El BOE de hoy recoge un decreto ley que entra en vigor mañana 31 de marzo y que, entre otras muchas medidas, aprueba el descuento de 20 céntimos el litro de combustible, sube el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y aprueba decenas de ayudas para empresas. Pero, además, en medio de todas esas medidas, permite a las tiendas y supermercados limitar cuántos productos puede llevarse cada comprador. Lo hace en un contexto de escasez de algunos productos por los problemas del transporte y la falta de suministros.

Hasta ahora, la ley del comercio minorista establecía que los comerciantes no podían limitar la cantidad de productos que puede llevarse cada consumidor. Y que, si no hay existencias suficientes, se deben vender a quien llegue primero.

Pese a ello, en numerosas ocasiones hemos visto en tiendas y supermercados límites a las cantidades que se pueden comprar. De hecho, lo estamos viendo estos días con productos como el aceite de girasol.

Lo que hace la norma hoy es dar vía libre a esa práctica ya extendida, incluyendo un punto en ese artículo que permite que, de forma excepcional y “cuando existan circunstancias extraordinarias de fuerza mayor”, podrán limitar la cantidad de artículos por persona. Eso sí, esa medida debe estar justificada (aunque no aclara ante quién ni cómo) y solo “cuando sea necesario evitar el desabastecimiento” y garantizar el acceso a los productos de forma equitativa.

En paralelo, el decreto ley permite que las empresas que tengan que sustituir ingredientes que escaseen por otros similares puedan cumplir las normas de etiquetado con pegatinas o códigos QR que sustituyan las etiquetas actuales de sus productos.

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El BOE de este martes 14 de enero recoge un convenio, firmado en diciembre, para que la Fundación Santa Cruz del Valle de los Caídos cuente con la asistencia jurídica de la Abogacía del Estado, esto es, que abogados del Estado le representen en posibles litigios. El documento aclara que la Fundación no pagará nada por este servicio, al contrario que otras fundaciones públicas. El Gobierno de Pedro Sánchez propuso, en la anterior legislativa, transformar esta entidad, cuya gestión en la actualidad cuelga de Patrimonio Nacional.

Como todos los convenios de asistencia jurídica de este tipo, los abogados del Estado no podrá representar a esta Fundación en el caso de que se enfrente, en los tribunales, contra el propio Gobierno. Así pasa también en un acuerdo similar entre la Abogacía del Estado y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Con una diferencia: el CTBG sí paga por esa asistencia jurídica. En concreto, 20.000 euros anuales. De hecho, esta entidad, encargada de vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, ha gastado más de 287.000 euros en defenderse de recursos, la mayoría de administraciones públicas, cuando ocurre justo eso: que se enfrentan al propio Gobierno y, por tanto, la Abogacía del Estado no puede representarles.

También otras fundaciones públicas similares a la del Valle de los Caídos tienen que tirar de su propio presupuesto. Tres ejemplos recientes: la Fundación Universidad-Empresa de Valencia, dependiente de la universidad de la ciudad, paga 20.000 euros al año; la Fundación Pública de Servicios de la Cueva de Nerja, encargada de cuidar esa instalación, 25.000; y la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, 3.000.

La Fundación Santa Cruz del Valle de los Caídos fue creada por el dictador Francisco Franco en 1957. En 1982, se reformó para que su patronato dependiera de Patrimonio Nacional, pero el Tribunal de Cuentas ha criticado la poca claridad de la relación económica entre ambos organismos y la opacidad de sus cuentas. De hecho, hace un año, Patrimonio Nacional decidió no transferir fondos al Valle hasta que presentara cuentas “veraces”.

El coste de este convenio gratuito se suma a las obras de mantenimiento sufragadas por Patrimonio Nacional y a las transferencias directas que reciben, de 340.000 euros anuales. El convenio publicado hoy en el BOE durará un año -con posibilidad de prórroga por otro más.

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El BOE de hoy recoge el Decreto Ley aprobado el pasado viernes, en el penúltimo Consejo de Ministros del Gobierno en funciones antes de las elecciones, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. Este título, que entra en vigor mañana, se traduce en la modificación por vía de urgencia -sin pasar por el Congreso- de seis leyes y un Decreto Ley.

El texto obliga a que los servidores que contengan ciertos datos personales recogidos por las administraciones públicas, así como sistemas de identificación y firma electrónica, estén alojados en servidores europeos -excepto en el caso de que haya acuerdos internacionales que lo permitan-, además de permitir el cierre sin audiencia previa de cualquier servicio de comunicaciones electrónicas -público o privado- en casos de amenazas graves para el orden público, entre otras medidas.

El objetivo de esta norma, según el propio presidente Pedro Sánchez, es evitar lo que se ha venido en llamar la República Digital Catalana. “Ni habrá independencia offline ni online”, anunció horas antes de su aprobación. Pero lo cierto es que, mas allá de la coyuntura actual, la norma afecta a todas las administraciones públicas.

De hecho, el preámbulo del Decreto Ley evita mencionar la situación en Cataluña. Justifica su aprobación por, entre otras razones, “los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español”, pero sin aclarar a cuáles se refiere. Así, más allá de que se haya lanzado a la opinión pública como una respuesta a los movimientos del independentismo en el ámbito digital, afecta no solo a todas las administraciones públicas, sino también a todos los servicios de comunicaciones electrónicas, no solo los públicos.

Servidores europeos para datos personales públicos

La norma obliga a que estén alojados en servidores europeos -y, en casos de protección especial, solo en España- todas las bases de datos o recursos que gestionen información del censo, padrones, otros registros de población, datos fiscales, datos del Sistema Nacional de Salud o tratamiento de esos datos personales. Esto es, no obliga a que todos los servidores que usan estas entidades estén en Europa, solo aquellos que traten ese tipo de datos. Y tiene excepciones: se permite siempre que el Estado haya firmado acuerdos internacionales de cesión de datos, por ejemplo.

La misma obligación, destinada según el Gobierno a vetar el uso de “paraísos digitales”, aplica a los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de sistemas de identificación o firma electrónica que usen los ciudadanos para relacionarse con lo público: deben estar en servidores europeos. En este sentido, establece que el DNI es el único documento que permite acreditar a un ciudadano “a todos los efectos”, lo que veta el posible uso de otros sistemas de identificación, y que, aunque las comunidades autónomas pueden crear sistemas de firma electrónica propios y distintos a los del Estado, tal y como reconoció el Tribunal Constitucional, esos sistemas paralelos tienen que ser autorizados por el Gobierno. Y esas autorizaciones pueden ser denegadas por motivos de seguridad pública.

Además, veta el uso de tecnologías de registro distribuido, como el blockchain, para estos sistemas. Al menos, hasta que la Unión Europea regule hasta qué punto se pueden usar estas tecnologías en los procedimientos públicos.

En ambos casos, tanto en los datos personales recogidos en el ámbito de lo público como en los sistemas de identificación y firma, se prohíben de forma expresa las transferencias a terceros países u organizaciones internacionales (excepto, de nuevo, cuando un acuerdo internacional del Gobierno las contenga de forma explícita). Y da a todas las administraciones públicas seis meses para cumplir esta obligación. Es decir, todas las entidades públicas que tengan alojados en servidores fuera de la UE este tipo de datos o sistemas de identificación de ciudadanos españoles tienen seis meses para moverlos.

Cancelación de contratos y cierre del grifo

Para hacer que se cumplan estas medidas, el Decreto Ley establece dos vías: control de contratos públicos y cierre del grifo de transmisión de datos.

Los contratos públicos que supongan cesión de datos personales deberán contar en sus pliegos con información explícita sobre para qué se van a usar e incluir la obligación por parte de la empresa contratada de firmar que se somete a la legislación española y europea en protección de datos y de informar de la ubicación de los servidores que use. Que no se cumplan estosn requisito supondrá la cancelación del contrato y, además, la prohibición a la firma contratada de volver a firmar contratos con administraciones públicas.

Así, la responsabilidad no está solo en el lado de lo público, sino que las empresas deberán conocer y cumplir también estas condiciones si no quieren ser vetadas en un futuro. Por ejemplo: si una administración no incluye en los pliegos para qué se van a usar los datos, la empresa que reciba el contrato también será responsable, aunque no los haya redactado ella.

Estas obligaciones aplicarán a todos los contratos iniciados a partir de la entrada en vigor del Decreto-Ley y a las posibles prórrogas o modificaciones de los ya iniciados. Además, las administraciones públicas deberán informar al Gobierno, en tres meses, de todos los que ya estén vigentes.

La segunda medida pasa por obligar a las administraciones a informar de cualquier uso de este tipo de datos -como los del padrón, por ejemplo- distinto al establecido de forma original. Además, permite que el Estado suspenda su transmisión a otras administraciones de forma cautelar por motivos de seguridad nacional.

Cierre de sistemas de comunicaciones electrónicas sin audiencia previa por ‘amenaza del orden público’

Pero el Decreto Ley no establece obligaciones solo para administraciones públicas y sus contratistas, sino que va más allá. Una de las leyes que modifica es la de Telecomunicaciones. Y lo hace para permitir que el Gobierno intervenga o cierre cualquier servicio o red de comunicaciones digitales -como páginas web- en situaciones de amenaza del orden público.

Y aclara, para que nada quede fuera de ese control, que la facultad de intervenir servicios o redes podrá afectar a “cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red”.

Así, si antes ya se podía ordenar el cese de urgencia y sin audiencia previa de forma cautelar de cualquier tipo de comunicación digital -excepto las que tienen que ver con los medios periodísticos, que se regulan por otras normas- por razones de seguridad pública, protección civil, emergencias, defensa de la vida humana o interferencia con otras redes, ahora las razones son mucho más amplias. El Decreto Ley añade la “amenaza inmediata y grave para el orden público” y la “seguridad nacional”.

Esta nueva redacción, que abre la puerta al cierre de webs que puedan estar, según el Gobierno, poniendo en peligro el orden público, no se queda ahí. El Gobierno ha aprovechado este Decreto Ley para añadir otra justificación al cierre exprés de páginas web u otros servicios de comunicaciones digitales: “Cuando cree graves problemas económicos u operativos a otros proveedores o usuarios de redes o servicios de comunicaciones electrónicas o demás usuarios del espectro radioeléctrico”.

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El BOE de hoy recoge el Decreto-Ley de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. La norma, aprobada el pasado viernes y que ha retrasado su publicación en el boletín hasta hoy, amplía el permiso de paternidad a ocho semanas. Por esa razón, tenía en vilo a muchas personas que estaban, estos días, a punto de ser padres. Y lo que ha acabado pasando aplaza aún más su entrada en vigor, la clave para saber quiénes podrán disfrutar de ese permiso extra de tres semanas, dependiendo de cuándo nazcan los niños: esos puntos del Decreto-Ley no lo hacen mañana, como el resto de los artículos, sino el 1 de abril.

La disposición final explica que entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, mañana 8 de marzo. Pero el apartado tercero de esa misma disposición plantea una excepción: los puntos que amplían el permiso por paternidad, que no se aplican hasta 1 de abril. Se trata de los apartados: artículo 2 apartado 12 (reforma del Estatuto de los trabajadores), artículo 3 apartado 3 (reforma del Estatuto del Empleado Público) y artículo 7 apartados 7 y 8, que amplía a los padres las bonificaciones en la cuota de autónomos durante el permiso por nacimiento de hijos y a su regreso al trabajo. Ninguno de ellos entra en vigor antes del 1 de abril.

Esas 16 semanas, que son intransferibles, se alcanzarán de forma progresiva: 8 en 2019 (la ampliación que esperan muchos futuros padres ahora mismo), 12 en 2020 y 16 en 2021. Los puntos que regulan esa aplicación paulatina son el artículo 2, apartado 18 (para todos los trabajadores); y el artículo 3, apartado 4 (para los empleados públicos). Ambos dependen de los artículos que amplían a 16 semanas, los que no son efectivos hasta el 1 de abril. Eso es: si no es efectiva la ampliación a 16 semanas, su aplicación progresiva, que depende de ella, tampoco puede serlo.

Así, tal y como está redactado el texto (de forma muy poco clara, todo hay que decirlo), la ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas no entra en vigor mañana, como sí lo hacen las medidas contenidas en el resto del Decreto-Ley, sino que se aplicará a los padres de niños nacidos a partir del próximo 1 de abril, dentro de más de tres semanas. También para los empleados públicos.

A partir de entonces, de las ocho semanas de permiso, dos serán obligatorias y a jornada completa a partir del nacimiento, para pasar a 4 de 12 en 2020 y 6 de 16 en 2021, cuando se igualen con las de la madre. Si ambos progenitores trabajan, el resto se puede aplicar de forma ininterrumpida o cuando se considere -en bloques mínimos de una semana y avisando al empresario con 15 días- hasta que el menor cumpla un año.

Un fallo puede frenar que se cobren los sueldos a tiempo

Pero decidir utilizar la parte no obligatoria del permiso por partes, y no toda seguida, puede provocar que el sueldo (que paga la Seguridad Social) no llegue a fin de mes. Y es que, además de los retrasos en su publicación y aplicación, que el Gobierno relaciona con problemas informáticos y presiones de los empresarios, su puesta en marcha no está del todo lista. Tal y como adelanta el Real-Decreto, y hasta que el sistema informático no se adapte a las modificaciones aprobadas, en caso de interrupciones, no se pagará el subsidio hasta que se disfrute todo el permiso.

Esto es, si una mujer decide gastar cuatro de las diez semanas de libre uso un mes, pero guardar el resto para más tarde, no cobrará nada ese mes. Y no lo hará hasta que gaste las 16 semanas totales. Al menos hasta que el sistema informático esté listo para poder ir pagando por partes.

Los permisos se ampliarán en una semana por progenitor en caso de partos múltiples (una por cada niño a partir del segundo) o discapacitados. Hasta ahora, esas circunstancias ampliaban en dos meses el periodo de descanso para la madre.

Sin los dos días tras el parto

Otra de las novedades que no se explicaron en Consejo de Ministros y que conocemos solo tras analizar a fondo la letra pequeña del Decreto Ley es que elimina los dos días de permiso tras el nacimiento (cuatro en caso de desplazamiento). Esta supresión sí se aplica mañana, aunque los permisos de paternidad nuevos no lo hagan. Esto significa que los padres de nacidos entre mañana y el 1 de abril tendrán cinco semanas, como hasta ahora, pero perderán los dos días de permiso tras nacimiento. Eso sí, aclara que, en caso de parto prematuro con falta de peso o cuando el recién nacido necesite hospitalización durante más de siete días por alguna condición clínica, el permiso se amplía tantos días como necesite estar ingresado hasta un máximo de 13 semanas.

La norma, además, amplía al otro progenitor, al que no está dando el pecho, la hora de reducción de jornada pagada (junta o en dos bloques de media hora) hasta que el menor tenga nueve meses. Lo hace al modificar “permiso de lactancia” por “permiso de cuidado del lactante”. Esta medida no solo beneficia a los nuevos padres biológicos, sino también a aquellos que lo son por acogimiento o adopción.

En este caso, hay diferencias entre lo que se ha aprobado para los trabajadores públicos -incluidos los laborales- y el resto. En el caso de los funcionarios, se sigue hablando de “permiso de lactancia” y no aclara si aplica a ambos progenitores. Eso sí, amplía esos nueve meses a 12. Quienes no sean empleados públicos también podrán ampliar la reducción de jornada a 12 meses si ambos lo hacen, pero en los últimos tres se les reducirá el sueldo.

Control de salarios para evitar diferencias por género

Además de la regulación de permisos por nacimiento, el Decreto-Ley introduce otras reformas destinadas a frenar la brecha salarial. Todas las empresas deberán contar con un registro de retribuciones medias desagregados por sexo, por categorías y por puestos de trabajo de igual valor (funciones y requisitos de acceso equivalentes), que permitan evaluar si existen discriminaciones. Los trabajadores, vía sus representantes laborales, podrán tener acceso a esos datos. Además, si hay diferencias de más del 25% entre géneros para un mismo puesto, las empresas de más de 50 trabajadores deberán justificar esas diferencias en el propio registro.

En paralelo, modifica los planes de igualdad. Si hasta ahora las empresas de más de 250 trabajadores estaban obligadas a aprobar uno, ahora lo están las que superen los 50. Las compañías tienen un año (para las de más de 150 empleados), dos años (entre 100 y 150) y tres años (entre 50 y 100) para llegar a un acuerdo con los trabajadores, firmarlo y enviarlo al nuevo registro de planes de igualdad.

El Decreto-Ley especifica y amplía el contenido de esos planes, incluyendo conceptos como la auditoría salarial, pero el detalle y cómo será el futuro registro se dejan para una norma posterior, a desarrollar en los próximos seis meses.

La norma incluye otras medidas como la obligación del empresario de ofrecer una alternativa o justificar por qué no acepta una modificación de jornada, o el trabajo a distancia, para fomentar la conciliación de los padres. Además, si los dos progenitores piden una excedencia igual por cuidado de menores, su puesto de trabajo quedará reservado durante los primeros 18 meses y no 12.

Además, a partir del 1 de abril, los cuidadores no profesionales de dependientes dejarán de pagar las cuotas a la Seguridad Social, que volverán a quedar a cargo de lo público.

El BOE de hoy recoge seis indultos aprobados el pasado viernes en Consejo de Ministros, entre ellos, el concedido a Ángel Vadillo Espino, actual alcalde de Alburquerque, una pequeña población de la provincia de Badajoz. Vadillo fue condenado en 2012 por obstrucción a la justicia y amenazas, tras advertir a una vecina que había recurrido la construcción de un edificio que, si no se retiraba, desvelaría con quién mantenía relaciones sexuales.

Tras la condena en firme, en 2012, Vadillo fue dado de baja del PSOE, tal y como marcan sus estatutos. Pero en 2015, con la ejecución de la condena suspendida pendiente de la resolución del indulto, se volvió a presentar a las elecciones (esta vez bajo las siglas de su propio partido) y fue reelegido, cargo que ocupa a día de hoy.

Amenazas en el mensaje navideño del alcalde

Los hechos ocurrieron en 2010. Según narra la sentencia, Vadillo amenazó a una vecina “para que retirara la denuncia contra él”. Para hacerlo, continúa el fallo, puso a su servicio “todos los medios propios de su condición de Alcalde, frente a una ciudadana particular”: lo hizo en el mensaje navideño que retransmitieron los medios locales en Nochebuena, lo repitió los días 27, 30 y 31 de esas navidades y llegó a darle 15 días para que se retirara “bajo la amenaza de desvelar una relación sentimental de aquella que había mantenido con un dirigente del Partido Popular ya fallecido”. También lanzó esas amenazas en la revista local La Glorieta, y envió como mensajera a una trabajadora social del Ayuntamiento para que le transmitiera que fuera a verle para solucionar el problema de forma privada. La mujer abandonó el pueblo y se fue a vivir a Bilbao.

Un juzgado de lo Penal de Badajoz le condenó a dos años de cárcel, una pena que ascendió a dos años y medio tras pasar por la Audiencia Provincial de Badajoz. Vadillo ha llegado a ponerse en huelga de hambre contra una sentencia que consideraba injusta y siempre ha mantenido que se trata de una cacería política contra él. Pero la sentencia considera que no hay información que demuestre esa teoría: “Carecen de apoyatura fáctica y probatoria los alegatos referidos a una supuesta confabulación política para desbancar del poder al encausado”.

Tras la sentencia, el PSOE le dio de baja del partido, como marcan sus estatutos, pero siguió ejerciendo como alcalde gracias al apoyo de los concejales socialistas y bajo las siglas de su propio partido, la Organización del Pueblo Obrero (ORPO).

La condena incluye la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, lo que supone que no podía volver a presentarse a las elecciones. Pero, tras pedir el indulto, su ejecución quedó suspendida y se presentó a las municipales de 2015 bajo las siglas de ORPO. Ganó y es el actual alcalde.

El indulto rebaja su pena de dos años y medio a dos años, lo que le permitiría evitar la entrada en prisión, pero no elimina la inhabilitación para presentarse a las elecciones. Así, si se empieza a ejecutar ahora, no podrá presentarse a las municipales de este año.

Este no es el único indulto que el Gobierno socialista ha sacado del cajón tras su llegada al Gobierno, y que llevaba años pendiente de resolución. En el pasado Consejo de Ministros también se aprobaron los de Carlos Rivas y Serafín Rodríguez, condenados a tres años de cárcel por participar en un piquete.

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El BOE de hoy recoge el decreto que desarrolla la reforma de la Ley de Propiedad intelectual aprobada hace más de un año y volvía a implantar, con pequeños matices, el sistema de canon por copia privada aplicado a aparatos de copia y reproducción de contenidos. Además de establecer los procedimientos para aplicar las excepciones a la tasa, un proceso a cargo de las entidades de gestión, marca qué porcentaje de los derechos debe ir a cada responsable de la obra. Así, en música, el reparto es de un 40% para el autor, un 30% para los intérpretes y un 30% para los productores; en películas, de un tercio para cada uno de ellos; y, en libros y “asimilados” (explicaremos eso más adelante), de un 55% para el autor y un 45% para los editores. En caso de varios autores, serán las entidades de gestión de derechos quienes decidan el reparto.

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada en julio de 2017, recuperó la tasa por la compra de aparatos para pagar derechos de autor, lo que se conoce como “compensación por copia privada”. Volvía al anterior modelo después de que varias sentencias tumbaran el pago del canon vía Presupuestos Generales del Estado al considerar que era injusto que todos los ciudadanos pagaran por las copias privadas.

Pero el modelo de tasa por aparato también había sido cuestionado en los tribunales: ¿por qué todos tenemos que pagar al comprar un disco duro si no todos lo usamos para copiar películas, música o libros? Para intentar evitar un nuevo revés judicial, la reforma del anterior Gobierno estableció excepciones al pago de la tasa (sector público, uso profesional distinto de la copia, usos autorizados de obras con derechos y exportaciones) que se regulan en este decreto publicado hoy u que entrará en vigor el próximo 2 de enero.

Y que llega tarde: la Ley establecía que debía aprobarse antes del pasado 1 de agosto y que, además del procedimiento para aplicar las excepciones (que sí desarrolla), tenía que establecer la tasa a pagar por la compra de cada tipo de aparato, algo que no hace. Así, por el momento, y hasta que se apruebe qué toca pagar por cada CD virgen, impresora o disco duro, el canon vigente es el que se aprobó, de forma transitoria, en la reforma de la ley.

Las revistas digitales también cobrarán del canon

Una de las novedades que introduce este decreto es la definición las “publicaciones asimiladas a libros”, obras que contarán con la misma protección de derechos, y el mismo acceso al canon, que los propios libros. Si en la reforma de la ley se trataba de publicaciones culturales, científicas o técnicas con periodicidad superior a la mensual e inferior a la semestral, sin más matices, el decreto acota y amplía: entrarán en esta categoría aquellas que estén numeradas y fechadas, aunque su publicación sea irregular y, y esto es lo más importante, no aplica solo a las publicaciones en papel.

El texto establece de forma explícita que no importa si se imprimen o aparecen en una web, en ambos casos cobrarán derechos. Así, revistas culturales o científicas online también recibirán un porcentaje del canon por copia privada.

Excepciones y reembolsos

Los fabricantes y distribuidores de aparatos deberán incluir en la factura el importe correspondiente a ese canon y comunicar a la entidad jurídica que agrupe a las entidades de derechos, de forma trimestral, cuántos han venido, con qué canon y a cuáles no se lo han aplicado, ya sea porque se hayan destinado a la exportación o porque les aplique alguna de las excepciones previstas en la norma.

La reforma estableció dos maneras para evitar el pago: a priori (con un certificado de excepción) y a posteriori (sin certificado, pidiendo el reembolso de la tasa). Las entidades del sector público, por el hecho de serlo, están exentas del pago. Para el resto -usos profesionales distintos a la copia y autorizaciones para el uso de obras con derechos-, la encargada de aprobar los certificados de excepción, y los reembolsos, es la entidad que agrupa a las entidades de gestión de derechos.

Para pedir esos certificados no es necesario solo declarar que no se van a usar los aparatos para copia privada y argumentarlo aportando sector de actividad, sino que, en el caso de trabajadores a cargo, todos ellos deben hacer firmado el mismo compromiso. Si se niega o se revoca, y el solicitante está en contra, podrá presentar un conflicto ante la Dirección General de Industrias Culturales y Cooperación, que deberá resolver en un máximo de seis meses. El mismo organismo será el encargado de arbitrar en caso de que las entidades de gestión nieguen un reembolso concreto.

El poder concedido a las entidades de gestión de derechos de autor va más allá. El decreto establece de forma explícita que los fabricantes y distribuidores no podrán alegar el secreto de su contabilidad empresarial cuando estas entidades, encargadas de vigilar que se aplique el canon, quieran revisar sus cuentas.

El decreto, aprobado en el Consejo de Ministros del 23 de noviembre pero que no ha llegado al BOE hasta hoy, obliga a las entidades de gestión de derechos a dedicar un 10% de los cobros por canon a actividades asistenciales y otro 10% a promoción y formación de artistas e intérpretes.

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El BOE de este lunes recoge cinco indultos aprobados en el pasado Consejo de Ministras. Uno de ellos es para Gloria C., una mujer condenada por homicidio a su exnovio después de años de maltrato y, según quedo constatado en la sentencia, que actuó guiada por un “miedo insuperable”.

La medida de gracia rebaja su pena de seis a cuatro años. Los hechos ocurrieron en 2015 y, desde entonces, Gloria está en prisión, por lo que ya habría cumplido parte de la pena y, tras el indulto, podría salir antes de la cárcel.

Fue condenada en enero de este año y, ya en el proceso, se desveló que había sido maltratada, obligada a prostituirse y amenazada de muerte. El día del homicidio, el exnovio arrancó las rejas de las ventanas y entró en su casa para amenazarla. Ella llamó a la policía, pero no denunció. Al rato, el exnovio volvió, y ella le mató.

El propio tribunal ha sido quien ha solicitado el indulto, según consta en el propio decreto. También fue el órgano sentenciador quien pidió la medida de gracia para otro de los indultados hoy, Gonzalo García-Manrique, un notario condenado por falsedad de documento público y que, gracias a la decisión del Gobierno, reduce su pena de tres a dos años y podría evitar la entrada en prisión.

A ellos se suman otros tres indultados, dos de ellos por delitos contra la salud pública (aquí y aquí) y otra por apropiación indebida. Con estos, son 17 las medidas de gracia concedidas este año, ocho por el Gobierno de Pedro Sánchez y nueve por el de Mariano Rajoy, estos últimos todos concedidos en Semana Santa.

Una figura pendiente de reforma

Los indultos de hoy llegan, además, en medio del debate parlamentario, en la Comisión de Justicia del Congreso, sobre la reforma de la Ley del Indulto, propuesta hace más de dos años por el PSOE. Buena parte del debate se está centrando en qué delitos pueden ser indultados y cuáles no, aunque la propia reforma y las enmiendas también proponen medidas para reformar esta figura (poniendo algunos límites a su poder) y para hacer más transparente el proceso.

De hecho, una de las cuestiones en la que la mayoría de grupos está de acuerdo es en publicar, en los decretos de indulto como los de hoy, más información sobre el caso, sobre todo las motivaciones del Gobierno, esto es, las razones particulares que en cada caso les lleva a conceder el indulto. Pero, además, la reforma propone incluir otra información como, por ejemplo, quién ha solicitado el indulto (el afectado, otra persona, el tribunal, los responsables de prisiones…).

La exigencia de justificar cada medida es algo que el Tribunal Supremo ya exigió hace cinco años en una sentencia. Como respuesta, el Gobierno del PP solo añadió una coletilla genérica idéntica en todos los indultos: “estimando que, atendiendo a las circunstancias del/la condenado/a, concurren razones de justicia y equidad”. El Gobierno del PSOE, por su parte, sigue usando el mismo modelo. La única diferencia, en cuanto a transparencia de la medida, es que en dos de los indultos de hoy sí sabemos quién solicitó la medida: el tribunal sentenciador. Pero de los otros tres no hay información al respecto.

La caída de 47 a 33 escaños y la pérdida de 400.000 votos por parte del PSOE no solo cambia la dinámica de fuerzas en el Parlamento de Andalucía y abre la puerta a un gobierno de derechas, sino que supone un varapalo económico para la formación. Según los resultados, el partido de Susana Díaz podría reclamar hasta 3,4 millones en subvenciones para sufragar los gastos electorales, más de un millón menos de lo que consiguió en 2015. Y, lo que es más importante, una cantidad insuficiente para sufragar el coste de su campaña.

En las últimas elecciones andaluzas, celebradas hace tres años, el PSOE justificó que la campaña le costó 4,4 millones de euros. Gracias a las subvenciones, que dependen de los resultados, pudo sufragar todos los gastos (podía reclamar, entonces, hasta 4,5 millones). El problema, esta vez, ha sido que ha vuelto a presupuestar su campaña en la misma cantidad, esos 4,4 millones, según informó Newtral. Si ese ha sido el gasto efectuado, tendrán que poner de su propio bolsillo un millón de euros.

Así, la evolución del PSOE ha sido de 47 a 33 escaños pero, además, de 4,5 a 3,4 millones de euros en subvenciones. Por su parte, el PP podrá reclamar hasta 2,8 millones, Ciudadanos 2,3, Adelante Andalucía 2,1 y Vox, 1,7. Estas cifras son las ayudas máximas que pueden recibir y las formaciones políticas deben justificar ante la Cámara de Cuentas de Andalucía que han gastado ese dinero en la campaña. Esto es: solo reciben ayudas por lo que hayan gastado.

Aunque lejos de las cifras de los socialistas, Ciudadanos tampoco cubriría gastos. Aunque su presupuesto (2,4 millones) está muy cerca del total que le correspondería (2,3), el problema aquí es el reparto. Podría cobrar algo más de un millón para gastos ordinarios y 1,3 para envíos de papeletas, pero gastó, según anunciaron, 1,5 en los primeros y 0,9 en las segundas. Así, tendrían que cubrir con fondos propios casi medio millón de euros de gastos ordinarios, ya que el envío de propaganda electoral lo cubren de sobra.

El resto de partidos, si acaban justificando que han gastado todo lo anunciado y el reparto entre gastos ordinarios y propaganda electoral les cuadra, podrán cubrir todo o casi todo el coste de su campaña electoral. Al PP, que ha perdido 600.000 euros desde 2005 del tope que podría cobrar, le corresponderían tras las elecciones de ayer hasta 2,8 millones, por encima de los 2,54 de su presupuesto.

Adelante Andalucía, por su parte, pese al recorte en escaños (y en la ayuda máxima que pueden pedir), ha gastado mucho menos de lo que le correspondería. Podría optar a hasta 2,1 millones de euros y, según anunciaron, su presupuesto de campaña era de 1,4 millones. Si las cuentas acaban siendo estas, ahorrarían unos 700.000 euros a las arcas públicas. En 2015, solo Podemos (IU iba separada) ahorró casi un millón y medio por lo mismo.

Vox, por su parte, puede recibir hasta 1,65 millones de euros en subvenciones electorales. Eso sí, como con el resto de formaciones, solo accederá a la cantidad que pueda justificar como gasto realizado. Desconocemos cuánto ha destinado a su campaña electoral.

Subvenciones más elevadas que en Cataluña

En Andalucía, para estas elecciones, el escaño se paga a 23.034,99 euros y, el voto, a 0,8501. De esas cifras, con los resultados, salen las subvenciones máximas para gastos ordinarios. Son números más altos que, por ejemplo, los de las últimas elecciones autonómicas celebradas, las catalanas de hace un año: el escaño valía 16.101,6 euros y, el voto, 0,61.

El reparto de subvenciones electorales de Andalucía, establecido en una orden de la Consejería de Economía y Hacienda andaluza publicada en el BOJA el pasado 16 de octubre, también marca la otra pata de estas ayudas, la destinada a pagar el envío por correo de propaganda electoral. A diferencia de las elecciones municipales, generales y otras autonómicas, en Andalucía esta cuantía sí depende, también, de los resultados.

Así, mientras que en el resto de elecciones se reparte una cuantía igual a todos los partidos que hayan obtenido escaño (una cifra fija multiplicada por el censo), en Andalucía el número que se multiplica por el censo es distinto dependiendo de qué porcentaje de votos hayas conseguido. Así, esta metodología beneficia a los partidos con mejores resultados. Las ayudas para propaganda electoral suponen más de la mitad del total de 3,4 millones que puede reclamar el PSOE para pagar parte de sus gastos electorales.

El máximo de gastos de campaña y propaganda

Los partidos políticos plantean sus presupuestos de campaña teniendo en cuenta sus cuentas y prioridades pero, también, cómo calculan que les irá en las elecciones. Y lo hacen porque cuánto puedan recuperar vía subvenciones depende de sus resultados. Existen dos tipos de ayudas: las destinadas a gastos ordinarios, que se calculan según el número de votos y escaños obtenidos; y las destinadas a sufragar el envío de propaganda electoral, que se suele calcular según el censo pero, en el caso de Andalucía, esa cifra también depende del resultado conseguido.

Esas dos cifras suman el máximo total subvencionable, todo lo que podrían cobrar si efectivamente lo han gastado. Así, tras las elecciones, los partidos tienen que presentar a la Cámara de Cuentas de Andalucía la justificación de sus gastos ordinarios de campaña y de envío de papeletas. Y solo cobran por aquello que justifican hasta ese máximo total subvencionable. Si han gastado menos, ahorran la diferencia a las arcas públicas, como ha pasado con Adelante Andalucía. Si gastan más, como ha pasado en este caso con el PSOE, tienen que sufragar una parte con fondos propios.

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El BOE de este martes recoge la resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que impone una multa de 30.000 euros al Ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, por la venta de acciones de Abengoa antes de su caída con información privilegiada.

La sanción, adelantada por La Información en octubre, llega hoy al boletín, pese a que algunos medios habían afirmado que la reforma de la Ley del Mercado de Valores aprobada por esa época estaba destinada a evitar esta publicación.

Borrell ha sido sancionado por cometer una infracción muy grave, consistente en usar información privilegiada, como consejero de la compañía, para recomendar a otra persona -en este caso, según varias fuentes, su exmujer, Carolina Mayeur- la venta de acciones de Abengoa justo antes del preconcurso de acreedores (artículo 227.1.c). En total, vendieron 10.000 acciones por valor de 9.030 euros.

Los hechos ocurrieron en noviembre de 2015 y la CNMV, tras investigarlo, firmó la sanción el pasado 27 de septiembre.

A diferencia del resto de sanciones publicadas en el BOE, esta multa aún no es firme y Borrell podría presentar recurso de reposición, algo que parece que no hará para evitar el conflicto de interés de presentarlo ante un Gobierno del que forma parte. Una vez firme, el único recurso posible es ante la Audiencia Nacional.

Siete resoluciones de la CNMV en el BOE de hoy

La de Borrell es una de las siete resoluciones que la CNMV hace públicas en el BOE de hoy. Aunque en este caso aún no sea firme, también publica la multa a Josep Borrell por la venta de acciones de Abengoa justo antes de su caída. El operador considera que hizo uso de información privilegiada.

Le acompañan además en esta ronda la multa de 350.000 euros a Banca March por no alertar de los riesgos sobre productos complejos a sus clientes, entre otras.

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En Hungría, las mujeres pagan un 27% de IVA cuando compran compresas y tampones. En Irlanda, estos mismos productos están exentos de impuestos. Otros países, como España o Francia, mantienen los productos de higiene íntima a un tipo reducido de IVA. De hecho, el gobierno español ha prometido rebajar este impuesto, en los presupuestos de 2019, de ese 10% al 4%. Desde que en 2007 la Unión Europea (UE) permitió a los países cambiar la conocida como tasa del tampón hasta un mínimo estipulado, muchos países han escogido reducirlo; otros, sin embargo, han seguido manteniendo los productos de higiene íntima al mismo nivel de IVA que productos que no son de primera necesidad.

La mitad de los 28 países miembros de la UE mantienen el IVA de las compresas y tampones bajo el tipo general, en el que se encuentran productos de lujo como las joyas; o el vino, la cerveza y el tabaco. En 10 de esos países esta tasa supera el 20%: Hungría, con su 27%; o Croacia, Suecia y Dinamarca, con un 25%. La comparación realizada por Civio de las diferentes leyes de impuestos nacionales demuestra, además, que la conocida como tasa del tampón es mayor que el impuesto aplicado a hoteles en muchos de estos países.

Los estados de la Unión Europea (UE) se rigen por una directiva comunitaria, que solo permite reducir el impuesto de los tampones y las compresas hasta el 5%. La mayoría de países han decidido bajar este IVA en los últimos años, pero cumpliendo el límite que impone la UE. Entre ellos se encuentran España, Grecia y Austria, que tienen un 10% o más de impuesto para las compresas o tampones. También dentro de este grupo está Francia con un 5,5% de impuesto, Reino Unido con un 5% o Irlanda con un 0%. Este país es una excepción: en Irlanda la tasa del tampón fue implementada antes de que se desarrollara la norma comunitaria para las reducciones y exenciones del IVA, por lo que no le aplica el mínimo del 5%.

IVA de compresas y tampones en comparación con el de joyas, tabaco, cerveza y vino

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Hungría

27%

Dinamarca

25%

Croacia

25%

Suecia

25%

Finlandia

24%

Italia

22%

República Checa

21%

Letonia

21%

Lituania

21%

Bulgaria

20%

Alemania

19%

Rumanía

19%

Malta

18%

Luxemburgo

17%

Grecia

13%

España

10%

Austria

10%

Eslovaquia

10%

Eslovenia

9.5%

Estonia

9%

Polonia

8%

Bélgica

6%

Holanda

6%

Portugal

6%

Francia

5.5%

Chipre

5%

Reino Unido

5%

Irlanda

0%

En Reino Unido, la incapacidad de reducir aún más el impuesto sobre las compresas y tampones ha sido un problema desde 2015. El parlamento británico debatió ese año si aplicar un impuesto del 0% para estos productos. No lo consiguió porque la directiva comunitaria le frenaba, argumento que se utilizó a favor del Brexit. Como alternativa, el parlamento decidió dedicar parte de lo recaudado a través de la tasa del tampón a organizaciones de ayuda a mujeres. En total, 12 millones de libras (13,5 millones de euros) se repartieron entre 70 organizaciones en el año 2017. La polémica llegó cuando se hizo público que una de esas ONGs era antiabortista. Escocia, por su parte, ha decidido dar tampones y compresas gratuitas a todas las estudiantes en colegios, institutos y universidades. El programa tiene un presupuesto de 5,2 millones de libras (5,8 millones de euros) y como objetivo combatir la pobreza menstrual.

La Comisión Europea declaraba a principios de año su intención de modificar la ley comunitaria para dar más libertad a los estados a la hora de cambiar el IVA de ciertos productos, aunque sin fecha exacta de implementación. Que Reino Unido quite la tasa del tampón será una realidad ya sea dentro o fuera de la Unión Europea.

España quiere reducir más la tasa del tampón

“Es evidente que aplicar el IVA a los productos de higiene femenina implica que este impuesto solamente afecta a las mujeres como grupo social. Sobre todo teniendo en cuenta que se trata de productos de primera necesidad (una mujer no puede prescindir de ellos), que están directamente relacionados con la salud de las mujeres”, concluía un informe sobre fiscalidad y génerorealizado por el Observatori IQ. El gobierno español ha declarado su intención de reducir el impuesto de las compresas y tampones del 10% actual a un 4% (un tipo especial de impuesto llamado súper reducido) en los presupuestos del 2019. “Es una buena noticia. ¿Lo suficientemente buena? Sería más discutible”, explica María De la Fuente, directora del Observatori.

Una caja de tampones de la marca Tampax de tamaño regular que incluye 22 unidades tiene un precio actual de 4,05 euros en un supermercado Día del centro de Madrid. El IVA que pagamos por adquirir este producto es de 40 céntimos. Con la reducción anunciada, si el precio se mantuviera, lo que pagaríamos de IVA por este producto bajaría a 16 céntimos, por lo que el ahorro real para las mujeres en este caso sería de 24 céntimos la caja. El gobierno, por su parte, con esta reducción espera dejar de ingresar 18 millones de euros. Puede parecer mucho, pero en realidad no llega a ser ni un 0,03% de lo que ingresó en total en 2017 a través del IVAde todos los productos.

Existen dudas sobre si este ahorro llegará a producirse y si la medida no vendrá acompañada de una subida de precios en estos productos. “Se plantea como una medida estrella porque es vistosa y la industria estará encantada de que se baje el IVA de las compresas y tampones. Pero esto ¿en qué medida va a bajar su precio para las mujeres? Eso es muy dudoso ”, explica María Pazos, directora de la línea de investigación sobre políticas publicas e igualdad de género en el Instituto de Estudios Fiscales. Además, la investigadora comenta que con este cambio, si subiese el precio de las compresas y tampones no beneficiaríamos a las mujeres, sino que las perjudicaríamos. “Toda reducción de la recaudación perjudica a la sociedad en general, pero a las mujeres en especial porque somos más pobres y necesitamos más protección social”, cuenta.

Mas allá de Europa, Australia ha sido el último país en decidir que quiere unirse al club de los que tasan las compresas y tampones con un 0% de IVA, en este caso, a partir del 1 de enero de 2019. Como este, muchos estados a nivel mundial están comenzando a deshacerse de la tasa del tampón. El primero sería Kenia en 2004 y, desde entonces, Canadá, India, Malasia, Uganda, Tanzania, Nicaragua y Trinidad y Tobago le han seguido. Dentro de Estados Unidos, algunos estados están también comenzando eliminar esta tasa: Connecticut, Florida, Maryland, Massachussetts, Pennsylvania, Minnesotta, New Jersey, Illinois y New York. Además, en la ciudad de Nueva York se aprobó en 2016 una medida que iba mucho más allá de la reducción de impuestos: todos los colegios públicos de la ciudad debían dispensar compresas y tampones de forma gratuita en los baños. Sería la primera en legislar de esta forma en EEUU, pero el propio estado de New Yorky el de Illinois le han seguido y han obligado a los colegios a ofrecer productos sanitarios gratis.

IVA de compresas y tampones en otros países del mundo

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Islandia

24%

Argentina

21%

Albania

20%

Moldavia

20%

Chile

19%

Turquía

18%

Bosnia

17%

México

16%

Nueva Zelanda

15%

Sudáfrica

15%

Australia

10%

Egipto

10%

Irán

9%

Colombia

5%

Arabia Saudí

5%

Isla de Man

5%

Canada

0%

India

0%

Malasia

0%

Nicaragua

0%

Uganda

0%

Kenia

0%

Tanzania

0%

Trinidad y Tobago

0%

En Sudáfrica también se ha llegado a una conclusión parecida a la de la ciudad de Nueva York. Un panel de expertos ha estudiado si los tampones y compresas debían estar entre los productos con un 0% de IVA y si meterlos dentro de ese grupo haría que hubiese menos pobreza menstrual en el país. “Los datos muestran que imponer una tasa del 0% a los productos sanitarios solo tendrá un impacto limitado en mejorar el acceso de las mujeres a estos productos en hogares con baja renta. El panel recomienda que los productos sanitarios tengan un IVA del 0% pero que, además, se dé acceso gratuito a estos productos para mujeres con este tipo de rentas”, concluía el análisis.

A nivel global, la tasa del tampón sigue existiendo y las mujeres siguen pagando impuestos por comprar productos de primera necesidad. En países como Islandia, Argentina, Bulgaria, Albania o Moldovia, la tasa del tampón es igual o supera el 20%. Las mujeres de Bosnia, Turquía, Nueva Zelanda, Sudáfrica o Chile tienen que pagar entre un 15% y un 19% de IVA por las compresas y tampones que necesitan.

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El BOE de este martes publica la ejecución presupuestaria a 30 de septiembre, esto es, el estado de las cuentas públicas. Porque de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 que aprobó el Congreso a lo que al final se acaba gastando hay un trecho. Y, en algunos departamentos, como Defensa, ese trecho es enorme.

En concreto, el crédito presupuestado para este ministerio era de 8.456 millones de euros y, gracias a modificaciones por valor de otros 729, ya alcanza los 9.185. Eso significa que supera, a esa fecha -pendientes de lo que pase en lo que queda de año- el gasto de 2017, que alcanzó casi los 9.000 millones pese a que su presupuesto inicial era de 7.639.

Otra conclusión: aunque el crédito aprobado por el Congreso para 2018 era unos 800 millones superior al año pasado, el tradicional inflado del gasto en Defensa se mantiene. Más presupuesto para este año y, al final, como es tradicional, siempre se queda corto. De hecho, este engorde ha venido ocurriendo en los últimos ejercicios con ambos gobiernos.

Estas modificaciones se producen, tanto este año como el anterior, sin créditos extraordinarios, un sistema que se ha venido utilizando en los últimos ejercicios y que inyectaba cientos de millones extra en verano vía Decreto-Ley para el pago de programas especiales de armamento, y que el Constitucional tumbó en 2016.

Fuentes del Ministerio suelen argumentar que el desvío se debe a las operaciones de paz, que no se habían incluido en las previsiones presupuestarias, pese a que cada año suponen un montante importante del total y acaban desvirtuando lo que aprueban Las Cortes.

Y, con el cambio de Gobierno, ¿de quién es el desvío? De ambos. Hasta junio, el Ministerio trabajaba con el presupuesto prorrogado de 2017, esto es, con una base de 7.629 millones. A finales de ese mes, la cifra ya ascendía a 8.302 (673 millones extra). En julio, el primer mes completo que cerró el Gobierno Pedro Sánchez, ya estaba en vigor el nuevo presupuesto, con base en 8.456 millones. Pero el desvío no se corrigió gracias ese aumento de crédito, sino que se mantuvo (668 millones a sumar). Así, ya en ese mes los créditos superaban los 9.123 millones y, con ellos, los 9.000 del año pasado.

Esta información fue publicada previamente en El BOE nuestro de cada día. 

Las farmacéuticas gastaron 182 millones y medio en 2017 en pagos a médicos por sus servicios o para asumir los costes de entradas a congresos y viajes, unas cifras muy similares al año anterior. Es lo que la industria engloba bajo el eufemismo de transferencias de valor. Pero no todos los que recibieron pagos o invitaciones a congresos lo hicieron al mismo nivel. 18 médicos sumaron en su haber, de un solo laboratorio y en un solo año, más de 50.000 euros. Son una minimísima parte de los 253.796 médicos colegiados en todo el país.

Si analizamos esas relaciones únicas entre un laboratorio y un médico, las cifras van desde aquellos que superan por poco ese corte de los 50.000 euros y aquellos que casi tocan los 100.000, como es el caso de los más de 98.000 euros que Bayer destinó al doctor Jordi Bruix. Y todo eso sin contar lo que recibieron de otros laboratorios, que hace que profesionales como María Victoria Mateos sume casi 170.000 euros; o Luis Puig, más de 150.000.

Los datos muestran relaciones unidireccionales, como la del mencionado Bruix Tudó con Bayer (la farmacéutica sufraga el 98% del total de sus transferencias de valor) o la de Emiliano Calvo con Novartis (90%), pero también otras mucho más variadas. Así, 15 laboratorios realizan pagos -directos o indirectos- a Javier Puente, aunque Pfizer asuma el 66%. Y los casi 60.000 euros a Luis Puig de Lilly, pese a su cuantía, solo suponen menos del 40% del total.

María Victoria Mateos recibe transferencias de cuatro farmacéuticas. De hecho, es la que más suma si tenemos en cuenta a todas ellas y no solo a la principal. Para ella, si varios laboratorios aportan la situación es más transparente y menos peligrosa. “Podría haber un problema potencial si no eres experto en un tema y recibes transferencias de valor únicamente de una compañía”, argumenta.

14 de los 18 son hombres y solo cuatro, mujeres. La mayoría (14), además, ejerce en centros públicos, aunque dos de ellos lo combinan con la práctica privada. Y tres de ellos son miembros de la red de expertos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la entidad pública encargada de la evaluación, autorización y supervisión de los medicamentos.

“A la hora de aconsejar [a esas agencias] tengo mis limitaciones. Soy el primero que lo admite. Muchas veces no soy absolutamente equilibrado en mis decisiones, pero como no lo es nadie”, admite Miguel Cordero, uno de los médicos que aparece en este listado. Por eso, lo importante, en su opinión, es que las agencias conozcan esos vínculos (tanto la AEMPS como su homóloga europea piden que los expertos desglosen sus posibles conflictos de interés) y que ese posible sesgo se tenga en cuenta a la hora de valorar sus recomendaciones.

En más de la mitad de los casos, la práctica o investigación de estos 18 profesionales está relacionada con el cáncer, una enfermedad que cuenta con fármacos nuevos, y costosos, cada poco tiempo, y en la que la industria farmacéutica ha volcado buena parte de sus esfuerzos en investigación. Siete de ellos son oncólogos y, otros tres, hematólogos, una especialidad vinculada a algunos tipos de esta enfermedad (como leucemias, linfomas o mielomas). La explicación, para Cordero, es clara: “La industria toca las áreas donde se mueve más dinero”.

Para algunos de ellos, la razón es que es una de las enfermedades que afecta a más personas. Según el Instituto Nacional de Estadística, los tumores representan la segunda causa de mortalidad en España, solo superados por las enfermedades del sistema circulatorio. No hay ningún cardiólogo en esta lista.

Formación continua, pero pagada por la industria

Un año más, la publicación de estas cifras vuelve a abrir el debate sobre quién debe hacerse cargo de la formación de los profesionales sanitarios. Las sociedades médicas y colegios profesionales recuerdan que están obligados a aprender de forma continua para poder ofrecer el mejor tratamiento posible a sus pacientes. En el caso de la sanidad pública, este reciclaje constante no está cubierto, alegan, por los fondos públicos.

Y, para formarse, estarían obligados a aceptar que las farmacéuticas sufraguen los costes de congresos y viajes. Unos costes que, además, están exentos de IRPF gracias a la reforma del impuesto que aprobó el exministro Cristóbal Montoro a finales de 2017.

El debate de la formación continua está centrado en esos pagos indirectos para sufragar costes de asistencia a congresos (entradas, viajes, hotel…). Pero, de hecho, el grueso de las transferencias que reciben estos 18 médicos viene de otra rama, los honorarios (más de un millón de los 1,6 totales), ya sea participando en ponencias, en reuniones como conferenciantes o moderadores, como consultores o como miembros de los consejos asesores, por ejemplo.

Y, ¿qué opinan estos 18 médicos de que esta relación sea pública? Tras consultar a todos ellos, hemos encontrado opiniones muy diversas (entre los que nos han querido responder, claro). Así, Marcos Meseguer asegura que es “injusto” y que se siente “maltratado”. Habla de las posibles envidias que puede generar y asegura que le perjudica la publicación de estos datos. “¿Aquí por qué la gente tiene que cotillear lo que me pagan o me dejan de pagar si yo trabajo en un centro privado y no tengo capacidad de decisión en las compras de nada?”, critica. Es el único de la lista de 18 que no es médico, sino biólogo.

En cambio, Emiliano Calvo alaba la medida. Tras admitir que su primer impulso, casi “emocional”, fue contrario a la publicidad de esta información, ahora cree que es buena porque ejerce un “efecto de autocensura”, ya que saber que todo va a ser público quizás evite caer en malas prácticas. E incluso pide más transparencia: “Debería estar bien hecho, no solo dar la declaración de ingresos, sino también el concepto por el que se ingresa” -algo que ahora no se incluye en estos listados- porque, continúa, “a veces tan malo es informar como causar algo de desinformación”.

El código que regula esta publicación es un ejercicio de autorregulación de la industria y no una norma emanada desde las administraciones públicas. El artículo 76 de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, aprobada en 2006, ya establecía por entonces que “las ofertas de premios, becas, contribuciones y subvenciones a reuniones, congresos, viajes de estudio y actos similares por cualquier persona, física o jurídica, relacionada con la fabricación, elaboración, distribución, prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios se harán públicas en la forma que se determine reglamentariamente”. Aunque solo se refería a una parte de las cuatro categorías (entradas a congresos y viajes, pero no honorarios), la norma que debía establecer cómo se tenía que publicar esta información nunca se desarrolló.

Si un médico es líder en su campo, tiene lógica que muchas farmacéuticas quieran que participe en congresos o cuenten con sus servicios. Pero, ¿qué pasa en los casos en los que solo un laboratorio se interesa por su trabajo? El debate es más importante si esos profesionales están vinculados a fármacos que suelen prescribir o que recomiendan en artículos o entre colegas.

Para Antonio Salar, el mayor riesgo no está en aquellos que reciben mayores cantidades, como los 18 de esta lista, si no en los de menor cuantía. Y, aunque admite que “es posible que esta parte de transmisión de información de las compañías, al dar conocimiento sobre algún tipo de producto, pueda incitar a su prescripción”, asegura que eso solo pasa cuando hay “falta de conocimiento” del médico que va a prescribir y que eso no pasa en hospitales universitarios grandes, donde hay “protocolos muy claros”.

ProPublica desveló, con datos de médicos estadounidenses, que aquellos que recibían transferencias de la industria tendían a recetar más medicamentos de marca frente a los genéricos. En el ámbito de la investigación, diversos estudios apuntan que los profesionales que mantienen un conflicto de interés son más propensos a presentar resultados más favorables a las compañías privadas.

Para Cordero, el riesgo también es claro: “La industria por supuesto que quiere influir”. Pero se ataja, en su opinión, porque las decisiones más importantes no las toma una sola persona, sino en el seno de sociedades científicas. “Eso hace que se corrijan esos sesgos”, asegura. El problema es que las grandes sociedades dependen, en parte, de la industria farmacéutica.

Pagos a médicos, a sociedades médicas y el cajón de sastre de la I+D

El gasto destinado a profesionales sanitarios no es el único que sufragan los laboratorios. Además de esos pagos, también patrocinan congresos o realizan donaciones a sociedades médicas. Y, en paralelo, destinan 251 millones y medio a I+D, la parte más promocionada por la industria a la hora de dar cuenta de estos pagos. Pero lo cierto es que es un cajón de sastre donde encaja cualquier transferencia vinculada a investigación, sin determinar ni desglosar a qué se ha dedicado ni quiénes -asociaciones o profesionales- son sus beneficiarios.

Esta información fue publicada previamente en Medicamentalia de Civio.

Casi dos millones y medio de hogares son beneficiarios del bono social. Pero una amplia mayoría, 1,9 millones, están acogidas al sistema antiguo. Eso significa que el próximo 8 de octubre, si siguen teniendo derecho a estos descuentos y no han solicitado el nuevo bono, perderán las bonificaciones y su factura de la luz subirá de forma automática. Esa es la fecha en la que el anterior modelo dejará, definitivamente, de estar vigente.

Evolución de beneficiarios del bono social

Sistema antiguo

1.917.091

Sistema nuevo

542.733

31 marzo

31 mayo

Desde que se aprobó la reforma, algo más de medio millón de hogares se han apuntado al nuevo modelo, una cifra que está muy lejos de los millones de hogares que tienen derecho a acceder a estos descuentos. La situación era aún peor a 31 de marzo, a solo pocos días de que el anterior Gobierno se viera obligado a prorrogar la vigencia del anterior sistema otros seis meses porque habían recibido poquísimas solicitudes y porque la complejidad del proceso había generado dudas hasta a las propias eléctricas.

Millones de hogares con derecho al bono social se quedan fuera, por el momento: o no han querido solicitarlo, o no saben que existe, o se han quedado embarrados en un proceso engorroso y cuya puerta de entrada son las propias eléctricas, esto es, son ellas las que reciben las solicitudes y responden a los solicitantes, pese a que es el Gobierno quien realiza el cálculo.

¿Puedo acceder al bono social?

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De entre los que se quedan fuera encontramos dos tipos: por un lado, aquellos que están en el sistema antiguo y que, pese a que cumplan los nuevos requisitos, perderán de forma automática los descuentos el 8 de octubre -aunque podrán pedirlo en cualquier momento, también más tarde-; y, por otro, aquellos que son nuevos beneficiarios gracias al cambio en las condiciones y que, aunque podrían estar disfrutando del bono social desde el pasado mes de octubre, no lo hacen.

El Gobierno estimóestimó que 2,5 millones de hogares se acogerían al bono social, pero lo hizo teniendo en cuenta que solo el 45% de aquellos que tienen derecho presentarían solicitud y conseguirían llegar al final de ese proceso. Ni siquiera esas bajas expectativas se han cumplido, con datos del pasado 31 de mayo, casi ocho meses después de la aprobación de la reforma.

Cuando se cumpla la fecha límite del 8 de octubre habrá pasado casi un año desde que entró en vigor la reforma del bono social, pasando de un sistema en el que accedían viviendas que cumplieran determinados supuestos (tener potencia contratada menor a 3 kwh, mayores de 60 años con pensión mínima, familias con todos sus miembros en paro y familias numerosas) a un sistema más enfocado a los ingresos, excepto en el caso de las familias numerosas, que pueden acceder sea cual sea su nivel de renta.

En paralelo, la reforma pasó de mantener para los beneficiarios los precios de 2009, congelados (lo que hizo que no les repercutieran las subidas de los últimos años) a descuentos del 25% para consumidores vulnerables -que cumplan los supuestos anteriores- y del 40% para vulnerables severos -quienes las cumplan y además tengan niveles de renta muy inferiores. Además, estableció límites al consumolímites al consumo, esto es, solo aplica los descuentos a una parte del consumo eléctrico, no a toda la factura.

Por el momento coexisten beneficiarios de los dos modelos. De entre los viejos, los de 3 KWh son mayoría, 1,6 millones de hogares. Todos ellos perderán el bono social si no encajan en alguna de las otras categorías, como pasa con las familias con todos los miembros en paro. Pero otras categorías permanecen, lo que significa que si no piden el cambio al nuevo sistema antes de la fecha límite, verán cómo sube el importe de su factura hasta que se pasen, si lo hacen, al nuevo modelo.

Distribución de beneficiarios del bono social

A 31 de mayo de 2018

Pensionistas

Familias Numerosas

Renta

Familias Numerosas

Pensionistas

Potencia

Sólo 542.733 hogares

están acogidas al

nuevo sistema (22%)

1.917.091 hogares aún

están acogidos al

sistema antiguo (78%)

Es el caso de los pensionistas, aunque con matices. En España hay un millón y medio de pensiones mínimas por incapacidad y jubilación. Los beneficiarios de esas pensiones que no tengan otros ingresos pueden acceder al bono social. Pero, a 31 de mayo, solo 135.000 lo han hecho.

En España hay un millón y medio de pensiones mínimas de jubilación e incapacidad. Todos los que no tengan otros ingresos acceden de forma directa al bono social, pero solo están en el nuevo modelo 135.000.

Entre quienes están fuera, por el momento, están los beneficiarios acogidos aún al sistema antiguo, que el 8 de octubre perderán el descuento si no postulan al nuevo modelo. A 31 de mayo, unos 200.000 pensionistas eran beneficiarios del antiguo bono social. Quienes cobren pensión mínima por jubilación o incapacidad y no tengan otros ingresos tienen que pasarse al nuevo sistema para no perder los descuentos. Pero esos 200.000 incluyen a quienes cobran pensión de viudedad, que han sido excluidas de esta categoría.

Incluso los que se mantengan del viejo al nuevo sistema van descubrir un empeoramiento: el descuento no se aplica a toda la factura. Gracias a los nuevos límites introducidos en la reforma, lo hace solo a una parte. Una cantidad que, aunque se ofrezca de forma anual, se aplica de forma prorrateada por periodo facturado. Eso significa que se divide la cifra entre los días del año y, en cada factura, se aplica según el periodo que corresponda. Así, los meses de consumo elevado el descuento se aplicará a una parte mucho más pequeña del consumo, como criticó la CNMC.

Un sistema de límites que, además, tal y como está planteado, no cubre los consumos totales que suelen tener los hogares españoles.

Siguiendo con el ejemplo de los pensionistas, sabemos que el promedio de gasto por hogar de aquellos que eran beneficiarios del bono social anterior era de unos 2.338 KWh al año. El límite que se les aplica con el nuevo sistema es de unos 1.680 KWh.

La categoría de familias numerosas es la única que no cambia y en la que, para ser consumidor vulnerable, da exactamente igual que un hogar ingrese mil euros al mes que un millón.

Solo el 22,5% son beneficiarias del nuevo bono social

En España hay 675.955 familias numerosas. De ellas, 149.000 están en el viejo sistema. Si no piden el nuevo, perderán los descuentos el 8 de octubre. Solo 151.991 han pedido y se les ha concedido el nuevo bono social, un 22,5% de todas las que podrían beneficiarse de ellos.

Fuera de estas dos categorías, jubilados y familias numerosas, encontramos la gran red, la que depende exclusivamente de los ingresos. Esta fue la mayor novedad de la reforma.

Al menos 3,3 millones de hogares en España están por debajo de esos umbrales, un número que es muy superior si tenemos en cuenta que esos límites de renta son más altos en caso de discapacidad, violencia de género o víctimas del terrorismo y que podría incluir a hogares de otras categorías. Pues bien: menos de 256.000 están acogidos al nuevo modelo por esta vía.

La falta de conocimiento sobre la medida y la complejidad del proceso impiden que millones de personas que tienen derecho a estas ayudas puedan acceder a ellas. Pero, además, muchos hogares que en la actualidad disfrutan del sistema antiguo lo perderán, con la consiguiente subida de su factura de la luz el próximo 8 de octubre.

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Artículo publicado originalmente en Civio

David Cabo (datos), Miguel Ángel Gavilanes y Javier de Vega (edición) han colaborado en este artículo.

Vuelven de lo que todos ellos describen como un infierno y, recién aterrizados, en el aeropuerto, les prometen un paraíso de cartón piedra. “No lo conseguisteis fuera, pero podéis ser millonarios en Gambia”, vocea el ministro gambiano de Juventud y Deportes, Henry Gomez, a las 230 compatriotas que acaban de bajar del vuelo chárter que les trae, desde Libia, de vuelta a casa.

Son las once de la noche en el aeropuerto de Banjul. Es una de las repatriaciones que están llevando a cabo la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), la Unión Europea y los países de origen en las últimas semanas en respuesta a las violaciones de derechos humanos documentadas en Libia.

La arenga, que interrumpe el proceso de control de documentación para la entrada al país, incluye promesas de puertas de despachos oficiales siempre abiertas y una llamada a la paciencia: “Ndanka ndanka moi japa gollo” (“poco a poco puedes cazar a un mono”, en wólof, uno de los idiomas locales).

Algunos prefieren mirar para otro lado y otros aplauden el discurso, y los vítores llegan cuando el ministro habla de las mujeres del país: “Cuando os fuisteis, el país estaba tan tranquilo y silencioso como un cementerio. Las mujeres no podían tener maridos… Ahora estais de vuelta y las mujeres serán felices”. Y es que la mayoría de los recién aterrizados son hombres jóvenes: de los 230, solo seis son niños y tres, mujeres.

Una de ellas va acompañada de tres niñas y un bebé, nacido en el viaje. Es de las primeras en pasar el control de documentación. Aunque Gambia es un país caluroso todo el año, es diciembre y de noche, y el frío, aunque ligero, empieza a apretar. Mientras rellena el papeleo, las dos más pequeñas se quedan dormidas a su lado envueltas en sus chaquetas. Hasta que llega su hermana, que acude al aeropuerto a recibirlas de vuelta para el reencuentro.

Omar tiene 13 años y viajaba con su padre. De Gambia a Senegal, a Mali, a Burkina Faso, Níger y Libia. Una travesía de casi un año, muy similar a la de sus compañeros de viaje. En un momento del camino tuvieron que pedir a su madre, que se quedó en Gambia, que enviara más fondos. Esta historia se repite: el dinero destinado al viaje siempre se queda corto y las familias tienen que enviar más y, en muchos casos, endeudarse o pasar hambre para pagar el enésimo soborno de los traficantes o sacarles de la cárcel. Cuenta casi de pasada que les trataron mal allí, pero de lo que de verdad quiere hablar es de las ganas que tiene de volver al colegio.

El resto son hombres jóvenes vestidos con el mismo chándal de algodón, en gris y marrón, que ha repartido la organización. Algunos hacen bromas con sus compañeros de viaje y celebran volver a estar en casa, otros miran al suelo. Pero todos están cansados. La mayoría acumula varios –dos, tres, cuatro, cinco…– intentos de llegar a Europa, desde Libia, a sus espaldas. Del pago a los traficantes al intento de cruzar, a la detención, a la cárcel, a los maltratos, al pago para salir de prisión, más dinero para volver a intentarlo, trabajo sin cobrar, venta como esclavos, detenciones, vuelta a salir, vuelta a pagar y a intentarlo… Y así, en bucle.

Abass tardó nueve meses en llegar a Trípoli. Tras cruzar todo el continente, llega el engaño de los traficantes: “Cogen tu dinero y no te dan nada a cambio”. Muy cerca, en la sala del aeropuerto en la que todos ellos esperan alojamiento para esta noche mientras comen unas galletas y beben un refresco de su pack de bienvenida, Ibrahim desarrolla la denuncia: “Te piden dinero para conectarte a alguien de un barco. Pagas dos, tres veces, y nunca cruzas”. Y, si lo consigues, las esperanzas de alcanzar Italia tampoco son muy halagüeñas: hasta finales de noviembre, 2.631 personas murieron en el mar al intentar completar esa ruta, según la OIM.

Ibrahim narra cómo meten a 150 personas en un barco que solo tiene capacidad para 50, con mal tiempo… Y cómo muchos murieron allí. “Lo llaman accidente”, dice, y medio sonríe. “No le dábamos dinero a nigerianos ni senegaleses, se lo dábamos a gambianos porque confiábamos en ellos y te meten en ese barco donde vas a morir”, reflexiona.

Denuncian asesinatos, maltrato y esclavitud en Libia

En mar o en tierra, una de las probabilidades era que fueran detenidos. Él fue arrestado en la playa, justo antes de intentar cruzar: “Atacaron el campamento. Dijeron que querían limpiar la nación, que querían limpiar el país de negros”. En las prisiones, apenas les daban de comer, (“te daban un trozo de pan un día y al día siguiente, nada”). Pero lo peor, según la historia de Ibrahim, era el trato: insultos, maltratos… “No hay misericordia”, afirma tajante. Hace cinco meses, dispararon a un gambiano frente a él. “No hizo nada, estaban discutiendo y le mataron”, narra.

Para salir esa vez de la cárcel, tuvo que pagar 25.000 dalasis (unos 450 euros), que envió su hermano desde Gambia. Y entonces, buscar trabajo para conseguir dinero y volverlo a intentar. Pero el problema llegaba siempre a la hora del cobro. Él, como el resto, denuncia que trabajaban durante meses y, tras varios retrasos, no les pagaban, pero que no podían hacer nada, porque quienes les engañaban jugaban con ventaja: estaban en su país. Un país “sin ley”, relata. “Pagas a un traficante en el que confías y te vende a los libios”, dice, “te tratan como a un esclavo”, añade.

Uno de sus compañeros de viaje se acerca y explica cómo también trabajó durante meses y, a la hora de cobrar, solo recibía una negativa y la mirada de un kalashnikov. Él estuvo ingresado en el hospital medio año por una herida de bala en la espalda. Le dispararon cuando huía para evitar una nueva detención. Mientras se toca la cicatriz, recuerda: “Gracias a dios que no estoy muerto, pero la mayoría de mis amigos gambianos murieron allí. Yo lo vi. Mucho de ellos”.

Ese fue uno de sus intentos, pero hubo tres más: detenido en el barco, en la playa o en la ciudad, vuelta a la cárcel, vuelta a pagar y vuelta a trabajar como un esclavo.

Ousman tiene 21 años. Su historia es muy similar a la del resto de sus compañeros y recuerda, entre otros tratos degradantes, cómo muchos libios se tapaban la nariz a su paso.

Todos ellos han destinado un año o más de sus vidas para cruzar a Europa. Han cambiado muchas cosas desde que emprendieron viaje. Cuando se fueron, el presidente de Gambia era el dictador Yahya Jammeh, en el poder durante más de 20 años, acusado de múltiples violaciones de derechos humanos, contra la libertad de prensa y la libertad sexual en el país. Hasta hace muy poco, había un solo canal de televisión. Era público. Ahora hay dos.

En enero de este año, Adama Barrow se convirtió en el nuevo presidente, elegido democráticamente en unas elecciones. “Vosotros trajísteis el cambio a este país, vosotros echásteis al anterior gobierno. Gambia es vuestra Gambia”, sigue arengando el ministro mientras el grupo de inmigrantes espera a que termine para seguir con el papeleo. Siempre es un buen momento para hacer campaña.

Ahora están de nuevo en la casilla de salida, después de una larga y dura travesía sin final feliz. ¿Volverías? Ibrahim tiene claro que no. Quiere volver a ser conductor. “He visto demasiadas cosas allí. Gente que muere en la prisión, palizas de muerte”. Ni piensa volver ni va a alentar a nadie, promete, para que pase por lo mismo.

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Nota: Este artículo ha sido publicado originalmente en Civio. Han colaborado Verónica Ramírez, Modou Lamin Ceesay y Muna Faye.

El BOE de hoy recoge 5 decretos, los primeros que aplican el 155 aprobado ayer por el Senado. Lo hace dentro de un BOE ordinario, el 201, pero publicado en un horario poco habitual, a las 3,40 de la mañana y no a las 7.30. En ellos, el Gobierno pone en marcha de forma efectiva las medidas decididas ayer tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros y que Mariano Rajoy anunció en rueda de prensa: disolución del Parlament, convocatoria de elecciones, cese del Govern en pleno y de varios altos cargos y cierre de embajadas. Con su publicación en el boletín, entran en vigor.

Pero, además, incluye una medida que Rajoy no anunció ayer en Consejo de Ministros: la supresión de la Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña, el organismo creado en el Parlament para investigar las cargas policiales del pasado 1 de octubre, que acabaron con cientos de heridos. La creación de esta Comisión ya había sido impugnada por el Consejo de Ministros del pasado día 20. El [acuerdo final del Senado] eliminó de las medidas del 155 el control total del Parlament por parte del Gobierno, suprimiendo la obligación de la Cámara catalana, establecida por el Gobierno, de pedir autorización para debatir iniciativas en su seno.

Uno de ellos disuelve el Parlament y convoca elecciones en Cataluña para el próximo 21 de diciembre, jueves. La fecha no es arbitraria. Desde la convocatoria, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que la fecha de las elecciones será en 54 días, justo ese 21 desde hoy. Retrasar la convocatoria plantaría los comicios en Navidad. Así, la campaña electoral será del 5 al 19 de diciembre.

El decreto establece que estas elecciones se regirán por la normativa vigente “sin perjuicio” de que se tengan en cuenta las medidas incluidas en el 11, también vigentes.

Otro decreto incluye el anunciado cese de Carles Puigdemont, president de la Generalitat y, como se incluye de forma explícita, todo el personal eventual que depende de él. En otro se incluyen los ceses de Oriol Junqueras, vicepresident, y el resto de consellers (excepto Santi Vila, exconseller d’Empresa i Coneixement, que presentó su dimisión hace dos días, publicada ayer en el DOGC, porque no estaba de acuerdo con la declaración de independencia).

Competencias al Gobierno (y estreno)

Un cuarto decreto establece que, a partir de ahora, los ministerios se harán cargo de las diferentes consellerias, Rajoy sustituirá en sus funciones al president Puigdemont y será el Consejo de Ministros quien sustituya al Consell de Govern. El texto incluye un anexo en el que especifica qué competencias se queda cada ministerio. Un ejemplo: Hacienda y Función Pública, la cartera de Cristóbal Montoro, se encargará de la Agencia Tributaria catalana y la política fiscal; y el Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, de la supervisión del proceso electoral.

Este decreto, en vigor, es el que ha permitido que solo unos minutos después, a las cuatro de la mañana, Zoido publicara en el BOE el cese de Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos d’Esquadra.

Según el decreto, los responsables del Gobierno que se hagan cargo de las competencias en Cataluña están obligados a hacerlo “asegurando la neutralidad institucional, de forma que el interés general de los catalanes sea, en todo caso, el principio rector de sus responsables públicos por encima de los intereses políticos”.

Cierre de embajadas y cese de altos cargos

Además de estos ceses y la toma de las competencias, el Gobierno ha cerrado, en el último de los cinco decretos, las oficinas de Presidència y Vicepresidència del Govern, el DiploCAT, el Consejo Asesor para la Transición Nacional y la Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña.

En paralelo, también suprime las embajadas en el exterior de Cataluña, excepto la de Bruselas. Así, elimina las delegaciones en Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Austria, Italia, Marruecos, el Vaticano, Portugal, Dinamarca, Polonia, Croacia y ante las organizaciones internacionales con sede en Ginebra, Estrasburgo, París y Viena. A los funcionarios en prácticas y becarios de todos estos organismos se les asignarán nuevas tareas.

No elimina la delegación en Bruselas, pero cesa a su representante, Amadeu Altafaj i Tardio. Y a Ferrán Mascarell, delegado de la Generalitat en Madrid.

El Gobierno también toma el control de Interior con el cese del director general de los Mossos d’Esquadra, Pere Soler; y el Secretari General d’Interior, César Puig.

Después de que un BOE extraordinario publicado la tarde del viernes hiciera entrar en vigor la decisión del Senado, que daba vía libre a las medidas propuestas por el Gobierno para aplicar el 155 con algunos matices, estos decretos ponen en marca las primeras decisiones.

La familia del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha estado dedicada en cuerpo y alma a la política. Tanto, que la mayoría de sus miembros han ocupado puestos de responsabilidad de la mano del PP. Su padre, Pablo González Liberal, fue director del Instituto Nacional de Consumo en el 79 y de la Administracion Turística Española, ambos organismos dependientes del gobierno de Suárez. En la actualidad, según se ha publicado en prensa (este cargo no consta en ningún documento público) sería asesor del grupo del PP en el Senado. El padre estaría bajo arrestro domiciliario por haber sido utilizado para blanquear dinero en la trama del clan. Tanto el padre como la esposa de González, Lourdes Cavero, han sido imputados en la Operación Lezo.

El presidente madrileño tiene dos hermanos: Isabel Gema y Pablo. Su hermana es diputada popular en la Asamblea de Madrid. La relación entre Esperanza Aguirre e Ignacio González traspasa las barreras familiares: Isabel llegó a coordinar el gabinete de Aguirre cuando ésta era presidenta del Senado. Su marido, José Juan Caballero, es uno de los nombres que con más frecuencia aparecen en los autos de la Operación Lezo. Socio en el pelotazo del parque de Golf de Canal en Chamberí, fue detenido también en la operativa policial y el magistrado Velasco ha pedido para él prisión eludible bajo fianza.

Pero el gran protagonista, junto con Ignacio González, de la Operación Lezo es su hermano Pablo. Él es el nexo de unión de dos operaciones (Trajano que investiga el uso de fondos públicos en Mercasa, la gestora de mercados de abastos) y la del Canal de Isabel II.

Pablo y las empresas públicas

Pablo no se había dejado ver en política pero su carrera profesional ha estado ligada a empresas públicas o próximas al entorno de su hermano. En los noventa se centró en el mundo de los seguros, pero en 2001 logró aterrizar en Sepides, una empresa pública dedicada a la gestión de suelo. Estuvo en el cargo cinco años y además fue presidente en sociedades autonómicas ligadas al sector como Sodiar (Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón) o Sodiex (Sociedad para el Desarrollo Industrial de Extremadura en 2003).

En 2006 da el salto a Caja Madrid, que en aquel momento presidía Miguel Blesa. Consiguió el cargo de director de Inversión en Energía, Tecnología e Infraestructuras, puesto que conservó pese al frustrado intento de su hermano Ignacio de presidir la entidad en 2010. No es hasta 2012 cuando el pequeño de los González abandona la entidad, momento en el que es recastada y nacionalizada.

Pero Pablo González no tuvo problema en volver a encontrar acomodo en el sector público. Tras un intento frustrado de presidir Sepides, le colocan como director de Estructuras Comerciales en Mercasa. El puesto en Mercasa no es solo directivo sino que también le nombran presidente de la filial de la joya de la corona de la sociedad pública: Mercasa Incatema, la sociedad de la que la entidad pública tiene el 50% precisamente desde 2012.

Con Mercasa Incatema la sociedad pública española canaliza sus operaciones en el exterior, precisamente las que persigue la instrucción de De la Mata (la de Mercasa). Aunque González (Pablo) lleva cinco años de consejero de la empresa, es un gran desconocido para los que trabajaban en ella. Los buenos contactos de Pablo le habrían llevado a entrevistarse con el número dos de Interior, José Antonio Nieto, hace apenas dos semanas cuando la operación ya estaba en marcha. Velasco le ha dictado prisión eludible con el pago de cuatro millones de euros.

Las Cavero

Pero él no es el único miembro de la familia González vinculado a la fracasada Bankia. Carmen Cavero Mestre, cuñada del presidente madrileño fallecida en julio de 2013, fue una de las consejeras de la entidad hasta la dimisión en bloque de sus miembros. Pilar, la otra hermana de Lourdes Cavero, es socia del bufete de abogados Cuatrecasas.

Ambas son hermanas de Lourdes Cavero, esposa de González y, en paralelo, vicepresidenta de la Confederación de Empresarios Madrileños (CEIM), bajo la batuta de Arturo Fernández. Además de trabajar para esta entidad, Lourdes preside Subastas Segre, dedicada a la venta de arte y antigüedades, una firma que cuenta entre sus consejeros con Pilar Cavero y Carmen Cafranga Cavestany, presidenta de la Fundación Caja Madrid. Lourdes Cavero está imputada en la Operación Lezo.

Tal y como adelantó Ángel Calleja en 20 minutos, González utilizó los servicios jurídicos públicos para la defensa de una sociedad de Cafranga, cuya licencia había sido revocada por los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) considera en el auto que la comunidad actuó en defensa de un interés “en ningún caso” público, sino “netamente privado”. Además, en 2009 la comunidad de Madrid otorgó una subvención a esa misma sociedad por valor de 300.000 euros en concepto de “saneamiento financiero de Centros Especiales de Empleo”. Cafranga ha sido condenada por el caso de las Tarjetas Black a un año y ocho meses de cárcel. También fue condenado en las black otro de los imputados por este caso, Javier López Madrid.

Ayer se conocía, además, que dos de las hijas de Ignacio González han sido agraciadas con dos pisos de Precio Público que regula la Comunidad de Madrid.

[[ESTE TEXTO SE PUBLICÓ ORIGINALMENTE EN OCTUBRE DE 2013 EN QUIÉN MANDA Y HA SIDO ACTUALIZADO EL 23 DE ABRIL CON DATOS DE ELDIARIO.ES]]

El BOE de este lunes recoge los primeros 11 indultos de 2017. Tres de ellos a condenados por delitos contra la salud pública, uno por lesiones y los otros seis por prevaricación continuada. Se trata de los funcionarios y un exconcejal implicados en el caso horas extra del Ayuntamiento de Rota, por el que durante años se pagó a un funcionario, en forma de horas extra, en su nómina trabajos que el Consistorio debía haber adjudicado vía contrato, aprobados en el Consejo de Ministros del pasado viernes.

La condena tiene doble vía: dieron un contrato a un funcionario -algo ilegal- y, además, lo hicieron vía horas extra, un método totalmente irregular. La pena se rebaja, para los que tienen condenas superiores de cárcel, a dos años. Así, si el juez así lo decide, podrán evitar la entrada en prisión. Además, los indultos cambian sus condenas de inhabilitación por suspensiones temporales, por lo que no perderán sus puestos ni su condición de funcionarios.

Ismael Puyana Román, exconcejal de Fiestas y Personal, pasa de una condena de cuatro años y medio de cárcel a una multa y dos años; y de nueve años y tres meses de inhabilitación a una suspensión temporal de seis meses, con lo que podrá volver a su puesto. Mismas condenas y mismo tratamiento para la funcionaria Manuela Serrano, José Manuel Caballero, director técnico del Ayuntamiento y Francisco Arjona, que era delegado de personal. Según la sentencia, ambos dieron su aprobación a estos métodos. Los tres fueron condenados, además de por prevaricación, por falsificar documentos oficiales.

Manuel García, el funcionario que realizó las tareas encargadas por el ayuntamiento en su taller, pasa de sumar cinco años y nueve meses de inhabilitación a dos de suspensión. Su pena de cárcel ya era de dos años, por lo que se queda igual. Por último, Miguel Fuentes, el interventor, para el que la condena era de dos años y siete meses de inhabilitación, pasa a estar suspendido en su empleo un mes.

El Ayuntamiento envió la petición de indulto en junio, de la que excluyó a la exalcaldesa, Eva Corrales (PP). Pero porque su petición se empezó a tramitar más tarde.

En esta nueva ronda de indultos, el Gobierno sigue sin explicar por qué los concede, algo que sí hizo en la anterior ronda de Semana Santa y que el Tribunal Supremo le ha recriminado.

Esta información ha sido publicada por 'El BOE nuestro de cada día'

El BOE recoge este martes la formalización del contrato para la edición, redacción, impresión y distribución del Boletín Informativo Tierra y la redacción y carga de noticias en la web del Ejército. Por realizar este servicio durante un año, Eurostar Mediagroup cobrará 127.500 euros.

El adjudicatario es un grupo que incluye varias ramas de negocio, que van desde los concursos telefónicos, televisivos y las votaciones, la creación de programas y Sigma Dos, una de las empresas líderes en encuestas de opinión, según su propia página web. En concreto, son los responsables de las votaciones telefónicas -con pago extra de llamada- de Gran Hermano, La Voz o Eurovisión, además de concursos televisivos de llamadas como, entre muchos otros, Besos por Navidad y Sonrisas por Navidad, ambos en TVE, espacios en los que los ciudadanos son invitados a participar llamando a números con recargo.

El contrato incluye, por una parte, la redacción de contenidos, impresión y distribución de la revista Tierra, 12 números anuales a razón de 16 páginas por número y de la que se distribuyen 35.000 ejemplares, según los pliegos. Por otra parte, la redacción y publicación de contenidos en la web del Ejército y en la versión digital de Tierra -donde se volcarán los de la revista.

El Ejército pone todo el material necesario: equipos de fotografía y grabación, de maquetación y edición, ordenadores… Además, permitirá a los periodistas contratados usar los medios públicos para desplazarse a cubrir noticias -con tarjeta de colaborador del Ejército- y para distribuir ejemplares. En paralelo, la empresa deberá hacerse cargo de la distribución vía Correos, estimada en unos 2.000 euros mensuales.

Eurostar Mediagroup podrá aumentar sus ingresos más allá de lo que le pague Defensa. Así, las cláusulas incluyen una frase que adelanta que le está permitido incluir publicidad en las páginas de la revista y cobrar por ello. Eso sí, no podrán ocupar más de media página y el Consejo de Redacción, formado por miembros del Ejército, tendrá que dar su aprobación.

Esta información aparece publicada en El BOE nuestro de cada día.El BOE nuestro de cada día

El BOE de hoy recoge el indulto a José Manuel Magdaleno Hernández, un promotor inmobiliario que estafó a varias familias, a las que les pedía adelantos para la compra de vivienda en urbanizaciones que sabía que nunca iba a construir. Fue condenado en 2012 por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a tres años y seis meses de prisión, a devolver el dinero estafado y a pagar indemnizaciones a sus víctimas, además de a inhabilitación especial durante el tiempo de la condena para actividades de promoción y construcción inmobiliaria. Gracias al indulto, la condena queda en dos años y ya podría volver a ejercer. Eso sí, debe pagar lo estafado y las sanciones impuestas.

Los hechos, según la sentencia, ocurrieron en 1999. Durante esa época, llevó a cabo cinco promociones de viviendas en Tenerife a través de Archipiélago de Viviendas SA. Durante el juicio solo se ha podido demostrar que hubo estafa continuada en tres de ellas.

El juez considera que, aunque era consciente de que no iba a construir las viviendas y que su mala situación económica le había llevado ya a promover obras con anterioridad que no había llevado a cabo, estafó a varias familias vendiéndoles sobre plano casas en nuevas urbanizaciones, a las que le reclamaba dinero por anticipado. En todos esos casos, según la sentencia, queda probado que no se trataba de un caso en el que al final no pudiera hacer frente a la construcción, sino que, desde el principio, el condenado lo hacía con el “ánimo de obtener ilícito beneficio a costa del patrimonio ajeno”.

Además, la sentencia narra que esas cantidades reclamadas a los compradores “no eran invertidas en la construcción de las viviendas objeto de las compraventas en cuanto que ni siquiera llegó a iniciar su construcción, en unas ocasiones y, en otras, se quedaba en una mera puesta en escena”.

En algunos casos no contaba con proyecto de edificación o ni siquiera solicitaba la licencia de obras. En algunos casos vendía las viviendas sobre planos realizados por arquitectos que nunca cobraron o adquiría terrenos a cambio de viviendas en la futura urbanización.

Ante las quejas insistentes de los compradores por la tardanza, el condenado les mentía o resultaba ilocalizable. Además, “ni tenía intención de devolver ni devolvió nunca el dinero recibido”. Tampoco invirtió dinero alguno en esas construcciones.

Este indulto forma parte de una ronda de 12 que el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del 30 de diciembre, el último del año. En ninguno de ellos se especifica qué razones han llevado a aprobar las medidas de gracia, como sí se hizo en ocasiones anteriores.

Entre los agraciados en la ronda publicada hoy en el BOE destacan también el dueño de un bar condenado por “ruidos intolerables” pese al precinto policial [detalles], un policía local de Caudete (Albacete) que falsificó un documento de puesta en libertad de un detenido que se había perdido, un hombre que dejó cicatrices en la cara a otro en una pelea en la puerta de un bar de Sant Boi del Llobregat (Barcelona) y un empresario que estafó a sus socios firmando facturas falsas. Se suman a la lista dos condenados por delitos contra la salud pública, otro por falsedad en documento oficial y tres por insolvencia punible.

En total, durante 2016, el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy ha concedido 27 indultos: los 12 de hoy, los 13 de Semana Santa -estando en funciones y que incluían a un hombre que estafó durante años a su socio– y dos indultos a María Salmerón.

Esta información aparece en Civio.

El BOE recoge hoy el Real Decreto que establece el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2017, con una subida del 8%, en línea con las peticiones de Podemos, entre otros. El SMI pasa de 655,20 a 707,70 euros al mes. También ascienden, en el mismo porcentaje, los salarios mínimos por día, el mínimo anual, el de los temporeros que trabajen menos de 120 días en la misma empresa y el de los empleados del hogar.

La subida afecta a todos aquellos que no alcancen esos mínimos pero no a las normas o convenios que lo tengan como referencia para el cálculo de salarios base u otras referencias y que cobren sueldos superiores. Esto es: quienes no lleguen a ese salario mínimo notarán el aumento, pero el resto no.

El Gobierno ha introducido una cláusula en el Real Decreto, que no aparece en las normas que regularon los salarios mínimos de años anteriores, en la que excluye de su aplicación a convenios, contratos y normas que usan el SMI como referencia para sus cálculos, siempre que se alcancen sueldos que cubran ese mínimo. De esta forma, la subida no se aplicará en los convenios vigentes en los que se use el SMI para calcular por encima de él el salario base o los complementos. Tampoco se tendrá en cuenta en los contratos y pactos privados en los que se use este indicador como referencia.

Por otro lado, se excluye de su aplicación, excepto que aprueben lo contrario, las normas autonómicas y locales vigentes que usen este referente para calcular la cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a determinadas ayudas, beneficios o servicios públicos.

Para todos estos casos, el SMI de referencia seguirá siendo el de 2015. El Gobierno justifica estas excepciones por el “carácter excepcional del incremento”.