La Comisión Europea ha habilitado tres vías de dinero público y dos facilidades de financiación privada. Por su inmediatez e impacto en el corto plazo, nos interesa en este análisis lo primero. Son tres instrumentos: a) flexibilizar las reglas fiscales europeas para que cada Estado Miembro invierta en su presupuesto de Defensa –es decir, que aumentemos deuda sin que cuente en el déficit–, 2) redirigir a defensa fondos de cohesión ya recibidos y 3) una partida de 150.000 millones de euros en préstamos para construir capacidades militares europeas. 

Pudiendo emplear las tres, sorprende que el presidente Pedro Sánchez rechazara la semana pasada para España el uso de fondos de cohesión para defensa. Aunque no se ha hecho público el motivo, es plausible que la razón radique en su gestión descentralizada a nivel autonómico. Si ya es políticamente complejo incrementar el gasto en Defensa en el eje izquierda-derecha (convencer tanto a la oposición del PP como a los socios del Gobierno), añadir un conflicto en el eje Estado-Comunidades Autónomas complicaría aún más la negociación. La posibilidad de que PNV, ERC y Junts denuncien una invasión de competencias y la reconfiguración de fondos ya transferidos habría añadido un frente adicional de tensión política.

En cambio, no sorprende que el presidente defendiera que la partida de préstamos incluyera también transferencias (subvenciones), argumentando que la provisión de defensa es un bien público que, en última instancia, beneficia a toda la UE. El reto para Bruselas radica ahora en distinguir qué programas militares conjuntos generan un claro beneficio europeo y cuáles responden a necesidades específicas de un único Estado Miembro.

¿Cuál es el interés de España?

Obviamente, la línea divisoria del párrafo anterior es muy difusa: al fin y al cabo, una amenaza al eslabón más débil de la UE supondría una amenaza a toda la UE, afectando a todo el Mercado Único. Pero empezando por el otro extremo de “bien público plenamente europeo”, sí que existen ya iniciativas identificadas que claramente benefician de manera amplia a toda la Unión: la creación de un “muro de drones” en el flanco norte-este con Rusia es una propuesta lanzada por países bálticos, Polonia y Finlandia a la que se sumó Noruega, que entra claramente en esa categoría. Podríamos concluir que es sensato usar fondos europeos (y, quizás, deuda conjunta) para defender la Frontera Norte-Este de nuestra Unión.

Siguiendo esta lógica, el interés y la oportunidad de España es liderar iniciativas conjuntas con Italia, Portugal y Grecia en las que nuestras preocupaciones de país en seguridad y defensa (inmigración, Sahel, Sur del Mediterráneo) se perciban en Bruselas y entre otros Estados Miembros como una protección de la Frontera Sur de nuestra Unión. Así, un “perímetro de vigilancia y seguridad en el Mediterráneo” tiene más oportunidades de recibir fondos europeos que partidas para capacidades militares que sólo redunden en la industria española (donde nos indicarían, con bastante probabilidad, que utilicemos nuestra deuda).

Con este modo de pensar transformaremos préstamos en subvenciones asegurándonos de que gran parte de nuestros riesgos y amenazas están apoyados por fondos públicos europeos.

¿Defensa o Seguridad y Defensa?

Por razones históricas y geográficas, desde España percibimos mejor los riesgos a la seguridad que las amenazas “duras” de Defensa en nuestras fronteras: sabemos de crisis migratorias, hemos visto el uso de la inmigración en nuestra contra (Ceuta en 2021 o crisis de cayucos), nuestras empresas e infraestructuras críticas conviven con continuos ciberataques, etc. 

No es el caso con lo referido a la Defensa clásica: nuestros vecinos más inmediatos por ahora no son rivales con tanto poder militar duro ni intenciones expansionistas tan marcadas, con alguna excepción que no escapa al lector atento. Lo anterior sin menoscabo de que formamos parte de misiones “duras” en materia de Defensa como la patrulla aérea en los países bálticos o que, dada que la supervivencia de nuestra economía está ligada a la supervivencia del Mercado Único, sea ético, legal y en nuestro interés colaborar en la supervivencia del resto de Estados Miembros. 

Pero por nuestro pasado histórico y varias décadas en las que, al contrario que, por ejemplo, Francia, como sociedad no le hemos dedicado grandes reflexiones a este asunto, poner el foco en la parte más dura de lo militar sigue siendo un incómodo tema que cualquier representante público evita. En ese marco se entienden las palabras del presidente en la rueda de prensa en Bruselas de que “somos un país pacifista”. 

Por eso hablar en términos de Seguridad y Defensa e incluir las amenazas a las fronteras de nuestra Unión junto a ciberataques, crisis migratorias, cambio climático y ataques híbridos puede permitir hacer más digerible un aumento de presupuesto en esas partidas que hablar sólo de gasto militar.

¿Qué hay que defender?

Sánchez pedía un “diagnóstico común de las necesidades” europeas y una definición “amplia, de 360º” de éstas. Hagámoslo rápidamente, para concluir, si me permiten, que no es tan complejo.

Los estados europeos incluyen en sus constituciones que es necesario defender 1) la integridad territorial –fronteras–, 2) la soberanía política –que ningún tercero influya en nuestra toma de decisiones públicas– y 3) el orden constitucional (que el día a día de ciudadanos, empresas e instituciones no se vea alterado radicalmente). Aplicando este marco a Europa, es relativamente sencillo diagnosticar qué debemos defender. 

Desde la Defensa, lo primero son las fronteras. Por un lado, países bálticos, Suecia, Finlandia y Rumanía se centran en la frontera oriental donde predomina la amenaza rusa. Por otro, Italia, España y Grecia hacen hincapié en el arco mediterráneo (donde la seguridad en materia de migración y tener capacidad de influencia y estabilización sobre el Sahel es relevante). Al hablar de “seguridad y defensa” el espacio político se está preparando para incluir un Gran Acuerdo en Defensa en el que Norte y Sur se comprometen a defenderse mutuamente a pesar de que cada uno por separado no tenga la misma percepción de amenazas que el otro. En este apartado hay que incluir nuevos “dominios” como espacio y ciberespacio en los que la misma lógica aplica.

Lo segundo se refiere a la capacidad de que sean solo actores europeos los que conformen las decisiones públicas europeas. Entre las amenazas aquí incluidas podemos listar desde campañas de desinformación (posibles injerencias de terceros en nuestras elecciones, por ejemplo) hasta que los medios de comunicación o las plataformas y redes sociales sean bien de propiedad europea, bien que cumplan estrictamente con nuestra regulación (en lo relativo a discurso público asociado a nuestros principios y valores, de lo que se encarga la Digital Services Act) pasando por la eliminación de dependencias excesivas de terceros fuera de nuestra Unión (por ejemplo, que un país exportador de gas, sea de oriente o de occidente, utilice esa palanca extorsionadora; y es que, aunque sea otro artículo para más adelante, esta es la razón por la que no hay Política Común Europea libre sin Política Común Europea de Seguridad y Defensa).

En el tercero, “orden constitucional”, se hace hincapié en que el día a día de nuestras sociedades europeas no se vea alterado por intervenciones de terceros. Una excesiva influencia de bandas criminales, el terrorismo, ataques híbridos, ciberataques o, en recientes años, las disrupciones en nuestra forma de vida que puede causar el cambio climático son los riesgos en los que el concepto de Seguridad es más útil.

Sólo han sido tres párrafos y ya tenemos una idea más o menos clara, a falta de afinar, de qué nos debemos proteger.

No tenemos, pues, un problema de diagnóstico.

El mito de la perfecta Unión de Defensa

Europeístas legalistas ultra convencidos y antieuropeístas acérrimos convergen en una tesis que me resulta curiosa e interesante: “No podemos actuar hasta que no definamos perfectamente nuestras amenazas y rediseñemos de manera acorde las instituciones comunitarias”. Como si debiera existir una cosmovisión perfecta del estado del mundo en todas las capitales europeas y un acuerdo impoluto sobre las burocracias a crear para poder avanzar.

No funciona con esa perfección la creación de un Estado, se lo dice un ingeniero. Aunque es un tema controvertido y sobre el que no hay una conclusión rotunda en Ciencia Política, la última etapa de conformación de una autoridad central por encima de diversas comunidades políticas que se hace cargo de la defensa de un territorio es un proceso ruidoso en medio de discursos muy polarizantes y en el que no se produce esa decisión milimétrica perfecta que los críticos piden. En realidad, es todo mucho más humano y repleto de acuerdos Norte/Sur y Este/Oeste como el que antes se esbozaba.

La analogía histórica que me parece más interesante es la conformación de EEUU, desde su independencia en 1776, sus primeras “Artículos de la Confederación” en 1777 y su Constitución de 1793. Trece colonias recién independizadas de Reino Unido, con identidades religiosas muy marcadas, diferentes y polarizantes (grosso modo similares, y probablemente menores, que las diferencias entre Estados Miembros hoy) sólo acuerdan dotarse de un Gobierno central fuerte con capacidad de movilización de recursos financieros y militares ante una amenaza existencial externa. En esa ocasión, las necesidades de defensa del Norte (ante las repetidas embestidas británicas desde Canadá) y las necesidades de defensa del Sur/Este (ante la inseguridad que generaba la presencia de población indígena) conformaron un espacio político para un acuerdo como el más arriba descrito.

Que no se nos escape el paralelismo con la situación de nuestra Unión hoy pues, ahora sí, existe un espacio para un Gran Acuerdo Europeo de Seguridad y Defensa.

La intervención rusa en Ucrania está teniendo lugar. De nada han servido las apelaciones a “los principios que articulan la seguridad europea”, al “apoyo entre democracias”, al “compromiso de la sociedad internacional con la integridad territorial y la soberanía política de Ucrania”. Como si los europeos no nos diéramos cuenta de que nos faltaba una pieza (militar) en un puzzle que no entendíamos. Como si estuviéramos, en este siglo XXI, desubicados. Que Ucrania está rendida ante Rusia (por el absoluto desequilibrio de fuerzas entre las partes y por la flaqueza de los apoyos de Kyev - léase, OTAN y UE) tiene un punto de obviedad que, aunque doloroso, no deja de ser cierto. En el corto plazo poca capacidad de acción existe por nuestro lado: presentaremos paquetes de sanciones, realizaremos declaraciones públicas… pero nada ayudará a Ucrania. La voz latina habitual en estas situaciones es “Vae Victis”: “¡Ay de los vencidos!”.

Pensemos en el medio plazo, donde aún tenemos capacidad de acción. ¿Qué debe hacer Bruselas?

Y es que aunque EE UU respondió de manera más suave, Bruselas lo ha hecho firmemente con una primera batería de sanciones económicas. A la vista está que no ha sido tan agresiva como para disuadir a Moscú de atacar, pero celebremos tanto la rapidez y contundencia (para los estándares habituales) de la Comisión Europea y el Consejo como -muy importante por lo novedoso- la decisión alemana de alinearse sin paliativos a la estrategia común vetando la entrada en vigor de Nord Stream 2. Como si Europa poco a poco fuera tomando conciencia de que existe un interés colectivo en materia de seguridad y defensa que está por encima de los intereses legítimos pero estrechamente definidos de sus estados miembros. Es perentorio acelerar ese proceso. ¿Cómo avanzamos desde aquí hacia una política común de seguridad y defensa? ¿Cómo podríamos dar el salto hacia una unión de sangre, que es el implícito detrás de una política de defensa común que trascienda la actual unión comercial y aduanera y, en evolución, fiscal y bancaria?

Y es que en realidad no tenemos tanto conocimiento científico sobre cómo una agrupación de Estados con lazos en materias “blandas” (comercio y sus derivados sectoriales) acaba conformando una Unión de la Defensa. Únicamente dos casos vienen a la mente: la evolución de la Confederación de EE UU en Unión entre 1781 y 1789 y la creación del I Reich alemán alrededor de Prusia tras la guerra franco-prusiana de 1870-1871.

Lo que nos cuentan dichos ejemplos históricos según una teoría de relaciones internacionales es que la aparición de un interés general en materia de seguridad y defensa es casi un salto de fe entre los miembros de una comunidad. Percibir un interés común y ver más allá de los intereses individuales (que Francia y España, por ejemplo, vean más allá de sus preocupaciones de seguridad en el Sahel y observen con atención la frontera con Rusia) no sucede todos los días en política internacional. Solo ocurre cuando se cumplen dos condiciones. Primero, que graves amenazas externas hagan peligrar la supervivencia de los Estados independientes. Segundo, que la mejor respuesta a dichas amenazas la puede dar un centro de gobierno federal que, sin embargo, carezca de los medios necesarios. En esas ocasiones se genera un cúmulo de emociones (inseguridad, miedo ante la amenaza, necesidad y urgencia) sobre el que articular un discurso movilizador en pos de la integración. En el caso estadounidense, la amenaza por el norte de una reconquista británica de las trece colonias generó la sensación de que los artículos de la Confederación no eran suficientes y que una revisión constitucional que permitiera a Washington recaudar impuestos, endeudarse y alistar a un ejército era necesaria si se pretendía sobrevivir al ataque constante de Londres. En el segundo caso, sabemos ahora con detalle que, buscando trascender la Confederación Germánica hacia un estado alemán en torno a Prusia, Bismarck jugó hábilmente con París, la engañó para que declarase la guerra (a través del incidente en el balneario de Bad Ems) y, con la amenaza francesa en el consciente colectivo, aglutinó una unión de armas alrededor de Prusia que, tras las victoria, se tornaría en Estado alemán. 

Identificar, agitar y vehiculizar los sentimientos colectivos no sólo es una estrategia para ganar elecciones sino también para dar los pasos tácticos en pos de un proyecto político tan ambicioso como eran los dos anteriores. En realidad esa razonamiento no nos debiera ser extraño a los europeos, que observamos que Bruselas se ha construido a salto de crisis, desde el Acta Única Europea para reactivar nuestras economías durante la estanflación de los 80s hasta la reciente crisis de deuda soberana para avanzar en la unión fiscal y bancaria. 

Tengo para mí que ese es el caso que hoy nos ocupa. En Ucrania no hemos sido capaces de actuar militarmente en la defensa de la integridad territorial y la soberanía política de un país frontera. Nos faltan herramientas, nuestro hasta ahora socio principal, Washington, confirma con palabras y hechos que no lo va a hacer por nosotros y los intereses particulares de los Estados Miembros no dan paso todavía a un interés general bastante evidente: que debemos mantener influencia y cierta capacidad de acción en nuestro vecindario.

La intervención de Moscú en Ucrania generará un cúmulo de sensaciones en Europa: estupor, angustia y, muy probablemente, miedo. No desaprovechemos ni esta crisis ni este estado de opinión para crear capacidades y estructuras militares que necesitamos. Ni para avanzar en conformar una identidad europea donde existe un interés general en materia de seguridad y defensa cada vez más palpable. Confirmemos la creación de una fuerza de intervención de 5.000 efectivos bajo mando directo de Bruselas desplegable por mayoría cualificada y no por unanimidad. Empecemos a imaginar un nuevo NextGenEU —por ponerle un nombre— que dote de recursos al desarrollo de una base industrial europea de la defensa que ya empieza a estar delineada (mejorar interoperabilidad, rellenar los huecos de capacidades críticas, etc.). Dejemos de lado la adquisición de material militar fuera de la Unión si soluciones netamente europeas están disponibles (como es el caso hoy en el debate de si optar por el Futuro Sistema Aéreo de Combate Europeo o adquirir el caza estadounidense F35). Son algunos ejemplos prácticos de hacia dónde galvanizar la energía que recorre Europa.

Hace tan solo ocho días la Unión Europea firmaba un acuerdo bilateral de inversiones con China que a partes iguales era ambicioso en el objetivo a conseguir (un aún mayor acercamiento entre ambas economías) y polémico (por la confrontación de dos modelos de sociedad diferentes con valores, principios y formas de organización distintas). Justo ese mismo día y los siguientes, a la canciller alemana Angela Merkel le sobrevinieron múltiples críticas furibundas: por qué había acelerado este acercamiento a Pekín en medio de la pandemia, por qué no había esperado a la llegada del presidente Biden, por qué no daba una oportunidad a un EEUU post-Trump. Leer dichas críticas aquí de corrido no hace justicia a la virulencia de los comentarios negativos.

Ante tales vituperios, se narra que la Canciller argumenta allá por donde va una respuesta serena que lleva rumiando varios años y que sólo en los últimos meses ha destilado: porque la supervivencia económica de Alemania y de la UE no puede depender de un país tan polarizado como EEUU en el que decisiones vitales para nosotros (en materia de aranceles, en materia de seguridad y defensa, en la lucha contra una pandemia o en el mantenimiento de reglas internacionales o de instituciones globales) estén en manos de un puñado de votos en Georgia o en Ohio o en una elección desafortunada (para los intereses europeos) de presidente. La fragilidad e imprevisibilidad del sistema político estadounidense (del país, en suma) es un riesgo para Alemania, y por ende para la UE, que Merkel quiere mitigar.

Los acontecimientos del miércoles en el Capitolio de EEUU, con la paralización de la transferencia de poder entre un presidente saliente y el entrante, dan la razón a la Canciller: de tan disfuncional, Washington ya no es un socio 100% fiable para la UE. Merkel dixit. 

Ergo, mejor diversificar. 

Justo esa era la línea del artículo que pensaba escribir esta semana: tras haberse acercado la Unión Europea a China con un acuerdo bilateral de inversiones era ahora momento de que Bruselas extendiera la mano a Biden y le propusiera a la nueva Administración colaborar en áreas de interés mutuo. Dichas áreas bien podían ser la fijación de estándares globales para mercados digitales (datos, nube, internet, servicios digitales) y la lucha contra el cambio climático. A nadie se le escaparía que Bruselas ofrecía a Washington temas en los que Europa tiene una mejor mano para negociar (por la fuerza de nuestro gran mercado único para fijar estándares y por nuestra labor de liderazgo en la agenda climática), pero sería un paso apropiado para compensar nuestro acercamiento a Pekín y mostrar una cara amable al nuevo presidente Biden. Era esta la configuración de una estrategia de diversificación, de búsqueda de perfil propio de la UE o, con lenguaje más técnico, de hedging en política exterior: cubrir todas las posiciones de inversión tanto en Pekín como en Washington.

Así el artículo para escribir hoy se hubiera titulado algo tal que “Ahora debemos acercarnos a EEUU.” Y habría argumentado que nuestro vínculo transatlántico todavía tiene muchas dimensiones que nos son interesantes (comercio, inversiones, seguridad y defensa), que la búsqueda de nuestro propio destino (o “autonomía estratégica”) implica, por primera vez, mirar con curiosidad y pragmatismo hacia el este sin olvidar el oeste, que salir del paraguas protector de EEUU no significa antagonizar con Washington sino simplemente velar por nuestros intereses de manera más pragmática y afrontar dilemas como empezar a decir a veces que sí a China y a veces que no a Washington (y viceversa). Es decir, que Bruselas comenzase a hablar el lenguaje del poder.

Pero lo sucedido ayer en Washington cambia completamente la dinámica que define el momento: no sabíamos que se auto infligiría una herida de tal calibre como la que supuso el Brexit para Reino Unido. Y que iba así a destruir la credibilidad y legitimidad de la clave de bóveda de nuestro sistema de organización social, tanto internacional como doméstico, tras 70 años de su funcionamiento. 

Porque EEUU, en tanto que fundador y, hasta ahora, último garante, aseguraba desde nuestro sistema de comercio internacional y libre tránsito (las reglas y estándares que rigen la exportación, la importación, nuestros mercados abiertos de capitales) hasta el sistema monetario internacional (vía su monopolio de la reserva de valor internacional por excelencia, el dólar) pasando por la defensa y seguridad de un buen conjunto de países (Europa, España, Sudeste Asiático)… Y lo sucedido ayer demuestra que cuenta con tal caos interno, tal polarización… que no podrá liderar ni resolver la multitud de problemas que cada uno de esos dosieres atesora tras varias décadas de declive.

Lo que nos deja, a socios y aliados, en una posición precaria: no sabemos quién manda. Y hay un vacío de poder. 

Pudo ser la revuelta del Capitolio “el primer acto simbólico del fin del imperio americano”: “si el fin del imperio estadounidense tiene fecha, la fecha fue el miércoles 6 de enero”. “El impacto en la legitimidad de las instituciones estadounidenses se sentirá durante décadas.” 

Ahora la principal preocupación del presidente Biden será restañar las heridas que el cisma de ayer creó. Si hace apenas 48 horas los principales objetivos de la nueva Administración eran reactivar la economía estadounidense, en el plano interno, y contener a China, en el plano externo, la toma ayer del Congreso hace saltar por los aires la agenda de prioridades y sitúa en el núcleo de la acción del nuevo Gobierno el procurar que la mitad de la población crea que tiene sentido seguir formando parte del mismo país.

Así, y si la nueva Administración quiere acercar posiciones con los EEUU que se consideran trumpianos (y estiman, según sondeos, que las protestas de ayer eran legítimas y que Joe Biden es un Presidente que ha robado las elecciones) no podrá tomar decisiones divisivas o que alienen a dicha parte. Es decir, que EEUU no podrá plantear una reforma del sistema de comercio internacional que no parta de premisas proteccionistas o que tenga en cuenta los intereses de socios y aliados (porque una parte de su país le exige la completa voladura de esos acuerdos). Que EEUU no podrá mantener compromisos de seguridad y defensa con naciones aliadas si no se cumplen las condiciones que el Presidente Trump ha establecido (de ubicarnos en una posición anti China que la UE no comparte). Que cualquier decisión que se tome estará influida por intereses muy locales y (para algunos) populistas herederos de y despertados por Trump. 

El Presidente 45º de EEUU bien puede dejar pronto el cargo pero su ideología y las preferencias por ciertas políticas públicas han llegado aquí para quedarse. Y condicionar así a la nueva Administración hacia un aislacionismo que poco tiene de espléndido. EEUU ha dejado de ser “el faro en la colina” en el que “naciones libres y democráticas” encontraban inspiración, cooperación y ayuda en tiempos de necesidad. 

Bienvenidos al fin del Imperio. 

Bienvenidos al inicio del Gran Desorden.

Este miércoles 30 de diciembre, y de manera algo inesperada para cualquiera excepto para los muy atentos a las minucias y los tecnicismos de la política internacional, la Unión Europea y China han alcanzado un acuerdo bilateral de inversiones. Bien es cierto que es un acuerdo político al que debe dársele forma legal y aprobación parlamentaria y que continuarán las críticas y el ruido mediático alrededor de las cuestiones más polémicas (el choque de diferentes tipos de capitalismo, la preocupación sobre la guerra tecnológica, diferentes visiones sobre el dilema derechos humanos vs. principio de no injerencia en asuntos internos). Pero en medio de la creciente rivalidad entre EEUU y China y la búsqueda de voz propia que la Unión Europea realiza alrededor del concepto de “autonomía estratégica”, uno no puede más que interpretar este movimiento como un codazo geopolítico de primer orden hacia Washington y un deseo de reafirmación de los propios intereses de Bruselas ante EEUU.

¿No afirmaba nuestro discurso público que las discrepancias en el vínculo transatlántico entre Bruselas y Washington sólo eran nubarrones pasajeros, que la presidencia Trump se recordaría en los libros de historia como una mácula a olvidar y que con la nueva administración Biden la calma y la concordia volverían entre ambas comunidades? ¿Por qué entonces toma Bruselas apenas 20 días antes de la investidura de Joe Biden como 45º Presidente de EE.UU. una decisión que tan flagrantemente apoya al rival sistémico de Washington? Parecería no ya un regalo envenenado sino una torpeza máxima por parte de la UE tal desplante a quien afirmamos que es nuestro socio más vital, imprescindible, único, insustituible.

A no ser, claro, que EEUU ya no sea ese socio insustituible, único para la Unión Europea. Que no sea, por ejemplo, el socio comercial más importante de Bruselas y que haya sido reemplazado por China por primera vez en la historia. O que ya no nos ofrezca Washington la protección y la defensa que acostumbraba cuando se inició nuestra singladura conjunta.

Y es que históricamente, y casi desde la formación de la Unión Europea, nuestro vínculo con EEUU era tan sagrado porque se sustentaba en la provisión de seguridad y defensa ante la Unión Soviética. Sobre esa máxima que rezaba “Washington nos defiende, nosotros obedecemos” se abrió un fluidísimo intercambio de bienes, servicios y capitales entre ambas orillas que, paulatinamente, se convirtió en intercambio cultural y sentido de destino compartido. De ahí que, con matices, compartamos a ambos lados del Atlántico un espacio mediático (música, cine, cultura pop, literatura y academia) predominantemente estadounidense. Y siempre Europa en una posición de inferioridad jerárquica más o menos explícita ante EE.UU.: no osamos gravar a multinacionales estadounidenses; no desafiamos a Washington creando un sistema de seguridad europeo propio independiente de la OTAN; no llevamos la contraria, al menos no expresamente, a EEUU en asuntos globales. 

Tras 70 años de este acuerdo internacional  “protección a cambio de supeditación” más o menos tácito en el atlantismo, predomina en el imaginario colectivo europeo (y español) una visión de destino compartido entre la UE y EEUU a prueba de cualquier acontecimiento político, sea la errática presidencia Trump, sea el ascenso de China y el hecho de que el resto del mundo debe aprender a convivir con Beijing. 

Y, sin embargo, observamos en los últimos años coincidentes con la administración Trump y parcialmente con la de su predecesor que los intereses de EEUU ya no están tan alineados con los nuestros: a Washington le preocupa contener el ascenso de su rival sistémico chino, a nosotros, el asegurar mercados de exportación de nuestros productos y servicios; EE.UU. considera que las instituciones multilaterales ya no sirven a sus intereses y nosotros pensamos lo opuesto. No es que ellos sean de Marte y nosotros de Venus, como se afirmó en los felices 2000s, sino que por primera vez en los últimos 70 años nos hemos dado cuenta de que lo que nos importa y lo que queremos es radicalmente distinto. 

De ser cierta esta hipótesis de que nuestra relación transatlántica está deteriorada hasta el punto de no retorno, ¿qué acontecimientos políticos debiéramos observar que confirmaran esta tendencia? Pues que Bruselas comienza a afirmar sus propios intereses en asuntos globales aunque eso implique llevarle la contraria a Washington. Por ejemplo, que no aceptemos el veto a Huawei en nuestro territorio que desea Estados Unidos. Que profundicemos enormemente en nuestra relación comercial con China vía, por ejemplo, un acuerdo bilateral de inversiones justo firmado este miércoles. Que discrepemos con Washington sobre las reglas del comercio internacional y estemos mucho más de acuerdo con Beijing sobre la reforma a realizar. Que no apoyemos las posiciones más beligerantes de EE.UU. sobre Irán y su programa nuclear. Que decidamos gravar a multinacionales y grandes empresas digitales, mayoritariamente estadounidenses, sin caer en la diletante trampa de esperar a un acuerdo global que no acaba de llegar. O que Washington nos represalie favoreciendo a nuestros rivales geopolíticos, como hizo recientemente al apoyar a Marruecos en sus reivindicaciones territoriales sobre el Sáhara Occidental, zona en la que España tiene intereses económicos directos, sirviendo esto como acicate de las reivindicaciones alauitas sobre Ceuta y Melilla. 

El atlantismo acrítico observa con asombro que en cada una de esas cuestiones de política internacional estamos, tan contra intuitivamente como pueda parecer, más cerca de las posiciones de Beijing que de las de Washington. Y la firma de este acuerdo bilateral de inversiones entre la Unión Europea y China tiene tal calado e importancia geopolítica que resulta difícil de soslayar.

En búsqueda de su voz propia y su “autonomía estratégica”, la Unión Europea leva anclas hacia China y se aleja de EEUU. No se entienda mal: nuestra relación con EEUU sigue siendo muy intensa, tanto en materia de comercio e inversiones como, sobre todo, en Seguridad y Defensa (no olvidemos las bases militares estadounidenses de Rota y Morón de la Frontera). Y de ahí que sea tan noticioso esta afirmación de intereses por parte de Bruselas en forma de acuerdo con China y que vaya a ser tan conflictiva nuestra relación con Washington en los próximos años: las disputas alrededor de Boeing y Airbus, de los aranceles a los productos europeos, en materia de Defensa, etc. no harán más que crecer. Pero alcanzar la mayoría de edad geopolítica, verse forzada a buscar el máximo grado de independencia y aprender durante la pandemia lo doloroso que puede llegar a ser depender de otros en momentos de crisis lleva a Europa, por primera vez, a enfrentarse a dilemas que antes soslayaba, tomar estas difíciles decisiones y navegar las aguas de la independencia y de la re-afirmación.

No es sólo que nos acerquemos a China y nos alejemos de EEUU, que también, sino que iniciamos nuestro propio camino, atravesamos nuestra noche oscura del alma y buscamos ahora qué lugar nos espera bajo el sol. Pese a quien le pese.

Hoy domingo 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional o Día de la Hispanidad, se celebra “la construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política” y la efemérides histórica de “un período de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos”.

Y, sin embargo, llama la atención que el acto principal de la jornada (y aquel que más se promociona) sea un desfile militar.

Es decir, que hoy 12 de octubre un hecho político y cultural como es la narrativa de la formación de España y de la comunidad iberoamericana se celebra, principalmente, con un desfile castrense del que conocemos todos los detalles (que 52 aeronaves participarán en la exhibición aérea, que 3.000 militares y 43 vehículos no blindados desfilarán por el centro de Madrid, que tendrán lugar sendos homenajes a los caídos y a la bandera, que se loará apropiadamente al Ejército del Aire en el 75º aniversario de su creación, que el presidente de la comunidad autónoma de Galicia estará presente) pero que fagocita la presencia del resto de países iberoamericanos.

Y esta sobrerrepresentación militar cuando ya los Ejércitos cuentan con su propio “Día de las Fuerzas Armadas” a principios de junio o con la “Pascua Militar” cada 6 de enero.

Son así tres las diferentes ocasiones a lo largo del año en las que el Ministerio de Defensa se permite un baño de multitudes (aunque siempre con mensajes y por motivos diferentes) que sólo artificialmente se dotan de sentido por un apoyo incondicional y acrítico a las Fuerzas Armadas.

El porqué de estas incoherencias en la proyección de la imagen pública del Ministerio de Defensa tienen que ver, tengo para mí, con una incoherencia más profunda con la que convive el departamento de Pedro Morenés, el de una institución del siglo XIX en pleno siglo XXI.

Historia de dos Ministerios

Así nos cuentan que el Ministerio de Defensa cuenta con un presupuesto de 6.000 millones de euros, emplea a más de 130.000 personas entre personal civil, cargos altos y medios y efectivos de tropa y marinería, impulsa una industria tecnológica avanzada y competitiva a nivel internacional y se enorgullece de ser una institución democrática y moderna que defiende al país de un conjunto de riesgos y amenazas a los que se enfrenta.

O, al menos, esa es la versión oficial.

Pues lo cierto es que ya sabemos bien que esa narrativa no es del todo exacta: gracias a diferentes trucos extrapresupuestarios el Ministerio de Defensa aumenta su presupuesto cada año en un 50 % de espaldas a la opinión pública, existe una lista amplia de excesos y escándalos en el departamento de Pedro Morenés relacionados con la compra pública de armamento que aún no ha visto la luz, sabemos de situaciones de abusos y acoso laboral a los que la justicia militar no ha hincado el diente, aparecen en los últimos meses y por primera vez casos de corrupción (en Albacete, en Getafe, en el buque Juan Sebastián Elcano) demasiado grandes como para ser silenciados dentro del Ministerio y, sobre la industria del sector, lo más exacto sería decir que resulta muy difícil pronunciarse, pues los trabajos de investigación realizados sobre ellas son cualquier cosa excepto objetivos.

La narrativa de un Ministerio de Defensa transparente y abierto, que convive con una democracia del siglo XXI y es incompatible con la corrupción se muestra, al indagar, equivocada. Existe un Ministerio de Defensa del que nos hablan y otro Ministerio de Defensa que nos ocultan.

Y lo anterior sin matiz alguno al hecho de que nuestras Fuerzas Armadas realizan, en el agregado, una labor vital para cualquier comunidad política: proporcionan seguridad y defensa ante una lista muy real de riesgos y amenazas y cumplen con profesionalidad nuestros compromisos en materia de defensa con el resto de socios y aliados.

Pero ese deseo de ocultar sus vergüenzas y las prácticas de muy dudosa integridad que empezamos a conocer lleva año tras año a la cúpula del ministerio de Defensa a presentar un discurso público deslavazado. Y aprovecha cualquier oportunidad existente (el Día de la Hispanidad, el Día de las Fuerzas Armadas, la Pascua Militar) para trasladar un mensaje algo infantil sobre el Ministerio en el que no existe mención alguna a las múltiples zonas grises que presenta.

Tres celebraciones militares, mensajes incoherentes, loas acríticas, problemas reales en el Ministerio que son silenciados… El resultado de este estado de cosas es que tenemos unas Fuerzas Armadas que gozan de una muy buena imagen pública, pero de las que la ciudadanía es totalmente desconocedora en lo relativo a su papel en el siglo XXI y a sus claves principales.

Quizá el Ministerio se queja de la incomprensión que siente por parte de la sociedad española. Lo cierto es que poco hacen por ponerle remedio.

El secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, ha presentado este lunes en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados el presupuesto de su departamento para 2015: 5.765 millones de euros. Sobre el papel, esto implica un ligero crecimiento, una subida de apenas el 1% respecto de la cifra presupuestada este ejercicio: 5.740 millones.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa hace años que no cumple su presupuesto y no es una desviación menor. En 2013, Defensa presupuestó 5.934 millones de euros. Finalmente, gastó 8.403 millones. No fue una excepción. Durante los últimos tres años, la diferencia entre las cuentas que aprueba el Congreso de los Diputados y el gasto final ha rondado el 50%.

Fuentes: Presupuestos Generales del Estado. Para el cómputo de 2014 se ha empleado el avance de la liquidación del presupuesto de este año (créditos totales). Elaboración propia.

Esta enorme diferencia entre la teoría y la práctica del presupuesto militar responde a una estrategia de comunicación del Gobierno, que intenta así evitar un titular incómodo: que los gastos en Defensa son una de las pocas partidas que no solo no se han recortado, sino que durante los últimos tres veranos –todos desde que gobierna Mariano Rajoy– el Ejecutivo ha aprobado en pleno agosto un real decreto para financiar varios programas de compra de armamento, como el caza EuroFighter 2000, el carro de combate Leopard o el blindado Pizarro. Estas inversiones en armas se firmaron entre 1996 y 2000, cuando el actual ministro, Pedro Morenés, era secretario de Estado de Defensa. En total, estas inversiones superan los 30.000 millones de euros que han sido duramente críticados incluso por el Ejército. Informes de la propia Secretaría de Estado de Defensa alertaron de abusos de la industria sobre el departamento, de la poca relevancia estratégica de los equipos de defensa adquiridos y del inexistente control en la ejecución de los contratos.

A pesar de que los contratos ya están firmados y que su pago no debería ser una sorpresa, el Gobierno de Rajoy nunca ha incluido en el presupuesto del Ministerio de Defensa el pago de este armamento, que siempre cubre por medio de ese decreto en pleno agosto. El último de ellos, el 1 de agosto, supuso una inyeción en el presupuesto militar de 883 millones de euros.

Para este año, el Gobierno ya ha asumido que deberá pagar 873,5 millones a la industria de armamento. Sin embargo, solo ha presupuestado en esta partida 6,8 millones en las cuentas que ha presentado en el Parlamento. El resto, se aprobará en verano, cuando la opinión pública esté de vacaciones.

El secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, ha confirmado que existirá otro Real Decreto en 2015 tal y como sucedió en los veranos de 2012, 2013 y 2014. “Al igual que en años anteriores, no consignaremos estas cantidades [para el pago de armamento] en los presupuestos iniciales de 2015 (…)” y se tramitarán “por este procedimiento apropiado (…) y que resulta completamente transparente”, aseguró Argüelles en el Congreso confirmando que, de nuevo, la inversión en armas se pagará por decreto en agosto para evitar así el incómodo titular de que Defensa aumenta un 50% su presupuesto en plena crisis.

Todos los grupos parlamentarios de la oposición han criticado este modo de proceder por parte del Ministerio de Defensa. Según Irene Lozano, de UPyD, “no podemos debatir si el gasto del Ministerio de Defensa es mucho o poco porque no sabemos cuánto gasta este departamento”. José Luis Centella, de IU, criticó que todos los veranos el presupuesto aumente por decreto: “No es que vaya a haber un acontecimiento especial que les obligue a modificar los presupuestos; es que ustedes lo saben y no modifican el presupuesto”.

Más gastos sin sumar

Más gastos sin sumarAdemás de los contratos de armas que se pagarán en agosto, el presupuesto del Ministerio de Defensa tampoco incluye los presupuestos de sus Organismos Autónomos dependientes, como el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, o el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, entre otros. De entrada, estos organismos elevan el presupuesto definitivo en más de mil millones: hasta los 6.853 millones de euros para 2015.

Además, en el trascurso del año se realizará una transferencia desde el Fondo de Contingencia al Ministerio de Defensa para sufragar los gastos de las misiones españolas en el exterior (Líbano, Mali, República Centroafricana, etc.). El Fondo de Contingencia es una partida que se fija en los Presupuestos Generales del Estado para hacer frente a los imprevistos. Sin embargo, las misiones en el exterior ya se conocen, aunque no se presupuestan. Esta práctica, que también tendrá lugar en 2015, ha sido criticada tanto por los grupos políticos de la oposición como por el propio Tribunal de Cuentas: causa distorsiones burocráticas, evita el escrutinio parlamentario y la justificación del Ministerio de que es gasto difícil de prever no resulta creíble para este Tribunal.

En 2014, el Fondo de Contingencia inyectó 722 millones de euros en el presupuesto de Defensa. Para 2015 se espera que ocurra lo mismo, según confirmó en su comparecencia el secretario de Estado de Defensa, aunque con una cantidad algo más reducida debido a la retirada de nuestro contingente en Afganistán.

De propina, el Ministerio usará otros dos mecanismos para aumentar su presupuesto sin que se note. El primero, con la venta de su amplio patrimonio inmobiliario, lo que ha procurado 193,5 millones de euros en 2014 y que probablemente volverá a notarse en el próximo ejercicio. Y, además, contará con las transferencias que realizan otros ministerios y administraciones a Defensa por servicios prestados, unos 21 millones de euros para 2014.

Se nos ha vuelto a colar el elefante rosa en la habitación: el Consejo de Ministros ha presentado, agostizamente, un Real Decreto que proporciona créditos extraordinarios al Ministerio de Defensa por valor de 883 M € destinados a sufragar los gastos en sistemas de armas generados por los llamados Programas Especiales de Armamento.

Algo que ya hizo en 2013 por 877 M €.

Y también en 2012 por 1.782 M €.

Siempre con Reales Decretos.

Siempre en los meses de verano.

Siempre para el pago de armamento.

Siempre aumentando de tapadillo el presupuesto inicial del Ministerio.

Si se repite a menudo en periodismo aquello de que “los hechos aislados buscan una narrativa que los dote de coherencia”, ¿qué diantres está ocurriendo en el Ministerio de Defensa que genera esos Reales Decretos de verano para aumentar el presupuesto de Defensa? Hay tres claves.

Primera: los inicios. Los polvos de estos lodos empiezan en 1996, cuando el Gobierno de José María Aznar inició un proceso de modernización de las Fuerzas Armadas. Esto supuso el lanzamiento de 19 Programas Especiales de Armamento, los conocidos PEA en el argot de la comunidad de Defensa. Son adquisiciones como el cazabombardero EuroFighter 2000, el avión de transporte estratégico A400M, el carro de combate Leopard, el vehículo blindado Pizarro, un nuevo conjunto de fragatas modelos F-100 y F-105, los helicópteros Tigre y NH90, etc.

La factura total de los PEA es enorme: 30.000 millones de euros, según las últimas estimaciones. Es tanto como un 3% del PIB, o casi como un rescate y medio de Bankia.

Los PEA se firmaron hace ya muchos años. Pero la parte más abultada de la factura ha llegado ahora: estos proyectos tan complejos necesitaron de década y media de desarrollo y ejecución y ha sido a partir de 2011-2012 cuando el Ministerio de Defensa ha tenido que hacer frente a los pagos según el siguiente calendario:

Segunda: La causa principal del colapso económico-financiero del ministerio de Defensa es, a secas y sin ambages, que le ha llegado el momento al departamento de Morenés de pagar aquellos PEA que encargó hace 15 años. Nada más, nada menos. Y así hacer frente a la anterior curva de desembolsos para el periodo 2014-2030.

En otro gran ejercicio de planificación de la Administración española, se compró hace década y media y se paga hoy. Y ese hoy nos muestra un ministerio de Defensa con un presupuesto inicial que ronda los 6.000 millones de euros al año y una factura media anual de los PEA de 1.320 millones de euros. El 22% del presupuesto anual de Defensa se lo comen los proyectos que encargamos hace quince años.

El destrozo en las cuentas del departamento es fácilmente imaginable. Y también la dificultad de aumentar de manera ordinaria los presupuestos de Defensa en estos tiempos de alta contestación por la política de recortes y austeridad en gasto social. ¿La solución del Gobierno de Rajoy? Esconder al elefante para que nadie lo vea. Aumentar de tapadillo el presupuesto de Defensa cada agosto con un Real Decreto.

Tercera: Las carísimas compras de armamento no solo han sido cuestionadas por analistas del sector y grupos de la oposición sino por la propia Secretaría de Estado de Defensa que, en septiembre de 2011, publicó tres informes demoledores sobre la escandalosa situación del Ministerio con sentencias lapidarias tales como:

“Los PEA en su conjunto fueron contratados al margen de la realidad financiera del Ministerio de Defensa”.

“Un modelo obsesionado en las adquisiciones pero indiferente al impacto financiero de las mismas y a su sostenimiento posterior,” modelo que generó una “sensación de disponibilidad financiera (…) que hizo que se fueran contratando más y más programas sin atender a la capacidad real del presupuesto de Defensa para afrontar los pagos futuros”.

“Los contratistas adquirieron un excesivo poder como consecuencia del limitado control que ejerció el Ministerio de Defensa”.

“No se ejerció control riguroso sobre el resultado de los programas, siendo habituales los retrasos y sobrecostes llegando en ocasiones a incumplirse los requisitos, sin que esa dinámica implicase exigencia de responsabilidad y depuración de la misma”.

“La industria no dudó en aprovechar las ventajas que le proporcionó esta situación”.

Todas estas citas salen de dichos tres informes publicados por la Secretaría de Estado de Defensa con título conjunto Evaluación de los Programas Especiales de Armamento. No intenten buscar esos documentos en la web del Ministerio o del Congreso de los Diputados: será un esfuerzo baldío.

En suma, que si bien sabemos bastante de los desmanes en materia de infraestructuras y obra pública durante los años de la bonanza económica (AVE, aeropuertos), poco hemos aún oído de la pésima manera en la que el Ministerio de Defensa ha gestionado los recursos públicos.

Por supuesto, el Ministerio de Defensa tiene muy poco interés en que este debate salga a la luz. Por eso se financia cada verano con un Real Decreto millonario. Así evita la polémica de presentar en octubre de cada año los Presupuestos Generales de Defensa con aumentos iniciales de un 20% o 30 % frente a los recortes en Sanidad y Educación. También consigue dichos incrementos minimizando la exposición a la crítica pública del departamento por el trámite de urgencia con el que se aprueba el Real Decreto y por llevarlo a cabo en verano. Y además, se soslayan las explicaciones concienzudas sobre un asunto muy peliagudo del que no se desea que se hable en exceso.

Los angloparlantes utilizan la expresión “un elefante rosa en la habitación” (“the pink elephant in the room”) para designar a aquellas verdades obvias e incómodas que, sin embargo, se orillan o se esquivan. Por ahora, este elefante ha pasado bastante inadvertido: ni la sociedad ni casi nadie en el Parlamento se ha percatado de que el Ministerio de Defensa español es otro más de los paquidermos rosáceos que campan por nuestra democracia; uno que pesa 30.000 millones de euros.

¿Cómo se han visto afectados presupuesto y estrategia por la actual crisis económica?

El principal problema económico-financiero del Ministerio de Defensa es el advenimiento de un calendario de pagos para el periodo 2011-2025

El Ministerio afirma que desde 2008 ha padecido un recorte del 28%, cuando en realidad no ha superado el 12%

¿En qué ocasiones debe emplear una comunidad política la fuerza en el exterior? ¿Cómo debe organizarse un Ministerio de Defensa que provea por la seguridad de dicha comunidad? ¿Cuántos deben ser los recursos económicos con los que se dote esta política pública? En lo referente a nuestro país, ¿cuál es pues el presupuesto español de Defensa? ¿Cómo se han visto afectados presupuesto y estrategia por la actual crisis económica? En otras palabras, ¿cuán eficiente es la Política española de Defensa en coadyuvar en la consecución de nuestros objetivos estratégicos internacionales, así como de defendernos y asegurarnos ante las amenazas y riesgos de un mundo en constante cambio? Estas y otras preguntas han sido objeto de análisis por parte del último informe de la Fundación Alternativas (“El impacto de la crisis económica en la Defensa: autónoma irrelevancia o acción combinada”).

Y es que llama la atención sobremanera al iniciar el estudio de la economía española de la Defensa la disparidad entre el discurso público del departamento y las cifras finales de su presupuesto: si bien se afirmaba en 2012 que el presupuesto de Defensa rondaría los 6.000 millones de euros (un mero 0,59% del PIB, muy alejado, se argüía, de la sugerencia de la OTAN del 2%), los libros grises del presupuesto (aquellos que doce meses después muestran el gasto final ejecutado) y un ejercicio de hermenéutica presupuestaria (que incluye habituales ampliaciones de créditos, créditos extraordinarios y recursos generados por el propio Ministerio) arrojan una cifra cercana a los 11.000 millones (o 14.000 millones, de emplearse criterios OTAN); es decir, un 1,1% (1,4% según la OTAN) del PIB español. Se añade a esta divergencia entre hechos y retórica el que el Ministerio afirme que desde 2008 ha padecido un recorte del 28% cuando, en realidad, y tras realizar la mencionada labor de interpretación presupuestaria, no ha superado éste el 12%. Recorte, sí, pero no tan dramático como se plantea.

Por eso sorprende la tesis oficial de que el problema actual de la Defensa es una permanente infraprovisión de recursos. A tenor de las cifras antes expuestas esta afirmación es inexacta: ni el recorte ha sido tan dramático ni la supuesta infradotación secular del departamento es tal. Así, sostiene el informe que el principal problema económico-financiero del Ministerio de Defensa es el advenimiento de un calendario de pagos para el periodo 2011-2025 por la adquisición de los llamados Programas Especiales de Armamento por un total cercano a los 37.000 millones de euros (cifra similar a la del rescate bancario) y que ha creado un desfase entre ingresos previstos y gastos comprometidos (funding gap) de 2.200 millones al año para los quince próximos. Ésta y no otra es la causa de la actual problemática del Ministerio.

El porqué de ese cuasi colapso financiero es complejo y multidimensional pero quizá convenga señalar dos apuntes sobre los mencionados Programas Especiales. En primer lugar, y según informes elaborados por el propio Ministerio, dichos programas se contrataron en su conjunto “al margen de la realidad financiera del Ministerio”, comprometiendo pagos en los años 2011-2025 que ni en los escenarios económicos futuros más favorables serían asumibles e impidiendo hoy otras adquisiciones estratégicamente más relevantes, al tiempo que asfixian, como veremos, áreas críticas del Ministerio. En segundo lugar, varios analistas apuntan a cierta, digamos, falta de consistencia entre los medios adquiridos y los fines estratégicos de nuestro país (por ejemplo, carros de combate Leopard de 65 toneladas sencillamente intransportables en nuestro avión al efecto, el A400M, cuya carga máxima es 44 toneladas), lo que invita a pensar que ha existido una falta de previsión en los procesos de compra de armamento, fenómeno, por otro lado, no exclusivo de España y que compartimos con otros países de nuestro entorno.

¿Y cuál es la línea estratégica de los ajustes del Ministerio en respuesta a esta problemática económica? Como muestra el informe, la parte del león de los ajustes en Defensa está recayendo sobre las partidas de mantenimiento, capacidad operativa y alistamiento, con un recorte del 59 % desde 2008 (euros corrientes), al tiempo que se blindan las adquisiciones (los anteriores programas al corriente de pago a inicios de 2013) y el gasto en personal (con pequeñas disminuciones). Se está reduciendo así el número de días de mar para la Armada, de horas de vuelo para el Ejército del Aire y los adiestramientos y entrenamientos del Ejército de Tierra, afectando por tanto a “los niveles de disponibilidad y capacidad operativa”, en palabras del actual Jefe del Estado Mayor de la Defensa. Es decir, que según esta estrategia de contracción de gastos, el Ejército español contará con los últimos sistemas militares si bien tendrá difícil su empleo y mantenimiento por haber agotado la mayoría de sus recursos económicos en adquirirlos.

Las Fuerzas Armadas quedarán así inoperativas antes que obsoletas, con el consiguiente riesgo de devenir en un Ejército bonsái: que mantiene la apariencia de tal pero tiene difícil coadyuvar sustantivamente en las misiones en las que participe. Y es que el proceso de modernización del Ministerio de Defensa ha perjudicado... al propio Ministerio de Defensa.

Como bien muestra el caso británico y la literatura al efecto, los recortes en este área no se acometen a la española. Ash Carter, el Vice Secretario de Defensa de EEUU, lo expuso clara y sucintamente hace unas semanas: “la manera sensata y responsable de reducir el presupuesto de Defensa es, primero, formulando una estrategia y, en segundo lugar, desarrollando un presupuesto acorde a ésta”. Priorizar riesgos es priorizar capacidades.

Sin embargo, el salto en España de la teoría a la praxis entraña una dificultad añadida pues existen divergencias entre las implicaciones en materia de Defensa derivadas de la Estrategia de Seguridad Nacional, coordinada por Javier Solana y publicada por el anterior gobierno en Junio de 2011, y la Directiva de Defensa Nacional, aprobada por el actual en Julio del año pasado. Y es que de cada una de ellas se derivan diferentes escenarios, ergo diferentes capacidades necesarias y, por consiguiente, diferente priorización sobre qué capacidades mantener y de cuáles, debido a la austeridad presupuestaria y a un riesgo menor, prescindir. De ahí las frecuentes llamadas a la consideración de la Defensa como una Política de Estado: sin una idea acordada de amenazas, riesgos y oportunidades resulta imposible construir un Ejército.

Necesitamos un Ministerio de Defensa: España debe contribuir a los esfuerzos de las asociaciones que proveen por nuestra seguridad (OTAN, UE) así como a los compromisos que conjuntamente determinemos. O pregunten a ceutís y melillenses la pertinencia de mantener la disuasión en dichos enclaves, a los pescadores de los puertos de Bilbao y Santander acerca de la utilidad o no de la operación Atalanta o a los ciudadanos atendidos por la Unidad Militar de Emergencias, que en 2012 sobrepasó su previsión de intervenciones, cuán relevante fue la actuación de ésta. Por último, el que firma estas líneas se siente cómodo con la idea de que España, como democracia, participe en determinadas operaciones multilaterales legítimas contra actuaciones que, en la expresión habitual, “agiten la conciencia de la Humanidad”.

La Defensa es pues necesaria. Pero urgentemente requiere un acuerdo sobre su papel estratégico en el s. XXI y un conjunto de priorizaciones y ajustes derivado de éste que transforme el Ministerio y le permita conservar el tono muscular adecuado ante los retos de esta década. De no ser así, las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas cabrán, como los bonsái, en un pequeño tiesto.