Sienta bien recuperar la alegría. No llega a ser un torrente de adrenalina, ni siquiera la exaltación o euforia que suele acompañar a la rebeldía, es más una sensación de alivio, una recuperación de energía y una renovación de la esperanza por la empatía social que proyecta ya el nuevo gobierno.

Recién se ha inaugurado la era del primer gobierno de coalición y progresista, con un programa común que viene marcado por la recuperación de las políticas sociales y la atención a las necesidades más acuciantes que atraviesan las condiciones de vida en el estado español.

El discurso oficial del nuevo gobierno transmite ya un mismo mensaje: la vida de las personas en el centro de las políticas. Recogiendo una parte importante de las demandas más significativas realizadas por los movimientos sociales desde que el estallido del 15M convirtiese la indignación y descontento social en acción política ciudadana; al igual que las vindicaciones surgidas de la movilización y emergencia feminista que hemos reactivado muchas mujeres en los últimos años, con motivo de los 8M y con cada afrenta de la misoginia distribuida que padecemos; y también las que han estado sosteniendo la movilización de pensionistas cada lunes y la denuncia continua de la juventud por la emergencia climática. No cabe duda de que todo ello conforma un importante nutriente de ese programa común a desarrollar por el primer gobierno de coalición progresista que también se declara feminista y ecologista.

Reconforta sentir que la empatía social por fin se instala en la ética y estética del nuevo gobierno. Las medidas anunciadas tras los primeros consejos de ministras lanzan un mensaje tranquilizador a este respecto; la subida del 0,9% de las pensiones, la perspectiva de vincular su revalorización en base al IPC, el anuncio de la derogación de la reforma laboral de 2012, la subida del SMI a 950 euros, pactada con las organizaciones sindicales, la subida del salario del funcionariado marcan una prioridad de escucha activa y compromiso social que alivian, en cierto sentido, el malestar social acumulado durante estos últimos años de afrenta continua a las condiciones de vida. Reconforta también la declaración de emergencia climática y la apuesta decidida y explícita del nuevo gobierno por la educación en igualdad y la corresponsabilidad. En este sentido, son especialmente alentadoras dos líneas de intervención; por una parte, la coherencia y compromiso con el cumplimiento de los Derechos Humanos y de los convenios y tratados internacionales que plantean garantías para poder vivir vidas libres de violencias patriarcales, machistas y xenófobas, como respuesta firme ante la afrenta de la ultraderecha y su burdo intento de censura parental a los contenidos de igualdad de género y diversidad sexual. Igualmente alentadora resulta la prioridad manifestada en continuar haciendo efectiva la equiparación de los permisos por nacimiento (maternidad y paternidad) a las 16 semanas previstas para 2021, superando las trabas y dificultades que recoge el texto normativo y que están siendo denunciadas desde la plataforma que ha impulsado dicha reforma legislativa.

Insisto. Sienta bien recuperar la alegría, aún cuando el baño de realidad haga aflorar algún que otro vértigo social por los límites y dificultades a sortear para cumplir la hoja de ruta del acuerdo de Gobierno. Sin pretender chafarle a nadie la fiesta, creo que conviene tener muy presente algunas cuestiones estratégicas en lid y procurar que, en el abordaje de las mismas, el camino emprendido no nos aleje del cambio estructural necesario. Este gobierno tendrá que enfrentarse a cómo hacer posible la prioridad de atención a las necesidades de la vida sorteando la restricción real que va a suponer el artículo 135 de la Constitución; dependiendo de la dinámica y pericia institucional puesta en funcionamiento veremos, o no, la viabilidad para solventar la fricción, que llegará, ante las evidentes diferencias ideológicas que coexisten en este primer gobierno de coalición progresista y, en base a ello, cómo poner en marcha políticas valientes que propicien transiciones económicas y transiciones ecológicas necesarias y justas.

Quizás este sea el motivo fundamental por el que mi alegría ni resulta desbordante ni deviene en jolgorio. Se trata más bien de una alegría serena, que toca tierra, próxima a la imperiosa necesidad de dar respuesta al malestar de una mayoría social; consciente de la frágil cohesión en torno a políticas decididamente transformadoras y del riesgo de no poder gestionar las expectativas y frustración social; expectante ante el riesgo de que los coletazos de un relativo progresismo, impregnado de individualismo neoliberal, consiga encontrar algún atisbo de complicidad institucional en la política feminista a impulsar; y en alerta continua por la visceralidad que acrecienta la caverna mediática, ultraconservadora, reaccionaria y anti-derechos.

Celebro este acuerdo de Gobierno, aún cuando se ha hecho esperar más de lo que el sentido común exigía. No se trata de un cheque un blanco, más bien de tender la mano, de abrir oportunidades y crear sinergias que posibiliten el giro social, económico y político necesario para la justicia redistributiva plena. Ahí está el papel que toca asumir desde la sociedad civil, cada quien desde sus opciones, ámbitos de responsabilidad y competencia.

Hace unos meses, ante la perspectiva de que cuajase este acuerdo progresista ya en abril de 2019, desde la revista Alternativas Económicas señalaban los retos del nuevo gobierno recogiendo las urgencias económicas definidas por las 17 personas que participamos en dicha consulta; algunas personas y propuestas forman parte ya de la hoja de ruta del nuevo gobierno español; algo ciertamente esperanzador. Traigo a este momento actual las prioridades que definí por aquel entonces; celebro que algunas propuestas se hayan incluido en el acuerdo de gobierno, sin embargo, otras siguen pendientes de ser asumidas como claves para una senda con potencialidad género-transformativa suficiente:

Sistema Público e Integral de Cuidados, con criterio universalista, gratuito, basado en empleo público, prestación directa, con cobertura suficiente y estándares de calidad aceptables; a través del desarrollo de 4 ejes fundamentales:

Reforma y ampliación del Servicio de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), trasladando la experiencia y diseño de modelos de atención como el sueco a la realidad plurinacional del estado español.

Aplicación efectiva de Permisos por nacimiento iguales, intransferibles y 100% remunerados para cada persona progenitora.

Servicio Público de atención directa en momentos del ciclo vital de mayor vulnerabilidad; esto es, respecto a menores de 3 años (universalidad y gratuidad de escuela y educación infantil de 0-3) y respecto a mayores de 65 (servicios de apoyo personal, centros de día y servicio de alquiler social de viviendas compartidas).

Creación de una Agencia Pública de intermediación en la contratación del servicio de empleo de hogar, que acabe con la perversión actual de que las familias contratantes se convierten en 'parte patronal', garantizando condiciones dignas de trabajo; equiparación al régimen general de la Seguridad Social del sector de empleo doméstico/hogar y derogación de la Ley de extranjería que atrapa en condiciones de esclavitud laboral a mujeres migradas en este sector de empleo.

Proceso de transición energética hacia un modelo ecosocial, basado en el ahorro, reducción de consumo, eficiencia energética y producción colectiva de energías renovables; estableciendo el acceso a los recursos energéticos como un derecho social básico.

Reducción de la jornada laboral máxima e inicio de proceso de redimensionamiento y reorganización de los tiempos de vida; iniciando la transición de las 40 horas laborales a 35/34 y posteriormente a 30 horas laborales máximas en cómputo semanal.

Establecimiento de un ingreso vital que garantice a todas las personas adultas la obtención de renta, acorde al SMI, evitando situaciones de pobreza monetaria y trampas de esclavitud laboral y/o sexual.

Reforma fiscal desde el criterio de progresividad efectiva y equidad (de género, territorial y horizontal); lo que debería incluir: 1) La transformación de la política social basada en deduciones/reducciones tributarias en una política social basada en servicios públicos de gestión directa y derechos fundamentales garantizados. 2) Refuerzo de la actividad antifraude y antievasión/elusión fiscal. Y 3) Aplicación de un Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF); reajuste de la contribución fiscal de las rentas de trabajo y rentas de capital, corrigiendo la inequidad provocada por la transferencia neta de rentas del factor trabajo al capital auspiciada desde las políticas austericidas neoliberales.

Tengo el convencimiento de que necesitamos seguir activando músculo social, ecologista y feminista, como contraparte necesaria del acuerdo progresista establecido, que ha de cumplirse restituyendo derechos, mejorando condiciones de vida y permitiendo avances y logros significativos en esta nueva etapa de transición.

No me cabe duda de que conseguir profundizar en la democratización real va a depender también de qué alianzas establezcamos y a quién o qué identifiquemos como adversarios. Ojalá que la dispersión de intereses y la difícil gestión de egos no nos alejen de los horizontes emancipatorios.

Celebro esta serena alegría.

Más de 300 personas participaron en el VI Congreso Estatal de Economía Feminista en Valencia los pasados 5, 6 y 7 de septiembre, reafirmando la necesidad de que la economía feminista se articule como eje de las transiciones económicas a impulsar para el cambio de modelo de sociedad. A partir de la declaración final del congreso, toma un nuevo impulso la articulación feminista de una agenda política y económica que sume consensos en torno a las prioridades, su alcance transformacional y el cambio de enfoque para hacerlo posible.

La economía feminista invita a repensarlo todo desde una crítica profunda a la economía ortodoxa convencional, responsable del fundamentalismo de mercado que nos atraviesa. Dicha revisión crítica se refiere tanto a los marcos teóricos y legislativos en los que se sustenta el estado de ciudadanía de mercado como a las políticas neoliberales cuya beligerancia y ausencia de empatía social pone en riesgo la propia sostenibilidad de la vida.

¿Cómo subvertir la inmensa barbarie del capitalismo heteropatriarcal? Creo que solo a través de un proyecto ético para la transformación social, en diálogo abierto entre las economías heterodoxas será posible conformar piezas fundamentales en el que tengan cabida replanteamientos sobre qué producimos, en qué condiciones y a cambio de qué. Todo un reto, incluir la democracia económica y la despatriarcalización de la sociedad.

En un nivel propositivo se encuentra la necesaria reformulación de los marcos conceptuales; desde cuestiones básicas que incidan en la consideración de la riqueza como el valor social de las existencias naturales (ecosistemas, calidad del aire, bosques, subsuelo, ríos y océanos, etc.), los intangibles como el conocimiento y condiciones propiciatorias de la vida (educación, salud, alimentación, etc.) y las existencias físicas o tangibles, como las infraestructuras, viviendas, puertos, maquinaria, etc. A partir de esta resignificación convendría dirigir el foco de atención al impacto de los sistemas productivos sobre los derechos humanos, las condiciones de vida, el medio ambiente y la equivalencia humana. Todo apunta a la necesidad de construir un nuevo pensamiento y prácticas económicas, no contaminadas de la obsesión cortoplacista por el crecimiento económico y el PIB, menos dependientes de la monetización, más permeables a los valores humanos, sociales y medioambientales y que se enfoquen de manera decidida a la justicia redistributiva.

Se reclama una dimensión mutinivel de la transformación social (macro, meso y micro), poniendo en cuestión los marcos de la acumulación capitalista y su sistema de opresión múltiple heteropatriarcal, racista, capacitista, profundamente insostenible, así como el expolio que realiza sobre el trabajo invisible y no remunerado que siguen realizando las mujeres.

No habrá justicia social sin justicia de género. La transformación de la economía pasa por la realidad cotidiana de mujeres, y por la reorganización social y económica de la vida, la alimentación, el consumo, el uso y reparto de los tiempos, trabajos y renta. Históricamente se ha debatido sobre la conveniencia de poner un precio al trabajo reproductivo para hacer visible su contribución al valor social y bienestar; sin embargo, más allá del justo reconocimiento del valor del mismo, seguir insistiendo en su cuantificación monetaria (precio) podría acabar provocando, en cierto sentido, la legitimación de su mercantilización, algo que, sin duda, representaría un cierre en falso. Las propuestas desde la economía feminista tienen un mayor recorrido, tienden a diluir la división sexual del trabajo y alcanzan el abordaje del papel de los cuidados, a las personas y a los ecosistemas, desde una perspectiva integral, de ciclo de vida, recuperando el papel de la alimentación, los cultivos y la producción agroecológica desde la responsabilidad colectiva y el marco de los derechos fundamentales.

Mercantilización de la vida

El consumo es una de las vías por las que se nos cuela el neoliberalismo en la vida cotidiana. Primero, por la distorsión de lo que nos hacen creer que son necesidades y también por cómo actúa el mecanismo de la libre elección y decisión individual respecto a la monetarización y mercantilización de la vida, trasladando la responsabilidad al plano personal, de manera que cada cual se encomiende a la búsqueda de soluciones individuales en una especie de proceso de autorrescate. En paralelo, se privatiza la responsabilidad de generar bienestar a las personas en su vida cotidiana. Para salir de esa trampa neoliberal se requiere de la acción colectiva, desde iniciativas de economía solidaria y consumo responsable y sostenible.

El planteamiento pasa por subvertir los efectos de las políticas austericidas sobre la pobreza, la salud y la desigualdad de género, propiciando, además, transiciones ecosociales ante el cambio climático, la evolución demográfica, el proceso acelerado de envejecimiento y los cambios tecnológicos aceleradores del proceso de robotización y la digitalización de la economía. Sin más demora, y sin que nadie se quede atrás. Urge reactivar el papel transformador de las políticas públicas, reorientar las prioridades de gasto hacia inversiones sociales propiciatorias del desarrollo humano y la dilución de la división sexual del trabajo, programas y servicios públicos de salud, educación, cuidados infantiles y atención a la dependencia. A este respecto, cobran importancia tanto el rol del Estado/lo público como garante de condiciones para la justicia económica, social y de género, como las iniciativas sociales y sociocomunitarias para la sostenibilidad de la vida.

El conflicto capital-vida adquiere especial gravedad por la economía de la guerra que hace caja directamente con la destrucción de la vida y a costa de la violencia contra las mujeres. La propagación mundial de la industria armamentística, extractivista y de explotación sexual y laboral son los máximos exponentes del delirio neoliberal.

A este respecto, urge desmantelar tres procesos: 1) La arquitectura jurídica de la impunidad creada por la globalización financiera con el cometido de respaldar los intereses de las empresas transnacionales por encima de los derechos humanos; a través de los servicios de arbitraje previstos en los tratados neoliberales de inversión se da la prevalencia del interés oligopolista y corporativo sobre el interés general, público y común de sostenibilidad de la vida; 2) la militarización creciente y el refuerzo de los mecanismos de represión de las libertades civiles, en un contexto de geopolítica económica basada en la masculinidad hegemónica patriarcal, y 3) la deshumanización y creciente mercantilización de capacidades humanas, productivas y reproductivas y de los procesos biológicos, pretendiendo convertir a las personas y a la vida en sí misma, en mercancías, productos o servicios intercambiables y monetarizables para la acumulación capitalista.

Cada vez hay más consenso en que las transiciones justas con la vida, incluyendo las respuestas ante la emergencia del cambio climático, requieren de voluntad política y un amplio movimiento social transformador hacia condiciones dignas y sostenibles con la vida humana y no humana. 

[Este artículo ha sido publicado en el número 73 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Son muchas las voces que alertan de la necesidad de repensar las políticas económicas más allá del Producto Interior Bruto y dejar de usar el PIB como indicador de la riqueza y bienestar

Aprender de los errores debería ser uno de los aprendizajes más efectivos, algo así como un tattoo de por vida, sin embargo, hay quien ni con esas.

Son muchas las voces que alertan de la necesidad de repensar las políticas económicas más allá del Producto Interior Bruto y dejar de usar el PIB como indicador de la riqueza y bienestar de una sociedad; además de estar obsesivamente vinculado al objetivo del crecimiento económico monetizado lleva implícito importantes sesgos de género, sociales y ecológicos en su elaboración y ello pone en cuestión su interpretación descriptiva. Sin embargo, nada de ello parece haber ser tomado en consideración por quienes están en posición de (des)gobierno, porque ahí siguen, erre que erre, a vueltas con el indicador de marras.

En 2014, el cambio de metodología del Sistema Europeo de Contabilidad permitió a los estados miembros arañar algunos puntos del PIB con la inclusión de la monetarización de actividades y servicios procedentes de la economía ilegal, como el contrabando, la producción y tráfico de drogas y la prostitución; también se cambió la forma de considerar los gastos militares y los de I+D+i que desde entonces se identifican como inversión en vez de consumo. Esta forma de cocinar los datos del PIB, junto a otros factores que incidieron en su evolución, contribuyeron a la declaración oficial del fin de la recesión y el inicio de la fase de recuperación que experimentaron mayormente el 10% de la población de acumula mayores niveles de renta y riqueza.

El estrabismo monetarista hizo caso omiso a lo que los informes sobre pobreza constataban: que sin igualdad no hay recuperación, que la desigualdad social y económica se estaba cronificando en España, y que lo hacía fuertemente atravesada por la dimensión de género. Desde que nos han vendido la trampa de ilusión monetaria de haber superado la crisis, prácticamente la tercera parte de la ciudadanía ha estado en riesgo de exclusión social ante la indiferencia gubernamental al respecto de las brechas de género existentes en los salarios, empleo, desempleo y, sobre todo, en los trabajos de cuidados no remunerados.

Las miradas de quienes nos han (des)gobernado siguen puestas en el PIB. Ahora los datos de los últimos dos trimestres muestran una desaceleración del crecimiento de dicho indicador por lo que se empieza a hacer explícito el mensaje de que se avecina una nueva crisis, que sera morrocotuda y que nos pillará con el paso cambiado porque casi ningún país se ha preparado para ello. Aunque ya sabíamos que ocurriría, porque la gestión austericida de las políticas económicas y sociales ha sido una barbarie que se ha ensañado en constreñir al máximo las condiciones materiales y humanas del bienestar de gran parte de la población. La explicación oficial de la situación actual desliza el argumento de que se ha reducido la capacidad de consumo de las personas, lo que ha hecho que el consumo de los hogares se haya estancado y todo ello unido al menor crecimiento del gasto público explica la desaceleración del PIB.

El descalabre predictivo parece ser que se debe a que no han funcionado los modelitos predictivos de la economía ortodoxa; eso del ciclo de la economía de que la creación de empleo genera rentas que activan el consumo y dinamizan la producción e intercambio monetizada y con ello el PIB. Se está generando empleo, dice la ministra, aunque omite mencionar las paupérrimas condiciones del mismo y la pobreza laboral que afecta ya a más de 2,6 millones de personas trabajadoras.

En esta etapa el reparto de culpas vuelve a dirigirse al comportamiento individual; han leído bien, sí. Los hogares, ¡ay! Qué irresponsabilidad la de los hogares que dejan de consumir.

Más de la tercera parte de los hogares en el Estado español no pueden permitirse tomarse unas vacaciones, ni siquiera una semana al año; para cuatro de cada diez resulta una pesadilla sin fin encontrarse con gastos imprevistos, por no poder encajarlos, y aproximadamente uno de cada diez hogares no llega a fin de mes. Estos son algunos de los datos que revela la Encuesta de Condiciones de Vida de 2018, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. Se dio a conocer a finales de junio, aunque ha sido escasa la atención prestada a lo que indican las estadísticas. Con el inicio del curso escolar, muchas personas descubren, en sus propias carnes, lo que quieren decir algunos de los datos que recoge dicha encuesta.

Hay quien ha de enfrentarse al pago de una matrícula o a la compra de libros con el inicio del curso escolar y descubre con espanto que, en algunos territorios, las escasas ayudas que existían se han reducido drásticamente o directamente han desaparecido. Hay quien tiene que volver a registrarse como demandante de empleo tras haber finalizado el contrato precario de la temporada de verano. Hay quien descubre que todas las horas de más que hizo en su empleo basurilla, aprovechando la reactivación del turismo de la época estival, ni computan para derechos económicos en futuras prestaciones o ni siquiera aparecen remuneradas en el finiquito que le han dado. Hay quien se encuentra sin hogar al que volver. Hay quien subsiste a dentelladas solo por el afán de volver algún día a su hogar lejano. Hay quien ha de abandonar la casa de acogida sin aún recomponerse de lo vivido y sin recursos para transitar a una vida autónoma y plena.

Hay quien empieza a reconocer que esa depresión anímica auto-negada, durante los últimos años, no se va a diluir por generación espontánea. Hay quien asume la afectación de problemas graves de salud y el torbellino drástico de sus prioridades de vida. Hay quien opta por el exilio económico ante la falta de oportunidades en su territorio. Hay quien vive con angustia extrema la imposibilidad de hacer frente al pago de las tarjetas de crédito con las que ha ido trampeando la situación. Hay quien no llegando a ser mileurista se autoidentifica como clase media. Hay quien sobrevive en el día a día, sin poder ver más allá del contexto de esclavitud laboral o de esclavitud sexual que le abduce. Hay quien encuentra en el autoempleo un equilibrio inestable en forma de aparente tranquilidad por no ser una mercancía obsoleta en el mercadeo.

Hay tantas y tantas historias de vida atravesadas por la precariedad, que cada vez resulta más difícil hacer como si no existieran, pretendiendo estigmatizar su situación exclusivamente por sus propias decisiones y/u obviando las consecuencias de las políticas públicas austericidas (reformas laborales y recortes e insuficiencia del sistema de dependencia incluidas).

El neoliberalismo nos gana la partida cada vez que alguien achaca las situaciones de vulnerabilidad extrema a las decisiones y comportamientos individuales; urgen políticas de justicia redistributiva y sin más demora.

Que no nos doren la píldora con el circo electoralista del 10N, ni con el baile de egos de los hiperliderazgos masculinos. La Política, ese arte de negociar, de tomar decisiones para el interés general de la sociedad, sigue a la espera; las condiciones de bienestar y de vida de millones de personas no pueden diluirse entre postureo y postureo político; eso nos jugamos también el 10-N.

'Lío, lío, quién ha sido'. De los juegos de mi infancia recuerdo algunos especialmente, como ese en el que alguien la pifiaba y, en medio de una acción de escaqueo y disimulo generalizado tocaba averiguar quién había sido la persona responsable. Desde el 28-A, me ronda la cabeza de manera insistente a medida que ha ido avanzando el pulso por el relato de los políticos que ocupan el espacio que debería llenarse de política de Estado, la gran ausente.

Julio fue la escenificación de la frustración por la no-investidura ante el no-acuerdo de PSOE y Unidas Podemos; todo parece indicar que nada se ha movido desde entonces, me refiero a la posición del supuesto líder llamado a conseguir formar gobierno. Ya expliqué en este otro artículo que no soy equidistante y que concibo que el actual presidente en funciones es quien tiene la responsabilidad de hacerlo posible, algo que no será propiciado ni por el berrinche, postureo ni mucho menos por una varita mágica imaginaria. Tocaba negociar todo lo posible, desde el entendimiento y el respeto por el interés general de la ciudadanía; y, salvo negociaciones de trastienda, lo que ha trascendido del relato invita a pensar ya en próximos comicios electorales el 10N. Qué falta de empatía tan grande ante el clamor de los millones de personas que han votado a dichas opciones políticas (7,4 al PSOE y 3,7 a UP). Qué falta de responsabilidad política y de perspectiva ante las situaciones de emergencia que nos atraviesan y que han sido activadas por la propia ciudadanía decepcionada por la dejación política. Durante esta próxima semana están convocadas movilizaciones por la emergencia feminista y la emergencia climática; la respuesta institucional y la política de Estado siguen en 'stand by'.

Julio fue un mes horrible, de los más cruentos que se recuerdan para las vidas y derechos de las mujeres. 10 asesinatos machistas en el Estado español, y al menos otros dos anteriores esclarecidos también en el mes de julio. Desde que tenemos estadísticas oficiales, 2003, 1.015 mujeres han sido asesinadas, 40 en lo que llevamos de año; rectifico, tres más, con la confirmación del triple crimen machista en Valga, Galicia. Insoportable. Nos están asesinando y el cortejo político sigue con su danza estival sin perspectiva de desbloquear este impás poselectoral.

Hartas de la falta de respuesta institucional y de un Pacto de Estado contra la violencia de género que se ha quedado en papel mojado ante los límites de seguir con un gobierno en funciones, la acción política feminista ha emergido de la sociedad civil declarando el Estado de Emergencia Feminista y la movilización social el 20 de septiembre. La iniciativa partió de la Plataforma Feminista de Alicante y rápidamente se ha ido extendiendo y ganando apoyos; son ya más de 160 ciudades, pueblos o villas las que se han sumado a la convocatoria, proclamando colectivamente: “Hemos declarado la emergencia feminista amparadas por nuestra Constitución y por la legislación, porque ni el gobierno español ni el Poder Judicial, ni la sociedad en su conjunto han asumido sus obligaciones de garantizar los derechos fundamentales de las mujeres”.

El inicio del año judicial no hizo más que confirmar la situación de emergencia de esta movilización feminista que sigue sumando lugares a la convocatoria del 20S. Si la foto del monopolio del poder judicial masculino no les convence de la urgencia en despatriarcalizar las instituciones, quizás lo hagan los datos de la Memoria de la Fiscalía General: el 67,35% de las víctimas mortales por violencia de género en 2018 no había recibido protección institucional. Una tercera parte de ellas vieron como les archivaban las denuncias y/o absolvían a sus maltratadores; todas ellas fueron asesinadas por sus agresores. Insoportable.

Julio fue también el mes más caluroso que se recuerda en la historia, según los datos de medición que ha facilitado la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el programa Copérnicus de la Comisión Europea. La emergencia ante el cambio climático es lo que impulsa la llamada a una huelga mundial por el clima el 27 de septiembre; en España, la iniciativa ha partido de Fridays for Future y Extinction Rebellion y son ya más de 100 colectivos y entidades los que convocan esta movilización. Entre sus demandas, destaca la que se dirige específicamente al gobierno español –cuando se conforme y cual sea finalmente su composición–. Piden que “en la nueva etapa política se declare, de manera inmediata, la emergencia climática y se tomen las medidas concretas necesarias para reducir rápidamente a cero neto las emisiones de gases de efecto invernadero, en línea con lo establecido por la ciencia y bajo criterios de justicia climática. Evitar que la temperatura global se eleve por encima de 1,5°C debe ser una prioridad de la humanidad. Es necesario reducir con carácter urgente las emisiones de CO2eq (equivalente de carbono), reajustando la huella ecológica a la biocapacidad del planeta”.

Estos movimientos transformadores de estado de emergencia están pasando prácticamente inadvertidos en medio de la disputa poselectoral. En mi opinión, es un indicio bastante desastroso; el futuro gobierno español tendrá que asumir la responsabilidad de impulsar las transiciones energéticas y económicas necesarias. ¿Cómo habrá evolucionado el Estado de emergencia feminista y climática para cuando salgamos de la situación política de 'stand by'?

He de decir que las conclusiones del VI Congreso Estatal de Economía Feminista, que reunió a más de 300 personas en València del 5 al 7 de septiembre, no alientan tranquilidad, y representan una llamada abierta a la movilización continua, recogida en su comunicado final: “denunciamos que vivimos un momento de contra-reacción y rearticulación violenta del capitalismo patriarcal colonialista a nivel global”, así como la exigencia de la emergente necesidad de afrontar transiciones que sean justas con la vida.

Pues bien, para afrontar estas emergencias y las muchas otrascrisis humanitarias y sociales, necesitamos salir del bloqueo político e institucional, practicar la empatía social y dotar de significado democrático a La Política abandonando el politiqueo de baja calidad.

Tomen nota, señorías, habría que ir dejando ya el 'lío, lío, quién ha sido' para otros momentos más sosegados de entretenimiento.

107 personas permanecen hacinadas en el Open Arms, tras 18 días de bloqueo en alta mar, están a 800 metros de Lampedusa esperando una respuesta humanitaria viable que autorice su entrada a puerto. En situación parecida se encuentra también el Ocean Viking, esperando un puerto donde poder desembarcar a las 356 personas inmigrantes que lleva a bordo tras haber sido rescatadas de las costas libias y llevar ya 10 días en alta mar.

Si quienes pretenden ser reconocidos como líderes políticos supieran estar a la altura de lo que requiere el momento actual, aún habría sido posible alimentar un nivel mínimo de optimismo. Algo cada vez más difícil de creer tras haber constatado la absoluta falta de humanidad y de empatía social que han mostrado en esta última semana. Es tal la injusticia y la deshumanización que duele profundamente la distancia emocional del poder político. Ofende la indiferencia y desdén del gobierno de Italia, el silencio de Malta e incluso la respuesta del presidente-en-funciones español; una respuesta que llega tarde, que resulta ser inviable y que ocurre tras el inexplicable silencio e inacción de los últimos 12 días, cuando los ayuntamientos de València y Barcelona se ofrecieron como puerto seguro para las personas refugiadas en el Open Arms. Hace 12 días habría sido posible dirigir el barco a uno de estos puertos seguros del mediterráneo, sin embargo, la situación actual requiere de la inmediatez del desembarco en Lampedusa, o del traslado-rescate a otra embarcación o avión, como sugieren desde el propio barco.

No debería haber cabida para tacticismos electorales y, sin embargo, a eso apuntan directamente la nefasta gestión realizada y el pulso político entre los países en liza y la Comisión Europea, por la ausencia de una política común de migración y asilo. Ponerse de perfil no resuelve la crisis humanitaria, todo lo contrario, la agudiza, y la falta de una respuesta justa y eficaz acelera el preocupante proceso de deshumanización al que asistimos mientras avanza la contaminación de los discursos xenófobos que practica la ultraderecha.

Releer a Margaret Atwood en estos días provoca aún mayor inquietud: “el orden establecido puede desvanecerse de la noche a la mañana”. Considero que la deshumanización de la política es una de las señales más contundentes de esta nueva realidad en la que nos zambullimos por la falta de empatía social. Si no se quiere ver que tras las crisis migratorias hay personas, vidas escapando de la violencia y de la miseria, si se presta más atención al mercadeo de los cupos y cuotas de reparto de su acogida que a la dignidad humana de cada persona, hay que preguntarse cuál es el mensaje que se está trasladando a la población y en qué imaginario u orden simbólico incide. ¿Qué credibilidad puede tener un gobierno que, ya sea por acción u omisión, actúa como si la vida de algunos grupos poblacionales fuese mercancía desechable? ¿A qué les suena? Exactamente, a eso mismo. Es importante tener en cuenta que señalar el neofascismo de Salvini no exime de responsabilidad secundaria a quien, como Sánchez, pretenda construir un relato supuestamente progresista y democrático.

Conviene aplicar la lógica de la sospecha cuando la equivalencia humana no está implícita en las prácticas políticas y económicas; y, en ese caso, hay que denunciar los crímenes humanitarios que provoca y actuar consecuentemente en la acción política y electoral. La dignidad humana ha de estar por encima de cualquier valor, ya sea económico, cultural o religioso; y es imprescindible asumirlo como prioridad para conseguir desmontar la falacia en la que el neoliberalismo nos ha entrampado. No somos mercancías, ni indicadores cuantitativos economicistas, somos personas. Mujeres, hombres, niñas y niños se arriesgan a cruzar el mar, son vidas humanas que aspiran a sobrevivir en la travesía y que merecen poder vivir vidas plenas en condiciones dignas y libres de violencia.

En cierto sentido se agradece el ritmo pausado de agosto, tras el top ten de los relatos políticos del último mes. Es deseable que propicie un contexto más favorable para desmontar la performatividad política de los pulsos de poder con los que nos han deleitado, o cómo llamarían a esa descarada representación sobreactuada para esconder la distancia entre el discurso realizado y las acciones emprendidas para conseguirlo. Había mimbres suficientes para recoger el anhelo de la mayoría social que reclama un acuerdo de gobierno progresista con el cometido de imprimir un giro hacia la justicia redistributiva y, sin embargo, no ha sido posible. Ahora bien, cómo íbamos a esperar otro resultado diferente ante la ausencia de una dosis equilibrada de honestidad y empatía social, porque habría sido imprescindible para un programa inclusivo de todas las necesidades humanes y transformador de las situaciones de desigualdades existentes en condiciones de dignidad básicas.

No se inquieten, no pretendo volver a los factores explicativos de cómo la asimetría implícita en las partes del relato abocó a la no investidura que ya conocemos ni siquiera a por qué no hay que asignar la misma responsabilidad por la frustración del resultado conseguido. Hay ya mucho escrito y yo misma me he pronunciado ya al respecto. Lo que me interesa es insistir en la necesidad de empatía social para salir de esta situación de bloqueo institucional que repercute en todos los niveles de la administración pública y, por extensión, en grupos poblacionales que deberían estar siendo objeto de atención preferente de las políticas sociales. Voy a destacar solo cuatro hechos que, en mi opinión, señalan la urgencia de conformar ya un nuevo gobierno progresista.

1) La parálisis del sistema público de dependencia resulta escandalosa. Tras los recortes de 2012 mantiene una insuficiente cobertura y una lista de espera creciente que ya alcanza a cerca de 400.000 personas (256.000 están en espera de recibir prestación económica y/o social y 139.000 de recibir la valoración por los servicios profesionalizados). ¡Y no será por falta de discursos políticos sobre los cuidados! Hay que pasar del dicho al hecho. En este sentido, el pragmatismo no debería estar reñido con la coherencia y la responsabilidad pública, pero lo cierto es que a falta de recursos y de compromiso real para la articulación de un sistema público de cuidados como el derecho universal, público, prestado a través de gestión directa con unos estándares de calidad aceptables convierte a las mujeres en proveedoras permanentes de cuidados en un sistema que las atrapa en la división sexual del trabajo a costa de su tiempo, energía y salud.

2) El enquistamiento de las condiciones de precariedad y su mayor afectación sobre las vidas de las mujeres forman parte del legado de las últimas reformas de Rajoy, que aún siguen vigentes. Tanto la cronificación del desempleo, recogida en el último informe de la EPA (con tasas de desempleo femenino del 15,8% y 12,5% masculino), como el estancamiento de las pensiones públicas en caso de no derogarse la última reforma vigente, con una nueva ley que elimine el factor de sostenibilidad y blinde la subida de las pensiones en base al IPC, requiere de un gobierno valiente y de una reorientación política para la justicia redistributiva, social, de género y medioambiental.

3) La banalización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género apunta a una negligencia directa desde diferentes instituciones públicas, ya sea por acción u omisión. Cada día que se demora la conformación de un gobierno progresista se dificulta, en la práctica, que el Pacto de Estado pueda servir como instrumento de acción política para eliminar las violencias machistas que se ejercen sobre las mujeres. Lo que llega a la mayoría de los pequeños municipios son migajas presupuestarias que no alcanzan para reforzar el funcionamiento de los escasos servicios profesionalizados existentes para la prevención y atención ante situaciones de violencia de género, ni para establecer criterios y dispositivos de vigilancia adecuada y eficaces en la gestión de dichos recursos.

La normalización de la violencia de género se va instalando con cada asesinato machista. En lo que llevamos de año son ya 61 los feminicidios (38 los tipificados en el marco de la Ley 1/2004) y más de mil mujeres han sido asesinadas por su compañero -o ex- íntimo desde que tenemos estadísticas oficiales (2003). Existe un acervo legislativo contra la violencia machista consensuado a nivel internacional (CEDAW y Convenio de Estambul, entre los más significativos) que debería servir para establecer garantías mínimas de protección de los derechos de las mujeres y de lucha activa y eficaz contra la violencia machista. Sin embargo, el discurso misógino de la ultraderecha y su entrada en las instituciones está contribuyendo a desmontar la percepción de responsabilidad colectiva. La impunidad ante las agresiones sexuales, individuales y en grupo, el ninguneo a las víctimas y la derechización del discurso traslada de manera perversa un mayor cuestionamiento sobre el comportamiento de las víctimas en vez de sobre el de los agresores.

4) El neoliberalismo avanza mercantilizando cada vez más ámbitos de la vida, capacidades humanas y también capacidades para satisfacer los deseos de la masculinidad patriarcal, y lo hace con voracidad. Todo simula ser consumible y apropiable: cuerpos, relaciones, recursos naturales e incluso procesos biológicos, en un proceso de deshumanización de tal calibre que la trata, tráfico y/o explotación de seres humanos están a la orden del día y nos van inmunizando para aceptar ya casi cualquier acontecimiento, como las muertes de quienes tratando buscar vidas vivibles encuentran la indiferencia. Qué son si no las 681 personas migrantes muertas en el Mediterráneo en el primer semestre de este año ante la indiferencia europea.

Hay que poner fin a este terrible aprendizaje de crueldad humana. Los valores democráticos, esos que alientan los parlamentos y en los que sus señorías deberían prestar su cometido, se evaporan con cada feminicidio, con cada mujer violentada, con cada cadáver que llega a la costa del mediterráneo, con cada suicidio de quien ya no tiene más que perder.

Necesitamos practicar la empatía social y conformar un gobierno para ello. Y no vale cualquiera, porque la empatía social no está implícita en la política per se, ni se genera de manera espontánea. Su existencia depende del marco ideológico que impregna las opciones políticas y del compromiso ético con una idea de justicia reparadora universal. La empatía alude a la responsabilidad social, colectiva y pública tanto para identificar las necesidades derivadas de las deficiencias del sistema capitalista y patriarcal, como en procurar el bien común para todas las personas y seres vivos. La empatía propicia redes de solidaridad y de reciprocidad: es desde ahí, precisamente, desde donde podremos plantearnos construir otra forma de habitar y de relacionarnos, reconociéndonos como iguales y seres interdependientes. Todas esas características están implícitas en cierta medida, en las ideologías progresistas y de izquierdas. Sin embargo, los marcos ideológicos de derechas se sustentan en la individualización de la responsabilidad, desde la que se construyen falacias como la 'libre elección' con la que se culpabiliza de los resultados a las decisiones individuales, frente a la solidaridad y la reciprocidad las opciones de derechas que construyen un sistema basado en el querer es poder y el sálvese quien pueda, sin que la existencia de desigualdades estructurales les desvíe de su propio itinerario.

Por eso no me sirve cualquier gobierno. Quiero un gobierno progresista orientado al interés general de la población y al bien común, con un acuerdo programático elaborado desde la empatía social, un acuerdo de gobierno que pretenda ser progresista y que además asuma el compromiso explícito con los derechos de las mujeres, los derechos humanos y la transformación social para subvertir los desequilibrios y desigualdades estructurales existentes por cuestión de sexo, origen, estrato socioeconómico, identidad cultural y expresión de género. Quiero un gobierno feminista, ecologista y emancipador, con mirada larga para asentar las bases de transiciones justas para otro sistema posible.

Y por todo ello, si yo fuera presidenta en funciones, dejaría de marear la perdiz y abandonaría los tacticismos electorales por el debido cumplimiento de la responsabilidad de conformar un acuerdo de gobierno amplio, inclusivo y generosamente feminista, un gobierno valiente que deje de buscar la complacencia de las instituciones neoliberales y de los sectores de las derechas. Y sumaría apoyos suficientes a este amplio acuerdo de gobierno, porque los resultados del 28A invitan a hacerlo posible, con el convencimiento de que quienes apoyaron en su momento la moción de censura para echar a la derecha corrupta no dejarán pasar la oportunidad histórica de este momento para apoyar un gobierno progresista que decida liberarse de algunos de los encorsetamientos e incoherencias de la vieja guardia socialdemócrata.

No me gustan los vetos. Reconozco que nunca me han gustado y que solo con que alguno asome la patita, se me activan todas las alertas; es más, me dan algo de yuyu. Ocurre que me traen recuerdos de otra época que huele a naftalina, a no-do, a aquel 'porque lo digo yo y basta', 'aquí se hace lo que digo yo' o aún peor, al 'eres mía y solo mía'. Nada que aliente a pensar en principios democráticos, convivencia plural, ámbitos de libertad, ni mucho menos en practicar la empatía social. Si solo fueran recuerdos aún tendría un pase, pero no, ocurre que hay demasiadas realidades atravesadas por las imposiciones, intereses particulares y violencias simbólicas.

De esto sabemos bastante las mujeres, las de este país y las de cualquier territorio del sur y norte global que sufrimos día sí y día también los efectos de la violencia estructural y del ensañamiento de este sistema y de sus depredadores para con nosotras. Bueno, decir todas las mujeres es una imprecisión generalista, es cierto, porque a algunas la empatía les cabe en el dedo meñique del pie. Así que, me auto-corrijo; del daño que hacen los vetos y restricciones sabemos gran parte de las mujeres y quienes de alguna manera transgredimos el statu quo.

En plena cuenta atrás para la investidura (o no) del nuevo gobierno de España, la pepita grilla que vive en mí entona su cántico de cautela; con los años he aprendido a escucharla y a asumir que, aún sin saber cómo o porqué, lo cierto es que demasiadas veces acaba teniendo razón. Y así llego a esta sensación de mal-estar, sin ninguna expectativa de que este teatrillo pos-electoral se encamine a una última representación en esta semana.

Las conversaciones de estas últimas semanas han estado bastante contaminadas del juego de suma cero en el que han pretendido atraparnos con la connivencia y actuación irresponsable de algunos mass-media. Entiendo la dialéctica como un sano ejercicio de pensamiento crítico, sin embargo, me molesta profundamente la argucia de la equidistancia; no funciona y aún menos cuando se pretende usarla para evitar pronunciarse de manera propositiva. Es más, estoy empezando a considerarla como un indicador de la dejación política a la hora de asumir la responsabilidad otorgada por una mayoría social. Quizás deberíamos plantearnos una especie de reválida o test de calidad para quienes pretenden gobernar el interés común tras el primer filtro electoral. ¡Tres meses y aún con la casa sin barrer!

Cada vez más tengo el convencimiento de que deberíamos exigir un currículo de aprendizaje y dedicación en los cuidados de la vida a quienes se presentan para liderar un nuevo tiempo político. De dónde van aprender la empatía social si no es de la práctica de sentirte responsable del bienestar o malestar que generas en la vida de algún ser próximo, una persona querida, un bebé, una madre, abuela, bisabuelo, un animal. Cómo pretender que se reubiquen ante la vulnerabilidad de la vida, ante su fragmentación, sin pasar por ella, sin sentir desde las vísceras lo que significa. Por qué esperar que las necesidades de quienes no pueden esperar más tiempo consigan acallar los egos si el contexto de las negociaciones políticas se envuelve en una burbuja de posverdad y postureo.

Así inicio esta semana, algo hastiada del pre-calentamiento con el que nos han obsequiado los gabinetes de comunicación de los grupos políticos que están llamados a formar el primer gobierno de coalición del Estado español. Para cuando eso ocurra, les vendrá bien que les recordemos cuáles son las prioridades que claman una respuesta real para transitar en justicia redistributiva, social, de género y medioambiental.

Algunas cuestiones ya se han ido enunciando en el primer día de sesión de intento de investidura; en algunos casos recogen vindicaciones feministas que ya no admiten más dilación, como la reforma del régimen de seguridad social que regula las condiciones y derechos de las trabajadoras del hogar, la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, la equiparación efectiva de los permisos por nacimiento para que sean iguales, intransferibles y plenamente remunerados, la urgencia de una Ley de apoyo a las familias monoparentales (que más de las tres cuartas partes son monomarentales) o la actualización y refuerzo del sistema público de pensiones y la universalización del derecho infantil a una escuela pública, el derecho al cuidado como un derecho fundamental recogido en la Constitución.

Recuperaré algunas de las que considero con mayor potencial transformador para un próximo artículo; por que sí, puedo equivocarme, de hecho, me gustaría equivocarme y que podamos iniciar el recuento y seguimiento de los compromisos tras la investidura del nuevo gobierno en esta misma semana. Ya veremos, después.

La urgencia de las transiciones ecosociales se anuncia con cada evidencia científica de los grandes cambios que ya están en marcha: el ecológico, con el colapso del planeta en ciernes; el demográfico, con el proceso acelerado de envejecimiento; y el tecnológico, con el proceso de robotización y la digitalización de la economía. Todos ellos van mostrando ya realidades distorsionadas que auguran un futuro escasamente deseable para gran parte de la población. No es casual que las primeras emergencias conduzcan al abordaje de los cuidados como una necesidad social y a la redistribución de tiempos, trabajos y rentas desde criterios de justicia de género, social y medioambiental. 

El discurso sobre la necesidad de articular la agenda en torno a la sostenibilidad de la vida (tanto de los ecosistemas como de las personas) ha ido sumando voces, a veces incluso a riesgo de su banalización; por ello, creo que es importante poder llegar a atisbar el bosque en su conjunto, desmontando para ello los relatos en los que no es posible identificar de qué vida hablamos, a quién afecta, en qué condiciones y a cambio de qué. En la era de los eufemismos, las trampas neoliberales avanzan cada vez con mayores dosis de misoginia institucionalizada y edulcorada por la parafernalia de los mercados. Sin embargo, no son tiempos para medias tintas. Jugar actualmente a la ambigüedad conceptual, si bien puede ser una táctica para conseguir un determinado rédito electoral, es muy discutible que dicha práctica pueda identificarse como un ejercicio honesto de compromiso real con la transformación social. Esto viene a cuento también por el hecho de cómo a veces se elude nombrar a la economía feminista aún a costa de perder lo que se quería comunicar y de que sea su propia particularidad crítica, la feminista, la que da sentido y coherencia a las transiciones económicas que propone.  

Y es que la economía feminista aboga por el sostenimiento de una vida digna para todas las personas, desde la igualdad de género, en una amplia dimensión en la que confluyen diversidades sexuales, de identidades, raciales y procedencias en un sistema relacional de interdependencia que busca reconciliarse con la naturaleza, de manera inaplazable, sabiendo que el momento es ya. Hablamos de la vida atravesada por las desigualdades estructurales y de la necesidad de posibilitar escenarios de justicia redistributiva, garantizando condiciones dignas para las mayorías sociales, esto es, alimentos, educación, salud, vivienda, tiempo para una misma, tiempo social, corresponsabilidad en los cuidados, etc. Hablamos de equilibrios y de autonomía relacional, hablamos de plenitud a lo largo del ciclo de vida, hablamos de repensarnos y construirnos desde otro paradigma, desmontando las asimetrías jerárquicas existentes por cuestión de género. Hablamos de subvertir el (des)orden patriarcal y neoliberal. Hablamos de la vida en común, de la colectividad, de la empatía social, invitando a repensarlo y reconfigurarlo todo a través de un proyecto ético para la transformación social, por el que nos replanteemos qué producimos, en qué condiciones, a cambio de qué y sobre todo, qué necesitamos realmente para vivir bien.

Economistas feministas como Lourdes Benería han documentado la evolución, desde la segunda mitad del siglo XX, de esta corriente heterodoxa de la economía, en cinco grandes ámbitos de politización: la visibilización y denuncia de las desigualdades de género en sus múltiples aspectos socioeconómicos; la crítica a la economía ortodoxa, conectada con el capitalismo neoliberal; las cuestiones de género conectadas con el desarrollo y la globalización; la conformación de una visión alternativa de la economía; y la participación en el diseño y formulación de alternativas al sistema económico dominante desde un fuerte compromiso con el ecologismo. 

Desde esta amplitud de miras, cabe preguntarse por qué aún se evita mencionar la economía feminista como eje de las transiciones económicas para el cambio de modelo de sociedad. Cómo en el actual emerger de la nueva ola feminista de principios del siglo XXI aún predominan los eufemismos y conceptos pseudolíquidos desde determinados sectores progresistas. Y no, no me ha dado un ataque de candidez. 

Uno de los cometidos de mayor relevancia de la economía feminista ha sido poner en cuestión la base sobre la que se establecen los sesgos de género y el reparto desigual del poder, de expectativas, funciones, valor social y económico que alienta: lo que no se nombra no existe, lo que no se valora no 'cuenta' y lo que no se cuantifica no se remunera. Con ello, lo que se ha mostrado es la deuda histórica que este sistema acumula con más de la mitad de la población. Las mujeres del norte y del sur global, en cualquiera de las fases del ciclo vital, se han visto relegadas a ser un mero instrumento para satisfacer las necesidades de reproducción social y del propio proceso de acumulación capitalista.  

De ahí la necesidad de poner en primer término el debate sobre la reorganización social de los cuidados. A este respecto, y como parte de la estrategia feminista de abordaje de los cuidados hay 4 movimientos transformadores implícitos que convendría tener en cuenta: desmercantilizar, garantizando que los cuidados a lo largo del ciclo vital quedan fuera de los procesos de acumulación capitalista; desfamiliarizar, lo que quiere decir ubicar la responsabilidad de su provisión fuera de los hogares; desnaturalizar, esto es, desmontar su asignación al 'orden natural' y asumir su responsabilidad como parte del aprendizaje social, y despatriarcalizar, poniendo fin al pacto sexual por el que se ha garantizado el 'monopolio masculino del poder' sobre el cuerpo y tiempo de las mujeres. Este amplio movimiento debería tender a relocalizar los cuidados, de manera que la sociedad asuma explícitamente la responsabilidad pública y colectiva de atender las necesidades que plantea su provisión.  

Es por ello que sostengo la legitimidad de la economía feminista, así, sin eufemismos, para articular transiciones justas hacia el necesario cambio de modelo de sociedad. Les invito a que lo hagan suyo también y/o que sigan la pista al VI Congreso de Economía Feminista de la Universitat de València, en el que tendrán cabida los ejes temáticos de mayor relevancia para la economía feminista (cuidados, ecofeminismo), la conformación de instrumentos aplicables a través de las políticas públicas (fiscalidad, presupuestos con enfoque de género), la definición de modelos de gobernanza feminista y gestión de lo común, y la articulación de resistencias feministas ante la beligerancia neoliberal. Un buen punto de encuentro para repensar y rediseñar las políticas económicas desde el paradigma feminista y transiciones justas con la vida. 

De las posibles lecturas que arroja el saldo electoral del 26M, me voy a detener en algunas de las cuestiones que marcarán cambios de rumbo.

Uno de los ecos que resuena con contundencia tras las constitución de las corporaciones locales en esta nueva legislatura es la perspectiva de tener por delante cuatro años para repensar, empezando por las reglas de cálculo y la aritmética más básica. Parece mentira que la estrategia del 'divide y vencerás' se haya colado poniendo fin al paréntesis abierto en algunas ciudades. Me pregunto de qué nos sirve tanta cabeza pensante, capacidad intelectual y analítica si a la hora de la verdad son los egos y, en gran medida, los pulsos de testosterona los que marcan las direcciones políticas abocando el pretendido desborde del progreso social hacia las profundidades del abismo. Esto no es una provocación para regodearnos en las expectativas frustradas, ni mucho menos intentar hacer leña del árbol caído; se trata de compartir el convencimiento de que se impone una profunda revisión de los criterios, procesos y pautas de comportamiento con los que se ha pretendido alcanzar incidencia política. Sería deseable que dicha revisión abandone la épica y cualquier atisbo de gesta heroica que quede por ahí, dejándose contagiar de la articulación de sinergias creadas desde la inteligencia colectiva.

En estos días recuerdo con intensidad una conversación que tuve hace un par de años al respecto del proyecto ilusionante de una de las auto-proclamadas ciudades del cambio, de la evaluación de las dificultades encontradas para diluir las inercias institucionales de un engranaje, en general, excesivamente burocratizado y con gran aversión al cambio. Ya entonces me alertó que la prioridad de la atención estuviese puesta en la capacidad de gestionar mejor. No se confundan, soy una convencida defensora de la aplicación de criterios éticos y sostenibles en el funcionamiento, contratación y compra pública; sin embargo, me invade la certeza de que gestionar mejor la desigualdad no es necesariamente lo mismo que avanzar en igualdad, ni se traduce siempre en una percepción de mejora de las condiciones de vida ni de que esta llegue de manera directa y ágil a la ciudadanía.

Sin duda, el saneamiento de las cuentas públicas, la mayor transparencia y la rendición de cuentas han sido algunas de las grandes mejoras aportadas por la gestión política de los ayuntamientos del cambio de la pasada legislatura; aunque ello no en todos los territorios se ha visto refrendado en las urnas con la contundencia y confianza que hubiera sido precisa para continuar con proyectos políticos de transformación y justicia social. Salvando excepciones como València, Cádiz o incluso Barcelona, el resto de tableros municipales se han movido de tal manera que anuncian giros importantes en las prioridades de las políticas municipales.

Se inicia un cambio de ciclo, con alianzas y pactos que, en muchos casos, van a significar una quiebra del sentir democrático. La ultraderecha se sienta en el gobierno de Madrid y su toxicidad con seguridad será muy similar a la que ya infecta al parlamento y gobierno andaluz. Quién va a rendir cuentas ahora por la tremenda irresponsabilidad con la que algunos medios de comunicación y partidos políticos han ido normalizando los discursos, presencias y cuotas de poder de la ultraderecha –explícita– en este país.

Toca resistir, como siempre y aún más. Toca defender los avances y derechos que creíamos conquistados y toca, ante todo, articular alianzas y pactos estables para conseguir frenar este neofascismo que ya ha contaminado los discursos políticos y viene cargado de neomachismo y de odio visceral, a las mujeres y demás alteridades que representen cualquier otra manera de entender y vivir la vida fuera de las normas del estatus quo supremacista, extractivista y patriarcal.

Creo que hemos de poner en valor las estrategias de resistencia feminista y denunciar continuamente las desigualdades estructurales y específicamente las desigualdades de género en sus múltiples aspectos socioeconómicos y de violencia patriarcal tan conectada con el capitalismo neoliberal y las formas de explotación sexual y reproductiva con las que mercadea.

Aún estamos pendientes de que se constituya el gobierno del Estado y de saber si, cuando acaben de deshojar la margarita, podremos considerarlo un aliado en este frente común de resistencia; por de pronto, lo que cada vez se hace más evidente es la urgente tarea de construir alternativas ecosociales y feministas al sistema económico dominante.

La pasada cita electoral trasladará al Congreso la mayor representación de mujeres conseguida (47,4%) y también la constatación de que aún existe una amplia mayoría social y progresista dispuesta a frenar a la ultraderecha y a articular márgenes de confluencia para acabar con la precariedad, la desigualdad y la injusticia social. Falta por demostrar si la mayoría parlamentaria propiciará el momento decisivo para emprender políticas transformadoras que nos alejen de los rancios encorsetamientos de género y de la división sexual del trabajo.

El horizonte está por despejar y no es previsible que se resuelva la incertidumbre antes de la próxima cita electoral -26M- sobre cuáles serán las piezas que jueguen un papel protagonista en la conformación del Ejecutivo. Hay teorías explicativas sobre esta demora, desde las que aluden al tacticismo, a la incompetencia para analizar los resultados, al negacionismo ante la evidencia de los mismos o a intereses implícitos y de connivencia con las oligarquías económicas.

Entre tanto ruido, pudiera parecer que las cartas vienen dadas; sin embargo, sería un error pretender obviar el significado del voto instrumental y cuál fue el detonante que lo ha activado en las pasadas elecciones. Es probable que quien adolece de mirada de largo alcance confunda los votos y la mayoría parlamentaria conseguida con una oportunidad para defender su propia marca; sin embargo, este no es momento para el simplismo de aferrarse a la siglas de un partido concreto, es el momento de hacer emerger el interés general y confluir. Sí, han leído bien, confluir es la acción.

En tres de cada cuatro países europeos hay ya gobiernos de coalición y España tendrá que sumarse también a esa realidad, tomando en consideración el camino ya recorrido en diversos territorios del Estado. La experiencia de gobierno en la Comunitat Valenciana se proyectó a través del acuerdo del Botànic y su reedición, tras el 28A, es uno de los resultados evidentes de las muchas posibilidades que aún tiene la coalición como forma de gobierno en esta comunidad.

Una vez despejada la primera incógnita y asumiendo gobernar 'en compañía', será imprescindible determinar en qué medida el acompañamiento responderá al compromiso con los valores que se han estado exhibiendo, así es como el feminismo, la justicia social, la igualdad en la diversidad, la sostenibilidad ecológica y la progresividad fiscal entran, una vez más, en la cesta de los pactos. Y ahí está el meollo del asunto a resolver, desde qué lugar y a qué intereses responderán los componentes del pacto. Ni es una cuestión meramente aritmética ni cualquier confluencia o alianza aportará coherencia y compromiso ético. No es lo mismo un gobierno de alianzas a la portuguesa' o 'a la sueca' que a 'la alemana' o 'a la holandesa'. Eso lo sabe gran parte del electorado y ese, precisamente, parecía ser el mensaje explícito dirigido a Sánchez en la noche electoral, 'Con Rivera, No'. También lo saben otros agentes que ya han ido desvelando sus propios intereses, como los de algunas entidades financieras y dinosaurios políticos derechizados ocupados en dirigir las posibles alianzas a la preeminencia de la lógica de mercado.

La lógica de mercado se extiende con el relato neoliberal haciéndonos creer que todas las relaciones y procesos vivos son recursos de los que extraer un beneficio a través del intercambio económico; y el trasfondo de esto es pura bazofia, revestida de individualismo y responsabilidad personal. Si consiguen colarnos eso de que cada quien tiene en sí la fuente para transformar su propia realidad, a qué lugar habría que desplazar la responsabilidad política y corporativa de crear condiciones dignas para mejorar nuestras vidas. Me reitero en lo dicho, pura bazofia, que lleva directamente al enriquecimiento del 1% mientras se agudiza el empobrecimiento de amplias capas sociales de la población, a la fragmentación y precariedad de las condiciones de vida, a la deshumanización y mercantilización de las capacidades humanas, productivas y reproductivas, de los tiempos, de los recursos naturales y de procesos biológicos. Nada de lo anterior diseña un panorama deseable para la mayoría de la población, por mucha falacia de libre elección con la que lo aderecen.

Reconozco que, como feminista, se me activan todas las alertas, y que probablemente sea el instinto de superviviencia el que me mueva a querer decirle al Sánchez-presidente-potencial que más le convendría liderar esta nueva era de la política española pactando las bases programáticas del futuro gobierno pensando ya en otro modelo de sociedad, en vez de hacer seguidismo a las rancias prebendas y privilegios elitistas y patriarcales que le están haciendo llegar. Y para ello hay que priorizar la lógica del bien común y del interés general adelantando una agenda económica, feminista y social, protectora y garantista de los derechos básicos para todas las personas, que paute, sin más dilación, la transición energética, la progresividad fiscal y el desarrollo de políticas género-transformativas.

La lógica de lo común prioriza el desarrollo de las personas y de los seres vivos para que discurra de manera armoniosa, tejiendo procesos de autonomía relacional-reticular y condiciones de vida vivible y en igualdad. La politización de la vida cotidiana nos debería llevar a cambiar la forma de relacionarnos, implicándonos colectivamente en el cuidado y los procesos que sostienen la vida; ¿no sería esta una vía para trascender el individualismo neoliberal? El enfoque que impulsa esta lógica es el de la sostenibilidad de la vida, una aportación feminista clave para la justicia en términos económicos, ecológicos y tecnológicos.

Hay límites, claro que sí, pueden llamarles líneas rojas o violetas, según el simbolismo que cada quien quiera proyectar; es evidente que ni todas las confluencias están alentadas por la justicia redistributiva, ni todos los posibles pactos se impregnan de perspectiva feminista.

Sería difícil rebatir el papel creciente que el feminismo está teniendo en la movilización social. Lo hemos estado viviendo en estos últimos años, tras los hitos energizantes del 8M y lo volvimos a comprobar el 28A. Cuanto más avanza la emancipación del movimiento feminista menor es la posibilidad de intentar usarlo como mero caladero de votos.

Apenas falta una semana para esta cita electoral que avanza en un contexto marcado por las mentiras, manipulaciones, toxicidades propagandísticas anti-feministas y ultraconservadoras, contribuyendo a acrecentar las incertidumbres y certezas ante el 28A. 

Dos evidencias entre las certezas a mencionar. Por una parte, la preeminencia masculina de los liderazgos de esta contienda y de sus ideólogos económicos, algo que refuerza el imaginario simbólico de un monopolio de poder masculino que se resiste a dar entrada al  tiempo de mujeres y de feminismo que se va abriendo paso, más lentamente de lo que le correspondería, de la mano de algunas mujeres brillantes en proyectos políticos progresistas. Por otra parte, la constatación de que la era de los gobiernos multipartidistas va camino de instalarse en nuestras vidas cotidianas mientras hacemos inmersión en la que será la semana decisiva para conocer las dosis de colores y el mapa de probabilidades para conformar la macedonia gubernamental. 

Las del 28A no son unas elecciones legislativas más, el auge de la ultraderecha, de su capacidad para contaminar la agenda política, de propagar su discurso supremacista y de ideología antifeminista convierten esta cita electoral en una encrucijada en la que tendremos que decidir entre transitar por espacios y relaciones de convivencia democrática, superando sus déficit y emergencias sociales, o adentrarnos en la senda de la regresión e involución social. 

Ni el ruido, ni la estridencia a lo 'macho-man' son casuales, obedecen a una pauta predeterminada para conectar con la frustración, la ira y el miedo, silenciando los programas electorales y cualquier debate sobre las consecuencias que tendrían en nuestras vidas la supresión de la malla de seguridad de los derechos sociales básicos. Cada espumarajo y ocurrencia escandalosa actúa cual cortina de humo para pasar de puntillas por los temas que más afectan a nuestras condiciones de vida, y ya no podremos decir que no lo vimos venir; la alianza trifacha andaluza debería ser un recordatorio de lo cerca que resuenan los Trump, Salvini, Orbán o Le Pen. 

A la ultraderecha se la combate desde la democracia; es el camino que decido transitar y en el que nos vamos encontrando muchas personas, desde la movilización feminista y social, las instituciones, espacios de autogestión, de participación directa y también de representación. 

Los programas electorales construyen relatos, en algunos de ellos se intuyen compromisos, más o menos serios, ante el cambio climático, la consideración del feminismo como motor de igualdad y la defensa de los derechos sociales; otros, en cambio, plantean restricciones directas de los derechos humanos. 

Hemos aprendido que no todo vale, y en esta campaña convendría tenerlo en cuenta porque en ocasiones hay que hilar fino para desenmascarar lo que se esconde tras algunas de las medidas electorales. Creo que una cuestión de mínimos vitales es que, cada quien, desde su posición ideológica y su deseo de modelo de sociedad busque aquellas propuestas con las que pueda identificarse. En este sentido, reconozco que suelo prestar atención a tres cuestiones que para mí son fundamentales. Primero me fijo en qué papel se desprende de las expectativas dirigidas a las mujeres y las niñas, cómo se plantean los marcos de convivencia y a qué se espera que respondan sus vidas, en qué medida se conforma el criterio utilitarista sobre ellas para satisfacer o no las necesidades y deseos de otros grupos poblacionales. El máximo exponente de este aspecto al que me refiero es cómo algunos partidos introducen la mercantilización de procesos biológicos, aún cuando la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida dice explícitamente que “será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero”. Lo siguiente que observo es la configuración de los derechos sociales y el compromiso explícito con los mismos, desde el nivel mínimamente aceptable de defensa y refuerzo de los derechos existentes al avance significativo de ampliar los derechos fundamentales para que respondan a la satisfacción de las necesidades humanas. Lo reconozco, me motiva la posibilidad de un nuevo proceso constituyente, a través de una nueva generación de derechos básicos que asienten las bases de un nuevo modelo de sociedad en el que contribuyamos colectivamente al cuidado de todos los procesos que sostienen la vida. El tercer aspecto que suscita mi interés es el programa económico y más específicamente la potencialidad de justicia redistributiva y equidad de género implícita en sus medidas. 

Quiero imaginar que conseguimos activar olas de dignidad yendo a votar el 28A, por otras realidades vivibles y posibles de alcanzar, por nuestras madres, hermanas, hijas y nietas, por el derecho de todas a vivir vidas plenas, sin violencias, en los centros de trabajo, en las universidades y centros de enseñanza, en los mercados, en los barrios y en los hogares. 

Hay mucho en juego este 28A y creo que aún tenemos margen para gestionar las incertidumbres hacia transiciones justas.

El desigual reparto de las responsabilidades de cuidados está en el origen de las desigualdades de género existentes, y aún así, en el debate en torno a los cuidados y, específicamente, en el de los permisos por nacimiento, se dan contradicciones y tensiones discursivas que discurren desde el reclamo auspiciado desde el binomio mujer-madre a la necesidad de implicación efectiva de los hombres en el cuidado infantil. De dicho debate salen propuestas y alternativas diversas, ni todas conducen a una transformación social, ni mucho menos a situaciones de justicia redistributiva -de género, social y ecológica-. La cuestión a dirimir es si estamos realmente en condiciones de imaginar una organización socioeconómica más allá del ‘orden de género’ que conforma el estatus quo patriarcal y, en cuyo caso, cómo articular dicho cambio para subvertir la división sexual del trabajo.

Durante estos 10 años de crisis-estafa ha ido permeando la trampa patriarcal de privatización de los cuidados. El enfoque neoliberal de las políticas y el mayor calado de su mito de la libre elección explican que muchas mujeres hayan asumido el coste asociado a la realización de los trabajos en los hogares, esto es, cuidados, actividades domésticas, relaciones psicosociales, etc. Hay quien dice hacerlo porque quiere y/o porque así lo ha elegido, ya sea por satisfacción, amor, gratitud, reciprocidad o culpabilidad; sin embargo, las situaciones individualizadas no deberían servir de excusa para obviar el trasfondo real. Las necesidades de cuidado no se resuelven por sí solas ni existen ‘manos invisibles’ que se encarguen de hacerlo. Cuando se cierran los servicios públicos, se minoran las plazas de educación infantil, se reducen los salarios o la falta de ingresos no permite acceder a contratar un servicio de proximidad, alguien del entorno familiar -más o menos extensa- tendrá que dedicar tiempo y afecto para atender al bebé, a la abuela con alzheimer o a quien sea la persona que necesita cuidados; la tendencia de que todo esto recaiga exclusivamente sobre las mujeres es debida a la inercia aprendida de los roles de género, más que una supuesta subversión elegida.

La forma en que se organiza la atención al cuidado infantil y, particularmente, el sistema de permisos por nacimiento (maternidad/paternidad) transmite las expectativas y pautas de comportamiento respecto a quién se espera que se dedique al cuidado asumiendo tiempo y energía y a cambio de qué; por ello es uno de los ejemplos de políticas públicas más relevantes en la búsqueda de cómo influir en la transformación de los roles y estereotipos de género. ¿Sería posible crear un imaginario en el que los hombres sean también personas cuidadoras y no sólo colaboradores eventuales? Y de ser así, ¿no sería este un buen punto de partida para la democratización de los hogares y entornos familiares?

Los permisos por nacimiento son una pieza dentro de las posibles políticas género-transformativas con potencial para diluir la división sexual del trabajo y actuar como palanca del cambio social en clave de equidad de género. El aspecto relevante está en cuando confluyen en su diseño las características de ser un derecho individual (es decir, personal y no familiar), intransferible (solo puede ser usado por quien es titular del derecho) y plenamente remunerado (al 100% de la base salarial), convirtiéndolos en un factor acelerador del cambio de comportamiento masculino, aumentando su tiempo dedicado a los cuidados y minorando también el del trabajo remunerado. Y es también la vía de entrada de la implicación masculina en los cuidados de personas adultas. No es solo una intuición, sentido común o una opinión personal, las evidencias de los estudios existentes y el análisis comparado a nivel europeo confirman que los hombres usan su permiso por nacimiento cuando es intransferible y está bien remunerado. Lo usan y agotan la totalidad del tiempo al que tienen derecho, el de ellos propio, es decir, el que no afecta a la duración del permiso que tenga derecho la madre. Esta pauta está tan contrastada que es muy difícil rebatirla atendiendo a cuestiones objetivas, por lo que su crítica obedece a otros motivos.

La propuesta de equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, tal y como se argumenta desde hace tiempo por la PPiiNA, es decir, iguales, intransferibles y plenamente remunerados, va más allá de la simple ampliación de la duración del permiso intransferible para los padres (u otra persona progenitora); se trata de equiparar, es decir, de iniciar un proceso de ampliación de derechos para que los permisos por nacimiento sean iguales, intransferibles y plenamente remunerados para cualquier persona progenitora, independientemente de cómo se constituyen los núcleos de convivencia familiar. Esta propuesta de reforma legislativa está avalada también por el cálculo estimativo de su coste total (sobre 1.500 millones) que resulta fácilmente asumible y aún más si el proceso de equiparación se realiza de manera gradual durante un periodo de 6 años años empezando por las primeras seis semanas (a razón de 200 millones adicionales cada año).

Hasta ahora, en ningún país del mundo se da esta configuración igualitaria de los permisos por nacimiento como tampoco existe la igualdad de género; eso no la hace menos posible, aunque sí es un indicativo del calado de las resistencias patriarcales. La (des)igualdad de los permisos por nacimiento es una vindicación más de la agenda feminista, porque traslada una desigualdad estructural que nos afecta a todas y que urge desmontar para avanzar hacia otro modelo de sociedad, más humana, entre pares, de personas proveedoras y también cuidadoras, en igualdad.

La propuesta de equiparación de los permisos de maternidad y paternidad tiene amplio respaldo social aunque hasta el momento no había sido refrendada en el parlamento; tras el veto del anterior gobierno de M. Rajoy, el nuevo gobierno de P. Sánchez acaba de posibilitar que este debate vaya por fin al parlamento; hay diferentes posibilidades y no todas tendrían el mismo efecto. También tiene detractores/as; hay quien se resiste a hacerla efectiva esgrimiendo motivos que van desde el cuestionamiento a la simetría de género que conlleva la equiparación plena de los permisos por nacimiento e incluso quien plantea que sería una amenaza para la mejora y ampliación de los derechos de las madres; también hay quien pone el acento en que al tratarse de una prestación contributiva la aprobación de los permisos igualitarios podría reforzar un determinado productivismo y, por otra parte, también hay quien pretende banalizar la propuesta al considerar que se trata de una pieza tan pequeña de políticas públicas que no tendría capacidad para cambiar el sistema, etc. Sin pretender entrar a contrargumentar detalladamente todas ellas, me parece especialmente relevante mencionar tres cuestiones, empezando por la que afecta al sentido mismo del principio igualdad, el de tratamiento igualitario, básico de nuestro ordenamiento jurídico. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por uno de los nueve padres, asesorados por la PPiiNA, ya que, como el propio TC dictamina: “el asunto suscitado plantea una cuestión jurídica relevante y de general repercusión social”; no es para menos, porque el mismo hecho causante, esto es, ser padre o madre con mismo tiempo de cotización social exigido, no origina el mismo derecho laboral en forma de prestación contributiva por paternidad.

¿Cómo es posible que una propuesta de ampliación y equiparación de derechos a los padres —u otros/as progenitores/as— se pueda percibir como una amenaza a los derechos ya existentes de las madres? Si algo nos muestra la perspectiva histórica es que cuando se dan ampliaciones de derechos laborales se provocan sinergias favorables a más avances sociales. Es muy comprensible entender que las 16 semanas de permiso de maternidad resultan insuficientes, ahora bien, ¿cuál es la prioridad y por dónde vamos a empezar el cambio estructural? Francamente, no creo que la ruta feminista consista en el refuerzo de la “naturalización”; soy más partidaria de desnaturalizar y despatriarcalizar los cuidados, diluyendo primero los roles de género y después ir ampliando las duraciones de los permisos retribuidos para todas las personas progenitoras hasta 6 meses intransferibles para cada quien, algo imaginable y posible.

Ninguna política pública tiene la capacidad de cambiar por sí sola el sistema capitalista y patriarcal, aunque la potencialidad género-transformativa de los permisos iguales, intransferibles y plenamente remunerados puede facilitar un proceso de cambio y subversión feminista, así que la pregunta es ¿a qué esperamos?

Según los datos estadísticos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se resuelven antes las demandas de empleo de los hombres que las de las mujeres, relegando a éstas a periodos más largos de desempleo. No se trata de un hecho aislado, es una tendencia que se manifiesta más intensamente en estos últimos tres años y que explica que desde septiembre de 2013, el paro masculino se haya reducido más del doble que el femenino: un 8,4% frente a un 3,5%.

La gráfica muestra que, mientras disminuye el porcentaje de las demandas de empleo masculino pendientes de resolver (del 48,5% al 46,6% entre 2012 y 2014 respectivamente), aumentan las demandas femeninas de empleo pendientes (del 51,5% al 53,4% para el mismo periodo), incluso las de mayor preparación y niveles de estudios, y aún más a mayor antigüedad del registro de la demanda de empleo. A partir de los 6 meses, las demandas de empleo de las mujeres se demoran en mayor medida que las de los hombres; según los datos del pasado mes de septiembre, 865.855 mujeres llevaban más de dos años esperando a resolver su situación de demandantes de empleo, respecto a los 644.853 hombres.

Llueve sobre mojado, porque la tendencia que muestra el SEPE lo que hace es agravar la penalización ya existente sobre el empleo de las mujeres. A la discriminación estadística que afecta a todas las mujeres, por las desiguales responsabilidades derivadas de la maternidad y los cuidados, a la negativa del gobierno español a avanzar en corresponsabilidad, hay que añadir también la gestión sesgada de los recursos de (des)empleo.

Y sin embargo, en el actual contexto de expansión de la precariedad laboral, de menores servicios públicos de atención a las necesidades básicas de las personas y de la drástica reducción de prestaciones económicas que padecemos, las mujeres se resisten a abandonar completamente el mercado laboral. Son ellas quienes están asumiendo de manera más activa el mantenimiento de la subsistencia familiar, provocando un cambio progresivo en las estructuras familiares: el modelo tradicional de 'ganapán masculino' -hombre como único sustentador económico en familias biparentales heterosexuales- pierde peso significativamente mientras hay una mayor incidencia del papel de las mujeres como proveedoras económicas, solas y también en familias de doble ingreso, aunque en condiciones de mayor esclavitud laboral. ¿No es tiempo ya de cambiar esta hoja de ruta discriminatoria?

Si el trabajo remunerado no alcanza para todas las personas que están disponibles para el empleo, por qué no modificar el criterio de reparto del mismo, reduciendo la parte del tiempo que comprometemos laboralmente en nuestras vidas.

El reparto del trabajo representa, hoy por hoy, una alternativa necesaria para la redistribución de los recursos y la riqueza desde otro paradigma, basado en la equidad de género y la solidaridad intergeneracional.

Es puro sentido de común y por ello, precisamente, resulta fácilmente entendible. Si el trabajo remunerado no alcanza para todas las personas que están disponibles para el empleo, por qué no modificar el criterio de reparto del mismo, reduciendo la parte del tiempo que comprometemos laboralmente en nuestras vidas. Según los datos de la última EPA, de los 22,8 millones de población activa que hay en el Estado Español, 6,2 no consiguen empleo. ¿Qué impide pasar de la jornada laboral máxima de 40 horas a otra de 25 o 30 horas máximas a la semana? Francamente, creo que nos iría mejor si pensásemos en clave de inversión, en qué capacidades y perspectivas estamos sembrando para el futuro; en cuál es la herencia social, económica y medioambiental que estamos traspasando.

Hay quien dice que una propuesta como esta no cuajaría porque parte de la 'clase trabajadora' se resiste a reducir su nivel de ingresos. En mi opinión, esta es una más de las muchas falacias con las que el sistema capitalista pretende mantener su propio 'estatus quo'. Es la estrategia del 'divide y vencerás' de toda la vida: fomentar la rivalidad y división de intereses, entre quienes precisan de una renta del trabajo para subsistir; asentando, al mismo tiempo, la tradicional división sexual del trabajo.

El desigual impacto de la crisis sobre las mujeres pone en evidencia la persistencia de brechas de género en el empleo (trabajo remunerado) y en el trabajo no remunerado; algo que al sistema heteropatriarcal, que sostiene a este capitalismo depredador, le va muy bien y que delimita las posibilidades reales de las mujeres de desarrollar sus proyectos de vida, cercenando sus oportunidades de acceder a una renta de trabajo.

Mientras las políticas neoliberales continúan con el expolio de derechos y recursos, la división sexual del trabajo se intensifica y precariza aún más. El desmantelamiento de servicios públicos destinados al cuidado de personas dependientes, menores y personas adultas deriva la responsabilidad de los cuidados en la reconcentración familiar y esto, en la práctica, quiere decir que son las mujeres quienes vuelven a asumir este mayor trabajo -no remunerado-.

De cómo las manipulaciones de economistas ultraortodoxos no tienen límite...

Recientemente se ha desmontado una de las grandes estafas ideológicas que ha sustentado el austericidio ejecutado por la troika europea. Un trabajo académico firmado por Reinhart y Rogoff insiste en que la deuda pública por encima del 90% del PIB provoca un crecimiento negativo de -0,1%; y este análisis se está utilizando por el FMI y la troika cual 'mantra neoliberal'; con ello justifican los planes de reducción de la deuda pública vía recortes presupuestarios y los planes de austeridad.

Los efectos del fundamentalismo del déficit cero no se han hecho esperar; la profundización de la crisis arroja ya, en el Estado Español, una tasa de desempleo que supera el 27%, una tasa de desempleo femenina superior a la media y la descapitalización de una sociedad con más del 57% de su población joven, formada y que debería estar tomando el relevo productivo, en situación de desempleo y sin perspectivas. El artículo mencionado, y las conclusiones recogidas en el mismo, ha sido refutado al descubrir que contenía sesgos y errores de cálculo importantes. Resultaría hasta cómico, de no ser por las dramáticas consecuencias que está provocando y la involución social que trae consigo. Porque veamon, ¿quién va a asumir la responsabilidad de haber creado en el sur de Europa la nueva zona de 'low cost' salarial de occidente?

Mucho me temo que nadie lo hará. Más bien lo contrario; porque están preparando dosis mayores de la misma medicina. Ya han empezado a transmitir que el aumento de la esperanza de vida, lejos de poder ser interpretado como un reflejo de la mejora de condiciones sociosanitarias desarrollada durante el pasado siglo, será el factor de penalización con el que las políticas neoliberales pretenden desmontar el sistema público de pensiones. Tal vez consigan inculcar el miedo suficiente para que haya quien se trague la mentira de que como vivimos años 'por encima de nuestras posibilidades' tendremos que trabajar durante más años y cobrar un importe menor una vez nos hayamos jubilado.

Sin embargo, la indignación y el hartazgo social frente a esta podredumbre sigue creciendo y en mi opinión, algo se empieza a resquebrajar.

La resistencia se manifiesta cada vez de manera más explícita entre quienes sabemos que, en el largo plazo, hay una relación directa entre la igualdad, el desarrollo y la sostenibilidad de la vida. Y es, precisamente, este eje de cambio lo que nos puede permitir transformar no solo el modelo de producción actual, sino sobre todo el modelo de sociedad. ¿Y si en vez de seguir permitiendo que crezcan la rivalidad y la competencia nutrimos activamente la reciprocidad y la cooperación como germen de un proceso de devolución social? ¿Y si decidimos apostar por construir proyectos de vida plena, en los que la división sexual del trabajo sea algo completamente desterrado y la violencia estructural un lamentable fantasma del pasado?

El momento es ahora; no habrá otro más oportuno.

Tenemos un gran poder transformador en las iniciativas ciudadanas, en las estrategias de economía social y solidaria y en algunas experiencias desarrolladas desde la gestión colectiva, por ejemplo. Necesitaremos también apropiarnos del poder político para conseguir reorientar el marco de actuación hacia la igualdad efectiva. ¿Por qué no empezar por el reparto del trabajo (remunerado y no remunerado) en clave de equidad? Soy de las personas que piensan, como muchas otras activistas feministas, que necesitamos igualdad de género para otro modelo de sociedad.