Marc Pérez es un caso inédito, el de un banquero suizo imputado por formar parte de una red de blanqueo y evasión de capitales. El primer caso del que se tiene constancia en España de un empleado del HSBC de Ginebra respondiendo a la Justicia por sus manejos de las fortunas de sus clientes. Una rareza si tenemos en cuenta que estamos hablando de una práctica habitual en muchas entidades bancarias situadas en paraísos fiscales, cuyo objetivo es captar la mayor cantidad de dinero posible sin preocuparse de su procedencia.

Pérez está imputado desde el año pasado como uno de los responsables de una red que blanqueaba dinero de empresarios y familias acomodadas de nuestro país, la conocida como trama Gao Ping, pero la policía del país helvético se ha negado a detenerlo, como reclamaba el juez Fernando Andreu, y se ha limitado a tomarle declaración, sin que a fecha de hoy se tengan noticias de que se haya iniciado algún procedimiento contra él, más allá de haber sido apartado de sus funciones en el banco HSBC.

Práctica habitual del banco, no hay rastro de Marc Pérez en internet como empleado de HSBC. Tampoco lo hay, por ejemplo, de Agathe Stimoli, la gestora de las cuentas de Luis Bárcenas para Dresdner Bank. Los gestores prácticamente desaparecen, se vuelven fantasmas, una vez que su nombre comienza a salir en los papeles. De hecho, según adelantó Vozpópuli, Bárcenas habría utilizado algunos banqueros que también trabajaban en la red de Gao Ping, aunque en este caso el gestor, Frederic François Mentha, estaba a sueldo de la entidad Lombard Odier.

La policía española está convencida de que Pérez era el encargado de los movimientos transnacionales de dinero de evasores españoles como hombre de confianza de François Leiser, considerado el número 1 de la red de blanqueo. Su contacto en nuestro país era la española de origen israelí Malka Maman Levy, alias Sobrina, que hacía de intermediaria entre empresarios y personas acomodadas que habían evadido dinero y necesitaban recuperar una parte de él sin declararlo a Hacienda, y quienes disponían de efectivo y querían sacarlo de España, igualmente sin pasar por el fisco (una parte importante de éste procedía de operaciones de la mafia china de Gao Ping).

El modus operandi era muy sencillo replica al del blanqueo de capitales a alto nivel: las personas que necesitaban dinero (receptores) transferían desde sus cuentas en paraísos fiscales el importe que deseaban recibir en efectivo a los bancos que previamente les indicaban los donantes, que en ese momento les hacían llegar su dinero en efectivo en España. Unos y otros pagaban una comisión a la red y evitaban dar cuenta de sus transacciones a la Agencia Tributaria. Un negocio sencillo.

Malkan tenía una nutrida agenda de clientes, tanto receptores como donantes, que esta semana han comenzado a prestar declaración como imputados ante el juez Fernando Andreu, que instruye el sumario contra la red de blanqueo desarticulada en la Operación Emperador. Una de las primeras comparecientes ha sido María Ilia García de Sáez Borbón Dos Sicilias, que requirió los servicios de la red tanto para ella como para su madre, María Inmaculada Borbón Dos Sicilias Lubomirska, y su tía, María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubormirska. Hoy le toca el turno, entre otros, a Enrique Lasarte, expresidente del Banco de Vitoria y exconsejero delegado de Banesto con Mario Conde al frente de la entidad, condenado por el Tribunal Supremo (TS) a cuatro años de prisión por la quiebra del banco en 1993.

Los especialistas de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) que investigan la red aseguraban en un informe elaborado el 17 de mayo del año pasado que a medida que las pesquisas avanzaban era más palmario que la red de clientes “sobrepasa los planeamientos iniciales, no sólo en número de usuarios de los servicios o en volumen de capital ocultado y defraudado, sino en la especial consideración que por su notoriedad, bien en el mundo empresarial bien en otros ámbitos de la vida pública, acreditan estos individuos”, y señalaban la elitista urbanización La Moraleja como “una fuente de clientes muy significativa”.

Malka no sólo trabajaba para la mafia china de Gao Ping; lo hacía también para otras redes de blanqueo que disponían de sus propios clientes, al frente de las que estaban personas de reputados apellidos, como Javier Eduardo Rosón Boix, hijo pequeño de Juan José Rosón, ministro del Interior con Adolfo Suárez, que fue detenido en su puesto de trabajo en una sucursal del Banco de Sabadell en Madrid, y Vicente María Gregorio Abelló, sobrino del empresario Juan Abelló. En todos los casos, el dinero que manejaba las distintas redes procedía fundamentalmente del fraude fiscal, y en todos los casos pasaba por las manos de Marc Pérez, que era el encargado de moverlo de unos países a otros.

El juez Fernando Andreu, instructor del caso Bankia, ha aceptado contra el criterio del fiscal la querella interpuesta por UPyD contra los responsables de Caja Madrid, Bancaja y BFA-Bankia que autorizaron la venta de participaciones preferentes. Los querellantes querían que el magistrado actuara también contra “consejeros y directivos que hubieran intervenido, consciente y deliberadamente en su diseño, implantación y comercialización”. El Ministerio Público había solicitado que la querella no fuese aceptada a trámite porque en la venta de dicho producto financiero no hay delito. El magistrado ha rechazado actuar contra el exgobernador del Banco de España (BE), Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, máximos responsables de la supervisión de los mercados. La querella de UPyD y el auto del juez aluden al informe de la CNMV que denunciaba las malas prácticas en que habían incurrido las entidades financieras, desvelado fechas atrás en exclusiva por eldiario.es

El fiscal defendía que en el momento de su comercialización las preferentes no podían considerarse un producto “fraudulento”, entre otras razones porque “a la fecha de su comercialización se encontraba autorizado y regulado por la CNMV”. El representante del Ministerio Público sostiene que “la conducta atribuida a Bancaja, Caja Madrid y Bankia, que con toda probabilidad será extensiva a otras entidades emisoras de participaciones preferentes, es una mala práctica” sin más. Ésta consistiría esencialmente en la forma de su comercialización (la venta a personas sin conocimientos financieros que creyeron que suscribían un producto cuya inversión podían recuperar en cualquier momento), pero no alcanza la consideración de “engaño bastante” que exige el tipo penal de la estafa“.

Con estas premisas, el fiscal sostenía que lo ocurrido era la consecuencia “de unas técnicas de ventas en las que el contrato es lo último que suele ver el consumidor, presentándosele el documento cuando el vendedor supone que ya está convencido y casi como una cuestión de mero trámite”. El representante público sostiene que el hecho de que el perjuicio ocasionado a miles de pequeños ahorradores no es una razón suficiente para abrir un proceso penal, y recomienda a los afectados acudir a la vía administrativa, “más rápida y eficaz”. Para el fiscal no existió un “engaño penalmente relevante” porque es insostenible, dice, la “existencia de un plan preconcebido claramente orquestado por las entidades querelladas, a las que habría que sumar –no se olvide- la práctica totalidad del sistema bancario y financiero español (…) si bien es cierto que han podido incurrir en graves deficiencias en su comercialización, y que incluso han primado sus propios intereses por encima de los de sus clientes”.

El juez Fernando Andreu, sin embargo, cree que puede de haber un delito de estafa, y en un argumentado auto dice que los querellados se aprovecharon de la confianza de sus clientes para hacerles creer que adquirían “un producto seguro, de riesgo escaso, parecido a un depósito”, lo que puede suponer un delito de apropiación indebida, y que se valieron de la información confidencial de que disponían, como el saldo de las cuentas, edad y perfil inversor para elegir a los posibles compradores. El delito de estafa está castigado en el Código Penal con penas de prisión que van de seis meses a tres años si la cuantía de lo defraudado excede los 400 euros, como es el caso de los cientos de miles de perjudicados. La pena puede incrementarse de uno a seis años de prisión si el perjuicio causado es de notoria gravedad. Las entidades de crédito podrían haber incurrido también en un delito de publicidad engañosa con el consiguiente perjuicio para los ahorradores. Andreu pone de relieve que este delito afecta a muchas personas, lo que jurídicamente se denomina “delito masa”.

Frente al criterio del fiscal, el instructor dice que admitir a trámite una querella no constituye un acto de imputación judicial, que decidirá tras la investigación para determinar que hay datos que avalen la realidad de los hechos imputados. El magistrado reconoce que en este tipo de procedimientos hay una “delgada línea” que separa “el ilícito penal del ilícito civil”, que es lo que debe determinar la instrucción. “No se trata de que el producto o los productos financieros de alto riesgo comercializados fueran legales, que lo eran, sino si en su comercialización y negociación se ocultó la verdadera situación de las entidades(…) y el verdadero riesgo en que se incurría al invertir en dichos productos”.

Admitida a trámite la querella, Andreu dice que los responsables del delito de estafa no serían sólo los administradores de hecho o derecho (responsabilidad penal personal), sino que también pueden serlo las entidades jurídicas, en este caso los bancos. De momento, la querella va dirigida contra Caja de Madrid, Bancaja, BFA-Bankia y responsables de los folletos de las emisiones de participaciones: Carlos Stilianapoulus (Caja Madrid Finance Preferred S.A.), Fernando Cuesta Blázquez y Carlos Contreras Gómez (Caja Madrid), Aurelio Izquierdo Gómez (Bancaja Eurocapital Finance), y José Fernando García Checa (Bancaja). También serán llamadas a declarar diez personas más en calidad de testigos.

El instructor ha reclamado a las siete cajas integradas en Bankia que le faciliten las actas de los consejos de administración, comités ejecutivos y comisiones de control; los informes internos relacionados con las emisiones de preferentes y cualquier otro elaborado por expertos independientes. Al Banco de España le pide que le entregue los expedientes de inspección del Grupo Bankia realizados entre enero de 2001 y la actualidad, y a la CNMV todos los expedientes sancionadores incoados o resueltos a las siete cajas fusionadas en Bankia.

El apoyo de Miguel Ángel García, responsable del Gabinete Económico de CC.OO y representante en el comité de expertos que ha avalado el informe de propuesta para reformar las pensiones, ha generado un gran malestar en el sindicato. Siete miembros del Gabinete Técnico Interfederal (que se encarga del asesoramiento en despidos colectivos, entre otros cometidos) escribieron el lunes una carta remitida a Ignacio Fernández Toxo, secretario general, y a toda su Ejecutiva, en la que califican de “escandaloso” el voto favorable de su compañero.

No creen que sea una decisión estrictamente personal. Los críticos aluden también a lo que consideran una “tibia respuesta” por parte de la dirección.

Los letrados Enrique Lillo, Alicia Gómez, Ángel Martín y Cristina Segura; los economistas Eduardo Gutiérrez y Daniel Albarracín, y la socióloga Lola Morillo, recuerdan a la Ejecutiva que en una circular interna del pasado 13 de marzo se calificaba de inconstitucional la supresión, a golpe de decreto, de la revalorización automática anual de las pensiones en función del IPC. Sin embargo, el representante del sindicato en el comité de expertos (doce sabios en total) votó a favor de la propuesta con una puntualización particular. Un voto que califican de “paradójico y escandaloso”.

Los autores del comunicado dicen que son conscientes de que era difícil incorporar en el informe enmiendas contra el recorte de las pensiones “dada la composición del grupo de expertos. ”No son expertos independientes, imparciales y objetivos. Son profesionales de parte interesada con vínculos estrechos, conocidos y muy bien retribuidos económicamente, con entidades financieras y compañías aseguradoras“. Entre ellas citan a Mapfre y a Unespa, la patronal del seguro.

Para los autores del escrito, el informe de los expertos pretende rebajar las pensiones públicas para que, quien pueda, las complemente con otras privadas, aumentando así el negocio de los bancos y de las aseguradores; sectores a los que pertenecen la mayoría de los autores del citado informe.

Si existe realmente un problema inminente de financiación de la Seguridad Social, dicen los miembros del Gabinete Técnico, la solución no pasa por recortar las pensiones, sino introducir criterios de equidad y justicia en las aportaciones que sostienen el sistema público. Los sindicalistas piden, por ejemplo, que las cotizaciones pueden proporcionarse a los salarios y no en una tasa fija como la actual. De esa forma, las rentas más altas aportarían más cotizaciones al sistema.

Los sindicalistas rebeldes, que trufan de adjetivos la decisión de CCOO y de su compañero por “frívolas”, “irresponsables”, dicen que “ni la autonomía e independencia con la que este compañero declara haber trabajado, ni su desconocimiento de la realidad laboral inmediata y de los efectos de la crisis dado que no participa en las impugnaciones y análisis de los argumentos empresariales en sus despidos y rebajas salariales, han sido suficientes para inmunizar el hecho de que su voto se emitiera en nombre de CCOO”.

El comité de expertos convocado por Empleo aprobó el informe final con el voto en contra del representante de UGT, Santos Ruesga, y la abstención del experto ligado al PSOE, Tortuera. García emitió un voto particular en el que pedía trasladar la aplicación del factor de sostenibilidad propuesto en la reforma hasta 2019, frente al deseo del resto de los integrantes del comité que piden que entre en vigor en 2014.

La propuesta plantea crear dos correctores para la pensión. Uno que solo afectará a las nuevas pensiones y que corregirá la cuantía de la prestación en función de la esperanza de vida del pensionista en el momento de la jubilación. El otro elemento está llamado a sustituir el IPC en la revalorización de las pensiones. Es este segundo punto, que puede erosionar el poder adquisitivo de los pensionistas al quedar por debajo de la evolución de los precios, el que más ampollas ha levantado en el entorno sindical.

Frente a la tópica imagen del fiscal que acusa en defensa del interés público, aunque no tenga por norma que adoptar siempre ese papel, los últimos y más relevantes casos de corrupción han contado con representantes del ministerio público que se han opuesto a las resoluciones del juez instructor y compartido argumentos con las defensas para intentar revocar las decisiones de los magistrados. Sus argumentos pueden estar tan fundamentados como cuando acusan, pero sus decisiones suscitan recelos en una opinión pública que asiste indignada a la frecuente inculpación de políticos, banqueros y empresarios.

El último caso lo protagonizó ayer el fiscal del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que se opuso con vehemencia a que Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, volviera a ingresar en prisión, como decretó el juez Elpidio José Silva tras una citación urgente. El banquero fue encarcelado el pasado 16 de mayo en la prisión de Soto del Real acusado de varios delitos societarios por supuestas irregularidades cometidas en la compra del City Nacional Bank de Florida, una operación que habría ocasionado pérdidas multimillonarias a la caja.

Entonces pasó un solo día entre rejas, el tiempo que tardó en depositar los 2,5 millones de euros que el juez le había impuesto como fianza. En esta ocasión el juez le ha negado esa posibilidad al decretar su prisión incondicional. En la ‘vistilla’ celebrada en la tarde de ayer en los juzgados de la Plaza de Castilla (Madrid), la representación de Manos Limpias, que ejercita la acusación popular, reclamó nuevas medidas cautelares para evitar que Blesa concierte con otros imputados una versión idéntica sobre los hechos de que está acusado.

El fiscal no lo vio tan claro y defendió que el ingreso en prisión es una medida excepcional que en este caso no está justificada por el gran arraigo social del expresidente de Caja Madrid y la certeza de que no va a eludir la acción de la justicia. No lo consiguió y ahora tendrá que ser la Audiencia Provincial de Madrid la que resuelva el recurso que la defensa del banquero presentará en las próximas horas. Un trámite que se puede prolongar hasta dos semanas, las que al menos tendrá que pasar Blesa en una celda.

También recientemente, Pedro Horrach, fiscal del ‘caso Nóos’, en el que está imputado Iñaki Urdangarín, marido de la infanta Cristina, se opuso a José Castro, el juez instructor, citara a la hija del Rey como imputada para que aclarase el conocimiento que tenía de los negocios de su marido. En esta ocasión se impuso el criterio del ministerio público, que recurrió el auto de su compañero ante la Audiencia Provincial de Palma y protagonizó, de paso, un hecho inédito: que el fiscal se oponga a una citación judicial que no presupone culpabilidad alguna. Castro no se ha dado por vencido, y está a la espera de varios informes de la Agencia Tributaria para decidir si vuelve a recorrer el mismo camino.

Por la calle Prim no han dejado de desfilar durante los últimos meses numerosos imputados con ‘pedigrí’ del ‘caso Gürtel’, los últimos ocho empresarios que presuntamente hicieron donaciones al PP a cambio de la adjudicación de obras públicas por parte de administraciones controladas por los populares. Conocidos hombres de negocios (Villar Mir, Luis del Rivero…) que se negaron a responder a las preguntas de las acusaciones, no así a las de sus letrados, el juez instructor, Pablo Ruz, y el fiscal anticorrupción, que hubo días que, para sorpresa de los presentes, no hizo ni una sola pregunta durante su turno de interrogatorio. En lo que si estuvo de acuerdo con el magistrado fue en retirar al PP de la causa, en la que pese estar personado como acusación su actuación se asemejaba más a la de la defensa de su extesorero, Luis Bárcenas.

Carlos Bautista, fiscal del ‘caso Faisán’, que está pendiente de que la Sala fije una fecha para celebrar la vista oral, ha pasado también por varios ‘estados’ a lo largo de la instrucción. Comenzó por pedir el archivo de la causa, contra la opinión de Baltasar Garzón, primero, Fernando Grande Marlaska después, y por último Pablo Ruz. Sin embargo, avanzada ya investigación cambió de opinión y coincidió con el magistrado en acusar a dos mandos policiales de haber alertado a ETA en 2006 de una operación policial en marcha. Sus conclusiones definitivas sostienen que los dos procesados incurrieron en un delito de revelación de secreto, pero no de colaboración con banda armada, como considera el juez.

El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, tiene un elemento más de preocupación. A sus problemas con la Justicia por la compra del Banco City de Florida y el crédito millonario a Gerardo Díaz Ferrán, ahora se suma la emisión de las preferentes que ayer entró en vía penal por la decisión de la Audiencia Nacional de incluir la investigación de un posible delito dentro del conocido caso Bankia.

Hasta ahora, Blesa se había librado de la imputación por parte del juez Fernando Andreu, el encargo de instruir el caso Bankia, ya que el amigo de José María Aznar había abandonado la entidad antes de que se tomaran las decisiones que se investigan por mala gestión, como la salida a bolsa. Sin embargo, el grueso de la emisión de preferentes, o productos híbridos como también se les conoce, se hizo bajo su dirección, en las emisiones de 2009.

La obligación de Andreu de incorporar las preferentes a su caso abre la puerta a que Miguel Blesa sea imputado en el caso. En principio, el caso que se incorpora está motivado por una empresa que ve delito en la venta de preferentes por parte del director de la oficina de Bancaja en la localidad de Alberic. En la fecha en la que se produjo la venta de las preferentes denunciada, 2009, Bancaja estaba presidida por José Luis Olivas, por lo que también el foco de la justicia se pone ahora sobre el expolítico del Partido Popular.

Con todo, y aunque esta demanda busca culpar de delito al responsable de la sucursal, la responsabilidad civil subsidiaria puede elevar la lista de los que respondan ante las posibles demandas que se apunten a este proceso. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España y Julio Segura, responsable de la CNMV, podrían pasar también a engrosar la lista de imputados en este caso ya que sendos informes han demostrado que estaban al corriente de la mala actuación de Caja Madrid y otras entidades de ahorro en la venta de preferentes.

Eldiario.es fue el primero en ofrecer en exclusiva el informe sobre la mala praxis en la comercialización de las preferentes que ha servido como base a los querellantes para presentar sus demandas.

Descontento entre los abogados de los preferentistas

Con todo, los principales despachos que están llevando los casos de afectados por las preferentes recelan de la decisión de incorporar a las preferentes al caso Bankia. El abogado de Jausas Legal, Jordi Ruiz, teme que este procedimiento dilate mucho la instrucción y que pasen años antes de que los demandantes puedan verse resarcidos.

Ruiz cree además que sin óbice de que tanto la salida a bolsa a Bankia como la venta de preferentes sean delitos, no se les puede juzgar de la misma forma porque no obedecen a las mismas causas. Este abogado barcelonés teme que se mezclen los delitos y también que se persiga erróneamente a los directivos de las oficinas bancarias que en la mayoría de las ocasiones no tenían conocimiento de lo que estaban vendiendo. (En esta documentación se ve cómo desde la gerencia de márketing se les adoctrinaba sobre los productos que venían).

Desde Asinver, una de las plataformas que también están dando soporte legal a los afectados, temen que el proceso se convierta en una “Tangentópolis” y eternice la instrucción. Javier Flores pide que se restrinja esta vía solo para los casos de clara estafa y recomienda a los afectados por preferentes que se asesoren antes de optar por esta vía para recuperar su dinero.

Fernando Zunzunegui, del despacho de abogados homónimo y que ha optado por la vía civil para recuperar el dinero de sus clientes, cree que es positivo que se dirima si la comercialización fue delictiva o no, pero espera que no afecte a los procedimientos civiles en marcha. A diferencia de la vía penal, con la demanda civil el afectado solo exige la recuperación de su inversión y no el castigo de los que se la vendieron o detectar a los culpables de su gestión.

El letrado Luis Velasco, que representa a varios afectados por preferentes de Bankia y otras entidades nacionalizadas, manifestó a eldiario.es que con el auto “la Sala no prejuzga nada pero del mismo se desprende que los cientos de miles de preferentistas afectados podrían personarse como perjudicados en el ‘caso Bankia’”. Pese a ello, Velasco no cree que la vía penal sea la más adecuada. “Si el objetivo es la restitución del dinero –dice- la vía civil es la más adecuada. El objetivo es que se declare la nulidad de los contratos de compra de estos productos financieros por defecto de consentimiento. Los procesos penales se demoran durante años y paralizan la acción civil”.

A favor de la vía civil

Santiago Viciano, que representa también a afectados por estos productos financieros complejos, dijo cree que el auto “es una muy buena noticia porque amplía a las preferentes las actuaciones con que Bankia intentó tapar su agujero para sacar la compañía a bolsa y ‘tunear’ sus cuentas y, además, da una salida a los inversores cualificados e institucionales y a los empleados de la entidad que compraron porque creyeron que la situación de la misma era saneada”. Como su compañero, Viciano prefiere también la vía civil, pero cree que la resolución de la Sala Tercera “es un refuerzo para las demandas civiles. Por la vía penal estamos ante un macroproceso que se va a demorar durante muchos años”. “Mi primera opción –concluye- es el arbitraje si el caso es meridianamente claro, y la segunda la demanda judicial”.

Por su parte, fuentes de 15MPaRato aseguran que la satisfacción por esta decisión tiene un reverso amargo: “éticamente es una buena noticia, pero esto va a hacer que el caso engorde muchísimo y lo puede alargar demasiado, puede entorpecer mucho la instrucción”, dice. “Ya estamos trabajando para que esto juege en favor de los intereses de los afectados y de la sociedad, y no en contra”.

El más satisfecho por la decisión de la Audiencia Nacional era el letrado de la acusación popular de UPyD, Andrés Herzog, que cree que así el juez Andreu tendrá que admitir a trámite muchas querellas criminales que no había aceptado hasta el momento. Herzog cree que la dilatación del proceso era “inevitable”.

La personación de Bochner, la empresa que se querelló contra el director de oficina, como acusación particular había sido rechazada por el juez instructor, Fernando Andréu, y el fiscal con el argumento de que el ‘caso Bankia’ investigaba exclusivamente el proceso de fusión de las siete cajas de ahorro que dieron lugar a Bankia, y su salida a Bolsa, y no la comercialización de participaciones preferentes. “La competencia de este juzgado convertiría el proceso en una suerte de causa general contra los directores de los cientos de sucursales (que vendieron

dicho producto financiero) lo que vulneraría el principio constitucional de tutela judicial efectiva“, decía la resolución que rechazó la personación de Bochner.

Antecedentes

Los hechos que han dado lugar a esta resolución arrancan el 5 de julio de 2012, cuando Bochner España S.L. interpuso una querella contra Bankia, la oficina de Bancaja nº 0105 de Alberic (Valencia) y el director de la oficina, José Luis González Garrigues, por obligarles a liquidar un fondo de inversión de 100.000 euros, que habían contratado con anterioridad, para adquirir participaciones preferentes de la entidad si querían que ésta les concediera una línea de crédito. La suscripción se llevó a cabo el 17 de julio de 2009 “sin información alguna de las características del producto que se le adjudicaba ni de los riesgos del mismo”, dice el auto de la Sala. Cuatro meses después, el 18 de diciembre de 2009, Bancaja otorgó la línea de crédito con vencimiento el 18 de diciembre de 2011. “La cantidad depositada a plazo fijo fue dispuesta por Bancaja para convertirlas en participaciones preferentes sin informarme de nada –dicen los querellantes y recoge el auto-. Tan sólo se exigió a mi mandante que aceptara la solución propuesta antes de una determinada fecha que curiosamente coincide con la salida de Bankia a Bolsa, entendiéndose que lo que se pretendía por parte de la entidad era dar la imagen de que en esos momentos existían numerosas órdenes de compra de títulos”.

Bochner hizo la última disposición con cargo a la línea de crédito 15 de noviembre de 2010 y, posteriormente, comunicó al banco su intención de no renovarla. El 15 de noviembre de 2011, la compañía pidió sin éxito a Bancaja que compensara las cantidades de dinero que aún debía con las preferentes. El 15 de marzo de 2012 el banco envió un e-mail a Joaquín Yuancos para ofrecerle la posibilidad de canjear por acciones de Bankia, y que si aceptaba el crédito se vería reducido. Los responsables de la empresa dijeron que no deseaban renovar aquél y reiteraron su voluntad de que se efectuara una dación en pago de las preferentes para cubrir el crédito concedido, a lo que la entidad financiera no accedió.

La ministra de Sanidad, Ana Mato, viajó con uno de sus hijos a Disneyland París en octubre de 1998 con los gastos pagados por Francisco Correa, el ‘cerebro’ de la trama Gürtel, según recoge un informe de la Agencia Tributaria fechado el pasado 29 de mayo que el juez Pablo Ruz acaba de incorporar al sumario. También figura un viaje a Dublín el 16 de julio de 1999 con Ana Sepúlveda que costó 216.000 pesetas, que los investigadores creen que también fue pagado por Correa.

El primero de los viajes está acreditado por una factura con el encabezamiento “Viaje a París 30 de octubre/2 de noviembre Ana Mato x 2” y número de reserva 12412207, por una habitación doble durante dos noches en el hotel Newport Bay Club, a razón de 1.435 francos franceses la noche. Francisco Correa corrió con el gasto de una noche y Disneyland París con la otra.

Un fax remitida por la dirección general de España y Portugal de Disneyland a Correa decía literalmente: “Estimado Sr. Correa: Le confirmo reserva realizada a nombre de Dª Ana Mato, de una habitación doble (para 1 adulto + 1 niño), en el Admiral´s Floor del Hotel Newport Bay Club para los días 31 de octubre al 2 de noviembre. Esta reserva incluye desayunos con personajes y entradas al parque temático para todos los días de su estancia. La señora Mato deberá facilitar el número de reserva indicado al realizar el checkin. En ese momento le entregarán un dossier con los mapas del parque, los cupones para desayunar, etc. Asimismo, le confirmo que el importe de la habitación para la noche del sábado, 1.435 FF, serán cargados a su tarjeta VISA. Tanto el importe de la habitación para la segunda noche como el de todos los desayunos y entradas al parque correrán por cuenta de Disneyland Paris”.

Según un documento de “FCS Travel Group” (del grupo de empresas de Francisco Correa, denominada posteriormente Pasadena Viajes) el coste total del viaje ascendió a 3.636 francos. También figuran anotaciones a mano que reflejan importes en pesetas que los investigadores dicen “no podemos asegurar que constituyeran gastos adicionales que incrementaron el coste total”.

La Agencia Tributaria incluye un segundo viaje de Ana Mato y Ana Sepúlveda a Dublín y dos noches de alojamiento en el Hotel Conrad, con entrada el 16 de julio de 1999 y salida el 18 de julio de 1999 que supuso un gasto de 216.837 pesetas. La factura tiene en su parte inferior una anotación a mano: “Consultar Sr. Correa”. Los investigadores recogen en el informe su sospecha de que el viaje fue abonado por FCS Travel Group por tratarse de un regalo de Correa. “Nos basamos en la anotación manuscrita REG que creemos significa regalo. Pero también porque el asiento contable que figura en un cuadro del albarán para ser registrado en el Libro Diario de Contabilidad es ‘Proveedores a Proveedores’. Es decir, no se registra ningún crédito frente al cliente. La agencia asumió el coste del regalo”.

El informe incorpora también un viaje a Santiago de Compostela los días 28 y 29 de diciembre de 1996 de Ana Mato y su exmarido, Jesús Sepúlveda. El matrimonio se alojó una noche en el hotel La Toja. Sin embargo, los investigadores dicen que no pueden pronunciarse sobre el origen de los fondos que financiaron el viaje (101.000 pesetas) porque la factura figura a nombre del exalcalde de Pozuelo. “Por un lado, el asiento contable que figura en la parte de debajo de la factura 1/2074/96 carga a la cuenta 430010000 (”clientes varios“) que no es la del Sr. Sepúlveda (la cuenta del cliente Jesús Sepúlveda era la 430010043). Pero, por otro lado, en el recibí que aparece en el folio 76868 se declara haber cobrado a este señor”. Pese a ello, este dato “no es suficiente para demostrar que fuere el exmarido de la ministra quien hiciera el pago”.

El documento recuerda que muchos de los viajes con cargo a FCS-Pasadena los pagaba en efectivo José Luis Izquierdo, un miembro de la trama Gürtel, con dinero que sacaba de la caja B de la organización e ingresaba en la cuenta de la agencia de viajes, pese a lo cual, Pasadena emitía en algunos casos una factura al beneficiario para aparentar que había corrido con los gastos.

Ana Mato Paris by eldiario.es

Antonio Vilela, apoderado de la constructora Rubau, ha reconocido al juez Pablo Ruz que en 2007 hizo una donación a título personal al PP de 63.000 euros como militante del partido, en el que ejerce como asesor de obra pública e impacto medioambiental de una desconocida Comisión de Infraestructuras, al frente de la que situó a Manuel Núñez. Amigo de Álvaro Lapuerta, Vilela ha dicho al magistrado que jamás intercedió a favor de su empresa, y que cuando se reunía con el extesorero popular “hablábamos de religión”, según han relatado varios letrados presentes en el interrogatorio.

El empresario ha acudido al juzgado con un certificado del PP que corrobora el pago antes citado. Cuando el magistrado le ha dicho que si no sabía que las donaciones no podían superar los 60.000 euros, Vilela ha asegurado que lo desconocía. “Me siento traicionado, porque lo hice de buena fe”, declaró. La contabilidad oficial del partido incorporada a la causa recoge dos donaciones a su nombre por 50.000 y 13.000 euros los días 6 y 8 de marzo de 2008.

Vilela ha dicho que no sabe nada de los 'papeles de Bárcenas', ni de las dos donaciones por un importe total de 100.000 euros en 2004 que aparecen reflejadas en la contabilidad B del extesorero, que el imputado calificó de “manipulación”. Ese año, el Grupo Rubau fue el adjudicatario de cuatro contratos públicos por 76 millones de euros. El mayor de ellos, de 52 millones, fue suscrito con el Ministerio de Fomento, al frente del que entonces estaba Francisco Álvarez-Cascos. Entre 2002 y 2009 la constructora recibió 329 adjudicaciones públicas por 843 millones de euros, 22 de ellas (144 millones de euros) gestionadas por el PP.

La ronda de declaraciones ha concluido con Pablo Crespo Sabaris, número 2 de la trama Gürtel, a quien el juez ha pedido explicaciones sobre una anotación a su nombre en la contabilidad de Bárcenas de 21 millones de pesetas (126.000 euros). Crespo, que fue secretario de Organización del PP gallego y diputado autonómico, dijo que ese dinero procedía de pequeñas donaciones, que se utilizó para devolver parte de un crédito de cien millones de pesetas concedido por el PP nacional. El dinero se lo entregó en efectivo a Álvaro Lapuerta en Santiago de Compostela. Crespo se desentendió de los 'papeles de Bárcenas' y dijo que nunca conoció facturas en A o en B en la contabilidad del PP gallego. El exmilitante popular es el presidente de la firma Special Events, dedicada a la organización de campañas publicitarias y eventos, que entre 1996 y1999 organizó numerosos actos públicos al partido.

Ninguno de los dos imputados ha querido responder a las preguntas de las acusaciones.

José María Mayor Oreja, presidente de FCC Construcción entre 2001 y 2011 y hermano del exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, ha reconocido al juez Pablo Ruz que la constructora hizo dos donaciones al PP por un importe total de 60.000 euros fechas antes de las elecciones generales de noviembre de ese año, que los populares ganaron por mayoría absoluta, porque querían “colaborar”con el partido.

Los pagos se hicieron a través de dos sociedades propiedad al cien por cien de FCC, Promociones Teide y BBR, que no tenían adjudicaciones de la administración y eludir así la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que prohíbe que las sociedades con contratos con entidades públicas hagan donaciones. Oreja ha dicho que asesorados por los servicios jurídicos de la empresa pensaron hacer una tercera donación a través de Megaplasma, también propiedad de FCC, pero desistieron porque se trataba de una sociedad prácticamente sin actividad.

El artículo 4 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos dice que “los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de empresas privadas que mediante contrato vigente presten servicios o realicen obras para las administraciones públicas, organismos públicos o empresas con capital mayoritariamente públicos. Tampoco podrán aceptar o recibir donaciones de empresas pertenecientes al mismo grupo que aquéllas, o de empresas mayoritariamente participadas”, como es el caso.

El expresidente de FCC Construcción declaró a preguntas del magistrado que desconoce por qué su nombre aparece en los 'papeles de Bárcenas' y desmintió que, como figura en éstos, la compañía hubiese hecho dos donaciones en marzo y julio de 2008 por importe de 165.000 euros. Mayor Oreja dijo que “sobre” dicho año se entrevistó con Álvaro Lapuerta, extesorero del PP, sobre la posibilidad de que la constructora se hiciera cargo de las obras que el partido iba a realizar en su sede de la calle Génova de Madrid. Fue el propio Lapuerta quien le presentó a Luis Bárcenas. Por último ha manifestado que desconocía si se habían hecho aportaciones económicas a alguna fundación vinculada al PP.

FCC Construcción consiguió 1.615 adjudicaciones de administraciones públicas entre 2002 y 2012, de las que 587 estaban controladas por los populares, por importe de 4.132 millones de euros.

Luis del Rivero, expresidente de Sacyr Vallehermoso, anunció en su comparecencia que se querellará “contra el autor material e intelectual” de los 'papeles de Bárcenas' en los que aparecen recogidas cinco donaciones al PP por un importe de 480.000 euros. Su compañía fue adjudicataria de 117 obras del PP por valor de 1.064 millones de euros. Rivero dijo que no intervenía en contrataciones de menos de 3 millones de euros, puso de relieve que Sacyr es una gran empresa con obra en todo el mundo que ha contratado con administraciones del PSOE, PP y CiU, y afirmó que en el desempeño de sus funciones ha tenido contactos con ministros, entre ellos Francisco Álvarez-Cascos, Jaume Matas y el exsecretario de Estado Benigno Blanco. Al primero de ellos le dijo en una ocasión, contó como anécdota, que su compañía no tenía toda la obra pública que merecía.

El constructor Manuel Contreras, presidente del Grupo de Empresas AZVI, que contestó sólo al juez y al fiscal, negó que hubiese hecho pagos al PP a cambio de la adjudicación de obra pública. El empresario conocía a Bárcenas, y aunque negó que fuesen cierto los pagos de su empresa al PP que figuran en los papeles del extesorero, dijo que creía saber por qué su nombre aparecía en los mismos, pero eludió explicarlo. El presidente de AZVI señaló que los únicos pagos que ha hecho su empresa han sido para patrocinar foros sin relación con partidos políticos.

El último en declarar ha sido José Manuel Fernández Rubio, consejero de Aldesa Construcciones, beneficiaria de 76 contratos por importe de 282 millones de euros, que aparece en los 'papeles de Bárcenas' con catorce donaciones al PP que suman 330.080 euros. Como el resto de comparecientes negó haber hecho donaciones al PP y haberse beneficiado de obra pública. También como los otros empresarios dijo conocer a Álvaro Lapuerta y en menor medida a Luis Bárcenas, con el que podría haber coincidido en algún acto público.

Según las acusaciones, esta constructora ha logrado adjudicaciones sin publicidad por importe superior al que permite la ley (hasta 200.000) y otras que superan el millón de pesetas y es obligatorio sacarlas a concurso.

José María Mayor Oreja, presidente de FCC Construcción entre 2001 y 2011 y hermano del exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, ha reconocido al juez Pablo Ruz que la constructora hizo dos donaciones al PP por un importe total de 60.000 euros fechas antes de las elecciones generales de noviembre de ese año, que los populares ganaron por mayoría absoluta, porque querían “colaborar”con el partido.

Los pagos se hicieron a través de dos sociedades propiedad al cien por cien de FCC, Promociones Teide y BBR, que no tenían adjudicaciones de la administración y eludir así la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que prohíbe que las sociedades con contratos con entidades públicas hagan donaciones. Oreja ha dicho que asesorados por los servicios jurídicos de la empresa pensaron hacer una tercera donación a través de Megaplasma, también propiedad de FCC, pero desistieron porque se trataba de una sociedad prácticamente sin actividad.

El artículo 4 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos dice que “los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de empresas privadas que mediante contrato vigente presten servicios o realicen obras para las administraciones públicas, organismos públicos o empresas con capital mayoritariamente públicos. Tampoco podrán aceptar o recibir donaciones de empresas pertenecientes al mismo grupo que aquéllas, o de empresas mayoritariamente participadas”, como es el caso.

El expresidente de FCC Construcción declaró a preguntas del magistrado que desconoce por qué su nombre aparece en los 'papeles de Bárcenas' y desmintió que, como figura en éstos, la compañía hubiese hecho dos donaciones en marzo y julio de 2008 por importe de 165.000 euros. Mayor Oreja dijo que “sobre” dicho año se entrevistó con Álvaro Lapuerta, extesorero del PP, sobre la posibilidad de que la constructora se hiciera cargo de las obras que el partido iba a realizar en su sede de la calle Génova de Madrid. Fue el propio Lapuerta quien le presentó a Luis Bárcenas. Por último ha manifestado que desconocía si se habían hecho aportaciones económicas a alguna fundación vinculada al PP.

FCC Construcción consiguió 1.615 adjudicaciones de administraciones públicas entre 2002 y 2012, de las que 587 estaban controladas por los populares, por importe de 4.132 millones de euros.

Luis del Rivero, expresidente de Sacyr Vallehermoso, anunció en su comparecencia que se querellará “contra el autor material e intelectual” de los 'papeles de Bárcenas' en los que aparecen recogidas cinco donaciones al PP por un importe de 480.000 euros. Su compañía fue adjudicataria de 117 obras del PP por valor de 1.064 millones de euros. Rivero dijo que no intervenía en contrataciones de menos de 3 millones de euros, puso de relieve que Sacyr es una gran empresa con obra en todo el mundo que ha contratado con administraciones del PSOE, PP y CiU, y afirmó que en el desempeño de sus funciones ha tenido contactos con ministros, entre ellos Francisco Álvarez-Cascos, Jaume Matas y el exsecretario de Estado Benigno Blanco. Al primero de ellos le dijo en una ocasión, contó como anécdota, que su compañía no tenía toda la obra pública que merecía.

El constructor Manuel Contreras, presidente del Grupo de Empresas AZVI, que contestó sólo al juez y al fiscal, negó que hubiese hecho pagos al PP a cambio de la adjudicación de obra pública. El empresario conocía a Bárcenas, y aunque negó que fuesen cierto los pagos de su empresa al PP que figuran en los papeles del extesorero, dijo que creía saber por qué su nombre aparecía en los mismos, pero eludió explicarlo. El presidente de AZVI señaló que los únicos pagos que ha hecho su empresa han sido para patrocinar foros sin relación con partidos políticos.

El último en declarar ha sido José Manuel Fernández Rubio, consejero de Aldesa Construcciones, beneficiaria de 76 contratos por importe de 282 millones de euros, que aparece en los 'papeles de Bárcenas' con catorce donaciones al PP que suman 330.080 euros. Como el resto de comparecientes negó haber hecho donaciones al PP y haberse beneficiado de obra pública. También como los otros empresarios dijo conocer a Álvaro Lapuerta y en menor medida a Luis Bárcenas, con el que podría haber coincidido en algún acto público.

Según las acusaciones, esta constructora ha logrado adjudicaciones sin publicidad por importe superior al que permite la ley (hasta 200.000) y otras que superan el millón de pesetas y es obligatorio sacarlas a concurso.

No hubo donaciones. Ni legales, ni ilegales. Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, y José Luis Sánchez Domínguez, antiguo propietario del Grupo Empresarial Sando, han asegurado al juez Pablo Ruz que nunca dieron dinero al PP, que desconocen las razones por las que figuran en los 'papeles de Bárcenas' como donantes del partido, y que las adjudicaciones de obra pública por parte de administraciones gobernadas por los populares lo fueron sin contrapartida alguna. Alfonso García Pozuelo, presidente de Constructora Hispánica, se negó a prestar declaración. Antonio Romeral, fiscal anticorrupción, no hizo ni una sola pregunta a los imputados.

Villar Mir dijo al magistrado que nunca ha hecho aportaciones económicas al PSOE o al PP, y que las únicas donaciones que hace su empresa han ido a la Fundación FAES, que preside José María Aznar (45.000 euros anuales); al Real Instituto Elcano (150.000 euros anuales), a dos fundaciones de UGT y CC.OO (120.000 euros a cada una de ellas), y a la Fundación Mujeres por África, que preside la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, también 120.000 euros al año. Pagos que dijo poder acreditar.

El empresario dijo al juez que conoce desde hace años al extesorero del PP Álvaro Lapuerta, pero que nunca habló con él de adjudicaciones de obra pública y calificó de “error” que su nombre aparezca en los 'papeles de Bárcenas', en los que figuran tres donaciones por un importe total de 530.000 euros. Entre 2002 y 2009 administraciones gestionadas por el PP adjudicaron 215 contratos a OHL por importe de 4.652 millones de euros. Villar Mir dijo que no conocía a Luis Bárcenas, y justificó no haber emprendido acciones legales contra el extesorero o Izquierda Unida (IU) como querellante para no perjudicar la imagen internacional de sus empresas. “Lo que quiero -dijo- es que esto acabe cuanto antes”.

Tras Villar Mir fue el turno a José Luis Sánchez Domínguez, expresidente del Grupo Empresarial Sando, que entre 2002 y 2011 fue adjudicatario de 51 contratos por parte de administraciones del PP por un importe de 264 millones de pesetas. Los 'papeles de Bárcenas' recogen un total de trece donaciones a los populares que suman 1.250.000 euros. Sánchez Domínguez manifestó al juez que tiene una relación de amistad con Álvaro Lapuerta desde hace muchos años y que cuando viajaba a Madrid solían verse en la sede del PP. Más allá de su amistad, nada. Nunca hablaron de obra pública, y sólo en 1998 se interesó por un concurso del Ayuntamiento de Madrid y Lapuerta le dijo que se llevaba mal con el alcalde, el popular José María Álvarez del Manzano. Las acusaciones le preguntaron si conocía al exministro Álvarez Cascos y al expresidente balear Jaume Matas, a lo que respondió que no. Cuando le interpelaron sobre Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la Familia y secretario de Estado de Aguas e Infraestructuras con Aznar, dijo al juez que no iba a contestar más preguntas de las acusaciones.

El primero en comparecen en la Audiencia Nacional fue Alfonso García Pozuelo, presidente de Constructora Hispánica, que llegó con dos horas de anticipación a la que estaba citado, y abandonó las dependencias judiciales diez minutos después tras negarse a declarar. En el caso de su compañía, los 'papeles de Bárcenas' recogen adjudicaciones de obra por 525 millones de pesetas y nueve donaciones por 258.161 euros.

Tras las comparecencias de Sánchez Domínguez y Alfonso García Pozuelo las acusaciones solicitaron la celebración de una vistilla para pedir al juez la adopción de medidas cautelares. El fiscal se opuso a ello y el juez rechazó la diligencia. Ruz justifica su decisión en una providencia en la que dice que los querellantes no han expuesto elementos nuevos que requieran la modificación de la situación procesal de los imputados, y recuerda que negarse a declarar es un derecho constitucional.

Alfonso García Pozuelo, presidente de Constructora Hispánica, figura en los papeles de Bárcenas como donante de 258.161 euros al Partido Popular

Alfonso García Pozuelo, presidente de Constructora Hispánica, se ha negado a declarar ante el juez Pablo Ruz, ante el que comparecía como imputado para explicar las donaciones realizadas al PP y la coincidencia de las mismas con la adjudicación de obras públicas. A la vista de su negativa, las acusaciones solicitaron la celebración de una vistilla para pedir su ingreso en prisión o, en su defecto, otras medidas cautelares como la libertad bajo fianza o la retirada del pasaporte ante el riesgo de fuga.

Uno de los letrados justificó la petición porque al estar castigados con más de dos años de prisión los delitos en que podría habría incurrido (asociación ilícita, alteración de precios, cohecho, fraude y exacciones legales, tráfico de influencias, receptación, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda pública y delitos electorales, según la querella presentada por IU), afectan a la economía nacional, y el imputado puede ocultar pruebas. El fiscal anticorrupción se ha opuesto a la medida y el juez la ha denegado por improcedente.

Los 'papeles de Bárcenas' recogen nueve donaciones de Constructora Hispánica por un importe de 258.161 euros, que un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) cree que están relacionadas con adjudicaciones públicas de administraciones gobernadas por el PP valoradas en 525 millones de pesetas. García Pozuelo ha acudido acompañado del abogado Javier Iglesias, el mismo que representa al extesorero del PP Álvaro Lapuerta.

Tras García Pozuelo ha comenzado a declarar Juan Miguel Villar Mir, presidente de la constructora OHL. En su caso, su empresa se benefició de 215 contratos públicos valorados en 4.652 millones de euros, y en la supuesta contabilidad B del partido aparecen reflejadas tres donaciones al PP por 530.000 euros.

Los dos banqueros más poderosos del país, Emilio Botín, presidente del Banco Santander, y Francisco González, de BBVA, criticaron de manera rotunda el plan de Rodrigo Rato para salvar Bankia. El plan original del exvicepresidente del Gobierno limitaba a 7.000 millones de euros la inyección de capital público necesaria para salvar la la entidad, una cifra que los dos banqueros elevaron a entre 15.000 y 20.000 millones de euros en sus conversaciones con Luis de Guindos antes del rescate de la entidad. Así lo han declarado ante el juez Fernando Andréu, instructor del caso Bankia, que los había citado esta mañana como testigos. Los dos financieros se quedaron cortos: la inyección final fue de 22.424 millones de euros. El contrapeso en las negociaciones lo realizó Isidro Fainé, presidente de Caixabank, que apoyó la estrategia diseñada por el exgerente del FMI y expresidente de Bankia.

Francisco González fue el más crítico con la gestión de Rato al frente de la entidad, que presentó las cuentas de 2011 con unos beneficios de más de trescientos millones de euros que se convirtieron después en más de 3.000 millones de pérdidas. El presidente del BBVA ha dicho que con la complicada situación económica del país y la desconfianza internacional no eran creíbles los primeros resultados. A preguntas de una de las acusaciones sobre cómo era posible que Bankia presentara esta diferencia en las cuentas, el banquero gallego sentenció: “la contabilidad es un chicle”.

¿Por qué se negaba Rato a aceptar más dinero?, le inquirió otro de los letrados presente en el interrogatorio, a lo que el presidente del BBVA contestó que, en su opinión, si el Gobierno hubiese aprobado el plan de Rato, éste hubiese tenido la posibilidad de continuar al frente de la entidad. González señaló que ya en febrero y marzo de 2012 la desconfianza internacional con Bankia era enorme y había multitud de informes de bancos de inversión que decían que el plan de Rato era claramente insuficiente. “No se han atacado los problemas a tiempo”, concluyó.

Los tres banqueros fueron convocados los días 4 y 6 de mayo de 2012 por Luis de Guindos, ministro de Economía, para abordar el futuro de la entidad. Al encuentro asistió también Rodrigo Rato, que dimitió al día siguiente. El ministro prescindió de la presencia de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, que había dado el visto bueno al plan de 7.000 millones presentado por Rato. El juez Andréu quería saber qué se habló en aquella reunión sobre el futuro de Bankia, que pocos días después fue intervenida por el Estado.

Emilio Botín fue más suave que su compañero y rival González en las críticas, aunque el análisis y el relato que hizo al juez de la reunión con el ministro De Guindos fue coincidente. “Bankia necesitaba una ayuda masiva”, que cifró en torno a lo 15.000 millones de euros. El presidente del Banco de Santander dijo que en las reuniones con el ministro de Economía, éste pidió a Rato otro plan complementario al que había presentado. Tanto él como González e Isidro Fainé manifestaron que no pidieron la dimisión de Rato. Pero, además, reconocieron que ni este anunció que fuese a dimitir, y tampoco tuvieron la impresión de que fuera a hacerlo, menos aún al día siguiente. Isidro Fainé fue el único que apoyó el plan de Rato, que consideró “coherente”. También confirmó que Caixabank valoró en su momento una posible fusión con Bankia que finalmente no llegó a buen puerto.

La entrada y salida de los banqueros de la sede de la Audiencia Nacional se produjo entre gritos de decenas de afectados por las participaciones preferentes y su conversión en acciones de la entidad. La Policía ha efectuado un notable despliegue en previsión de incidentes con tres furgones de las Unidades de Intervención Popular (UIP) y agentes de paisano que paseaban entre los presentes. Los policías han puesto también pusieron numerosos trabas al trabajo de los informadores. En el exterior impidiendo a un cámara de TVE grabar imágenes de los manifestantes situándose frente a ellos, y en el interior reteniendo a los periodistas hasta que los banqueros habían abandonado la sede de los juzgados para que no pudieran abordarlos.

Emilio Botín salió de las dependencias judiciales acompañado de una corte de empleados de la entidad, con una sonrisa en la cara y saludando con una mano a quienes le increpaban con gritos de “¿dónde está nuestro dinero?” y “que los saquen en furgón y les lleven a prisión”. Sólo hizo una escueta declaración a los informadores: “la cosa pinta bien”.

Luis Molero, cajero del PP desde 1985, ha manifestado al juez Pablo Ruz que los extesoreros del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, le entregaban sobres con dinero en efectivo de donaciones privadas que él ingresaba en la cuenta del partido en el Banco de Vitoria. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) recién incorporado al sumario confirma, gracias a los resguardos bancarios de la citada entidad bancaria, que los ingresos oscilaban entre 5, 6 ó 7 al mes, aunque hay un día en el que se hicieron ocho ingresos consecutivos. Esta operativa hace sospechar que las donaciones se fraccionaban en cantidades más pequeñas para no superar el máximo legal de 60.000 euros que establece la ley de financiación de partidos. Las donaciones anónimas dejaron de ser legales a partir de 2007.

La jefa de Contabilidad del PP desde 2000, Milagros Puentes, ha asegurado que sólo ella y los tres auditores internos del partido tenían acceso a las cuentas, que ponía a disposición de Bárcenas cuando éste lo requería. Tanto ella como Molero han desmentido la existencia de una contabilidad B en el PP y no han reconocido la letra ni las visas que aparecen en las cuentas manuscritas del extesorero.

En un momento de la declaración Puentes aseguró que el partido hacía muchas donaciones a la Fundación Humanismo y Democracia, de la que es patrono el exdiputado Eugenio Nasarre. En los 'papeles de Bárcenas' figuran dos pagos a Nasarre por 70.000 euros que éste entregó a la fundación.

Antes de que comenzaran los interrogatorios las acusaciones solicitaron al juez su suspensión para analizar el informe de la UDEF, que consideraban básico para el interrogatorio. El juez y las defensas se opusieron a ello. Con estas declaraciones concluye el turno de los testigos. La próxima semana desfilarán por la Audiencia Nacional ocho empresarios que hicieron donaciones al PP y les fueron adjudicadas obras públicas por administraciones gestionadas por los populares.

Luis Bárcenas, extesorero del PP, se llevó diez cajas con informes de tesorería del partido. Así lo ha afirmado Jorge Trías, exdiputado y abogado, al juez Pablo Ruz, ante el que ha comparecido como testigo. La revelación se la hizo el propio Bárcenas, que le mostró también la contabilidad B del partido, en la que figuraba el pago de sobresueldos a dirigentes del partido, que eran generalizados y conocidos por la dirección. Dos peritos de la Policía que han comparecido tras él han ratificado el informe pericial en el que aseguran que Bárcenas es el autor de la contabilidad manuscrita.

Trías ha manifestado que en la primavera de 2011 Bárcenas, con el que tenía una estrecha amistad, acudió a su despacho y le mostró fotocopias de unos listados contables que le aseguró eran la contabilidad B del partido. En los apuntes había donaciones de empresas (luego se ha comprobado que les fueron adjudicadas obras públicas de administraciones gestionadas por el PP y declararán por ello la próxima semana) y el pago de sobresueldos. El extesorero le trasladó que estaba “agobiadísimo y muy preocupado”, sobre todo por su mujer, ante las revelaciones que se iban conociendo sobre la trama de corrupción vinculada al partido y su imputación en la causa, y le pidió que valorara la legalidad de los documentos. Bárcenas le dejó los papeles varias horas y Trías le comentó que entendía que no estaba incurriendo en un delito, pero que aquello era un “escándalo político”.

El exdiputado del PP entre 1996 y 2000, se ha ratificado en la declaración que prestó el pasado 6 de febrero ante la Fiscalía Anticorrupción, en la que ya confirmó que la contabilidad B del partido que había publicado el diario El País era la que Bárcenas le mostró dos años antes, y ha añadido algunos detalles adicionales de “color”. Según su testimonio, Bárcenas intentó parar los “ataques” del diario por su implicación en el caso Gürtel, y en una fecha que no ha sido capaz de concretar de 2010, le organizó un encuentro con el subdirector del medio, José Manuel Romero, en el hotel Santo Mauro de Madrid en la que mostró al periodista una fotocopia de la contabilidad B que dos años después ha hecho pública. Trías ha explicado que Bárcenas actuó así porque estaba muy enfadado con María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, y “quería apoyar a Mariano Rajoy” de los ataques internos. Al abandonar la Audiencia Nacional tras dos horas de declaración, Trías ha manifestado a los periodistas: “estoy aquí por haber dicho la verdad”.

Tras el exdiputado han comparecido los dos peritos de la Policía autores del informe caligráfico que ha determinado que la letra de la contabilidad B es de Bárcenas. La defensa del extesorero ha intentado poner en duda la credibilidad del peritaje con varias preguntas en las que ha pedido a los agentes que afirmaran si estaban seguros al cien por cien de su dictamen o existía la posibilidad de que el documento estuviese manipulado. Los peritos han asegurado que los logaritmos y letras corresponden a “una sola personalidad gráfica” y rechazado que la contabilidad hubiese sido manipulada.

El pseudosindicato Manos Limpias, que ha conseguido el ingreso en prisión de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, está presente como acusación particular en las principales causas de corrupción que se instruyen en los tribunales: el 'caso Urdangarín', el caso de los EREs en Andalucía, el caso Noos, el caso Madrid Arena, el caso Bankia o la trama Gürtel, entre muchos más, todos muy mediáticos.

Este grupo ultraconservador presenta cada año cerca de un centenar de denuncias (muchas terminan en la papelera) que aseguran costear con aportaciones de sus simpatizantes y suscripciones populares. Su lema es “allí donde exista un delito, debe haber alguien capaz de denunciarlo”, glosando al exfiscal italiano Antonio Di Pietro, famoso por sus investigaciones contra la corrupción en Italia.

Miguel Bernard, su secretario general y ex militante del partido ultraderechista Fuerza Nacional, fundado por Blas Piñar tras la disolución de Fuerza Nueva en 1982, manifestó a eldiario.es que “detrás de Manos Limpias no hay nadie que nos pague”. En la carta de presentación de su página web el sindicato se califica de independiente, “no hipotecado por nada ni por nadie” que, además de la defensa de sus afiliados, denuncia ante los tribunales los excesos del poder. “Nuestra labor se sustenta en el trabajo de varios despachos afiliados nuestros que no nos cobran nada –dice Bernard-. Las fianzas de los tribunales las pagamos con las cuotas de los afiliados, la lotería de Navidad y, si vamos algo apurados, con una suscripción popular. No nos subvenciona nadie. En este momento tenemos doce querellas en marcha por toda España y todas por casos de corrupción”.

A la pregunta de qué obtiene Manos Limpias personándose en tantas causas y tan dispares, Bernar dijo a eldiario.es que “la satisfacción de que la sociedad española sepa que aquí no vale todo. No nos mueve actuar contra un personaje determinado, sino la lucha contra la corrupción, venga de quien venga”.

Su última campaña para captar fondos fue el pasado abril y tenía como objetivo reunir los 8.000 euros de fianza que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) exigía para admitir su personación como acusación popular en la causa contra Oriol Pujol Ferrusola, diputado de CiU en el Parlament, por presunto tráfico de influencia en la concesión de las ITV (Inspección Técnica de Vehículos) de Cataluña. Ese mismo mes denunciaron a Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PHI) como inductora de los escraches en los domicilios de diputados del PP y miembros del Gobierno. Su modus operandi consiste siempre en denunciar los hechos a la fiscalía o los juzgados, y si éstas no prosperan recurrir a la querella.

El ingreso en prisión de Blesa es su último logro, pero el más importante para el sindicato es la expulsión del magistrado Baltasar Garzón de la carrera judicial por haber intervenido en prisión las comunicaciones entre los imputados del 'caso Gürtel' y sus letrados. Hasta ese momento, Manos Limpias había presentado decenas de denuncias contra el extitular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional por motivos tan variopintos como participar en un mitin contra la guerra de Irak o recibir retribuciones de la Universidad Complutense sin acudir a su puesto de trabajo, todas ellas archivadas.

Abiertamente contrarios al proceso de paz en el País Vasco, también acabaron con la carrera política de Juan María Atutxa, presidente del Parlamento Vasco, a quien consiguieron que un tribunal condenara a un año y medio de inhabilitación por negarse a disolver el grupo parlamentario de Socialista Abertzaleak, la marca de Batasuna en la cámara de Vitoria. Kontxi Bilbao y Gorka Knorr, entonces miembros también de la mesa del parlamento, fueron igualmente condenados.

Manos Limpias argumenta sus personaciones en causas tan dispares en base al artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), que dice que quienes “por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al ministerio fiscal, el tribunal competente y al juez de instrucción (...)”. Sus posiciones políticas les han llevado también a manifestarse contra el matrimonio entre homosexuales, el aborto (el año pasado denunciaron a la Clínica Dator), la píldora Viagra o el color rojo de la bandera de la Comunidad de Madrid.

Solo este mes de mayo han denunciado a la alcaldesa del ayuntamiento de Olazagutia por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo; al presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, por varios delitos societarios; al president Artur Mas por amenazas al Gobierno de la nación, y al alcalde de Marinaleda, Sánchez Gordillo, por el asalto a varios supermercados.

Juan Cotino, presidente de las Cortes valenciana, figura entre los donantes del PP con una aportación de 200.000 euros (el 11 de marzo de 2004) vinculada a la sociedad Sedesa, de la que es responsable su sobrino Vicente Cotino. La compañía recibió ese año adjudicaciones públicas por valor de 61 millones de euro (44 del ayuntamiento y 16 de la comunidad), según el informe que la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) ha entregado al juez Pablo Ruz, que instruye el ‘caso Gürtel’ y la pieza separada del mismo con los ‘papeles de Bárcenas’. El dirigente popular se incorporó ese año al ejecutivo de Francisco Camps como consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, y entre 1991 y 1996 fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia.

Sedesa forma parte del grupo de doce empresas que entre 2001 y 2011 fueron adjudicatarias de 1.203 contratos de administraciones públicas controladas por el PP por un importe de 11.913 millones de euros. En ese mismo periodo, las mencionadas compañías donaron al partido 4,5 millones de euros, según la información recopilada por la Policía. En el caso de Sedesa, las adjudicaciones autonómicas y locales ascendieron a casi 273 millones de euros.

“Del volumen de contrataciones examinado destaca como el monto más importante en cuanto adjudicaciones de carácter autonómico y local se producen en la Comunidad Valenciana, de donde es originario el grupo empresarial SEDESA”, dice el informe de la UDEF. Los investigadores ponen como ejemplo la adjudicación por la empresa pública Consorcio Valencia 2007 de un contrato por importe de 44.666.550 euros a una Unión Temporal de Empresas (UTE) de la que formaba parte Sedesa. “De la suma total del importe de los contratos examinados, cuya relación ha sido aportada por el Ministerio de Hacienda, correspondiente a los años 2002 a 2011, que asciende a la cifra de 426.617.118 euros, la cantidad de 272.803.317 euros corresponden a adjudicaciones de carácter autonómico y local, en zonas cuyos responsables políticos están vinculados a la formación Partido Popular, lo que hace un 63,94% del total.

La contratación más importante con Sedesa se produjo en 2007, con adjudicaciones que sumaron 73 millones de euros, de los que 72,5 millones corresponden al Gobierno Autonómico. Tras ésta la ya referida de 61 millones, y ya a considerable distancia las que recibió en 2009 por importe de 35 millones. Se da la circunstancia de que Vicente Cotino está imputado en el ‘caso Gürtel’ sobre la supuesta financiación ilegal del PP.

Juan Cotino fue director general de la Policía con Jaime Mayor Oreja como ministro del Interior entre 1996 y 2001, año en que fue nombrado delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Tras la derrota de su partido en los comicios de 2004 se incorporó al ejecutivo de Francisco Camps como uno de sus hombres de confianza. Días atrás protagonizó un desencuentro con Jordi Évole en su programa “Salvados”. El periodista le preguntó por el accidente del metro de Valencia ocurrido en 2006 que ocasionó 43 víctimas mortales, sin que desde entonces se hayan depurado responsabilidades. “No le quiero responder a usted sobre este tema”, dijo el presidente de las Cortes. Cotino es miembro del Opus Dei y deja constancia de su religiosidad tanto en su blog como en Twitter. En éste se pueden leer tweets en los que escribe, por ejemplo: “Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica”, “Viva el Papa” u “Oremos por el Papa”.

Ignacio Javier López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, efectuó dos donaciones al partido en los años 1997 y 1998. La primera por importe de 24.040,48 euros y la segunda, de 90.151,82. En total 114.192,30 euros. El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía que recoge estos donativos vincula a López del Hierro con “diversos sectores como construcción, inmobiliario y asesoría”, y en otro apartado directamente a Metrovacesa y a Constructora Continental.

López del Hierro fue consejero ejecutivo de la primera de ellas entre 2003 y 2012 y vicepresidente y consejero de la segunda entre 1991 y 1994. La Policía pide al juez que requiera a ambas empresas las adjudicaciones públicas que han recibido. Concretamente, los contratos adjudicados tanto por la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas, ayuntamientos y cualquier otra empresa que tenga vinculación o dependencia de dichas administraciones. También reclama que se incluyan los que puedan haber recibido cualquier Unión Temporal de Empresas (UTE) de las que ambas compañías hayan formado parte. La documentación que se remita al juez Pablo Ruz debe especificar el órgano de contratación, la fecha de adjudicación y la de formalización, el importe de licitación y el de adjudicación, el objeto y tipo de contrato, y si ha existido una modificación del mismo y en qué fecha y la cuantía de la misma. Los investigadores quieren que la Agencia Estatal para la Administración Tributaria facilite el modelo de declaración de operaciones con terceros.

El informe de la UDEF recoge que entre los periodos de tiempo que van desde 1991 a 1993 y de 1997 a 2008, el partido recibió 7.555.563,65 euros en donaciones, de los que algo más de seis millones fueron aportadas por donantes y el resto figura como 'otras entradas'. No todas las donaciones han sido identificadas, ya que algunas figuran vinculadas a nombres como 'Pepe C. (gol); 'De Málaga'; 'General des'; 'Lucio Moreno' o 'Amigo Diputado Grupo', entre otros. El total de estas entregas se aproxima al millón y medio de euros.

Resulta llamativo que, de los más de siete millones de euros que recibió el PP, tres millones fueron a parar a 'personas partido', sin más concreción, siendo 2003 y 2004 cuando alcanzan un valor más elevado (533.900 y 396.450 euros). 1.176.000 se dedicaron a 'campañas' electorales; 1.731.380,61 aparece reseñado como 'otras salidas'; 1.269.575 son 'salidas bancos cuentas donativos', y los 57.570,93 euros restantes es una salida con el concepto de 'impuestos y sociedades'. Todos estos movimientos se corresponden con un periodo de tiempo en el que Luis Bárcenas fue gerente nacional (1990-2008).

Bajo el concepto 'otras salidas' el receptor de más fondos es Gonzalo Urquijo, con 1.072.000 euros , y aparecen otros identificados con conceptos 'Cobo', 'Rosen Abogado', 'Entrega a Orti B. Por indic. José María (canje)', 'Viuda Francisco Cano', 'Entrega Amparo Borda (Jaime)', 'Jaime (Basta Ya)', 'Paco Yáñez L.Digital'.

Carlos Bautista dice que el ‘chivatazo’ a ETA tenía como objetivo prioritario evitar la detención del dirigente del PNV Gorka Aguirre

El representante del Ministerio Público no incluye entre los 130 testigos propuestos a Víctor García Hidalgo, entonces director general de la Policía, que estuvo varios años imputado

El fiscal del ‘caso Faisán’ ha solicitado en su escrito de conclusiones provisionales la comparecencia de 130 testigos para que declaren en la vista oral. Medio centenar son policías entre los que figuran los miembros del equipo que investigó el ‘chivatazo’ a ETA, todos los agentes que intervinieron en la operación frustrada contra la red de extorsión de la banda y los mandos de los servicios de información de San Sebastián, entre otros. Llama la atención que entre los testigos propuestos no figure el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, superior jerárquico de los dos procesados, los comisarios Enrique Pamies y José María Ballesteros. García Hidalgo fue imputado en su día como presunto responsable político del chivatazo, aunque posteriormente fue exculpado.

Las conclusiones del fiscal proponen también como testigos a los titulares de 67 teléfonos móviles que el 4 de mayo de 2006 efectuaron llamadas en el tramo horario en que se produjo el chivatazo recogidas en el repetidor que da cobertura a la zona donde se encuentra el Bar Faisán. El equipo policial que llevó a cabo la investigación rastreó 1.962 llamadas que filtró hasta dejarlas en 68, e interrogó a todos sus titulares, descartando la relación de 67 de ellos con los hechos. La llamada restante la realizó el inspector José María Ballesteros desde su teléfono particular al del comisario Enrique Pamies, jefe superior de Policía en el País Vasco. Otros cuatro testigos son los integrantes de la red de extorsión que operaba a través del bar Faisán, entre ellos su propietario, Joseba Elosúa Urbieta, su mujer, Avelina Llanos, su hijo, Joseba Elosúa Llanos, y José Carmelo Luquin.

Carlos Bautista dice en su escrito que con la filtración se pretendía, fundamentalmente, evitar la detención de Gorka Aguirre, dirigente del PNV, que días antes había entregado a la red de extorsión que operaba a través del Bar Faisán el importe de la extorsión a un empresario del partido que había acudido a él pidiéndole ayuda. El día en que iba a llevar a cabo la operación José Luis Rodríguez Zapatero recibía en La Moncloa a Josu Jon Imaz, entonces presidente de los peneuvistas, para expresarle el apoyo de su partido al proceso de diálogo abierto con ETA.

Su relato de hechos coincide con el de los policías que investigaron la filtración y el del juez Pablo Ruz en su auto de procesamiento, con la única salvedad de que estima que los procesados incurrieron en un delito de revelación de secretos, por el que pide dos años de prisión para Pamies y uno para Ballesteros, y alternativamente cinco años de reclusión por un delito de colaboración con organización terrorista. La Fiscalía de la Audiencia Nacional era contraria a acusar a los procesados de este delito y fue el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, quien impuso que dicha imputación figurara en las conclusiones. Su decisión ha colocado en una difícil situación a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, obligado a apoyar a los policías por el cargo que ostenta, pese a que su partido utilizó el caso cuando estaba en la oposición para acusar al Gobierno del PSOE de negociar con ETA y traicionar a las víctimas del terrorismo. Una campaña que lideró, curiosamente, el actual director de la Policía, Ignacio Cosidó.

Carlos Bautista relata que tras meses de escuchas, vigilancias y seguimientos, el 3 de mayo de 2006 tuvo lugar un encuentro entre Joseba Elosúa y Ramón Sagarzazu, por un lado, y Gorka Aguirre (ya fallecido) por otro, en la que éste iba a entregar nueve millones de pesetas de la extorsión a un empresario del PNV. Dicho dinero iba a ser recogido al día siguiente en el bar Faisán por Cau Aldanur, un ‘recaudador’ de ETA, que se desplazaría desde Francia. Ese era el momento elegido para practicar las detenciones y desmantelar la red, pero una llamada alertó a Elosúa de la operación, que resultó frustrada. El fiscal sostiene que la llamada la hizo el policía José María Ballesteros desde su teléfono al de Enrique Pamies y acto seguido se lo pasó al propietario de el Faisán, que fue advertido por el jefe superior de Policía del País Vasco del dispositivo montado en torno a su establecimiento. La operación contra la red se llevó finalmente a cabo el 22 de junio de 2006, siendo detenidos todos los integrantes de la red, pero no se encontró ninguna carta de extorsión ni los 9 millones de pesetas del pago antes citado.

Tras las conclusiones del fiscal, el resto de partes personadas presentarán las suyas y, acto seguido, se fijará una fecha para la vista oral.

La decisión del juez Pablo Ruz de expulsar al PP de la investigación del ‘caso Gürtel’ por haber actuado a favor de algunos imputados, entre ellos su extesorero Luis Bárcenas, pese a estar personado como acusación, obliga al partido a modificar su estrategia ante la eventualidad de ser acusado de responsable civil de los delitos investigados.

Los populares valoraron hace unas semanas como un éxito que el juez Javier Gómez Bermúdez no abriera, como pretendía, una nueva causa para investigar los ‘papeles de Bárcenas’ sobre la supuesta financiación ilegal del partido y el pago de sobresueldos a algunos de sus dirigentes. Los abogados del partido defendieron que la contabilidad manuscrita del extesorero en la que quedaba constancia de ello era falsa, y reclamaron que la investigación de la misma se incorporara a la causa principal de Gürtel.

En ese momento logró su objetivo e impidió que Gómez Benítez tomara declaración a importantes empresarios que habrían realizado donaciones al partido por encima de lo que permite la ley, en algunos casos de manera simultánea a la concesión de contratos de la Administración a sus compañías. El PP no contaba entonces con que Ruz decidiera días después abrir una pieza separada con los ‘papeles de Bárcenas’, como hizo, en la que rechazó su personación por si la contabilidad B atribuida al extesorero resultaba auténtica y el partido podía ser acusado de responsabilidad civil.

Tras este primer contratiempo, los populares se han encontrado con que tanto el fiscal como el juez han concluido que como los ‘papeles de Bárcenas’ son parte de un todo, el ‘caso Gürtel’, el PP tampoco puede ejercer la acusación en la causa principal. La resolución expulsa al partido de la investigación, a la que no tendrá acceso salvo que prospere el recurso que va a presentar ante la Sala de lo Penal. Si ésta lo rechaza el juez podría considerar al partido en un futuro próximo responsable civil de las actuaciones de su extesorero, si se probara la financiación ilegal del mismo a través de una contabilidad B.

El papel que venía ejerciendo el PP como acusación no era congruente con sus iniciativas, todas ellas tendentes a conseguir el sobreseimiento de las actuaciones contra Luis Bárcenas, su esposa, Rosalía Iglesias y el exdiputado Jesús Merino pese al cúmulo de pruebas existentes contra ellos. Los populares llegaron incluso a presentar escritos exculpando a su extesorero antes de que las autoridades suizas contestaran varias comisiones rogatorias y dieran cuenta de la existencia de varias cuentas abiertas en bancos helvéticos en las que había acumulado hasta 38 millones de euros. Por entonces, su secretaria general, María Dolores de Cospedal, afirmaba en público que ningún militante del partido tenía dinero en Suiza.

Los intentos por conseguir no ser expulsados del ‘caso Gürtel’ han sido denodados y sus letrados han presentado numerosas alegaciones para evitarlo, hasta justificar su continuidad como acusación popular porque el PP “representa a millones de personas de nuestro país”. “Hemos de subrayar el yerro jurídico que supondría revocar a un partido político la personación como acusación popular en un procedimiento penal donde no tiene otra intención que colaborar activamente en la investigación judicial de unos hechos de enorme trascendencia, en los que, en caso alguno, ha tenido participación directa o indirecta”, sostenía en las alegaciones presentadas el pasado 8 de abril. “En este estadio del procedimiento, y en ningún otro (…) puede considerarse al PP como ‘investigado’ y mucho menos, como parece pretender el señor juez, como tercero partícipe a título lucrativo en unos supuestos hechos delictivos presuntamente cometidos por terceros”.

El PP ha defendido siempre que la contabilidad B de Bárcenas era falsa, y el propio extesorero asegura que su letra no es la que figura en los documentos manuscritos. Sin embargo, la Policía ha elaborado un informe caligráfico en el que afirma lo contrario. Pese a ello, el PP puede mantener que el contenido es una invención de Bárcenas, que ahora tendrá que responder si es así o sus papeles son la contabilidad B del partido.

“El error de planteamiento, dicho sea con el debido respeto y en términos de defensa –dicen los letrados en las alegaciones-, es considerar que el PP no pueda ejercer la acusación popular por el hecho de que pudiera ser eventualmente considerado responsable civil subsidiario en la causa que nos ocupa. (…) Si de la instrucción se derivase una posible responsabilidad civil subsidiaria del PP, ello no debe impedir, en absoluto, el libre ejercicio de la acción popular (…) Un partido político no puede delinquir, por lo que no ha de ser investigado. Cuestión distinta es que un empleado de la formación política pueda delinquir”. Ésta es ahora la única defensa que le queda, salvo que Luis Bárcenas decida ‘tirar de la manta’.

El magistrado Santiago Pedraz ha dejado en libertad, a petición del fiscal, a Hassan El Jaaouani, uno de los dos magrebíes detenidos el pasado día 23 por la Policía y de los que Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, dijo que tenían “un perfil similar” al de los terroristas que perpetraron los atentados de Boston (EEUU). El juez le ha retirado el pasaporte, le prohíbe salir de España y le obliga a comparecer cada 15 días, pero no se ha hecho público el auto en el que fundamenta su decisión.

El Ministerio del Interior dijo en una nota oficial que Hassan El Jaaouani, de 52 años, detenido en Murcia, estaba vinculado con la delincuencia común y le acusaba de haber mantenidos con Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI). Uno de sus contactos era, según el departamento, un terrorista directamente relacionado con el secuestro y posterior asesinato en enero de 2011 de dos ciudadanos franceses en Níger. Estas pruebas ahora no han sido consideradas suficientes por el fiscal.

La detención de El Jaaouani y de Nouh Mediouni, en su caso en Zaragoza, provocó el miércoles un encontronazo entre la Audiencia Nacional y el Ministerio del Interior. Mientras el ministro anunciaba la detención de los peligrosos terroristas con el perfil de los asesinos de Boston, con el efecto propagandístico que tenía vincular ambos acontecimientos, fuentes próximas al juez Santiago Pedraz salían al paso de tales afirmaciones y puntualizaban que las imputaciones no estaban aún suficientemente probadas.

La “venta” de detenciones como consecuencia de la lucha antiterrorista ha jugado en muchas ocasiones malas pasadas a los distintos responsables de Interior. A la difusión con gran despliegue mediático de los éxitos policiales les seguían en muchos casos la puesta en libertad de los detenidos cuando pasaban a disposición judicial. Las estadísticas en este sentido son elocuentes. Desde los atentados del 11-M en Madrid hasta finales del pasado 2011 han sido detenidos cinco centenares de personas por su presunta vinculación con organizaciones terroristas de la órbita de Al Qaeda. Sólo 152 fueron juzgadas, y de ellas el 43% fueron absueltas por los tribunales. Es decir, de cerca de 500 detenidos, sólo 65 fueron finalmente condenados.

El otro detenido en la operación policial, Nouh Mediouni, de 23 años, ha ingresado en prisión acusado de un delito de integración en organización terrorista. Según el auto del juez, fue reclutado por Amine Salhi, miembro de Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI), y en el verano de 2010 se desplazó a la zona del Sahel en Argelia donde se entrenan las células de la organización.

Mediouni declaró al juez que a su vuelta a España dejó los postulados yihadistas, pero los servicios antiterroristas han aportado pruebas que demostrarían lo contrario, como una cuenta de correo electrónico que utilizaba para ponerse en contacto con el mencionado Salhi. También recibió en su móvil varios sms desde dos números de teléfonos satélite que habían sido utilizados para comunicarse con otros dos teléfonos de Malí relacionados con el asesinato antes citado de dos ciudadanos franceses en Níger. La Policía se incautó igualmente de un ordenador portátil con un software que es utilizado por grupos yihadistas para realizar comunicaciones secretas.

Internet ha sido también una fuente de pruebas contra él. Mediouni utilizó la red social Facebook para colgar distintos textos que la policía considera apología del terrorismo. El pasado 15 de enero escribió lo siguiente: “Rusia y China nos matan en Siria. Francia nos mata en Malí. América nos mata en Yemen, Afganistán e Irak. Israel nos mata en Palestina. ¡Y todavía hay musulmanes que llaman a los mujahidin terroristas!”. El día siguiente a los atentados de Boston compartió un enlace a un comentario en el que se leía: “Lo que sientes ahora es lo que sienten los niños de Afganistán, Burma (Birmania) e Irak”.