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España paga un peaje de contaminación del aire y el agua por convertirse en la fábrica mundial de cerdos

Sector porcino.

España está pagando el precio por convertirse en la fábrica de cerdos del mundo. El país ya lidera el sector en Europa a base de extender la ganadería industrial que conlleva un costoso peaje de contaminación del agua, emisiones de efecto invernadero y del tóxico amoniaco.

El Gobierno de Murcia ignoró varios avisos de que las macrogranjas de cerdos contaminaban el Mar Menor

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Los indicadores económicos hacen que el Ministerio de Agricultura considere que "el sector porcino español ha continuado con su consolidación como uno de los líderes en el mercado mundial a pesar de las incertidumbres". En contraposición, la directora de Greenpeace, Eva Saldaña, entiende que "es el momento de abordar ya la cuestión de las macrogranjas por su contribución a la crisis climática y la contaminación del agua". Los datos más recientes exponen claramente este panorama.

Camino a la macrogranja

La pujanza del porcino español se ha cimentado en el avance del modelo industrial de producción a gran escala. Los informes del Ministerio de Agricultura describen este tránsito. Cada vez se crían más cerdos y se sacrifican más cerdos, pero, al mismo tiempo, funcionan menos establecimientos. Se está imponiendo el modelo de macrogranjas. Se evidencia "un notable descenso en el número total de granjas", unido al "incremento notable de las explotaciones de mayor tamaño, especialmente las más grandes", señala el Ministerio en su análisis del último año cerrado, el 2020. Greenpeace añade que la fórmula consiste en "producir mucho, producir rápido y con el menor coste".



La cabaña porcina en España es la número uno de la Unión Europea y la tercera del mundo tras China y EEUU: 32 millones de cabezas en 2020. Hace diez años eran 25 millones .Y hace cinco, 28. El año pasado se mataron 56 millones de animales. En 2010 fueron 40,8 millones (un 37% menos).

El boom porcino ha ocurrido mientras las explotaciones totales pasaban de 99.500 en 2007 a 88.400 en 2020. La mayoría de las desaparecidas son las más pequeñas llamadas de tipo I. En ese mismo tiempo, las granjas tipo III, las más grandes, han pasado de 1.425 a 2.126. Un 50% más. Ese es el camino a la macrogranja.



Grupo I, II, III... es una nomenclatura técnica para clasificar según la capacidad de producción. Las primeras se limitan a 120 Unidades ganaderas mayores (UGM), las segundas a 480 y las terceras a 720 UGM, según el Real Decreto que las regula desde 2020. Pero, para entender la dimensión, esas UGM hay que traducirlas a ejemplares de cerdo. El Observatorio Dehesa del Centro de investigaciones científicas y tecnológicas de la Junta de Extremadura lo expresa así: el grupo I puede albergar 350 animales para cebar, el II hasta 2.000 cerdos más 200 hembras para reproducir y las del grupo III hasta 5.500 ejemplares de cebo y 750 reproductoras. Además, las comunidades autónomas pueden ampliar ese cupo de las grandes granjas un 20%, es decir, 1.100 cerdos añadidos.

Más cambio climático y amoniaco al aire

La agricultura y la ganadería supusieron el 14% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero de España en 2020. Ese año, durante el pico de la pandemia de COVID-19, se produjo un descenso casi desconocido en las emisiones que provocan el cambio climático. Se bajó por primera vez del nivel de 1990. Pero el sector agro ganadero incrementó la cantidad de gases que lanzó a la atmósfera. La ganadería liberó 24,8 millones de toneladas. El aumento se debió principalmente "a la gestión de estiércol", según el avance del catálogo de emisiones del Ministerio de Transición Ecológica.

La proliferación de las grandes explotaciones ha hecho que el 87% del sector porcino en Castilla-La Mancha sea ya industrial y que en Extremadura se haya superado el 50%, según las contestaciones oficiales de las comunidades autónomas a Greenpeace. Las Islas Baleares están en el 55% y Catalunya en el 99%. Aragón es la comunidad que presenta más granjas tipo III con 628, seguida de Catalunya (495), Castilla y León (316) y Castilla-La Mancha (161).

Las instalaciones de gran capacidad implican muchos animales y, por tanto, muchos desechos. La gran cantidad de estiércol proveniente de cerdos concentrados ha hecho, junto a otros factores, que España no haya cumplido nunca el límite de emisiones de amoniaco a la atmósfera marcado por la normativa europea. Desde 2010 a 2019 siempre ha rebasado el tope de las 353.000 toneladas por el "incremento de la cabaña ganadera y un repunte en el uso de fertilizantes orgánicos (estiércol) e inorgánicos", como reconoce el Inventario de emisiones del Gobierno. Ante esta circunstancia, la Unión Europea ha cambiado los techos haciéndolos más permisivos a partir de 2020.

Foco de contaminación del agua

La producción ganadera es responsable del 80% del nitrógeno agrícola que se filtra y contamina las aguas, según recoge la Comisión Europa. En España, el 40% de las masas de agua está en mal estado, no todo es debido a los vertidos de la ganadería, pero casi la mitad de las zonas con acuíferos dañados por los desechos agrícolas no podrán recuperarse dentro del plazo legal de 2027, según ha admitido el propio Gobierno.

"¿Cómo es posible que un país árido, 15 veces más pequeño que EEUU y deficitario en piensos quiera convertirse en líder de la producción de porcino?" Se pregunta Mari Sol Gómez, que encabeza la oposición a este modelo ganadero en la comarca de Tierra de Alba en Zamora. "Consumen una ingente cantidad de agua que devuelven al medio en forma de purines", sentencia.



Lo cierto es que España está especialmente expuesta a este problema de contaminación de las aguas por los nitratos. De hecho, casi un cuarto del territorio está considerado zona vulnerable, es decir, áreas "cuya escorrentía fluye hacia las aguas afectadas por la contaminación o hacia aguas que puedan verse afectadas por la contaminación": unos 122.000 de los 500.000 km2 totales. Y más de la mitad de la superficie agraria útil del país.

El pasado 11 de octubre, la Comisión Europea dictaminó en un informe que España tiene un "problema sistémico para gestionar la contaminación por nutrientes procedentes de la agricultura" y que debe adoptar "con urgencia medidas adicionales" para cumplir la ley. La revisión indica que "un alto porcentaje de estaciones de control de aguas subterráneas sigue mostrando niveles superiores al máximo de 50 mg por litro".

La Comisión entiende que algunas de la zonas vulnerables declaradas por las comunidades autónomas "son muy limitadas" lo que supone "una designación muy fragmentada y una menor eficacia de los programas de acción". España tiene abierto un expediente de sanción justamente por este asunto.



La despoblación

"¿Quién va a querer venir a vivir aquí si no puedes ni abrir la ventana?" La pregunta es de Inmaculada Lozano, voz y cara del rechazo a las macrogranjas en Castilla-La Mancha. Desde el comienzo de la implantación del modelo industrial a gran escala ha surgido la disyuntiva entre la posible creación de puestos de trabajo en el entorno rural asociados a estas explotaciones y sus impactos ambientales.

La organización Ecologistas en Acción acaba de analizar la evolución demográfica según el INE de municipios de menos de 5.000 habitantes desde 2000 a 2020 cruzados con los censos ganaderos de las comunidades autónomas de Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Catalunya, Comunidad Valenciana, Galicia y la Región de Murcia. Su conclusión es que "la ganadería industrial no solo no frena la despoblación sino que impulsa el abandono rural".

Su análisis muestra que el 74% de los municipios con mayor carga de industria porcina intensiva o bien han perdido población o ganan menos habitantes que los pueblos similares, pero sin cerdos. Su estudio abarca el 64% de todos las poblaciones con 5.000 vecinos o menos y alta densidad de cabaña porcina intensiva de esas comunidades autónomas. "En el 81% de las provincias analizadas (17 de 21) se está favoreciendo la despoblación", afirman.

Según sus datos, los efectos de España vaciada de este modelo se intensifican con el tiempo y han dejado ya más huella en las provincias que primero adoptaron esta fórmula como Zaragoza, Huesca, Barcelona y Lleida.

Lozano, que encabezó las protestas contra proyectos de grandes explotaciones en Pozuelo y Argamasón (Albacete), resume que "claro que nos gusta el jamón y la morcilla, pero también poder beber agua del grifo y un pueblo con futuro para nuestros hijos".  

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Publicado el
14 de octubre de 2021 - 22:03 h

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