello implica de responsabilidad.

Cuando Garre cesó como administrador único de las dos citadas sociedades limitadas españolas, en noviembre de 2008, fue sustituido por dos administradores mancomunados: Sarah Catalina Christian y Joanne Sarah Ingrassia. Ambas aparecen vinculadas a su vez al despacho profesional, especializado en fiducia, radicado en la Isla de Man, Anglo Irish Limited.

Es el 30 de mayo de 2014 cuando Cristóbal Garre Murcia vuelve a ser nombrado administrador único, simultáneamente, de Marbeguada y Guadaworld. El cargo lo sigue ostentando a día de hoy.

Garre se acoge al secreto profesional pero habla de dos clientes de “unos 90 años de edad”

Este medio digital se ha puesto en contacto con Cristóbal Garre para reflejar su versión, acerca de su participación en las citadas sociedades. Al ser preguntado sobre quiénes son los titulares reales de las sociedades offshore de las empresas españolas que él administra se ha acogido al secreto profesional, como abogado de profesión.

Sí ha precisado que “hay unas actas de titularidad real de los titulares, que yo obligo a cada cliente, por temas de prevención de blanqueo de capitales. Esas actas están realizadas y las hizo un notario, porque ,si no, no hubiera permitido la entrada de administradores”, ha dicho Garre.

“Son personas físicas, no residentes en España y cada uno puede tener unos 90 años de edad, más o menos”. Se trata, según ha dicho, de “unos clientes a los que conozco y he atendido en mi oficina”, ha concretado el candidato del PP.

“Lo que puedo hacer es pedirle documentación al Colegio de Abogados y si ellos me lo piden yo les remito lo que necesiten”, ha adelantado Garre a tenor de la información requerida por este medio de comunicación.

Datos sobre los 25 inmuebles

Sobre los 25 inmuebles que poseen las dos sociedades españolas que él administra –cuyos propietarios son las dos sociedades de la Isla de Man citadas– sostiene que si las dos entidades offshore “tienen esos inmuebles, tienen el mismo equivalente en préstamos bancarios”, ha argumentado, sin aportar más datos.

Sobre sus clientes ha añadido que “es una familia que ha sido engañada y no le puedo decir más, estamos tratando de organizar las cosas”, ha zanjado el letrado.

Reconoce incompatibilidades con ser concejal y administrador a la vez

Al ser preguntado si para él supone algún tipo de incompatibilidad el cargo de administrador único de estas sociedades, propiedad de las entidades en Isla de Man, con ser futuro concejal, ha respondido lo siguiente: “para mí por supuesto que supone. Yo de hecho, si saliera en las elecciones y se ganaran yo tengo que salir de todas las administraciones que tengo, que son un total de ocho, creo recordar”, ha dicho en alusión a las sociedades donde ocupa cargos.

Finalmente, Garre ha querido aclarar que “el tema de esta estructura no es algo que yo haya montado, sino que me ha venido heredado de un cliente de fuera y estoy tratando de darle solución a estas sociedades”.

Sobre el tiempo que lleva afiliado al Partido Popular, Garre ha afirmado que “para cualquier cuestión del partido” debe pedir autorización para hacer declaraciones a los medios “a la responsable de prensa, Chela Figueira”, ha dicho para referirse a la actual concejal de Comunicación, número 14 de la lista que lidera Ángeles Muñoz.

El caso de Roca y sus sociedades en la Isla de Man

A lo largo de la instrucción del sonado 'caso Malaya', contra la corrupción municipal, se puso al descubierto por parte de los investigadores policiales la existencia de dos sociedades en la Isla de Man que resultaron ser propiedad del considerado cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.

Los jueces encargados de la investigación calificaron de “razonable” pensar que Roca tuviera fondos en territorios considerados como paraísos fiscales, aunque señalaban la dificultad de llegar a conocerse “con exactitud su alcance al ser territorios que dificultan la cooperación, especialmente la Isla de Man”.

La relación de la Isla de Man con España

En marzo de 2014 las autoridades españolas anunciaron que Jersey, Gernsey e Isla de Man iban a dejar de ser considerados paraísos fiscales pero, un año después, la normativa no ha entrado en vigor. El acuerdo de intercambio automático de información tributaria firmado por el G-5 (España, Reino Unido, Francia, Suecia e Italia) con 44 países y territorios (entre ellos Isla de Man), a través de un calendario específico, en el marco de la asistencia mutua internacional, se aplicará en 2017. El acuerdo se referirá, incluso, a cuentas bancarias abiertas a finales de 2015.

Así pues, si por ejemplo la Agencia Tributaria pidiera algún tipo de documentación de 2011 a Isla de Man, en el marco de posibles delitos fiscales, no sería entregada, al no haber prescrito ese ejercicio y, sobre todo por no existir convenio firmado con España.

Fuentes de Anticorrupción han reconocido a este medio que, en el caso de Roca, “sí hubo colaboración” de Isla de Man, al tratarse de delitos de blanqueo de capitales y cohecho. Si el delito que se investiga es fiscal la opacidad y el secreto están garantizados.