Hace seis meses se creó por primera vez en el Govern de la Generalitat de Catalunya el Departamento de Igualdad y Feminismos con el objetivo de transformar el país desde el feminismo, con un enfoque interseccional y de derechos humanos. Su existencia pone a la sociedad catalana frente a un espejo: se ha creado porque todavía son múltiples las desigualdades, las discriminaciones y las violencias cotidianas machistas, LGBTIfóbicas o racistas. No son hechos puntuales ni aislados, sino que parten de sistemas de opresión estructurales que generan una dominación arbitraria a las personas por el mero hecho de ser quienes son.

Mientras que las políticas públicas de igualdad de género y contra las violencias machistas o las políticas de derechos de las personas LGBTI cuentan con leyes integrales, el antirracismo ha sido hasta la fecha el gran ausente de las intervenciones públicas. En la legislatura pasada Catalunya dio un paso importante con la aprobación de una ley pionera a nivel estatal y europeo, la Ley 19/2020 de igualdad de trato y no discriminación, que el Departamento de Igualdad y Feminismos está desplegando. Sin embargo, para erradicar el racismo en todas sus formas y expresiones –incluyendo el antigitanismo, la xenofobia, la islamofobia y cualquier otro tipo de discriminación étnico-racial– necesitamos una ley específica.

El colonialismo, el tráfico de esclavos o la expulsión de judíos, gitanos y musulmanes de la península pueden parecernos hechos históricos muy alejados del presente, pero han dejado un profundo poso de racismo estructural e institucional en nuestras sociedades. Cuesta admitirlo porque todavía cuesta reconocerlo, como sucede también con el machismo o la LGBTIfobia. ¿Cuántas veces hemos escuchado –o incluso afirmado– “yo no soy racista, pero...”? Evitar llevar a tus hijas a colegios con un alto porcentaje de alumnado de origen inmigrante, no querer alquilar tu piso a quien tiene apellidos extranjeros, impedir la entrada en un local de ocio a una persona por su color de piel u hostigarla en una tienda por considerarla sospechosa, así como reproducir estereotipos y prejuicios sobre la forma de ser de colectivos enteros son algunas de las manifestaciones cotidianas más extendidas de racismo social.

Combatir el racismo imperante pasa por el reconocimiento y representación de la diversidad en todos los ámbitos. Se han dado pasos muy importantes, como es el hecho que por primera vez una mujer racializada de origen migrante lidere la Dirección General de Migraciones, Refugio y Antirracismo, o que una persona gitana sea la responsable de desplegar el organismo para la igualdad de trato y la no discriminación previsto en la Ley 19/2020. No obstante, los avances son escasos y lentos. Los informes periódicos del colectivo #OnSónLesDones contabilizan una presencia de personas racializadas inferior al 1% en los espacios de opinión de los medios de comunicación catalanes. Tampoco los libros de texto escolares, el mundo de la cultura, la dirección de las empresas o las instituciones políticas reflejan la diversidad étnico-racial existente en la sociedad. Por ejemplo, en la legislatura actual del Parlament de Catalunya las personas racializadas ocupan alrededor del 5% de los escaños, y este es el récord histórico de la cámara.

Asimismo, combatir el racismo requiere, de manera fundamental, abordar las condiciones materiales de aquellas personas que por su color de piel, fenotipo, origen o religión padecen unas tasas de pobreza y de exclusión social más elevadas, una mayor precariedad laboral y peores salarios o más riesgo de sufrir ataques contra la integridad física. También hay que identificar y corregir aquellas prácticas racistas que son responsabilidad directa de las administraciones públicas, como las menores oportunidades educativas provocadas por la segregación escolar, los estereotipos y sesgos en la atención proporcionada por los servicios sociales o de salud, o el perfilamiento racial de los cuerpos de seguridad.

Con la aprobación esta semana por acuerdo de gobierno de la memoria preliminar, iniciamos el período de consulta pública abierto a toda la ciudadanía del anteproyecto de ley catalana contra el racismo en todas sus formas y expresiones, a la que seguirá un proceso participativo con organizaciones sociales y personas expertas para la identificación exhaustiva de la problemática, las estrategias de abordaje y las medidas concretas de actuación integral. Asimismo, la redacción del anteproyecto se sincronizará con los trabajos de la Comisión de Estudio del Racismo Institucional y Estructural creada en el Parlament de Catalunya el pasado mes de noviembre, fruto del compromiso de aquellos partidos políticos comprometidos con la democracia y los derechos humanos.

La perspectiva antirracista en las políticas públicas es imprescindible e inaplazable para garantizar una distribución justa y equitativa de los derechos, las obligaciones, las oportunidades y los recursos al conjunto de la ciudadanía sobre la base del reconocimiento y el respeto a la diferencia. Especialmente ante el auge tanto a nivel europeo como global de los discursos y delitos de odio con motivación étnico-racial, la transformación feminista debe ser antirracista, y la ley catalana contra el racismo constituirá un paso muy importante en esta dirección. No valen más 'peros'.

¿Por qué las administraciones públicas y las empresas deben tener planes para garantizar la igualdad efectiva de mujeres y hombres y, en cambio, no están obligados por ley ni los parlamentos ni los partidos políticos ?

Ser mujer con niños pequeños o ser madre mientras se ocupa un cargo político desencadena inevitablemente un conflicto de rol. Como el tiempo es limitado para todos, en función de cómo se invierta te conviertes inexorablemente en mala madre o mala política. Lo podemos ver en el debate abierto a raíz del reciente parto de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como también ha sucedido en los últimos años con los embarazos de la ex ministra de defensa, Carme Chacón, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, o la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

Dedicándose a la política o en otras actividades, las mujeres tienen el derecho a decidir, no sólo cuando ser madres, sino como quieren vivir su maternidad. Pero estos no son los términos con que son juzgadas. Si Ada Colau acaba haciendo uso de las 16 semanas del permiso de maternidad a que tiene derecho por ley, será acusada de dejación de funciones. Si no se coge el permiso entero, se le reprochará que no representa al conjunto de mujeres, que no hace pedagogía con su ejemplo de la (mal llamada) conciliación familiar y laboral, que hace perder valor a los derechos existentes, o incluso que no practica en su vida privada el programa político que defiende. En resumen, “damned if you do, damned if you do not”, la crítica está servida haga lo que haga.

Este debate público es muy revelador del machismo sobre el que se asienta la sociedad en general y la política en particular. Mientras que la vida privada de los hombres es irrelevante en su evaluación pública, en el caso de las mujeres esta pantalla no está superada. Las exigencias que comporta el ejercicio de un cargo de responsabilidad política se presentan todavía de manera implícita como incompatibles con las expectativas sobre la responsabilidad de las mujeres en el cuidado de los niños. No es de extrañar, pues, que el volumen de diputadas sin hijos/as sea 20 puntos porcentuales superior al de los diputados. La brecha en la (ma)paternidad es incluso más amplia entre los cargos de los gobiernos. Y en todas las instituciones políticas, la permanencia de las mujeres es drásticamente inferior a la de los hombres.

A pesar de que también han sido padres estando activos en política, nadie ha pedido como lo hacen o hicieron por “conciliar” a Oriol Junqueras, Josep Rull, Francisco Álvarez-Cascos, David Cameron, Tony Blair o Nicolas Sarkozy, ni si cogen entero el pírrico permiso de paternidad que ofrece la legislación laboral española o si hacen pedagogía de los permisos iguales e intransferibles estando apartados de la política durante dieciséis semanas. No, claro que no; se da por supuesto que ser padre no afecta las responsabilidades políticas. La sociedad patriarcal explota así el conflicto de rol exclusivamente en el caso de las mujeres, como demuestra el hecho de que sólo las mujeres desarrollen un sentimiento de culpa por la ausencia familiar que supone la dedicación intensiva y las largas jornadas que conlleva la política.

Mientras discutimos sobre qué “deberían” hacer las mujeres, dejamos de poner la mirada en el hecho de que las instituciones políticas están diseñadas en base a la experiencia vital de los hombres. Impera la demanda de una hiperpresencialitat en actos y reuniones que no es compatible ni con la vida familiar ni con ningún otro tipo de vida privada. Al reclamo de hiperliderazgos por parte de los medios de comunicación, se suman unos horarios largos de trabajo institucional o en la organización de los partidos que terminan tarde por la noche y que a menudo se prolongan en reuniones fuera de los espacios formales, en horarios aún más intempestivos. Aquí es donde se forjan redes informales de confianza y de poder, básicamente entre hombres, ya que son los que, en general, tienen la vida familiar resuelta y pueden permitirse llegar a casa a la hora que sea.

En fin, en lugar de seguir discutiendo si las mujeres políticas deberían tomar el permiso de maternidad entero o no, planteémonos las siguientes preguntas: ¿Podemos seguir considerando como verdaderamente democráticas las instituciones y organizaciones con un funcionamiento cotidiano que discrimina a las mujeres? ¿Por qué las administraciones públicas y las empresas deben tener planes para garantizar la igualdad efectiva de mujeres y hombres y, en cambio, no están obligados por ley ni los parlamentos ni los partidos políticos ?.

Per què les administracions públiques i les empreses han de tenir plans per garantir la igualtat efectiva de dones i homes i, en canvi, no hi estan obligats per llei ni els parlaments ni els partits polítics?

Ser dona amb criatures petites o ser mare mentre s’ocupa un càrrec polític desencadena inevitablement un conflicte de rol. Com que el temps és limitat per a tothom, en funció de com s’inverteixi s’esdevé inexorablement mala mare o mala política. Ho podem veure en el debat obert arran del recent part de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com també ha succeït en els darrers anys amb els embarassos de l’ex ministra de defensa, Carme Chacón, la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáez de Santamaría, o la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

Dedicant-se a la política o a altres activitats, les dones tenen el dret a decidir no només quan ser mares sinó com volen viure la seva maternitat. Però aquests no són els termes amb què són jutjades. Si Ada Colau acaba fent ús de les setze setmanes del permís de maternitat a què té dret per llei, serà acusada de deixament de funcions. Si no s’agafa el permís sencer, se li retraurà que no representa el conjunt de dones, que no fa pedagogia amb el seu exemple de la (mal anomenada) conciliació familiar i laboral, que fa perdre valor als drets existents, o fins i tot que no practica en la seva vida privada el programa polític que defensa. En resum, “damned if you do, damned if you don’t”, la crítica està servida faci el que faci.

Aquest debat públic és molt revelador del masclisme sobre el qual s’assenta la societat en general i la política en particular. Mentre que la vida privada dels homes és irrellevant en la seva avaluació pública, en el cas de les dones aquesta pantalla no està superada. Les exigències que comporta l’exercici d’un càrrec de responsabilitat política es presenten encara de manera implícita com a incompatibles amb les expectatives sobre la responsabilitat de les dones en la cura de les criatures. No és d’estranyar, doncs, que el volum de diputades sense fills/es sigui 20 punts percentuals superior al dels diputats. La bretxa en la (ma)paternitat és fins i tot més àmplia entre els càrrecs dels governs. I en totes les institucions polítiques, la permanència de les dones és dràsticament inferior a la dels homes.

Malgrat que també han sigut pares estant actius en política, ningú ha demanat com s’ho fan o van fer per “conciliar” a Oriol Junqueras, Josep Rull, Francisco Álvarez-Cascos, David Cameron, Tony Blair o Nicolas Sarkozy, ni si agafen sencer el pírric permís de paternitat que ofereix la legislació laboral espanyola o si fan pedagogia dels permisos iguals i intransferibles estan apartats de la política durant setze setmanes. No, és clar que no; es dóna per suposat que ser pare no afecta les responsabilitats polítiques. La societat patriarcal explota així el conflicte de rol exclusivament en el cas de les dones, com demostra el fet que només les dones desenvolupin un sentiment de culpa per l’absència familiar que suposa la dedicació intensiva i les llargues jornades que comporta la política.

Mentre discutim sobre què “haurien” de fer les dones, deixem de posar la mirada en el fet que les institucions polítiques estan dissenyades sobre la base de l’experiència vital dels homes. Impera la demanda d’una hiperpresencialitat en actes i reunions que no és compatible ni amb la vida familiar ni amb cap altra mena de vida privada. Al reclam d’hiperlideratges per part dels mitjans de comunicació, s’hi sumen uns horaris llargs de treball institucional o en l’organització dels partits que acaben tard al vespre i que sovint es perllonguen en reunions fora dels espais formals, en horaris encara més intempestius. Aquí és on es forgen xarxes informals de confiança i de poder, bàsicament entre homes, ja que són els que, en general, tenen la vida familiar resolta i poden permetre’s arribar a casa a l’hora que sigui.

En fi, en comptes de seguir discutint si les dones polítiques haurien d’agafar el permís de maternitat sencer o no, plantegem-nos les següents preguntes: Podem seguir considerant com veritablement democràtiques les institucions i organitzacions amb un funcionament quotidià que discrimina les dones? Per què les administracions públiques i les empreses han de tenir plans per garantir la igualtat efectiva de dones i homes i, en canvi, no hi estan obligats per llei ni els parlaments ni els partits polítics?

¿Dónde está el movimiento feminista en este debate? ¿Qué está en juego para las mujeres?

El debate territorial que ha ocupado de manera destacada la agenda política catalana de los últimos años ha sido en buena medida ciego al género, aunque presenta diferentes implicaciones para las mujeres y para la igualdad. Los partidos y las instituciones no han prestado atención a tales implicaciones y el movimiento feminista tampoco se ha movilizado suficientemente para incorporar la perspectiva de género en este debate público. Vaya por delante que, como el conjunto de la ciudadanía, las feministas y las asociaciones de mujeres somos diversas, no habiendo unanimidad sobre el alcance y la forma de hacer efectivo el derecho a decidir o a la autodeterminación ni tampoco sobre la preferencia por un determinado modelo territorial. Esto no quita que no tengamos que plantearnos las siguientes preguntas: ¿Dónde está el movimiento feminista en este debate? ¿Qué está en juego para las mujeres?

Referéndum y feminismo

Referéndum y feminismoEl feminismo siempre ha planteado la necesidad de repensar la comunidad política y lograr la emancipación individual y colectiva. La comunidad política actual nos ha venido dada y un referéndum nos permitiría definirla, teniendo evidentemente la posibilidad de escoger el status quo o una nueva realidad política. Se trata simplemente de una práctica de libertad, al margen de la dirección del voto en un referéndum. En este sentido, hay que distinguir, siguiendo Hannah Arendt (Sobre la revolución, 1963), entre 'contrato social' y 'contrato mutuo'. El primero hace referencia al contrato que la sociedad suscribe con sus gobernantes mientras que el segundo se basa en la reciprocidad entre los individuos que se vinculan para formar una comunidad política.

Como nos dice Fina Birulés (2008), es el último tipo de contrato lo que nos permite pensar un 'mundo en común'. El referéndum se puede entender, pues, como una práctica de libertad política, una oportunidad sin precedentes para definir cómo queremos vivir en el territorio de Catalunya y cómo nos relacionamos con el resto de pueblos de España, de Europa y del mundo. Las feministas sabemos que la libertad nunca se otorga sino que se gana, empleando cuando hay la desobediencia, que es parte del ADN del feminismo (sufragistas, Rosa Parks, etc.). Por que la libertad escapa de los márgenes de los dictados de un estado (sea cual sea este estado), los argumentos legalistas contrarios a la celebración de un referéndum en el que se pueda o bien confirmar o repensar la comunidad política no pueden encontrar cobertura desde el feminismo.

Los debates de trascendencia política como los que plantean un cambio o reforma constitucional no nos son ajenos y, por tanto, hay que feminizarlos y feministitzarlos. Por un lado, feminizarlos garantizando la paridad en todos los espacios de participación y decisión. Se trata de una cuestión de justicia: no existe ninguna justificación democrática para la sobre-representación masculina.

La presencia en un espacio determina además el sentimiento de pertenencia y los significados sociales de los mismos así como los temas sustantivos sobre los que se discute. Se necesitan mujeres referentes en estos debates y especialmente mujeres feministas, así como hay que exigir, tanto a las posiciones del 'sí' como del 'no', que se explique por qué la independencia de Catalunya sería positiva o negativa para la vida de las mujeres. Tenemos mucho que ganar dejando de hablar del 'proceso' y su legalidad para centrarnos, en cambio, en las consecuencias sobre las mujeres del resultado de este proceso. Recordemos el caso escocés, donde se constituyeron los grupos Women for Independence y Women Better Together, en el marco de las respectivas campañas a favor del sí y del no a la independencia. Su objetivo consistía tanto en movilizar las mujeres como en incorporar las voces de las mujeres en los debates sobre el futuro del país.

República y feminismo

República y feminismoTanto en Escocia como en Catalunya, las encuestas recogen que la intención de voto de las mujeres en un referéndum por la independencia se basa menos en criterios expresivos - como la identidad nacional - que en el caso de los hombres ya que responde en mayor medida a factores de tipo instrumental - como mejorar la calidad de vida de la población. Ya sea apostando por un nuevo estado o reformando el actual, las feministas somos aliadas naturales en la feministización o despatriarcalización de las estructuras sociales, políticas y económicas. Precisamente porque, como nos recuerda Carole Pateman (El contrato sexual, 1988), las mujeres nunca hemos sido parte firmante del 'contrato social original (como ciudadanas de pleno derecho) sino que fuimos incorporados mediante un' contrato sexual '( como esposas, madres o hijas), las feministas no nos podemos permitir el lujo de no estar presentes hoy en los espacios de debate creados alrededor del futuro de Catalunya.

Hacer de la erradicación de la violencia machista una cuestión de estado, garantizar el derecho al propio cuerpo y a la libertad sexual, asegurar la sostenibilidad de la vida y romper la división sexual del trabajo, establecer una escuela laica y coeducadora, sustituir el militarismo por una cultura de la paz, o valorar la diferencia y reconocer la interseccionalidad de los sistemas de opresión (de género, procedencia, sexualidad, clase, diversidad funcional, etc.)...

Estas cuestiones han sido tradicionalmente despreciadas en el marco de la Estado español y no hay ninguna garantía de que estos temas cruciales para la vida de las mujeres y para el conjunto de la sociedad entren en la agenda política sin la participación del (los) feminismo (s). Al margen de la posición que se defienda (soberanista, federalista o autonomista), las feministas estamos plenamente de acuerdo en reclamar un país independiente del patriarcado, un país que garantice de una vez por todas la independencia de las mujeres. Todas las feministas compartimos este objetivo y queremos construir una república feminista. Somos sencillamente imprescindibles. Nos avalan muchos años de luchas y manifiestos compartidos. Si trabajamos en alianza desde los diferentes espacios donde estamos, respetando la pluralidad, podemos tener mucha fuerza. ¿Por qué no la aprovechamos?

Fina Birulés (2008), “Un mundo en común”, a Juan Casañas (ed), La autodeterminación de los pueblos. Barcelona: Icaria, pp. 79-90.

On és el moviment feminista en aquest debat? Què està en joc per a les dones?

El debat territorial que ha ocupat de manera destacada l’agenda política catalana dels darrers anys ha estat en bona mesura cec al gènere, tot i que presenta diferents implicacions per a les dones i per a la igualtat. Els partits i les institucions no han prestat atenció a tals implicacions i el moviment feminista tampoc s’ha mobilitzat suficientment per incorporar la perspectiva de gènere en aquest debat públic. Vagi dit per endavant que, com el conjunt de la ciutadania, les feministes i les associacions de dones som diverses, no havent-hi unanimitat sobre l’abast i la manera de fer efectiu el dret a decidir o a l’autodeterminació ni tampoc sobre la preferència per un determinat model territorial. Això no treu que no hàgim de plantejar-nos les següents preguntes: On és el moviment feminista en aquest debat? Què està en joc per a les dones?

Referèndum i feminisme

Referèndum i feminismeEl feminisme sempre ha plantejat la necessitat de repensar la comunitat política i assolir l’emancipació individual i col·lectiva. La comunitat política actual ens ha vingut donada i un referèndum ens permetria definir-la, tenint evidentment la possibilitat d’escollir l’statu quo o una nova realitat política. Es tracta simplement d’una pràctica de llibertat, al marge de la direcció del vot en un referèndum. En aquest sentit, cal distingir, seguint Hannah Arendt (Sobre la revolució, 1963), entre ‘contracte social’ i ‘contracte mutu’.

El primer fa referència al contracte que la societat subscriu amb llurs governants mentre que el segon es basa en la reciprocitat entre els individus que es vinculen per formar una comunitat política. Com ens diu Fina Birulés (2008), és el darrer tipus de contracte el que ens permet pensar un ‘món en comú’. El referèndum es pot entendre, doncs, com una pràctica de llibertat política, una oportunitat sense precedents per a definir com volem viure al territori de Catalunya i com ens relacionem amb la resta de pobles d’Espanya, d’Europa i del món. Les feministes sabem que la llibertat mai s’atorga sinó que es guanya, emprant quan cal la desobediència, que és part de l’ADN del feminisme (sufragistes, Rosa Parks, etc.). Perquè la llibertat escapa dels marges dels dictats d’un estat (sigui quin sigui aquest estat), els arguments legalistes contraris a la celebració d’un referèndum on es pugui bé confirmar o bé repensar la comunitat política no poden trobar cobertura des del feminisme.

Els debats de transcendència política com els que plantegen un canvi o reforma constitucional no ens són aliens i, per tant, cal feminitzar-los i feministitzar-los. D’una banda, feminitzar-los garantint la paritat en tots els espais de participació i decisió. Es tracta d’una qüestió de justícia: no existeix cap justificació democràtica per a la sobre-representació masculina. La presència en un espai determina a més el sentiment de pertinença i els significats socials dels mateixos així com els temes substantius sobre els quals es discuteix. Calen dones referents en aquests debats i especialment dones feministes, així com cal exigir, tant a les posicions del ‘sí’ com del ‘no’, que s’expliqui per què la independència de Catalunya seria positiva o negativa per a la vida de les dones. Hi tenim molt a guanyar deixant de parlar del ‘procés’ i la seva legalitat per centrar-nos, en canvi, en les conseqüències sobre les dones del resultat d’aquest procés. Recordem el cas escocès, on es constituïren els grups Women for Independence i Women Better Together, en el marc de les respectives campanyes a favor del sí i del no a la independència. El seu objectiu consistia tant a mobilitzar les dones com en incorporar les veus de les dones en els debats sobre el futur del país.

República i feminisme

República i feminismeTant a Escòcia com a Catalunya, les enquestes recullen que la intenció de vot de les dones en un referèndum per la independència es basa menys en criteris expressius – com la identitat nacional – que en el cas dels homes, ja que respon en major mesura a factors de tipus instrumental – com millorar la qualitat de vida de la població. Sigui apostant per un nou estat o reformant l'actual, les feministes som aliades naturals en la feministització o despatriarcalització de les estructures socials, polítiques i econòmiques. Precisament perquè, com ens recorda Carole Pateman (El contracte sexual, 1988), les dones no hem estat mai part signatària del ‘contracte social’ original (com a ciutadanes de ple dret) sinó que hi fórem incorporades mitjançant un ‘contracte sexual’ (com a esposes, mares o filles), les feministes no ens podem permetre el luxe de no ser presents avui en els espais de debat creats al voltant del futur de Catalunya.

Fer de l’erradicació de la violència masclista una qüestió d’estat, garantir el dret al propi cos i a la llibertat sexual, assegurar la sostenibilitat de la vida i trencar la divisió sexual del treball, establir una escola laica i coeducadora, substituir el militarisme per una cultura de la pau, o valorar la diferència i reconèixer la interseccionalitat dels sistemes d’opressió (de gènere, procedència, sexualitat, classe, diversitat funcional, etc.)... Aquestes qüestions han estat tradicionalment menystingudes en el marc de l’Estat espanyol i no hi ha cap garantia que aquests temes crucials per a la vida de les dones i per al conjunt de la societat entrin a l’agenda política sense la participació del(s) feminisme(s).

Al marge de la posició que es defensi (sobiranista, federalista o autonomista), les feministes estem plenament d’acord en reclamar un país independent del patriarcat, un país que garanteixi d’una vegada per totes la independència de les dones. Totes les feministes compartim aquest objectiu i volem bastir una república feminista. Som senzillament imprescindibles. Ens avalen molts anys de lluites i manifestos compartits. Si treballem en aliança des dels diferents espais on estem, respectant la pluralitat, podem tenir molta força. Per què no l’aprofitem?

Mientras que el PP obtuvo una amplísima mayoría absoluta, sus diputadas representaron el 36,6% de su grupo parlamentario

El 77% de las Secretarías de Estado y el 72% de las Subsecretarías, Secretarías Generales y Delegaciones del Gobierno recaen en hombres

Cuanto más pequeño es el pastel, más reducida es la porción que corresponde a las mujeres

El nivel local sigue siendo el más masculinizado, con tan sólo un 17% de alcaldesas electas en 2011

Desde mediados de los años 90, la paridad en los puestos de toma de decisión ha sido impulsada por organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Unión Europea o el Consejo de Europa recomendándose las cuotas de género como la medida de acción positiva más eficaz para superar la brecha de género. En la actualidad, ya son más de 100 los países donde se aplican las cuotas de género, ya sean de tipo constitucional o legislativo, o bien asumidas de manera voluntaria por los partidos políticos. España es uno de estos países. A las cuotas aplicadas desde mediados de los años 80 por los partidos de izquierda se sumó en 2007 una cuota legislativa que, según el “principio de composición equilibrada” contenido en la Ley de Igualdad[1], obliga a incluir en las listas electorales una presencia mínima del 40% y una presencia máxima del 60% para cualquiera de los dos sexos. ¿Qué balance puede hacerse de su efectividad?

Aunque la cuota se aplica a todas las convocatorias electorales, la paridad sólo ha sido alcanzada en la mayoría de parlamentos autonómicos (con la excepción de Aragón, Canarias, Navarra y la Rioja), con una media de diputadas del 43% tras las últimas elecciones. La única comunidad autónoma en la que las mujeres superan a los hombres es Castilla-León (66,7% de diputadas). En el nivel local, donde quedan exentos de aplicar la cuota los municipios con menos de 3.000 habitantes, se alcanzó en 2011 el 35% de concejalas. En el resto de instituciones (Congreso[2], Senado y delegación española al Parlamento Europeo) las mujeres obtuvieron el 36% de los escaños (datos relativos a la composición inmediata de las cámaras tras celebrarse las elecciones más recientes).

¿Es inefectiva la cuota electoral de género legislativa? No, al contrario. Está considerada como una de las cuotas más efectivas por dos motivos principales: (i) la cuota no sólo se aplica sobre el conjunto de la lista sino sobre cada tramo de cinco posiciones; y, (ii) la sanción por incumplimiento entraña la no proclamación de la lista electoral, dejando a la lista infractora sin posibilidad de concurrir a las elecciones ­ la pena máxima a la que puede enfrentarse un partido. La respuesta a la falta de paridad existente todavía en las instituciones políticas españolas se debe a las prácticas de discriminación estratégica utilizadas por los partidos políticos.

Por un lado, aunque la cuota tiene una formulación neutral al género y las candidatas representaron el 47% de las personas integrantes de las listas en las elecciones generales del 2011 (tanto en las listas para el Congreso como para el Senado), el reparto de las posiciones de salida no tuvo una distribución paritaria en la mayoría de los partidos, especialmente en aquellos que se han opuesto tradicionalmente a las cuotas. Por ejemplo, mientras que el PP obtuvo una amplísima mayoría absoluta, sus diputadas representaron el 36,6% de su grupo parlamentario, un porcentaje similar al de posiciones seguras que ocuparon las candidatas populares en las listas (35,9%). En cambio, el PSOE perdió 59 escaños y eligió a un 38,2% de diputadas, habiendo ocupado sus candidatas el 43,8% de las posiciones seguras. Prueba del hecho que las mujeres ocupan posiciones más atrasadas en las listas es que, una vez nombrados todos los altos cargos de la administración, las diputadas aumentaron hasta el 39% al sustituir a los diputados titulares por orden de aparición en las listas electorales (el 77% de las Secretarías de Estado y el 72% de las Subsecretarías, Secretarías Generales y Delegaciones del Gobierno recaen en hombres).

Por otro lado, las diputadas, senadoras o concejalas siguen sufriendo una renovación más alta. De esta manera, pareciera que las mujeres sustituyen a otras mujeres mientras que la mayoría de los hombres se queda en el poder durante mucho más tiempo, acumulando más experiencia y conexiones políticas. Además, seguimos observando la denominada segregación vertical por la cual el reparto de los cargos de dirección de los grupos parlamentarios o de las comisiones tiene un claro sesgo de género. Igualmente, la distribución de las responsabilidades en las comisiones reproduce la segregación horizontal, encargándose todavía en mayor medida las mujeres que los hombres de aquellas áreas que tradicionalmente se han considerado menos relevantes o que están vinculadas al cuidado (educación, sanidad, cultura…), reproduciendo así la división de roles de la esfera privada.

¿Y qué sucede allí donde no se aplican las cuotas, como el nivel ejecutivo? En este caso el compromiso con la paridad de los partidos políticos resulta fundamental. Frente a un período de gobiernos paritarios (2004-2011), el gobierno central cuenta hoy con un 30% de mujeres. Con la reducción del tamaño de los ejecutivos autonómicos a la luz de las medidas de ajuste económico se observó también un descenso en el número de consejeras, pasando del 42% en 2010 al 34% en 2011 (aunque se incrementó el número de presidentas de una a cuatro, ­ a tres desde la renuncia de Esperanza Aguirre): cuanto más pequeño es el pastel, más reducida es la porción que corresponde a las mujeres. Por último, el nivel local sigue siendo el más masculinizado, con tan sólo un 17% de alcaldesas electas en 2011.

En definitiva, estos datos no permiten ser complacientes con los resultados alcanzados y apuntan a la necesidad de hacer de la paridad un bien público efectivo en el ámbito político y extensivo a las esferas económica y social. La literatura académica ha apuntado numerosos argumentos sustantivos (impacto sobre la agenda política y las propuestas legislativas que se discuten) y simbólicos (rol de modelo para las generaciones jóvenes, cambio en las formas de hacer política) para justificar la presencia igualitaria de mujeres y hombres en los centros de decisión. Pero se trata fundamentalmente de una cuestión de justicia: las mujeres somos el 50% de la población y tenemos el mismo derecho que los hombres a participar de los asuntos públicos. Ya es hora de revertir la carga de la prueba: ¿Con qué argumentos podría justificarse la ausencia de paridad? ¿Si la paridad no es para ahora, para cuándo entonces?

[1] Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que modifica la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), artículo 44bis.

[2] A nivel mundial, España ocupa la posición 22ª en representación de mujeres en las cámaras legislativas. Véase IPU.