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Los privilegios de los monjes del Valle: 340.000 euros por rezar, gastos pagados y al amparo de una fundación opaca y franquista

La veintena de benedictinos que viven en el Valle de los Caídos tienen pagados con dinero público la ropa, la comida, el teléfono, la "lavandera", los libros, el material de misa o las excursiones. El Estado también repara los edificios

Reciben anualmente 340.000 euros por "mantener el culto" o "seguir la evolución del pensamiento social", gracias a un decreto de Franco de 1957 que sigue en vigor

El prior, que ha anunciado que no va a acatar la sentencia de la exhumación de Franco, se niega a presentar un presupuesto de ingresos y gastos al Gobierno, que le ha suspendido la subvención hasta que haga las cuentas

El prior del Valle exprime la inmunidad de la Iglesia para boicotear la exhumación de Franco al enfrentarse al Vaticano y el Supremo

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Captura del documental 'A la sombra de la cruz', de Alessandro Pugno.

Captura del documental 'A la sombra de la cruz', de Alessandro Pugno.

Los monjes del Valle de los Caídos cobran del Estado por dar misa, hacer ejercicios espirituales o "seguir el pensamiento social". Son 340.000 euros anuales que les llegan por transferencia de Patrimonio Nacional cada año y que los religiosos utilizan para comprar comida, pagar el teléfono, contratar a la "limpiadora" y la "lavandera", hacer excursiones con los niños de la escolanía, comprar velas para las misas o renovar los hábitos benedictinos cuando se desgastan. Así lo dejó atado el dictador Francisco Franco en un decreto de 1957 que sigue vigente en democracia y que convertía a los monjes de la "Gloriosa Orden de San Benito" en los gestores del conjunto monumental franquista a través de un instrumento franquista y opaco: la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

Según los deseos del dictador, debían irse a vivir al Valle de Cuelgamuros al menos veinte monjes y tenían que cumplir unos fines: "mantener el culto en todo su esplendor", "dirigir la escolanía", "recopilar la doctrina de los pontífices" y "rogar a dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional". A cambio de hacer estas labores, eran sostenidos por fondos públicos, una situación que se ha alargado hasta 2018. En ese año, y en plena batalla por la exhumación de Franco, el Gobierno de Pedro Sánchez congeló la transferencia anual de 340.000 euros porque el prior se ha negado a presentar un presupuesto de ingresos y gastos ajustado. De hecho, el Tribunal de Cuentas ya alertó en un duro informe en 2016 de que no existía rendición de cuentas y detectó todo tipo de deficiencias contables en las cuentas de los monjes. En 2017, y con Rajoy todavía en la Moncloa, Patrimonio Nacional (que es el patrono de la Fundación del Valle de la que son beneficiarios los benedictinos) asumió parte de esas recomendaciones y acordó que en 2018 se presentara un presupuesto completo, algo que, después de 60 años recibiendo dinero público, los religiosos no han hecho.

eldiario.es tuvo acceso a través del Portal de Transparencia a algunos de esos gastos que se han hecho sin control y con confusiones contables. El concepto en el que más dinero público gastaron los monjes benedictinos, que no tienen salario puesto que han hecho voto de pobreza, es en comer. Son 405.000 euros en el periodo 2014-2017.



En el capítulo de "gastos educativos" hay excursiones que han organizado los religiosos para los niños cantores: "Visitas al Zoo y Aquarium de Madrid, al Centro de Naturaleza Ambiental Cañada Real y al Monasterio de Piedra". Todo a cargo del Estado. También han invertido el dinero público en folios "DIN A4 80 mgr", fotocopias o "lote de orlas". En cuanto a los gastos de culto, los financian igualmente las arcas públicas, de las que han salido 5.200 euros anuales para la celebración de misas, entre ellas, algunas en honor al bando franquista. Los monjes han comprado para la liturgia "lamparillas de cera, botellas de cera líquida y velones" con ese dinero.

Pero no solo tienen cubierto el funcionamiento, también es el Estado el que se encarga del mantenimiento de la abadía, la basílica, la escolanía, la hospedería, la gran cruz y la explanada. Cualquier desperfecto, obra o remodelación se paga con dinero público. Se emplean unos 250.000 euros públicos anuales de media: desde el mantenimiento del funicular que no funciona (más de 100.000 euros en tres años), conservación de los brazos de la cruz (22.000 euros), reparación de cornisas de la Abadía (11.610 euros) o la enfermería para los monjes (45.000 euros).

Captura del documental 'A la sombra de la cruz', de Alessandro Pugno.

Captura del documental 'A la sombra de la cruz', de Alessandro Pugno.

Respecto a la fundación creada por Franco que gobierna el Valle, el informe de expertos encargado en 2011 por José Luis Rodríguez Zapatero ya evidenció que tenía apariencia de fundación pero no lo era: sus ingresos provienen del Estado y gestiona bienes del Estado, de modo que debería ser un Real Patronato, no una fundación público-privada, que propicia mayor opacidad. También recomendaba renegociar el convenio con la Iglesia respecto a los monjes benedictinos por "anacrónico", ya que debería distinguir y separar las labores de culto de las civiles.

Han pasado ocho años desde ese informe y sesenta desde la llegada de la orden benedictina al Valle de los Caídos sin que haya habido cambios en el estatus de los monjes, que amenazan ahora con desacatar la sentencia de la exhumación de Franco y ponen en apuros la relación de España, la Iglesia española y el Vaticano.

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