“Dejad el deporte fuera de la política”. Ese es el mantra que repiten organizadores, federaciones y hasta dirigentes públicos cada vez que surge una polémica. La Vuelta Ciclista a España no ha sido la excepción. Ante las protestas ciudadanas que exhiben banderas palestinas y denuncian la participación del equipo Israel Premier Tech, el director de la Vuelta, Javier Guillén, no solo reivindicó esa supuesta neutralidad: fue más allá, y calificó esas protestas pacíficas de “violencia”.

Pero no hay nada neutral en esa decisión. Invitar a un equipo que representa a un Estado acusado de genocidio no es un gesto técnico ni deportivo: es una decisión política. Y una provocación moral, un acto de sportswashing que convierte al deporte en una forma de legitimar el exterminio en Gaza.

Y aquí conviene detenerse: ¿dónde está la violencia? ¿En una bandera desplegada por un aficionado? ¿En una pitada contra un equipo? No. La violencia está en los bombardeos sobre hospitales, en los niños asesinados, en el bloqueo que condena a un pueblo entero al hambre. Esa es la violencia real. Llamar “violencia” a una protesta pacífica mientras se blanquea un crimen de lesa humanidad es una obscena inversión del lenguaje.

Lo que debería haber hecho Guillén no es criminalizar una protesta pacífica, sino hacer todo lo posible para impedir que viniera el equipo israelí. Invitarle no era una obligación reglamentaria: fue una elección. El Israel Premier Tech no es un proyecto deportivo cualquiera. Es una herramienta de propaganda cuidadosamente diseñada. Su fundador, el multimillonario Sylvan Adams, se define como un ‘embajador no oficial’ de Israel y utiliza el deporte de élite para lavar la imagen internacional del Estado. Adams ha financiado grandes operaciones de sportswashing, desde llevar a Madonna a Eurovisión en Tel Aviv hasta organizar la salida del Giro de Italia desde Jerusalén en 2018. Su objetivo declarado es proyectar al mundo una cara amable de Israel mientras el ejército arrasa Gaza. Cada pedalada de ese equipo no es solo deporte: es parte de una estrategia política de blanqueamiento.

En realidad, este equipo nunca debió haber sido invitado. No ahora, en plena ofensiva militar contra Gaza, pero tampoco antes. Desde hace años, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos denuncian que Israel mantiene un sistema de apartheid sobre la población palestina. Con Sudáfrica lo entendimos sin matices: su exclusión de competiciones deportivas fue una herramienta fundamental para aislar al régimen. Con Israel, en cambio, se ha preferido mirar hacia otro lado. Y si ya era injustificable entonces, en medio de un genocidio resulta sencillamente obsceno.

La historia nos advierte. En 1936, los Juegos Olímpicos de Berlín sirvieron para proyectar una imagen amable del nazismo mientras se gestaba la maquinaria del exterminio. Muchos pidieron entonces su boicot y, en Barcelona, se organizó la Olimpiada Popular: un evento internacional antifascista que iba a reunir a miles de atletas de 23 países. No pudo celebrarse por el golpe de Estado de Franco, pero quedó como símbolo de que el deporte puede ponerse del lado de la justicia. Poco después, los trenes comenzaron a partir hacia Auschwitz. Con Sudáfrica ocurrió lo contrario: su exclusión de eventos deportivos y culturales fue clave para aislar al régimen del apartheid. Y tras la invasión de Ucrania, nadie cuestionó la expulsión de Rusia de competiciones internacionales. ¿Por qué con Rusia sí y con Israel no?

Los precedentes son claros: cuando se trató de otros regímenes, el deporte supo marcar distancias. Sin embargo, en el caso de Israel, se ha optado por mirar hacia otro lado. El silencio institucional es ensordecedor. En España, ni el Consejo Superior de Deportes, ni el Comité Olímpico Español, ni la Federación Española de Ciclismo han dicho nada. Y lo más grave: tampoco lo ha hecho la ministra de Deporte, Pilar Alegría, cuya obligación política es garantizar que el deporte español respete los valores democráticos y los derechos humanos que la ley consagra. Callar ante esta situación convierte al Gobierno en cómplice por omisión.

Tampoco RTVE puede alegar neutralidad. Es la televisión pública y, por tanto, su mandato legal es claro: defender los derechos humanos y no dar cobertura a la propaganda de un Estado que los viola sistemáticamente. Sin embargo, cuando el 27 de agosto una parte del público dedicó una sonora pitada al equipo israelí, RTVE decidió cortar la retransmisión y pasar a publicidad. En lugar de mostrar la protesta ciudadana, la ocultó. Como si el deber de una televisión pública fuera proteger al poderoso y silenciar al pueblo. Hace dos años, RTVE fue valiente al criticar la presencia de Israel en Eurovisión. Hoy, esa coherencia se ha evaporado.

En este contexto, no basta con alegar neutralidad. La neutralidad en medio de un genocidio es complicidad. Lo entendimos con Rusia y Ucrania, pero lo olvidamos con Palestina. Lo comprendimos con Sudáfrica, pero lo obviamos ante Israel. El deporte, como la cultura, puede ser un altavoz de libertad o un instrumento de encubrimiento. Hannah Arendt lo llamó la banalidad del mal: el horror camuflado en gestos burocráticos, decisiones técnicas, discursos aparentemente neutros. Hoy asistimos a su versión deportiva: la banalidad del espectáculo. Walter Benjamin lo anticipó con otra fórmula precisa: “No hay documento de cultura que no lo sea también de barbarie”. Tampoco hay gran evento deportivo que no proyecte, bajo sus luces y banderas, la sombra de aquello que decide callar.

Cuando RTVE corta la señal para ocultar una protesta, cuando la Vuelta decide invitar a un equipo que es pura propaganda de Estado, cuando la ministra guarda silencio, no estamos ante omisiones casuales. Son decisiones políticas. Es la estetización de la violencia. La barbarie con música de fondo. La masacre cubierta por una pancarta de “deporte limpio”. Eurovisión se presenta como música y diversidad. La Vuelta, como deporte y convivencia. Pero cuando ambos escenarios prestan sus focos al verdugo y castigan a la víctima, esos valores no solo suenan huecos: suenan obscenos.

Lo que sorprende no es la protesta con banderas palestinas, sino que haya tan pocas. En un contexto de genocidio, la protesta no es violencia: es el último gesto de dignidad. Lo verdaderamente escandaloso no es la rabia de la gente, sino la calma con que Europa acepta que sus instituciones deportivas y culturales se conviertan en altavoces de un crimen de lesa humanidad. En Auschwitz aprendimos —o creímos aprender— que la cultura y el deporte no pueden ser neutrales ante la barbarie. Que cuando lo son, dejan de ser cultura o deporte y se convierten en propaganda. Hoy, cuando Gaza arde y la Vuelta sonríe, esa lección vuelve a golpearnos en la cara.

Hace apenas unos días, un apagón de menos de veinticuatro horas dejó a oscuras a millones de personas en España, Portugal y Francia. Bastó un fallo eléctrico —un simple paréntesis en nuestra vida moderna— para que las ciudades se paralizaran, los hospitales se vieran en apuros y la angustia recorriera nuestras calles. Un parpadeo en el sistema, y la fragilidad que escondemos bajo la apariencia de seguridad quedó al descubierto.

La reacción fue inmediata: portadas alarmadas, declaraciones de emergencia, mecanismos de solidaridad vecinal improvisados en las grandes ciudades. Porque aquí, en Europa, la luz es un derecho adquirido. La electricidad es parte esencial de la dignidad cotidiana. Y cualquier interrupción de esa normalidad se vive como una amenaza existencial.

Pero ¿qué ocurre cuando esa oscuridad no dura unas horas, sino años? ¿Qué ocurre cuando la oscuridad no es una anomalía, sino el escenario permanente de la vida?

En Gaza, hace casi dos años que no hay electricidad estable. Allí, el apagón es total: de la luz, del agua potable, de los medicamentos, de la ayuda humanitaria. Y a esa oscuridad se suma una violencia constante: bombardeos, drones de vigilancia, disparos contra civiles, destrucción sistemática de escuelas, hospitales y refugios.

La diferencia no es solo de duración. Es una diferencia de responsabilidad. Aquí, el apagón fue un accidente técnico. Allí, un acto político deliberado, una herramienta de asfixia. Y Europa no es una espectadora inocente. Mientras Gaza se consume en la oscuridad más absoluta, los gobiernos occidentales ofrecen a Netanyahu legitimidad política, apoyo militar, diplomático y complicidad económica. Cada contrato de armas firmado con Israel, cada euro transferido, cada silencio diplomático en los foros internacionales, es una contribución a su máquina de exterminio.

¿Se imaginan que hubiera sucedido lo mismo con el régimen de Putin? En la agresión de Rusia, Europa se situó rápidamente al lado de la víctima. En la agresión de Israel, del agresor. Nada importarán las resoluciones de la ONU o de los tribunales de justicia internacional. Hace tiempo que no se había vivido un divorcio tan profundo entre la clase política y capas importantes del resto de la sociedad. 

Esta semana precisamente en Bruselas varios eurodiputados de los Verdes-ELA organizamos unas jornadas internacionales para mostrar esa fractura y analizar el significado de lo que ocurre en Gaza. Se escuchó a la relatora especial de la ONU en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, representantes de entidades de derechos humanos y expertos en derecho internacional como Noura Erakat, Olivier Corten, Sahar Francis Sahar, Omer Shatz, Ahmed Abofoul, Raji Sourani. También historiadores como Illan Pappé o Raz Segal, testimonios sobre el terreno: el cirujano Ahmed Mograbi, la médico Tanya Haj-Hassan o la enfermera Imane Maarifi. La conclusión fue clara y rotunda. Gaza es víctima del crimen más atroz de nuestros tiempos: un genocidio de manual.

El encuentro tenía un precedente que sigue vivo: los Tribunales Russell. En los años 60, frente a la masacre de EEUU sobre Vietnam, un grupo de escritores, juristas y otros expertos decidieron alzarse frente la pretensión de ocultar los crímenes cometidos bajo la retórica de la guerra fría. Aquellos tribunales éticos no tenían fuerza coercitiva, ni ningún gobierno o ejército detrás. Pero sí algo que hoy, más que nunca, necesitamos recuperar: la autoridad de la conciencia, la fuerza de la verdad y la convicción de que cuando los poderes callan, y la legalidad se convierte en una máscara de arbitrariedad e injusticia, la sociedad civil no solo tiene el derecho, sino el deber, de actuar.

Hoy toca recoger ese legado, volver a levantar ese tipo de tribunales simbólicos, para nombrar el crimen, juzgar moralmente a los verdugos. Porque sabemos que toda resistencia empieza por la palabra. Y que la justicia internacional avanza demasiado lentamente, prisionera de equilibrios de poder que nada tienen que ver con el derecho. Sí, es cierto hay resoluciones, un proceso penal, una orden de detención y otras medidas cautelares. Pero no es suficiente. No solo se debe señalar a los responsables criminales en Israel, sino también a sus cómplices de Washington, Londres, París, Berlín o Bruselas. Y a la vez reclamar acciones concretas como un embargo total de armas a Israel o la suspensión inmediata de todos los acuerdos comerciales para romper ese vínculo criminal entre unos y otros.

Cada gobierno europeo debe decidir. O actúa para frenar el genocidio. O carga con la mancha histórica y jurídica de haberlo permitido. El gobierno español, o el irlandés, a diferencia del resto, han dado pasos valientes en lo político y diplomático. Entre ellos, reconocer el Estado de Palestina o reclamar la suspensión de los acuerdos comerciales de la Unión Europea con Israel. Pero aún es insuficiente - como señala la periodista Olga Rodríguez - en lo económico o militar. No se ha impuesto un embargo real de armas, las importaciones continúan en parte, a pesar de los anuncios oficiales, y no se han roto aún todos los lazos materiales con el régimen de Netanyahu. La desautorización del ministro Grande-Marlaska, y la orden para rescindir el contrato de compra de 15 millones de balas a una empresa israelí, deja el camino expedito para llegar a ser algún un día plenamente coherente con los principios declarados.

El gobierno español tiene la obligación moral de ponerse al frente, como bastión del progresismo europeo, de ese cambio necesario de actitud en Europa. Hasta que ese momento no llegue, los ciudadanos europeos deben seguir movilizados. Con esa intención, este viernes la Flotilla de la libertad zarpó de Malta con ayuda humanitaria rumbo a Gaza. Los gobiernos mandan armas a Netanyahu, los ciudadanos, medicamentos y alimentos a sus víctimas. Ese era el mensaje. La respuesta fue inmediata. Un ataque de Israel con drones en aguas internacionales. Otro crimen de guerra.

Gaza vive en un estado de emergencia todos los días. Y a diferencia de nosotros, no puede confiar en que alguien restaurará la luz. No basta con conmovernos ante nuestra propia fragilidad o lamentar el horror a distancia. La oscuridad que nos rozó durante unas horas en Europa debe ser recordada como algo más que un incidente. Debe ser el espejo que nos obliga a mirar hacia Gaza y reconocer nuestra responsabilidad. Porque la verdadera noche no es la falta de electricidad: es la indiferencia, o aún peor, la colaboración, ante el crimen.

Lo advirtió Saramago en Ensayo sobre la ceguera: no hay peor ceguera que la del que ve y no quiere mirar. Esa ceguera blanca, epidémica, que despoja al ser humano de su empatía y convierte al otro en cifra, en bulto, en residuo. Europa ha elegido no ver. Y mientras esa ceguera persista, Gaza seguirá ardiendo ante nuestros ojos. No hay mayor derrota que la de quienes dejan de mirar. Ni apagón más obsceno que el de la conciencia. Nuestra tarea, como europeos, como seres humanos, es no volver a encender nuestras luces sin recordar la oscuridad permanente en la que viven los palestinos. Contribuir a ponerle fin. Mantener encendida la llama de la solidaridad. Y luchar para que nunca más esa oscuridad sea el destino de ningún otro pueblo.

Ha ocurrido lo esperable. El debate sobre la reforma de la malversación y la derogación de la sedición ha permitido a la derecha política y mediática desempolvar su viejo manual de soflamas incendiarias. Ciertos barones del PSOE e incluso el expresidente Felipe González o Alfonso Guerra se han sumado a las críticas. Como antes con los indultos, se ha hablado de “desprotección al orden constitucional”, de “amnistía encubierta”, de “atentado a la democracia”, de “intromisión al poder judicial” e incluso de “traición a España”, “autoritarismo” o “golpe de Estado”. 

No hace falta ser un experto en Derecho para advertir la inconsistencia de esa forma exaltada de ver las cosas. En primer lugar, porque ni la malversación ni la sedición protegen “el orden constitucional”. El propio Tribunal Supremo descartó en su sentencia que lo ocurrido en el 2017 en Catalunya fuera un golpe al orden constitucional. Se trataba – según los jueces – de un problema de orden público.

En segundo lugar, porque adaptar el ordenamiento jurídico a los estándares de los países de nuestro entorno no es ningún “atentado a la democracia”. Por lo contrario, hacerlo es una cuestión de higiene democrática. La sedición se redactó en el primer Código Penal español de 1822. Se ha mantenido prácticamente inalterado desde entonces hasta nuestros días, totalmente ajeno a la realidad histórica actual. Hablamos de otro mundo. Un mundo muy lejano que sobrevivía, Borbones aparte, en nuestro ordenamiento jurídico con un delito utilizado por el franquismo para perseguir a sus opositores. Por eso, era una reliquia del pasado sin parangón en Europa. Con su derogación se siguen los pasos de países como Italia o Alemania. Con la reforma de la malversación, el ordenamiento español se pone también a la altura del derecho comparado. En concreto, se sigue el modelo de países como Italia, Francia o Portugal. 

En tercer lugar, la reforma penal no implica una “amnistía encubierta” hacia el independentismo. La cuestión va más allá del conflicto catalán. La sedición era una espada de Damocles sobre el derecho de protesta. En el pasado se intentó aplicar sin éxito a ciertas movilizaciones, pero tras la sentencia el Supremo en el procés, una huelga general u otras movilizaciones de masas podían interpretarse como actos de sedición. Con la intención de condenar a los líderes independentistas, los jueces forzaron la ley hasta el punto de desfigurar el contenido esencial del derecho de manifestación. 

Con la misma intención, el PP aprobó en el 2015 una reforma para desfigurar también el delito de malversación. Lo recordaba Ignacio Escolar en estas páginas. La norma se redactó ad hominem para perseguir a los líderes independentistas. Se hizo contra la oposición del resto de formaciones políticas. Incluso contra la opinión del propio Consejo de fiscales y el CGPJ, de mayoría conservadora. Se equiparaba fenómenos diferentes, con desigual desvalor social, con igual reproche penal. Eso generaba -decían jueces y fiscales - inseguridad jurídica.  No es lo mismo robar dinero público que hacer un gasto público desviado, excesivo o no suficientemente justificado. Un ejemplo es el del alcalde que desvía una partida presupuestaria para hacer un polideportivo a pagar nóminas a los funcionarios. En un caso hay una apropiación indebida, con ánimo de lucro, de recursos públicos y en el otro no hay ánimo de lucro.  Cuando se condena con la misma contundencia hechos de diferente gravedad se vulnera principios básicos que deben regir en el derecho penal como el de proporcionalidad o intervención mínima. De hecho, con el actual acuerdo del PSOE y ERC se rebaja de 8 a 4 años de cárcel lo que antes de la reforma del PP solo se hacia con una pena de multa.

Hay que recordarlo, una y otra vez, normalizar una injusticia abre las puertas a todas las injusticias que la siguen. Cuando se adoptan medidas excepcionales para neutralizar a los adversarios políticos, luego se normalizan los abusos y la pendiente resbaladiza de recortes de derechos queda expedita para el resto. El caso de la sedición es claro. Sin su derogación, en el futuro un grupo de sindicalistas o de la PAH podían ser considerados sediciosos. Por eso, derogarlo era una exigencia de colectivos de defensa del derecho a la vivienda, sindicatos como UGT y CCOO, entidades de derechos humanos como Amnistía Internacional pero también de organismos internacionales. El año pasado, el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa pidió acabar con ese delito “obsoleto”. Lo mismo sucede con el delito de malversación. Con la reforma del PP, se abrió la puerta a que el lawfare contra los ayuntamientos progresistas pudieran tener consecuencias nefastas, con penas de cárcel de hasta 8 años incluidas. No es casualidad que sea una de las artimañas predilectas del activismo de derechas para judicializar políticas innovadoras de izquierdas. Buen ejemplo de ello son las diversas causas impulsadas por sectores ultras contra el gobierno de Ada Colau en Barcelona o de Manuela Carmena en Madrid.

En último lugar, aprobar esta reforma tampoco es una “intromisión al poder judicial”. Es un paso inevitable para abordar el conflicto abierto en Cataluña desde que la derecha política y judicial rompió de modo unilateral el pacto territorial de la transición con la anulación de la sentencia del Estatuto. Cualquier propuesta de desbloqueo de ese desaguisado político pasaba por deshacer el legado de judicialización del PP.  

El Consejo de Europa lo recordó también en su informe sobre la condena a los líderes independentistas. En democracia los problemas políticos “deben resolverse por los medios políticos”. Lejos de ser una “intromisión al poder judicial”, recuperar el protagonismo de la política es una obligación democrática. En una democracia manda el imperio de la ley, no el imperio de los jueces. Es el Congreso de Diputados quién debe legislar y los jueces aplicar su voluntad. Esa es la base de la separación de poderes que la derecha parece ignorar. 

Derogar la sedición, doscientos años después, era una obligación democrática. Las reliquias del pasado como esta son para los museos, no para las leyes de un país europeo. Lo mismo sucede con la reforma parcial de la malversación del PP. Cuando en la lucha contra el independentismo, se hacen interpretaciones sesgadas de la ley o se aprueban normas ad hoc de carácter excepcional, se consolida un “derecho penal de autor” inspirado en una antigua y nunca apagada tentación totalitaria: la idea de que debe castigarse no por lo que se ha hecho sino por lo que se es. Un Estado de derecho digno de ese nombre no puede permitirse esa renuncia. Mandar a la cárcel a quien, sin recurrir a la violencia, lidera un proceso político como el vivido en Catalunya durante el 2017 constituye una auténtica derrota del Estado de derecho. Con la actual reforma penal, se da un paso importante para desjudicializar el conflicto y volver a la normalidad política. Por eso, hoy la democracia española es más fuerte que ayer.

El PSOE, PP, Cs y Vox rechazaron este martes en el Congreso una propuesta legislativa para remover los obstáculos que invocan reiteradamente los jueces para investigar y juzgar los crímenes franquistas. La iniciativa impulsada por CEAQUA contaba con el apoyo de Unidas Podemos, ERC, Bildu, CUP, Más País, PNV, Compromís, BNG y Junts Per Catalunya. Con esa propuesta se pretendía trasponer al Código Penal las obligaciones que España ha contraído en esta materia en diferentes tratados internacionales como el Convenio Europeo de Derechos Humanos o el Pacto de derechos civiles y políticos del 1977. 

Pocos días antes del debate se habían cumplido 48 años del asesinato al garrote vil de Puig Antich por parte del franquismo. 48 años de impunidad. Paradójicamente, el momento también coincidió con la decisión de la jueza Servini de acordar nuevas diligencias para reforzar la imputación en Argentina de uno de los responsables de esa muerte, Martín Villa. 

No es la primera vez que la justicia argentina nos recuerda que no hay ningún pacto del olvido a salvo del derecho internacional. Es el mismo mensaje que ella recibió anteriormente de la justicia española cuando ésta juzgó a criminales de la dictadura argentina o chilena. De nada sirvieron entonces los argumentos sobre las leyes de amnistía o punto final para evitarlo. La condena del Tribunal Supremo a 73 años de cárcel al exmilitar argentino Scilingo fue un acicate para que luego Argentina aprobara cambios legislativos contra la impunidad.

En España no ha habido la misma respuesta simétrica. El PSOE y la derecha este martes decidieron seguir blindando el modelo de impunidad franquista. Tampoco los jueces han actuado con la misma diligencia. Las normas de impunidad que no valían para los criminales de otros países sí valieron para los españoles. Primero, la cúpula judicial sentó al juez Garzón en el banquillo por intentar investigar los crímenes franquistas en un proceso impulsado por Falange. Eso fue un mensaje para que ningún otro juez se atreviera a salirse del guion. Luego, decidió no extraditar a los criminales franquistas reclamados por la jueza argentina. Eso vulneraba el principio del derecho internacional que dice “extradita o juzga”. O se investiga o se deja investigar. 

Es precisamente el uso hipócrita del derecho de algunos políticos y jueces españoles lo que pone en evidencia la reciente decisión de la jueza Servini. Ese tiempo de impunidad, en vez de marcar distancia con la dictadura, alarga su sombra sobre la democracia. No es casualidad que eso pase en España. A diferencia del resto de Europa, el fascismo aquí no fue nunca derrotado militarmente. El poder político y judicial se construyó, entre ruido de sables, sobre esos cimientos. Por eso, bajo las togas de quien ostenta la cúspide judicial sigue perdurando el polvo del franquismo.

Finiquitar esa anomalía era el principal objetivo de la propuesta legislativa. Con ella, no se pedía cuentas a la dictadura, sino a la única democracia europea que ha asumido esas cuentas en vez de liquidarlas. A los republicanos sepultados en las cunetas, los asesinó la dictadura, pero es esta democracia quien todavía los mantiene allí. Igualmente, el asesinato de Puig Antich es imputable a los criminales franquistas, pero es esta democracia quien lo encubre e impide que sus hermanas puedan obtener verdad y justicia.  

En este debate, los diputados del PP, Vox y Cs recurren a los tópicos habituales para garantizar esa impunidad. Según ellos, este tipo de iniciativas forman parte de “las batallitas del abuelo” o del “revanchismo guerracivilista”. “Que manía con remover el pasado”, repiten. El portavoz de Ciudadanos, Guillermo Díaz, llegó a descalificar la iniciativa con el argumento de que los implicados habían fallecido, cuando eran precisamente ellos sus promotores.

En el caso del PSOE, se arguyeron problemas de legalidad. Estos delitos no pueden perseguirse – según ellos - porque no lo eran en la dictadura. Hacerlo – advertían – podía ser un atentado al principio de legalidad.

A la vista de los argumentos de unos y de otros, cabe plantear varias objeciones. En primer lugar, hay que recordar que el tiempo transcurrido no debilita la legitimidad de la lucha contra la impunidad. Tampoco hace menos necesaria la reparación de la injusticia que conlleva. De hecho, su demora la hace más escandalosa. En segundo lugar, la búsqueda de verdad y justicia no es ninguna ocurrencia o capricho de las víctimas. Es un acto de salud democrática. Una exigencia moral y política, pero también un imperativo legal del derecho internacional para romper la línea de continuidad entre el franquismo y la democracia. 

Es cierto que a la luz de las leyes franquistas los crímenes no son perseguibles. Tampoco lo eran los crímenes del nazismo a la luz del III Reich. Eso no convierte esos crímenes en legales. Esa es precisamente la idea que hay detrás de las condenas de Núremberg, pero también del tribunal de Estrasburgo: la preeminencia del derecho internacional sobre el estatal. Buen ejemplo de ellos son las condenas por crímenes de lesa humanidad como los cometidos en Estonia y Rusia en los años 40 del siglo pasado. Otro ejemplo es la condena de Estrasburgo a los soldados de la antigua RDA cuando disparaban a quién traspasaba el muro de Berlín en la misma época en que en España asesinaron a Puig Antich. En ese caso, no valieron la ley de fronteras o las órdenes de esos militares alemanes para evitarla. Hay un núcleo esencial de los DDHH cuya vulneración representa una injusticia extrema frente a la cual no vale el argumento del principio de legalidad. 

Visto desde esa perspectiva, quizá haya que recordar lo obvio: hay crímenes abominables que, por su crueldad, no prescriben ni admiten inmunidad. No solo ofenden a quién los sufre sino también a la humanidad entera. Y precisamente por eso, independientemente del cuándo, del dónde o del quien pueden perseguirse siempre desde cualquier rincón del mundo. Eso es exactamente lo mismo que ha dicho en este asunto la ONU en reiteradas ocasiones.

Con ese objetivo, el ayuntamiento de Barcelona ha sido pionero en una serie de medidas aprobadas en estos últimos años: la creación de una comisión de la verdad para reparar a los represaliados del tardofranquismo o la presentación de querellas como la de Puig Antich. También, en el Congreso grupos como Unidas Podemos o ERC han presentado decenas de enmiendas a la Ley de Memoria Democrática para crear, por ejemplo, una Oficina de Víctimas de la Dictadura y un Centro de Memoria Democrática o para revocar las distinciones honoríficas del franquismo. 

La propuesta de CEAQUA nos invitaba a dar un paso más en esa lenta, dura y dilatada lucha contra crímenes que son un estigma imborrable de la humanidad. Su rechazo por parte del PSOE y las derechas representa una oportunidad perdida para acabar con su impunidad. Sin duda, eso no va a impedir que las víctimas sigan exigiendo verdad, justicia y reparación. Esta lucha se ha saldado con muchas derrotas. Sin embargo, una y otra vez ha sido replanteado por caminos inesperados como irrenunciable defensa de los derechos humanos. Buen ejemplo de ello es la causa en Argentina. Llegados a este punto, quizá habrá que volver a recordar la advertencia de los familiares de los desaparecidos chilenos en los 70’: “quienes buscan leyes de impunidad van a ser tan responsables en el futuro como los que apretaron el gatillo en el pasado”.

 A Arcadi Oliveres la muerte no le ha cogido por sorpresa. Llevaba semanas preparándose. Entre amigos y familiares, vivió esta etapa con la serenidad y entereza que le caracterizaba para todas las cosas de la vida: haciendo planes, discutiendo sobre los problemas de la humanidad y rememorando episodios de su trayectoria militante. Los filósofos clásicos solían decir que el modo en que morimos revela algo muy profundo de nuestro carácter. En efecto, la dignidad, humildad o sencillez con la que Arcadi se ha despedido es un fiel reflejo de su vida.

Cuando le dijeron que el cáncer era terminal decidió que no quería morir en el hospital. A partir de entonces, el salón y el jardín de su casa en Sant Cugat del Vallès se convirtieron en un lugar de peregrinación. Sentado en su sofá, junto a su mujer Janine, recibía nuestras visitas. Nos ofrecía té, frutos secos o galletas. Cuando estaba su hijo músico, Albert, entonces la velada podía terminar en un improvisado concierto de piano. Arcadi siempre ha hecho sentir bien a quienes le rodeábamos. Era un hombre afable. En una ocasión la música se trasladó a la calle, con un emotivo repertorio cantado a coro tras una pancarta y un equipo de música, delante de su portal. No fue esa la única despedida a la que acudió. Por ejemplo, la federación catalana de ONG o la plataforma ciudadana del Procés Constituent, cofundada por él, organizaron sendos actos de reconocimiento ante su presencia. 

Las muestras de afecto eran tan numerosas que la familia habilitó una web abierta a su otra familia, más amplia y diversa, de la que formaba parte: la de los movimientos sociales. Llegaron más de 7.000 mensajes. Con todo, estos últimos días ya no recibía visitas. El viernes fue la última vez que hablé con él. Le costaba hablar. Su voz era un hilo frágil y tembloroso pero lucido y sereno. Ningún sentimiento de rabia, impotencia o enfado con el mundo. Se iba con agradecimiento. Era un afortunado -confesaba – por haberse podido despedir con tiempo y rodeado de todos sus seres queridos.

Tras su muerte, en la memoria colectiva queda el recuerdo de un Arcadi sentado en una silla plegable, micrófono en mano y hablándole a quien quisiera escucharle sobre las injusticias del planeta. Lo hacía pausadamente pero con claridad y rotundidad. Su voz crítica, insobornable, nunca dejaba de oírse en todos los foros. Iba a cualquier sitio donde se le reclamaba con su viejo coche y una pequeña agenda arrugada para apuntar todas las charlas a las que se comprometía a intervenir. Esa agenda era una muestra de su incasable compromiso en la lucha contra las injusticias: casi todos sus fines de semana estaban ocupados con muchos meses de anticipación.

Con él, hoy se va uno de los mayores referentes de los movimientos sociales en Catalunya. Vinculado desde siempre al catolicismo progresista y al pacifismo, Arcadi destacó por su lucha antifranquista. En los años ochenta empezó a ejercer de profesor de Economía. Dentro y fuera de la universidad, en libros o entrevistas, siempre nos recordaba que la desigualdad era producto de un capitalismo feroz que tendía a convertir todos los derechos en mercaderías. 

En los años noventa, para muchos de mi generación Arcadi nos abrió camino. De hecho, leyendo sus libros o escuchando sus discursos tomamos conciencia política. Son muchas las cosas que aprendimos. Una de ellas: la importancia de organizarnos en asambleas, cooperativas, asociaciones o agrupaciones de cualquier tipo para perder el miedo y defender nuestra libertad. 

A Arcadi lo conocí en la campaña del 0'7% para los países menos desarrollados. Desde entonces, nunca le perdí la pista. Fue uno de los mediadores en los encierros de migrantes en varias iglesias de Barcelona en protesta por la ley de extranjería. También se implicó en las campañas de objetores fiscales contra el gasto militar o en las movilizaciones antiglobalización o contra la guerra de Irak.

Casi veinte años más tarde, seguía sin perder la esperanza. Frente al pesimismo de la inteligencia, siempre estaba dispuesto a levantar la bandera del optimismo de la voluntad. Su fe en el género humano no era inquebrantable, pero consideraba que eso no era impedimento para embarcarse en proyectos que mejoraran la posición de los más débiles y, con ello, acercarnos a ese otro mundo posible. Con ese ánimo, participó activamente en movilizaciones como la del soberanismo catalán o la de las plazas de los indignados del 15-M.

Arcadi nunca perdió la oportunidad de comprometerse con causas nobles, aún sabiendo de antemano que probablemente estaban perdidas. Lo hacía de forma pública y, cuando era necesario, de modo discreto. Como abogado, en más de un caso recibí su ayuda en la defensa de algún activista perseguido en un momento en el que la lucha antirrepresiva no tenía los focos y las simpatías que tiene ahora en Catalunya.

Quienes hemos tenido la fortuna de conocer a Arcadi en manifestaciones, asambleas, aulas o foros nos sentimos afortunados de haber disfrutado de su enorme humanidad, su vocación pedagógica de profesor, su humildad, su generosidad, su honestidad, su humor y, sobre todo, su coherencia radical entre sus ideas y su forma de estar en el mundo. 

Con esa coherencia vital y su ejemplo nos deja una última enseñanza: hay que atreverse a imaginar el futuro para poder influir sobre él. Eso haremos, compañero y maestro. Seguiremos enzarzados –cada uno a su manera– en esa pelea para que el mundo sea un lugar más habitable y menos cruel. Descansa en pau, estimat Arcadi.

La semana pasada el Gobierno del PSOE tuvo que apoyarse en los votos del PP y Cs para sacar adelante el llamado “decretazo digital”. Su convalidación en el Congreso era el último paso para la aprobación definitiva de un texto que entró en vigor en plena precampaña electoral. Se trataba de una norma sin precedentes en la democracia española que fue concebida, entre otras cosas, para frustrar la llamada “república digital catalana”.

Los defensores de la medida señalaban que la norma era eficaz para evitar las actividades de desinformación, como las denominadasfake news, el robo de datos personales, el hackeo de dispositivos móviles, los ciberataques contra infraestructuras críticas o el uso indebido del censo o los datos fiscales de los ciudadanos. Los detractores, en cambio, aseguraban que la norma afectaba a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Para ellos, estábamos ante una ley mordaza digital con visos de inconstitucionalidad. Hasta ahora el Ejecutivo tenía el poder de cerrar páginas web ante la sospecha de posibles delitos (como de propiedad intelectual) pero siempre con orden judicial de por medio. Con el Decreto Ley, el Gobierno pasaba a poder cortar redes y comunicaciones sin control judicial por motivos de “orden público”.

Como gesto hacia su potencial socio en el futuro gobierno de coalición, Unidas Podemos y En Comú Podem viró del “no” a la abstención a cambio del compromiso del PSOE de incluir en la norma garantías de protección de los derechos fundamentales. La decisión gener ó desconcierto. A primera vista, sin duda lo más congruente con la oposición a la norma era el voto negativo. A pesar de ello, hacer política debe implicar gestión de la complejidad y resolución no siempre fácil de dilemas políticos. En este caso, ¿cuál era el dilema?

El decreto iba a ser aprobado sí o sí, al margen del sentido de nuestro voto, ya que contaba con los apoyos necesarios para salir adelante. Ante dicho escenario teníamos dos opciones. Una, oponernos a su aprobación con lo cual igual hubiera sido aprobado sin ninguna modificación. Dos, arrancarle al PSOE una serie de concesiones. En el fondo, nos encontrábamos ante un dilema nada excepcional en política, y nada excepcional en la izquierda: la dicotomía entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción.

En la práctica, la acción política debe ponderar lo que es posible y lo que es inevitable, hacerse cargo de la contingencia y de los problemas reales del mundo. En consecuencia, debe medirse más por los resultados, por la capacidad de modificar la realidad, que por los gestos o los discursos. Visto desde esta perspectiva, quedarnos en el “no” nos permitía salir reforzados moralmente y ser congruentes con nuestros principios. Sin embargo, perdíamos la posibilidad de enmendar los aspectos más antigarantistas del decreto. Con un voto en contra, el decreto hubiera salido adelante sin más y la consecuencia de ello sería peor para los derechos digitales de la ciudadanía. El dilema era claro. O un gesto de reafirmación de nuestras convicciones, moralmente más confortable pero más improductivo políticamente. O un gesto de responsabilidad, políticamente más eficaz pero más contradictorio.

Aspirar a transformar la realidad implica gobernar entornos de elevada complejidad que nos sitúan ante dilemas que no pueden resolverse desde esquemas rígidos y binarios. En esos contextos, hay que evitar el riesgo de caer en un voluntarismo épico pero impotente. Por eso, en política deben revisarse a menudo las expectativas y los efectos probables de las acciones. Con esa intención, decidimos priorizar la acción bajo las máximas de la ética de la responsabilidad. Lo que en apariencia podía parecer una opción menos comprensible, en realidad era una maniobra eficaz para garantizar precisamente una visión garantista del derecho. La principal modificación que aceptó el PSOE era la inclusión del control judicial inmediato de cualquier acto administrativo que pueda afectar a los derechos y libertades fundamentales. Un cambio importante en el planteamiento de la norma digital que no podía hacerse jurídicamente en el trámite de convalidación del Decreto Ley pero sí en la tramitación de la futura ley.

Ahora bien, para que ese u otros compromisos políticos del PSOE no queden en papel mojado será esencial que no bajemos la guardia. No solo desde las instituciones. También desde la calle. Cambios de este calado exigen, sin duda, la presencia y movilización de una ciudadanía organizada. En última instancia, esa es una de las garantías democráticas fundamentales de que las promesas se conviertan en hechos. La otra: que quien gobierne aspire a ser valiente para ir tan lejos como se pueda sin dejar de ser honesto y decir la verdad cuando la correlación de fuerzas imponga sus límites. Ese es nuestro compromiso.

Esta es la campaña que, con la etiqueta #CallesOkupadas, ha lanzado el partido de Albert Rivera contra el top manta a raíz de la agresión a un turista norteamericano en Barcelona. El episodio fue utilizado, en efecto, para presentar al colectivo como un grupo organizado, peligroso, que insultaba y “embestía” a los turistas. Con ello se contribuía a instalar la imagen de que Barcelona, o Madrid, estaban inmersas en una deriva de desgobierno dañina para sus intereses turísticos. La idea era sencilla: crear una situación de emergencia que exigiera restablecer el “orden y la seguridad” con medidas excepcionales.

Es difícil no ver tras este relato sesgado la marca del “populismo punitivo” que se extiende cada vez más por Europa. Eso en Francia se conoce desde hace años como la “lepenización de los espíritus”. No por casualidad, no fueron pocos a los que la campaña de C's les recordó a la extrema derecha de Le Pen o incluso al fascismo de Primo de Rivera. Visto desde esta perspectiva, es una prioridad atajar ese simplismo cortoplacista. Que las imágenes de agresiones son una escena lamentable a rechazar está fuera de duda. Que la tensión entre la policía y quien se dedica a la venta ambulante deriva a veces en violencia gratuita e injustificada, también. Sin embargo, pretender atribuir la violencia aislada de unos pocos a todo un colectivo es un despropósito en toda regla.

Esa caracterización de los hechos no es inocente. En primer lugar, sirve para ocultar las múltiples formas de violencia a la cual los manteros se ven expuestos cotidianamente. La mayoría de ellos aceptarían de buen grado trabajos más seguros y alejados de las inclemencias de la calle. Si no lo hacen es porque la misma legislación de extranjería -apoyada por C's- se lo impide y los condena a una ilegalidad irremediable. En segundo lugar, el relato es útil para desvincular el fenómeno de las políticas de exclusión social o la masificación turística de ciertas zonas urbanas. Después de todo, lo que sí perjudica seriamente la imagen de las ciudades afectadas es precisamente un relato alarmista alejado de la realidad. En tercer lugar, permite hacer pivotar el debate sobre el espacio público y la seguridad alrededor de un marco cultural cómodo para la derecha. Los discursos del miedo a los manteros, inmigrantes o refugiados, hacen mella entre una población rodeada de inseguridades vitales. Colocar los focos sobre los más vulnerables, presentándolos como los principales culpables de la inseguridad en los barrios, o de la falta de empleo, puede ser un recurso útil. Naturalmente, para obtener votos entre una población cada vez más empobrecida. Pero también para atizar desconfianza y miedo entre los de abajo mientras se absuelve a los propios responsables de la crisis.

Lo preocupante es que ese “populismo punitivo” es un recurso tentador que recluta no solo a sus partidarios entre las filas conservadoras sino también entre las izquierdas. Sin ir más lejos, el PSC y ERC se han sumado sin contemplaciones al bloque reaccionario de “ley orden” promovido en Barcelona. Ya en el 2005 les arrastró a su terreno de juego cuando se aprobó la llamada “ordenanza del civismo”. Incluso hasta el punto que su discurso de firmeza a veces superaba el suyo en gestos y declaraciones. No pocas veces han llamado la atención algunas voces sobre el cambio de rumbo de los socialistas desde que no forman parte del gobierno barcelonés. O ciertos sectores de los republicanos – como por ejemplo los propios diputados Ruben Wagensberg y Gabriel Rufián – han expresado su incomodidad por el uso partidista de un fenómeno tan delicado por parte de sus compañeros de partido.

En verdad, el fenómeno del top manta nos alerta sobre un problema estructural que se consolida por todas partes por la combinación de factores geopolíticos, económicos y sociales. Para hacerle frente, las recetas exclusivamente punitivas promovidas por la derecha se han mostrado hasta ahora ineficaces. Y ante la carencia de resultados palpables, alimentan un espiral represivo que siempre acaba exigiendo una vuelta de tuerca más. A primera vista, sobre-actuaciones de este tipo sirven para calmar los ánimos de quienes creen que hay que aplicar “mano dura” para poner fin a la conflictividad urbana. A pesar de ello, este enfoque ha tenido un menguado balance durante esta última década. La dureza retórica contrasta a menudo con una exigua eficacia práctica sobre el terreno. En el caso del top manta, la pretensión de borrarlo por la vía únicamente represiva ha fracasado en todas partes donde se ha querido materializar. También en los municipios gobernados por la derecha donde sus alcaldes expresan a menudo la sensación de desbordamiento e impotencia. Y en Barcelona, el fenómeno no ha disminuido a pesar de que en 2016 se llegó a la cifra récord de casi 80.000 actuaciones de la Guardia Urbana y más de un millón de objetos decomisados.

Es evidente que cualquier abordaje riguroso de la problemática tiene que empezar haciendo pedagogía democrática y evitar caer en la tentación de reproducir los marcos mentales de la derecha. No puede estigmatizarse a las personas de colectivos vulnerables como cabezas de turco del malestar social. Y no hay soluciones policiales que sean mágicas o definitivas. Por el contrario, la estrategia debe ser transversal: combinar acciones preventivas y disuasivas en el control del uso del espacio público con otros de tipo social. Barcelona, por eso, ha sido la primera ciudad europea donde se han hecho ciertos pasos innovadores desde una óptica de los derechos de la ciudadanía. Los cambios en el circuito del empadronamiento, los planes de ocupación, o la cooperativa de Diomcoop, son algunas de las medidas que han permitido sacar a 130 vendedores ambulantes de la calle y tratarlos como ciudadanos de pleno derecho.

Este tipo de iniciativas, a pesar de ir en la buena dirección, son insuficientes. Que sean la norma, y no la excepción, dependerá de si hay una mayor implicación del resto de administraciones públicas. Otra condición indispensable para encauzar la problemática es levantar las barreras legales a la regularización de las personas “sin papeles”. La falta de permisos de trabajo y de residencia son el principal factor que los empuja a buscar formas ilegales de subsistencia. En un contexto de crisis como el actual, por eso, el guión preestablecido por la derecha va en la dirección contraria. Lejos de impulsar una alternativa enfocada hacia la garantía de derechos, utiliza a los manteros como amenaza latente en beneficio propio. Con ello, se elude una discusión de fondo, no demagógica, sobre las causas reales, económicas y políticas, de la inseguridad en nuestras ciudades.

Ante esta disyuntiva, las izquierdas deben tomar partido. O se suman a las políticas punitivas que, como solía decir Eduardo Galeano, “escupen a la gente”. O se suman al frente en defensa de los derechos humanos. No se trata, como querrían los sectores más conservadores, de políticas realistas contra políticas irrealistas. El supuesto realismo de quienes confunden la “seguridad en los derechos” con el “derecho a la seguridad” es un realismo estrecho de miras. Por el contrario, el único modelo sostenible de seguridad es el fundado no en la demagogia del populismo punitivo, sino en un modelo de escrupuloso respeto a los derechos sociales, políticos y civiles de todos.

“Lo personal es político”. Con este eslogan feminista de los años sesenta se rompió un paradigma cultural milenario.  Se quebraba el divorcio entre la esfera de lo doméstico y lo público, lo individual y lo colectivo, lo personal y lo político. La consigna fue citada por la portavoz de Podemos, Irene Montero. Era su argumento para justificar la conveniencia de someter a consulta de las bases una decisión personal de ella y su pareja, Pablo Iglesias.  

El medio millón de simpatizantes del partido, en efecto, serían los encargados de decidir sobre la continuidad de ambos al frente de la organización por una posible incoherencia ética. Esa fue la osada reacción de la pareja ante la polémica suscitada al conocerse la ubicación y las características de su futura vivienda. Nunca antes un asunto privado como la elección residencial había generado una controversia de tales dimensiones. Situación diferente eran los célebres pisos bajo sospecha por su vinculación a compraventas irregulares o tramas corruptas. En este caso, sin embargo, no se planteaban problemas de legalidad sino de moralidad. 

La línea argumental principal para afear la conducta de la pareja tenía que ver con la hemeroteca. Los detractores sacaban a relucir con sorna unas declaraciones de Iglesias sobre su intención de no mudarse de su barrio de Vallecas. O sobre  la clase política que vivía aislada de la sociedad y de un modo distinto a sus votantes. Los críticos también blandían un tuit suyo del 2012 contra la adquisición a toca-teja del ex ministro Luis de Guindos de un ático de lujo en La Moraleja que se sumaba a su fortuna millonaria. 

A primera vista, esas viejas palabras de Iglesias podían revelar una incongruencia  personal con su reciente intención de irse a vivir a un chalet de 600.000 euros, con piscina y a 40 km de Madrid.  Lo cierto, no obstante, es que las contradicciones en asuntos personales son recurrentes en la vida de cualquiera y más cuando se asumen responsabilidades públicas. Hacer política es precisamente cabalgar contradicciones y asumir las impurezas intrínsecas del ejercicio del poder. Lo advertía el propio Iglesias a sus alumnos en sus antiguas lecciones universitarias. 

Con toda probabilidad, de hecho, la vivienda no habría suscitado controversia alguna si se hubiera adquirido en Madrid aunque fuera a un precio superior. O estando en otra localidad fuera más modesta. En el fondo, el asunto no dejaba de ser una cuestión menor de la vida privada del ex profesor que en nada afectaba a su credibilidad como dirigente político. Ello, sin embargo, no fue impedimento para atajar un revuelo con apariencia de  escándalo.  Y tanto él como su pareja sintieron la obligación de dar la cara en una rueda de prensa. 

De entrada, Montero e Iglesias exhibieron todo lujo de detalles sobre la adquisición de la vivienda. Sus familiares eran los avaladores  de una hipoteca contraída con una entidad cooperativa y ética a 30 años vista. Eso les obligaba a cada uno de ellos a pagar 800 euros mensuales. Arguyeron también que la vivienda era para vivir, y no para especular como la del ministro responsable del plan de ajuste que empobreció a la sociedad en beneficio de la banca. Mudarse al campo, además, era una decisión que pretendía proteger su intimidad o seguridad cuando pronto iban a ser padre y madre de mellizos. Lejos de ser un capricho, la voluntad de parapetarse tras el cerco de un chalet respondía a las dificultades que tenían para moverse y vivir con libertad en su vida privada. No querían ver a sus hijos   crecer – decían- en un entorno asediado por los paparazzi y los curiosos. De hecho, las amenazas y el señalamiento público de periodistas como Jiménez Losantos o Eduardo Inda les habían convertido en diana para cualquier ultra o desaprensivo. Bajo esa óptica, no resulta demasiado sensato exigirles retractarse de una decisión que puede considerarse torpe en términos de imagen pública pero comprensible e irreprochable en términos morales. Con toda probabilidad, Iglesias no habría renunciado nunca a su aspiración de vivir como cualquier otro vecino de Vallecas si no estuviera a las puertas de la paternidad y fuertemente asediado por el fango inquisitorial de la caverna mediática. 

Lo sucedido no dejaría de ser una anécdota si no fuera porque revela una tenaz ofensiva de mayor calado. De hecho, no es la primera vez que se pone el foco en la vivienda de un dirigente de la nueva política. Le ocurrió ya al griego Yanis Varoufakis con su piso con vistas al Partenón o a la vasca Pili Zabaleta con su casa de lujo en Zarautz. En un momento u otro, casi todos los líderes morados han sufrido un severo hostigamiento a su vida privada. Buen ejemplo de ello se observó el mismo día en que la formación irrumpió en el Congreso. La imagen de las rastas del diputado canario, Alberto Rodríguez, o de Carolina Bescansa amamantando a su bebé se convirtieron rápidamente en un chismorreo público. Con posterioridad, el marcaje o fiscalización se volvió algo recurrente y más áspero. Se polemizaba sin rubor sobre una coca-cola que bebió Espinar en la cafetería del Congreso, el banquete de boda de Alberto Garzón, las vacaciones de la alcaldesa Carmena, el asistente de Echenique o la ropa de Alcampo del propio Iglesias. 

Los damnificados por esas diatribas insidiosas denunciaban el doble rasero del que eran objeto en contraste con los dirigentes políticos de otras formaciones. Sus instigadores, en cambio, sostenían que ese era el precio a pagar por hacer bandera de ejemplaridad en materia de transparencia, austeridad o regeneración democrática. Es cierto que Podemos surge, tras las movilizaciones del 15-M, de esa voluntad de cambio con las viejas formas de hacer política. Su intención era finiquitar ciertos privilegios vinculados al poder, las puertas giratorias, las corruptelas o los costes fastuosos. Se renunciaba, por ejemplo, a viajar en “business” a costa del erario público. A diferencia de los partidos tradicionales, se ataba en corto a sus cargos electos. Los sacrificios exigidos eran numerosos. Des de las agendas transparentes, la limitación de mandatos, la reducción de sueldos y donación del sobrante a proyectos sociales hasta la rendición de cuentas y la publicación de su patrimonio.

El Código ético de la formación morada precisa, con ese propósito, esas constricciones con todo tipo de minuciosidad. La idea de fondo es muy sencilla. Un político no es un ciudadano cualquiera. Ya lo advertía el presidente norteamericano Thomas Jefferson cuando recordaba que quien ejerce el poder debe considerarse a si mismo como propiedad pública y estar dispuesto a ser vigilado de cerca. Y con el ascenso del fenómeno de la corrupción, y el desprestigio consiguiente de la clases política, ese control exige un rigor más incisivo.

Ahora bien, ¿cuáles son los límites de esas reglas del juego y quien los establece? Uno de los primeros en tomar partido en la controversia sobre el chalet fue el alcalde de Cádiz, José María González (“Kichi”). En un comunicado y una carta dirigida al exdirigente de Podemos, Juan Carlos Monedero, le leyó la cartilla a la pareja.  Les recordaba que el código ético de Podemos “no es una formalidad” sino “el compromiso de vivir como la gente corriente” para poder representarla. Y reivindicaba su “piso de currante” para criar a sus hijos como ejemplo a seguir. A él -advertía- “no le iban a pillar en un reuncio” como a la alcaldesa del PP, Teofila Martínez,  que vivió más de 20 años en un chalé fuera de la ciudad.

Lo primero que habría que advertirle a “Kichi”, sin embargo, es que sus circunstancias no son las mismas que las de Iglesias.  Él mismo admitía que en su caso “la prensa no le ha molestado mucho”. Por otro lado, resulta poco razonable exigirle al máximo dirigente estatal de un partido que fije su residencia en una localidad concreta. En el caso de un alcalde sí es esperable que viva allí donde gobierna y mantenga un contacto más cotidiano con sus conciudadanos. Si se parte de aquí, sea hace difícil predecir cómo actuaria cualquiera –incluso “Kichi”– en la situación de  Iglesias.

Sea como sea, que “todo lo personal sea político” no puede ser una patente de corso para controlar y juzgar todo lo que ocurre en la esfera intima y privada  de un político. De hecho, ni el código ético de Podemos ni ningún otro estipulan dónde y cómo deben vivir los cargos electos. Tampoco alude a cuales no deben ser sus vicios, cómo deben peinarse o si deben llevar corbata o no para representar mejor a sus electores. Se da por supuesto que eso forma parte de la esfera personal de cada uno. Como mucho puede ser objeto de debate informal en el entorno más cercano. Lo contrario seria una amenaza a la libertad y una pretensión totalitaria digna de una distopía orwelliana. 

Lo cierto, sin embargo, es que ciertos sectores políticos y mediáticos se arrogan a sí mismos la potestad de alzarse en tribunales éticos por encima de las consciencias. Actúan bajo la creencia que si eres progresista estas obligado a llevar una vida asceta o casta y no puedes prosperar económicamente. Con ello, a menudo se eleva el listón sobre la coherencia moral hasta niveles de pureza angelical.

Esta forma moralista de ver las cosas tampoco es inocente. Exhibir la ropa sucia del adversario suele ser muy útil si se pretende destruir su reputación para dejarlo fuera de juego. De hecho, el periodismo de cloacas  hace tiempo que rompe todas las barreras éticas en beneficio del poder. Recientemente, por ejemplo, forzó la salida de Cristina Cifuentes con la filtración del video donde se la veía retenida por un hurto en un supermercado. Precisamente Iglesias fue el único político del arco parlamentario que puso el grito en el cielo ante lo que consideró la “destrucción de un ser humano”. Cuando la prensa conservadora escarba ahora tras la ecografía de Montero o el paseo de la pareja con sus perros no pretende solo inmiscuirse en sus asuntos privados para sacarles de quicio. También aspira a rastrear cualquier flaqueza o doblez poco estética de su intimidad que permita confundir a la opinión pública. El objetivo final parece doble. Primero, esparcir la duda y hacer indistinguible unos políticos de otros. Y luego, abrir las heridas internas en el seno de la formación morada.

Fue Umberto Eco quien se atrevió a definir ese modo de operar como la “máquina del fango”. Lo hizo con motivo de la campaña de desprestigio de Berlusconi contra los jueces y políticos que luchaban contra la corrupción. Colocar cualquier incongruencia privada de quien encarna esa lucha al mismo nivel que el corrupto o corruptor tiene otro efecto perverso. Con el rancio mantra de “todos los políticos son iguales” se lanza una sospecha generalizada que despolitiza a la ciudadanía. La vuelve descreída, indiferente e individualista.  Por eso, el desafío lanzado con la iniciativa plebiscitaria debería convertirse en un acicate para movilizar y unir a las diferentes facciones moradas frente a un enemigo común. En los últimos tiempos, las cloacas mediáticas han franqueado impunemente los límites de la decencia en demasiadas ocasiones.  En ese contexto, el respaldo de las bases a Montero e Iglesias sería una clara advertencia a quien juega sucio para enfangar el campo de juego. Un recordatorio de que no todo vale para desgastar al adversario. Ese es el dilema en disputa. No nos equivoquemos de bando. O gana el juego limpio. O gana la máquina del fango.

Con motivo de la situación de excepcionalidad jurídica que se vive en Cataluña, se ha celebrado este fin de semana en Barcelona el Primer Congreso en defensa del Estado de derecho. El evento reunió a magistrados, profesores de derecho penal o internacional, periodistas, miembros de entidades de derechos humanos y abogados. Uno de los objetivos del encuentro fue reivindicar el Estado de derecho como artefacto de denuncia y resistencia frente a la vulneración sistemática de las reglas democráticas que se ha producido en los últimos años en España. Es tanta la excepcionalidad jurídica que vivimos que, más que exigir una comprensión “alternativa” o “contrahegemónica” del derecho, la profundización democrática o los derechos sociales, lo que se reclamaba es simplemente que los poderes públicos sean coherentes con ellos mismos. Que no vulneren las reglas mínimas de las que se han dotado al aprobar constituciones y ratificar tratados internacionales.

En efecto, las actuaciones emprendidas contra el soberanismo catalán u otras formas de disidencia por parte del Gobierno del PP, con el apoyo de Cs y PSOE, y de las altas instancias judiciales ha planteado una crisis institucional que ha hecho tambalear los fundamentos del Estado de derecho. En ese contexto, el derecho y su interpretación se ha convertido en un campo de batalla crucial a la hora de establecer el margen de actuación de unos y otros. El mayor o menor grado de legitimidad de sus actos depende en buena medida de la aceptación y reconocimiento de sus razones jurídicas. Al mismo tiempo, la dimisión del debate político por parte del PP, PSOE y Ciudadanos y el refugio constante en un poder judicial controlado “desde arriba” respaldan la centralidad del derecho en el debate social.

En esa disputa, la ventaja de partida de quien ejerce el poder no es tan abrumadora como en tiempos pasados. La legalidad de nuestra época no es como la franquista. Es exigente y conlleva límites y controles de todo tipo. Buena parte de ella consiste en tratados, constituciones y declaraciones de derechos impensables sin la derrota de los fascismos y otras dictaduras que asolaron el siglo pasado. Un legado civilizatorio que puede convertirse en papel mojado si la ciudadanía no se lo reapropia para denunciar sus incumplimientos sistemáticos por parte del poder. A pesar de su aparente ineficacia, estos textos permiten considerar las situaciones de injusticia no como algo natural, sino como auténticas violaciones jurídicas.

En tiempo de involución democrática como la actual, por ello, esta legalidad se convierte en un espejo más incómodo de lo habitual para el poder. De hecho, sirve para mostrar su tendencia creciente a desligarse de ataduras garantistas y situarse en la ilegalidad. En realidad, invocar el estado constitucional en la actualidad implica defender la supremacía de los derechos políticos y sociales de la ciudadanía, la separación de los tres poderes - cada uno con sus contrapesos -, el papel central de la sociedad civil, la proporcionalidad y el constante control o supervisión de las acciones del Estado. Esta visión de las cosas corresponde con una tradición jurídica alemana del estado de derecho (rechtsstaat), posterior a la Segunda Guerra Mundial, totalmente antitética a la noción de dictadura de la ley en que hoy la derecha jurídica española quiere caricaturizarlo. En el fondo la idea es muy sencilla: un Estado de derecho significa imponer límites “desde abajo” y desde fuera al poder del Estado. La ley no puede ser, en una concepción exigente del principio democrático, un mecanismo de cobertura de los abusos del poder, sino su freno o antídoto primordial.

Visto desde esta perspectiva, resulta más capital que nunca el papel de los juristas garantistas para mostrar el derecho no sólo como la expresión del poder sino también y, sobre todo, como herramienta para deslegitimar sus actuaciones más arbitrarias. Esta tarea tiene al menos dos funciones específicas. Por un lado, dar respuesta al inaceptable recorte de derechos políticos y la criminalización de toda disidencia al poder constituido. Por otro, mostrar que la protesta y la desobediencia, lejos de ser actos censurables, son instrumentos legítimos e incluso necesarias para forzar al poder para que cumpla su propia legalidad. Buen ejemplo de la resistencia jurídica ante la ofensiva contra el independentismo son las querellas interpuestas contra la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional durante el 1 de octubre por parte de entidades de derechos humanos y varios ayuntamientos, como el de Barcelona o Girona.

En verdad, ese tipo de disputas por el sentido del derecho se libran principalmente en el Estado español. Y aquí el papel de las entidades de derechos humanos y de los juristas será relevante. Una iniciativa incesante fue la creación de la plataforma “No Callarem” (No Callaremos) que ha organizado recientemente, junto al consistorio barcelonés, la reciente “Semana de la Libertad de Expresión” en la antigua cárcel Modelo. Lo que durante casi un siglo fue un centro de privación de libertad, se convirtió en el epicentro de todo tipo de actividades políticas y culturales de denuncia de la deriva represiva. La plataforma denunciaba desde la censura en exposiciones, pasando por el secuestro del libro Fariña, la reciente condena a la revista Mongolia a pagar 40.000 euros por un chiste hasta las recientes condenas a raperos como Valtònyc o la de Pablo Hasél.

El desenlace de muchas de estas disputas, en realidad, se van a decidir en Europa. Como explicó en el encuentro el abogado Gonzalo Boyé, el mayor descrédito jurídico a la ofensiva judicial contra el independentismo proviene precisamente de los “litigios estratégicos” en los tribunales europeos. La primera señal de alarma vino con la retirada de la orden de extradición del Supremo contra los miembros del gobierno de la Generalitat exiliados en Bélgica ante su segura desestimación. A continuación, el segundo envite se produjo con las medidas de libertad acordadas por la justicia europea. Un contraste clamoroso con la dureza de las prisiones provisionales acordadas en España. Luego, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó, a petición de Jordi Sánchez, al Estado español a “tomar todas las medidas necesarias para garantizar que pueda ejercer sus derechos políticos”. Un mensaje que incluía medidas cautelares, un mecanismo previsto por la ONU para evitar “daños irreparables” a las personas que denuncian abusos de sus derechos ante la institución. Y, por último, el varapalo final llegó de la justicia alemana. El tribunal de Schlewsig-Holstein descartaba la existencia de la violencia y el delito de rebelión en los hechos investigados, en contra del criterio del Gobierno y del juez Llarena.

El frente internacional, en efecto, ha provocado un boquete gigante a la línea de flotación de la causa penal seguida en el Supremo. Lo que en un lugar se percibe como hechos delictivos gravísimos contra el orden constitucional, con penas de hasta cuarenta años de cárcel, en el otro no pasan de ser simples hechos políticos sin relevancia penal. Otra actuación judicial que sacó lo colores al Estado español fue el reciente tirón de orejas del Tribunal de Estrasburgo a raíz de las condenas a unos jóvenes por la quema de fotos del Rey. Otra vez sucedía que lo que para unos era un delito de odio para los otros era un simple acto político amparado por la libertad de expresión.

En el fondo, el riesgo de corrosión del estado de derecho que todas estas actuaciones muestran no es del todo nuevo en España. Forma parte de un populismo punitivo que se ha incrustado en todo el entramado estatal como una bomba de relojería. No obstante, lo cierto es que lo sucedido en los últimos dos años con la cruenta persecución al independentismo catalán ha agudizado hasta extremos inauditos una involución democrática que ahora afecta a otros ámbitos y colectivos. El desafío, por eso, exige más que nunca construir frentes anti-represivos amplios, transversales y plurales que le disputen al poder la legitimidad del discurso del derecho. Y que pongan en el centro de la política el papel de los derechos como límites a sus abusos. Hacerlo es una cuestión de simple supervivencia para frenar su deriva abiertamente despótica.

“Un hombre aguarda dentro de un pozo sin remedio,

tenso, conmocionado, con la oreja aplicada.

Porque un pueblo ha gritado, ¡libertad!, vuela el cielo.

Y las cárceles vuelan.“ (Miguel Hernández, Las cárceles)

Querido Jordi (Cuixart):

El día en que jueces y fiscales te señalaron con el dedo tuerto, nos ardió impaciente la indignación. O la náusea de la injusticia. Desde que los altos tribunales se sientan a cenar en la mesa de los poderosos, son malos tiempos para la justicia. Como diría Rosa de Luxemburgo, la justicia es servil con los tiburones y cruel con las sardinas.

Hace poco se cumplieron cuatro meses desde que te despojaron de uno de los bienes más preciados (la libertad) y te vaciaron el alma de oxígeno. Han sido cuatro meses de suplicio, castigo y venganza. Cuatro meses de memoria de una sinrazón, lejos de tus afectos y tu tierra. Cuatro meses con sabor a lágrimas del opaco cemento de una cárcel impenetrable. Como si tuviéramos una astilla clavada, desde entonces, nos falta el aire.

Tu ausencia amarga, tu lejanía de muros, nos quema. Tener que escribirte duele. Pero, como cualquier carta a un preso, hacerlo es un mensaje de futuro. Una hoguera en medio de la noche helada. Se alimenta de soledades, de distancias, pero se construye con puentes de esperanzas.

Con esta carta quiero insuflarte ánimos. Recordarte lo que has sido y siegues siendo para todos los que te extrañamos. Con tu empeño insomne por abrir camino, fuiste (y sigues siendo) un referente de coraje y dignidad. Siendo como eres un militante pacifista dispuesto siempre a extender la mano al prójimo, incluso a quienes solo ofrecen autoritarismo y ruindad, duele que te asocien arbitrariamente con la violencia. Sacrificando tu tiempo libre y de forma desinteresada, te has dejado la piel en lograr una sociedad más libre. Sabías que el camino no era fácil. Los sueños colectivos nunca lo son. Requieren de gente movilizada, ilusionada y dispuesta a sacrificarse. Son procesos largos llenos de espinas. Y más en una democracia imperfecta como la nuestra. No por casualidad, a diferencia del resto de Europa, aquí el fascismo nunca fue derrotado y el poder se construyó sobre sus cimientos. Las togas de quienes ocupan la cúspide judicial no están, por esa razón, limpias. El polvo del franquismo las ensucia. Lo sabes tú bien. Y lo recordábamos hace poco en unas jornadas contra la impunidad franquista celebradas en la Modelo, donde sentimos tu ausencia muy presente.

Vivimos tiempos difíciles, donde la polarización se extiende como una mancha cancerígena. Ahora más que nunca, resulta imprescindible recoser complicidades entre unos y otros; poner en valor lo que nos une por encima de lo que nos separa. En esa tarea urgente, figuras como la tuya son un faro en la niebla. Frente a la actual deriva autoritaria, hay que rescatar el espíritu unitario de la Asamblea de Cataluña de los 70. O la filosofía que latía detrás del lema “un solo pueblo” - catalanes de linaje y nuevos catalanes- del viejo dirigente del PSUC, Josep Benet. Te lo había oído gritar a los cuatro vientos con voz solemne de los grandes momentos: ¡somos un país mestizo! Hay que ver el fenómeno migratorio, no a partir de su grado de integración, sino como una nueva realidad construyendo una patria común con identidades y orígenes múltiples. Gente nacida aquí y gente venida de Murcia en los años 30; de Andalucía, Extremadura o Galicia en los años 60. Gente que se encontró un entorno en condiciones muy duras, sin servicios ni transporte público. Y con un esfuerzo inmenso, anónimo y silencioso, levantó nuestras ciudades desde abajo. Muchos de ellos, vecinos del extrarradio gris, la “Internacional de los bloques” evocada por tu apreciado Pérez Andújar. Siempre te identificaste con esa gente humilde y sencilla que, como tu madre, emigraron persiguiendo un futuro mejor. Eras incapaz de pensarte separadamente de sus reivindicaciones o pulsaciones vitales. De quienes llegaron, pero también de quienes se quedaron en sus tierras. Apelabas a menudo a la fraternidad y al anhelo de emancipación de las clases populares del resto de territorios ibéricos. Algo se ha torcido o no se habrá hecho bien cuando no pocos de ellos, lejos de sentirse interpelados por personas como tú, se han sentido amenazados en su identidad. Y envolviéndose entre banderas, han entregado su voto a un nacionalismo de extrema derecha. Ya lo hablaremos cuando recuperéis la libertad, pero seguro que lo que ha pasado te duele ahora en el alma, tú que eres un internacionalista obstinado en trascender filiaciones y fronteras. También te dolía ver cómo otros nacionalistas utilizaban la unidad patriótica para diluir luchas sociales y ocultar sus miserias. O el discurso contra un “Madrid” al que injustamente reducían a una de las dos Españas, olvidando que también es la ciudad mestiza, del orgullo gay, del 15-M o del “no pasarán”.

Recuerdo cuando me defendiste ante los silbidos de un auditorio de exaltados al mencionar a ese otro Madrid popular y antifascista. Lloré de rabia ante tanto desprecio ignorante y tú querías hacer un comunicado de condena. Ambos creíamos que la idea de una España uniforme e irreformable era reaccionaria. Existe una España vieja, monárquica, caciquil, miedosa, de sacristía, que embiste al grito de “a por ellos” y aspira a helarnos otra vez el corazón. Ésta está ganando. Sin embargo, ha aflorado también otra España joven, indignada, republicana, interreligiosa y laica, plurinacional y reacia a ser una prisión de pueblos. Con esa otra nueva España compartimos horizontes, sueños y anhelos comunes. Hay quienes, a ambos lados, quieren romper esa corriente de simpatía entre unos y otros.

Con nostalgia, te recuerdo ahora en todos los momentos vividos. Te recuerdo en charlas con amigos como Quim Arrufat en un aula de estudiantes o Toni Comín y Eulàlia Reguant encima de un escenario de Nou Barris. Te recuerdo cuando nos despedíamos la noche antes de tu encarcelamiento. Sabías el peligro al que te dirigías y, a pesar de ello, conservabas el valor de animarme con la claridad silvestre de tus risas. Te recuerdo cuando tú y Jordi Bosch me persuadisteis para que me hiciese socio de Ómnium Cultural, una entidad con casi cien mil afiliados y sesenta años de historia. Si no fuera por ti, no lo habría hecho. Contigo superé prejuicios y recelos antiguos. Fue en el año 2016. Querías que Ómnium fuera casa común del soberanismo republicano, donde convivieran federalistas, confederalistas o independentistas. Querías trazar complicidades con otras organizaciones estatales que defendían el derecho de decidir del pueblo catalán. Recuerdo tu insistencia en que te presentara a Pablo Iglesias. Me gustaba tu visión inclusiva del catalanismo y la cultura. Me hablabas con entusiasmo de celebrar la Noche de Santa Llúcia en el Hospitalet de Llobregat. Por primera vez, después de 65 años, el principal acontecimiento literario se desplazaba a una ciudad metropolitana, obrera y cuna de tantas personas de origen inmigrante. Poco antes, habíamos participado juntos en un acto de vuestra campaña Lluites compartides. Allí defendimos la interrelación entre las luchas de los últimos 50 años de mucha de esa gente venida de otros lugares con las luchas colectivas del presente. Defendimos a la clase trabajadora, valiente, que nos recordaba que los derechos nunca se regalan. A la lucha feminista de una ciudad con nombre de mujer. A los que salían cada 11-S para exigir urnas y democracia. A los jubilados infatigables defendiendo lo ganado para sus nietos. A la gente de la PAH y el 15-M poniendo el cuerpo para recuperar lo que es de todos. A los viejos antifranquistas peleando por la memoria democrática. A quienes alzaban la voz contra el sufrimiento provocado por CIEs y fronteras; o exigiendo más refugiados en la manifestación más grande de Europa.

Tú que has luchado tanto por la libertad ajena, has acabado perdiendo la tuya. Como Forn, Sánchez y Junqueras, te has convertido en preso político del siglo XXI. Lo explicaba hace poco en un artículo que te mando junto a esta carta. Son muchos quienes te precedieron en esa ingrata condición. “Hem vist tancats a la presó homes plens de raó...no, diguem no” cantaba Raimon ya en los recitales de los 60. Antes de ti, estuvieron “hombres llenos de razón” como Wilde, Gramsci, Luxemburg, Roque Dalton, Sands, Mandela, Miguel Hernández. Lo recordaba recientemente un amigo común, el periodista David Fernández.

El corazón se me encoje cuando te pienso ahora detrás de unos barrotes infames que ennegrecen los horizontes, en una celda diminuta y mal iluminada de Soto del Real. O cuando hablo con tus seres queridos o con el resto de perseguidos políticos. Todos ellos forzados a recorrer centenares kilómetros. Es terrible que no puedas levantar el teléfono y escuchar al otro lado la voz afectuosa de Txell; que solo puedas verla brevemente una vez a la semana tras un grueso cristal; o que solo puedas abrazar a tu hijo de diez meses una vez cada tres meses. Ante el vacío institucional provocado por la vil aplicación del artículo 155, debes saber que como ayuntamiento no nos quedamos de brazos cruzados. Hace poco, por ejemplo, llevamos ante la justicia la vulneración de derechos humanos del 1-O y denunciamos lo sucedido ante el Congreso de los Diputados o el Parlamento europeo. Esta semana hemos vuelto a reclamar vuestra libertad o, como mínimo, el fin del doble castigo del alejamiento. No olvidamos que la prisión es un espacio de aislamiento, hostil y deshumanizado. Allí el tiempo se congela y se hace perpetuo. Se pierde la intimidad, la luz solar, las cosas básicas de la vida: el contacto, las miradas y la ternura de quien se ama. Como decía Albert Camus, “la prisión es un suplicio cotidiano que nadie tiene derecho a infligir a un ser vivo en nombre tan solo de una opinión o de una concepción del mundo”. Cada día lo recordamos con un lazo amarillo colgado en la fachada consistorial señalando vuestra ausencia.

Los que te queremos nos vamos a acostar noche tras noche con ganas de abrazarte. Cerramos, luego, los ojos con la mala conciencia de disfrutar de una comodidad a la que a ti te han privado. Y sentimos que entre tú y la mayoría del pueblo catalán nos une un hilo rojo indestructible. Seguro que hay momentos difíciles en los que te sentirás solo en un pozo sin salida. Acorralado. Triste. Abatido. Y no verás el futuro con esperanza. Entonces, acuérdate de que somos miles los que estamos allí fuera. Acuérdate de nosotros sufriendo contigo. En el fondo, el castigo es colectivo. Tu cautiverio es nuestro cautiverio. Como en el 1-O, es una herida abierta que escuece pero nos hace más fuertes y lúcidos. Hemos vivido juntos tantos momentos duros que somos más pueblo ahora que nunca. Por querer votar, nos pegaron, insultaron y humillaron. Nos quisieron imponer censuras vergonzantes y el silencio por la fuerza del miedo. Nos trataron de delincuentes. Y, finalmente, nos han quitado la libertad. Lo que nunca podrán arrebatarnos es la dignidad de volvernos a levantar para decir que somos quienes somos y exigir respeto por nuestros derechos. Con persistencia pero con la mano extendida, sin rencor ni rabia, porque no queremos convertirnos en aquello contra lo que luchamos. Como las compañeras nos han enseñado, la política sin amor no es política. Tampoco lo es, pero, sin memoria y anhelos de justicia. No lo dudes: seguiremos soñando una democracia donde refugiarnos; para que la razón venza al miedo, a la ignorancia y al odio. No descansaremos hasta que tú y el resto volváis. No seremos libres hasta que vosotros lo seáis.

In memoriam Carlos Slepoy

“Olvidar el sufrimiento del pasado es olvidar las fuerzas que lo provocaron sin derrotar a esas mismas fuerzas”. Con esas palabras, el filósofo Herbert Marcuse recordaba que la memoria nos informa de quiénes somos, de donde venimos pero también a donde vamos. Solo desde allí, pueden liberarse las energías latentes del pasado para construir nuevos horizontes alternativos a lo existente. Aquello que no fue, que pudo haber sido y podría volver a ser. Los herederos políticos del franquismo, por eso, querrían deshacerse de esa memoria cargada de futuro. Que las víctimas fueran mudas e invisibles. Que no molestaran y se quedaran en las cunetas del olvido. Hay crímenes tan deleznables, no obstante, que sus victimas nos convocan y exigen justicia. Los asesinados, torturados o desaparecidos de la dictadura nos advierten que somos contemporáneos del instante en que se paró su reloj biográfico. Como un espectro que se alza, nos recuerdan que sin reparar esa injusticia no hay justicia posible. Con la intención de hacerse cargo de esa exigencia, se celebra este lunes el II Encuentro de la Red de Ciudades contra la Impunidad Franquista, en el que Barcelona toma el relevo de Pamplona en la presidencia de esta red. El encuentro se produce en la ex-cárcel Modelo, coincidiendo con su apertura de puertas a la ciudadanía.

La iniciativa es un paso más en una lenta, dura y dilatada lucha para diseñar mecanismos contra la impunidad de crímenes que constituyen un estigma imborrable en la historia de la humanidad. Para superarla, los intentos han sido numerosos y han corrido suerte diversa. Con frecuencia se ha saldado con derrotas y con la dura imposición de la “ley del más fuerte”. A veces, se han logrado victorias parciales donde los vencidos han logrado hacer valer lo que el jurista Ferrajoli denominaba “la ley del más débil”. Es una lucha que una y otra vez, sin embargo, se ha replanteado por caminos inesperados. Siempre ha contado con gente dispuesta a levantar, como ahora la red de ciudades, la bandera irrenunciable de un “nuca más” que se niega a reconocer fronteras.

Hay crímenes que, en verdad, no prescriben ni admiten inmunidad. Su crueldad no solo ofenden a quien los sufre sino también a la humanidad entera. Y precisamente por eso, independientemente de quien sea su autor y donde se haya producido, pueden ser perseguidos en su nombre desde cualquier rincón del mundo. Con esa finalidad, el llamado principio de justicia universal se instauró a lo largo del siglo XX para poner coto a la impunidad de crímenes tan abominables como los de genocidio y lesa humanidad. Su antecedente más originario se encuentra en los tribunales de Núremberg y la toma de conciencia de que los actos de barbarie, como los vividos en Auschwitz, no podían repetirse. Bajo ese signo civilizatorio, se aprobaron también documentos cruciales como la Carta de la ONU, la Declaración Universal del 1948, que pretendían convertir los derechos humanos en auténticos muros de contención frente a los poderes arbitrarios de todo tipo. En el fondo, la idea era simple. Se quería enviar un mensaje preventivo claro a los gobernantes. Utilizar el propio aparato estatal para asesinar, torturar y después asegurarse la propia inmunidad, es una operación arriesgada. Siempre puede abrirse una investigación con posterioridad o en algún otro lugar.

Los tribunales españoles fueron, de hecho, pioneros en el impulso de ese principio. Se utilizó para romper la impunidad de crimines ocurridos en otros países. Entre los casos más notorios estaban los de Chile y Argentina. De nada sirvieron entonces los argumentos de quienes blandían leyes de amnistía y punto final aprobadas para dejar sin castigo los crímenes de sus dictaduras. Esos hechos no podían ser objeto de amnistía ni perdón. La condena del Tribunal Supremo a 1.084 años de prisión al exmilitar argentino, Adolfo Silingo, es un buen ejemplo de ello. La cuestión se torció, no obstante, cuando se trataron de limpiar los propios trapos sucios. El cierre brusco de una investigación en la Audiencia Nacional sobre los crímenes franquistas ponía al descubierto el uso hipócrita del derecho. Las normas que no valían para los otros, entonces sí valían para uno mismo. Se daba la espalda a los compromisos adquiridos a nivel internacional y una doctrina del Tribunal de Estrasburgo de carácter obligatorio. De nada importó que la ley de amnistía se aprobara con la intención, no de blindar la inmunidad franquista, sino de sacar de la cárcel a los presos políticos. Por eso, Alianza Popular – ahora PP- votaron en contra. O que los hechos denunciados no fueran los delitos políticos exigidos en su articulado y su interpretación fuera ajena a los tratados internacionales suscritos por el Estado español. Lo más sorprendente fue, sin duda, que se vulneró incluso el propio contenido pre-constitucional de la ley del 1977. En su artículo 6, por ejemplo, se requiere una previa investigación y juicio antes de aplicar la medida de gracia. Eso no sucedió. No por casualidad, a diferencia del resto de Europa, el fascismo español no fue nunca derrotado militarmente. Y el poder político o judicial se construyó, entre ruido de sables, sobre esos cimientos. Bajo las togas de quien ostenta la cúspide judicial, por eso, sigue perdurando el polvo del franquismo.

Se produjo, entonces, lo inesperado. La senda abierta por la jurisdicción española fue retomada por un juzgado argentino. Una querella presentada por víctimas y asociaciones permitió impulsar la investigación contra los responsables de los hechos. En nombre de la humanidad, fueron entonces los argentinos quienes nos mandaban el mismo mensaje que recibieron ellos de nosotros anteriormente. La respuesta, no obstante, no fue recíproca. Las autoridades españolas se negaron a dar curso a las órdenes internacionales de extradición. Esa política de bloqueo es, sin duda, contraria a otro principio del Derecho Internacional que dice “extradita o juzga”. O se investiga o se deja investigar. Con este argumento, las entidades de derechos humanos volvieron a retomar el hilo argentino para volverlo a llevar a los tribunales españoles. Había antecedentes de ello. Primero, la orden de la Audiencia Provincial de Barcelona para que se investiguen los bombardeos fascistas del 1937-1939. Luego, la investigación del asesinato de 10 civiles en el 1936 seguido por un juzgado de Almazán (Soria).

El cambio de ciclo político abierto en las pasadas elecciones municipales, había abierto una ventana de oportunidad histórica. Ciudades como Zaragoza, Cádiz, Vitoria-Gazteiz, Madrid, A Coruña, Pamplona o Barcelona dieron un paso al frente. En el 2016 se creó en Pamplona una alianza municipalista con el objetivo de impulsar todo tipo de acciones que rompieran el candado de la impunidad y el olvido. Para dignificar a las víctimas, por ejemplo, se retiraron honores, estatuas y calles a gerifaltes franquistas. O se cerró el paso a lugares de exaltación del fascismo, como la librería Europa y las misas del Día de la victoria en espacios municipales autorizadas desde 1940.

Ese empeño obstinado para hacer efectivo los valores de justicia, verdad y reparación no es ninguna ocurrencia o capricho. No es tampoco un acto “revanchismo guerracivilista”, como señalaba ayer mismo el líder del PP, Alberto Fernández Díaz. Romper la línea de continuidad entre el franquismo, la transición y la democracia es una exigencia moral y política. Los crimines son imputables a los verdugos franquistas pero es el actual régimen quien los encubre. Sin esa tarea seria casi imposible, además, recuperar la cultura republicana que quiebre las cadenas de la España monárquica, vieja, uniforme y caciquil. Con todo, la obligación de actuar es también un imperativo legal. El Convenio europeo de Derechos Humanos establece, en efecto, el deber insoslayable de persecución de los crímenes internacionales. Cuando estados como el español se quedan de brazos cruzados, son otros quienes deben de tomar la iniciativa y ejercitar las acciones previstas para que los tribunales competentes los investiguen. Como instituciones de suplencia, las corporaciones locales no pueden desentenderse y mirar a otro lado. Frente a la pasividad estatal ante el drama de los refugiados surge el mismo imperativo de acción. Ante la crueldad de los crimines sufridos por los refugiados, o con más razón por sus vecinos y vecinas, los municipios se convierten en auténticos bastiones de sus derechos. Son los garantes últimos de su cumplimento. Con esa intención, precisamente, la Red de Ciudades adoptó el acuerdo de impulsar iniciativas acordes con el mandato internacional. En Barcelona, por ejemplo, primero se puso las oficinas municipales al servicio de los afectados y sus familiares. Luego se acordó ejercer la acusación en la causa argentina o la seguida en un juzgado barcelonés para investigar los bombardeos aéreos sufridos entre los años 1937 y 1939.

Finalmente, se decidió impulsar la investigación de una de las páginas más negras de la historia: el asesinato de Puig Antich de 1974. Esas medidas obtuvieron el apoyo de una amplia mayoría de 33 concejales (ERC, Barcelona en Comú, PSC, CUP, Pdcat) de 41. Sólo la minoría del PP y Cs -8 concejales en total- se opusieron. Argüían que eso era remover el pasado.

Empuñar el calendario como arma para descalificar las reivindicaciones de las víctimas y sus familiares es una inmoralidad. El tiempo transcurrido no hace menos ineludible la reparación sino más bochornosa su retraso. Ni debilita esas reivindicaciones. Al contrario, la legitima más. A las víctimas las asesinó o torturó el régimen franquista pero siguen siendo actuales en tanto en cuanto no se le haga justicia. No se las puede ignorar una y otra vez. Y, si se hace, el eco de su voz nos perseguirá sin descanso. Como promesa de un “nunca más” que quiere hacerse realidad. Como irrenunciable ley de quien, en la lucha por los derechos humanos, no acepta fronteras ni mordazas. Ni pactos de silencio ni pactos del olvido. En verdad, con los derechos humanos no hay medias tintas. O se está con las víctimas o con los victimarios. Tanto el PP, como Ciudadanos, ya eligieron hace tiempo. Ahora, tal vez sea la ocasión de recordar la sagaz advertencia lanzada en los años setenta por los familiares de los desaparecidos chilenos: “Quienes buscan leyes de impunidad van a ser tan responsables en el futuro como los que apretaron el gatillo en el pasado”.

En democracia hay dos reglas elementales. Una, la voluntad del pueblo debe respectarse. Dos, un gobierno solo puede ser inhabilitado en las urnas. En la actualidad, existe en Catalunya una percepción generalizada que éstas se han roto. La imposición de un Estatut no votado por nadie y contra la voluntad de los catalanes está en el origen del conflicto. Tras ese hecho, calificado por el catedrático Pérez Royo como “golpe de Estado”, los ciudadanos reclamaron recuperar la voz. Ya no como última palabra sino como primera. Y no ya como referéndum sobre la fórmula de integración en el Estado, sino como referéndum para decidir si se quiere formar parte de él. Se pidió, por eso, la transferencia de la competencia para organizarlo. O se intentó hacer una consulta -como la del 9-N - que acabó en un simple proceso participativo. Aun así, el Gobierno del PP se enrocó. Ofreció sólo autoritarismo e incomprensión. Su respuesta inmediata es reformar el Tribunal Constitucional para convertirlo en un mero brazo ejecutor suyo. Se le otorgó un poder absoluto e incuestionable con el objetivo de usurpar las prerrogativas de las fuerzas políticas. Con ello, se desdibujó no solo su papel de órgano de control sino también el propio régimen jurídico que lo sostiene. La voluntad democrática de una comunidad para autodeterminarse, en este contexto, resultaba más legítima que nunca. Y una amplia mayoría de catalanes considera que debe prevalecer por encima de la opinión de cualquier juez. Lo que está en juego es, precisamente, el principio democrático y la legitimidad política que la soberanía popular concede.

Con esa intención, se convocó el referéndum del 1-O. Lejos de aplanarse, el Gobierno del PP inició una ofensiva punitiva sin precedentes para impedir su celebración. Se trató una cuestión democrática como si fuera una cuestión criminal. Se convirtió a los catalanes en presuntos delincuentes y se imputó a casi mil alcaldes por permitir que se expresaran en las urnas. Entre otras medidas, se mandaron centenares de policías de otras partes del Estado, se prohibieron debates y reuniones, se decomisaron carteles, se abrió correspondencia privada, se cerraron webs o se registraron imprentas y medios de comunicación. Con todo, más de dos millones de ciudadanos salieron a votar. Ese día marcará un antes y un después en la historia de Catalunya. Fue un momento de soberanía y empoderamiento ciudadano. Con más de mil heridos, se convirtió también en uno de los episodios de violencia institucional masiva más grave sucedido en Europa. Uno de los heridos, incluso, perdió la visión de un ojo por el uso de balas de goma prohibidas por el Parlament.

Tras esa violencia, y cuando todo parecía que no podía ir peor, el PP llegó a un acuerdo con el PSOE y Cs para disolver las instituciones catalanas. El artículo 155 de la Constitución fue un pretexto para cesar al Parlament y aupar a la Generalitat a la quinta fuerza catalana sin pasar por las urnas. Algo que tampoco había sucedido en ninguna democracia europea. Los ponentes de la Constitución habían descartado expresamente ese escenario. Solo lo defendió el ex ministro franquista, Fraga Iribarne. No por casualidad, no hay ninguna referencia a las medidas aplicadas en el texto constitucional. Bajo ese clima de excepcionalidad, el paso siguiente era previsible. Ya sin la protección del aforamiento, los miembros del gobierno catalán quedaron a merced de una jueza de la Audiencia Nacional. Y ésta, sin ningún tipo de titubeo, los encarceló. Con anterioridad, ya había aplicado la misma receta contra los líderes sociales Sànchez y Cuixart por su participación en una protesta pacífica. Desde entonces, miles de catalanes se han movilizado para exigir la liberación de quienes consideran presos políticos. En la fachada del ayuntamiento de la capital cuelga un cartel con esa misma reivindicación.

Estos hechos han levantado una pregunta evidente: ¿hay presos políticos en España? El Gobierno del PP y sus aliados, PSOE y Cs, lo niegan rotundamente. El motivo de su encarcelamiento –alegan– es estrictamente legal, no político. Como decía el editorial del diario El País, “no han sido enviados a prisión por sus ideas, sino por un delito de sedición previsto en el Código Penal”. El enfoque puramente legal, no obstante, tiene algunas deficiencias. Desde esa óptica, no hay presos políticos en ninguna parte. O si se reconocen, son los de otros países u otros tiempos. No existe ningún estado que acepte tener presos políticos. Siempre hay un artículo del código penal que avala su persecución. Hasta en Corea del Norte se apela a la ley para encarcelar a los disidentes. Ni siquiera se le concedió esa condición al más célebre de los presos políticos, Nelson Mandela. El Gobierno sudafricano lo encarceló durante 27 años acusado de un delito de conspiración para derrocar al gobierno. Mahatma Ghandi no tuvo tampoco tal reconocimiento. Las autoridades británicas coloniales lo condenaron por sedición. Un cambio de criterio en ese aspecto solo se produce si previamente hay una ruptura con el régimen dominante. Los presos antifranquistas, por ejemplo, tuvieron que esperar al fin del franquismo para que eso sucediera. En el artículo uno de la ley de Amnistía de 1977, se amnistiaban los “actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delito y faltas”.

¿Quiénes son, entonces, los “presos políticos”? No existe una definición universal aceptada y, por ello, el asunto suele ser motivo de todo tipo de disputas. Normalmente se considera como tal quien ha resultado arrestado por sus actividades políticas, especialmente si son críticas o muestran oposición a un Gobierno. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa fijó, en el 2012, algunos criterios. Consideraba que lo eran cuando, por ejemplo, existía motivación política en sus actos o en la voluntad de las autoridades para encarcelarlo. También cuando el proceso judicial era claramente injusto y con un contenido político significativo. En ausencia de violencia en sus actos, puede calificarse de preso de conciencia.

Sea como sea, el debate de fondo es fundamentalmente político. Tiene que ver con la opinión que se tenga del preso y del régimen que lo encarcela. Buena prueba de ello es la diferente vara de medir que utilizan unos y otros en función de quien sea quien. Los que suelen caracterizar a los independentistas como peligrosos sediciosos no dudan luego en otorgan la categoría de presos políticos a opositores venezolanos como Leopoldo López. Y ello a pesar de los métodos defendidos por unos y otros. Mientras los primeros apelan a la desobediencia civil pacífica, los segundos llamaban a “derrocar al presidente a través de manifestaciones” también “con métodos no pacíficos” que luego terminaron con decenas de muertos. Otro ejemplo sintomático de esa disparidad de trato la vimos con los activistas del 15-M que rodearon el Parlament en el 2011. No pocos de los que exigen ahora la liberad de sus compañeros presos, reclamaban entonces tratar a los disidentes como sediciosos. Merecían –según ellos– ir a la Audiencia Nacional para ser condenados a más de cinco años de cárcel. Uno de los gestos de mayor dignidad ha sido, precisamente, ver esos mismos represaliados saliendo a defender la libertad de quienes antes les querían meter entre rejas a ellos.

Visto desde esta perspectiva, hay múltiples razones que permiten considerar a Sànchez, Cuixart y el resto de presos de la Generalitat como políticos. La primera tiene que ver con los cargos de la acusación. Los delitos de sedición y rebelión suelen ser un recurso habitual para perseguir a los opositores. Los disidentes antifranquistas fueron, por ejemplo, juzgados bajo esa categoría por el régimen de los golpistas del 1936. En la propia ley de amnistía se hacía referencia a los “delitos de rebelión y sedición” como actos políticos susceptibles de ser amnistiados. El texto también aludía a la aplicación de la medida de gracia “cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España”. En el caso concreto de los consejeros y los líderes sociales encarcelados, hay un consenso bastante amplio entre los juristas que no hay nada en su conducta que permita encajarla dentro de esos tipos penales. Lo recordaba recientemente un numeroso grupo de catedráticos y profesores de derecho penal en un manifiesto. Ni hubo el alzamiento tumultuario de la sedición ni la violencia exigida en la rebelión.

Un segundo motivo afecta al tribunal que les ha privado de libertad. Que sea la Audiencia Nacional, heredera del Tribunal de orden público, proyecta un halo intenso de ilegitimidad. Como el Tribunal Supremo, este es un órgano judicial fuertemente centralizado y vinculado al poder político. Su constitución es en sí mismo una anomalía democrática que rompe el principio del juez natural. A ello hay que añadirle su clara falta de competencia para investigar un presunto delito de sedición y rebelión. Como denunció la Comisión de defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, la actuación de la jueza Lamela roza la prevaricación. Con anterioridad, ella misma había defendido su falta de competencia en otra investigación por los mismos delitos. Los 2o magistrados del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de hecho, vetaron esa posibilidad y dejaron zanjada la cuestión ya en el 2008. No hay ni un solo precepto, además, que permita ahora atribuir el conocimiento de los hechos a ese tribunal.

Un tercer motivo tiene que ver con el modus anti-garantista con el que se ha actuado. Son numerosas las irregularidadesdenunciadas que parecen responder al espíritu del “a por ellos” o el “más grande será la caída” de quienes deben proteger los derechos ciudadanos. La más llamativa es la negativa a suspender las declaraciones para impedir que los investigados tengan conocimiento de qué se les acusa. O la inclusión de nuevos delitos inexistentes en la orden de detención internacional contra el Gobierno en Bruselas para burlar la garantía de doble incriminación de la legislación belga. Un último motivo que añade un tamiz político a la causa es la decisión de encarcelar a quien se presenta voluntariamente ante la justicia. Una medida dictada, más que para ahuyentar el riesgo de fuga, con la intención de infringir un castigo ejemplarizante que desaliente las movilizaciones de un pueblo que se siente mayoritariamente humillado. Otra prueba del componente político la vimos en el Tribunal Supremo recientemente cuando se obligó a los miembros de la Mesa del Parlament a renegar de sus convicciones. O a prohibirles acudir a manifestaciones para exigir la liberación de sus compañeros.

En verdad, este tipo de actuaciones no son hechos aislados. Forman parte de una lógica de excepción que se ha ido imponiendo en los últimos tiempos. Una tendencia a consolidar un Derecho Penal del Enemigo inspirado en una antigua y nunca apagada tentación totalitaria: la idea de que debe castigarse no por lo que se ha hecho sino por lo que se es. Con ello se invalida la manida letanía de que “todas las ideas se pueden defender en escenarios de no violencia”. Y se abre la puerta a normalizar y extender esas medidas concebidas para el caso catalán a otros lugares. Ya se ha propuesto aplicar el artículo 155 a Euskadi y a Navarra. Y en Madrid, el PP ha intervenido las cuentas municipales de Carmena. Contemplada con la gravedad que los hechos se merecen, este tipo de persecuciones desatan los fantasmas evocados por la vieja advertencia de Niemöller. Primero les tocó a unos, luego a los otros, y más adelante a mí, pero ya era tarde. Ojalá la advertencia llegue también a los que miran hacia otro lado y piensan que esto es sólo un problema de los independentistas.

¿Un acusado por hechos abominables tiene derecho a una defensa? Esa pregunta se la formuló el abogado noruego, Geir Lippestad, tras el asesinato de ochenta personas en julio del 2011 por parte de un joven de extrema derecha. La matanza, perpetrada en nombre de la lucha contra “la multiculturalidad y la invasión musulmana”, se produjo en el centro de Oslo y en el campo de las juventudes laboristas en la isla de Utoya. Anders Breivik, el autor confeso y convicto de estos terribles hechos, lo escogió a él para llevar su defensa.

Geir Lippestad era un destacado miembro del mismo partido laborista afectado por tan crueles hechos. Ante la dura contradicción de la propuesta, el abogado consultó a su compañera Signo y ella le dijo: “Soy enfermera. Si me hubieran llamado del hospital para ir a curarlo, lo habría hecho. Ese es mi trabajo. Tú eres abogado, haz el tuyo”.

Lippestad, que personificaba todo aquello que Breivik odiaba de Noruega, aceptó el caso y lo vivió como un acto de reafirmación de los valores de democracia y dignidad de todas las personas, que incluye también el derecho a la defensa ante los tribunales.

Uno de los objetivos del terrorismo de extrema derecha, como de quienes perpetraron los crueles atentados de Barcelona y Cambrils, es destruir la democracia y un modelo de convivencia basado en la diversidad. El fascismo político o religioso busca que la respuesta de la sociedad sea simétrica a la suya. Quien comete un ataque terrorista espera que sea interpretado como un acto de guerra, no como un simple hecho criminal. Su victoria se produce cuando la democracia se degrada y se entra en una lógica primitiva de guerra. Se allana el camino, entonces, a la aplicación de un “derecho penal del enemigo” y a todo tipo de abusos que retroalimentan el conflicto.

Son un buen ejemplo el recurso a la legislación y los escenarios de excepción, incluida la tortura, del gobierno de los Estados Unidos después de los atentados del 11-S. Los excesos de la Patriot Act, las vejaciones en Abu Ghraib o Guantánamo fueron el principal recurso propagandístico de Al Qaeda para captar adeptos en sus filas. En los años sesenta, el sociólogo Gregroy Bateson llamó este fenómeno “cismogénesis complementaria”: los enemigos se retroalimentan como acción de respuesta a la acción del otro.

En situaciones de excepcionalidad como ésta es cuando, sin duda, la fortaleza democrática de una sociedad se pone a prueba. Por ello, la mejor reacción ante la barbarie es la del Estado de derecho. Como decía Albert Camus, “la democracia, si es consecuente, no puede beneficiarse de las ventajas del totalitarismo”. Cuando lo hace, la barbarie se apodera de todo. No degrada sólo quien la sufre sino también sus propios fundamentos. La democracia no puede defenderse desde fuera de la misma democracia sin destruirse.

Lippestad consideraba, de hecho, que más que defender Breivik, defendía la democracia y uno de sus pilares fundamentales: el derecho a un juicio justo. Un argumento no muy diferente al que utilizó el abogado comunista Jacques Vergès para defender al criminal de guerra nazi Klaus Barbie a finales de los 80. O el propio abogado y eurodiputado de C's, Javier Nart, para defender al llamado “talibán español” retenido en Guantánamo.

Entre los derechos que tiene cualquier acusado, en efecto, existe el derecho a que se presuma su inocencia, a la tutela judicial efectiva y a ser defendido por un abogado o abogada. Garantizar que, con independencia del hecho delictivo, la ciudadanía dispone de plenas garantías por el solo hecho de ser persona es una manera de poner límites al monopolio de la violencia estatal en la represión de los crímenes.

Es la plasmación del hilo de humanidad que atraviesa nuestro sistema jurídico desde la Ilustración y que sustenta mandatos esenciales como la prohibición de la tortura o de la pena de muerte. Y una prueba evidente de la fortaleza de la democracia noruega es, precisamente, la reciente sentencia que reconoce que a Breivik se le vulneraron los derechos en la prisión donde cumple una condena de 21 años. El Estado de derecho, a pesar de lo que piensen algunos, es más Estado de derecho cuando es capaz de reconocer sus excesos o errores.

Visto desde esta perspectiva, las polémicas palabras de los concejales Alberto Fernández Díaz (PP) y Carina Mejías (C's) cuestionando el derecho de defensa de los acusados de delitos vinculados al terrorismo son un signo de degradación democrática claramente reprobable. Como han señalado las asociaciones de juristas, de derechos humanos y los mismos colegios de abogados, sus palabras implican un ataque al sistema de garantías de un Estado de derecho. Y al conjunto de la abogacía que debe defenderlos ante los tribunales.

Uno de los principios básicos de su funcionamiento, reconocido por la ONU, es su carácter independiente. Los letrados deben poder ejercer sus funciones sin estar expuestos a persecuciones de ningún tipo. Ni ser asociados o identificados con sus clientes.

En verdad, la abogacía representa una especie de contrapoder, un espacio de libertad dentro de la propia institucionalidad que resulta imprescindible para una sociedad diversa y auténticamente democrática. De hecho, su rol consiste a menudo a proteger los derechos de los más débiles: las minorías, los desarraigados, las personas con enfermedades mentales, los repudiados o perseguidos.

Poner en el punto de mira a la abogacía por hacer su trabajo es poner en el punto de mira la idea misma de Estado de derecho. Si, además, se hace para sacar rédito político en momentos sensibles o para cuestionar la defensa de personas declaradas inocentes, entonces, se cierran las puertas de la justicia. Y se abren las de la barbarie contra la que supuestamente se pretende luchar. Entre justicia o barbarie, no hay dilema posible.

Este mes de agosto no ha dado tregua al drama de los desahucios. El parón de los Juzgados no se ha traducido en un respiro para las familias que viven bajo la temible amenaza de ser expulsadas de sus viviendas. En menos de veinticuatro horas, en Barcelona se han producido dos desalojos encadenados y controvertidos con imágenes dramáticas que han perturbado la relativa calma veraniega de la ciudad. Gritos, empujones, heridos, recogida de pertenencias deprisa y corriendo, niños y niñas llorando.

En las dos ocasiones – una en la calle Sugranyes y la otra en Entença- se trataba de edificios enteros donde vivían numerosas familias en situación de vulnerabilidad. La finca de la calle Entença era conocida por haberse convertido en un ejemplo de la presión que sufren los vecinos y vecinas en una zona donde ya plana la sombra de la especulación inmobiliaria.

Sobre los dos sucesos se proyectan sombras y se abren interrogantes que el nuevo Consejero de Interior, Joaquim Forn, haría bien en aclarar en cuanto máximo responsable de esos operativos. El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ya ha pedido explicaciones en una investigación de oficio por posible vulneración de los derechos de los afectados.

En la calle Sugranyes, la actuación se hizo sin previo aviso a las familias y con varios menores implicados. Los Mossos adujeron que disponían del plácet judicial y que el edificio estaba ocupado y vinculado a actividades criminales. La abogada de los afectados lo negaba y se quejaba de que a pesar de identificarse como tal no le habían mostrado ninguna orden.

En la calle Entença, los hechos sucedieron de distinto modo. Los agentes intervinieron a petición de la propiedad. No existía autorización judicial. Se arguyó que era un desalojo exprés y que ciertas viviendas estaban ocupadas desde hacía pocas horas. Los vecinos tenían otra versión de los hechos. Los desalojados -decían- residían allí desde hacía tiempo. Se quejaban también de que se aprovechó para realizar más desalojos de los previstos sin autorización judicial ni comunicación previa. El balance de ambas actuaciones es conocido: numerosas familias en la calle, una carga policial, dos personas heridas y un clima de pánico entre vecinos y activistas. 

Un desalojo aparece a menudo como un acto banal de trámite. Lo cierto, por el contrario, es que se trata de un episodio que comporta una innegable dosis de violencia. Quien lo sufre no solo ve afectado su derecho a la vivienda sino que queda expuesto a una situación de vulnerabilidad. Una persona que pierde la casa, y que posiblemente ha perdido su empleo, se ve bruscamente arrojado a un escenario de precariedad donde todas sus expectativas se vuelven inciertas. Desde su integridad física y moral hasta su vida privada y familiar.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por ello, tiene como objetivo preservar los derechos de quienes padecen esa situación. Entre sus exigencias está procurar que no queden en la intemperie. También garantizar su derecho a la información, a ser notificados con anticipación y a que se les de un plazo razonable para abandonar sus viviendas. Cuando entre los afectados hay menores, entonces todas las alarmas se encienden. En cualquier medida que les afecte deben primar sus intereses. Lo exige la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de los niños.

Visto desde esa perspectiva, los poderes públicos no pueden practicar desahucios y despreocuparse de las consecuencias. Deben coordinarse con todos los actores implicados para evitar que nadie se quede en la calle. En ocasiones eso no resulta nada fácil cuando los hechos transcurren, como en este caso, en pleno mes de agosto y con la practica totalidad de los albergues y pensiones de la ciudad llenos. A las familias desahuciadas, afortunadamente, el ayuntamiento les pudo localizar y ofrecer inmediatamente alojamiento. Además, se les aseguró los recursos de los servicios sociales para cubrir todas las necesidades básicas.

Una sociedad moralmente decente no puede resignarse de brazos cruzados a que este tipo de hechos se normalicen. A pesar de su carácter supuestamente aséptico, los desalojos son actos de violencia que afectan a derechos básicos. Tener un techo digno y seguro es una necesidad elemental para el desarrollo personal y para la vida en comunidad. En contextos críticos como el actual, los poderes públicos deben demostrar su compromiso, no con los privilegios de unos pocos sino con los derechos de todos. Con ese objetivo, desde el Ayuntamiento de Barcelona se ha puesto en marcha como máxima prioridad la política de vivienda.

No por casualidad, entre otras medidas, se ha cuadruplicado la inversión en vivienda social del anterior mandato; se ha movilizado 1.000 pisos vacíos del mercado privado hacia el alquiler social; se ha creado una unidad pionera de atención a la emergencia habitacional con la que se ha conseguido parar más de 2000 desahucios; se ha empezado a sancionar a los grandes propietarios de pisos vacíos, se ha condicionado las ayudas a la rehabilitación a que los propietarios mantengan los precios de los alquileres y se ha  rescatado fincas amenazadas por fondos buitres.

Nada de todo ello, sin embargo, será ningún remedio definitivo si no va acompañado de una mayor determinación de las administraciones competentes. Tanto el ejecutivo central como el autonómico arrastran una auténtica dejación de funciones en sus obligaciones para proteger el derecho a la vivienda. Con la ley Omnibus, por ejemplo, el Gobierno de Artur Mas recortó la ley del derecho a la vivienda aprobada por el tripartito en conceptos como la expropiación de uso de viviendas vacías. Una facultad que se intentó recuperar con la Ley 24/2015 impugnada en sus artículos clave por el Tribunal Constitucional.

La actual situación evidencia décadas de retraso en relación a los estándares europeos, con una insuficiente legislación de protección del derecho a la vivienda y un parque de alquiler público heredado claramente escaso. En realidad, mientras no se revierta esa situación y se eviten los precios abusivos del alquiler privado o se someta a un mayor control el sistema financiero, todos los esfuerzos que se emprendan desde los municipios serán insuficientes para erradicar de sus calles el drama de los desalojos.

Con motivo de la conmemoración del vigésimo quinto aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona se ha abierto un debate sobre el significado y alcance de aquel momento histórico. La efeméride también ha servido para revisitar uno de los episodios más oscuros de aquellos años, la llamada Operación Garzón. Coincidiendo con la cita deportiva, fueron detenidas o imputadas más de sesenta personas acusados de algún tipo de vinculo con Terra Lliure. Entre ellas, un alcalde, periodistas y miembros de organizaciones políticas como el MDT (ahora en la CUP), el Partido Comunista de Catalunya (PCC) o la propia ERC. También se hicieron registros como el de la revista El Temps. Los hechos provocaron actos de protesta y numerosas críticas. El entonces presidente Pujol o el obispo de Girona cuestionaron la redada dirigida por Luis Roldan. También Vazquez Montalban la cualificó de globo que iba a deshincharse. Tras el juicio, en efecto, la mayoría de ellos quedaron absueltos de unos cargos por los que fueron arrestados, incomunicados y encarcelados. Casi una veintena de los detenidos habían denunciado haber sido víctimas de torturas. Una vez sus denuncias fueron archivadas, iniciaron un largo periplo judicial de doce años para exigir justicia. Llegaron, finalmente, hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que resolvió favorablemente sus reclamaciones en el 2004. La falta de investigación de los hechos –dictaminó– vulneraba la Convención europea de derechos humanos. Se imponía, así, una de las primeras condenas a un estado europeo en esa materia. No sería el único toque de atención. Un año después, por ejemplo, el Comité de la ONU para la Prevención de la Tortura (CPT) estimó la queja de dos arrestados – que tuvieron a Garzón como juez de guardia– sobre la falta de investigación de otras denuncias. El TEDH, de hecho, ha dictado hasta ocho condenas por el mismo motivo desde el año 2010 contra un estado que ha continuado haciendo oídos sordos.

En julio pasado, veinticinco años más tarde de la Operación Garzón, el Pleno del consistorio barcelonés aprobó una propuesta de la CUP sobre el asunto. El propósito de la iniciativa era reparar simbólicamente el daño causado a los afectados por la actuación ordenada por el ex–magistrado, ahora abogado. El texto logró salir adelante con los apoyos de Pdcat (ex CIU), CUP, ERC, BCNenComú y del concejal Gerard Ardanuy. La versión definitiva de la propuesta, tras la aceptación de una de las enmiendas de los comunes, excluyó la previsión de declarar a Garzón persona non grata en la capital catalana. La enmienda consideraba que una medida de esas características, nunca utilizada, era demasiado drástica, de dudosa legalidad y podía afectar a los derechos de quien la padecía.

Con posterioridad al acuerdo municipal, el ex–magistrado terció en la polémica con la publicación de un artículo en La Vanguardia. En él, expresaba su sorpresa por el desplante de la CUP en una intervención suya en el Parlament. Su actuación –entendía– había sido “impecable” y la condena de Estrasburgo no cuestionaba su intervención. Argüía cuatro argumentos. Uno, que los detenidos fueron examinados por el forense. Dos, que las torturas denunciadas fueron incluidas en las actas de declaración. Tres, que el juez competente para investigarlas era otro. Y cuarto, que en aquella época sus compañeros de la Audiencia Nacional eran menos diligentes que él.

Garzón cuenta, en su descargo, varias verdades sobre lo sucedido en el 92. No cuenta, sin embargo, toda la verdad. Su alegato elude varios hechos relevantes. En primer lugar, que él mismo negó con rotundidad la existencia de esas mismas denuncias en un programa de Salvados emitido en el 2012 cuando, a preguntas del periodista Jordi Évole, contestó: “De las personas que comparecieron ante mí, ni una sola, ni una sola, denunció torturas”. En segundo lugar, omitió mencionar su falta de interés por los detalles de lo sucedido en el interrogatorio de los detenidos. Lo recordaba, de nuevo, Vazquez Montalban en un artículo rememorado por el ex diputado David Fernández. El escritor mostraba su desazón con la indiferencia de jueces que, como Garzón, pocas veces se inmutaban cuando escuchaban relatos escalofriantes de torturas. En tercer lugar, nada decía tampoco sobre el encarcelamiento de quienes fueron luego hallados inocentes. O sobre la prolongada incomunicación de cinco días que se les impuso. Esa decisión era aplicada de forma rutinaria por todos los magistrados de la Audiencia Nacional. Pero no deja de ser sorprendente que también la asumiera justamente quien pretende erigirse como paladín de los derechos humanos. Organismos internacionales, como el propio CPT, llevan años criticando su aplicación y exigiendo su supresión del ordenamiento. La detención incomunicada representa una drástica restricción de derechos y es caldo de cultivo de abusos que normalmente quedan impunes. Se aísla al sospechoso durante un tiempo superior al ordinario, se le somete a largos interrogatorios sin presencia de su abogado y se le niega el derecho a ser visitado por un médico de su elección. Tampoco se graba su estancia en los calabozos. En esas circunstancias, no resulta extraño que aumenten las suspicacias. Y que, en la mayoría de ocasiones, las denuncias se archiven ante la dificultad de probar hechos que se consuman en secreto. Quienes sufren ese suplicio, ven a menudo quebrada su voluntad y modifican sus palabras a medida que transcurre el tiempo. No es extraño que, al final, acaben auto–inculpándose o declarando que se han auto–lesionado, a pesar de haber asegurado lo contrario al inicio. Es por todo ello que un juez debe extremar las precauciones y supervisar con meticulosidad la situación de quienes están incomunicados bajo su custodia. Debe proceder también con contundencia al mínimo indicio de irregularidad.

Visto desde esa perspectiva, el ex juez fue más displicente que diligente. No acordó, por ejemplo, ninguna medida para evitar situaciones de riesgo ni dedujo testimonio de particulares de los hechos para remitirlo al juez competente. Tampoco ordenó un examen médico lo suficientemente exhaustivo –físico pero también psicológico– para averiguar si éstos eran ciertos. Los estándares internacionales, como los del Protocolo de Estambul, lo exigen. No es suficiente con una pregunta genérica sobre el estado del arrestado. Con todo, lleva razón Garzón cuando se compara con sus otros cinco compañeros y apunta a un fallo generalizado en la Audiencia Nacional. Es llamativo que reconozca que allí no se recogían las manifestaciones sobre maltratos de los detenidos. Sus colegas –señala– miraban a otro lado. Con pocos escrúpulos, es cierto, se había naturalizado la aplicación de practicas de excepción en clave de “derecho penal del enemigo”. Dos años después del varapalo de Estrasburgo, de hecho, fue él quien intentó crear e implantar un manual anti–tortura en el que se grabara todo el período de la incomunicación. Esa medida y la implantación de videocámaras en las comisarías eran una exigencia del Consejo de Europa. El Ejecutivo español, sin embargo, se negó rápidamente a poner los medios para implementar tanto una como otra. Y el Consejo del Poder Judicial se niega, todavía hoy, a formar a los jueces en esta materia. Los Mossos y la Ertzaintza, en cambio, instalaron esos artilugios en sus dependencias y las denuncias sobre malos tratos disminuyeron súbitamente.

Garzón fue, en todo caso, un juez hiperactivo que destacó por encima del resto. Su arrojo explica que estuviera tras causas incómodas que otros no hubieran vacilado en cerrar. En su currículo están, por ejemplo, la investigación de la Gürtel o la Operación Pretoria, de los responsables del GAL, el franquismo, o las dictaduras de Chile y Argentina. Ese tipo de actuaciones, a la vez de granjearle numerosos adversarios, sirvieron para construir el “mito Garzón”. Las muestras de apoyo hacia su labor judicial, en efecto, le han llegado de todo tipo de colectivos de defensa los derechos humanos, contra la corrupción o la impunidad del franquismo y los crímenes de lesa humanidad. También del mundo cultural o político cercano a IU.

Lo cierto es que tras la fachada de su imagen elegíaca se esconden no pocas sombras que se combinan con esos aciertos. Con el encarcelamiento de centenares de personas posteriormente declaradas inocentes, él contribuyó como pocos a la erosión del principio de presunción de inocencia. No es ningún secreto tampoco su empleo abusivo de métodos excepcionales de indagación, de extensos secretos sumariales y de resoluciones inquisitoriales contra supuestos “extremistas” a partir de apriorismos, analogías o teorías excéntricas. Una de ellas fue la que le llevó a acusar a Batasuna de “genocidio” y “limpieza étnica” sobre la población no nacionalista, valiéndose de estrambóticas estadísticas de población y asimilando su proyecto político al del Partido Nacionalsocialista Alemán. En el contexto de la lucha contra el llamado “entorno de ETA”, fue precisamente cuando acabó consolidando su perfil de juez incansable pero poco riguroso y garantista. El propio calvario atravesado por los periodistas de Egunkaria o Ekin no podría entenderse sin una serie de prejuicios judiciales que él mismo alimentó en sumarios como el 18/98 y que luego, por otras razones, se volvieron en su contra.

Muchas de estas actuaciones le valieron el reconocimiento de quienes querían librarse de ciertos enemigos a costa de cualquier precio. El garantismo era, para ellos, un lujo innecesario. El Gobierno Aznar, de hecho, llegó a otorgarle el máximo galardón al Mérito Policial con pensión incluida. Sin embargo, no encontraron el mismo eco favorable entre muchos de sus compañeros de carrera, que ya entonces comenzaron a verle con suspicacia. La propia Audiencia Nacional y el Supremo le desautorizaron en reiteradas ocasiones. Como por ejemplo, en el cierre cautelar de un periódico vasco, en ciertas aplicaciones extensivas del concepto de terrorismo, en el uso de autoinculpaciones arrancadas a la fuerza en Guantánamo o en escuchas telefónicas que empañaron laboriosas investigaciones en materia de narcotráfico. También los jueces de Estraburgo le censuraron cuando, en el 2010, apreciaron que no había “respondido a la exigencia de imparcialidad”. Eso sucedió en la investigación contra su ex–compañero de Gobierno, Rafael Vera, tras su paso por la política. Estos antecedentes contribuyen a explicar por qué una parte no desdeñable de jueces no vieron con malos ojos la actuación contra él. O, al menos, mantuvieron un conspicuo silencio cuando la cúspide judicial le puso en el punto de mira. Incluso explica que no falten quienes, apoyando su valiente actuación en materia de memoria histórica o contra la trama Gürtel, consideraban una contrariedad que estos casos cayeran en sus manos.

Lo cierto, en todo caso, es que la impulsiva forma de actuar de Garzón ha respondido a una especie de voracidad justiciera en el que los aciertos y torpezas se han alternado de manera caprichosa. Así, por cada actuación dirigida a quebrar el cerco de impunidad de poderosos de distinta laya, es posible señalar otra de signo opuesto. Otorgar a todos estos elementos su peso justo no es sencillo. Silenciar los ataques furibundos que recibió Garzón de quienes vieron amenazado su entramado de poder parece un error. Como también lo parece pretender vilipendiar, con manifestaciones de venganza, a quien ya ha sido apeado del poder y de la carrera judicial. Sin embargo, querer colocar en un segundo plano las numerosas actuaciones del ex juez, marcadas por la ligereza o arbitrariedad jurídica, seria otro desacierto. Es razonable, de hecho, que quienes las padecieron esperen un acto suyo de constricción o disculpa. Y más cuando Garzón pretende presentarse urbi et orbi como el gran defensor de los derechos humanos. Lo reclamaba el diputado de ERC, Joan Tardà, en el aludido programa de Salvados. Aceptar sin más la posverdad del “mito Garzón” sería, precisamente, un flaco favor al discurso de los derechos humanos. Éste, si quiere ser coherente y eficaz, ha de ser capaz de erradicar los dobles raseros y llamar a las cosas por su nombre. Esa fue la intención con la que, en mayor o menor fortuna, el Pleno consistorial barcelonés aprobó el acuerdo del pasado julio.

Quan està en joc la llibertat d’uns activistes, les gesticulacions per marcar perfil propi o l’autoreferencialitat autocomplaent poden acabar sent un exercici de frivolitat política

La convulsa situació que viu el país fa que els plens municipals esdevinguin caixa de ressonància de tot tipus de reivindicacions i conflictes. S’hi produeixen, llavors, batalles dialèctiques que després es traslladen a la xarxa i a vegades enfanguen la política. A Barcelona, és el que va succeir amb una moció de la CUP-Capgirem sobre un judici de cinc joves acusats d'alterar l'ordre públic arran d'una manifestació en favor de Can Vies.

Una de les qüestions controvertides del cas era la presència de la Generalitat com a acusació en un procés on es demanen penes de fins a 3 anys i 6 mesos de presó. A Barcelona, per evitar aquest tipus de situacions, a l'inici de mandat vàrem decidir retirar les acusacions municipals contra activistes. Es posava fi al criteri, iniciat durant el govern d'Hereu, d'exercir l'acusació en totes i cadascuna de les causes obertes per alteració de l'ordre públic. Ho explicava, poc després, en un article. La mesura va generar certa polèmica però, finalment, el Govern de Junts pel Sí també la va assumir parcialment arran del seu acord amb la CUP.

En el debat sobre la moció municipal vàrem expressar la nostra indignació i solidaritat amb els acusats. En lògica democràtica, i en contextos de vulneració sistemàtica de drets, acusacions tan desproporcionades clamen al cel. Són una prova més del biaix selectiu de la violència punitiva. Mentre la seva duresa contra els exclosos i els activistes sembla no tenir aturador, pocs delinqüents de coll blanc trepitgen una comissaria o una presó. No obstant això, ens vàrem veure obligats a abstenir-nos en la votació. La proposta estava plantejada amb uns termes inassolibles, amb incongruències i peticions que ens semblaven absurdes. Un dia abans de la votació vàrem anar al despatx dels regidors amb la intenció d’arribar a un acord. Volíem fer propostes per millorar-la i poder-la guanyar. Amb una actitud molt arrogant, ens van dir que no hi havia res a parlar. Gairebé no ens van voler ni escoltar. Vàrem entendre, llavors, que simplement no volien aprovar el text. I, evidentment, tampoc que el votéssim. Encara que ho haguéssim fet, de totes formes, s'hauria perdut. La resta de grups va votar-hi en contra i ERC també es va abstenir.

Lamentablement, no és el primer cop que la CUP-Capgirem Barcelona gesticula de cara a la galeria. A la Diputació de Barcelona, per exemple, va presentar una petició en solidaritat pels condemnats en l'acció “Aturem el Parlament”. La seva situació era angoixant perquè, en cas de no concedir-se l'indult, podrien ingressar a la presó. Malgrat això, no van fer cap gestió per guanyar-la i es va perdre. Una altra moció presentada al consistori per nosaltres, per contra, sí que va guanyar-se. La denúncia del cas tenia, així, el ressò mediàtic que es mereixia. I s'exigia al Ministeri de Justícia que, en nom de la ciutat de Barcelona, s'evités l'empresonament.

Quan està en joc la llibertat d'uns activistes, les gesticulacions per marcar perfil propi o l'autoreferencialitat autocomplaent poden acabar sent un exercici de frivolitat política. Un dels nostres retrets a la moció del darrer ple municipal era, precisament, que semblava un simple acte d'impotència per després cercar rèdit a les xarxes. I, en efecte, és el que succeir poc després. Les piulades permeten reduir complexitat i crear relat a base de consignes que, malgrat ser esbiaixades, són difícils de desmuntar només amb més piulades. En l'era digital, es produeix una degradació de l'estatus de la veritat. Davant la desinformació, per això, cal rendir comptes com estem fent ara.

El primer dubte que teníem sobre la moció era que només hi apareixien dos dels cinc acusats. Els que, precisament, pertanyen a l’Esquerra Independentista. Que Alerta Solidària, organització antirepressiva propera a la CUP, actuí en defensa només dels represaliats o activistes independentistes és legítim. No obstant això, una institució pública no pot posar-se al seu servei i desentendre’s de la resta. Els altres tres joves acusats pels mateixos fets no es mereixen la nostra solidaritat? O és que els activistes que no són de l’Esquerra Independentista han de tenir un altre tracte? Quan no estan clares aquestes qüestions, i en el text no ho estaven, existeix un risc de penjar etiquetes d’activistes de primera i de segona.

Un altre element que ens distanciava de la moció era la petició de la regidora ponent. Va demanar al Ple que “declarés l’absolució dels acusats”. No cal ser un expert en dret per advertir que un ajuntament no pot dictar sentències. Tampoc un tribunal pot aprovar mocions de solidaritat. La regidora, després, va replicar que aquests arguments eren mers tecnicismes legals. No és això. El que està en joc és el sistema d’equilibris i contrapesos propi de qualsevol democràcia. Aquest és un punt de discrepància recurrent amb la CUP-Capgirem BCN. Una associació, un grup de ciutadans o, inclòs, un partit polític poden exigir absolucions a la justícia. Es fa sovint i està bé que es faci. Els representants del poder legislatiu o executiu, en canvi, no. A títol personal potser sí, però no en nom de les institucions. Si es fa, els jutges poden demanar empara al Consell del Poder Judicial per vulneració del principi d'independència judicial vinculat a la separació de poders.

Un dels primers filòsofs a teoritzar la necessitat de dividir el poder per evitar els seus abusos fou, precisament Montesquieu. D'ell sorgí la formulació de la independència judicial vinculada a la separació dels tres poders (Legislatiu, Executiu i Judicial). Qui imparteix justícia no pot obeir ordres, però tampoc rebre pressions o interpel·lacions dels altres poders. En els règims totalitaris, en canvi, els tres poders es concentren en un. A la pràctica, la divisió de poders a l'Estat espanyol deixa molt que desitjar. Els alts tribunals semblen actuar tot sovint al dictat dels polítics.

Un exemple clar va ser, precisament, la condemna del Suprem per l'acció “Aturem el Parlament”. Com més altes són les instàncies judicials, més capacitat d'influència tenen les polítiques. Ho explicava aquí, on denunciava un entramat judicial aixecat sobre els fonaments del franquisme i encara massa vinculat a les seves inèrcies autoritàries. Des d'aquesta perspectiva, resulta comprensible que les seves resolucions siguin objecte de tot tipus de crítiques. També des dels altres poders de l'Estat. Al Ple municipal, per exemple, s'han aprovat mocions dures amb la persecució judicial contra els càrrecs electes en el marc del procés sobiranista. O amb les condemnes per delictes d'opinió. També resulta legítim, per la mateixa raó, interpel·lar a qui exerceix l'acusació. A Barcelona, la darrera ocasió va ser en solidaritat amb la Verónica i l'Eliseo, i amb tres veïnes que es van concentrar a la porta per evitar el seu desallotjament l'any 2011. El Govern de Junts pel Sí demanava penes de fins a 5 anys de presó. La nostra proposició va ser aprovada i, finalment, la Generalitat va reconsiderar la seva posició.

Quan això succeeix, des de partits com el PP o C's se surt en tromba a exigir respecte per la justícia. Un error simètric, però en sentit contrari, al de la bancada anticapitalista. Mentre uns menyspreen l'existència del propi principi d'independència judicial, els altres el converteixen en una garantia d'impunitat, o privilegi corporatiu del cos, per blindar-se de l'escrutini públic. Qui normalment exigeix respecte a la justícia, no s'aplica la mateixa contenció quan actua en contra els seus interessos. Bon exemple d'aquest doble raser són, un altre cop, les reaccions de bona part de la classe política davant l'absolució de l'Audiència Nacional als acusats per l'acció “Aturem el Parlament”, com explicava aquí.

En certa cultura política del comunisme, en canvi, ha existit tot sovint un menyspreu a la idea de la separació de poders o, inclòs, al propi Dret i els drets. Darrere d'aquesta actitud, sol existir una confiança amb l'adveniment d'un poder “bo” quan hagi sigut conquistat i exercit en nom dels oprimits. El cert, no obstant això, és que difícilment pot existir poder “bo” i “poder dolent” en funció de qui l'exerceixi. Tot poder és intrínsecament pervers. I lliurat a la seva lògica, tendeix a acumular-se i tornar-se despòtic. La desconfiança amb un poder que s'autolimita a si mateix, de forma espontània, forma part de la tradició llibertària. I aquesta desconfiança, precisament, està també present en les admonicions de Montesquieu sobre el poder absolut.

Cuando está en juego la libertad de unos activistas, las gesticulaciones para marcar perfil propio o la autorreferencialidad autocomplaciente pueden acabar siendo un ejercicio de frivolidad política

La convulsa situación que vive el país hace que los plenos municipales se conviertan caja de resonancia de todo tipo de reivindicaciones y conflictos. Se producen, entonces, batallas dialécticas que después se trasladan a la red y a veces enlodan la política. En Barcelona, es lo que sucedió con una moción de la CUP-Capgirem sobre un juicio de cinco jóvenes acusados de alterar el orden público a raíz de una manifestación en favor de Can Vies.

Una de las cuestiones controvertidas del caso era la presencia de la Generalitat como acusación en un proceso donde se piden penas de hasta 3 años y 6 meses de prisión. En Barcelona, para evitar este tipo de situaciones, al inicio de mandato decidimos retirar las acusaciones municipales contra activistas. Se ponía fin al criterio, iniciado durante el gobierno de Hereu, de ejercer la acusación en todas y cada una de las causas abiertas por alteración del orden público. Lo explicaba, poco después, en un artículo. La medida generó cierta polémica pero, finalmente, el Gobierno de Junts pel Sí también la asumió parcialmente a raíz de su acuerdo con la CUP.

En el debate sobre la moción municipal expresamos nuestra indignación y solidaridad con los acusados. En lógica democrática, y en contextos de vulneración sistemática de derechos, acusaciones tan desproporcionadas claman al cielo. Son una prueba más del sesgo selectivo de la violencia punitiva. Mientras su dureza contra los excluidos y los activistas parece no tener fin, pocos delincuentes de cuello blanco pisan una comisaría o una prisión. Sin embargo, nos vimos obligados a abstenernos en la votación. La propuesta estaba planteada con unos términos inalcanzables, con incongruencias y peticiones que nos parecían absurdas. Un día antes de la votación fuimos al despacho de los concejales con la intención de llegar a un acuerdo. Queríamos hacer propuestas para mejorarla y poder ganar. Con una actitud muy arrogante, nos dijeron que no había nada que hablar. Casi no nos quisieron ni escuchar. Entendimos, entonces, que simplemente no querían aprobar el texto. Y, evidentemente, tampoco que lo votáramos. Aunque lo hubiéramos hecho, de todas formas, se habría perdido. El resto de grupos votó en contra y ERC también se abstuvo.

Lamentablemente, no es la primera vez que la CUP-Capgirem Barcelona gesticula de cara a la galería. En la Diputació de Barcelona, por ejemplo, presentó una petición en solidaridad por los condenados en la acción “Aturem el Parlament”. Su situación era angustiosa porque, en caso de no concederse el indulto, podrían ingresar en prisión. Sin embargo, no hicieron ninguna gestión para ganarla y se perdió. Otra moción presentada al consistorio por nosotros, por el contrario, sí se ganó. La denuncia del caso tenía, así, el eco mediático que se merecía. Y se exigía al Ministerio de Justicia que, en nombre de la ciudad de Barcelona, se evitara el encarcelamiento.

Cuando está en juego la libertad de unos activistas, las gesticulaciones para marcar perfil propio o la autorreferencialidad autocomplaciente pueden acabar siendo un ejercicio de frivolidad política. Uno de nuestros reproches a la moción del último pleno municipal era, precisamente, que parecía un simple acto de impotencia para después buscar rédito en las redes. Y, en efecto, es lo que sucedió poco después. Los tuits permiten reducir complejidad y crear relato a base de consignas que, pese a ser sesgadas, son difíciles de desmontar sólo con más tuits. En la era digital, se produce una degradación del estatus de la verdad. Ante la desinformación, por ello, hay que rendir cuentas como estamos haciendo ahora.

La primera duda que teníamos sobre la moción era que sólo aparecían dos de los cinco acusados. Los que, precisamente, pertenecen a la Izquierda Independentista. Que Alerta Solidària, organización antirepresiva cercana a la CUP, actúe en defensa sólo de los represaliados o activistas independentistas es legítimo. Sin embargo, una institución pública no puede ponerse a su servicio y desentenderse del resto. ¿Los otros tres jóvenes acusados por los mismos hechos no se merecen nuestra solidaridad? ¿O es que los activistas que no son de la Izquierda Independentista deben tener otro trato? Cuando no están claras estas cuestiones, existe un riesgo de colgar etiquetas de activistas de primera y de segunda.

Otro elemento que nos distanciaba de la moción era la petición de la concejala ponente. Pidió al Pleno que “declarara la absolución de los acusados”. No hace falta ser un experto en derecho para advertir que un ayuntamiento no puede dictar sentencias. Tampoco un tribunal puede aprobar mociones de solidaridad. La concejala, después, replicó que estos argumentos eran meros tecnicismos legales. No es eso. Lo que está en juego es el sistema de equilibrios y contrapesos propio de cualquier democracia. Este es un punto de discrepancia recurrente con la CUP-Capgirem BCN. Una asociación, un grupo de ciudadanos o, incluso, un partido político pueden exigir absoluciones a la justicia. Se hace a menudo y está bien que se haga. Los representantes del poder legislativo o ejecutivo, en cambio, no. A título personal quizás sí, pero no en nombre de las instituciones. Si se hace, los jueces pueden pedir amparo al Consejo del Poder Judicial por vulneración del principio de independencia judicial vinculado a la separación de poderes.

Uno de los primeros filósofos a teorizar la necesidad de dividir el poder para evitar sus abusos fue, precisamente Montesquieu. De él surgió la formulación de la independencia judicial vinculada a la separación de los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial). Quien imparte justicia no puede obedecer órdenes, pero tampoco recibir presiones o interpelaciones de los otros poderes. En los regímenes totalitarios, en cambio, los tres poderes se concentran en uno. En la práctica, la división de poderes en España deja mucho que desear. Los altos tribunales parecen actuar a menudo al dictado de los políticos.

Un ejemplo claro fue, precisamente, la condena del Supremo por la acción “Aturem el Parlament”. Cuanto más altas son las instancias judiciales, más capacidad de influencia tienen las políticas. Lo explicaba aquí, donde denunciaba un entramado judicial levantado sobre los cimientos del franquismo y aún demasiado vinculado a sus inercias autoritarias. Desde esta perspectiva, resulta comprensible que sus resoluciones sean objeto de todo tipo de críticas. También desde los otros poderes del Estado. Al Pleno municipal, por ejemplo, se han aprobado mociones duras con la persecución judicial contra los cargos electos en el marco del proceso soberanista. O con las condenas por delitos de opinión. También resulta legítimo, por la misma razón, interpelar a quien ejerce la acusación. En Barcelona, la última ocasión fue en solidaridad con Verónica y Eliseo, y con tres vecinas que se concentraron en la puerta para evitar su desalojo el año 2011. El Gobierno de Junts pel Sí pedía penas de hasta 5 años de cárcel. Nuestra proposición fue aprobada y, finalmente, la Generalitat reconsideró su posición.

Cuando esto sucede, desde partidos como el PP o C's se sale en tromba a exigir respeto por la justicia. Un error simétrico, pero en sentido contrario, al de la bancada anticapitalista. Mientras unos desprecian la existencia del propio principio de independencia judicial, los otros lo convierten en una garantía de impunidad, o privilegio corporativo del cuerpo, para blindarse del escrutinio público. Quien normalmente exige respeto a la justicia, no se aplica la misma contención cuando actúa en contra sus intereses. Buen ejemplo de este doble rasero son, de nuevo, las reacciones de buena parte de la clase política ante la absolución de la Audiencia Nacional a los acusados por la acción “Aturem el Parlament”, como explicaba aquí.

En cierta cultura política del comunismo, en cambio, ha existido a menudo un menosprecio a la idea de la separación de poderes o, incluso, al propio Derecho y los derechos. Detrás de esta actitud, suele existir una confianza con el advenimiento de un poder “bueno” cuando haya sido conquistado y ejercido en nombre de los oprimidos. Lo cierto, sin embargo, es que difícilmente puede existir poder “bueno” y “poder malo” en función de quien la ejerza. Todo poder es intrínsecamente perverso. Y entregado a su lógica, tiende a acumularse y volverse despótico. La desconfianza con un poder que se autolimita a sí mismo, de forma espontánea, forma parte de la tradición libertaria. Y esta desconfianza, precisamente, también está presente en las admoniciones de Montesquieu sobre el poder absoluto.

“Hasta donde permita la ley y un poco más”. El conseller del Interior del gobierno de CiU, Felip Puig, lo defendía sin rodeos en 2011. También el ministro Fernández Díaz. La frase es una buena síntesis de una determinada concepción de los derechos humanos. Y de un periodo de recortes en el que se tomaron numerosas medidas de dudosa legalidad. Las recientes órdenes judiciales de búsqueda y detención vinculadas a la web de delación ciudadana son el último ejemplo. Cuatro años después, sus efectos aún perduran a pesar de su posterior retirada o la sustitución del conseller. No se puede descartar que permitan llevar a la cárcel a unos jóvenes por su hipotética participación en la huelga general de 2012. Los hechos han sido denunciados en una campaña de apoyo a las redes tras la etiqueta #DonemLaCara. Y en la que se exige el cierre de los casos penales derivados de la polémica web promovida por Puig.

Recordemos el contexto de todo. El advenimiento de la crisis financiera vino acompañado de una política de restricción de derechos sociales impulsada por el Gobierno del PP, y también por el de CiU en Catalunya. Y con ello, su creciente reclamo por vías no institucionales. Con la irrupción del 15-M, la PAH, las mareas o las huelgas generales comenzó un ciclo de protesta inédito. Cuando crece la resistencia ciudadana contra privatizaciones y recortes, se acelera también su criminalización. Fernández Díaz y el conseller Puig reaccionaron, de hecho, con una batería de iniciativas para elevar el listón represivo como nunca. Entre ellas, se incluía la exigencia de mayor contundencia policial y judicial, la restricción del derecho de reunión, la prohibición de ocultar el rostro en manifestaciones, la designación de un fiscal especializado en desórdenes públicos, la creación de más unidades antidisturbios, cámaras de videovigilancia en los espacios públicos o la monitorización de las redes sociales. Estas medidas debían ir acompañadas de importantes cambios legislativos. Se reformó, así, el Código Penal y la ley de seguridad ciudadana conocida como ley “mordaza” o “anti-15-M”.

Esta deriva autoritaria no era del todo nueva. Formaba parte del populismo punitivo que ha caracterizado el proceso de desmantelamiento del Estado del bienestar. A menor Estado social, mayor Estado penal. El propósito de fondo parecía claro. Como había declarado el propio conseller Puig, restaurar el “miedo al sistema” que ciertos sectores sociales golpeados por la crisis habían perdido. Esta parecía ser la pretensión, por ejemplo, de incluir la resistencia pasiva –característica del 15-M– en el delito de atentado contra la autoridad del nuevo Código Penal. O la decisión del gobierno de CIU de personarse como acusación en los procesos penales contra los activistas, a pesar de estar ya la Fiscalía. A diferencia del consistorio barcelonés, el gobierno de Junts pel Sí aún lo sigue haciendo. El último episodio ha sido la reciente petición de penas de cárcel para un matrimonio que se opuso a su desalojo en el barrio del Clot.

Bajo esta óptica, no resultaba extraña la persecución contra todo tipo de activistas.“Se pueden esconder en una cueva, en una alcantarilla o en una asamblea, pero los encontraremos” decía otro alto cargo policial en 2012. Es con este cometido que se diseñó la web de delación. Se solicitaba “colaboración ciudadana” para identificar 68 de ellos con sus respectivas fotografías. La iniciativa indignó a numerosos juristas y defensores de los derechos humanos. Entidades como Jueces para la Democracia, la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos, la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados o el Colegio de Periodistas pidieron su retirada. El defensor del pueblo, Rafael Ribó, y la Agencia Catalana de Protección de Datos también encendieron las alarmas. Incluso la Fiscalía de Menores criticó la medida. En la web aparecían sin ningún control judicial personas que no habían sido imputadas.

Las entidades consideraban que la difusión de su imagen estigmatizaba y podía afectar a su derecho al honor, la intimidad o presunción de inocencia. Y más en el caso de menores, en los que la ley lo prohíbe expresamente. Todo ello forzó al departamento de Interior a anular “temporalmente” la web un mes después de su estreno. Sin embargo, los votos de CiU, PP y C 's avalaron su recuperación unos años después. Lo hicieron por la puerta trasera y en el transcurso de una comisión parlamentaria de 2013. El legado antigarantista del consejero Puig, así pues, aún sigue vivo. Cuatro años después, hay que volver a denunciar las listas negras. Hay que volver a dar la cara por los derechos humanos. Y contra la criminalización de la protesta.

“Fins allà on permet la llei i una mica més”. El conseller de l'Interior del Govern de CiU, Felip Puig, ho defensava sense embuts el 2011. També el ministre Fernández Díaz. La frase és una bona síntesis d’una determinada concepció dels drets humans. I d’un període de retallades en què es van prendre nombroses mesures de dubtosa legalitat. Les recents ordres judicials de cerca i detenció vinculades al web de delació ciutadana en són el darrer exemple. Quatre anys després, els seus efectes encara perduren tot i la seva posterior retirada o la substitució del conseller. No es pot descartar que permetin portar a la presó a uns joves per la seva hipotètica participació en la vaga general del 2012. Els fets han estat denunciats en una campanya de suport a les xarxes rere l’etiqueta #DonemLaCara. I en la que s’exigeix el tancament dels casos penals derivats del polèmic web promogut per Puig.

Recordem el context de tot plegat. L’adveniment de la crisis financera va venir acompanyat d’una política de restricció de drets socials impulsada pel Govern del PP, i també pel de CiU a Catalunya. I amb això, el seu creixent reclam per vies no institucionals. Amb la irrupció del 15-M, la PAH, les marees o les vagues generals va començar un cicle de protesta inèdit. Quan creix la resistència ciutadana contra privatitzacions i retallades, s’accelera també la seva criminalització. Fernández Díaz i el conseller Puig van reaccionar, de fet, amb una bateria d'iniciatives per elevar el llistó repressiu com mai. Entre elles, s’incloïa l’exigència de major contundència policial i judicial, la restricció del dret de reunió, la prohibició d’ocultar-se el rostre en manifestacions, la designació d’un fiscal especialitzat en desordres públics, la creació de més unitats antiavalots, càmeres de videovigilància als espais públics o la monitorització de les xarxes socials. Aquestes mesures havien d’anar acompanyades d'importants canvis legislatius. Es va reformar, així, el Codi Penal i la llei de seguretat ciutadana coneguda com llei “morrió” o “anti-15-M”.

Aquesta deriva autoritària no era del tot nova. Formava part del populisme punitiu que ha caracteritzat el procés de desmantellament de l’Estat del benestar. A menor Estat social, major Estat penal. El propòsit de fons semblava clar. Com havia declarat el propi conseller Puig, restaurar la “por al sistema” que certs sectors socials colpejats per la crisis havien perdut. Aquesta semblava ser la pretensió, per exemple, d’incloure la resistència passiva –característica del 15-M- en el delicte d’atemptat contra autoritat del nou Codi Penal. O la decisió del Govern de CIU de personar-se com acusació en els processos penals contra els activistes, malgrat ser-hi ja la Fiscalia. A diferència del consistori barcelonès, el govern de Junts pel Sí encara ho segueix fent. El darrer episodi ha estat la recent petició de penes de presó per un matrimoni que es va oposar al seu desallotjament al barri del Clot.

Sota aquesta òptica, no resultava estranya la persecució contra tot tipus d’activistes. “Es poden amagar en una cova, en una claveguera o en una assemblea, però els trobarem” deia un altre alt càrrec policial el 2012. Es en aquest context que es va dissenyar el web de delació. Es sol·licitava “col·laboració ciutadana” per identificar 68 d’ells amb les seves respectives fotografies. La iniciativa va indignar a nombrosos juristes i defensors dels drets humans. Entitats com Jutges per la Democràcia, l’Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans, la Comissió de Defensa del Col·legi d’Advocats o el Col·legi de Periodistes van demanar la seva retirada. El síndic de greuges, Rafael Ribó, i l’Agència Catalana de Protecció de Dades també van encendre les alarmes. Fins i tot la Fiscalia de Menors va criticar la mesura. Al web hi apareixien sense cap control judicial persones que no havien estat imputades.

Les entitats consideraven que la difusió de la seva imatge podia afectar al seu dret a l’honor, la intimitat o presumpció d’innocència. I més en el cas de menors, en els que la llei ho prohibeix expressament. Tot plegat va forçar al departament d’Interior a anul·lar “temporalment” el web un mes després de la seva estrena. Tanmateix, els vots de CIU, PP i C's van avalar la seva recuperació uns anys després. Ho van fer per la porta del darrera i en el transcurs d’una comissió parlamentaria del 2013. El llegat antigarantista del conseller Puig, així doncs, encara segueix viu. Quatre anys després, cal tornar a denunciar les llistes negres. Cal tornar a donar la cara pels drets humans. I contra la criminalització de la protesta.