El fin del bipartidismo y el surgimiento de un nuevo tablero político, abierto aún a nuevos actores, es el resultado de esta legislatura que, sin duda, más trascendencia tiene para la política española. Estamos ya en una nueva etapa en la que la gobernabilidad dependerá de pactos, algo que tampoco es nuevo. En la década de los 90, tanto el PSOE como el PP gobernaron en minoría gracias a acuerdos con PNV y CiU, convenios que pivotaban principalmente sobre inversiones territoriales. A partir de ahora las alianzas serán en clave de proyecto político: económico, social y territorial. Esto conlleva una tensión interna dentro de los partidos: ¿cuáles son mis principios y objetivos políticos, o puntos programáticos negociables, renunciables y cuáles las líneas rojas? Estos debates resultan aún más complejos en plena reconfiguración de un tablero político, atravesado y crispado por la cuestión territorial.

El gran hito de la legislatura, es, sin discusión, la moción de censura a Mariano Rajoy. La sentencia que acreditó judicialmente la corrupción generalizada del Partido Popular en las instituciones que gobernaba sirvió para unir a todas las fuerzas políticas, menos a Ciudadanos, en nombre de la decencia e higiene democrática. Sin embargo, no podemos obviar que antes de la moción se habían ido generando diferentes consensos parlamentarios sobre la herencia de la mayoría absoluta de Rajoy, principalmente en torno a la derogación de sus medidas más controvertidas: ley mordaza, reforma laboral, LOMCE, etc.

Estos consensos pueden considerarse un germen de la mayoría de la moción de censura y algunos de ellos han podido salir adelante: la sanidad universal, la derogación del impuesto al sol, la eliminación de trabas burocráticas en la actividad científica, la subida de algunas pensiones o la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Sin embargo, otros no han podido superar el doble bloqueo legislativo que ha sufrido la cámara en esta legislatura: por parte del Gobierno con los vetos a las leyes presentadas por la oposición y el del PP y Ciudadanos en las ponencias legislativas. La escasa capacidad que los grupos parlamentarios hemos tenido para legislar, merece una reflexión sobre la modificación del reglamento del Congreso, ya que no dificulta y limita la actividad parlamentaria en aritméticas parlamentarias complicadas.

Con la caída de los presupuestos se quedó en agua de borrajas otro de los grandes consensos de la cámara: la urgencia de revertir los recortes en sanidad, educación o dependencia. La subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros es la gran medida de la legislatura en cuanto a impacto en la mejora de las condiciones de vida de la gente. Quedan igualmente pendientes para la próxima legislatura debates cruciales que no ha dado tiempo a cerrar con garantías y consensos como la ley de cambio climático o la sostenibilidad del modelo de pensiones.

Sin embargo, esta legislatura no puede entenderse sin el 1 de Octubre de 2017. Hay un antes y un después en las dinámicas y debates parlamentarios. Cataluña y el modelo territorial son los protagonistas de la segunda parte de la legislatura, in crecendo tras el apoyo de los independentistas a la moción de censura. Esto ha supuesto un incremento de la crispación, un enconamiento del debate en torno a la unidad de España que ha contaminado y eclipsado otros debates urgentes y de fondo; y que tras lo vivido en la votación de presupuestos dificultará un gobierno progresista.

Para Euskadi también ha habido un antes y un después de la radicalización de los discursos centralizadores y por la unidad de España. En otoño de 2017 se aprobó la ley de actualización del Cupo con el apoyo de todos los partidos que a día de hoy tienen representación en el Parlamento vasco (salvo la abstención de EH Bildu). En el actual contexto político hay muchas dudas de que el PP votara a día de hoy lo mismo. El uso torticero que ha hecho Ciudadanos del Concierto en estos dos últimos años y la moción del PP sobre la congelación de las transferencias pendientes a Euskadi, aprobada en el último pleno del Senado, hacen pensar que el autogobierno de Euskadi puede ser objeto de debate (y ataque) por ciertos partidos la próxima legislatura.

Años de negociaciones partidistas para el desarrollo de lo que a Euskadi le corresponde por ley, ha hecho que el autogobierno y el concierto se vean como privilegios e intereses vinculados a un partido concreto y no como derechos reconocidos legalmente a toda la ciudadanía vasca. Sin embargo, más allá de las cuestiones derivadas del agotamiento evidente del modelo territorial del 78, cabe preguntarse si la legislatura ha sido buena o mala para Euskadi.

Y en este punto, evidentemente, hay diferentes visiones: si la subida del SMI supone que vas a ganar 200 euros más al mes o trabajas en una de las empresas afectadas por el cierre de la Naval, lo que puedes entender como intereses de Euskadi es bien diferente de quienes tiene acciones en las constructoras que están haciendo el TAV. Por lo tanto, valorar beneficios (o perjuicios) para Euskadi de la legislatura es un ejercicio que no puede limitarse a una lista de inversiones o a toneladas de hormigón financiadas a cargo de los presupuestos generales, sino a señalar qué medidas (o inversiones) mejoran la vida de las personas.

Las inversiones, al igual que las competencias, son herramientas para llevar a cabo un proyecto político y económico. No son buenas por sí mismas, son buenas si tienen un impacto directo en la gente o si sirven para tener un territorio más cohesionado. Desde esta óptica, sin duda, muchas de las medidas adoptadas en esta legislatura, responden a lo que podemos llamar la agenda social vasca: decisiones que, desde las competencias estatales, pueden significar cambios directos en el día a día de las personas de Euskadi. Y eso es lo que está en juego la próxima legislatura. Porque de la mano de la amenaza centralizadora en nombre de la unidad de España, viene un modelo económico y social, regresivo en derechos y que sin duda hará que la vida de la gente, también la de Euskadi sea mucho más dura.

*Rosa Martínez es coordinadora de Elkarrekin Podemos. Ex-diputada de Equo Berdeak

¿Puede una sequía causar una guerra? Por supuesto, dada sus consecuencias gravísimas sobre las cosechas o la disponibilidad de agua

Ahora por fin hemos recordado que en Siria hay guerra, que es ese horror de lo que huye la gente que llega a Europa. Así que ahora es el momento también de entender por qué hay guerra en Siria. Para ello, recordemos que en septiembre de 2010 una sequía en el noroeste de este país dejó a millones de personas en la extrema pobreza. En marzo de 2011 empezó la guerra, siendo las primeras revueltas en los lugares más secos del país.

¿Puede una sequía causar una guerra? Por supuesto, dada sus consecuencias gravísimas sobre las cosechas o la disponibilidad de agua. De igual manera puede serlo la sobreexplotación de recursos, la deforestación, la desaparición de tierras fértiles y en general cualquier fenómeno climático o ambiental que altere las condiciones de vida y de acceso a los recursos básicos de la población. Todas estas causas pueden ser algunos de los detonantes o el multiplicador de una crisis, junto con una serie de condicionantes políticos, sociales y productivos.

Thomas L. Friedman, premio Pulitzer y columnista en el New York Times, ha relacionado de forma brillante en diversos libros y reportajes los conflictos en Oriente Medio, como en Siria, con los factores ambientales. No olvidemos tampoco que Dafur puede ser considerada la primera guerra climática y que hay estudios que demuestran la influencia de El Niño en las guerras civiles de los países tropicales desde mediados del siglo XX. Mientras tanto, las Primaveras Árabes en Túnez, Egipto, Libia, etc. fueron primero unas “revueltas del hambre” donde la crisis alimentaria que las generó tiene a su vez unas fuertes raíces medioambientales, climáticas y energéticas.

Que no nos quepa la menor duda: los conflictos y amenazas climáticas se van a multiplicar y, como dice Friedman, “puede ser que dentro de 20 años solo hablemos de esto”. Y con ellas, aumentarán evidentemente el número de personas migrantes y refugiadas. De hecho, hoy el cambio climático es ya la primera causa de migraciones en el mundo (¡solo en 2011 más de 40 millones de personas!). Y según ACNUR, en los próximos 50 años hasta 1.000 millones de personas, principalmente en países más empobrecidos pero no solo se verán forzadas a mudarse de territorio por razones climáticas.

Ahora bien: la pregunta es, si una vez repartidas las personas refugiadas de Siria entre los países europeos; si una vez que nos hayamos olvidado de los niños sirios ahogados o del vergonzoso confinamiento en campos de refugiados en Hungría; si una vez que este drama deje de ser portada de actualidad; si entonces tendremos la valentía de actuar de forma decidida contra el cambio climático cuya mayor responsabilidad es nuestra, es decir de los países del Norte (lo que incluye la Unión Europea y España).

La interconexión del mundo en que vivimos es tal que las centrales térmicas de carbón de nuestro oligopolio eléctrico, nuestro sistema de transporte basado en el coche privado o nuestro nivel de consumo insostenible, son directamente responsables de que millones de personas migren, se refugien o mueran a causa del cambio climático en el mundo. La suma de las emisiones de carbono que los países más enriquecidos vertimos a la atmósfera han provocado y siguen provocando miseria y violencia, cuyas consecuencias, como las de Siria, llegan a nuestras puertas tarde o temprano.

La presión ciudadana para reclamar la acogida y los derechos de las personas refugiadas provenientes de Siria ha sido ejemplar. Utilicemos esta ola, para ir más allá y reclamar acciones concretas y decididas para atajar las causas que generan millones de desplazamientos forzados en el mundo. En esta dinámica, la Cumbre del Clima de París a finales de este año (llamada COP21) es una oportunidad política para comprometerse por dejar de subvencionar e invertir en energías fósiles, apostar por una transición ecológica hacia un nuevo modelo productivo y de consumo donde el bienestar es compatible con los límites del planeta y financiar a los países más empobrecidos en su lucha contra el cambio climático. Y, al igual que las ciudades-refugios no esperaron al gobierno para actuar, pongamos en marcha desde abajo una revolución verde.

Se lo debemos a Aylan y su familia, a las personas sin nombre que migran arriesgando su vida cada día tratando de llegar a un lugar seguro, a quienes no pueden huir y sufren el horror de las guerras que generamos —en parte— desde Occidente, a nuestro Planeta y a nosotras mismas y nuestras hijas.

Estando muy de acuerdo con el planteamiento, no me resisto a hacer dos precisiones. La primera es que sí hay un partido político que defienda el agua y la incluya en su programa electoral; de hecho en el programa de las europeas de EQUO hay un punto específico sobre aplicación de la Directiva del Agua, algo que se ha incluido también en el programa marco de las municipales de mayo 2015.

La segunda precisión es sobre la falsa dicotomía entre el derecho al agua de las personas y el agua de la naturaleza. Efectivamente, defender el acceso a un agua de calidad, con una gestión eficiente y transparente, sin tener en cuenta los condicionantes ecológicos del lugar donde viven esas personas es irresponsable. Eso comprometería seriamente el presente y el futuro del derecho que precisamente se quiere defender.

La separación ficticia entre sociedad y naturaleza está anclada en nuestra visión del mundo desde hace siglos. Aceptemos y reconozcamos que somos parte del medio ambiente, incluso las ciudades hormigonadas y asfaltadas en las que vivimos son naturaleza: tienen aire, se asientan sobre suelo y en ellas hay agua.

El agua efectivamente es imprescindible en nuestras vidas y nuestra sociedad. Y la gestión del agua debe ser algo transversal en todas y cada una de las políticas que se lleven a cabo desde las instituciones. Por ejemplo, la apuesta de modelo productivo que hagamos es clave para la sostenibilidad de nuestros recursos hídricos: la agricultura intensiva, la explotación de ciertos recursos energéticos (fracking o minería de uranio), la industria química o la siderurgia son sectores muy intensivos en agua o con procesos y residuos altamente contaminantes para el agua.

El agua que bebemos, el agua que defendemos como derecho humano, es el agua de la naturaleza: la de nuestros ríos, nuestros acuíferos, nuestros humedales, nuestros océanos, nuestra lluvia. No es posible garantizar ese derecho universal si no garantizamos el equilibrio y la calidad ecológica del agua que nos rodea.

Justicia social y justicia ambiental van de la mano. El buen vivir de las personas es precisamente eso: que todas las personas tengan sus necesidades básicas cubiertas, sus derechos garantizados, hoy y mañana en equilibrio con la naturaleza. En el siglo XXI hablar de derechos es hablar de ecología. Por eso nos acordamos del agua, porque como muchos otros derechos depende de políticas verdes para que efectivamente lo sea.

La Iglesia figura en muchos registros de la propiedad españoles como una de las primeras propietarias de inmuebles. Sin embargo, hasta ahora el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la contribución que todo vecino paga a su ayuntamiento, no le concernía. En los últimos meses se están produciendo, no obstante, una serie de movimientos que podrían llevar a un cambio de situación.

El primero fue la modificación de la Ley de Haciendas Locales, que puede llevar a los consistorios a reclamar el pago del IBI a muchos edificios hasta ahora exentos; después vino la sentencia en la que un juzgado de Ourense daba la razón al municipio de Allariz, que había solicitado el pago del impuesto por cuatro propiedades eclesiásticas no dedicadas al culto y ahora, ya con mucha más importancia, será toda la Iglesia navarra la que tendrá que pagar la Contribución Urbana (nombre del IBI en la comunidad foral)

Este cambio será posible al haberse aprobado el pasado 28 de febrero en el Parlamento de Navarra una modificación de la Ley Foral de Haciendas Locales con una enmienda presentada a instancias de Izquierda-Ezkerra (coalición que agrupa a Izquierda Unida y Batzarre) y del PSN, por la que solo quedan exentos del pago los bienes dedicados al culto, sean de la Iglesia católica o de cualquier otra confesión religiosa con convenio con el Estado.

“Ahora toca a los ayuntamientos”, subraya el parlamentario foral de Izquierda-Ezkerra,Txema Mauleón, “hacer un listado de todos los edificios que no sean lugares de culto o centros educativos, y en el próximo ejercicio enviarles el recibo de la contribución. Por eso, estamos impulsando mociones en muchos consistorios y haciendo un marcaje en corto, pueblo a pueblo”.

En este sentido, el Ayuntamiento de Pamplona aprobó el pasado 7 de marzo, con los votos en contra de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Partido Popular, “hacer efectiva la eliminación de la exención en el Impuesto de la Contribución Territorial Urbana a los bienes de la Iglesia Católica y del resto de confesiones religiosas que no estén destinados al culto pasado”.

Según el diputado de Izquierda-Ezkerra, “en Pamplona puede haber unas 200 propiedades afectadas por esta modificación, aunque al tratarse de datos fiscales y, por tanto, no públicos, hay que considerarlos con precaución. A escala estatal, los cálculos de los posibles ingresos para las haciendas locales van desde los 900 a los 3.000 millones de euros”.

En respuesta a las palabras del arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, que al día siguiente de la aprobación de la nueva medida por parte del Parlamento quiso dejar claro que “la Iglesia es solidaria y apoya a los pobres”, subrayando que “ahorra al Estado más de 35.000 millones de euros” y que “Cáritas también es Iglesia”, Txema Mauleón argumenta que de los 5.700 millones de dinero público que recibe la Iglesia al año, solo 91 van a parar a Cáritas y a Manos Unidas“. En su opinión, ”lo que desde la Iglesia se intenta argumentar es que si tienen que pagar la contribución van a tener menos recursos para sus programas sociales, cuando estos no se financian mayoritariamente con dinero de la Iglesia, sino con donaciones o subvenciones.“