El auge de las macrogranjas que ha multiplicado la producción de cerdo en España ha hecho que el país incumpla desde hace más de diez años el límite de emisiones a la atmósfera de amoniaco. El año pasado, a pesar de entrar en vigor un nuevo techo, más permisivo, las emisiones de este contaminante crecieron respecto a 2019 y rebasaron, otra vez, el umbral máximo comprometido.

En 2020 España lanzó al aire 483 kilotoneladas de amoniaco, según el último Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera culminado al cierre de 2021. Fueron 12 kilotoneladas más que el año anterior y una cifra que está por encima del tope marcado por la directiva europea de reducción de emisiones nacionales situado en 467kt.

Estos datos sobre el incumplimiento sostenido de España llegan mientras el PP hace de la producción cárnica el ariete de su precampaña electoral en Castilla y León, al aprovechar la tergiversación de unas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las diferencias entre la ganadería intensiva de macrogranjas y la extensiva.

Los presidentes autonómicos del PSOE, Javier Lambán (Aragón) y Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) han cargado también duramente contra Garzón. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, señaló que el ministro Garzón había hablado a “título personal”. Ni siquiera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha auxiliado al responsable de Consumo de su gabinete: se limitó a “lamentar la polémica” –y las declaraciones de Garzón– durante una entrevista este lunes en la Cadena SER.

Tendencia contraria

Sánchez destacó la labor de su Ejecutivo para regular la actividad de las macrogranjas. Sin embargo, lejos de reducir las emisiones como exige la normativa, España incrementó en el último año del que existen datos el amoniaco que liberó con sus sectores ganadero y agrícola. En un curso se comió toda la pequeña reducción de cuatro kilotoneladas que había conseguido acumular desde 2017. Entre 2010 y 2019, la normativa europea marcaba un tope de emisión de 373 kilotoneladas. Jamás se cumplió. El Gobierno español reiteraba durante varios ejercicios que consideraba injusto este valor: “Desde el año 2017 se solicitó un ajuste de las emisiones de amoniaco para evaluar el cumplimiento adecuadamente, pero fue rechazado por la Comisión Europea”, repetían los documentos gubernamentales.

Para 2020 entraron en vigor unos nuevos cálculos que, a la postre, marcan un techo mucho más alto. Desde ese año hasta 2029 bastará con que las emisiones anuales de amoniaco sean un 3% menores que las de 2005 (elegido como año de referencia). Ese ejercicio se lanzaron 482 kt, por lo que el umbral quedaba fijado en 467 kt. Pero tampoco ha valido para que el sector contenga la contaminación por debajo del compromiso nacional. En lugar de recortar ese 3% preceptivo ha superado en un 0,2% la marca de 2005, y en un 11% los valores de 2010.

Un informe del Ministerio de Transición Ecológica explica que de estas emisiones “el 96,7% fueron generadas por las actividades agrícolas y ganaderas”. También que “desde 2013 se observa un paulatino aumento de las emisiones, vinculado al incremento de la cabaña ganadera y un repunte en el uso de fertilizantes”. En 2020 también aumentó el uso de agroquímicos inorgánicos, añade.

Solo las macrogranjas de porcino son responsables del 8,16% del total de las emisiones de amoniacos de todo el país, con 39.477 toneladas. Son unos 3.000 establecimientos de las más de 88.000 explotaciones de porcino del país.

Este nivel de emisión de tóxico es uno de los peajes ambientales que ha conllevado la escalada de producción porcina en España a base de granjas de sistema intensivo cada vez más grandes. En los años de incumplimiento de los techos de amoniaco, el censo de la cabaña de cerdos ha saltado de 25 a 32 millones de animales, un 28% más. Los ejemplares sacrificados pasaron de 40,8 millones en 2010 a 56,4 millones el año pasado (un 38% más). Todo eso ha permitido alcanzar una producción de más de 5 millones de toneladas de carne de cerdo en 2020 en comparación con los 3,3 millones de toneladas de hace diez años (un 52% más).

En España, solo en 2020, había registradas más de 2.100 explotaciones de tipo III de porcino, las más grandes, según los datos del Ministerio de Agricultura. Un 50% más que en 2007. Cada una puede tener hasta 5.500 ejemplares de cebo y 750 hembras reproductoras. E incluso pueden aumentar en un 20% su capacidad con un permiso autonómico.

En febrero de 2020 el Gobierno aprobó un decreto para regular las explotaciones intensivas de porcino. La regulación redactada por el Ministerio de Agricultura incluía medidas para la reducción de emisiones tanto en las instalaciones donde se albergan los animales como los depósitos de estiércol. El decreto explica que los requisitos en esta materia entrarán en vigor en enero de 2023.  

Información elaborada con la colaboración de Datadista

La ganadería intensiva que ha multiplicado la producción de carne de cerdo en España ha supuesto el avance imparable del modelo de macrogranjas mientras el país incumplía sostenidamente la normativa europea sobre contaminación del aire y del agua proveniente de los desechos agroganaderos.

En España hay unas 3.000 grandes explotaciones intensivas de porcino. El término macrogranja no existe de manera oficial. Se aplica a las granjas de gran tamaño que acumulan miles de cerdos en sus instalaciones. La normativa obliga a las grandes explotaciones a reportar sus emisiones de metano en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes del Ministerio de Transición Ecológica (PRTR), como explica esta investigación de Datadista publicada en elDiario.es. Y allí aparecen todas esas explotaciones, que sumaron 99 millones de kilos de metano liberados al aire en 2020.

Así que, mientras la producción de carne porcina crecía a gran velocidad y se creaban estas explotaciones, España no consiguió cumplir con los límites de emisiones a la atmósfera de amoniaco comprometidos con la Unión Europea durante toda la década en la que han estado en vigor, desde 2010 a 2019.  

Macrogranjas de porcino activas en 2020

Macrogranjas de porcino

Mataderos especializado en porcino

Zonas vulnerables a nitratos

El tamaño del círculo de cada

granja es proporcional a sus

emisiones de metano en 2019. La

de

Castilléjar de la Cuesta

(Granada), la más contaminante de

España, emitió 590 toneladas

Mapa de DATADISTA elaborado con datos de IGN, MITECO y PRTR

Macrogranjas de porcino activas en 2020

Macrogranjas de porcino

Mataderos especializado en porcino

Zonas vulnerables a nitratos

El tamaño del círculo de cada

granja es proporcional a sus

emisiones de metano en 2019. La

de

Castilléjar de la Cuesta

(Granada), la más contaminante de

España, emitió 590 toneladas

Mapa de DATADISTA elaborado con datos de IGN, MITECO y PRTR

Puedes navegar por este mapa aquí.

Entre 2007 y 2020 los sacrificios de cerdos crecieron un 36%. De 41 millones de animales se pasó a 56 millones sacrificados. Se saltó de producir 3,4 millones de toneladas de carne porcina a 5,02 millones, según los indicadores del Ministerio de Agricultura. Al mismo tiempo, desde 2010 a 2019 se ha emitido una media del 27% por encima del techo establecido para el amoniaco que estaba en 353 kilotoneladas al año. ¿La fuente de este salto? “El incremento de la cabaña ganadera y el uso de fertilizantes orgánicos (estiércol) e inorgánicos”, según el Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera del Gobierno.

Tras estos diez años, los países de la UE han retocado la normativa. Los techos de emisiones se han convertido en mucho menos rigurosos: para España, bastará con estar en 473 kilotoneladas anuales de amoniaco entre 2020 y 2029, un 16% más que el anterior límite.

Las explotaciones intensivas de gran tamaño ofrecen ventajas de rentabilidad. Sus promotores defienden que ahorran en gastos de energía, personal, o costes de importación de cereal para la alimentación de animales. El argumento es que, sin estar integrados en grandes grupos, no salen las cuentas.

El modelo que se está imponiendo está reflejado en el cambio del tipo de explotaciones. Cada vez hay menos granjas, de las 99.500 que funcionaban en 2007, ahora quedan 88.400. Sin embargo, las de mayor tamaño se han incrementado un 50%: de 1.425 a 2.126. Las comunidades autónomas con más explotaciones de gran capacidad (llamadas de tipo II y III) son Aragón y Catalunya, con más de 2.800 cada una.

Ante la justicia por contaminar

La concentración de gran cantidad de cerdos en lugares concretos ha generado problemas con la gestión de los desechos orgánicos llenos de nitratos. Su filtración al medio natural, junto a los fitosanitarios de los cultivos, termina en muchas ocasiones en las aguas superficiales y los acuíferos. La dimensión del problema hizo que, en diciembre pasado, la Comisión Europea llevara a España ante el Tribunal de Justicia Europeo por incumplir la ley debido a la “deficiente” respuesta ante la contaminación de las aguas por nitratos. Antes, en octubre, una investigación publicada por elDiario.es desvelaba cómo el Gobierno de Murcia había ignorado los avisos sobre el impacto de las macrogranjas en el Mar Menor.

El Ministerio de Transición Ecológica elaboró en 2019 un listado de mil puntos en 199 masas de agua afectados –o en riesgo– por la contaminación de restos ganaderos y agrarios. El 40% de los acuíferos españoles están dañados.

La Dirección General del Agua del Ejecutivo admitía en un informe de finales de 2020 que más de la mitad de las zonas contaminadas con estos tóxicos no podrían recuperarse en el plazo legal establecido y concluía que la reducción de este tipo de filtraciones debería ser “más ambiciosa” de lo calculado previamente.

La escala del problema ambiental que supone la ganadería industrial intensiva está reconocida desde hace tiempo: el Ministerio de Agricultura que dirige Luis Planas (PSOE) lo expresó así en un real decreto de febrero de 2020: “La producción porcina puede tener un significativo impacto, especialmente en relación con la producción de nitratos y las emisiones de amoniaco a la atmósfera”. La normativa incluía medidas que las granjas deben adoptar para evitar que los desechos acaben en el agua, racionalizar el uso de estiércol de los animales como fertilizante en los suelos y, acotar, por fin, las emisiones de gases.

Además, el Ministerio de Transición Ecológica dirigido por la vicepresidenta tercera Teresa Ribera (PSOE), calculó a finales de 2020 que, de media, unas 800.000 toneladas de nitrógeno acaban en el medio ambiente (sobre todo en el agua). La industria intensiva agrícola y ganadera añaden unos 2,3 millones de toneladas a base de fertilizante y estiércol. Los cultivos y la volatización eliminan 1,5 millones. Después llegó la denuncia de la Comisión ante los tribunales.

Transición Ecológica prepara un decreto específico para proteger las aguas “contra la contaminación difusa producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias”. Su borrador admite que “se considera necesario establecer otras medidas para la dosificación y la aplicación de los estiércoles a los suelos que aseguren la protección de la salud humana y el medio ambiente”. Y añade que “la adecuada gestión de los estiércoles es crucial, siendo responsables de ello, en el ámbito de sus respectivas obligaciones, tanto los titulares de las explotaciones ganaderas como los de las explotaciones agrarias o mixtas”.

¿Recuerdas la primera vez que entraste en Internet? Rápidamente descubriste lo que era: una gran colección de enlaces a otros sitios donde encontrar nuevos contenidos, acceder a conocimientos y compartir experiencias. La base de Internet (o de la WWW) es el hipertexto. El enlace. Limitar su uso afecta a derechos fundamentales como la libertad de expresión, información y educación. El acceso a Internet y a sus contenidos es un derecho humano reconocido por la ONU (PDF). Internet forma una parte esencial del conocimiento humano.

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada ayer en el Congreso, en una sesión extraordinaria en la Comisión de Cultura, penaliza el uso del enlace y compartir contenidos. Crea un derecho de cita irrenunciable sobre fragmentos no significativos de contenidos publicados en sitios de actualización periódica.

Ni siquiera permite que tú decidas compartir tus contenidos de forma gratuita o mediante el uso de una licencia copyleft. No puedes renunciar a que una entidad privada, en este caso CEDRO, recaude una cantidad por ti que será repartida a los medios de AEDE. Como tú no estás en AEDE, ni puedes estar por no ser un periódico impreso de pago, estas empresas se reparten entre ellas el botín. Jaque Mate.

Lo llaman “tasa Google” para hacer ver que no te afecta. Que es algo que solo es un problema mercantil entre empresas privadas. Afecta a todos los usuarios. A todas las empresas. A todo tipo de proyectos presentes y futuros. Hasta un proyecto tan imponente como la Wikipedia se verá afectada. La solución de estas empresas será clara: abandonar España y borrar el país en sus calendarios de internalización de nuevos proyectos e iniciativas innovadoras. España desconectada del mundo desarrollado.

Esta ley es un ejemplo claro de cómo se realiza una apropiación del procomún para el beneficio de unas empresas privadas que son minoría en Internet. Si miramos sus audiencias y sumamos sus páginas vistas, sus contenidos no son mayoritarios frente al generado por usuarios, plataformas y otras empresas de Internet. Ganan las élites extractivas. Pierde el ciudadano.

El canon por compartir contenidos en Internet será único en países de nuestro entorno. La legislación que más se aproxima a la española es la alemana. Sin embargo, allí este derecho de cita sí es renunciable. En la práctica, los medios alemanes siguen siendo agregados en sitios como Google News y estas empresas no pagan por enlazarlos. Todo sigue igual que sin la ley. Los medios alemanes descubrieron tarde que perderían más que ganaban. Los españoles aún no se han enterado. Los editores de estas empresas ni siquiera saben cómo funcionan sus propios medios digitales. El presidente de la comisión de Cultura del Congreso ni siquiera conoce lo que es un enlace.

La nueva ley también considera que enlazar es un acto de comunicación pública. Por tanto, susceptible de ser penalizado mediante una infracción de derechos de autor. Esta misma legislación da nuevos poderes a una comisión administrativa, conocida como Comisión Sinde, que es la encargada de decidir qué es o no una infracción, algo que hasta antes de 2010 estuvo en manos de los jueces.

El Gobierno del Partido Popular con el apoyo de la oposición, cuyas enmiendas son aún más duras que las propuestas por el PP, aumenta las multas por este tipo de infracción. Por incluir un simple enlace a un contenido que este comité administrativo considere que no es apropiado, la multa establecida se encuentra entre los 30.000 y los 300.000 euros. 30.000 euros de multa a una startup española significa su cierre. 30.000 euros por un enlace que puede ser subido por cualquiera. Hasta por tu competencia. Incluso pueden ir contra los usuarios que compartan estos enlaces. Y todo queda en manos de un comité opaco, cuyos miembros no se conocen de forma oficial. Nos enteramos gracias a una filtración a los medios. Todo un aliciente para fomentar el desarrollo de nuevas empresas con base tecnológica, la innovación y el progreso en un país con el 24,47% de su población en el paro.

España perdió el tren del desarrollo en la revolución industrial. La ciencia y la tecnología siempre han sido una realidad marginal en España. Seguimos con el mismo rechazo político a la innovación y el progreso. Preferimos matar el futuro para intentar mantener obsoletos modelos empresariales aunque luego se diga otra cosa. En 2008, para ir de modernos, otorgamos a Google el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades por “propiciar el acceso generalizado al conocimiento”. Ahora deben pensar que estamos locos.

La España que retrataba Ortega y Gasset en su libro de 1921, “España invertebrada” sigue aún vigente. El “vuelva usted mañana” de Larra. Las élites políticas y sociales poco han cambiado. Del “¡Que inventen ellos!” de Unamuno al “una empresa de California ha inventado un programa de ordenador que está hundiendo el modelo de negocio de los taxistas”, publicado hace un mes por el diputado socialista José Andrés Torres Mora y portavoz del PSOE en la Comisión de Cultura.

Sería de mucha risa si no fuera porque nos jugamos nuestro futuro. Vivimos en un mundo conectado donde la economía y la riqueza de la sociedad fluyen por nuevos modelos empresariales y organizativos. Estamos a punto de perder el tren de nuevo. Nos estamos jugando el futuro de nuestra sociedad. La sociedad de los próximos 100 años. ¿Una España desconectada?

Desde que se presentó el proyecto de la Ley de Propiedad Intelectual, la mayoría de medios asociados en AEDE han aplaudido la medida que suponía introducir una mal llamada 'tasa Google'. Sus titulares dejaron claro hacia dónde iba esta ley: que Google debía compensarles económicamente por enlazarles debido a su servicio Google News. Los editores dicen que calcularán esa “compensación equitativa” en función de las pérdidas de sus empresas.

Mientras desde 1990 la tendencia muestra claramente cómo lo impreso pierde influencia frente al consumo online, y la relevancia de los editores de AEDE en el tráfico web de España es muy bajo (ver gráficos abajo), el Gobierno introduce esta tasa que afectará a todos los agregadores de noticias, blogs y otros sitios web que enlacen, modificando incluso el derecho a cita.

Con los cambios que introdujo internet en la forma de consumir y distribuir información, la Propiedad Intelectual necesita una reforma integral que la adapte al nuevo entorno digital. Sin embargo, en España se han creado parches como la Ley Sinde con la consiguiente protesta social.

El papel de los medios es fundamental, ya que pueden silenciar parte de la protesta. En 2010, en el cable 10MADRID174 conocido gracias a la filtración de Wikileaks, pudimos leer cómo la ministra de Cultura del anterior Gobierno, González-Sinde, en un encuentro con el embajador de EEUU en España, argumentaba cómo los medios españoles no estaban teniendo en cuenta el clamor popular de las reformas en materia de Propiedad Intelectual al convertirse en parte del problema.

En el Comunicado de AEDE, después de conocerse el proyecto de ley, su presidente ha declarado que esta modificación de la Ley de Propiedad Intelectual “es el paso más importante que ha dado un gobierno en España para la protección de la prensa”.

AEDE y CEDRO

La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) es una organización privada que agrupa a los principales medios de comunicación de publicaciones periódicas impresas. Grupos mediáticos como Planeta, Vocento, Grupo Prisa, Grupo Zeta o Unidad Editorial, entre otros, forman parte de sus principales asociados.

CEDRO es una entidad de gestión similar a SGAE, dedicada exclusivamente a la gestión de derechos de autor y de propiedad intelectual de obras textuales protegidas (libros, revistas, partituras musicales y periódicos) de autores y editores españoles. Es decir, entre sus principales socios se encuentran los socios de AEDE. Sería la entidad encargada de recaudar esta supuesta compensación.

CEDRO también ha sido una de las entidades de gestión que más ha visto afectados sus ingresos anuales debido al nuevo régimen de compensación del canon digital con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Un informe de la Comisión Nacional de la Competencia de 2010 denunciaba que la gestión de la propiedad intelectual en España es un monopolio tolerado y amparado por los políticos y la Ley de Propiedad Intelectual, lo que permite aumentar de forma artificial el precio de la remuneración por la gestión de los derechos de autor asociados. Además, tampoco es sencillo poder crear una nueva entidad de gestión, por ejemplo, que aglutine los medios que no pertenezcan a AEDE. Esta situación se pretende parcialmente solucionar con esta reforma de la LPI.

Google News: Google y las noticias

Google News es un servicio que empezó desarrollando un programador de Google en 2001 a raíz de los atentados del 11S, como una forma de poder agregar y encontrar toda la información sobre los atentados. Varios años más tarde se convirtió en un servicio de Google. En la actualidad está presente en más de 50 países. En Europa, este servicio no muestra publicidad y es gratuito.

Entrar en el programa de páginas web seleccionadas en Google News no es una tarea sencilla ni automática aunque es voluntaria. Los medios y blogs tienen que pasar un proceso de revisión por parte de Google para ver si se adaptan a diferentes criterios a nivel de contenidos y técnicos.

La agregación se realiza de fuentes de diferente tipo: medios de comunicación tradicionales, medios digitales, blogs y otros tipo de páginas de contenido.

Si Google News hace tanto negocio con los enlaces a las noticias, ¿por qué no debería compartirlo? Los editores de AEDE repiten habitualmente que Google obtiene “enormes beneficios publicitarios por referenciar sus noticias” . Sostienen esta afirmación desde hace varios años, pero es falsa. Los datos de ingresos de Google indican que la mayoría de sus ingresos provienen de la publicidad en el buscador y otros servicios. Google News no muestra publicidad en Europa.

Por qué la 'tasa Google' no se refiere sólo a Google

Erróneamente se le denomina “tasa Google”, nombre puesto por los mismos editores que ahora reclaman su cobro. En realidad su concepción está más próxima al concepto de canon, como el ahora eliminado canon digital a los dispositivos con capacidad de copia. También Telefónica lleva años queriendo cobrar una tasa a Google y otras compañías por el uso de la red. En 2010, incluso la SGAE pidió un porcentaje de las tasas que Telefónica pretendía cobrar al buscador.

Este articulado sobre la cita y la reseña no es un tema que ataña exclusivamente a Google con AEDE. Trasciende a todo Internet y marcará el progreso y la innovación en España, tanto de los propios medios de comunicación como del resto del sector. Proyectos como las aplicaciones móviles Zite y Flipboard o las propias redes sociales como Facebook y Twitter se verán seriamente comprometidas en España. También aplicaciones como lectores RSS, algunos tipos de acortadores de URLs y otros servicios innovadores que se desarrollen en el futuro.

De hecho, los propios medios de comunicación también hacen una función de agregación que cumple con los preceptos del articulado del proyecto de ley. En la parte inferior de sus noticias cuentan con módulos de noticias relacionadas en otros medios que agregan contenidos de terceros.

¿Y qué ocurrirá con los medios y blogs que no pertenezcan a AEDE o CEDRO o que publiquen con licencias copyleft? Al ser un derecho irrenunciable, a pesar de no ser miembro de AEDE o incluso tener una licencia de uso copyleft en un blog, que de antemano permita la difusión y comunicación completa de las obras periodísticas, las entidades de gestión, en este caso CEDRO, tienen capacidad para recaudar en su nombre. En España existe la Asociación Española de Editores de Publicaciones Periódicas (AEEPP) que aglutina a más de 1.000 medios de comunicación digitales, entre los que se encuentra el periódico 20 Minutos, que no forman parte de AEDE. Algunos medios como Eldiario.es se ha posicionado en contra de esta tasa.

Al no ser socio, esta recaudación se la puede quedar CEDRO o bien repartirla entre sus socios, entre los que se encuentran los editores de AEDE.

Es decir, se crea un derecho irrenunciable sobre la cita que afecta a todos los creadores que publiquen en Internet cuya recaudación terminará en manos de unos pocos. Los titulares de los derechos podrán percibir una compensación equitativa que se hará efectiva a través de las entidades de gestión. Una situación muy similar a la que dio origen a los problemas de opacidad y fraude en el caso de la SGAE.

¿Qué pasa con el resto de medios tradicionales? Con la redacción del artículo 32.2, se da la paradoja de que las revistas de prensa (las secciones de algunos informativos de radio y televisión donde se leen titulares y entradillas de los periódicos) no se verían afectadas por la norma. Sin embargo, si ese mismo trabajo se realiza en Internet, sí le afectaría, creándose un “derecho irrenunciable” a percibir una compensación.

Según la exposición de motivos del borrador filtrado por algunos medios (aún no conocemos el texto publicado de forma oficial por el gobierno, solo la referencia en el Consejo de Ministros se han solicitado informes preceptivos al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Fiscal, a la Agencia Española de Protección de datos, a la Comisión Nacional de la Competencia y al Consejo de Consumidores y Usuarios, así como un dictamen del Consejo de Estado. Sin embargo, ninguno de ellos ha podido valorar ni estudiar el nuevo artículo 32.2 ya que éste ha sido añadido a última hora. Un ejemplo más de la falta de transparencia en la tramitación de las leyes en España.

Según la disposición final tercera, el artículo 32.2 entrará en vigor un año después de la publicación de la ley en el BOE. Un cálculo aproximado nos sitúa en verano de 2015 en fechas próximas a la celebración de las Elecciones Generales.

Los acuerdos de Google en otros países

No es cierto que en otros países Google pague a los editores por citarlos. Es otra de las medias verdades ampliadas por los medios de comunicación asociados a AEDE. Google no paga en ningún país por citar brevemente en Google News. Google sí ha llegado a acuerdos con agencias de noticias para mostrar información completa en su sitio, al igual que hacen los medios de comunicación. La postura que Google ha mantenido desde entonces la podemos leer en esta entrevista de 2010 con Luis Collado, director de Google News para España y Portugal.

En Bélgica, un tribunal prohibió en 2011 que Google difundiera textos y fotografías de algunos diarios belgas. Un año más tarde, los medios y Google llegaron a un acuerdo para volver a Google News. En la actualidad, Google no paga a los medios belgas por enlazar sus contenidos pero sí ha firmado acuerdos de colaboración, que entre otros aspectos, permiten a la prensa belga utilizar mejor las herramientas de Google.

En Francia, los medios y Google llegaron a un acuerdo en 2013 valorado en 60 millones de euros para crear un fondo que ayude a los medios franceses a realizar su transición al entorno digital y a fomentar la innovación y el desarrollo de proyectos webs. Además, Google también dará formación a los medios para utilizar mejor sus herramientas.

En Alemania, en cuya legislación se han fijado el gobierno español y los editores de AEDE, se obliga a los buscadores a adquirir licencias de los editores para difundir sus contenidos. Sin embargo, las citas breves pueden realizarse sin necesidad de licencia. Google News Alemania cambió sus condiciones de uso y determinó que todos los medios que no las aceptaran quedarían excluidos del buscador. En la actualidad ningún gran medio alemán se ha salido de Google News y tampoco Google paga a los editores por mostrar “fragmentos poco significativos” de sus noticias. La principal diferencia de la legislación alemana con la española en este aspecto es que el proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual española añade que esta puesta a disposición genera un supuesto “derecho irrenunciable”.

En España, la Asociación Española de Editores de Publicaciones Periódicas (AEEPP) que agrupa más de mil páginas web de medios digitales, ha llegado a un acuerdo con Google para formar un grupo de trabajo que analice nuevas soluciones publicitarias y dar más visibilidad a sus publicaciones en Internet.

La importancia de Google News para los medios

En términos de tráfico directo la página principal de Google News es irrelevante. Su tráfico no es muy alto comparado con el que pueden tener los grandes medios de comunicación en Internet. Sin embargo, la importancia de Google News radica en el módulo de noticias relacionadas que aparece en el buscador de Google. De esta manera, cuando un usuario realiza una búsqueda de palabras sobre un tema, en los primeros resultados ve noticias relacionadas que provienen de medios. Esta acción, según el artículo 32.2, no está sujeta a autorización ni remuneración.

Posicionar una noticia asociada a un tema de actualidad puede generar miles de visitas a cualquier medio, con el consiguiente aumento de su facturación publicitaria asociada a los banners que muestran en el interior de cada noticia.

Un ejemplo de esto lo podemos observar en los llamados doodle de Google. Los logos conmemorativos que Google destaca en fechas señaladas en su portada llevan asociada una búsqueda concreta sobre el mismo. De esta forma, cuando el usuario pulsa sobre el logo, en la página de resultados verá en primer lugar el módulo con noticias relacionadas provenientes de Google News. Los primeros resultados de Google, denominados el triángulo de oro acapara la atención de millones de usuarios. Muchos medios de comunicación han invertido en los últimos 10 años recursos técnicos y humanos en hacer más eficientes sus páginas de cara a un mejor posicionamiento en buscadores.

A mediados de la pasada década, los grandes grupos de comunicación españoles hicieron cambios técnicos y contactaron con Google para conseguir apoyo para poder dar de alta sus sitios en el buscador de noticias. Por ejemplo, muchos medios cambiaron hasta la forma de construcción de las URLs con el fin de optimizarse de cara al buscador.

En la actualidad, podemos ver ejemplos de cómo muchos medios locales, como el Ideal de Granada, propiedad de Vocento y socio de AEDE, publica noticias compuestas por titular, entradilla y un texto en apariencia terminado pero que no tienen sentido si lo lee un humano. Un ejemplo claro lo podemos ver en esta noticia donde su lectura solo tiene sentido si eres un bot de Google. Son noticias que están pensadas para contaminar con contenidos de poco valor informativo las páginas de resultados de Google News y posicionar mejor en los resultados de búsquedas.

Comenta Delia Rodríguez en su libro Memecracia cómo las empresas de medios en Internet se han convertido en una industria contaminante. Generan miles de noticias sin interés periodístico con la única razón de tener visibilidad y posicionamiento en buscadores y redes sociales. Que alguien entre en la noticia y al mismo tiempo que la lee, se le muestren las diferentes campañas publicitarias. La mayoría de estas noticias provienen del chorro de noticias automatizadas de agencias de noticias que los medios optimizan convenientemente para posicionarlas en Google News.

¿Pero los medios de AEDE son importantes en Internet?

¿Pero los medios de AEDE son importantes en Internet?En este gráfico puedes observar el cambio de audiencia de los medios impresos frente a Internet desde 1990. La tendencia es clara. Lo impreso ha perdido influencia frente al consumo online. En el último año, la prensa ha perdido 1,37 millones de usuarios. Esta caída está liderada por el diario ABC con un descenso del 16,2%.

La fuente de este gráfico es el Estudio General de Medios de AMIC 2014.

¿Y que peso tienen los editores de AEDE en el tráfico web en España?

En este gráfico puedes ver el tráfico en España de las 100 principales páginas web correspondiente al mes de diciembre de 2013. El gráfico está dividido agrupando las páginas vistas que han tenido los medios asociados a AEDE, frente al tráfico de Google España y al resto de páginas que forman parte del top 100. La relevancia de los editores de AEDE en el tráfico de Internet sería mucho menor si pudiéramos incluir toda la larga cola de sitios disponibles en España.

El objetivo último de la LPI

Aún no se conoce la cuantía de esa “compensación equitativa”, aunque los editores de AEDE dicen que lo calcularán “en función de las pérdidas” de la prensa. Por ejemplo, el diario El Mundo perdió 14 millones de euros en 2013 que ahora podría achacar, en parte, a las 39 palabras que muestra Google News de cada noticia. Los editores de AEDE también comentan que el principal cometido de esta normativa es mentalizar a los usuarios que tienen que pagar por la información.

Esta ley no está limitada a un problema mercantil entre Google y los editores de AEDE, sino que afecta a todo Internet como proyectos basados en la colaboración. A la propia naturaleza de la red, que siempre ha sido libre tanto para enlazar como usar fragmentos; al propio comportamiento humano en sus acciones culturales de compartir y difundir información.

En definitiva, es una apropiación del procomún que afecta a derechos fundamentalesprocomún. Esta ley pone en peligro toda la cultura libre, de la que España es uno de sus principales impulsores. España es desde hace años uno de los líderes mundiales en la adopción de Licencias Creative Commons para contenidos en Internet. En 2010, había cerca de 10 millones de obras en España con este tipo de licencias.

Los propios medios de comunicación también serán perjudicados, ya que limitan su futuro en cuanto a la creación de nuevos servicios y productos que permitan mejorar sus productos de contenidos actuales. Los medios de dentro de una década serán muy diferentes a los actuales. Esta ley puede suponer un freno para el desarrollo de nuevos modelos de negocio y puede suponer el cierre de empresas innovadoras y startups locales de Internet como Menéame.

En el nuevo ecosistema, los usuarios no se informan por una única fuente, sino que recorren internet para buscar información. Tanto fuera como dentro de medios tradicionales. En este sentido, las redes sociales como Twitter y Facebook se han convertido en la gran puerta de entrada del tráfico a los medios y blogs de todo el mundo. En la actualidad Twitter funciona como un agregador de noticias, algo a lo que también aspira Facebook.

El intento de los editores de AEDE con su canon para restringir el intercambio de contenidos en Internet dañará su estrategia de aumentar el número de lectores por la pérdida en términos de imagen y credibilidad, prestigio y rigor que aseguran tener. De momento, ya existe una extensión para el navegador Firefox que permite a los usuarios bloquear el acceso a todos los medios online asociados a AEDE.

Un caso extremo sucedió el año pasado en Irlanda. La industria periodística de ese país intentó desesperadamente que todas las páginas que quisieran enlazarlos adquiriesen una licencia anual cuyo coste mínimo era de 300 euros por cinco enlaces.

A lo largo de la última semana habrás leído o escuchado en medios de habla hispana que WhatsApp no solo ha revolucionado la forma de comunicarse sino que también es la aplicación culpable de haber roto 28 millones de parejas en todo el mundo. Ha sido una de las noticias más leídas y viralizadas en Internet.

En Google News se encuentran más de 130 referencias de diferentes medios de comunicación en español. En España, ha aparecido en medios impresos y digitales. También ha ocupado espacio en programas de radio y televisión. Pero es mentira.

¿Cómo ha surgido el bulo?

A finales de 2010, la red social Facebook superaba los 600 millones de usuarios registrados, y diferentes medios de comunicación de todo el mundo publicaron algunas cifras y curiosidades como nota de color o apoyadas con infografías. Entre otros datos, se citaba que concretamente 28.460.516 de usuarios de Facebook habían cambiado su estado civil a “en una relación”. Sin embargo, un error en la edición de la noticia en el medio digital español Tuexperto.com transformó ese dato en el titular “28 millones de usuarios pasaron de tener pareja a ser solteros en Facebook”.

Esta nueva noticia se convirtió en la fuente para decenas de otras noticias sobre el tema. A partir de ese momento, se viralizó entre medios hispanos, que copiaron y pegaron sin comprobar, argumentando que Facebook era el causante de 28 millones de rupturas. En esos días, el diario colombiano El Espectador incorpora un dato adicional: un estudio de la revista científica “CyberPsychology and behaviour Journal” donde se afirma que “el 95% de los usuarios de Facebook han buscado en algún momento a su expareja a través de la red social”. Es una noticia sobre Facebook que en esas mismas fechas también acaparó algunos titulares.

El artículo con el añadido del estudio es citado y copiado por otros medios, como Infobae o La Gaceta de Argentina. Sin embargo, algunos medios como El Comercio de Perú y Trecebits comenten otro error: dan por supuesto que el dato de los 28 millones de rupturas en Facebook forma parte del estudio de “CyberPsychology and behaviour Journal”. El contenido del artículo con esta falsa afirmación volvió a ser copiado o citado por otros medios como La Tercera de Chile o El País de Colombia, que sirvieron para expandir y viralizar su contenido hasta que desapareció de internet después de un tiempo.

Casi tres años después, el pasado 6 de octubre de 2013, TreceBits vuelve a rescatar las 28 millones de rupturas del falso estudio, pero añadiendo un nuevo dato falso adicional: ahora en el supuesto estudio no solo investigaron a Facebook, sino que también tuvieron en cuenta a WhatsApp. De esta forma, titulan que hay “28 millones de parejas rotas por culpa de WhatsApp”.

El contenido de este nuevo artículo, que aglutina todos los errores concatenados, es copiado o citado de nuevo por diferentes medios hispanos. Entre ellos, por la edición web de CNN en Chile. Gracias a la aparición en este medio, otros medios hispanos citan como fuente de la información a CNN, sin especificar en la mayoría de las ocasiones que se trata de un artículo de la versión chilena de la cadena de televisión norteamericana.

En España, la copia de la noticia sin contrastar incluso aparece firmada en medios como Cadena Ser o El Correo y ha sido distribuida por agencias de noticias como Europa Press tanto en su edición latinoamericana como a través de su canal de noticias de tecnología, lo que ha permitido que los medios que hasta ese momento no se habían hecho eco de la noticia la publiquen. Entre otros, destacan La Razón, La Vanguardia y 20 minutos en España.

¿Existe la revista científica?

Algunos medios han citado a la revista científica como “CyberPsychology and behaviour Journal” o en su traducción al español “Ciberpsicología y Conducta”. En realidad, la revista se llama “Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking” aunque existe una similar denominada Cyberpsychology. La similitud de nombres y la traducción en diferentes momentos al español también han causado confusión en algunos medios a la hora de citar y enlazar la supuesta fuente del estudio, como es el caso del diario español ABC o la página web de la cadena de televisión Antena 3.

La editora de “Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking” afirma a Eldiario.es que no ha recibido llamadas de teléfono o mensajes de correo electrónico de periodistas o medios españoles interesándose por el supuesto estudio. Además, una simple búsqueda en su base de datos de publicaciones permite que cualquier usuario conozca rápidamente otro dato de importancia: hasta el momento no han publicado ningún artículo científico sobre WhatsApp.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

A la hora de publicar esta noticia, nadie hizo el trabajo de verificación de la información. Lo que permitió que, a medida que los datos saltaban de un medio a otros, se fueran añadiendo datos erróneos o imprecisiones en la información; algo similar a lo que ocurre en el juego infantil del teléfono roto.

En este caso también se han dado tres de los principales ingredientes para expandir una noticia falsa: una empresa que siempre atrae visitas como WhatsApp, citar como fuente un estudio de una revista científica para dotarla de credibilidad junto con una cabecera informativa tradicional que añade trascendencia a la información.

Según Delia Rodríguez, autora del libro Memecracia, “el caso puede ser un buen ejemplo de cómo se fabrica y difunde la información hoy en día. Las informaciones falsas son virus que dejan en vergüenza al sistema periodístico; si alguien no ha hecho bien su trabajo en un punto de la cadena y la noticia se hace viral, el error se extiende de forma exponencial. Cuanto más atractivo es el tema [y este lo es, hay una cifra llamativa, un tema que afecta a todo el mundo, como las relaciones interpersonales, y una aplicación de moda como Whatsapp], más ganas hay de propagarlo y antes se desactivan los filtros clásicos del periodismo. La culpa también es del lector: cuanta más gente lo lee, más sube en lo más visto de los medios; otros medios y blogs interpretan que ”hay que darlo“, y más difícil es deshacer la bola”.

La nueva Ley de Telecomunicaciones que el Consejo de Ministros ha remitido este viernes a las Cortes pronto tendrá que ser revisada. La Unión Europea trabaja en la actualidad en armonizar el mercado de las telecomunicaciones en toda la eurozona para ganar competitividad frente a Estados Unidos y Asia. Entre otros cambios, eliminará el roaming en los estados miembro, es decir, no habrá sobrecargos en el móvil al cruzar las fronteras europeas. También intenta reducir el número de operadores. Lo que acabe finalmente aprobando Bruselas tendrá que ser incorporado posteriormente en esta nueva legislación española. De momento, la Comisión Europea ha presentado esta semana su propuesta. Por fin conocemos el borrador final de la nueva regulación.

Fin del roaming a partir de julio de 2014

Uno de los aspectos que más va a beneficiar a los usuarios es el fin de los recargos por voz y datos al utilizar un dispositivo móvil en otros países de la Unión Europea. Neelie Kroes, vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de la Agenda Digital Europea, lleva tiempo anunciando que en Europa se acabará el roaming para los ciudadanos de la Unión cuando viajen a alguno de los países miembro.

La fecha elegida es el 1 de julio de 2014, aunque se está negociando con los operadores dar un margen de dos años para que sea implementada. Esta medida también se aplicará a las líneas de teléfono fijas. Todas las llamadas realizadas a cualquier país de la Unión tendrá que tener el mismo coste. Como si hubiera realizado entre dos ciudades de un mismo país y no podrá ser superior a los 0,19 euros por minuto.

A nivel práctico, los usuarios podrán elegir entre seguir utilizando su plan de precios de teléfono actual o bien optar por elegir un proveedor distinto en el país donde se haya desplazado que ofrezca tarifas más baratas y sin necesidad de adquirir una nueva tarjeta SIM.

Mercado único de las telecomunicaciones

Todos estos cambios legislativos para mejorar el marco jurídico y técnico de las telecomunicaciones en Europa viene impulsado por la pérdida de competitividad del sector. Europa ha perdido el tren de las conexiones de banda ancha móviles de la que fue líder y pionera en la última década. En la actualidad, mientras Estados Unidos, Japón y Corea tienen una penetración de las conexiones 4G entre el 40 y el 50% de los clientes de telefonía, en Europa este porcentaje apenas alcanza el 6%, según datos de la propia Comisión.

En España la situación aún es peor. A pesar de las recientes ofertas comerciales basadas en el 4G por parte de los operadores, este despliegue está limitado a algunas grandes ciudades, siempre y cuando se utilice desde algunos de los móviles compatibles. La realidad es que el despliegue en España no se hará hasta el año 2014. Este retraso, autorizado por la Unión Europea, viene motivado por el incumplimiento del gobierno español en la asignación de frecuencias de 800 MHz, ocupadas por la TDT, para la banda ancha móvil 4G. Aún así, el objetivo es que al menos el 50% de los hogares cuenten con una conexión superior a 100 Mbps en el año 2020.

El problema principal que la Unión Europea quiere subsanar es la falta de armonización en el mercado de las telecomunicaciones en Europa, donde no existen las mismas leyes, estándares, protección de los consumidores o coordinación en las frecuencias del espectro radioeléctrico utilizado.

En la actualidad, si una empresa quiere operar en toda la Unión Europea tiene que pedir una licencia por cada uno de los países miembro. La propuesta del Ejecutivo comunitario quiere eliminar esta burocracia simplificando los trámites. Su pretensión es que con estas nuevas normas se reduzca, mediante fusiones o uniones, el número de empresas de telefonía móvil que operan en Europa para permitir un despliegue más rápido de las nuevas redes de banda ancha móvil. Mientras en el espacio comunitario existen un centenar de operadores de telecomunicaciones móviles, en Estados Unidos solo existe cuatro compañías.

Sin embargo, no se creará un regulador único de telecomunicaciones europeo. En su lugar, Bruselas mantendrá el poder de veto en las decisiones de los reguladores nacionales de cara a armonizar el mercado y vigilar los abusos de los grandes operadores.

Neutralidad en la Red limitada

Uno de los anuncios más importantes de la Comisión es la mejora legal de la llamada Neutralidad en la Red. Es decir, que el acceso a los contenidos y servicios de Internet no se vean bloqueados o estrangulados por acuerdos comerciales o estrategias de los operadores.

Esta medida no gusta a algunas asociaciones de derechos digitales como European Digital Rights (EDRI). Consideran que las medidas presentadas por la Comisión son claramente insuficientes. EDRI cree que la nueva norma contiene una amplia gama de excepciones que limitan claramente el concepto de Internet Abierto promovido a través de la Neutralidad en la Red. Entre las excepciones contempladas en el borrador final, está la de permitir la degradación de un servicio en base a las leyes o para prevenir un delito grave, lo que abre la puerta a la criminalización y bloqueo de ciertos protocolos de Internet como el p2p.

Otras de las excepciones permite degradar un servicio siempre y cuando afecte a la calidad de la conexión del resto de usuarios. Esto permitiría que los operadores bloqueen el acceso a servidos como televisión a la carta de la competencia o aplicaciones en la nube con la excusa de que consumen muchos recursos de sus infraestructuras, lo que forzaría a estas empresas a negociar acuerdos con los operadores. En 2010, César Alierta, presidente de Telefónica ya afirmó que los buscadores como Google tendrían que pagar a los operadoras debido al fuerte consumo de recursos que realizan sobre sus infraestructuras de red.

El procedimiento de clonación de los discos duros de los ordenadores utilizados por Luis Bárcenas como trabajador del Partido Popular ha traído algunas sorpresas. Los dos ordenadores que utilizaba eran un obsoleto Toshiba Libretto 100 CT y un Apple Macbook Pro del cual desconocemos su antigüedad. En el Toshiba, funcionarios de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Judicial han verificado que carecía de disco duro. En el caso del Macbook Pro, se ha manifestado que el ordenador tenía signos evidentes de que el disco duro original se había extraído o cambiado con anterioridad.

A falta del informe pericial, sin disco duro ni opción de conocer la información manejada desde esos ordenadores, se pueden eliminar algunas de las pruebas clave de Bárcenas para cotejar la información que entregó durante su última declaración ante el juez Ruz. En seguridad informática, la forma más sencilla de no comprometer una información almacenada es justamente la que parece que se ha utilizado: eliminar físicamente el disco y no tanto borrarlo.

¿Se puede borrar de forma segura al 100% los datos de un disco duro?

La respuesta corta es sí: siempre que destruyas físicamente el disco en cientos de pedazos. Es el método favorito de las agencias de espionaje como la NSA norteamericana o la británica GCHQ, quienes recientemente destruyeron un disco duro por la fuerza bruta en la redacción del periódico británico The Guardian con información sobre el caso Snodwen. En el año 2006, la NSA eliminó 30.000 discos duros.

Borrar un archivo del ordenador o el disco duro completo no es una tarea sencilla y además no garantiza la eliminación permanente. Tirar un archivo a la papelera o haber tecleado el famoso comando de MS-DoS “Format C:” no supone el borrado definitivo de la información almacenada. Tirar un archivo a la papelera de reciclaje supone permitir que el espacio utilizado por el archivo quede libre a disposición del sistema o de otras aplicaciones para sobreescribir con nueva información. Mientras esto no ocurra, la información original sigue intacta en el ordenador.

Existen diferentes formas para borrar los archivos del disco. La elección de uno u otro método viene determinado por las necesidades de cada usuario o empresa. Desde el borrado rápido que sobreescribe con ceros la información, borrado seguro en tres pasos, borrado seguro siete pasos o borrado seguro en 32 pasos. Conforme mayor sea el nivel de seguridad elegido, más tiempo tardará en ser ejecutado el proceso de borrado. El Departamento de Defensa de EEUU cuenta con un estándar denominado DOD 5220-22M para el borrado seguro de contenidos magnéticos (como los discos duros de ordenador) que utiliza el sistema de borrado en siete pasos. Este estándar también lo utiliza la OTAN y está implementado por defecto en los actuales sistemas operativos.

Existen multitud de herramientas para realizar esta acción: desde las propias del sistema operativo a aplicaciones externas como Active KillDisk, Eraser, HardWipe para Windows; Permanent Eraser para Mac OS X o Wipe para Linux. También existen distribuciones LiveCD como DBAN para borrar rápidamente el contenido de un ordenador.

Sin embargo, ninguna herramienta para limpiar un disco duro puede garantizar que el 100% de la información almacenada se borre de forma segura. Diferentes empresas de recuperación de datos, informática forense y los propios sistemas de inteligencia, cuentan con aplicaciones y técnicas que permiten recuperar parte o la totalidad de un disco duro formateado con anterioridad.

Otra medida para eliminar su contenido es utilizar un desmagnetizador de discos duros y cintas. Estos aparatos permiten borrar los datos de estos dispositivos de almacenamiento de forma rápida y segura. Para ello, producen un campo electromagnético muy potente que destruye la información contenida en un soporte magnético. Debido a su coste, son dispositivos orientados a entornos corporativo, grandes empresas e instituciones.

Toshiba Libretto 100 CT, un portátil obsoleto

Carlos Floriano, vicesecretario de Organización y Electoral del PP, ha argumentado que el ordenador de la marca Toshiba carecía de puerto USB, “por lo que difícilmente puede ser el origen de ninguna información”.

El portátil Toshiba Libretto 100 CT es un modelo que se comenzó a vender en los primeros meses del año 1998. Fue un ordenador portátil muy valorado en su época en entornos empresariales, ya que por sus dimensiones y peso permitía el trabajo en movilidad. A nivel de técnico, contaba con el sistema operativo Windows 95, procesador Intel Pentium MMX a 166 MHz, 32 megabytes de memoria RAM, pantalla TFT de 7,1 pulgadas y disco duro de 2 Gigabytes. Unas características dignas de una pieza de museo de la informática.

En el apartado de conectividad destaca por disponer de una disquetera de 3,5 pulgadas externa y dos tarjetas de expansión PC Card del tipo II y III, lo que permite incluir algunos periféricos de la época como grabadores/lectores de CDs, módems, tarjetas RSDI, ethernet o incluso añadir puertos USB. A pesar de no contar de fábrica con USB, si es posible copiar datos del ordenador en diferentes tipos de formatos de almacenamiento externo.

Debido a sus limitaciones de hardware, este ordenador difícilmente podría realizar tareas comunes en una empresa actual. Estaría limitado a un uso como “máquina de escribir” de textos, hojas de cálculo sencillas o a jugar al popular solitario incluido por defecto en Windows 95.