El mono Primu es amigo de los niños, pero sobre todo de los padres. Es la mascota virtual de un innovador producto en Internet para el asesoramiento de los progenitores. Educación, ciencia, sanidad… Los sectores más castigados por los recortes de las administraciones vertebran la apuesta empresarial de un grupo de onubenses que ha creado una plataforma en línea para guiar a padres de niños de entre cero y seis años. La iniciativa privada filtrada por el colador de la imaginación ha dado como resultado PH-Pro, un espacio en la Red fundamentalmente para la estimulación precoz y la atención temprana en el niño.

PH-Pro es la primera criatura de Scitalus, una firma fundada por Diego Gómez, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y Juan Antonio Bardallo, graduado en Biotecnología, para el desarrollo de proyectos, especialmente en el campo de las Ciencias de la Salud. La amistad es capaz de casar disciplinas aparentemente tan diversas. De hecho, durante un año de trabajo han intervenido además en el proceso de creación ingenieros, pedagogos, psicólogos, expertos en marketing, médicos, diseñadores, músicos… El desarrollo psicomotor de los niños requiere de todos de ellos.

“El éxito o el fracaso escolar, la socialización y muchos de los hábitos de salud dependen de las familias. Por eso, en PH-Pro queremos ejercer de asesores familiares, entrenando a los padres en la mejor forma de estimular y cuidar a sus hijos”, argumenta Diego Gómez a la hora de sentar la base del proyecto.

PH-Pro determina si la edad de desarrollo del niño coincide con la edad cronológica como punto de partida y, a continuación, ofrece a los padres un servicio para encontrar esta coincidencia, en caso negativo, o mantenerla en el puesto de que haya un paralelismo exacto. La herramienta tiene en cuenta las áreas del conocimiento, la socialización, el lenguaje, la motricidad y la autoayuda.

“No tenía miedo a las dificultades: lo que la asustaba era la obligación de tener que escoger un camino. Escoger un camino significaba abandonar otros”. No lo dice Primu. Lo dice Paulo Coelho. Según los creadores de PH-Pro, los primeros 60 meses de vida de cualquier persona son determinantes para detectar unas potencialidades que en muchos casos permanecen dormidas a lo largo de una vida por falta de estimulación.

Este sitio en la Red proporciona evaluaciones y provoca reacciones a través aplicaciones, cuentos infantiles, juegos, canciones y otros recursos similares. Por una cuota mensual de unos 50 euros los padres dispondrán de un servicio personalizado, aunque hay una toma de contacto de tres meses gratuito.

PH-Pro está disponible desde hace unas semanas. “Nuestra filosofía es que los padres son los mejores y más definitivos maestros de sus hijos. Pensamos que la educación que los pequeños reciban en sus primeros seis años de vida será vital para potenciar las cualidades que poseerá en un futuro”, indica Salvador Dorado, responsable de Marketing y Publicidad de la empresa, que anuncia la próxima puesta en marcha de versiones en varios idiomas. Actualmente se puede consultar en castellano e inglés.

Desde cualquier lugar del Planeta, a través de PH-Pro se puede “invertir tiempo en estimular de forma adecuada a los pequeños desde que son bebés y mientras tiene lugar el periodo de máxima plasticidad cerebral”, recomendación de Diego Gómez.

PH-Pro incluye una 'Escuela de padres', un blog orientado a familias y profesionales del sector de la salud y la educación en el que se pueden encontrar las últimas noticias de interés en este ámbito, recomendaciones para una educación en la salud, aportaciones profesionales de la neurociencia y recursos para el trabajo conjunto de padres y niños.

La provincia de Huelva está a la vanguardia de las energías renovables de Andalucía, gracias fundamentalmente a la generación del 46 por ciento de energía eléctrica por biomasa de toda la Comunidad y al complejo eólico de El Andévalo, el mayor parque eólico de toda Europa. Esta situación de liderazgo, sin embargo, tiene otra cara negativa. Es una apuesta por un sector con más futuro que presente, ya que la reducción de ayudas públicas por parte del Gobierno central y la caída de la actividad por la crisis empresarial frenan el desarrollo de grandes inversiones de la década anterior.

El New York Times lo reflejó en uno de sus números el pasado mes. “Años de políticas desastrosas, además de la crisis económica, han provocado una reestructuración de las energías renovables en España. El cambio de política se inició el 2010, pero recibió el impulso definitivo con un decreto del Gobierno central de julio de este año dirigido a evitar la diferencia entre el coste de la energía y el precio que pagan por ella los consumidores, conocido como déficit tarifario”, indica el rotativo norteamericano antes de sentenciar: “El impacto de este decreto ha hecho casi desaparecer el apoyo público a las energías renovables y ha encendido las alarmas en la industria del sector dentro y fuera de España”. El Ministerio de de Industria, Energía y Turismo, por su parte, asegura dar prioridad a un equilibrio energético que contrarrestre el histórico déficit eléctrico, que ya va por los 26.000 millones de euros.

Ya en 2011, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) se quejó de la retribución de esta energía renovable por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, pero las reivindicaciones entonces tuvieron mucho menos intensidad que las recibidas por el Gobierno actual después de aprobar una moratoria para las primas a las renovables y de llevar a cabo una reforma energética que supone un freno a la energía verde. La primera decisión ha dejado en el aire 12 proyectos energéticos en Huelva, 700 millones de inversión y más de 2.000 empleos, según la Junta de Andalucía. En concreto, la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), adscrita a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, precisa que la nueva normativa afectará en la provincia onubense a más de 2.100 personas, entre puestos de trabajo directos e indirectos.

El Gobierno andaluz, de hecho, ha acudido al rescate en la medida de sus posibilidades. La AAE acaba de aprobar incentivos para seis proyectos de ahorro, eficiencia energética y energías renovables por un importe de 1,9 millones de euros, que movilizarán 9,7 millones de euros en inversiones en las empresas onubenses Cítricos del Andévalo, Gebio Confidence y Atlantic Copper.

Estas actuaciones se enmarcan en el Programa de Subvenciones para el Desarrollo Energético de Andalucía, ‘Andalucía A+’, que propiciarán un ahorro y diversificación de energía de 8.328 toneladas equivalentes de petróleo anuales, cantidad similar a la energía consumida por más de 9.900 hogares cada año, y que evitará la emisión a la atmósfera de más de 30.791 toneladas anuales de gases de efecto invernadero, según fuentes de la Delegación de Economía de Huelva. ‘Andalucía A+’ estará en vigor hasta diciembre de 2014. Desde febrero de 2009 hasta septiembre de 2013, 5.000 proyectos onubenses han recibido un incentivo de 16,6 millones de euros y han generado una inversión de 86,5 millones de euros, según datos de la Junta.

Y la pasada semana, el director de la Agencia Andaluza de la Energía, Rafael Márquez, supervisó en la empresa Ence la plasmación de dos proyectos incentivados por la Junta, uno para el acondicionamiento antes de su posterior valorización energética como biocombustibles sólidos y otro para la recogida y procesamiento de residuos forestales. Han supuesto un ahorro la energía equivalente a la consumida anualmente por más de 44.000 hogares y alrededor de dos millones de bombillas.

Biomasa y eólica

Huelva es la primera provincia de Andalucía en generación de energía eléctrica con biomasa con más de 118 megavatios de los 258 de la región, que a su vez son el 39 por ciento de todo el país. Ence, con tres plantas en su complejo industrial, cogenera la electricidad y el calor que necesita para sus actividades industriales y vende el excedente de su producción a la red nacional. La empresa utiliza como materia prima biomasa procedente de dos fuentes principales: la sólida, con cortezas de madera y residuos forestales; y la biomasa líquida, resultante del proceso de cocción de la madera, llamado licor negro.

La otra gran aportación de Huelva al sector de las renovables la realiza el complejo eólico de El Andévalo, puesto en marcha en 2010. En Europa, sólo se puede comparar el Whitelee escocés al parque situado en los municipios de El Almendro, Alosno, San Silvestre y Puebla de Guzmán.

La instalación, compuesta por ocho de los 12 parques eólicos de la provincia, dispone de una potencia de 292 megavatios -383.80 en toda la provincia- y su producción anual equivale al consumo eléctrico de más de 140.000 hogares, unos 400.000 habitantes. Así, es capaz de evitar la emisión a la atmósfera de 510.000 toneladas de CO2.

En cuanto al resto de las renovables, el peso de Huelva en Andalucía y España es menor que al hablar de biomasa y energía eólica. Existe una planta de aprovechamiento de biogás de lodos de aguas residuales, pero al estar desconectada de la red eléctrica consume la electricidad producida. La sequedad del clima, por otra parte, limita mucho la energía hidroeléctrica. El agua tiene otras prioridades.

En los últimos años se han instalado sistemas fotovoltaicos conectados a red en tejados de edificios, integrados en los núcleos urbanos, tanto en edificios públicos como privados. Y también han proliferado los denominados huertos fotovoltaicos y se han comenzado a realizar instalaciones para autoconsumo instantáneo conectadas en la red interior, pero la provincia onubense dispone de una discreta potencia fotovoltaica conectada a red de 72,75 MW en funcionamiento.

Huelva necesita de la aportación de las renovables para, de momento, completar su mapa energético. Es la provincia andaluza que posee un consumo en energía primaria per cápita más elevado, 161 por ciento superior al andaluz, debido al alto nivel de industrialización. La industria petroquímica y la disposición de un importante parque de generación eléctrica, principalmente ciclos combinados, explican esta demanda. Desde la aprobación del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (PASENER) en el año 2007, la potencia renovable se ha multiplicado por más de cinco. Las energías renovables suponen el 38 por ciento de la potencia eléctrica total de Andalucía, dato aportado por la Agencia Andaluza de la Energía, y Huelva acapara el 9,68 (590,82MW) de potencia renovable para generación de electricidad en la Comunidad.

“No es lógico que cada vez que el hombre va al espacio la seguridad sea extrema, como debe ser, y a 500 metros por debajo de la tierra se corran riesgos”. La seguridad laboral es el valor que ha llevado a Darío García a desarrollar un casco minero inteligente que supone una revolución en el sector. Darío dejó un trabajo estable em plena crisis para emprender una aventura que después de tres años de arduo trabajo comienza a dar frutos a través de una patente llamada a tener un gran éxito.

Presistem, la empresa onubense que ha creado para desarrollar la producción en serie de su prototipo, ultima los trámites para comercializarlo con una clara orientación internacional. Antes de que acabe 2013 o a comienzos de 2014, ‘Angelhelmet’ será una realidad en Chile, el país más minero del planeta. ‘Angelhelmet’ es el nombre comercial de un casco de seguridad dotado con hasta ocho sensores. La parte española de la denominación hace referencia a las cualidades protectoras del ángel de la guarda. El sufijo inglés refleja la universalidad del proyecto.

El invento permite detectar gases, impactos y movimientos y dispone de sistemas de localización y posicionamiento activo en tiempo real, de localización pasivo, de llamada de emergencia SOS y de aviso buzzer-leds desde control o comunicación bidireccional por mensajería de texto.

El casco es, además, interactivo e inteligente a la hora de ejercer el control y vigilancia de la integridad y la seguridad del operario, “tomando decisiones si este no responde e informándole de posibles peligros”, apunta Darío García quien, ahonda en las particularidades que hacen único su casco: “No sólo testea el aire, sino todo el entorno del trabajador 1.000 veces por segundo y si se encuentra en peligro avisa y alerta al exterior”.

El ángel de la guarda de Darío, por ejemplo, hubiese alertado del trágico escape de grisú en el Pozo Emilio del Valle, en la localidad leonesa de San Lucía. Hubiese emitido señales y hubiese activado los autorescatadores de haber existido. “Seguro que hubiese reaccionado. Otra cuestión es si su hubieran evitado las muertes porque no conozco las circunstancias exactas y sería un gran error que yo lo asegurara”, apunta el creador de ‘Angelhelmet’.

Los sensores de movimiento e inclinación advierten de una posible caída del minero. El de impacto cuenta con memoria para registrar un golpe, su intensidad y su dirección, y enviarlo al exterior si es peligroso. Por supuesto, ‘Angelhelmet’ posibilita hablar con el minero mediante voz o mensajería de texto. El modelo definitivo del casco ‘de seguridad electrónica integral’ es el resultado de ocho prototipos que se han ido sucediendo y han mejorado al anterior. Darío y su equipo han madurado su criatura.

Con estas prestaciones, Presistem acudió hace unos meses a Chile para asistir a la Exposición Internacional de la Industria Minería, Exponor 2013. El éxito no pudo ser mayor. El 50 por ciento de la economía de Chile depende de la minería y la empresa chilena Codelco, gran referencia mundial del sector, se ha comprometido a realizar una prueba piloto y una presentación. Puede ser el inicio de una exportación masiva porque hasta 14 países se han interesado ya por ‘Angelhelmet’. Firmas de otras potencias en minería como Brasil, Perú y Argentina sopesan su adquisición, además de puertos y empresas de mantenimiento de túneles o canalizaciones.

Fabricación andaluza

‘Angelhelmet’ tendrá una denominación de origen netamente andaluza. La composición electrónica del casco se generará en una factoría de Sevilla, la inyección de plásticos en una planta de Granada y el ensamblaje y dirección se llevarán a cabo en el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de Gibraleón, en Huelva.

La Consejería de Economía y Empleo ha proporcionado a Presistem las instalaciones en la localidad olontense, además de sufragar el 35 por ciento de la inversión, 13.562 euros, según datos de la Junta de Andalucía. La Consejería estudia aplicar otros incentivos a la empresa impulsora de ‘Angelhelmet’. Otras áreas de la Junta pueden formar parte de la iniciativa en los próximos meses. La contratación de personal en Huelva tendrá un importante componente social. Cuando salga de Gibraleón el primer pedido del casco con destino a Chile habrá acabado la primera etapa de este ambicioso proyecto nacido de la observación directa en la mina y del riesgo vivido de cerca. “Hemos hecho un gran esfuerzo con todas nuestras capacidades exento de interés económico”, asegura Darío García.

El ingeniero onubense tiene muy clara la vocación de su proyecto: “El objetivo es salvar vidas de trabajadores que hasta ahora se benefician poco del avance tecnológico de la sociedad”.

“No es lógico que cada vez que el hombre va al espacio la seguridad sea extrema, como debe ser, y a 500 metros por debajo de la tierra se corran riesgos”. La seguridad laboral es el valor que ha llevado a Darío García a desarrollar un casco minero inteligente que supone una revolución en el sector. Darío dejó un trabajo estable en plena crisis para emprender una aventura que, después de tres años de arduo trabajo, comienza a dar frutos a través de una patente llamada a tener un gran éxito.

Presistem, la empresa onubense que ha creado para desarrollar la producción en serie de su prototipo, ultima los trámites para comercializarlo con una clara orientación internacional. Antes de que acabe 2013 o a comienzos de 2014, 'Angelhelmet' será una realidad en Chile, el país más minero del planeta. 'Angelhelmet' es el nombre comercial de un casco de seguridad dotado con hasta ocho sensores. La parte española de la denominación hace referencia a las cualidades protectoras del 'ángel de la guarda'. El sufijo inglés refleja la universalidad del proyecto.

El invento permite detectar gases, impactos y movimientos y dispone de sistemas de localización y posicionamiento activo en tiempo real, de localización pasivo, de llamada de emergencia SOS y de aviso buzzer-leds desde control o comunicación bidireccional por mensajería de texto.

'Angelhelmet' es, además, interactivo e inteligente a la hora de ejercer el control y vigilancia de la integridad y la seguridad del operario, “tomando decisiones si este no responde e informándole de posibles peligros”, apunta Darío García quien, ahonda en las particularidades que hacen único su casco: “No sólo testea el aire, sino todo el entorno del trabajador 1.000 veces por segundo y si se encuentra en peligro avisa y alerta al exterior”.

Los sensores de movimiento e inclinación advierten de una posible caída del minero. El de impacto cuenta con memoria para registrar un golpe, su intensidad y su dirección, y enviarlo al exterior si es peligroso. Por supuesto, 'Angelhelmet' posibilita hablar con el minero mediante voz o mensajería de texto. El modelo definitivo del casco 'de seguridad electrónica integral' es el resultado de ocho prototipos que se han ido sucediendo y han mejorado al anterior. Darío y su equipo han madurado su criatura.

Con estas prestaciones, Presistem acudió hace unos meses a Chile para asistir a la Exposición Internacional de la Industria Minería, Exponor 2013. El éxito no pudo ser mayor. El país sudamericano depende de la minería y la empresa chilena Codelco, gran referencia mundial del sector, se ha comprometido a realizar una prueba piloto y una presentación del casco. Puede ser el inicio de una exportación masiva porque hasta 14 países se han interesado ya por 'Angelhelmet'. Firmas de otras potencias en minería como Brasil, Perú y Argentina sopesan su adquisición, además de puertos y empresas de mantenimiento de túneles o canalizaciones.

Fabricación andaluza

'Angelhelmet' tendrá una denominación de origen netamente andaluza. La composición electrónica del casco se generará en una factoría de Sevilla, la inyección de plásticos en una planta de Granada y el ensamblaje y dirección se llevarán a cabo en el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de Gibraleón, en Huelva.

La Consejería de Economía y Empleo ha proporcionado a Presistem las instalaciones en la localidad olontense, además de sufragar el 35 por ciento de la inversión, 13.562 euros, según datos de la Junta de Andalucía. La Consejería estudia aplicar otros incentivos a la empresa impulsora de 'Angelhelmet'. Otras áreas de la Junta pueden formar parte de la iniciativa en los próximos meses. La contratación de personal en Huelva tendrá un importante componente social. Cuando salga de Gibraleón el primer pedido del casco con destino a Chile habrá acabado la primera etapa de este ambicioso proyecto nacido de la observación directa en la mina y del riesgo vivido de cerca. “Hemos hecho un gran esfuerzo con todas nuestras capacidades exento de interés económico”, asegura Darío García.

El ingeniero onubense tiene muy clara la vocación de su proyecto: “El objetivo es salvar vidas de trabajadores que hasta ahora se benefician poco del avance tecnológico de la sociedad”.

Al independentismo le ha salido una segunda acepción en la provincia de Huelva, muy lejos de la reivindicación de soberanía. Existe un verdadero movimiento 'independentista' en el sentido de que proliferan los partidos municipales independientes como respuesta al descontento por las políticas de las formaciones con siglas nacionales. Muchos de sus dirigentes proceden del PP o el PSOE y encarnan esta decepción.

El último ejemplo es el Ciudadanos Independientes por Huelva, que esta misma semana se ha mostrado públicamente con la intención de presentarse a las próximas elecciones Municipales. La capital onubense ya tiene una formación independiente, como la mayoría de municipios con peso en la provincia. También varias localidades pequeñas cuentan con ellas. “Hay que recoger el clamor de la ciudadanía, que pide otras opciones políticas distintas a la de los partidos de siempre y articular este movimiento para que no se pierda”, opina el presidente de este partido, Francisco de la Rosa.

El pasado abril se constituyó una coalición formada por 12 partidos independientes onubenses. Actualmente son 14 sin que Ciudadanos Independientes por Huelva esté adherido, al menos de momento. Designaron una ejecutiva que se corresponde con una estructura orgánica para cuatro años. Solo es una alianza colectiva, una precisión importante que aleja esta iniciativa de proyectos anteriores como la Confederación Nacional de Agrupaciones y Partidos Políticos Independientes (CAPI) o la Federación Andaluza de Independientes (FADI), al margen de que algunos de sus integrantes participen de ellos.

Independientes Coalición por Huelva (ICxH) es un método de trabajo, no un contenido común para los programas electorales de sus componentes. ICxH anima en cada localidad a rebelarse contra la política bipartidista, las soluciones universales o la falta de debate local, pero no se erige en formación integral para el horizonte de 2015, aunque ya forma parte de la relación de casi 4.000 partidos, asociaciones y colectivos independientes registrados oficialmente por el Ministerio del Interior en todo el país.

“Se habla mucho de Bárcenas y de los ERE fraudulentos, pero no de los problemas reales de los ciudadanos. Se habla de la corrupción, a la cual hay que perseguir, pero los grandes partidos no se preocupan de las necesidades de cada uno en su pueblo”, apunta Jesús Redondo, responsable de organización de Independientes de Huelva y miembro de Plataforma Independiente Compromiso por Almonte (PICA).

El movimiento nace con fuerza. En abril celebró la asamblea constituyente, pero ya en marzo de 2011 los independientes de Beas, Lucena, Bollullos y Cartaya dieron los primeros pasos. Plantaron la semilla a propósito de las anteriores elecciones. Ahora, los partidos independientes de Huelva están implantados en 21 municipios de la provincia, disponen de siete alcaldías, 55 concejales y gobiernan a 50.000 habitantes. El objetivo para 2015 es presentar más de 30 candidaturas y obtener dos diputados, uno por la demarcación de Huelva y otro por el Condado, sin descartar la participación en las próximas elecciones andaluzas. De alcanzar estos propósitos, el mapa político de Huelva variaría notablemente.

El empleo, la seguridad ciudadana y el agua son los asuntos que más preocupan en la actualidad a los independientes onubenses. “En cada municipio, el problema principal es uno. Y no hay soluciones generales para todos. En ICxH cada partido analiza su realidad y aunque colaboramos codo con codo, puede haber actuaciones diferentes”, puntualiza Redondo.

Una polémica medida en Bollullos

La coalición presentó en septiembre un manifiesto en la capital onubense con las directrices básicas de su proyecto y toma como paradigma de esta libertad de elección de cada grupo independiente una polémica medida tomada por el Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado para tratar de frenar la oleada de asaltos a viviendas y robos que ha sufrido la localidad. El Consistorio bollullero, gobernado por el independiente Francisco Díaz, rechaza inscribir en el padrón a las personas que no cuenten con un contrato de alquiler o permiso del propietario y cuyo lugar de residencia no cumpla una condiciones higiénico-sanitarias mínimas. Además, las personas que sean detenidas no serán atendidas por los servicios sociales del ente local.

ICxH defiende la modificación del Código Penal para que sea más duro con los reincidentes. El presidente de esta coalición de independientes, Juan Polo, ya ha avanzado que en su municipio, Cartaya, “no es necesario aplicar estas medidas” en materia de seguridad a pesar de que el 24% de la población es inmigrante. “A nosotros nos preocupa más que la mano de obra local tenga sitio en la campaña agrícola, por ejemplo”, ha explicado. En cualquier caso, sostiene: “No podemos dejar que la inseguridad ciudadana nos sobrepase porque los ayuntamientos son las administraciones más cercanas y donde van los vecinos a plantear sus problemas”.

El manifiesto de ICxH, no obstante, sentencia con consideraciones globales que han suscitado debate: “Tenemos buenos vecinos y amigos de otros países y aquí tienen su casa si vienen a convivir con honestidad, pero para los que tengan antecedentes delictivos, o estén de manera nómada, sin oficio ni vivienda, y que en muchas ocasiones llegan a la ilegalidad, queremos que se agilice el trámite de expulsión”. Francisco Díaz, el alcalde de Bollullos, asegura que los resultados son “positivos” tras las medidas puestas en marcha y niegan que generen xenofobia. “Los compañeros han visto que, si se produjeran esas circunstancias, lo correcto sería aplicarlas, pero si no se dan, no hay por qué utilizarlas. Así actúan los grupos independientes”, ha expuesto.

Seguridad, agua, turismo...

A los independientes también les ocupa mucho la gestión del agua, escenario de conflicto político en el último lustro. La coalición aboga por la supresión de la Mancomunidad de Servicios de Huelva (MAS) y Giahsa, “porque han dejado de ser eficaces como empresas públicas”. ICxH pretende que la Diputación Provincial canalice el servicio del agua y que cada municipio lo gestione “como crea más conveniente”, según indica el manifiesto. Además, el alcalde de Lucena del Puerto, el independiente Manuel Mora, enumera las propuestas de la coalición en materia de regadíos: “La finalización de las presas del Andévalo y Alcolea, el cierre del anillo hídrico y apostar por la eficiencia energética, sobre todo mediante la reutilización del agua supondría un ahorro de hasta el 50 por ciento”. “Regularizar los pozos, conectar la balsa de Lucena con la ETAP de La Palma del Condado y respetar el trasvase de 15 hectómetros cúbicos en el horizonte de 2015, otros 15 adicionales para necesidades puntuales y otros 10 para el periodo de transición se hace muy necesario”.

El turismo se erige en otro de los pilares fundamentales de la economía onubense para ICxH. “Seguridad, agua, turismo… son sectores en los que todos tenemos problemas. Y cada municipio debe resolverlo de la mejor manera posible porque cada uno tiene sus particularidades. Solo las políticas locales, cercanas al ciudadano, son válidas en este momento”, mantiene Jesús Redondo.

Hoy es festivo en la calle Alonso de Ercilla de Huelva. Al menos en el domicilio de María del Carmen Andújar, protagonista del primer expediente de expropiación del uso de una vivienda en Andalucía. El Consejo de Gobierno de la Junta lo ha aprobado, cuatro meses después de que el Tribunal Constitucional suspendiera de manera cautelar durante cinco meses el Decreto del Gobierno andaluz 'antidesahucios'.

Los altibajos han acompañado a María del Carmen desde mayo, cuando la Junta eligió su caso por reunir todos los requisitos que incluía el Decreto. Entonces declaró ingresar 400 euros por su dedicación a media jornada a una empresa de limpieza, la cuota de su hipoteca asciende a los 500 euros mensuales y comparte hogar con su marido, que recibe una ayuda de 400 euros, y con dos de sus cuatro hijos, ambos menores de edad. Además, tiene cuatro nietos y no dispone de ayudas familiares.

La última comunicación le permite disponer de la vivienda al menos durante los tres próximos años.

¿Es el final feliz con el que soñaban desde mayo?

Nosotros tenemos claro que esto no es definitivo. Aquí nadie te va a regalar nada. Es un impulso para mirar hacia adelante. Nosotros tenemos el objetivo de mejorar económicamente para poder pagar después al banco o poder negociar una vez pasados los tres años y sin que tengamos la presión del desahucio.

¿Qué sensaciones se perciben en su domicilio de la calle Alonso de Ercilla?

Estamos muy contentos con esta buena noticia porque cuando el Gobierno recurrió nos vinimos un poco abajo. Finalmente, está decisión de la junta es un alivio y al mismo tiempo un impulso para seguir luchando.

¿Cuál ha sido el peor momento en este tiempo?

Esto ha dado muchas vueltas. Primero no creía que pudiéramos pararlo. Después la Junta nos lo comunicó oficialmente y nos llevamos una gran alegría después de pasar muchas noches sin dormir. Y después llegaron las malas noticias con el recurso. Ahora parece que podemos estar contentos por fin.

¿Ha dado su vivienda por perdida alguna vez?

Llegó un momento, sobre todo cuando supimos que todo se podía parar, que perdí las esperanzas y temí lo peor. Ahora, sin embargo, animo a todos los que están en una situación parecida a que inicien el trámite. Creo que las familias con niños pequeños pueden conseguirlo. Al menos esa es la sensación que queda después de todo lo que ha ocurrido en los últimos meses.

Llevan años evitándose, pero el encuentro es ahora inevitable. Y del cara a cara deben salir unas normas de convivencia definitivas. De una parte, el Espacio Natural de Doñana, que incluye el mayor humedal de Europa, un espacio protegido. De otra, la agricultura y el desarrollo económico: más de 80.000 puestos de trabajos directos en la provincia de Huelva y a ocho millones de jornales, más del 80 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de los municipios afectados. Y en medio, el agua. Toca hablar a la agricultura. El pasado 28 de agosto, 12.000 personas, según datos de los convocantes, recorrieron las calles de la capital onubense a partir de la llamada de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado. La multitudinaria protesta marca un antes y un después en este asunto.

En los meses anteriores, se escuchó la voz de los conservacionistas. No en vano, el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco advirtió el pasado junio de la posibilidad de que Doñana fuese incluida en la lista de ‘patrimonio mundial en peligro’ por culpa de la extracción de pozos ilegales, alegales para los agricultores. La organización ecologista WWF sostiene que el Acuífero 27, una balsa subterránea que abastece a gran parte del Parque Nacional de Doñana, ha perdido más del 50 por ciento de su capacidad en las tres últimas décadas.

La solución la tienen las administraciones regional y estatal, la de la regularización, pero el conflicto político por estar en manos de partidos opuestos y la ausencia de un mapa exacto de pozos demoran el fin del problema. “Hay que regularizar la situación de las parcelas del Condado con el fin de definir qué zonas son regables y cuáles no y facilitar la labor de los agricultores”, ha comentado a www.eldiario.es/andalucia Ángel Gorostidi, presidente de la Comunidad de Regantes El Fresno y portavoz de la Plataforma.

Los agricultores están a punto de iniciar la campaña con la incertidumbre de desconocer si podrán o no terminarla porque no tienen garantizada el agua superficial. Las reivindicaciones del sector llegan a pares tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía. A Madrid ha llegado la petición de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir permita el uso del agua de los pozos hasta que llegue el agua superficial con autorizaciones provisionales que rechazan los ecologistas. Ya se conocen más de 200 sanciones. Y con vistas a una situación definitiva, la Plataforma solicita al Gobierno celeridad en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que permita hacer realidad las obras de transferencia de agua superficial para 1.000 hectáreas de regadíos.

El Estado, sin embargo, mantiene que precisa de unos informes preceptivos de la Consejería de Medio Ambiente para firmar la Declaración. El Gobierno autonómico tiene sobre la mesa la ordenación de las zonas de regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana y la obra del trasvase de 4,99 hectómetros cúbicos de agua de la Cuenca Atlántica al Condado, del sistema Chanza-Piedras al Guadalquivir, para la que se requiere la DIA. Para el primero de los compromisos, la Junta entregó el pasado 6 de septiembre un Plan Especial en el Consejo de Participación de Doñana, para que lo estudie y emita un informe. Han sido seis largos años de trabajo, de demora según el sector y la oposición en Andalucía. Se han tenido en cuenta 3.824 alegaciones admitidas durante el periodo de información pública, la mayoría referida a la insuficiencia en la dotación de recursos hídricos y a la delimitación de los suelos regables.

WWF ya ha se ha pronunciado: “Esta propuesta no sólo cuestiona el estado de derecho, sino que conlleva graves consecuencias ambientales, sociales y económicas”. La organización ecologista sostiene que “amnistiará el uso ilegal de agua en Doñana” porque, según han indicado en un comunicado “pretende descatalogar 2.000 hectáreas de Monte Público transformadas sin permiso en regadíos y pedir a la Administración del Estado que ”ignore que 4.000 hectáreas continúan regando de pozos ilegales“.

En cuanto al trasvase, la actuación está al 17 por ciento de ejecución tras haberse empezado en mayo y el plazo de ejecución es de 20 meses. La inversión es de casi 16 millones de euros. “Estamos en la recta final y hablaremos con quien tengamos que hablar para culminarlo”. Es el compromiso de la Junta expresado por su delegado en Huelva, José Fiscal.

La Subdelegación del Gobierno en Andalucía ha alertado a través de un comunicado que “los agricultores perderán el 70 por ciento de los 17 millones de euros que han sido concedidos por los fondos europeos para su ejecución, si las obras no están ejecutadas al 50 por ciento antes de que finalice diciembre de 2013”.

Cinco municipios afectados

Cinco municipios afectadosEl portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almonte, el popular José Joaquín de la Torre, apunta: “Tenemos que recordar que el mérito de mantener el Espacio Natural es de los habitantes del territorio, que han sido, son y serán los máximos cuidadores de un entorno privilegiado”. La localidad almonteña, Moguer, Bonares, Lucena del Puerto y Rociana del Condado son los municipios afectados. La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado ha recogido ya 35.000 firmas y se han dado de plazo hasta el 5 de octubre para llegar a 50.000 y presentarse con ellas ante el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, y la Defensora del Pueblo Español, Soledad Becerril, sin regularizarse.

Es la acción más simbólica, puesto que los regantes piensan llegar a Bruselas para trasladar el problema a los europarlamentarios con representación española. “Nosotros queremos agua para hacer nuestro trabajo, venga de donde venga”, apunta Gorostidi, quien sobre la visita al Parlamento Europeo argumenta: “Llevamos una década de subvenciones a fincas y ahora se reconocen como masa forestal. Es una contradicción que sólo se explica por la dejadez de las administraciones”.

También habrá reuniones con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Manuel Romero, y con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. A la Plataforma no le basta con la aprobación del Plan Especial de la Corina Norte, puesto que “2.000 hectáreas se van a quedar en el limbo, sin regularizarse, y esto hay que aclararlo”, según el portavoz de la asociación.

“Las administraciones han de darse cuenta que no podemos seguir viviendo con el miedo a las sanciones y con la incertidumbre de los regadíos, que no se puede dar orden de cierre de unos pozos sin que propongan una alternativa, que no podemos iniciar una campaña agrícola con la amenaza del corte del agua y que queremos crear empleo y vivir con tranquilidad y por supuesto crear riqueza que es lo que venimos haciendo desde hace 50 años”, indica el manifiesto con el que se echó a la calle la Plataforma y con la que piensa llegar a todas las administraciones.

La gamba de Huelva estaría más cerca de la prima de riesgo que del Producto Interior Bruto si el sector del marisco onubense fuese un indicador de macroeconomía. El principal mercado de los crustáceos refleja al instante la situación de la economía, con una inmediatez que ya quisieran los profesionales de la estadística y una precisión tan aproximada como real.

Para calcular el propio PIB del trimestre anterior se necesitan otros dos meses. Los datos de la Encuesta de Población Activa se refieren también a un trimestre completo y se tiene acceso a ellos trascurridos al menos 20 días. Para conocer el Índice de Precio al Consumo del mes anterior hay que aguardar casi dos semanas. Y las cifras sobre venta de coches, un exponente muy de moda para valorar la coyuntura socioeconómica, se publica una vez finalizado el mes. Con la gamba de Huelva no hay espera. Basta con asistir a una subasta en el Puerto de Huelva o repasar los precios establecidos por los exportadores para hacer una radiografía de los bolsillos de los ciudadanos. El método es el más elemental y primitivo del liberalismo, la ley de la oferta y la demanda en su versión más pura.

“El precio de la gamba pequeña o arrocera está alto en comparación con otras épocas y el de la gamba blanca, la de mayor tamaño, más bajo. Esto es porque con motivo de la crisis ha bajado la demanda de los consumidores más selectos y se ha incrementado el número del consumidor medio”, explica Bernardo Pelayo, presidente de la Asociación de Exportadores de Pescados y Mariscos de Huelva. El kilo de gamba arrocera estuvo mediado julio en torno a los 5 euros y la gamba blanca entre 25 y 35 euros, precios que pueden variar en cualquier momento porque “son muchos los factores que influyen”, casi todos relacionados con una realidad socioeconómica y política.

El estado de los caladeros es uno de los más trascendentes. Mauritania, Marruecos, Senegal y Nigeria son orígenes alternativos a la Costa de Huelva que han tenido mucho peso en la oficiosa pero legalmente inexistente denominación de origen de la gamba onubense y que bien por falta de acuerdo entre países, bien por paradas biológicas han influido en los precios por carencias. “Existen otros géneros de nuestras exportaciones que también reflejan muy bien la evolución de la economía. El pulpo, por ejemplo, está ahora muy barato porque hay mucho. La 'puntilla' está cara porque hay muy poca y se nota en el día a día”, añade Pelayo.

El 80% del marisco que se comercializa en España procede de los saladeros y cámaras frigoríficas de Huelva. Es muy común ver reclamos en todo el país con alusión a este producto. 'Hay gamba de Huelva' se puede leer en las pizarras de miles de bares. La identificación tiene que ver más con el cuidado, el especial tratamiento, la preparación y la comercialización que con el origen, que es diverso según el momento. A pesar de ello, el modelo es el del litoral del suroeste español y la costa africana sirve de impulso desde hace décadas. En estas circunstancias, se han escuchado voces para el establecimiento de una denominación de origen de la gamba de Huelva que acompañe a la de su jamón y sus vinos. El esfuerzo de pescadores, armadores y exportadores onubenses durante años por mantener el prestigio, no solo de la gamba blanca, también del langostino o de la cigala, es el principal aval.

“Ahora se trabaja el doble para ganar igual o menos que antes, pero siempre con la idea de ofrecer un producto de calidad, sea de gamba blanca o arrocera o de cualquier otros tipo de marisco o incluso pescado”, expone José Domínguez, un exportador con más de 40 años de experiencia en el sector.

No en vano, existen datos generales en el sector que atestiguan efectos devastadores de la crisis económica. En los últimos cuatros años, la cifra de miembros de la Asociación de Exportadores de Pescados y Mariscos han bajado de 87 a 40. El volumen de negocio ha descendido y las temporadas altas, la de verano y la de Navidad, suponen impulsos, al menos sobre el calendario. “Puede pasar que coincida con algunos de estos periodos una gran oferta de un producto porque un caladero tenga un buen momento y baje el precio al estar por encima de la demanda, incluso”, advierte Bernardo Pelayo, quien matiza: “No es lo normal ahora”. Ocurrió en diciembre de 2008, con una bajada de casi el 50%. En la actualidad, la demanda es la que se retrae. Tanto en las fechas navideñas como en la época estival, el consumo sube un 30% de media.

Pelayo defiende que el marisco, más en concreto la gamba, “no debe considerarse un producto elitista”. “Con un kilo de gamba 'tapean' hasta 10 personas. Los bares y restaurantes lo encarecen hasta elevarlo a un producto de lujo”, denuncia el presidente de los exportadores onubenses. “Cuando sale de nuestras dependencias es un pescado más y si no se produjese ese incremento, desproporcionado muchas veces, se podría consumir muchas más veces al año”, agrega.

La venta de marisco en España está basada en el congelado, apenas el 10% de las capturas salen a diario a través de las pequeñas y mediadas pescaderías. Huelva se ha encargado de que el sabor permanezca inalterado con un tratamiento estudiado de las mercancías. Estos establecimientos están en declive desde antes de que se manifestara la crisis global en toda su crudeza y los principales clientes de los exportadores onubenses con las grandes superficies comerciales e hipermercados, amén de los servicios de 'catering' para bodas y otros eventos.

Sebastián Martín, doctor de Historia del Derecho y profesor contratado de la Universidad de Sevilla, ha dirigido en la sede de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) un curso de verano que se puede impartir con libros pero también con periódicos. 'La crisis del Estado social y democrático: aspectos jurídicos y alternativas ciudadanas' es un continente académico para un contenido tan contemporáneo como decisivo para la vida de los españoles. Sebastián Martín, quien desde hace cuatro años imparte un curso sobre los Retos del Estado social y democrático en un máster de la UNIA, responde a todo, sin corsés institucionales y con sentido constructivo, en un foro de estudio crítico sobre la política de la calle, la democracia y, sobre todo, la delicada realidad social.

Los epígrafes de las clases dibujan un panorama preocupante, pero, sobre todo, invitan a la reflexión. 'La crisis del constitucionalismo social y la perspectiva de un proceso constituyente', 'Fatiga del parlamentarismo y crisis institucional: La participación ciudadana como esencia y valor de la democracia', '¿Democracia sin derechos laborales?: Implicaciones de la destrucción del modelo de relaciones de trabajo mediante las últimas reformas' y 'Sistema financiero, integración europea y globalización: los desafíos de un Estado social justo y eficiente' son algunos de los problemas que llegan al ámbito universitario a través del curso que ya está en marcha. Detrás de estos conceptos está el paro, las insuficientes ayudas sociales, el futuro de la sanidad, el vertiginoso descenso del nivel adquisitivo… El día a día.

El curso parte de una constatación, “el desmantelamiento del Estado social y democrático”. ¿De qué análisis parte el diagnóstico? ¿Cuáles son los datos más claros que lo demuestran?

Basta un análisis político elemental de la realidad para percatarse de ello. Son numerosos los indicios que lo demuestran. La reforma constitucional priorizando el pago de la deuda pública sobre cualquier otro gasto es una muestra evidente. La reforma laboral, que desvirtúa la negociación colectiva y agrava la desprotección y la precariedad de los trabajadores, es otro factor bien transparente. Aparte de los severos recortes sufridos en sanidad, la eliminación de la universalidad del servicio y la privatización de la gestión en algunas comunidades apuntan también en la misma dirección. Por no hablar de los recortes en educación o del incremento desorbitado de las tasas en la enseñanza universitaria, que encubre su progresiva privatización, pues obliga a las Universidades a financiarse en proporción creciente a través de las trasferencias realizadas por los usuarios.

Y si del Estado social pasamos a la dimensión democrática, vemos que la crisis no es menos seria, con una legislación a golpe de decreto y un Parlamento vaciado en la práctica de contenido.

¿Cuánto tardaría en reconstituirse el constitucionalismo social si se pusiera fin hoy al desmantelamiento?

Dudo que quepa poner fin al actual proceso de destrucción del Estado social de un modo abrupto. Las condiciones económicas que están sirviendo de pretexto para impulsarlo (deuda pública, recesión) no parece que vayan a desaparecer de un día para otro. Incluso una victoria electoral de las izquierdas, elemento indispensable para rectificar el rumbo, podría revelarse insuficiente para acabar de forma inmediata con él, pues el Gobierno resultante tendría que poner remedio a dificultades económicas que en ningún caso tienen solución indolora. Sin embargo, mudado el contexto económico y con una voluntad política ampliamente respaldada por la ciudadanía, recobrar la lógica del constitucionalismo social e incluso reforzarlo es algo que está a nuestro alcance.

¿Observa incapacidad en los políticos o intereses oligárquicos? ¿Existen otras causas?

En lo que usted denomina “intereses oligárquicos” y en los políticos que les sirven de mandatarios, observo más bien una considerable eficacia en la defensa de sus posiciones. Cierto es que existen políticos que dicen proponerse con sinceridad la defensa del Estado social y democrático. Acaso no adolezcan tanto de incapacidad como de falta de un proyecto global para el país. Da la impresión de que, cuando gobiernan y cuando están en la oposición, actúan en muchas ocasiones improvisando, respondiendo de forma instantánea a los desafíos que las circunstancias van presentando, es decir, actúan sin iniciativa, sin llevar la delantera y sin un programa completo y elaborado. Pero otras veces, como sugiere, da la sensación de que, prisioneros de las lógicas clientelares y reproductivas de la partitocracia, son incapaces de adoptar las medidas necesarias para la defensa del Estado social.

Naturalmente, otras causas están también en el origen de este proceso de desmantelamiento. Tienen gran importancia las de naturaleza cultural. El grado de hegemonía logrado por los principios del liberalismo económico, con su creencia en las leyes naturales del mercado como ejemplo insuperable de eficiencia, ha sido una de las condiciones que lo ha hecho posible. También ha jugado un papel decisivo la desmovilización ciudadana, el declive del asociacionismo y de la militancia de izquierdas, aunque en este aspecto no puede dejar de reconocerse el heroísmo y tenacidad de las decenas de miles de ciudadanos que se organizan y salen a las calles en defensa de nuestros servicios públicos.

¿Cómo debe actuar un ciudadano de a pie ante las circunstancias actuales? ¿Y las plataformas sociales, los grupos políticos minoritarios o los sindicatos?

Como lo están haciendo muchos: organizándose, movilizándose, protestando contra la agresión, denunciando la estafa e incluso facilitando medios materiales a las víctimas de los recortes y los desahucios. Con ello se crea un estado de opinión y una cultura de solidaridad y de defensa del Estado social que al menos logra frenar su destrucción. A la ciudadanía también le cabe crear espacios de cooperación, sobre todo de carácter económico, para ser menos vulnerables ante las prácticas del capitalismo. Pero como vivimos, al menos institucional y formalmente, en una democracia parlamentaria, aparte de las movilizaciones y la autogestión están las elecciones, y sería deseable que sirviesen para catalizar todas esas energías civiles de defensa del Estado social.

Por eso, las elecciones implican también exigencias para esos “grupos políticos minoritarios”. El reto que deben afrontar es el de evitar su atomización y lograr organizarse en un frente social y democrático amplio, capaz de conquistar una posición determinante en la institución que legisla y aprueba los presupuestos generales.

¿Es insuficiente la respuesta de la sociedad civil? ¿Qué responsabilidad tiene en la situación vigente?

La respuesta de la sociedad civil, sobre todo en algunos casos muy conocidos, como la Marea Blanca o la PAH, está siendo admirable. Si tuviesen un apoyo más numeroso y extendido sus reivindicaciones tendrían un impacto mayor, claro está, pero no cabe despreciar lo mucho que han logrado.

Aunque a los ciudadanos de a pie les ha tocado el papel de víctimas en toda esta historia, soy de los que creo que muchos han -o hemos- tenido su pequeña cuota de responsabilidad en nuestro particular desastre: por ejemplo, cuando se ha hecho un uso abusivo y fraudulento de algunos servicios y prestaciones, cuando se incumplen las obligaciones fiscales o cuando se han dejado arrastrar por hábitos adquisitivos y de consumo irracionales.

¿Son inconstitucionales algunas de las medidas implantadas por el Gobierno en este contexto?

A mi juicio sí, aunque el actual Tribunal Constitucional pueda validarlas, hundiéndose con ello todavía más en el desprestigio. Un ejemplo evidente es la reforma laboral que, en la práctica, viene a eliminar la fuerza vinculante de los convenios colectivos impuesta por el artículo 37.1.

¿A qué elementos habría que darles prioridad por delante de la deuda general acumulada?

Con respecto a la deuda, en primer lugar sería conveniente una auditoría pública fiable, para conocer su procedencia y saber a qué atenernos. Seguidamente sería indispensable detener la actual conversión de deuda privada corporativa en deuda pública, recurriendo para ello a los mecanismos que ya posee el mercado para resolver situaciones de quiebra de entidades privadas. Y, por último, debería darse prioridad a los gastos que propician el crecimiento, como las inversiones, para colocarse así en posición de poder pagarla. En todo caso, los gastos que están en la base del modelo social, como los de sanidad, educación o pensiones deberían ser intocables. No se trata de ajustar esos gastos para cuadrar el presupuesto, sino de ajustar el presupuesto para garantizar esos gastos.

¿Es Europa más un problema que una ayuda en la coyuntura actual?

La actual política económica europea, más ortodoxa y radical incluso que la del FMI, es claramente una parte del problema. Sin embargo, la Europa social y la de la Carta de los Derechos Fundamentales de Niza señala la vía de solución, que no es otra que la de los derechos individuales, políticos y sociales y la democracia. Por otro lado, acaso quepan vías de integración internacional alternativas a la actual UE, más coherentes con la fisonomía política y económica de los diferentes países y más decididamente sociales y democráticas.

¿Cómo se relacionan crisis institucional y crisis económica en su opinión? ¿Existe una causa-efecto? En este caso, ¿en qué dirección?

Están compenetradas, aunque en el origen de nuestra crisis pueden identificarse acciones políticas concretas. La crisis económica y sus consecuencias han puesto al descubierto el carácter defectuoso de nuestro diseño institucional; pero, a su vez, el mal funcionamiento de nuestras instituciones ha causado y agravado algunos de los males que padecemos. Baste pensar en el penoso papel jugado por los gobernadores de nuestro Banco Central, que nada hicieron por detener la burbuja del crédito aun a sabiendas de que se estaba produciendo y de que nos conduciría al desastre.

María del Rocío Huelva, una de las personas afectadas directamente por la decisión del Tribunal Constitucional de suspender de manera cautelar durante cinco meses el decreto del Gobierno andaluz antidesahucios, pide “al menos” una medida de gracia. Esta vecina de Almonte (Huelva) sufre en sus carnes el recurso presentado por el Gobierno central contra el decreto que ha prosperado. Habita, de momento, en una de las 12 viviendas con expedientes de expropiación tramitados por el Gobierno autonómico en toda la Comunidad.

“Necesitamos una solución general, desde luego, pero pido que no se paren por lo menos los procesos abiertos porque no pueden jugar con nosotros de esta forma”, se queja María del Rocío Huelva, quien vive en una casa con su marido, su hija y su nieta de tres años con los únicos ingresos regulares del padre de familia, por debajo de la cuota de su hipoteca, unos 700 euros mensuales. La pareja de María del Rocío renunció a la mitad de la ayuda social (426 euros) para acceder a un trabajo de media jornada que le proporciona 325 euros. En total, ni 550 euros. “Somos muchas las familias con necesidades, eso está claro, pero este tipo de decisiones de los políticos es un problema que se añade para nosotros por la incertidumbre y la desesperación, y se debería tener en cuenta”, agrega.

En esta situación económica y tras impagos reiterados, el banco inició los trámites de desahucio con fecha de 9 de agosto de 2012, pero la Junta lo frenó en junio con el decreto. Fue un oasis en un caminar desértico por todas las administraciones. “Hace casi un año que tenemos los enseres recogidos. Cuando gracias al trabajo de la Plataforma del 15M de Sevilla, que nos informó de todo, la Junta expropió la casa al banco temporalmente y nos dio tres años de margen con alquiler social, vimos la luz después de mucho trabajo y comenzamos a acondicionar de nuevo las habitaciones. Esto es un nuevo golpe”, asegura María del Rocío Huelva, que “nunca” se decidió a sacar todas las pertenencias de las bolsas porque “esto podía pasar”.

“Soy la primera que quiere pagar la hipoteca, pero nos lo han puesto muy difícil y hacemos todo lo que podemos. Llevamos toda la vida trabajando. Mi marido lo hace incluso con problemas físicos”, expone la María del Rocío Huelva, a la que le cuesta morderse la lengua al referirse a los dirigentes políticos. Sobre ellos, sin especificar, opina: “Nunca hemos robado nada y nadie puede sacarnos comportamientos malos en mi familia. No sé si los que tiran la pelota de un sitio a otro pueden decir lo mismo”.

El decreto ley sigue su curso hacia la categoría de Ley en el Parlamento andaluz, donde fue aprobado sin votos en contra. Y la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía estudia la providencia del Tribunal Constitucional tras el recurso del Gobierno en aras de la constitucionalidad. “La esperanza nunca se pierde, pero estos palos duelen mucho cuando varios de los tuyos dependen de tu casa”, concluye María del Rocío Huelva.

Las familias que estaban beneficiadas por el decreto

El de María del Carmen en Huelva capital fue el primer caso de beneficio de este decreto, a finales de mayo, cuando se inició el proceso para conseguir la expropiación temporal del uso de su vivienda y evitar así el desahucio. Se habían comprobado también en este caso que la residente cumplía los requisitos y corría serio riesgo de quedar excluida de la sociedad, al disponer sólo de una renta menor.

A mediados de junio, otras dos viviendas, una en Motril y otra en Charches-Valle del Zalabí, ambas en la provincia de Granada, se sumaron a la lista de acogida al decreto andaluz. En ambos casos, las dos inquilinas – Ana y Margarita, respectivamente- habían dirigido su solicitud a la Consejería de Fomento y Vivienda ante el embargo de sus viviendas, obteniendo respuesta afirmativa para iniciar el proceso en sus casas.

Familias más beneficiadas recientemente lo fueron el 24 de junio en Málaga, cuando el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el inicio de la expropiación temporal de dos viviendas, de Ana María y Said, una vez que se había comprobado que ambos cumplían los requisitos contemplados en la norma y corrían serio riesgo de exclusión social si finalmente eran desahuciados de sus casas. Estas viviendas se unen a otras dos de Málaga sobre las que tambiénse había iniciado expediente de expropiacón.

Tras la referida familia de Almonte, otra familia que estaba pendiente del recurso ante el alto tribunal vive en la localidad gaditana de San Roque. Sergio tuvo noticia de la aplicación del decreto antidesahucios en su caso el 21 de junio. Y ahora, transcurrida sólo una semana desde entonces, la decisión del Gobierno central les devuelve la incertidumbre.

La décima expropiación llegaba a Sevilla, la primera en esta provincia. La vivienda de Sevilla capital se encuentra situada en la calle Avenida de la Ciencia, siendo de propiedad de la entidad financiera Banco de Sabadell, según consta en el anuncio del BOJA.

El BOJA publicaba ayer mismo los anuncios que daban inicio a los expedientes de expropiación temporal de uso de otros dos inmuebles en la provincia de Málaga, concretamente en la avenida de La Palmilla y en la calle Galera de la capital. Los beneficiarios eran una mujer separada con dos hijas menores de tres años a su cargo y sin ningún tipo de ingreso, cuya vivienda se sitúa en el distrito de Palma-Palmilla, y un matrimonio con dos niños menores, que viven en el barrio de Parque Victoria Eugenia.

Matilde Guitar, informática de 29 años, crea una web para distribuir productos exclusivos de entornos rurales.

Tiene el respaldo de sus dos hermanas para desarrollar, ya con éxito, una iniciativa pionera en España.

El portal www.comorigen.com no solo refleja la creatividad, la dedicación y el entusiasmo de una mujer emprendedora, sino de tres. Las hermanas Guitar, con origen en la localidad onubense de Bollullos par del Condado, pusieron en marcha el pasado 14 de mayo un sitio web en el que se venden productos exclusivos de entornos rurales. Se trata de un centro comercial virtual en el que no tienen cabida productos de multinacionales ni grandes cadenas de distribución.

“Detectamos hace algo más de un año que las empresas rurales necesitaban ayuda y que existía un hueco importante en Internet. Nos pusimos a trabajar enseguida y hoy ya es una realidad”. Lo dice Matilde, la más joven de las Guitar y el auténtico motor de www.comorigen.com con 29 años. Su profesión es la Informática y ejerce como tal. Sus hermanas también tienen otras dedicaciones laborales y profesionales, con el notable respaldo académico de una Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y una Ingeniería Superior de Montes y otra Industrial, entre otras titulaciones. De todo ello y del acervo empresarial familiar, una firma de aluminios y persianas, se aprovecha la iniciativa en la Red, una pequeña inquietud emprendedora y, a la vez, una gran solución para muchos artesanos.

“Se puede decir que nosotros le estamos poniendo ahora dinero al negocio. El beneficio real va para las personas que venden sus productos porque no cobramos nada por darles cobijo en la página. Solo ingresamos por comisiones”, explica Matilde Guitar. La empresa acoge ya a comerciantes artesanos de toda España.“Ven en nosotros una oportunidad que no les conlleva gasto alguno”, apostilla sobre una iniciativa pionera.

Existen muchas páginas de venta por Internet, pero ninguna otra que se limite a productos artesanos y que compatibilicen todos los sectores. En este sentido, precisa Guitar que “muchos relacionan nuestra web con la gastronomía, pero solo es una parte. Se pueden comprar desde muebles a bolsos. El único requisito es que sea artesano”.

Matilde, a la que le encanta “explorar nuevos ámbitos”, advierte que www.comorigen.com es “un producto básico”. “Soy ambiciosa, que no codiciosa, y nuestro servicio se puede mejorar. Es nuestro siguiente objetivo. Tiene un diseño inicial y el deseo es invertir en la plataforma para obtener ventas mayores. El marketing es difícil y caro, pero hay que echarle imaginación y voluntad. Queremos que los artesanos tengan cada vez más beneficios”, indica Matilde Guitar.

La crisis azota con más violencia a los más desfavorecidos que al resto de la población. Un paradigma de esta máxima está localizado en el barrio onubense de El Torrejón. A la exclusión social que padece desde su existencia a finales de los setenta se unen la coyuntura económica y la situación de bloqueo en la que se encuentra por el enfrentamiento entre las administraciones. Desde su inicio, el barrio Alcalde Diego Sayago, su nombre oficial, ha necesitado del amparo permanente tanto de la Junta de Andalucía como del Ayuntamiento de Huelva. En la actualidad, los diferentes colores políticos de estas instituciones suponen una barrera para salir del estancamiento.

El Torrejón fue construido en 1977, bajo la financiación entonces del Instituto Nacional de la Vivienda y dentro de un Plan Municipal de Erradicación del chabolismo. La población procedente de los asentamientos de Marismas del Odiel, Pinar de Balbueno y Chorrito se aglutinó en una barriada que ha sufrió problemas jurídicos con escrituras hasta 2005, cuando la Delegación de Obras Públicas de la Junta estableció legalmente división horizontal. Es uno de los barrios más periféricos de la capital onubense, con mayoría de población obrera.

Ese mismo año 2005, la remodelación integral de las casi 1.500 viviendas que componen El Torrejón ya era imprescindible. Principalmente se detectaron importantes defectos en la construcción de cubiertas y en el abastecimiento de agua. La Junta tomó la responsabilidad de inmediato y ya en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2003-2007 incluyó partidas. También en la reedición del programa (2008-2012), pero en este caso aún existen muchas ejecuciones pendientes. Más aún en el Plan 2013-2016, que ni siquiera está aprobado. La escasez de fondos perpetúa la rehabilitación. La consecuencia es la interrupción continua de las obras y la desesperación de sus habitantes. En los últimos días, el Consistorio, con equipo de gobierno del PP, se ha hecho portavoz de ellos.“Los vecinos del Torrejón se ven obligados a convivir diariamente con zanjas que se han dejado abiertas, sin ningún tipo de protección, con cuadros y cables eléctricos al descubierto que suponen un gran riesgo”, ha denunciado el viceportavoz y teniente de alcalde de Infraestructuras y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias.

El grupo municipal del PP ha aprobado una moción para poner de manifiesto “una absoluta irresponsabilidad de la Junta de Andalucía”. La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, en manos de IU a partir del acuerdo de Gobierno andaluz con el PSOE, prevé que en 2013 se puedan acometer varias de las ejecuciones más perentorias. En cualquier caso, la Junta defiende que ha invertido recientemente 14 millones de euros en la reparación de edificios localizados en la plaza Rosa y en las calles Magnolia, Margarita, Azucena, Gladiolo y Clavel, beneficiando a 336 familias. La intervención ha consistido en la eliminación de barreras arquitectónicas en las zonas comunes de los bloques y en la implantación de ascensores, así como en la mejora de las redes de suministro, fachadas y cubiertas.

El teniente de alcalde, sin embargo, exige “la inmediata solución de los graves problemas de inseguridad generados por el abandono repentino de las obras y la ejecución de las actuaciones necesarias para garantizar la accesibilidad y normal convivencia en el barrio”.

El Ayuntamiento, no obstante, no se libra de la denuncia vecinal. Los casi 5.000 habitantes de El Torrejón sufren “falta de limpieza en las calles, acumulación de basuras y barreras arquitectónicas en los espacios públicos”, asegura María Rodríguez, una de las vecinas. “Se crean –añade- auténtico barrizales por los que no se pueden transitar cuando llueve”. Esta ciudadana también se queja de una práctica común de la que no son ajenas las administraciones, aunque no actúan: centenares de vecinos fabrican tomas de luz y agua ilegales. “Esto hace que algunos paguemos impuestos y otros no, con las injusticias que se crean”, expone esta habitante de El Torrejón.

El Ministerio de Fomento lo tiene catalogado como 'barrio vulnerable' en Españacatalogado como 'barrio vulnerable' en España, por la tasa de paro, siempre muy por encima de la media nacional, y por el porcentaje de población analfabeta y sin estudios, en torno al 30%, entre otros factores.

Los problemas de exclusión, pobreza o desempleo son comunes a todos los barrios del Distrito V de Huelva, al que pertenece la barriada Diego Sayago y donde la densidad de población es la mayor de la ciudad, con más de 50.000 habitantes en total. El índice de viviendas sociales es muy alto.

En este contexto, la inseguridad y la delincuencia se dejan notar. Después de seis años de reivindicaciones vecinales, El Torrejón inauguró en marzo de 2011 una Comisaría de Policía Local para todo el distrito. Las protestas dirigidas al Ayuntamiento en este apartado se han mantenido, en busca de un servicio de más calidad.

Recientemente, por otra parte, la Policía Nacional desmanteló el mayor punto de venta de hachís al menudeo de Huelva, localizado en esta barriada. Es solo un ejemplo la histórica actividad delictiva de la que no se ha logrado desprender El Torrejón desde su nacimiento. Las administraciones también han dedicado muchos esfuerzos en las tres últimas décadas a paliar la exclusión social en la zona. La última de las iniciativas es la asignación de la Junta de Andalucía de 1,2 millones para medidas extraordinarias y urgentes. Las concejalías de Empleo, Servicios Sociales e Infraestructuras del Ayuntamiento de Huelva perfilan un plan conjunto para sacar el máximo rendimiento a esta partida. Son incentivos a la contratación, el refuerzo del servicio de ayuda a domicilio y ayudas a la alimentación.

Lepe, el segundo municipio de la provincia de Huelva en número de habitantes (28.000), se fragmenta. Las últimas elecciones municipales, las de mayo de 2011, revalidaron la mayoría absoluta del Partido Popular (PP), pero reservaron hueco en la Corporación al Partido Socialista (PSOE), Partido Andalucista (PA) e Izquierda Unida (IU). Las encuestas generales proyectan un mapa político igual o más variado y mucho más ajustado para 2015 en el municipio lepero, como en otras muchas poblaciones. En este caso la segmentación la delimitan los ediles, no los partidos, al menos a día de hoy, a casi dos años de los próximos comicios.

El polvorín en el que se ha convertido la Corporación por conflictos internos en PP y PSOE motiva que cada uno de los concejales y sus seguidores tengan un peso decisivo.

El alcalde, el popular Manuel Andrés González, ha prescindido de la hasta ahora su número tres y segunda teniente de Alcalde, Josefa Cristo, para las labores ejecutivas. Pasa a ser una concejala sin competencias “por la reestructuración de las áreas de Gobierno, que se reagrupan y reducen en número, con el propósito de optimizar los recursos municipales y su gestión”. Es la versión oficial. La de Josefa Cristo es que su destitución responde a discrepancias con otros compañeros del grupo, en especial con el primer teniente de alcalde, Juan Manuel González. El posible adiós de Manuel Andrés González, con proyección política regional, aviva la disputa. El alcalde lepero es parlamentario andaluz y actual presidente de los populares onubenses.

Cristo valorará en los próximos meses la idoneidad de una candidatura independiente. Su dedicación a los servicios sociales durante años le permite contemplar esta posibilidad apoyada en el contacto directo con la ciudadanía.

No es la única opción para un grupo independiente o para establecer acuerdos que alteren el estado de cosas actual. Tres de los cinco concejales del PSOE en el Ayuntamiento lepero se marcharon de la formación en junio. María del Mar Antonete, María Isabel Fernández y José María Álvarez son ahora concejales no adscritos. Los servicios jurídicos del Consistorio le han impedido constituirse en grupo mixto en plena legislatura, un deseo que les hubiera convertido en la segunda fuerza política, ya que el PA tiene dos ediles por uno de IU.

Los problemas internos del PSOE de Lepe no son nuevos. Gobernó durante 20 años, hasta la irrupción del popular Manuel Andrés González hace una década. El municipio lepero, una de las referencias económicas de la provincia de Huelva, fue feudo socialista hasta 2003. Entonces, el PA dio el apoyo necesario al PP. A continuación llegaron dos mayorías absolutas de González y graves conflictos en el seno del PSOE. Ya en julio de 2010, la Comisión Ejecutiva Federal suspendió de derechos de militancia a 132 de los 135 militantes del partido en Lepe por la división en la agrupación a cuenta de los posibles candidatos para las elecciones de 2011.

IU cierra la lista de grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Lepe, pero un único concejal le es suficiente para ser la posición más activa en la actualidad frente a la mayoría absoluta del Partido Popular -13 ediles. Hoy por hoy constituye el grupo más batallador para el equipo de Gobierno y la coyuntura de Lepe le abre nuevas expectativas para 2015. El munícipe Javier Valderas, hijo del actual vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, gana en número de iniciativas y reivindicaciones y por presencia en los medios de comunicación. Gana al Partido Socialista (PSOE), herido tras una escisión, y al Partido Andalucía (PA), que tiene más representantes en el Pleno pero una nula presencia mediática y una inexistente labor orgánica local desde las últimas elecciones. Ni una sola rueda de prensa, ni un sólo comunicado y un futuro por definir tras dos resultados en descenso en las dos últimas citas con las urnas.

A Valderas se le puede ver todos los jueves de 10 a 12 en la Plaza de España de Lepe, junto a la Casa Consistorial. Allí recibe a los ciudadanos que lo deseen. La postura simbólica se corresponde con la reivindicación de una dependencia en el Ayuntamiento durante los dos últimos años. “Estaba harto de preparar los plenos en cualquier sitio, de no poder recibir a nadie dignamente o de tener que hablar con los ciudadanos en los pasillos del Ayuntamiento”, dice.

Con números y con argumentos. El profesor titular de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad de Huelva (UHU) Juan Mora ha conseguido demostrar en su libro Calidad y democracia. Del sistema electoral a la rendición de cuentas que la actual estructura de los comicios generales en España beneficia a los partidos mayoritarios, Partido Popular (PP) y Partido Socialista (PSOE). Sólo con la voluntad de ambos se pueden corregir las deficiencias del sistema electoral, injusto actualmente, según el trabajo científico de este autor que acaba de ver la luz.

Juan Mora propone en su libro soluciones que abrirían nuevas perspectivas a formaciones de implantación nacional minoritarias en el Congreso de los Diputados pero emergentes. Son los casos, por ejemplo, de Izquierda Unida (IU) y Unión Progreso y Democracia (UPyD). Al mismo tiempo, ofrece involuntariamente una obra de culto para indignados y un caldo de cultivo ideal para la desconfianza hacia los dos grandes partidos, patente en todas las encuestas de popularidad recientes. Esta segunda utilidad de Calidad y democracia es, sin embargo, casual. Su publicación es el resultado de 10 años de trabajo. La inquietud es muy anterior al inicio de la crisis actual.

“Huyo del populismo. Es más, creo que no estamos tan mal como se dice. Gran parte de la crisis es consecuencia del clima de opinión catastrofista que se ha creado”, opina Mora, autor de innumerables artículos en publicaciones sobre teoría de la democracia, análisis electoral, filosofía del derecho, filosofía política, sociología del derecho y derechos humanos.

Al diagnóstico de los vicios del sistema electoral acompaña como aportación más atractiva una alternativa basada en la creación de una bolsa de 50 escaños, de los 350 que componen el hemiciclo nacional, para computar los votos de los partidos de implantación nacional que no alcancen representación en su circunscripción. Sería la forma de acabar con el voto útil que, a su juicio, limita la calidad de la democracia, y reducir la tasa de abstención. También aboga por la eliminación del voto en blanco, sin asignación pero con influencia en los porcentajes mínimos para que los grupos minoritarios obtengan representaciones.

Y, como punto de partida, destaca en su ensayo que el voto del ciudadano desemboque en un reparto proporcional en función de las poblaciones. En este sentido, comenta: “Las pasadas elecciones generales -20 de noviembre de 2011- volvieron a sacar a la luz los desajustes del sistema electoral porque se observan grados oscilantes de desproporcionalidad. No tenemos un sistema electoral, tenemos muchos distintos en función de las circunscripciones”.

La “utilidad territorial” es otro de los defectos del modelo actual. El libro recoge un ejemplo revelador: “(…) AMAIUR, con 333.628 votos, que representan el 1,37% del total nacional, conquista siete actas de diputado. Si comparamos su coste por diputado, 47.661, es muy inferior a los de IU-LV y UPyD. Esto entraña que IU-LV con 1.347.182 votos más sea compensada con 4 diputados más, mientras que UPyD, con un resto a su favor de 806.614 votos, se ve penalizada con 2 diputados menos”.

Calidad y democracia contiene dos propuestas de variación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Con los resultados de las elecciones de 2011 pasados por ambos filtros, el PP mantendría la mayoría absoluta, IU y UPyD subirían en escaños y los nacionalistas se mantendrían en una situación similar. Muy distinto sería el reparto si se tienen en cuenta las encuestas más recientes.

La fragmentación del electorado se reflejaría fehacientemente en el Congreso según la tesis de Mora. “El coste del cambio sería cero y la aplicación podría ser inmediata desde un punto de vista técnico. No sería incompatible con la doctrina del Tribunal Constitucional y sólo exigiría modificaciones en muy pocos pero decisivos artículos de la LOREG”, explica.

A juicio de Juan Mora, “el sistema se muere si no se cuida”. “Tenemos que intentar que la acción de votar sirva para algo”, apostilla. El profesor de la Universidad de Huelva, por otro lado, apuesta por “una transición moderada”. “Se pueden hacer más variaciones. Apenas se ha tocado la Ley desde 1977, pero no se puede cambiar todo de golpe. Hay que ir paso a paso”.

Calidad y democracia. Del sistema electoral a la rendición de cuentas también hace una gran aportación a la comunidad académica, ya que recopila los métodos de medición de calidad democrática existentes en todo el mundo. La democracia española “logra una valoración desigual” en función del barómetro elegido, pero todos advierten de los peligros de su “especial vulnerabilidad de nuestro sistema al impacto de las externalidades económicas en el tejido social”.

En algunas clasificaciones sorprende su baja clasificación, por detrás de países que en España no se consideran plenamente democráticos. “¿Por qué reducir la participación a la competencia electoral?, ¿por qué no democratizar los partidos políticos limitando el poder de los aparatos?, ¿por qué no buscar fórmulas de representación locales e intermedias, instaurando una ”democracia de cercanía“?, ¿por qué no potenciar las nuevas tecnologías para la planear múltiples modos de e-participación?, ¿por qué no extender la capacidad de legislar a la ciudadanía, de manera efectiva, óptima y accesible? (…)”. Todas estas preguntas se hace Juan Mora. Y asegura que no es un indignado.

Mario Jiménez ocupa el segundo lugar en todas las quinielas para suceder a José Antonio Griñán como candidato socialista, pero en Huelva nadie lo descarta como primera alternativa. La carrera meteórica de este moguereño de 42 años es un obstáculo para Susana Díaz. En 2010 fue nombrado portavoz del grupo en el Parlamento de Andalucía y en 10 días cumplirá un año como vicesecretario general del PSOE-A. No en vano, es el actual número dos del partido cuando hasta hace tres años su recorrido solo había sido provincial.

Jiménez ha eludido pronunciarse sobre las opciones para las primarias y se la limitado a aplaudir a Griñán. Tampoco sus compañeros en Huelva han querido aventurarse con comentarios a 100 kilómetros de distancia. En cualquier caso, nadie duda en la sede de El Conquero que el político de Moguer tendrá un papel relevante en el futuro de los socialista andaluces a medio plazo, al menos en el proceso de cambio.

Huelva ya ha tenido un candidato en las últimas elecciones, la de Diego Valderas (IU), actual vicepresidente de la Junta de Andalucía. El tándem onubense dentro del pacto de izquierdas es hoy una posibilidad que pocos se atreven a obviar a la espera de la presentación de candidaturas oficiales.

Al 15M de Huelva se le abre en el poder legislativo una puerta que le acaba de cerrar el poder judicial. El anteproyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía, que se anticipa a la normal estatal que ahora es objeto de debate, obligará a los ayuntamientos a retransmitir los plenos municipales y a permitir que sean grabados por los asistentes, entre otras exigencias. En un año aproximadamente, el Ayuntamiento de Huelva tendrá que autorizar a los miembros de este movimiento a cumplir con el cometido que persiguen desde el pasado marzo: difundir con imágenes todo lo que se diga y vote en las sesiones plenarias del Consistorio.

En Huelva, de hecho, el 15M ha centrado sus esfuerzos en los últimos meses en garantizarse el derecho a grabar los plenos, sobre todo después del incidente del pasado 22 de marzo. Entonces, los asistentes adscritos a esta plataforma ciudadana intentaron tomar imágenes de la asamblea municipal y fueron expulsados del salón de Plenos. De nada sirvieron las reclamaciones y la amenaza de denuncia en un primer momento porque en los plenos posteriores volvieron a toparse con la negativa en sus repetidos intentos. El 15M onubense, que también se ha quejado de que el Consistorio de Valverde del Camino tampoco lo permite, se ha adherido a la iniciativa nacional “Graba tu pleno” y está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. De hecho, el caso ha traspasado las puertas de los juzgados finalmente.

En el último pleno de abril, la Policía Local impidió el paso al pleno a dos miembros del movimiento y Diario Progresista sostiene que el Ayuntamiento de la capital onubense ha elaborado una lista negra para impedir el acceso al edificio consistorial de manera discriminada. Fue una gota más. El 15M onubense presentó una denuncia el mismo mes de abril, después de considerar el rechazó de la alcaldía a una petición de reunión y detectar falta de apoyo en los grupos de la oposición.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Huelva, sin embargo, la ha archivado recientemente. El auto indica que “no está debidamente justificada la perpetración de un delito”, aunque deja abierta la vía administrativa: “En todo caso sería procedente el recurso administrativo contra la resolución municipal”.

El 15 M de Huelva basa su protesta en que “no hay norma jurídica que prohíba” grabar un pleno y en el cauce penal se apoyó, sin éxito, en dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 2009 y 2011 y una del Juzgado Contencioso-Administrativo de Salamanca del año pasado.

El doble objetivo del movimiento en este apartado es “conseguir que cualquier persona pueda grabar y difundir los plenos sin necesidad de comunicación previa” y que el propio Ayuntamiento cree “una base de datos pública, gratuita y de calidad” de todos los plenos.

La Granada de Riotinto es el municipio de Andalucía con el mayor número de parados inscritos en relación con su población en edad laboral, entre 16 y 64 años. El 35,58 por ciento de sus habitantes potencialmente activos están en situación de desempleo. Esto es sólo la estadística, la realidad es aún peor, mucho peor, según explica su alcalde, José Justo Martín (Izquierda Unida): “La cifra se acerca al 90 por ciento, ya que de los datos escapan las personas que están contratadas por el Ayuntamiento durante 15 días para un trabajo específico”. “El momento es históricamente muy angustioso. Se me dan casos de personas que me piden dinero para el autobús que le lleva a la capital para ir al médico”, resume.

En esta localidad onubense habitan 240 personas. A pesar de tratarse de una población pequeña, es un paradigma claro de la coyuntura de la Cuenca Minera de Huelva, donde la crisis se dejó notar mucho antes que en el resto de España por la parálisis de la actividad minero-metalúrgica. La acumulación de penurias económicas amenaza con estrangular la comarca.

José Justo Martín, que ya se encontró con esta grave situación cuando accedió a la alcaldía, observa en la reapertura de la Mina de Riotinto “la gran solución” a los graves problemas actuales. La incertidumbre que generan los proyectos presentados y la demora del proceso administrativo, sin embargo, taponan esta válvula de escape. “El pueblo ya no cree en los proyectos mineros”, asegura el alcalde de La Granada de Riotinto, quien se declara, por el contrario, optimista: “Va con lentitud, pero confío en la administración y en que se vuelva a crear un tejido sociolaboral al alrededor de la mina. Espero que sea pronto porque la Cuenca Minera está hundida”.

La actividad minera demandaría un personal cualificado que La Granada puede aportar, y otro no cualificado. “Ahora mismo la veo como una de las pocas soluciones y hay que explotarla al máximo”, apostilla Martín.

Mientras, el equipo de Gobierno se afana en impulsar la construcción, el sector que sustituyó a la minería en el municipio en la modalidad de rehabilitaciones, principalmente. En este sentido, la construcción en La Granada de Riotinto está muy asociada al empleo público eventual, de ahí que se echen de menos las partidas del Plan de Vivienda de la Junta de Andalucía que implicaban contrataciones en rehabilitación de edificios. “Desde 2009 está bloqueado para nosotros y se ha notado una barbaridad”, asegura el alcalde alfillanco, que agrega: “Ahora es el Ayuntamiento el único que aporta trabajo en el municipio. Contratamos a personas de 15 en 15 días con turnos rotatorios para repartir lo que hay y que todos tengan para pagar la luz, por ejemplo”.

Finalizar el centro de jóvenes, la eliminación de barreras arquitectónicas, crear aceras más grandes, extender el empedrado de más calles, habilitar una parcela de aparcamiento, la instalación de la cubierta del polideportivo, la reforma del colegio y el fomento del turismo rural en la Dehesa de Valdehiguera son algunas de las actuaciones en la agenda de José Justo Martín. Sin la ayuda del resto de administraciones, sin embargo, son inviables.

El Decreto Ley que acaba de aprobar el Gobierno andaluz con medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social deja en Huelva 5,4 millones de euros. A La Granada de Riotinto se le asignan 2.397,73 euros, en función del número de habitantes y de parados. “Me ha sorprendido la cantidad que se nos da. Poco podremos hacer. Podremos contratar a tres o cuatro personas durante algunos días”, calcula el regidor de Izquierda Unida.

En La Granada, la industria sólo genera autoempleo en dos fábricas de quesos. También existen pequeñas explotaciones ganaderas. “Aquí se sobrevive y, aunque me duele decirlo, a costa de los padres. Los jóvenes están a expensas de lo que les podamos dar desde el Ayuntamiento. La situación es muy delicada”, insiste Martín.

IU y los sindicatos llaman a la movilización contra el paro en la Cuenca Minera. Hace unos días comenzaron a cumplir con un calendario de reivindicaciones en la zona para que la población exija medidas que generen empleo en una comarca donde más de la mitad de la población está en paro. “La reactivación industrial de esta comarca es algo prioritario”, afirma el secretario provincial de Comisiones Obreras (CCOO), Emilio Fernández. El alcalde de Zalamea la Real, Marcos Toti, también de IU, exige “planes especiales para la zona tanto al Gobierno central como al autonómico”. Zalamea, otras de las localidades de la Cuenca Minera onubense, lamenta un 23,47 por ciento de desempleo entre su población activa.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, ya se ha despedido ante sus compañeros de Huelva de su cargo de coordinador regional de IULV-CA, responsabilidad que ha tenido durante los últimos 13 años. En el marco de la asamblea onubense, a la que pertenece por origen, Valderas ha ensayado el adiós que protagonizará oficialmente los próximos 14, 15 y 16 de junio en la XIX Asamblea Andaluza de la formación. “Aquí presento mis credenciales y entrego el testigo desde la lealtad y la convicción”, dijo delante de sus paisanos, agradeciendo “el apoyo de las bases”. “De ellos he recibido lo mejor durante estos años”, agregó.

El dirigente bollullero ha evitado dar por hecho públicamente el nombramiento de Antonio Maíllo como su sucesor, pero su mensaje es indicativo: “La responsabilidad de tomar esa decisión es suya, aunque está claro que tiene un fuerte apoyo en la coalición y goza de toda mi confianza y lealtad”, ha asegurado Valderas, quien niega su retirada del ámbito orgánico. En este sentido, comentó: “Seguiré trabajando duro, aunque en un segundo plano en la organización”. Menos aún el vicepresidente de la Junta piensa en dejar la política. De hecho, ni se le pasa por la cabeza dejar el Gobierno autonómico.

Valderas, por el contrario, se expresa partidario de dar vía libre al trabajo de organización de “otros compañeros” y pone como ejemplo, precisamente, las asambleas provinciales que se han desarrollado en el último fin de semana y las que se están celebrando.

“Se ha fortaleciendo el proyecto político de IULV-CA con unas asambleas que han discurrido muy bien, sobre todo con candidaturas unitarias, aunque hay algunas provincias que llevan dos, pero desde la unidad en la acción política, por lo que no hay ningún problema”, ha señalado el todavía coordinador regional de los izquierdistas andaluces.

En su opinión, “el objetivo central debe ser mirar a Andalucía y defender a la mayoría social”. “Hay que escuchar a la gente de nuestra tierra, que está sufriendo las duras condiciones impuestas por una política que no podemos compartir, como es la política del Gobierno de España, que emana en muchas ocasiones de Bruselas y que nosotros rechazamos”, ha explicado.

Valderas fue testigo directo del nombramiento de los 12 delegados onubenses en la Asamblea Andaluza, no así de la elección de la nueva ejecutiva, que sí se ha llevado a cabo en el resto de provincias. La asamblea de Huelva ha pospuesto la decisión a septiembre, circunstancia a la que quita hierro el propio Valderas: “Se pospone el debate de organización para dar prioridad al debate político, simplemente. No hay ningún tipo de problema interno y será el actual coordinador (Pedro Jiménez) el que fije el calendario”.

El actual responsable de la Oficina de la Vicepresidencia de la Junta en Huelva, Francisco Javier Camacho, y el diputado Rafael Sánchez Rufo son los principales candidatos a día de hoy.

No está todo perdido en la fresa de Huelva. Los empresarios se preparan para los peores resultados en años de una campaña fresera, pero al mismo tiempo ha decidido alargarla en junio en busca de un repunte milagroso. La bajada de temperaturas en el último mes lo hace posible. La meteorología ralentiza la temporada turística, otro de los soportes económicos de la provincia de Huelva, pero da otra oportunidad a la agricultura.

Es poco habitual ahora que el fruto rojo se alargue hasta el verano, pero las circunstancias lo justifican, sin olvidar que en otro tiempo junio y hasta julio acogían a los 'berris'. Eran otros tiempos. La lluvia, por el contrario, es el peor de los agentes atmosféricos para la fresa y es poco probable que las temperaturas moderadas le den todo lo que le ha quitado el agua durante la primavera.

La provincia onubense concentra más del 90 por ciento de este cultivo en España. Es la primera productora de Europa y la segunda del mundo tras California, aun con la caída de la producción, cuyos datos definitivos están pendientes del cierre definitivo de la campaña. El consumo del oro rojo en el Viejo Continente también ha descendido, y con ello los precios, hasta un 20%. El gran inconveniente ahora para una remontada final es que Francia, Italia, Holanda o Bélgica, destinos importantes desde principios de año, ya empiezan a producir en esta época y la entrada de fruta en fresco en los mercados internacionales se restringe.

En estas circunstancias, las previsiones son poco halagüeñas y el propio presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Fresa de Huelva (Freshuelva), Alberto Garrocho, utiliza el adjetivo “nefasta” para referirse a la campaña aún en curso, en contraste con las buenas expectativas del sector en octubre. Entonces, el objetivo con visos de cumplirse era alcanzar una producción similar a la de la temporada anterior, con unas 280.000 toneladas.

“Disponemos de una carga de fruta que no sabemos si se podrá destinar a industria o finalmente se le podrá dar salida en fresco, ya que se están produciendo recortes en los pedidos de las grandes cadenas de distribución”, explica Garrocho a falta de un recuento final. “En mayo se ha producido un repunte de los precios, pero insuficiente teniendo en cuenta que durante las cuatro semanas posteriores a Semana Santa los precios fueron ridículo”, asegura el presidente de la patronal fresera.

Garrocho pide que se tomen medidas para los próximos cursos para evitar que el sector “se vea envuelto año tras año en el mismo problema, sobre todo en abril”.

La fresa de Huelva ha perdido por las precipitaciones de primavera en torno al 25% de la producción comercializable, según los cálculos provisionales. A este dato negativo se suma la contracción del consumo especialmente en Alemania, el primer cliente de la fresa española con un tercio de las compras totales en 2012.

El gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez, argumenta que “el efecto acumulado de ambas circunstancias –descenso de la producción y de los precios- es que los productores, a pesar de la reducción de cosecha, no han visto subir precios sino que, por el contrario, se encuentran en torno a un 20% de media por debajo del nivel de la campaña pasada”.

Y frente a la caída de la comercialización en fresco, los envíos fuera de España con destino a la industria se han incrementado en torno a un 50% en relación a 2012, en el que solo representaron una cuarta parte del total. Hay que tener en cuenta, no obstante, que los precios de la fresa para transformación son menores, entre 25 y 30 céntimos por kilo.

El permanente debate interno en torno a las condiciones laborales de los trabajadores de la fresa tampoco ayuda a la campaña. El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) denunció la pasada semana la situación “escandalosa, dramática y humillante” de supuesta explotación en los campos onubenses. Fueron palabras de su portavoz nacional, Diego Cañamero, que mantiene el mismo discurso desde hace más de una década.

Cañamero sostiene que está realizando “un trabajo serio, pueblo a pueblo, tajo a tajo, escuchando a los temporeros, tanto autóctonos como extranjeros, que viene a denunciar y a quejarse de prácticas alegales en una campaña que genera más de 70.000 puestos de trabajo y 200 millones de euros en jornales”.

Freshuelva lo niega y acusa a Cañamero de realizar “graves acusaciones”. “Las empresas asociadas se ciñen escrupulosamente a la legalidad vigente y se ajustan al convenio del campo acordado por la patronal (ASAJA) y los sindicatos UGT y CCOO”, responde la asociación apoyándose en “certificadoras independientes que en muchas de las empresas asociadas evalúan y califican las políticas empresariales y laborales de los productores”. Freshuelva va más allá cuando en un comunicado denuncia que estas declaraciones “ponen en riesgo la continuidad de un pilar fundamental para el progreso y el desarrollo económico de la provincia de Huelva”.

Hace tres años que no salen las cuentas en casa de María del Carmen. Es el tiempo que lleva sin pagar la cuotas. Durante los seis primeros años de residencia en este piso de la barriada de La Hispanidad, sus pagos fueron regulares. Su caso es ahora una fotografía de la situación de miles de españoles.

La decisión de la Junta de Andalucía de expropiar el inmueble para evitar el desahucio es un alivio para esta familia, aunque no la situación definitiva. Amén de que la empresa afectada tiene 15 días para presentar alegaciones, oficialmente la casa deja de ser suya. María del Carmen tiene que aportar el 25 por ciento de sus ingresos en concepto de alquiler y la medida expira dentro de tres años. En mayo de 2016, ella y sus familiares tendrían que abandonar definitivamente el hogar si no asciende su nivel adquisitivo.

“Para nosotros es un respiro muy importante porque no podía ni dormir en las últimas semanas pensando qué sería de nosotros. Es una gran alegría porque daba por hecho que nos teníamos que ir, aun saliendo adelante la petición a la Junta”, asegura esta onubense. La orden de desahucio es del 14 de mayo y la solicitud del inicio de expediente de expropiación es del 24 de abril. “Pensaba que todo se iba a alargar mucho más, por lo que estamos muy contentos”, añade.

La barriada de La Hispanidad pertenece al distrito V de Huelva. Tiene una densidad de 272 habitantes por hectáreas, un ratio que rebasa los límites que marcan todas las legislaciones urbanísticas para una gestión sostenible de los recursos urbanos en los nuevos espacios. Se rebasan las 75 viviendas por hectáreas autorizadas ahora.

Casi 3.000 de los 5.000 habitantes de La Hispanidad tienen más de 65 años. No es el caso de María del Carmen Andújar, pero el necesario e insuficiente Plan Integral del Distrito V, ahora en desarrollo, pone de relieve los graves riesgos de exclusión en toda esta zona de Huelva.