Ha sido muy comentado el último destrozo perpetrado, de momento, por los acuerdos entre el PP y Vox en las CCAA de Extremadura y Aragón. Me refiero a lo de la “prioridad nacional” a la hora de acceder a los servicios y ayudas públicas, pretendidamente endulzada con la milonga del “arraigo” del posible beneficiario. El disparate que contiene el referido acuerdo no es solo moral, legal, político, social y cultural, sino que atenta también al corazón de nuestra economía, en una palabra, al interés de España y de la ciudadanía española.

En principio, como ya se ha dicho con reiteración, supone un atentado flagrante a nuestra Constitución en sus principios fundamentales a la igualdad y la no discriminación, además de oponerse a lo dispuesto en la Ley de Extranjería. Hay que tener en cuenta que si bien el art.14 de la Constitución (CE) se refiere a los españoles, es precepto que conviene relacionar con el 13.1 CE, cuando señala que “Los extranjeros gozan en España de los derechos y libertades del Título I”, que incluye el art.14, sobre el derecho a la igualdad. Lógicamente, queda excluido el derecho al sufragio, exclusivo de los nacionales, salvo en las elecciones municipales, en las que pueden votar los ciudadanos de países de la UE. Por eso es una gran mentira cuando la Sra. Ayuso y otros afirman que la regularización de inmigrantes se ha hecho con el objetivo de cambiar el censo electoral a favor del gobierno. La legalización de ese medio millón de emigrantes es esencial para que no sigan trabajando en condiciones de esclavitud, con salarios de miseria y sin ningún derecho, como parecen desear las derechas. Lo asombroso es que Vox y el PP se hayan opuesto radicalmente, en contra del interés de España, a tal regularización, cuando la Iglesia y la patronal han estado a favor. Otra cosa es lo que digan las encuestas, en las que aparece que una parte considerable de la ciudadanía ve más aspectos negativos que positivos. Un resultado que, en mi opinión obedece, en gran parte, en la muy insuficiente explicación por parte del gobierno.

Sin embargo, no es menos grave que tal “prioridad” violente lo establecido en el Tratado de Lisboa respecto al principio de igualdad y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que tienen carácter jurídicamente vinculante al confirmar lo garantizado en el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En este sentido, de llevarse a la práctica el desatino de la “prioridad nacional”, el Estado español podría ser sancionado como lo han sido otros estados -por ejemplo, la Hungría de Orbán- por violación de la legislación europea.

Ahora bien, cuando se sostiene que no podrá cumplirse tal despropósito y, en consecuencia, será inane a efectos prácticos, se olvida que tiene consecuencias políticas, sociales y culturales graves, se lleve o no a la práctica. De entrada, porque anula la condición de ciudadanía -incluido el concepto de derechos humanos-, propio de las democracias, y lo sustituye por el de la identidad nacional excluyente, vigente en un pasado que no debe retornar. Me temo que el origen no está en la posición de la ultraderecha francesa del Frente Nacional del fallecido señor Le Pen y compañía. Por el contrario, se encuentra en la génesis del fascismo puro y duro, cuando los nazis de Hitler desgajaron una estrofa de un viejo himno alemán para la unificación del país en el siglo XIX y lo convirtieron en el emblema de la Alemania nazi. Esa estrofa decía: “Deutschland über Alles” -Alemania por encima de todo-, lo que es igual a los alemanes los primeros. Del fascismo pasó a los franceses de Le Pen con el “les français d’abord” -primero los franceses-, luego al “America First” -América primero- de Trump, y ahora a la “prioridad nacional” de Vox que el PP, irresponsablemente, ha asumido.

No obstante, de lo que se habla menos es de las consecuencias sociales y económicas que la aplicación de este principio podría llegar a tener. Por lo pronto, es un duro golpe a la inmigración. A nadie le gusta ser una persona o ciudadano de segunda, con los derechos mermados, y los inmigrantes son imprescindibles para sectores básicos de nuestra economía, como la construcción, la hostelería, el pequeño comercio, la logística, el cuidado de las personas, etc. Sin emigrantes la economía española se hundiría. De todas las maneras, no nos engañemos. A los inmigrantes se los rechaza porque la inmensa mayoría son pobres, ya que a los extranjeros ricos se les hace la ola y se les pone la alfombra roja, tengan la piel negra, los ojos rasgados o recen a Alá. Por eso, lo que impera en la mayoría de las derechas es el “raziclasismo”. Y conviene tener mucho cuidado porque de ahí a considerar a los inmigrantes “untermenschen” -infrahumanos-, como consideraban los nazis a los judíos y otras razas “inferiores”, hay un paso. Un paso que a veces se da en los estadios de fútbol cuando más de un descerebrado hace signos propios de los simios referidos a algún jugador cuya piel es diferente a la suya.

Por otra parte, ¿qué pensarán alrededor de tres millones de europeos que residen en España cuando se enteren de que son ciudadanos de segunda? ¿Qué atractivo puede tener España para atraer talento extranjero si se les dice que serán ciudadanos de segunda? ¿Qué impresión producirá en los cerca de 100 millones de turistas que vienen a España cuando caigan en la cuenta de que cruzando la frontera entran en un país que los considera de segunda categoría? ¿Seguirán teniendo asistencia médica igual que los españoles o se pondrá en duda por su falta de arraigo?, pues me da la impresión de que mucho arraigo no tienen, digo yo. ¿Imaginan ustedes qué sucedería si este principio de la prioridad de los españoles se implantase en toda España, como pretende Vox y aceptará, sin duda, el PP en caso de que ganasen las próximas elecciones? Habríamos pasado de la “prioridad nacional” al “disparate nacional” con un daño “nacional” desastroso. 

Se sostiene por algunos opinadores que es positivo que Vox entre en los gobiernos porque así se demostrará que no saben gobernar o gestionar y perderán posiciones. Es curioso cómo a veces se repite la historia, aunque los escenarios y actores sean diferentes. Lo mismo se dijo de los nazis antes de que llegaran al poder. El excanciller alemán de aquella época, el socialdemócrata Herman Müller, en una carta a su correligionario Otto Braun, ministro-presidente de Prusia, manifestaba su consternación al comprobar que miembros de su partido sopesaban que “había que permitir que la derecha y la extrema derecha entraran en el gobierno, incluidos los nazis, para que así puedan demostrar su incompetencia” (Johann Chapoutot en “Irresponsables”). Espero que entre nosotros a nadie se le ocurra tal dislate. Sin embargo, otros opinadores y políticos de las derechas defienden esos pactos afirmando que el PP tiene derecho a gobernar con Vox, al igual que el PSOE lo hace con Junts o con Bildu. Nadie discute que el PP pueda gobernar con quien decida o le plazca, pero como en tantas ocasiones esa comparación encierra una gran mentira. Que yo sepa no hay ministros de Junts o de Bildu en el Gobierno de España, ni consejeros de esos partidos en las CCAA donde gobierna el PSOE. Confundir apoyos parlamentarios, cuando les conviene a quienes apoyan, con formar parte del mismo gobierno es una manera de confundir y engañar al personal sufridor. ¡Será posible que no nos demos cuenta de lo que se nos viene encima!

Se cuenta que cuando en una tarde de julio de 1945 el presidente Truman informó a Stalin que EEUU poseía una bomba de potencia jamás conocida, el líder soviético no pestañeó y permaneció impasible. Unos días después, el seis y nueve de agosto de aquel año, dos bombas atómicas cayeron sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. La dirigencia soviética no se engañó y dedujo que, si bien los letales artefactos habían caído sobre Japón, ya derrotada, políticamente lo habían hecho sobre Moscú y Leningrado, como advertencia. Desconozco qué reacción habrá tenido el presidente chino Xi Jinping al conocer que Trump y Netanyahu habían bombardeado Irán. Me temo que parecida conclusión a la que llegó el dictador soviético.

Es de suponer que todos saben, quizá con la excepción del ignaro Trump, que las grandes guerras se van enredando por naciones interpuestas, por errores de cálculo y no suelen comenzar por los contendientes finales. Así, una mañana del domingo del 28 de junio de 1914, un joven nacionalista serbio-bosnio, Gavrilo Princip, apretó el gatillo en una calle de Sarajevo y se cargó al heredero del imperio austrohúngaro, Francisco Fernando. Seguro que no pensó que con esa acción criminal iba a desencadenar una de las matanzas más espantosas de la historia de la humanidad. El bucle de los sucesos posteriores es bien conocido. La Austria de los Habsburgo exigió reparaciones inaceptables a los serbios y, ante la negativa de estos, les declaró la guerra, convencida de que duraría unas semanas. Sin embargo, el imperio de Francisco José no calculó que la eslava Serbia tenía un aliado en la también eslava Rusia de los zares, que salió en defensa de sus hermanos de raza. Tampoco Nicolás II calculó que el emperador austriaco tenía un poderoso aliado en Guillermo II, el Kaiser alemán. Situación que condujo a que la Alemania de los Hohenzollern declarase la guerra a Rusia, que a su vez era aliada de Francia y esta de Gran Bretaña. Con la entrada en el conflicto del imperio Otomano, de Italia y, luego, de los EEUU, la guerra se transforma en mundial y en una de las mayores carnicerías de la historia. Lo curioso y siniestro del caso es que tres de los contendientes -el zar Nicolás II, el káiser Guillermo II y el rey Jorge V- eran primos hermanos y nietos de la reina-emperatriz Victoria de Gran Bretaña.

En la II Guerra Mundial, aconteció algo parecido. Después de tragarse una parte de la actual Chequia, Checoslovaquia entera y Austria, como consecuencia de la nefasta política de apaciguamiento, Hitler invadió Polonia, una madrugada de septiembre de 1939. Un genocida envalentonado que pensó -lo reconocería demasiado tarde- que Francia y Gran Bretaña no le declararían la guerra en solidaridad con los polacos. Un error de cálculo atroz que condujo a la II Guerra Mundial, en la que se vieron envueltos casi toda Europa, la URSS, EEUU y gran parte de África y Asia, con el resultado de entre 70 u 80 millones de muertos.

Seguro que es mucho pedir a líderes como Trump, de una egolatría, infantilismo e ignorancia abismales, o a un Putin, obsesionado con recuperar imperios perdidos y vengar humillaciones pasadas, que hayan aprendido algo de la historia. La realidad es que los errores de cálculo, de nuevo, se van sucediendo como una maldición. Los occidentales -americanos y europeos- pensaron que Rusia no reaccionaría ante la amenaza de una Ucrania dentro de la OTAN, cuando habían garantizado a Gorbachov que eso no sucedería al aceptar este la unificación alemana dentro de la alianza. Putin, por su parte, ocupó Crimea y, ante la pasividad occidental, pensó que podía continuar por ese camino. Sin duda, calculó mal, pues una cosa era quedarse con Crimea, que había pertenecido siempre a Rusia, hasta que Kruchev se la cedió en 1954 a una Ucrania que era parte de la URSS, y otra muy diferente invadir un país independiente. Da la impresión de que estaba convencido de que la “operación especial” duraría unas semanas, entraría en Kiev y pondría al frente del país a algún personaje cercano. No calculó, desde luego, la tenaz resistencia de los ucranianos, con el apoyo decidido de los occidentales. Lleva cuatro años empantanado en una guerra, con decenas de miles de muertos y destrucciones, además de volver a meter a Europa en un peligroso conflicto bélico. Los europeos hemos hecho bien en oponernos a una agresión ilegal e injusta. No obstante, deberíamos tomar iniciativas autónomas con el fin de encontrar una solución negociada, que dé una satisfacción realista a las partes, pues pensar que se puede derrotar a Rusia no solo sería un error de cálculo, sino también un pensamiento mágico muy arriesgado.

Ahora, los EEUU de Trump y el Israel de Netanyahu, después de perpetrar el genocidio de Gaza, atacan ilegalmente a Irán en base a explicaciones totalmente falsas. Ni Irán era un peligro inminente ni tenía armas atómicas ni cohetes especialmente letales ni se va a liberar a las mujeres persas ni acabar con el régimen teocrático de los ayatolás. Todo esto son patrañas, del estilo de las “armas de destrucción masiva” de Irak, que metió a la España de Aznar en una guerra, o la milonga de la liberación de las mujeres afganas, a las que se dejó abandonadas con el burka cada vez más tupido. La realidad es que el Israel de Netanyahu y el poderoso lobby judío han aprovechado la estulticia ególatra de Trump para convencerle de que con este ataque se podían matar varios pájaros de un tiro. Primero acabar con el régimen de los ayatolás, como si Irán fuese Venezuela, bajo el estúpido criterio de que muerto el tirano se acabó la tiranía, sin darse cuenta de que esto último es bastante más complejo y no se consigue lanzando bombas desde el cielo. El objetivo de Israel es meridiano, pues aparte de machacar a Irán intenta terminar con los chiíes de Hezbolá, entrar en Líbano y quedarse con la mayor parte que pueda del territorio de Palestina. Una manera de evitar la posibilidad futura de los dos estados y alcanzar la ensoñación sionista de crear el Gran Israel, aunque para ello tenga que incendiar medio planeta.

La carta de dimisión del director de la lucha antiterrorista de EEUU es contundente: Irán no era un peligro para la seguridad de EEUU y Trump se ha metido en una guerra empujada por Israel y el lobby judío que no tiene ningún sentido y muy mala salida. Esto explica los bandazos que da todos los días el presidente americano y el aparente callejón sin salida en el que se ha metido, en forma de estrecho de Ormuz. Sin embargo, tengo dudas de que no sepa lo que quiere, aunque es muy posible que no sepa cómo conseguirlo. Porque, ¿a quién perjudica sobre todo esta guerra? Desde luego, a los iraníes, libaneses y monarquías del Golfo que reciben las bombas. Pero estas bombas que caen materialmente todos los días sobre Teherán o Beirut, políticamente tienen otros objetivos. De entrada, China, para quien esta guerra, si se prolonga, puede ser nefasta. Entre el petróleo de Venezuela, más el de Irán y el de varias monarquías del Golfo puede perder una parte sustancial de los suministros de hidrocarburos, aparte de otras materias primas esenciales. Siempre le quedará su aliada Rusia de Putin, que estará encantada con el aumento de los precios del gas y el petróleo, aparte del desvío del foco sobre Ucrania. Hoy China es un factor de estabilidad y no le interesa entrar en una guerra, pero qué sucedería si actuase como Trump, Netanyahu o Putin e invadiese Taiwán.

No obstante, quizá la peor parada a la larga sea la UE que, en mi opinión, es el adversario a batir por el trío Trump/Netanyahu/Putin. Esta guerra es un obús en la línea de flotación de sus valores, en su unidad y en su bienestar económico. Es un intento de hacer saltar por los aires todos y cada uno de los fundamentos en que se sustenta la UE: la paz, el derecho internacional, el multilateralismo, un mundo con normas, el respeto a los derechos humanos, el estado de bienestar, la Carta de NNUU o cualquier principio ético o moral que exista. Trump ha atentado a su unidad, que se mantiene con alfileres, apoyando a los partidos más ultrarreaccionarios y belicosos, y amenazando a todos los que se oponen a sus enloquecidas apetencias.

El caso español es clamoroso. Mientras el gobierno progresista de España se enfrenta a esta guerra ilegal e injusta, resistiendo a las continuas amenazas de Trump, las tan patriotas derechas no se solidarizan con su país y apoyan, o no se oponen, a las aventuras bélicas de americanos e israelitas. Una aventura que está dañando nuestra economía, con aumento de los precios de carburantes y alimentos, mientras algunas empresas se forran como nunca. Alguien debería explicar con toda claridad que si gobernasen el PP y Vox ya estaríamos en el bando de la guerra, como sucedió con la de Irak, de trágica memoria. 

Creo que se ha dicho casi de todo sobre la famosa sentencia del Tribunal Supremo que condenó al entonces fiscal general del Estado (FGE). Me encuentro entre los que han considerado que dicha resolución judicial ha sido dañina para el prestigio de nuestro Estado de Derecho, al haber hecho saltar por los aires, en mi opinión, el principio constitucional básico de la presunción de inocencia y de la regla procesal esencial de “in dubio pro reo”, cuyo respeto es, entre otros, lo que distingue una democracia de una dictadura.

Es conocido que nuestro Tribunal Supremo tuvo una historia indigna durante los cuarenta años de dictadura, al convertirse en un instrumento de aquel nefando régimen político, en su tarea de violar todos y cada uno de los derechos fundamentales de las personas. Y no cabe aducir, en su descargo, que no tenían más remedio que aplicar las leyes entonces vigentes, pues este argumento ya quedó laminado por lo menos desde los famosos procesos de Nuremberg y otros posteriores, incluyendo el llamado “juicio contra los jueces” alemanes que habían aplicado aquellas leyes genocidas. Procesos donde se sentó la doctrina de la responsabilidad individual y de que no cabe la “obediencia debida” o el cumplimiento de la legalidad vigente cuando se trata de violación de los derechos humanos fundamentales. Examinar hoy la jurisprudencia del Tribunal Supremo de aquellos años dictatoriales es desolador, pues se cometieron auténticas aberraciones jurídicas y democráticas.                                                                                                               

En estos días en que se cumplen 52 años de la sentencia derivada del Sumario 1001/72, por la que el Tribunal de Orden Público condenó a altísimas penas de cárcel -hasta veinte años de reclusión- a diez dirigentes de las Comisiones Obreras, conviene recordar que aquel nefasto tribunal represor se basaba para ello en la doctrina establecida por el Tribunal Supremo.

El hecho fue que al principio de la andadura de aquellas comisiones y ante el despiste que la dictadura tenía sobre el alcance y naturaleza de las mismas, los tribunales penales ordinarios condenaban a sus miembros a penas menores como, por ejemplo, por no haberse constituido e inscrito en el registro de asociaciones o cosas por el estilo, ya que no existía ley que las declarase ilegales. Sin embargo, cuando la dictadura, en especial a partir del año 1967, se percató de la peligrosidad y de la capacidad de movilización de las referidas Comisiones Obreras, indicó al Tribunal Supremo, que dependía directamente del Ministerio de Justicia, que aquello no podía continuar así.

A partir de entonces, aquel supremo tribunal, en una operación de imaginación jurisprudencial, sentó la aberrante tesis de que a los miembros y dirigentes de las Comisiones Obreras había que condenarles “por analogía” como si fuesen lo mismo que el PCE, porque de lo contrario era difícil meterles mano en su actividad en defensa de los intereses de los trabajadores. Como acertadamente señala el catedrático Marc Carrillo en su obra“ El derecho represivo de Franco”, el “anticomunismo fue, por supuesto, otra de las señas de identidad que adoptó el Tribunal Supremo en sus resoluciones y que le permitió no solo identificar los postulados políticos de los partidos comunistas como la mayor de las catástrofes para España, sino también para aplicar por analogía el mismo rasero legal a cualquier entidad o asociación que el régimen entendiese coincidente con los planteamientos del PCE”. Es decir, como no podemos basar la condena de las Comisiones Obreras en cuanto tales, pues no había apoyatura legal para hacerlo -ya que no estaban incluidas, como es obvio, en la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939-, sostenemos que son lo mismo que el PCE -por analogía- y las condenamos a las mismas penas que a los comunistas. Con este sencillo y aberrante procedimiento se envió a la cárcel a miles de personas -hombres y mujeres- por su actividad sindical.

Desde luego, no seré yo quien caiga en la burda comparación entre el actual Tribunal Supremo y el de la dictadura, salvo en el nombre. Es cierto que a aquellos magistrados no se les exigió responsabilidades por las ilegalidades que pudieran haber cometido al servicio de la dictadura, como por otra parte a ningún servidor público de entonces, debido al efecto “erga omnes” o universal que tuvo la amnistía, símbolo de la reconciliación nacional. Además, el actual Tribunal Supremo, ni por el lugar que ocupa en la Constitución -art 123 CE-, ni por su forma de elección- por el CGPJ-, ni por las personas que lo componen, ni por la legalidad democrática a la que debe de respetar y aplicar, nada tiene que ver con el supremo tribunal de aquel régimen liberticida. Por eso mismo, porque en la actualidad el TS está al servicio de un Estado social y democrático de derecho, debería extremar el cuidado de no deslizarse hacia interpretaciones o construcciones imaginativas que pudieran tener un mínimo parecido a las de aquel nefando régimen dictatorial.

Aparte de otras cuestiones que suscita la controvertida sentencia condenatoria del FGE, y una vez leída la integridad de la misma, reconozco que saltaron todas mis alarmas. Sobre todo, por lo que se sostiene en el decisivo punto 9.2 de la valoración de la prueba. Primero, al afirmar que “no existe una explicación alternativa razonable que permita cuestionar que la filtración se desarrolla en la FGE y que el propio fiscal tuvo una participación directa para hacer llegar al Sr. Campos el correo del 2 de febrero”. Realmente asombroso, pues como no se ha averiguado quién fue el filtrador y no tengo pruebas concluyentes y/o indubitadas de que haya sido el fiscal general, concluyo que, por descarte, ha tenido que ser él… por aproximación o posibilidades.

Y luego, para rematar la faena, se dice: “Permite construir un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente que lleva necesariamente a afirmar como hecho probado, que fue el acusado, o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento, quien entregó el correo para su publicación en la cadena SER”. Aquí es cuando el asombro se ha mutado en alarma y ante las nuevas teorías jurídicas del “por descarte” y del “entorno” no he podido evitar que me viniese a la mente aquella teoría de la “analogía” del pasado, que tantas consecuencias trágicas tuvo, tanto colectivas como personales. Como se sabe, la palabra analogía viene del griego y significa, para estos supuestos, semejanza, mientras entorno deriva del latín y se refiere a los que rodean, en este caso, a alguien, y no están tan lejos una de la otra. Esa frase de la sentencia no tiene desperdicio pues se trata, en el fondo, del reconocimiento por parte de los sentenciadores de que no tienen ni pajolera idea de quién haya sido el pecaminoso filtrador, en un país en el que todo se filtra. Ya que no están seguros de que haya sido el acusado, pues no hay prueba concluyente al efecto, se abre la opción de que haya sido alguien de su entorno directo, eso sí, con su consentimiento.

Lo abracadabrante del caso es que el entorno inmediato es de tal indeterminación que acepta una pluralidad de personas o sujetos y no se dice quién fue entre los posibles, pues no creo que se pueda condenar a un “entorno”, aunque vaya usted a saber con los tiempos que corren. En todo caso y al margen de ironías, como bien señala el voto particular de las dos magistradas discrepantes, en el supuesto de no haber sido directamente el acusado, no se indica a quién el fiscal general autorizó, ni cuándo ni dónde; o quién, cuándo y dónde alguien le puso en conocimiento de la filtración. Todo queda en la nebulosa, lo más opuesto a lo que justificaría una sanción penal. La verdad es que si teorías como la “analogía” o el “entorno” se abriesen camino en nuestra jurisprudencia penal, tendríamos que empezar a vigilar nuestros entornos y semejanzas o analogías. Menos mal que, en la actualidad, siempre quedan instancias a las que se puede acudir, en España y en Europa, que corrijan si así procede los desvaríos que se hayan podido cometer.

Las severas críticas a los últimos acuerdos entre los EEUU de Trump y Europa se suceden por doquier. Se habla con razón de sometimiento, de imposición, de la debilidad de la UE y, todo ello, es parte de la verdad. La aceptación -salvo la excepción española- del 5% del PIB en gastos de defensa impuesto por Trump ya fue un aviso o advertencia de las intenciones de los yanquis. Algunos pensaron y manifestaron que tampoco estaba tan mal que Europa se rearmara ante la amenaza rusa y, sobre todo, si ello podía contribuir a la fantasmagórica “autonomía estratégica”. El propio canciller alemán ha declarado hace poco que, para ellos, no se trató de un trágala, sino que está en sus intereses transformar Alemania en la primera potencia militar de Europa y, de paso, salir de la crisis económica vía un “keynesianismo militar”. Al mismo tiempo que transmitía la horrenda noticia, que no ha suscitado apenas interés mediático, de que Alemania ya no puede sostener el Estado social del que disfrutaba hasta ahora, mientras programaba el gasto de medio billón de euros en armas.

Sin embargo, ahora descubrimos lo que algunos nos temíamos en el sentido de que el susodicho rearme acabaría siendo un suculento negocio para la industria de defensa americana, a la que acabaremos comprando buena parte de las futuras armas ante la incapacidad europea de fabricarlas en nuestros países. Con la deprimente consecuencia de que, en estos tiempos altamente tecnificados, las herramientas de matar no las puede utilizar libremente quien las compra sin la luz verde o beneplácito de quien las vende, lo que aumenta la “dependencia estratégica”, en este caso de los EEUU. Y si no que se lo digan a nuestros desgraciados amigos ucranianos. El consuelo que nos queda es que, según dicen, el famoso 5% no se va a cumplir ni de lejos, en este juego de trileros.

No obstante, he expresado, en varias ocasiones, que soy partidario de que la UE se fortalezca en términos de seguridad y defensa si pretendemos algún día ser de verdad autónomos, porque si les seguimos comprando a los americanos los sistemas de armas no seremos independientes jamás. Así que, o ponemos en pie sin dilación una auténtica industria de defensa europea creíble, dentro de un proceso de mayor integración política, o seguiremos haciéndonos trampas en el solitario y engañando al sufrido personal.

Después, llegó el turno a los aranceles y aquí la goleada ha sido notable, en la forma y en el fondo. Da realmente grima observar cómo el “emperador” Trump se dirige a una de sus propiedades privadas en un resort, club de golf o lo que sea en Britania -Escocia-, en un viaje particular de vacaciones y se digna recibir en dicha propiedad a Keir Starmer, primer ministro británico, y a Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. A partir de este esperpento posmoderno, el resultado era el previsible: un 15% de peaje o impuesto a todos los productos que exportemos a los EEUU, sin reciprocidad alguna por parte de los americanos. Pobres empresas europeas -y sus trabajadores- que pretendan seguir vendiendo sus manufacturas en el mercado USA, y pobres ciudadanos yanquis -y sus trabajadores- que deseen compran bienes y servicios europeos. Ambos colectivos cuyos intereses le importan, por lo visto, una higa o se la traen al fresco al autócrata Trump. 

Sin embargo, lo que ya es de traca es que la UE se comprometa a comprar a los EEUU productos energéticos por valor de más de 600 mil millones de dólares en los próximos tres años, y, además, realizar inversiones en aquel país por una cifra equivalente. Y todo ello en una relación de tipo colonial sin contrapartida por parte de la metrópoli, salvo la de una supuesta protección por parte de los americanos, sin definir en el caso de Ucrania y vaya usted a saber para Europa, si tenemos en cuenta que para Trump la UE se creó para “joder” a los EEUU. Eso sí, la señora Von der Leyen se largó de Escocia muy ufana porque había conseguido que para los automóviles alemanes y algunos otros productos los aranceles habían pasado del 27% al 15%.

Ahora bien, ¿por qué ha sucedido todo esto? ¿Por qué la UE se ha sometido a esta humillación y chantaje? Hay quien sostiene que habría sido peor desencadenar una guerra comercial con EEUU, de consecuencias imprevisibles. No soy de esa opinión, entre otras razones porque hay países como Canadá, China o Brasil que no se han sometido al chantaje de Trump y no por ello han sufrido consecuencias inasumibles. Con personajes que negocian mediante intimidaciones de factura mafiosa, las políticas de apaciguamiento no sirven para nada. Ya lo dijo Churchill refiriéndose a la política de Chamberlain respecto a Hitler: entre la guerra y el deshonor, habéis escogido el deshonor y tendréis la guerra. Y así fue, como es conocido. La Comisión Europea ha escogido el deshonor y no por ello apaciguará Trump en sus guerras comerciales y de otro tipo. La prueba es que no se ha cumplido todavía el acuerdo del 15% y ya nos está amenazando con nuevos aranceles por las multas de la UE a Google.

No obstante, la duda que me suscita tanta docilidad por parte de la UE es si esta se debe a que realmente estamos ante una actitud solo de debilidad o se esconde otro motivo bastante más preocupante. Si observamos y analizamos la evolución de la UE en estos últimos años, podremos comprobar que se ha tratado de una continua evolución hacia las derechas, ya fuesen más o menos radicales. En los países más importantes -Alemania, Francia- los “ultras” ya son la segunda fuerza; en Italia gobiernan, en Polonia ocupan la presidencia, mientras la socialdemocracia ha sido arrinconada y solo gobierna en España, Dinamarca y Malta, aparte de un papel secundario en Alemania. En el Parlamento Europeo, las derechas ocupan más de los dos tercios de los escaños, y en el Consejo únicamente tres países de 27 tienen presidentes socialistas. Y estas derechas -especialmente en Alemania- no han querido de ninguna manera enfrentarse a los EEUU, ni en el 5% ni en los aranceles ni en el genocidio de Palestina, no sé si tanto por flojera o porque siguen considerando a los EEUU, incluso el de Trump, un líder imprescindible en la defensa de sus intereses y “valores compartidos”, si yo supiera lo que eso quiere decir a estas alturas. La prueba es que mientras a Rusia se le han impuesto múltiples sanciones -con razón- por su ataque a Ucrania, resulta que Alemania y otros son un obstáculo para que la UE adopte una posición digna ante el genocidio perpetrado por Netanyahu, con el respaldo incondicional de EEUU. Dignidad política y moral que nos permitiera pasar de las palabras, miserablemente huecas, a los hechos como pueden ser reconocer al Estado palestino, establecer sanciones o suspender los acuerdos suscritos con Israel. Por lo tanto, no seamos ingenuos. La claudicación ante Trump ha sido vergonzosa, pero no sé si tanto para Alemania y algunos otros Estados. La señora Von der Leyen ha considerado un éxito lo del 15% en los aranceles y el canciller Merz ha declarado que el 5% en defensa no es una concesión a los EEUU, sino una necesidad para Alemania, como ya hemos explicado. En su opinión se ha salvado la alianza UE/EEUU, porque las derechas son incapaces de dar pasos reales hacia la famosa “autonomía estratégica”. ¿O es que somos tan sandios o necios para creer que se puede ser autónomo o independiente comprando las armas y la energía a los EEUU, con Trump o con cualquier otro?

En conclusión, me malicio que no estamos solo ante una cuestión de debilidad frente a alguien más fuerte, sino ante una concepción de las derechas que consiste en considerar a los EEUU de Trump un líder imprescindible frente a adversarios, que se consideran sistémicos, como Rusia o China. En una alianza que, como se pudo ver en directo en la última cumbre de la OTAN, se aceptó el liderazgo indiscutible de un presidente americano, uno de cuyos objetivos es, precisamente, cepillarse a la UE que conocemos. Así que dejémonos de jeremiadas, milongas y zarandajas, que esconden en el fondo “viejos intereses nacionales”. Y seamos conscientes de que o integramos más y mejor a Europa, en alguna suerte de federalización, en el que sea el conjunto de la ciudadanía europea la que decida, o seguiremos siendo una especie de colonia o satélite de los EEUU, bailando al son que nos toquen según sus intereses.

No es fácil en los tumultuosos y oscurecidos tiempos que corren discernir lo que, en realidad, está en juego. El caos, el ruido y la furia se han convertido en el hábitat omnipresente que todo lo abarca, lo engulle y lo acaba expulsando, como el mar los detritus, hacia las aturdidas mentes del personal sufridor. No es nada sencillo que la realidad real o la verdad verdadera se abran camino ante tanta manipulación, ante el imperio de lo virtual, de la falsificación o, sencillamente, de la mentira. El mundo está inmerso en peligrosas guerras de momento locales en Ucrania, en Oriente Medio –el genocidio de Netanyahu en Gaza, la guerra contra Irán–, todo ello apoyado por los EEUU de Trump y aquí, por lo visto, lo que más interesa es hablar de Koldo, de Ábalos y Cerdán.

¿Es que alguien se cree que la potencia americana, con el concurso de Europa, no podría acabar con estos conflictos si de verdad se lo propusiesen? ¿Por qué Netanyahu, al frente de un país de diez millones de habitantes, se permite cometer los crímenes de Gaza, bombardear Teherán y lo que se ponga por delante –sin una sola sanción–, si no es porque cuenta con el apoyo incondicional de Trump y de la pasividad de buena parte de los países europeos, que mientras han impuesto, con razón, multitud de sanciones a la Rusia de Putin, aquí están agarrotados por extraños complejos del pasado o intereses del presente?

Y ahora vienen el preboste de la OTAN y su fiel escudero Mark Rutte a ordenar que tenemos que gastar la estrambótica cifra del 5% del PIB –más de 80 mil millones de dólares en cifras de 2024–, lo que supondría un golpe durísimo a nuestros derechos sociales en sanidad, educación, etc. Un diktat o ukase escandaloso e inútil al que se ha opuesto, únicamente, ese presidente español al que hay que abatir por todos los medios. Sabemos lo que sucedería si gobernasen las derechas: pues que aceptarían sin rechistar como han hecho siempre ante los requerimientos del “amigo americano”.

Desde luego no es suficiente para mover voluntades con exclamar “que viene la ultraderecha”, sin embargo, lo que irrumpe no es sólo eso, sino la ola más reaccionaria, antisocial, antieuropea y antidemocrática desde la IIª Guerra Mundial. Con un presidente de los EEUU a la cabeza de la contrarreforma, atrabiliario e imprevisible; una Unión Europea en la que solo tres países tienen gobiernos progresistas, donde en grandes naciones como Alemania, Francia e Italia la derecha radical es la segunda fuerza o gobiernan partidos euro incrédulos o descreídos. En una palabra, lo que está en juego es la democracia social –el modelo europeo–, la propia integración de la UE, los derechos civiles de las minorías, aparte de la fumigación de los emigrantes. En el fondo un sistema más parecido al de Trump que al que conocemos los europeos.

¿Por qué creen ustedes que existe esa ansia, avidez o impaciencia por acabar como sea con este Gobierno y el odio enfermizo que suscita su presidente? Pues porque España es el único país relevante que cuenta con un ejecutivo de coalición de izquierda, que ha aliviado algo las faltriqueras de los pudientes –lo que llaman “el infierno fiscal”–; ha normalizado totalmente la situación en Cataluña con una amnistía plenamente constitucional, como defendí en el origen de los tiempos; se han producido avances en derechos sociales y civiles, la economía es la que mejor funciona de Europa y la política exterior es, por lo menos, la más decente de las que circulan, al reconocer, este Gobierno, al Estado palestino, oponerse al atraco del 5% del PIB en armas, aumentar la ayuda al desarrollo o avanzar en el tema de Gibraltar. Todo ello sostenido por una mayoría parlamentaria en la que hay, por lo visto, “comunistas”, “separatistas” y “terroristas”. Algo realmente insoportable para los poderes tradicionales y sus corifeos mediáticos, que se han dedicado toda su vida a esquilmar al personal sufridor.

Claro que el asunto Cerdán, Ábalos, Koldo puede ser aberrante y exige que se tomen medidas rápidas y contundentes de naturaleza orgánica y política, con el fin de acabar de una vez con el cáncer de la corrupción. Y claro es que si informaciones fehacientes involucrasen a la presidencia o a la financiación ilegal del partido socialista la situación se haría, prácticamente, insostenible. Pero, en todo caso, un gobierno democrático no puede caer, de ninguna manera, por informes de la Guardia Civil o de cualquier policía. Aceptar esto sería terriblemente peligroso, pues hay que recordar que la costalada del Gobierno de Rajoy, que estaba de corrupción hasta las cejas, se debió a una sentencia de la Audiencia Nacional y no a informes policiales. En el caso actual se pretende que salte todo por los aires, la presunción de inocencia y lo que haga falta. Y estas agónicas ansias por fulminar a Sánchez tienen varias causas: la cercanía de juicios durísimos contra el PP por los manejos de la llamada “policía patriótica” y otras trapacerías; porque piensan que de celebrarse de inmediato elecciones arrasarían, mientras que dentro de dos años ya veríamos y, tercero, porque, tal y como va de bien la economía y las posibilidades muy reales de llegar al pleno empleo, es una pera en dulce lo que esta izquierda de nuestros pecados les dejaríamos en herencia.

Así que en el caso de España nos jugamos que regrese la tensión en Cataluña, con una derecha que no entiende, ni ha entendido nunca, la naturaleza plural de nuestro Estado, con presidentas de CCAA que se ausentan cuando alguien se expresa en catalán o vasco, idiomas que hablan millones de españoles en diferentes nacionalidades.

Nos jugamos el creciente deterioro de los servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación, las universidades o la ciencia, con el aumento desaforado de las privatizaciones, como ya está sucediendo en las CCAA que gobierna la derecha. No olvidemos que el eje central del programa de las derechas es bajar impuestos, es decir, deteriorar el Estado de bienestar y acrecentar el de malestar de la mayoría. Con una advertencia: toda política ultraliberal de recortes sociales sólo es factible imponiendo formas de represión. La presidenta de la CCAA de Madrid ya lo ha advertido ante las movilizaciones en la Universidad. Tomemos nota de lo que está sucediendo en EEUU, Argentina, Hungría, etc.

Nos jugamos el que no se practique una política razonable con la emigración, que es una de las bases de nuestra prosperidad y de una convivencia humana digna, a diferencia de lo que se hace en Italia, Hungría o incluso Gran Bretaña.

Nos jugamos que se regrese a actitudes y decisiones restrictivas en materia de derechos civiles como el aborto, la eutanasia y todo lo que hace referencia a los movimientos LGTBIQ.

Nos jugamos el que se haga inviable la reducción de la jornada laboral, pues las derechas están en contra, como se ha visto en el Parlamento, en el tema de las 37,5 horas. Proponen sustituir dicha rebaja, deseada por la generalidad de la ciudadanía, por una mayor “flexibilidad”, es decir, por la realización de millones de horas extras no pagadas. En este sentido, nos jugamos que se recorten derechos sindicales, reduciendo la representación de los trabajadores en los comités de empresa y en el diálogo social, como ya sucedió en CCAA gobernadas por el PP/VOX.

En una palabra, nos jugamos la democracia social, con libertades y derechos, el modelo europeo que los Trump y Putin, desde fuera, y sus socios desde dentro quieren laminar a toda costa.

Nos jugamos a que regresemos a la pérdida de la Memoria Democrática, que nos ha costado tanto ir recobrando, pues lo primero que harán las derechas, como ya están haciendo donde pueden, es derogar la ley homónima, base de una cultura democrática digna.

Nos jugamos el retroceso a la jungla del pelotazo urbanístico del pasado ante la concepción propia de las derechas en el sentido de que la vivienda es un negocio goloso y no una necesidad vital del ser humano.

Nos jugamos que la justicia siga en manos de jueces y magistrados que se concentran y hacen huelga, sin cobertura legal, cuando las leyes del Parlamento no les gustan.

Nos jugamos la reculada a los tiempos de una especie de nacional catolicismo, ante la insólita imagen de que una parte preponderante de la jerarquía de la Iglesia proponga la celebración inmediata de elecciones generales con el fin de terminar con el actual gobierno democrático, al que quedan dos años de la actual legislatura.

No olvidemos, por favor, todo lo que nos jugamos, porque si nos despistamos o nos lían, si no nos organizamos y movilizamos, nos arrepentiremos… pero ya será tarde.

I.- El que no vea que las democracias sociales que hemos ido construyendo desde la II Guerra Mundial y la propia UE están en grave riesgo es que está ciego. Toda la política que está llevando a la práctica la presidencia de Trump –los desorbitados aranceles, el apoyo a los partidos de ultraderecha–; la agresividad de la Rusia de Putin en Ucrania o la real amenaza que supone el avance de la extrema derecha en los países de la UE, acreditan sobradamente lo que digo.

Trump no se limita a subir y bajar los aranceles como en un tiovivo y chantajear con ellos a diestro y siniestro. También manifiesta su intención de apoderarse de Groenlandia, territorio de Dinamarca/UE/OTAN, y lidera a nivel mundial no sólo una “internacional del odio” –como se dice–, sino algo mucho más concreto, a las fuerzas políticas que tienen un doble objetivo: acabar con la democracia social que rige en Europa y con la Unión Europea como modelo de integración, que en su opinión ha sido creada para “joder” a EEUU.

Por si fuera poco, tenemos un vecino en la Rusia de Putin, autoritario nacionalista radical que parece pretender recuperar, por lo menos en parte, el terreno perdido como resultado de la guerra fría. Poderosas fuerzas, sin duda, que en una extraña coyunda coinciden en el perverso objetivo de apoyar a las fuerzas más reaccionarias y ultras de Europa con la finalidad de destruir, desde dentro, la integración de ésta y retroceder a la “Europa de las naciones”, supuestamente “soberanas”, fácilmente dominables. Que en Alemania y Francia, países centrales de la Unión, los partidos de extrema derecha y antieuropeos ya sean los segundos, e incluso los primeros más votados, supone una amenaza existencial para la subsistencia de la propia UE.

II.- Ante este panorama, pueden darse diferentes respuestas y conviene ser claros para que la ciudadanía pueda escoger con conocimiento de causa. Podemos seguir como hasta ahora, es decir, situar el foco del peligro en una sola de las amenazas, la que supone la Rusia de Putin. Es decir, centrar el tema en el “rearme”, lanzado por la presidenta de la Comisión, no se sabe si para aumentar nuestra autonomía estratégica –lo que es necesario– o para ceder a las presiones de Trump y la OTAN. En mi opinión, este último es un camino equivocado, que divide a las fuerzas democráticas y no nos hace avanzar ni un centímetro. Por el contrario, lo que exige la urgente independencia de la UE es impulsar una mayor integración política, en cuyo marco, y no fuera de él, hay que mejorar con rapidez nuestras capacidades en seguridad y defensa disuasorias. Porque, como es obvio, no se trata sólo de armas, sino también de energía, de tecnología y de nuestro modelo social, único en el mundo, esto es, nuestra sanidad, educación, pensiones universales y públicas, en una palabra, los cuidados de los seres humanos y de la naturaleza. Esto es lo que está en juego y lo que esas fuerzas, ultraliberales en lo económico y autoritarias en política, quieren eliminar, mediante el conocido sistema de fulminar cualquier regulación y control, al tiempo que reducen los impuestos que son imprescindibles para sostener el Estado de bienestar.

III.- Este es pues el momento de avanzar en nuestra independencia como europeos, frente a quien nos desprecia, chantajea y margina. Es intolerable que una nación, supuestamente aliada, amenace abiertamente con quedarse, por cualquier medio, con un territorio de un país de la UE; que intervenga en procesos electorales de otros países o desate una guerra comercial que puede generar una grave crisis con efectos nefastos para las poblaciones.

A los europeos no nos interesan las guerras, que las hemos padecido de todos los colores y que sólo provocan muerte entre los humanos y destrucción en la naturaleza. Nos conviene, por el contrario, la fraternidad y la convivencia multilateral entre todos los pueblos de la tierra. Sin embargo, como este mundo en el que nos ha tocado vivir no está habitado, precisamente, por pacifistas, ni monjas de la caridad, tenemos que crear una Europa segura y capaz de valerse por sí misma frente a posibles amenazas y agresiones externas. Para garantizarlo tenemos que avanzar, sin demora, hacia una integración más estrecha en las cuestiones económicas, políticas y de seguridad, hasta un nivel en el que nuestra capacidad de disuasión sea realmente creíble. En este sentido es igualmente imprescindible lograr avances científicos y técnicos que sustenten, sin excesivas dependencias externas, la autonomía estratégica de la que tanto se habla. Mientras sigamos supeditados, en lo esencial, de energías, tecnologías y armas de otras naciones no seremos dueños de nuestro destino, ni tendremos asegurada esta UE democrática y social que hemos construido con tanto esfuerzo. Como tampoco podremos hacer frente a las crecientes tendencias racistas, xenófobas o negacionistas que nos están corroyendo.

Por todo ello es hora de unirse, organizarse y movilizarse en las calles y plazas por más Europa, por la democracia social y frente a los que quieren hacernos retroceder a los tiempos más oscuros del pasado. Empecemos por acudir a la concentración del día 11 de mayo a las 12 horas en la plaza de Callao.

La construcción de la Unión Europea siempre ha tenido enemigos, tanto externos como internos. En una primera fase en el mundo anglosajón, cuando las soflamas de W. Churchill sobre la necesidad de unos Estados Unidos de Europa se quedaban en humo, al permanecer Gran Bretaña fuera de la ecuación. Luego, con el fin de contrarrestar el avance la Comunidad Económica Europea (CEE), los ingleses se inventaron la EFTA, una estricta zona de libre cambio, con un conjunto de países de su área de influencia tradicional como los Países Bajos, Dinamarca, los nórdicos y Portugal. Más tarde, estos países comprendieron que no podían competir con el empuje de la unión liderada por Francia y Alemania, y acabaron ingresando todos en la UE, menos Suiza y Noruega. No obstante, Gran Bretaña siempre mantuvo un pie dentro y otro fuera, con todo tipo de excepciones, empezando por la decisiva unión monetaria del euro.

Al final, a base de errores de cálculo, vacilaciones de unos, bulos y mentiras de otros, en el referendo del 23 de junio de 2016 ganó el Brexit y, dos años después, Gran Bretaña abandonaba la Unión Europea. Desde entonces ha corrido mucha agua bajo los puentes y se ha producido, con el tiempo, un triple fenómeno que complica en extremo la situación de la Unión. De un lado, tanto en Rusia como en EEUU se han impuesto fuerzas políticas claramente antieuropeas en alianza con poderosas multinacionales tecnológicas, igualmente contrarias a lo que significa la UE. A Putin y Trump les une, aparte del reparto de Ucrania, la animadversión a los valores europeos y a que nos unifiquemos de verdad. No hay más que ver cómo intentan que la Unión quede marginada del posible acuerdo sobre Ucrania, es decir, que no pintemos una oblea en el tablero global. De otra parte, tanto uno como otro apoyan a las fuerzas más ultraderechistas del continente, cuyas posiciones son abiertamente antieuropeas, con la finalidad estratégica de hacer volar por los aires el proyecto europeo, desde fuera y desde dentro.

La aversión u hostilidad que los Trump/Musk/Putin y otros tienen hacia la Unión Europea se sostiene sobre varias causas de diferente índole. De entrada, porque una Europa políticamente unida la contemplan como una rival poderosa a nivel mundial. Después, porque el modelo de la UE de contenido social, medioambiental y con reglas –es decir, democrático– es lo que más puede repugnar a su visión y tendencias autoritarias. No es una casualidad que Musk o el vicepresidente Vance hagan campaña a favor de los partidos de ultraderecha europeos. Ellos saben que si esos partidos fuesen hegemónicos, sobre todo en los países centrales, la UE desaparecería en su forma actual y se retrocedería a la Europa de las pequeñas naciones supuestamente “soberanas”, presas fáciles para las ambiciones e intereses de las grandes potencias.

Porque no nos equivoquemos, a lo que estamos asistiendo es a una alianza de Trump/Musk y la ultraderecha europea –incluyendo quizá a la Rusia de Putin– con el fin de destruir todo lo que hemos construido de unión entre europeos en estos últimos ochenta años. No ocultan sus intenciones. Los planteamientos de Le Pen en Francia, Alice Weidel en Alemania, Farage en Gran Bretaña, Orban en Hungría, Meloni en Italia –matizada por los miles de millones que necesita de la Unión– o Abascal en España, son los mismos que los de la actual administración de EEUU: liquidar la UE como posible sujeto político global. Y esa operación exige en el terreno económico una radical bajada de impuestos que vacíe el modelo social; altos aranceles que empujen hacia el nacionalismo y unos algoritmos desregulados como nueva forma de poder de los “tecnofachas” sobre las mentes y las conciencias del personal sufridor.

Ante esta situación, las fuerzas democráticas, a nivel político y social, tienen que reaccionar con urgencia. Desde luego, no se pueden cometer los errores del 2008, con medidas de austeridad liberales, origen del auge de la ultraderecha europea. O a la gente se la protege con eficacia por medio de una política social avanzada en salarios, educación, sanidad y vivienda, o la extrema derecha seguirá creciendo. De otra parte, deberíamos de comprender que las reglas, equilibrios y alianzas que surgieron como resultado de la 2ª Guerra Mundial han saltado por los aíres y, en consecuencia, la Unión Europea debería plantearse su completa independencia y crear los instrumentos institucionales, económicos y de seguridad para hacerla efectiva.

En esto los americanos han sido muy claros, al declarar que la seguridad y defensa de Europa no puede seguir dependiendo de ellos. No eres independiente si no eres creíblemente autónomo en seguridad y defensa. Es obvio que la seguridad es un concepto más amplio que la defensa, y sobre todo hoy no depende sólo de las armas, pero también de las armas. En la situación actual no tiene sentido la existencia de 27 ejércitos a nivel nacional y no contar con “fuerza de pegada” como Unión Europea. Hay que caminar claramente hacia unas FFAA europeas, lo que no quiere decir que desaparezcan los ejércitos nacionales. No obstante, ello exigiría una unión política más sólida, una política exterior y de seguridad común y resolver cuestiones referidas a la industria de defensa, sistemas de armas y mandos integrados operativos, dependientes del Consejo Europeo. En mi opinión es bastante falso el debate sobre si cada país debe de gastar más en defensa. Si es para seguir dependiendo únicamente de una OTAN, dirigida por la actual administración americana, mi respuesta es no. Si es para que la UE alcance la autonomía estratégica y una capacidad de disuasión creíble, tanto convencional como nuclear, mi respuesta es que sí.

Y este aumento de inversión en seguridad y defensa debería ser financiado en una parte con presupuestos nacionales y en otra con fondos europeos mancomunados. La urgencia del asunto exigiría que, en el caso de no alcanzarse la unanimidad, lo que es probable, se debería acudir al instrumento contemplado en los tratados de la cooperación estructurada permanente por parte de aquellas naciones decididas a avanzar. En esta dirección, algunos sectores de la izquierda europea deberían de revisar su posición sobre esta crucial materia. A veces tengo la impresión de que caen en el contrasentido de desear una cosa y su contraria. No se puede pretender que no aumenten los gastos en defensa y al mismo tiempo desear una autonomía estratégica.

En una palabra, es inviable dejar de depender de EEUU en este asunto y no gastar más y mejor en defensa. La propia Administración americana lo ha dejado claro: tenéis que valeros por vosotros mismos. En el tema clave de la guerra de Ucrania, la posición de la UE y de EEUU es totalmente opuesta. La culpa de la guerra es de Ucrania, Zelensky es un dictador y si no se mueve rápido puede perder el país, ha declarado Trump. EEUU no moverá un dedo si Rusia se traga a Ucrania, e incluso lo más probable es que se la repartan entre ambos –uno en territorio y el otro en materias primas–. Sin embargo, el mensaje real es: quien tiene que darse prisa no es sólo Ucrania, sino la Unión Europea. Porque, ¿quién va a garantizar, a partir de ahora, la defensa de la UE? ¿Los EEUU de Trump y compañía? ¿Una OTAN controlada por EEUU? No seamos ingenuos, ese modelo se ha terminado, como casi toda la estructura e instituciones que se crearon a partir de la 2ª Guerra Mundial, pues Trump le ha dado una patada al tablero y la UE tiene que acelerar su integración o corre el riesgo de ir desintegrándose mientras aumentan las fuerzas de ultraderecha. Y una parte decisiva de esa mayor integración pasa por contar con unos medios de seguridad y defensa autónomos, capaces de ser disuasorios en términos convencionales y nucleares. En lo primero creo que ya lo somos si nos coordinamos mejor, en lo segundo tengo mis serias dudas.

I.- El origen de la calamitosa situación de la vivienda en zonas de España se podría resumir en una frase: un derecho fundamental no puede dejarse solo en manos del mercado o de la iniciativa privada, es decir, al negocio. Hace unos diez años escribí un artículo que se titulaba “Desahucios”, donde intenté demostrar que a una persona o familia sin vivienda se les violaban la friolera de diez derechos fundamentales: la integridad moral cuando no física; la libertad o seguridad; la intimidad personal y familiar; la inviolabilidad del domicilio; el secreto de las comunicaciones; la libertad de elegir la residencia; la protección de la infancia; la participación en los asuntos públicos; la tutela judicial efectiva; el derecho a la educación. La conclusión era, y es bastante obvia, la vivienda no es solamente un derecho fundamental, sino la base material primaria del ejercicio de todos los derechos. Y me permito señalar que nuestro actual problema no ha caído del cielo. Ha sido la consecuencia de todo un proyecto de “desarrollo” inmobiliario-financiero impulsado desde una derecha ultraliberal y no corregido desde la izquierda. La liberalización caótica del suelo; la concesión de hipotecas masivas y desorbitadas sin garantías, la construcción de millones de viviendas de protección oficial, desclasificadas, que pasaban al libre mercado; una ley de arrendamientos urbanos nefasta que disuadía acudir al alquiler y fomentaba la tenencia en propiedad. Todo ello condujo a una burbuja demencial, causa de la crisis del 2008, que se llevó por delante cientos de miles de puestos de trabajo –un desempleo del 26%– y una parte de la población dejó de ser “proletaria y propietaria”, según famosa frase de aquel ministro de la Vivienda de la dictadura que   quería una España de propietarios y no de proletarios. Al final, nuestros irrestrictos liberales consiguieron que una buena parte de la población no fueran ni lo uno ni lo otro. Ha sido el fracaso más clamoroso de una política ultraliberal aplicada a un derecho fundamental. ¿Se imaginan ustedes qué habría sucedido si se hubiera hecho lo mismo con la sanidad, la educación o las pensiones? No tendríamos la democracia social que define la Constitución de 1978, única democracia que, en mi opinión, merece tal nombre. Pues tengamos cuidado, porque es lo que está sucediendo, a la chita callando o a voces, en las CCAA gobernadas por la derecha, y el resultado ha sido que España esté, en parque público de viviendas, a la cola de la Unión Europea. 

II.- Lo estridente y paradójico del asunto es que en España se han construido millones de viviendas de protección oficial a lo largo de los años. Como señala un reciente estudio de la C.S. de CCOO, el parque público de viviendas podría alcanzar, a día de hoy, los 4,7 millones de unidades, si la regulación de la vivienda protegida no hubiese permitido su desclasificación y su pase al mercado libre. Demostración de que un predominio del mercado y del sector inmobiliario totalmente privado no ha mejorado la accesibilidad a la vivienda en España, sino todo lo contrario. Los agujeros negros de este desaguisado hay que situarlos en la escasa construcción de vivienda pública a partir del año 2000; la liberalización absoluta del territorio con la ley del suelo de 1998, que sentó las bases especulativas de la mayor burbuja inmobiliaria que ha sufrido España; el desarrollo de las “viviendas turísticas” al calor del boom de este sector en determinadas zonas y ciudades -el INE tiene contabilizadas 350.000 en este régimen de alquiler-; la existencia de 3,8 millones de viviendas vacías, de las que 1,1 millones están en grandes ciudades, sin consecuencias fiscales y/o expropiatorias. En todo caso, hay que tener en cuenta que las consecuencias de la escasez y carestía habitacional, ya sea para alquiler o propiedad, es muy distinta en las diferentes zonas de España. No es la misma la situación en las grandes ciudades, las costas o las islas, que en la España vaciada, lo que indicaría que no se puede dar el mismo tratamiento en los diferentes lugares. Todo ello es resultado, obviamente, del desigual desarrollo propio del capitalismo, y mucho más cuando se le deja actuar a sus anchas, sin el mínimo planeamiento en la distribución de los sectores productivos, ni adecuados incentivos.

III.- Llegados a este punto, es evidente que en España no se han hecho las cosas bien, pues no es normal que mientras en nuestro país el parque público de viviendas no alcance el 3% y la media europea esté en el 9%, con países como Holanda, Austria, Dinamarca, Suecia o Francia que superan el 17%. Ahora bien, lograr estos altos niveles no es obra de un día, sino de muchos años, lo que no es óbice para que se puedan tomar medidas a corto plazo que aminoren el daño causado. Algunas han sido enunciadas, especialmente por los sindicatos y otras instancias. Entre ellas se podrían destacar: puesta en el mercado las que están en manos de la SAREB, que ascienden a cerca de 47.000; paulatina eliminación de los alquileres vacacionales y temporales en las zonas llamadas “tensionadas”, que como hemos señalado alcanzan las 350.000 solo las primeras; actuación sobre las viviendas vacías, que lleven un determinado tiempo en esta situación, en las mismas zonas. Actuación que podría instrumentarse a través de mecanismos fiscales, gravándolas en función de los años que se mantengan fuera del mercado. Y en situaciones de clara especulación se podría acudir a la expropiación forzosa que, en determinadas circunstancias de utilidad social, permite la Constitución de 1978. Estamos hablando de 1,1 millones de viviendas solo en las grandes ciudades.

Es loable que el Gobierno pretenda abordar la construcción de más de 180.000 viviendas públicas en lo que queda de la actual legislatura, y anuncie que, a partir de ahora, las viviendas construidas con fondos o ayudas públicas no puedan desclasificarse y pasar al mercado libre. Se llega, desde luego, con mucho retraso, pero como dice el refrán: nunca es tarde cuando la dicha es buena.

No sé si he insistido lo suficiente, por razones obvias, en el papel que representaron las grandes empresas capitalistas en la financiación y el ascenso de los fascismos en algunos países europeos, en los años 30/40 del siglo XX. En mi último libro, 'La democracia expansiva', facilito algunos datos sobre el particular y acerca de la responsabilidad que tuvieron en la catástrofe que significó la carnicería de la II Guerra Mundial y sus consecuencias. En las razones o causas de actitudes tan nefastas para la humanidad influyeron múltiples acontecimientos, de entre los cuales destacaría, especialmente, algunos. Las derivaciones de la Gran Guerra del 14 y el fatídico Tratado de Versalles, que denunciaría con lucidez Keynes en su obra 'Las consecuencias económicas de la paz'.

En el fondo, aquella contienda fue una guerra de rapiña entre imperios en la que, a la postre, fenecieron cuatro –el de los zares, el de los Habsburgo, el de los Hohenzollern y el otomano- y se consolidaron dos– el británico y el francés–, aunque el gran beneficiario fuese la Norteamérica de Wilson. Una conflagración que dio como resultado la revolución bolchevique, la primera “ruptura” de la cadena del capitalismo y causa de múltiples terrores entre las clases poseedoras.

Lo cierto es que a partir de entonces grandes poderes económicos apostaron por regímenes dictatoriales de corte fascista en países como Alemania, Italia, Francia, España, Portugal, Rumanía, Hungría, Polonia, ante lo que consideraron la principal amenaza, la comunista. Lo que nuestro particular “caudillo” definió como el contubernio judeo-masónico-comunista. Curiosamente, hubo una decisiva excepción en este aquelarre liberticida, la de los EEUU de América del presidente Roosevelt y su New Deal, acusado por la derecha republicana de “estalinista” y enfrentado a poderosas empresas simpatizantes del fascismo como fue el caso de Ford.

Al final de la película ganaron los buenos, y los nazismos, fascismos y dictaduras de variado pelaje acabaron en el estercolero de la historia, aunque en nuestro caso y el de Portugal resistieron unas cuantas décadas más en desparecer del mapa de las infamias.

Los padrinos de aquel desastre tuvieron que pagar un precio, no tanto personal, pues, en general, salvo excepciones, se fueron de rositas, pero sí en términos económicos, ya que muchas de esas empresas fueron nacionalizadas y, sobre todo, porque empezaron a pagar impuestos de verdad. La presión fiscal pasó del entorno del 15% antes de la guerra a alrededor del 40% después de la misma. La izquierda política y sindical, por su parte, salió muy fortalecida y se creó un Estado del bienestar, único en el mundo, que aún con sus imperfecciones es el mejor que podemos encontrar en el ancho globo terráqueo.

Luego vino la guerra fría, la implosión de la URSS y sus satélites, las luchas por la liberación de las colonias; las múltiples guerras locales, el proceso de la construcción europea y los excesos del ultraliberalismo imperante, a partir de los años ochenta del pasado siglo, con la crisis de 2008 y sus fatídicas o aciagas consecuencias. Una crisis que, en el fondo, fue el resultado final de la potente ofensiva ultra liberal del capitalismo anglo-sajón contra las conquistas sociales de la post guerra. Unas medidas que han exacerbado los elementos más tóxicos de una globalización descontrolada: la rampante desigualdad, la destrucción del medio ambiente, la erosión de los derechos sociales y el malestar generalizado de amplios sectores sociales. Un caso de “justicia poética” ha sido que el partido que promovió, en Gran Bretaña, la gran ofensiva ultraliberal y el brexit, los conservadores de Thatcher y seguidores, ha sido barrido en las últimas elecciones después de dejar el país hecho unos zorros.

En la actualidad, la revolución digital, de naturaleza disruptiva, controlada y dirigida por un puñado de multinacionales norteamericanas, ha acentuado el proceso ultra. Porque esta gran transformación está coincidiendo, no por casualidad, con el ascenso de una serie de fuerzas populistas, anarcocapitalistas, ultraliberales y de extrema derecha. Lo inquietante, desde mi punto de vista, es el papel que, en este proceso de extensión de tendencias iliberales y antisociales, están interpretando esas inmensas multinacionales y los líderes que las controlan. Un cometido que empieza a ser similar al que jugaron las grandes empresas europeas en el ascenso de los fascismos en los años 30/40 del siglo pasado.

Es evidente que a estos poderosos conglomerados económico-financieros-tecnológicos nunca les han gustado sistemas económicos avanzados capaces de regularlos, imponer modelos fiscales progresivos, en una palabra, poderes políticos democráticos que les disputen el liderazgo de los procesos en curso. La alarma debería haber sonado ante la actitud y las posiciones adoptadas por el multimillonario Elon Musk, dueño de X –ex Twitter– y otros congéneres, su apoyo descarado -militante- a la candidatura de Trump o su pública connivencia con sujetos como Milei en Argentina.

No da la impresión de que las políticas de las grandes multinacionales como Google, Amazon u otras por el estilo, auténticos monopolios en sus respectivos ámbitos, vayan en la dirección de mejorar los derechos sociales, sino todo lo contrario. Es curioso que, en este momento, se haya invertido, en parte, la actitud de algunas de las grandes empresas europeas en comparación con las americanas a la hora de afrontar el ascenso de los partidos de extrema derecha. Por lo menos en el caso de Alemania ha sido significativa la reciente toma de posición de relevantes sectores del capitalismo germano en contra de partidos –Alternativa por Alemania– considerados extremistas y un peligro para la democracia.

En cualquier caso, con el fin de averiguar el papel que están jugando las grandes multinacionales en el desarrollo de los partidos extremistas de derecha, en países como Francia, Italia, España y Europa en general, es esencial aplicar las normas de transparencia sobre la financiación no sólo de los partidos políticos, sino de todas las entidades sociales y/o mediáticas –redes sociales, etc.– que puedan influir en la opinión pública.

Igualmente, debería quedar prohibido el anonimato en la emisión de opiniones en plataformas, en internet, que no dejan de ser, aunque digan lo contrario, medios de comunicación social. Sería una tragedia que, de nuevo, como en los años 30/40 del siglo pasado, nos encontrásemos que por falta de vigilancia los gigantes de las finanzas o las tecnológicas estuviesen financiando y apoyando a fuerzas de extrema derecha contrarias a la democracia y partidarias, como mínimo, de modelos iliberales. Una operación de desguace de las democracias sociales, que se podría estar gestando a través de una alianza internacional de fuerzas económicas, políticas y culturales que deberíamos vigilar atentamente y contrarrestar con eficacia.                                    

Es casi seguro que el poeta romano Ovidio no imaginó el éxito que tendría su gran poema 'Metamorfosis' a lo largo de los siglos. Y en concreto su libro II cuando relata cómo Zeus rapta a una princesa fenicia llamada Europa, utilizando el artilugio de transformarse en un manso toro, lo que incitó a la ingenua princesa a subirse a su lomo y, de esta manera, llevársela a Creta. Una historia de la mitología griega que ha sido objeto de grandes obras de arte, tanto en la pintura –Tiziano, Rembrandt, Rubens– como en la literatura. El más original y sugerente, por la profundidad de su visión fue, en mi opinión, Franz Kafka, del que mientras escribo estas líneas se conmemora en el día de hoy el centenario de su muerte. Un autor que adivinó el futuro de nuestro continente, e incluso de EEUU, con una lucidez que parece magia. No conozco un análisis tan certero de la sociedad americana, de inquietante actualidad, que el realizado en su libro 'América' y, además, escrito por alguien que no había estado nunca en los EEUU. Un autor que en los años veinte del siglo pasado, a través de obras como 'El Castillo' o 'El Proceso', adivinó como nadie las pesadillas totalitarias que nos esperaban, y en 'Metamorfosis' –no sé si se inspiró en Ovidio– lo que nos puede suceder el día nueve de junio si no acertamos en el voto. Porque lo que puede acontecer si triunfan las derechas y las ultraderechas no es el rapto de Europa del poeta Ovidio, sino que nuestra querida Unión Europea, como el Gregorio Samsa del escritor checo, se transforme o mute en un monstruoso insecto que no tenga ninguna semejanza con la Europa que conocemos.

Lo más inquietante, sin embargo, es que la bella Europa no ha sido sólo motivo de inspiración para el arte sino, también, objeto de los más impuros deseos del poder de los hombres a lo largo de la historia. Desde los romanos, Carlomagno y los Habsburgo, siguiendo por el imperio Otomano y luego Bonaparte, para terminar en Hitler, todos han querido poseer esta Europa nuestra, con un pasado tan ensangrentado y, a la postre, después de un esforzado proceso democrático, tan atractiva en comparación con el resto del globo terráqueo. Ahora, de nuevo, fuerzas oscuras que se envuelven como siempre al principio en ropajes moderados se confabulan y organizan para una nueva operación que no consiste en conducirla a ninguna idílica isla griega del Mediterráneo, sino, como en el relato de Kafka, metamorfosearla o mutarla en el monstruoso insecto de los nacional populismos del pasado.

Muchos se preguntan por qué nos están naciendo como enanos tantos partidos de ultraderecha cuya intención, oculta o no, es dinamitar el proceso de una Unión Europea que esté cada vez más estrechamente unida. Creo que la causa hay que buscarla en la grave crisis del 2008 y sus consecuencias. Las convulsiones del capitalismo ultraliberal siempre terminan provocando corrientes populistas y nacionalistas radicales, por la sencilla razón de que aumentan las desigualdades y arrojan a grandes sectores de las poblaciones al arroyo de la indigencia y la marginalidad, en el fondo el producto de una mundialización descontrolada y rabiosamente injusta. Todo ello ha estado unido a un proceso de desindustrialización acelerada sobre la base de una deslocalización, cuyo único objetivo era maximizar los beneficios para los accionistas sin pensar para nada en el interés general. Y, en fin, un desarrollo tan desigual respecto a ciertas áreas del mundo que resulta ingenuo pretender que cientos de millones de seres que viven en nuestra frontera –sobre todo en África– de manera miserable no van a intentar, una y otra vez, arribar a nuestros países, como siempre ha ocurrido a lo largo de los siglos, empezando por los propios europeos.

Este cóctel explosivo, herencia del fracaso del ultraliberalismo, ha cogido a la UE a medio construir, con una reacción post pandemia positiva –los fondos Next Generation, etc.– como expresión más significativa, pero con déficits importantes que convendría superar cuanto antes. El primero de ellos es que la UE no es todavía un sujeto político global, con autonomía estratégica, con un grado suficiente de federalización como para actuar mancomunadamente ante los retos comunes. Para empezar, carece de unos Presupuestos acordes con los referidos retos. Luego, es evidente que tiene una insuficiente capacidad en términos de innovación/productividad en el terreno de la revolución digital. Dependemos de las grandes corporaciones americanas o chinas en nuestra conectividad general. En otro orden de cosas, no menos determinante, carecemos de una política social europea, lo que provoca que los países, por sí mismos, tengan cada vez más dificultades en mantener los estados de bienestar. Por eso mismo, hay crecientes sectores populares, en barrios tradicionalmente obreros, que ante la falta de protección y expectativas de futuro para la juventud, unido a una migración desordenada, votan partidos de ultraderecha, pues quizá piensan que se defenderían mejor regresando a un pasado que no volverá. De otra parte, se les ha convencido, con discursos demagógicos y populistas, que la ultraderecha será capaz de frenar unas migraciones que, supuestamente, ponen en riesgo su trabajo, sus viviendas o, incluso, la seguridad de sus mujeres.

Existe, pues, un riesgo cierto de retroceso en el gran proyecto de la Unión Europea.  Este se ha ido construyendo en torno a la confluencia de partidos de centro-derecha –democristianos, liberales– y de centro-izquierda de socialdemócratas, euro izquierdistas y verdes, que si bien mantienen significativas diferencias comparten el objetivo común de lograr una Unión cada vez más estrecha en base a los principios y políticas que se plasmaron en el vigente Tratado de Lisboa. Sin embargo, lo nuevo de la situación actual es que, en los últimos años, debido a lo ya explicado con anterioridad, se han introducido en el Parlamento europeo nuevos partidos ultras, nacionalistas radicales y populistas que, en el fondo, no creen en el proyecto europeo y que de obtener unos buenos resultados, como las encuestas vaticinan, podrían aliarse con las derechas tradicionales y darle vuelta al sentido que ha tenido hasta ahora la UE. En todo caso, podrían frenar el desarrollo de esta e intentar regresar a lo que llaman la “Europa de las naciones”, lo que sólo nos conduciría a la debilidad del conjunto o a las querellas del pasado.

Si se consumasen los peores vaticinios, las consecuencias podrían ser muy lesivas para los intereses de las grandes mayorías. Una colaboración entre el grupo popular europeo con la ultraderecha de los Orban, Meloni, Le Pen, Vox, el holandés Wilders, etc., supondría retroceder hacia políticas de austeridad-austericidio, mayor desigualdad, un abandono de la lucha real contra el cambio climático, un endurecimiento inmoral de las políticas migratorias y un freno al necesario proceso de integración europeo. Todo ello aderezado con el surgimiento de nuevos y viejos conflictos que traen siempre consigo los retrocesos a posiciones nacional populistas. Por el contrario, un avance de los partidos progresistas que apuestan por más y mejor Europa, significaría la posibilidad de profundizar en los avances sociales y medioambientales, plantear grandes inversiones en ciencia y tecnología, en infraestructuras, en una mayor autonomía estratégica que es lo que la ciudadanía europea necesita. La disyuntiva en el voto del día nueve de junio es esta: progresar en una integración cada vez mejor que nos haga más justos y fuertes, ejemplo de mejoras sociales, medioambientales y propuestas de paz, o retroceder hacia una peligrosa “Europa de las naciones”, supuestamente “soberanas” que acaben guerreando entre ellas o con los vecinos, enfeudados a los poderes realmente dominantes, es decir, a mutarnos en ese insecto monstruoso del que nos hablaba Kafka.

I.- En el comienzo de su novela 'Historia de dos ciudades', Charles Dickens escribió: “Era el mejor de los tiempos y el peor; la edad de la sabiduría y de la tontería; la época de la fe y la época de la incredulidad; la estación de la Luz y la de las Tinieblas; era la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación: todo se nos ofrecía como nuestro y no teníamos absolutamente nada; íbamos derechos al cielo, todos nos precipitábamos en el infierno”. Leyendo estas memorables palabras dedicadas a la Inglaterra y Francia del siglo XVIII o, con más precisión, al Londres y el París de aquel siglo, me ha venido a la mente, sin poderlo remediar, la situación en que viven no dos ciudades, sino los dos mundos en que se ha tronchado la “realidad española”. 

De un lado, tenemos el mejor de los tiempos recientes cuando nuestra economía crece cinco veces más que la media europea, a pesar de las guerras y otras calamidades; contamos con más empleo que nunca –unos 21 millones, casi la mitad de los cuales ocupados por mujeres– y se nos dice que es el peor, que estamos al borde de la quiebra y los puestos de trabajo son falsos. El país, a pesar de todo, avanza en ciencia, tecnología e innovación, lo que significa mejorar algo en sabiduría, y de otra escuchamos todos los días las mayores tonterías sobre que España se rompe, nos deslizamos hacia una dictadura comunista y que nos gobiernan desde Waterloo. La esperanza en una vida mejor se sostiene cuando las pensiones han crecido un 18% en los últimos tres años y el salario mínimo más del 50% en el último lustro (5 años), pero se nos intenta convencer de que nos deslizamos por la pendiente de la desesperación y de las tinieblas. A pesar de que la inflación, el déficit y la deuda descienden, el consumo aumenta a cifras récord, al igual que los beneficios de las grandes empresas, España no tiene remedio y va de mal en peor.

Bien es cierto que, al igual que en la época de Dickens –creo que estamos bastante mejor–, todo se nos ofrece como nuestro, pues nunca ha existido en el mundo tanta riqueza y, sin embargo, la inmensa mayoría de la Humanidad no tienen absolutamente nada. Incluso hay quien pensaba que podíamos ir todos al cielo y, no obstante, si seguimos los consejos que nos dan los “negacionistas”, belicistas y sus aliados de hecho, nos precipitaremos en el infierno del calentamiento global y de la destrucción de las guerras sin fin.

II.- Uno, dentro de su perplejidad, tiene derecho a preguntarse el porqué de esta disparidad, casi abismal, entre dos mundos que sólo conducen a la crispación, el enfrentamiento y la descalificación; en una palabra, a la dificultad en la convivencia. ¿Cuál de estos mundos, tan dispares, es real y cuál no? Porque por mucho que me esfuerzo no percibo que España se haya roto o que ya no vivamos en un Estado de derecho y, sin embargo, tengo la molesta impresión de que hay, por lo visto, millones de personas que sí se lo creen o que, por lo menos, fingen creérselo. He podido constatar, fehacientemente, por ejemplo, que las pensiones han aumentado bastante estos últimos años, más que antes, y compruebo que, a pesar de su realidad material, muchos siguen diciendo que están peor. Oigo decir a personas con responsabilidades públicas, de cierto relieve, que está penetrando el comunismo, que tenemos un gobierno “bolivariano” y, al mismo tiempo, constato sin margen de duda que los bancos, las eléctricas, Inditex o Mercadona están obteniendo los mayores beneficios de su historia. Sus accionistas y altos ejecutivos deben de estar todos los días haciendo loas al comunismo. Que conste que me parece muy bien que las empresas obtengan beneficios, paguen adecuados impuestos, inviertan y creen empleo. Lo que es criticable es que los salarios sean en España tan escuálidos, y algunas de esas mismas empresas pongan el grito en el cielo porque les pongan un modesto impuesto sobre sus suculentos beneficios. Y, además, que no inviertan lo suficiente con el fin de que nuestro desempleo –que ha descendido– empate de una vez con la media europea.

III.- Ahora bien, me temo lo peor. La realidad real –uno de los mundos– tiene, como las personas, su némesis, el otro mundo, y este se construye con paciencia, con muchos medios y con muy poca vergüenza. Se trata de eso que llaman la realidad virtual que, en una de sus versiones, va envenenando la mente de los humanos y los va haciendo caer en la red de las anónimas “redes sociales”, como hacen las arañas con los insectos. Por eso es curioso que se hable o escriba tan poco de la situación económica o social, cuando en realidad es lo que más afecta a la vida de las personas. Me malicia que estamos ante una táctica muy vieja, de manual. Si las cosas le van bien al país, es decir, a España, en este caso gobernado por la izquierda, la táctica utilizada por las derechas es crispar hasta el paroxismo el debate mediático, convertir el ágora pública en un estercolero de tal modo que al personal sufridor se le invite a refocilarse en el mismo, a aturdirle y dificultarle que pueda reflexionar si su suerte real va mejorando o no. Ejemplos de estercolero: algunos voceros parlamentarios de la oposición llegan a hablar de “gobierno extorsionado y corrupto”, de “cochambre sanchista”, de “cocaína y prostitutas”; gobierno “chavista”, “putinista” o “me gusta la fruta”, por lo visto sinónimo de “hijo de p…”. Todo eso referido al presidente del Gobierno de España. El conocido “calumnia que algo queda” se ha doblado en el “crispa embarrando que queda todavía más”. Desde luego no creo que la respuesta sea entrar al trapo y responder de forma similar, pues en este campo de batalla la contienda la tiene perdida el mundo progresista. La cuestión, por el contrario, es elevar el nivel del debate, cometer los menos errores posibles, cosa no siempre fácil, y, sobre todo, estar con la gente y explicar con claridad de lenguaje y contundencia objetiva lo que se hace. Una prueba de si la contienda la va ganando la realidad real o, por el contrario, su némesis virtual, si triunfa la racionalidad o el lodazal, van a ser las próximas elecciones vascas y catalanas y, muy en especial, las europeas del mes de junio. Según el resultado, quizá la situación mejore o, por el contrario, se acentúe el muladar o pocilga. Así que “racionalistas del mundo uníos”, o acabaremos en el vertedero. 

Entre los múltiples y falsos inventos que las derechas patrias lanzan a la circulación de nuestro empobrecido debate político, hay uno especialmente ponzoñoso: el Gobierno está en manos de Junts, otras veces de Puigdemont o, incluso, que España se rige o manda desde Waterloo. A partir de este desatino se podría decir lo mismo de cada uno de los partidos, cuyo concurso es necesario para sacar adelante las iniciativas legislativas. Como quedó demostrado hace unos días, cuando la formación Podemos decidió cepillarse un decreto-ley sobre subsidio de desempleo al votar con PP y Vox. Eso sí, nadie tuvo excesivo interés en pregonar, a los cuatro vientos, que el Gobierno estaba en manos de Iglesias o de Podemos o, en otros supuestos, de Bildu, del PNV, del BNG, de Esquerra, o que Vox tiene amarrado al PP por las criadillas o los “telenguendengues” –que decía el general Narváez–, cuando los necesita para gobernar en varias CCAA. Porque todo ello, políticamente hablando, no es más que una soberana ignorancia dolosa. Interesa, por el contrario, repetir ad nauseam que quien manda en nuestra querida España es un prófugo de la justicia que vive fuera de la nación, acusado de graves delitos, en el actual delirio, hasta de “terrorismo” y “traición a la patria”. Es curioso que en el famoso juicio a la dirigencia del procés, ante el Tribunal Supremo, no se les acusó ni de terrorismo ni de traición a la patria. Es más, el alto tribunal entendió que tampoco hubo rebelión y lo dejó en sedición. Salir ahora, después de años, con el espectro del terrorismo, que ningún tribunal serio se lo creería, huele de llevarse a efecto al que no me gusta mencionar. No sé hasta dónde se quiere llegar.

Es obvio que cuando en nuestro modelo parlamentario no se cuenta con mayoría suficiente, se tiene que pactar con otras fuerzas políticas con el fin de ahormar una investidura de gobierno que pase, con éxito, el examen de la Cámara. Pero no pretendamos engañar al personal diciéndole que si un determinado partido –en este caso Junts– le quita la confianza al Gobierno, este cae derribado, porque es sencillamente falso. Conviene recordar que en nuestro sistema constitucional, una vez que un candidato obtiene la confianza del Congreso, el presidente del Ejecutivo sólo puede ser descabalgado de la poltrona por dos motivos: o porque decida, motu proprio, disolver las Cortes y convocar elecciones, o porque le destituya una moción de censura constructiva ex. Art.113 y siguientes de la Constitución. No tengo la impresión de que, en estos momentos, el presidente Sánchez tenga la intención de lo primero, ni tampoco que exista a la vista una alternativa de lo segundo, pues no parece realista una coyunda PP/Vox/Junts. Sería realmente una mala película de terror surrealista contemplar a los junteros apoyando a unas derechas que les quieren ver en la trena o, incluso, disueltos. Claro que cualquiera sabe después del espectáculo del otro día, cuando los de Puigdemont votaron con el PP y Vox contra una ley de amnistía que habían apoyado varias veces y que, a ellos, prima facie, beneficia. 

No sé por qué, viendo el resultado de la votación en TVE, me vino a la memoria aquella escena que vivimos en Carabanchel, en los años de la ominosa dictadura, cuando a algunos presos, nunca políticos, se les concedía la libertad y se negaban a salir a la calle. Y ahí estaban los funcionarios intentando convencerlos de que no tenían más remedio que salir, que no podían quedarse en prisión. En estos supuestos, creo se trataba de una fobia a la libertad, conocida como “eleuterofobia” –no se refiere a ninguna persona llamada Eleuterio–, que procede de las voces griegas eleútheros, que significa libre, y phobia –temor o pánico–. En nuestro caso, diferente a aquel, no sé cómo podría calificarse para no ofender, quizá un fenómeno de “epistemofobia” o miedo al conocimiento, pues hay que ser bastante ignaro para aducir que hay que cambiar la ley porque unos jueces de instancia amagan por aplicar, a este o aquel, delitos no amparados en la ley de amnistía. Situación que, de aceptarse, podría prolongarse sin límite, salvo que metiéramos en la norma casi todos los posibles delitos del Código Penal. 

La realidad era que para obtener la investidura y evitar un Gobierno de la derechultra, e intentar resolver un problema político de envergadura, fueron imprescindibles los votos de Junts y otros partidos, pero a partir de ahí se acabó el carácter “imprescindible o indispensable” de esos votos, por lo menos de la manera en que algunos se hacen ilusiones. Sería interesante que Junts fuera consciente de ello, no creyera los cantos de sirena de las derechas y no cometiera errores de cálculo al pensar que el Gobierno siempre depende de su apoyo y, en consecuencia, aceptará lo que les pete. Por el contrario, el margen del Ejecutivo para poder seguir gobernando sin el concurso de los junteros es francamente amplio. Sólo tenemos que pensar en las 200 leyes que se aprobaron en la anterior legislatura y que necesitan un desarrollo y aplicación mediante normas administrativas; o el propio Presupuesto, que ya está prorrogado, y recordar, como ya se ha hecho, que no sería el primer Gobierno que los estira, sobre todo en este caso en que se cuenta con abundantes fondos europeos, no siempre sometidos a cambios legislativos, que hay que gestionar con eficacia y diligencia. Hay multitud de asuntos de gobierno que se pueden y deben resolver por medio de decretos u otras normas. Incluso en el caso de las leyes conviene meditar antes de votar en contra, por sistema, si la referida ley es positiva para la gente, incluyendo los catalanes. Eso sólo se lo pueden permitir Vox, en su práctica nihilista y, no todas las veces, el PP.

Siempre he creído que la amnistía es un instrumento idóneo para pasar página del desastre en que nos metieron los indepes con el procés y la chapucera gestión del Gobierno de entonces. Ahora bien, si la torpeza, la intransigencia o, en breve, la soberana estupidez de la dirigencia de Junts se carga, al final, la amnistía en un acto de autolesión, el Gobierno puede seguir adelante, sin necesidad de su apoyo. Incluso podría activar el expediente de medidas de gracia individuales en beneficio de los que no hayan tenido responsabilidad en tamaña estulticia.

Sin embargo, lo que no debe pretender nadie –y no deberían de aceptar los grupos proponentes, especialmente el PSOE– es que las modificaciones que propone Junts supongan que la referida ley no esté en condiciones de pasar el fielato del Tribunal Constitucional y de las normas europeas. Pues en ese caso, el destrozo sería de mayor calibre o calado y lo pagaríamos, severamente, tanto los pecadores como los justos. Tampoco creo que sea adecuado estar inventándose retoques, discutibles, en otras legislaciones para satisfacer apetencias que sólo demuestran una abismal inmadurez y que podrían producir daños colaterales.

I.- La vida política española sigue inmersa en una crispada polarización, que se manifiesta en una permanente descalificación y deslegitimación del gobierno, más allá de lo admisible, por parte de la oposición. Es normal que la oposición de derechas se oponga y critique la acción del ejecutivo, pero deviene tóxica cuando esa discrepancia se lleva al límite de descalificar e inhabilitar al oponente, hasta el punto de mutar un adversario en un enemigo a batir por todos los medios. Primero, y todo el tiempo, sigue siendo el asunto de la amnistía. Es obvio que se puede discrepar de esa medida de gracia, pero de ahí a sostener que “rompe España”, “destruye la Constitución”, “lamina la separación de poderes”, “es una estafa”, “es ilegal”, “inmoral” y no sé cuántos improperios más, es tan exagerado, falso y ayuno de argumentos que hace imposible el debate democrático. En el supuesto de que al final de esta historia, el Tribunal Constitucional dijera que esa medida es conforme a la Constitución, ¿qué pasaría con todos aquellos que han estado durante meses acusando de tan horrendos “crímenes”? Supongo que, como mínimo, tendrían que dimitir de la vida pública, a no ser que piensen que nuestro más alto tribunal se ha vuelto loco y ha sido capaz de avalar tan pavorosos atropellos. Yo sería más cauto en las expresiones, pero cada cual es dueño de sus palabras.

II.- Luego, y al mismo tiempo, ha llegado una moción de censura con el fin de descabalgar de la alcaldía de Pamplona a una regidora del PP y elegir, en su lugar, a un alcalde de Bildu. Por lo visto, la más grande fechoría que haya podido cometer el partido socialista de Sánchez, hasta el punto de que el líder opositor lo ha calificado de “pacto de los encapuchados”, “miserable”, indigno“ e ”inmoral“, con los ”herederos de ETA“, nada menos. En fin, una sarta de falsedades cuando debería ser conocido que en la coalición Bildu hay tres partidos que siempre condenaron el uso de la violencia de ETA, entre ellos el propio candidato a alcaldía. Se trata, por otra parte, de una formación con representación parlamentaria, en cuyos estatutos se rechaza la violencia, incluida la de ETA, y apoya las políticas sociales del gobierno de coalición. Deberíamos de estar satisfechos de que la democracia haya derrotado al terrorismo, que ETA haya desaparecido de nuestras vidas y que aquellos que antaño pudieron colaborar con el terror ogaño estén integrados en la vida política democrática. Yo me alegré infinito cuando en aquellos lejanos años de la transición, los que habían participado, apoyado e incluso dirigido la dictadura y sus terribles delitos,  abrazaron la causa de la democracia. Nadie les pidió cuentas personales ni colectivas, y todavía estamos esperando a que algunos partidos que gobiernan en multitud de CCAA y ayuntamientos renieguen y condenen a tan nefanda dictadura. Así que menos globos.

III.- Después de las matracas sobre la amnistía y el asunto de Pamplona, ahora llena buena parte del debate mediático si el líder oposito verá o no al presidente del gobierno y si éste se reunirá en algún lugar de la Unión con el prófugo señor Puigdemont. Si los principios de realidad y de oportunidad imperasen en nuestra baqueteada vida política, mi sugerencia sería que el líder del PP y el presidente del gobierno se reuniesen cuanto antes, y que éste demorase su encuentro con el líder de Junts hasta que se aprobase la amnistía. No verse, en el primer caso, o verse antes de tiempo, en el segundo, son bastante impresentables.

IV.- Mientras tanto, me malicio que los asuntos que interesan al sufrido personal, los que más importan, suelen pasar desapercibidos o no están en el centro del debate. Me refiero a los que afectan al bienestar o malestar de la inmensa mayoría de la gente.  Pondré algunos ejemplos recientes.

Hace unos días se anunció que las pensiones iban a subir de manera notable, en comparación con el pasado, a partir del 1 de enero del 2024. Así, las del régimen general un 3,8%, las mínimas entre un 5 y un 7%, las de viudedad un 14%; teniendo en cuenta que la inflación se situará en torno al 3,6% no está tan mal. Un crecimiento que afecta a más de diez millones de personas y a más de dos millones las de viudedad. Lo mismo ha sucedido con la subida de los salarios pactados. Se ha noticiado que, como media, han aumentado un 4%, hasta los 2.117€ al mes. La conclusión que podemos sacar, si comparamos estas cifras con los “países de nuestro entorno”, es que la brecha se va estrechando, aunque todavía nuestros sueldos y salarios son inferiores, pero también hay que tener en cuenta que nuestro nivel de precios es más bajo. Obviamente, estamos por detrás de Alemania o Francia, pero bastante equiparados con Italia. En cuanto al salario mínimo nos situamos todavía lejos de los dos primeros, con 1.997€ y 1.747€ al mes, respectivamente, pues Italia carece de salario mínimo. En España está en fase de negociación la subida para el 2024, si bien la perspectiva es la de un crecimiento de alrededor del 4%, lo que lo colocaría en 1.123€ en 14 pagas, es decir, 1.310€ al mes. Eso supone que en los últimos seis años dicho salario habría aumentado un 52%. Y hay que tener en cuenta que el salario mínimo lo cobran en España más de dos millones de personas. 

Por otra parte, también tiene interés lo proyectado para el subsidio de desempleo, que afecta a cerca de un millón de personas (971.095), de las más vulnerables de la población. La ayuda asciende de 480€ al mes a 570€ durante seis meses, luego a 540€ y, a partir del año, a 480€, es decir, en principio una subida del 19%, y además se amplía a nuevos colectivos y se hace compatible con el salario durante 180 días. En todo caso, sigue existiendo otro millón de personas que no perciben ni la prestación, ni el subsidio de desempleo, lo que significa que tiene que acudir a otro tipo de ayudas para subsistir. Es el caso de los que perciben el Ingreso Mínimo Vital, que asciende a 565,28€, o 859,33€ si se convive con un menor; cantidad que subirá en 2024 un 6,9% y lo cobrarán cerca de 700.000 personas.

Como se puede comprobar, el esfuerzo en el crecimiento de estas prestaciones no es desdeñable, si bien no es menos cierto que se trata de cantidades muy exiguas, prácticamente de supervivencia, de las que dependen cerca de dos millones de personas. En cualquier caso, lo más lacerante, en mi opinión, es la extensión de la pobreza infantil que todavía existe en España. Un hecho realmente inaceptable en la época y con la riqueza que tenemos. Se calcula que alrededor del 29% de los menores de 18 años, o cerca de dos millones y medio, se encuentran en situación de pobreza. No creo que haya nada más urgente que poner en práctica un programa efectivo con el fin de erradicar esta lacra en la actual legislatura. Creo que deberíamos estar debatiendo estos temas todos los días, y no malgastando cientos de horas sobre las chorradas a las que nos tienen acostumbrados la mayoría de los medios.

Para terminar y respecto a lo que podríamos llamar los “ingresos indirectos”, en una reciente encuesta sobre lo que más les importa a los ciudadanos aparecen en primerísimo lugar la sanidad, la educación y la subida de los precios de los alimentos. No desde luego si este o el otro se reúne o pacta con éste o con aquel. Todavía no pierdo la esperanza de que algún día debatamos sobre lo que más importa.

Las derechas hispanas están desatadas. Se suele decir que siempre lo están cuando pierden el Gobierno y se recuerda las épocas de González y Zapatero. Sin embargo, no estoy de acuerdo en que la naturaleza de la arremetida sea la misma. En la actualidad, no son sólo el PP y Vox los que embisten contra Pedro Sánchez y su Gobierno, sino que están movilizando diferentes fuerzas sociales con situaciones de poder: asociaciones de jueces y fiscales; colegios de abogados; inspectores de Hacienda; sindicatos de policías o guardias civiles; sectores de la Iglesia o empresariales e instituciones de todo tipo, ayuntamientos, comunidades autónomas y, por supuesto, todo el aparato mediático, analógico y digital. Aunque en el pasado también se utilizó la calle como ariete, ahora se pretende dar un paso más y, dándole la vuelta a la famosa tesis de Trotski de la “revolución permanente”, se inicia la fase de la “permanente revuelta callejera”. Una movilización azuzada desde las más altas esferas de la derecha, que empieza a producir episodios de violencia e intimidación, al son de los símbolos más rancios del franquismo. Los ataques a personas, sedes de partidos o medios de comunicación son actos antidemocráticos y delictivos que deben de ser cortados de raíz. No creo, en fin, que en el pasado se fomentase el odio hacia la figura del presidente del Gobierno y lo que representa. Repito, o cortamos esta deriva ultra tóxica o podemos acabar muy mal.

Pero, ¿hay motivos para tanta agresividad por parte de las derechas? Todo parece centrarse, aparentemente, en los acuerdos del PSOE con Esquerra y Junts con el fin da sacar adelante la investidura/legislatura. Sólo se me ocurre pensar que esta desaforada abominación trae su causa en un sistemático falseamiento de la realidad. He leído con detenimiento los acuerdos del PSOE con Esquerra, Junts y PNV y no he visto en ellos nada que pueda soliviantar de manera tan ultra radical al PP, Vox y sus acompañantes. Desde luego se puede estar en desacuerdo, pero de ahí a que se acaba la democracia es tan sumamente falsario que resulta argumento inane y ridículo si se tiene un mínimo de inteligencia. 

En el de ERC se dice que hay un conflicto político sobre el futuro de Cataluña que hay que resolver por medio de una negociación equilibrada, y respetar “el principio de seguridad jurídica y los procedimientos y el ordenamiento democrático”. Supongo que se refiere al español. Además, se establece el compromiso con el ordenamiento estatal e internacional en materia de derechos humanos, civiles y políticos. Supongo que el ordenamiento estatal no es el de Nigeria, sino el de España. El debate sobre el reconocimiento nacional de Cataluña, a través del ordenamiento jurídico y de las instituciones, “respetando el principio de legalidad y el democrático”. Reconozco que, en mi criterio, en un país democrático ambos principios son lo mismo. Se refiere al compromiso de culminar la “desjudialización” de la vida política por medio de una amnistía, hacia la plena normalidad política, institucional y social. Es obvio que dicha “desjudialización” se mantendrá siempre que no se cometan delitos. A cambio, el voto a la investidura y la estabilidad de la legislatura, en especial en tema presupuestario, fondos europeos, etc. Luego aparecen dos anexos. Uno sobre el traspaso de Rodalies, que no creo sea motivo de tirar cañonazos, cuando en un país tan centralista como Francia los ferrocarriles regionales los administran las regiones. Y otro, que ha sido tergiversado, aviesamente, por casi todos los medios, dice: “Se procederá a tramitar una modificación legal de ALCANCE GENERAL PARA TODAS LAS CCAA DE RÉGIMEN COMÚN, que permita la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con éste”. Para el caso de Cataluña, en torno al 20%, lo que supondrá unos 15.000 millones, y un ahorro alrededor de 1.500 millones en intereses. Deducir de aquí que esta quita es sólo para Cataluña es una falsedad siniestra encaminada a enfrentar unas comunidades con otras y unos ciudadanos frente a otros. 

Veamos los acuerdos con Junts. A expensas de analizar, en detalle, el proyecto de ley de amnistía conviene precisar que los acuerdos alcanzados lo son entre dos partidos: el PSOE y Junts, y no entre el Gobierno de España y la Generalitat. La introducción histórica, sin valor jurídico alguno, es subjetiva y no refleja fielmente lo que sucedió en octubre de 2017. Sin duda los acuerdos deben de responder a las demandas mayoritarias del Parlamento de Cataluña, representante del pueblo catalán, pero también, en su caso, a lo que decida el Parlamento español, igualmente representante del pueblo catalán, como parte del pueblo español. Luego, el texto se dedica a plasmar los desacuerdos sobre la autodeterminación y la financiación, lo que no tiene efectividad alguna. Cada cual puede plantear lo que quiera, otra cosa es concederlo. Sin embargo, tiene gran valor político que Junts plantee el derecho de autodeterminación dentro de la Constitución española, invocando el art. 92 de la CE. Aparte de la viabilidad o no de poner en marcha dicho precepto en este tema –yo creo que no es posible–, lo que indica es que Junts renuncia a la unilateralidad, tema central de este acuerdo, pues el 92 CE exige la convocatoria del rey, la propuesta del presidente y la autorización del Congreso. Algunos, ingenuamente, se preguntan: ¿Y quién garantiza que van a respetarlo? Primero, porque lo han firmado; segundo, porque si no lo respetan se les volverá a aplicar la ley y, tercero, porque cualquier unilateralismo supone el rechazo internacional, sin cuya aceptación estos procesos no tienen recorrido alguno, lo que ya han comprendido los más realistas. Lo que es seguro es que, si gobernasen PP y Vox, el independentismo crecería como la espuma y ya veríamos el resultado.

A mí no me gusta ni el facilitador “internacional” ni la referencia al lawfare. Pero no exageremos ni engañemos a la gente. Dicho facilitador, como queda dicho, es entre dos partidos políticos y no entre dos gobiernos; además, no decide nada y ya ha sido utilizado en otras ocasiones sin aspavientos. En cuanto al lawfare, se refiere a las dos comisiones parlamentarias ya previstas sobre 'Pegasus' y la llamada “policía patriótica”, y no tiene nada que ver con controles parlamentarios sobre decisiones judiciales. El PSOE ya ha explicado el alcance de ese desgraciado anglicismo, que no tiene efecto práctico, aparte de dar armas a los adversarios de los acuerdos para organizar la zapatiesta.

Respecto al “debate” sobre el reconocimiento nacional de Cataluña –que también aparece en el acuerdo con el PNV–, es factible que se siga debatiendo, pues lo venimos haciendo desde 1978 y aun antes. No obstante, si el art. 2 de la CE habla del “derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones”, no me parece sencillo modificar dicho artículo y donde dice “nacionalidades” poner “naciones”. Siempre he pensado que dichos conceptos son bastante parecidos, a tenor de las acepciones de la Academia sobre nacionalidad: 1. Condición y carácter peculiar de los pueblos e individuos de una nación. 2. Estado propio de la persona nacida o naturalizada en una nación. Pero, por lo visto, no deben de ser lo mismo cuando se solicita con tanto empeño. La amnistía merece comentario aparte cuando analice el texto, pero es un insulto a la inteligencia y a la decencia afirmar que es el “fin del mundo”, cuando se han concedido decenas en países democráticos que ahí siguen.

Un par de comentarios sobre el acuerdo PSOE-PNV. No creo que suscite mayores problemas. Parece razonable que se traspasen las competencias que están recogidas en el Estatuto de Autonomía, que es una ley orgánica. El traspaso de la “gestión” del régimen económico de la Seguridad Social está en casi todos los estatutos y no ofrece inquietud, siempre que se garantice la caja única de la misma, que debe de ser intocable.

En fin, pretender “incendiar” políticamente el país –estamos en una dictadura, el fin del Estado de derecho, se rompe España, un Gobierno ilegítimo, etc.– sobre la base del contenido de los anteriores acuerdos me parece intelectualmente siniestro y políticamente peligroso, carente de justificación posible. Se puede estar o no de acuerdo con la amnistía, pero es legítimo que la mayoría absoluta de un parlamento la apruebe, y ya dirá lo que tenga que decir el Constitucional. Son leyes que se han aprobado en muchos países para resolver conflictos enquistados y mejorar la convivencia. Que medios como Financial Times o The Economist, tan moderados, liberales y expresión de sectores económicos relevantes la apoyen me parece significativo, y demostración de lo lejos que están nuestras derechas de los niveles europeos. Por eso pienso que toda esta desaforada y peligrosa hostilidad tiene otras causas que se ocultan. Lo que intentan esas fuerzas es evitar y, en todo caso, deslegitimar en origen un Gobierno progresista que se pueda mantener cuatro años más en la Moncloa. Una hipótesis que les pone los pelos como escarpias, les dan ataques de nervios, especialmente por las políticas sociales y fiscales que puedan desarrollar en el futuro, lo que no va a ser fácil. Lo que pone en riesgo la democracia española no es desde luego una ley de amnistía que, en última instancia, será controlada por el Constitucional, sino que desde el principal partido de la oposición se afirme que estamos ante un “fraude electoral”, que entramos “en una dictadura”, que es el “final del Estado de derecho”. Que en el fondo no dejan de ser arriesgados “fuegos artificiales”, pero hay que procurar por todos los medios que sigan siendo artificiales, pues sería una tragedia que se transitase de la falacia a la violencia, que siempre empieza por la “artillería” verbal.

Cuando hace unos días, en un programa de TVE dije, en tono irónico, que un fantasma recorría España, el fantasma de la amnistía, nunca pensé que fuera a tener tanto recorrido. No tanto, sin duda, como el que tuvo la famosa frase de Marx y Engels en el inicio de su Manifiesto con el “fantasma del comunismo que recorría Europa”. Ahora, casi dos siglos después, nuestras derechas patrias han llegado a la conclusión de que la amnistía es tan peligrosa como el comunismo y hay que combatirla por tierra, mar, aire y subsuelo. Lo curioso del asunto es que, en el fondo, la intención es bastante parecida, aunque en esta ocasión como farsa.

Entonces, mediados del siglo XIX –1848–, el comunismo –totalmente inexistente– era utilizado por la reacción para combatir al naciente movimiento obrero y popular, a través de un fantasma o espantajo, con el fin de aterrorizar a unas fuerzas conservadoras, zarandeadas por las revoluciones de 1848. Ahora, salvando las indudables distancias, la intención es parecida, usar un espectro o trasgo como inmensa cortina de humo para ocultar una derrota electoral y evitar, por casi todos los medios, que se acabe formando un gobierno de progreso. Porque lo más probable es que el 27 de septiembre podamos comprobar, fehacientemente, cómo el PP perdió las elecciones generales del 23J, a pesar de sus intentos de mudar nuestro sistema político parlamentario –donde el presidente lo eligen los diputados– a uno presidencialista –donde al presidente lo votan directamente los ciudadanos–. Una operación doble y peligrosa, pues si la derecha “ha ganado las elecciones”, ¿cómo es que no puede gobernar, qué democracia es esta? Y, luego, si al final es investido presidente quien “perdió” las elecciones, el candidato socialista, ¿qué legitimidad tiene ese Gobierno?  

La doble operación exige cerrar el círculo. Antes de que se pueda formar otro gobierno se lanza una inmensa campaña, en las calles, los ayuntamientos, CCAA, asociaciones judiciales, medios de comunicación, etc., sosteniendo que con la amnistía se viola todo lo violable: la Constitución, la unidad de España, la Transición, la división de poderes, el principio de igualdad, delincuentes que no cometieron delito, etc.

Es conocido que sobre la constitucionalidad o no de la amnistía hay doctas opiniones diferentes, pero no caigamos en la trampa. La cuestión, en estos momentos, no es amnistía sí o amnistía no, tema instrumental y no único, sino si conviene a la democracia española, a la convivencia y concordia entre españoles, a la mejora de la situación política y social en Cataluña, la superación de las consecuencias penales del desgraciado procés del año 2017. Si no es un despropósito empapelar de procedimientos judiciales a varios cientos de personas de segundo nivel, incluyendo a policías nacionales, cuando los máximos responsables ya han sido indultados y han transcurrido seis años desde aquellos sucesos. Con el resultado de inflamar de nuevo esa autonomía y dar armas a los secesionistas irrestrictos. Por el contrario, hay que preguntarse si los indultos que en su día se concedieron, con radical oposición de los mismos que ahora truenan contra la amnistía, han sido positivos o no para la convivencia en Cataluña, para reducir el impulso secesionista, para fortalecer nuestra democracia. Sin duda que han sido positivos en todos los sentidos, como han demostrado las últimas elecciones generales. Luego es conveniente continuar por esa senda, y no regresar a la crispación y al incendio a que condujo la irresponsabilidad de los indepes y la torpeza inaudita del gobierno de la derecha de entonces.

Ya he dicho que la legalidad de la amnistía es polémica y hay argumentos para todos los gustos. Lo que conviene aclarar, para que el personal sufridor no se confunda, son las tergiversaciones y/o falsedades que se están propalando ante la posibilidad de una medida de gracia en forma de amnistía. Aclaro que no me sorprende que cierta derecha esté tan en contra de ella, pues conviene recordar que Alianza Popular –Fraga Iribarne–, antecedente del PP, no votó a favor de la Amnistía de 1977, elemento central de la reconciliación, sino que se abstuvo. Pero veamos los argumentos esgrimidos, hasta ahora, en contra de esa posible medida.

Se afirma que una amnistía daría la razón a los indepes, pues sería tanto como afirmar que no hubo delito en sus actos, ergo lo que hicieron era legal y, en consecuencia, pueden volver a hacerlo. Espero que no se lo crean. La amnistía elimina todos los efectos del acto punible, “como si no se hubiese cometido”, pero no quiere decir que no hubo acto delictivo y, por lo tanto, se puede castigar si se vuelve a cometer. La amnistía de 1977 incluyó en la misma actos de terrorismo –delitos de sangre– y de torturas y otros, perpetrados por funcionarios públicos. Nadie en su sano juicio pensó que aquellos actos no fueron delitos y que se podían volver a cometer.

Se sostiene que las amnistías se conceden en los cambios de régimen político. Fue nuestro caso en 1977, pero no siempre ha sido así, ni en nuestra tradición constitucional ni en las que se han otorgado en países europeos –Francia, Portugal o Gran Bretaña en su ley de reconciliación de Irlanda del Norte–.

También se ha aducido que la amnistía no es posible porque si está prohibido el “indulto general”–que es lo menos– no puede concederse la amnistía –que es lo más–. Sin embargo, como señala la sentencia del Tribunal Constitucional 147/1986 de 25 de noviembre, la diferencia entre indulto y amnistía no es cuantitativa sino cualitativa, es decir, de otra naturaleza. Entre otras razones, porque mientras el indulto es competencia del Ejecutivo, la amnistía lo es del Legislativo, donde reside la soberanía popular, aparte de sus distintos efectos.

Por último, también se ha argumentado en su contra que durante el debate constitucional se rechazó alguna enmienda que incluía la amnistía como posibilidad. Se deduce de ello que sólo si la Constitución la contempla es dable concederla. Es cierto que la amnistía no está incluida en la Constitución de 1978, pero tampoco fue excluida expresamente, como sí se hizo con los indultos generales. No parece que sea un obstáculo insalvable, tratándose como se trata de una decisión política excepcional emanada del poder legislativo, sede de la soberanía popular. Tampoco resulta convincente aducir que dicha medida atentaría contra principios esenciales de la Constitución, como serían el principio de igualdad o la división de poderes. Medidas excepcionales de gracia como pueden ser las amnistías o los indultos es obvio que, prima facie, chocan con el principio de igualdad, pero ello no invalida, automáticamente, su aplicación, si están claramente acotadas, no son arbitrarias o inmotivadas y están justificadas por razones atendibles de interés general, que redunden en beneficio de la convivencia, de la concordia y del fortalecimiento de la vida democrática. Lo mismo sucede en el caso de la división de poderes, pues las medidas de gracia se sitúan más allá del poder judicial, no lo corrigen en su labor jurisdiccional y la prueba de ello es que si se cumplen los requisitos de la ley y son acordadas por el órgano o institución competente son asumidas por los tribunales de justicia. En todo caso, para eso están los tribunales constitucionales, en cuya sede suelen acabar este tipo de medidas de gracia.

Sostengo que la garantía de la no repetición de los sucesos del procés de 2017 está, esencialmente, en el debilitamiento político de las pulsiones secesionistas y en la fortaleza y decisión del Estado en aplicar las medidas correctoras que procedan. Sin embargo, si la medida de gracia forma parte de una decisión del Parlamento, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de los diputados pactantes, no sería aceptable que aquellos que han votado a favor de la medida volvieran a adoptar decisiones unilaterales que violentasen de nuevo la Constitución. En los pactos políticos no caben actitudes unilaterales, pues su razón de ser radica, precisamente, en estar sustentados en el diálogo y el acuerdo.

En conclusión, no creo que el debate de fondo sea amnistía sí o no, sino si está justificado por razones de interés público y democrático general tomar medidas de gracia con el fin de superar las consecuencias del llamado procés, e iniciar una nueva etapa que contribuya a dejar atrás la crispación y el enfrentamiento. En mi opinión, la respuesta es claramente afirmativa por las razones que resumo brevemente: porque las medidas de gracia adoptadas han sido altamente positivas; porque no tendría sentido indultar a los mayores responsables y enjuiciar a los menores; porque la vida política y social en Cataluña es hoy mucho mejor que antaño y sería un desastre volver a las crispaciones; porque es evidente que las pulsiones secesionistas más radicales han perdido fuerza y han ganado los partidos de la izquierda; porque es beneficioso serenar del todo la política catalana y que los partidos nacionalistas de dicha Comunidad Autónoma participen con normalidad en la vida democrática, como ha sucedido durante décadas.

Ahora estamos en la matraca de que gobierne el partido más votado. El PP y su candidato lo repiten sin cesar, aunque siempre se olvidan de añadir: “Siempre que el más votado sea yo”, como ha sucedido en los casos de Extremadura, Valladolid, etc. Hasta tal punto que, en el debate de los dos principales pretendientes, el candidato Feijóo se sacó un papel de la manga, que incluso firmó teatralmente, en el que, por lo visto, se deberían comprometer ambos contendientes a facilitar la investidura del que sacara más votos.

Me recuerda a ese otro mantra de la “gran coalición” PP/PSOE que sostiene cierta derecha y algún progre despistado, eso sí, siempre que quien encabece el gobierno sea la derecha. ¿Ustedes recuerdan alguna gran coalición en Alemania, por ejemplo, liderada por la socialdemocracia? Yo reconozco que no, siempre ha estado dirigida por la democracia cristiana. Ahora que el PP tiene las encuestas a favor vuelven a proponer esta milonga y se olvidan de que nunca la practican cuando el PSOE queda primero, como en los casos ya mencionados o cuando se tuvieron que repetir las elecciones de abril de 2019 porque el PP se negó a abstenerse.

Pero es que, además, esa propuesta suena un tanto mafiosilla -políticamente hablando- de reparto del botín antes de que los ciudadanos voten, orillando la función del Congreso, y no se compadece con el espíritu y la letra de nuestra Constitución. El art. 1.3 dice: “La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria”. Es decir, somos un sistema parlamentario y no presidencialista, como pueden ser los de Francia o EEUU. Por eso mismo, cuando el art.1.2 señala que la soberanía reside en el pueblo español, el art. 66 aclara que “las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado”.  Y son estas Cortes las que ejercen la potestad legislativa, aprueban los presupuestos y controlan al Gobierno, entre otras competencias.

De ahí que en las elecciones del 23 de julio estamos llamados a las urnas para elegir a los diputados y senadores, que conforman las respectivas cámaras. No elegimos, desde luego, al presidente del Gobierno, sino, para el caso que nos ocupa, a los 350 diputados. Y son estos diputados, conforme a la Constitución, los que, según lo dispuesto en el art.99, eligen al presidente del Gobierno. El mecanismo es conocido y estoy seguro de que cualquier candidato lo conoce. El Rey -previa consulta a los grupos políticos- propone a un candidato a presidente y éste, para ser investido -elegido-  debe obtener la mayoría absoluta en la primera votación y la mayoría simple en la segunda. Pues bien, de no alcanzar dichas mayorías “se tramitarán sucesivas propuestas”; de la misma forma y si ningún candidato aprueba el “examen”, en el plazo de dos meses se disolverán las cámaras y se convocarán nuevas elecciones.

Un procedimiento que debería ser muy conocido, pero que se intenta manipular y tergiversar para conducirlo a lo que no es. Porque en nuestro sistema parlamentario quien tiene posibilidad de gobernar no es, necesariamente, el partido que más votos o diputados ha obtenido en las elecciones, sino quien alcanza los suficientes votos del conjunto de los diputados que le permitan ser investido presidente y, sobre todo, poder gobernar. Es decir, aprobar leyes, presupuestos, etc. En el fondo, quien tiene más apoyos en el Congreso es el que al final ha sido el “más votado”, ya que todos los votos valen lo mismo; la única diferencia es que ha logrado sumar a los de su grupo o partido los de otros, que representan a ciudadanos tan válidos como los demás. El problema que tiene el PP es que si necesita a Vox para conformar una mayoría no suma ni un solo voto más, pero ese es su problema y pretende que otro se lo resuelva.

Ante esta situación, ¿qué pretenden hacer los voceros de la derecha y algún despistado de la izquierda? En el fondo transformar, mutar un sistema constitucional parlamentario en uno seudo presidencialista en el que el presidente del Gobierno está predeterminado, antes de las elecciones, en el que saque más votos/escaños, hurtando al Congreso una de las funciones más trascendentales que le otorga la Carta Magna, como es la de elegir al presidente del Gobierno.

Por otra parte, plantear que el PSOE o el PP se abstengan con el fin de facilitar la investidura del otro no resuelve nada. A no ser que se esté pensando que, a partir de ese momento, uno de los dos se convierta en “sucursal” del otro o, todavía peor, que le facilite la investidura y luego el elegido pacte con otros partidos, ya sea a la derecha o a la izquierda. Y esto es así, repito, porque el presidente del Gobierno de España no es el presidente de Francia o de EEUU, que tienen poderes ejecutivos otorgados directamente por los ciudadanos. Aquí se depende del Congreso y, en su caso, del Senado, y no me imagino al PSOE aprobando las leyes y el Presupuesto del PP o viceversa. Es pues una auténtica trampa desestabilizadora lo que se plantea.

Lo preocupante, en mi opinión, es que todo esto que he intentado explicar lo conocen perfectamente los proponentes y, sin embargo, no se recatan en lanzarlo como si fuese de sentido común, cuando en realidad contradice lo establecido en la Constitución y tergiversa el modelo parlamentario que en aquella se establece. 

En conclusión, el día 23 de julio ganará las elecciones el partido o grupo que sea capaz de concitar un apoyo parlamentario -de diputados- suficiente para investir a un presidente del Gobierno, con mayoría absoluta o simple, en primera o segunda convocatoria. En una palabra, que si el día 23 el PP obtiene más votos y escaños, pero no suma lo suficiente con Vox, no podrá formar gobierno, mientras que si el PSOE y Sumar, con el apoyo de otros, sí alcanzan la mayoría en el Congreso, podrá haber un presidente socialista. Y será tan legítimo y tan democrático como el que obtuviese mayoría absoluta. Lo señalo porque le oí decir al candidato del PP que no se merece gobernar España el partido que no haya “ganado”, en su opinión quien no haya sacado más votos y escaños. Lo que supone una interpretación muy peligrosa, pues no es lo que dice nuestro sistema constitucional. Lo advierto porque lo mismo algunos ignorantes, intoxicados por estas extrañas teorías, y en el supuesto de que, al final, no gobierne el falsamente “más votado”, sean capaces de alguna barbaridad tipo Trump o Bolsonaro. 

La decisión adoptada por el presidente del Gobierno de convocar elecciones de forma inmediata, después del descalabro del 28M es, sin duda, la mejor o la menos mala de las posibles opciones. Prolongar el “modo” derrota hasta finales de año habría sido una especie de agonía a cámara lenta, con las consiguientes recriminaciones, internas y externas, que todo fracaso comporta, incluyendo dimisiones y desbandadas. No tenía sentido prolongar, unos meses, una fecunda legislatura, prácticamente culminada, y tampoco habría servido de nada cambiar el Gobierno o clausurar una coalición que, a pesar de todo, ha funcionado en las peores condiciones. En todo caso, en política, como en tantas otras cosas, cuando el marco de juego se pone imposible lo más inteligente es intentar cambiar el marco, el cuadro, la moldura, el recuadro y hasta el campo de juego. Aparte de que en esta nueva situación se descoloca al adversario, pues digan lo que digan y se usen los trucos que se les ocurran, la verdad verdadera es que el PP y Vox tendrán que gobernar juntos en los ayuntamientos, comunidades y donde lo necesiten.

Sin embargo, si bien estamos ya en otro tiempo, conviene decir algo sobre el reciente descalabro electoral, aunque sólo sea para comprender algunos fenómenos y no cometer los mismos errores. Si nos fijamos en los datos -están de moda hoy en día- nos daremos cuenta de que las graves pérdidas en la izquierda, en la mayoría de las comunidades autónomas y ayuntamientos, se debe a que el ala más a la izquierda -Podemos, etc.- se ha hundido. De 49 diputados que tenía, en las diferentes CCAA con elecciones ha mantenido 18 y ha desaparecido de asambleas tan importantes como Madrid y Valencia, al igual que de las corporaciones de los ayuntamientos de cantidad de capitales. Por su parte, el PSOE no ha perdido tanto en comparación a las elecciones de 2019, salvo el caso de Extremadura, que pierde seis diputados. Lo mismo puede decirse de Más Madrid, Compromís en Valencia o los Comunes en Barcelona. El PP, por su parte, ha aumentado en todos los territorios y ayuntamientos gracias, sobre todo, a la absorción de Ciudadanos, que ha desaparecido del mapa. En todo caso, el PP necesita de Vox para gobernar en todas las CCAA, salvo Madrid y La Rioja, pues la formación ultraderechista, con algo más del 7% de los votos, ha doblado el resultado de 2019. Si bien no se pueden hacer extrapolaciones entre estas elecciones y las generales, lo cierto es que la suma del PP, Vox y restos de Ciudadanos apenas llegan al 40% de los votos emitidos y, con este resultado, la derecha no ganaría unas elecciones generales. No debe de servir de consuelo, pero es un dato que conviene retener. Lo innegable, en cualquier hipótesis, es que mientras las derechas se han movilizado, buena parte de las izquierdas se han quedado en casa. Una prueba que se viene repitiendo es que se vota bastante más en los barrios pudientes que en los más modestos. Así, por ejemplo, en Madrid, donde la abstención en Chamartín, Retiro, Moncloa-Aravaca o Fuencarral-El Pardo no ha llegado al 25%, en Usera, Puente de Vallecas, Villaverde o Carabanchel se ha situado entre el 38 y el 41%, es decir, alrededor de 15 puntos más de abstencionistas. Mientras esto siga así la izquierda lo tiene crudo.

Las causas de la derrota han sido múltiples, pero me atrevo a señalar las, a mi juicio, más relevantes: el Gobierno no ha sido capaz de que sus múltiples logros económicos y sociales lleguen a las grandes mayorías sociales beneficiadas; ello se debe a deficiencias propias -hay que trabajar más con la gente en persona, no limitándose a las referencias del Consejo de Ministros o unos cuantos mítines- y a que tiene a la inmensa mayoría de los medios militantemente enfrente; ha tenido socios inevitables que son vistos como indeseables por amplios sectores de la población, manipulados sistemáticamente por los adversarios políticos y mediáticos; se ha enzarzado en temas que han oscurecidos los logros sociales como han sido la Ley del 'solo sí es sí' y las violaciones, las rebajas de la malversación o la eliminación de la sedición en el Código Penal, que parecen como concesiones a los “indepes”; la actitud, en ocasiones, de portavoces de Podemos, en contradicción con decisiones del Gobierno en el que participan, dando la imagen de descontrol y “jaula de grillos”; un momento de subida de precios de los alimentos e hipotecas; una campaña embarrada, en clave nacional, en la que todos los medios sólo hablaban de las indeseables listas de Bildu y de ridículos pucherazos o compra de votos, incluso poniendo en cuestión la limpieza electoral versión Trump/Ayuso.

Ahora llegamos al momento de la verdad y conviene saber qué es lo que nos jugamos. El líder del Partido Popular ya nos ha adelantado cuál es su concepción. Hay que elegir entre “España -es decir, él- y Sánchez”. Una vieja disyuntiva que nos retrotrae a los tiempos siniestros de la “España y la anti-España”. Porque cuando alguien se erige en esencia de la “patria” está cayendo en un nacionalismo excluyente muy próximo a tiempos pretéritos que no deben volver de ninguna manera. El PP, Vox y Feijoo no son desde luego toda España. En su caso una parte de ella, la que representa a unas derechas que pretenden regresar a los viejos tiempos de los recortes sociales, de los privilegios, de las crispaciones identitarias, las ideologías casposas y negacionistas, que entienden la libertad para “chingarle la vida” a los demás. Frente a ella está la España que luchó, como nadie y en solitario, por construir un Estado social y democrático avanzado, del bienestar para las grandes mayorías, de la libertad inseparable de la igualdad y la fraternidad entre las personas y los pueblos de España. Esta es la disyuntiva, la del aumento de las pensiones, del salario mínimo, del trabajo estable, de la igualdad de la mujer, de la defensa de Doñana o el Mar Menor, de vivienda digna, de la España que más crece de Europa y con menos inflación. O, por el contrario, regresar a las políticas ultraliberales de antaño, a las bajadas de impuestos a los ricos, los trabajos precarios, los alquileres abusivos, los estropicios medioambientales, las crisis sobre las espaldas de los de siempre y los enfrentamientos identitarios del pasado que acrecentaban las pulsiones secesionistas. El tándem o coyunda PP-Vox no es lo que España necesita si quiere modernizarse de una vez y convertirse en un factor de progreso para Europa. No me resisto a creer que mis queridos conciudadanos, con los que tanto hemos peleado para mejorar nuestra suerte y salir del pozo de las miserias, atrasos y carencia de libertades, no vean lo que nos estamos jugando.  

Por eso me parece existencial que las izquierdas que se llaman alternativas se unan de una puñetera vez, que se dejen de zarandajas, personalismos y milongas y lancen con fuerza un partido o movimiento Sumar renovado, europeo, profundamente democrático y social, ecologista y feminista. Un partido sí, como dice la Constitución, y no veinte “franquicias”, capaz de movilizar a esos millones de personas progresistas que no han acudido a votar, hartas de divisiones y torpezas. Porque el PSOE no sólo ha resistido bien la famosa ola que recorre Europa, sino que reúne todas las condiciones para crecer en la próxima cita electoral del 23 de julio. No se puede permitir que ni un voto más vaya al cubo de la basura por la dispersión de siglas, o es que no conocemos a estas alturas cómo es nuestro sistema electoral.

Vengo diciendo, desde hace tiempo, que es un error basar el mensaje en que “viene Vox” o “el fascismo”, o simplezas por el estilo. Lo que viene -lo que ha llegado en parte- si nos distraemos y nos atontamos, es la coyunda PP/Vox, es decir, dos versiones de la derecha dura, carpetovetónica, que coinciden en lo esencial, es decir, en arrasar con las reformas sociales y civiles de esta legislatura. Por eso mismo, las elecciones del 23 de julio van a ser tan decisivas. No sólo para España, sino también para Europa, donde los Salvini, Meloni, Le Pen, Orban y más carcundia ya se están relamiendo por lo que suceda en España y el vuelco que puede darse en la UE en las elecciones de 2024. Con el poder autonómico y municipal alcanzado por las derechas, la mayoría de los poderes judicial, mediático y económico que ya tienen, si además consiguen el Gobierno de la nación, a esta querida España no la va a reconocer ni la madre que la parió, esta vez en versión reaccionaria. Creo que fue lord Acton el que dijo que “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Evitemos con nuestro voto la corrupción de nuestro país y habremos hecho un gran servicio a España y a la Unión Europea. 

Nicolás Sartorius es abogado y escritor. Uno de los fundadores de CCOO 

Hace unos ocho años escribí un artículo titulado 'Desahucios', que tuvo cierto eco. En dicho artículo intenté demostrar que a una persona y/o familia sin vivienda se le violaba la friolera de 10 derechos fundamentales, de los comprendidos entre los artículos 14 y 29 de la Constitución. Para comprobarlo no hay más que ponerse en el pellejo de unas personas que se encuentren en esa situación. Resumiendo los derechos conculcados: a la integridad moral cuando no física (art. 15); a la libertad y seguridad (art.17); a la intimidad personal y familiar (art.18.1); la inviolabilidad del domicilio (art.18.2); el secreto de las comunicaciones (art.18.3); a la libertad de elegir libremente la residencia (art.19); a la protección de la infancia (art.20.4); a la participación en los asuntos públicos (art.23.1); a la tutela judicial efectiva (art.24.1); al derecho a la educación (art.27.1).

No hace falta ser muy espabilado para darse cuenta de en qué sentido es inviable ejercer estos derechos si no se tiene domicilio, es decir, si se vive debajo de un puente, como aquel Carpanta de nuestros TBOs infantiles. Sin embargo, cuando se elaboró la Constitución de 1978, el derecho a una vivienda digna no figuró entre los derechos fundamentales, como tampoco figuraron la sanidad o las pensiones, pues se ubicaron entre los “principios rectores de la política social y económica”, es decir, lo que podríamos calificar como derechos declarativos, en este caso en el art. 47 C.E. La razón es que hace 45 años, cuando se aprobó la Constitución, se salía de una dictadura radicalmente antisocial y España no era lo suficientemente rica como para garantizar, en la práctica, estos derechos. Luego, en democracia, gracias sobre todo a gobiernos progresistas, se fue creando el Estado de bienestar o social, y algunos “principios rectores” acabaron siendo derechos universales y gratuitos, como ha sido el caso de la sanidad u otros servicios sociales. El otro gran pilar del Estado social, el derecho a la enseñanza básica, ya figuró como fundamental, desde el principio, en el art. 27.4 CE.

Sin embargo, el asunto de la vivienda ha tenido un recorrido bien diferente. Nuestro actual problema no ha caído del cielo. Ha sido consecuencia de todo un proyecto de “desarrollo” inmobiliario-financiero impulsado desde la derecha ultraliberal y no frenado desde la izquierda. Fue la larga época de la liberalización caótica del suelo -cuando se alicataron las costas españolas-; de concesión de hipotecas masivas y desorbitadas, sin garantías suficientes; cuando en España se construían más viviendas que en Alemania, Francia e Inglaterra juntas. Una burbuja demencial que, a partir de la crisis del 2008, se llevó por delante no sólo millones de puestos de trabajo -el desempleo llegó a alcanzar el 26% en 2014-, sino a cientos de miles de familias incapaces de pagar las hipotecas, además de cajas de ahorro y bancos que se fueron por el sumidero. Al final, una buena parte de los sufridores acabaron no siendo “ni propietarios, ni proletarios”. Una auténtica hecatombe que volverá a repetirse si regresan al poder los mismos que siempre han pensado que esto de la vivienda es un gran negocio privado, y no una necesidad vital que exige un tratamiento, sobre todo, público.

Ahora bien, lo estrambótico de nuestro caso es que se han construido millones de viviendas de protección oficial (VPO) que han acabado en el mercado libre. En los últimos 50 años se han construido alrededor de siete millones de viviendas protegidas y, sin embargo, el parque de viviendas de alquiler social es de los más exiguos de Europa -en torno al 3%-, cuando la media de la UE está en el 10% y, en muchos países, bastante más alta. Por ejemplo, en el caso de Alemania, sólo el 40% es propietario de vivienda, pero los alquileres sociales son mucho más abundantes.

Si partimos de la idea de que acceder a una vivienda es una necesidad vital, sin la cual el ejercicio de los derechos es una filfa, la manera de lograr dicho acceso, para la inmensa mayoría, o es a través de la compra, mediante la correspondiente hipoteca, o por medio del arrendamiento, ya sea a particulares o a entidades públicas. Pues bien, mientras no exista un potente parque de viviendas de protección oficial, de propiedad pública, que puedan alquilarse a precios asequibles, sin límite temporal, pero manteniendo en todo caso la propiedad, siempre tendremos un grave problema y se producirá un trasvase de rentas de los menos ricos a los más ricos, aunque en algunos casos se trate de pequeños ahorradores que hay que proteger. En el supuesto de la hipoteca, el trasvase es a favor del sector financiero y sus accionistas, y, en el alquiler, en beneficio de los propietarios de los pisos, cuya riqueza se ha ido concentrando en los últimos tiempos.

El problema se agrava, hasta límites peligrosos, cuando los sueldos y salarios son escasos o de crecimiento lento y, por el contrario, los alquileres se disparan en general o en ciertas zonas “tensionadas” como Madrid o Barcelona. La prueba de ello es que, en no pocos casos, en torno al 40% de los hogares dedican alrededor de otro 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, cuya causa radica en que, mientras los sueldos han aumentado en los últimos diez años en torno al 44%, los alquileres lo han hecho al 137%. Esta situación ha generado todo tipo de desbarajustes y situaciones insostenibles como son, por un lado, los desahucios y, por otra, las ocupaciones ilegales de viviendas, en ciertos casos interesadamente exageradas. En ambos supuestos, los poderes públicos deben intervenir. Al desahuciado, en estado de necesidad, se le debe garantizar una vivienda, y el ocupa debe de ser expulsado sin dilación, pues en realidad se trata de un allanamiento de morada. 

La triste conclusión es que si conviertes una necesidad vital en producto exclusivo del mercado, el desastre está garantizado. Es como si la sanidad o la enseñanza fuesen sólo un negocio. Y, lógicamente, la cultura de la propiedad es ineludible si, como en nuestro caso, no hay un parque público de viviendas. Ahora bien, un abundante parque de VPO, de alquiler a precios asequibles, no se crea en pocos años, si tenemos en cuenta las décadas perdidas. Ello exigiría una auténtica política de vivienda social, a varios niveles, coordinada a través de un ministerio ad hoc y con inversiones públicas sostenidas en el tiempo. Un tratamiento fiscal adecuado y disuasor frente a las viviendas vacías de larga duración, con intención especulativa, pudiéndose llegar en ciertos casos a la expropiación por utilidad pública o interés social ex. Art 33 de la C.E.

De otra parte, es esencial controlar, e incluso prohibir, en ciertas zonas especialmente céntricas los llamados “alquileres vacacionales”, que han sacado del mercado del alquiler cientos de miles de viviendas. A corto plazo y pensando en la gente joven que comienza su andadura laboral, soy más partidario de establecer ayudas al arrendamiento que al acceso a la propiedad, si se tiene en cuenta la movilidad en el trabajo y otras circunstancias. Lo que nos lleva de nuevo, como ha quedado dicho, a que es urgente ampliar el parque de VPO, de propiedad pública, arrendadas sin limitación de tiempo, sin posibilidad de venderlas en el mercado libre, como sucede en otros países europeos.

En fin, el dilema u opción no es entre vivienda en propiedad o en alquiler, pues ambas deben coexistir. Es normal que las personas que van avanzando hacia la edad de la jubilación deseen tener una vivienda en propiedad, pues estaría bueno que con las exiguas pensiones que cobra la mayoría tuvieran que dedicar el 40% de la misma a pagarse un alquiler. Pero no es igual la situación de los jóvenes que, en el inicio de su vida laboral, no tienen por qué atarse a una hipoteca de por vida, pudiendo tener acceso a viviendas sociales a precios asequibles. Viviendas sociales que, sin duda, también podrían ser ocupadas por personas mayores.

I.– Sumar viene del latín “summare” e indica los actos de recopilar, compendiar, reunir, componer, agregar uno a un grupo o adherirse a una doctrina u opinión. Como pude observarse son significados parecidos, pero no exactamente iguales. Si trasladamos este concepto a la acción política la complejidad aumenta, pues según se haga o realice la operación, la suma puede mutarse en resta, o una resta, en suma. Simplificando, en política dos más dos no siempre son cuatro, pueden transformase en cinco o quedar reducidos a tres. 

Este breve exordio viene a cuento ante el lanzamiento del proyecto Sumar, celebrado el pasado 2 de abril, que lidera la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Una iniciativa de muy considerable trascendencia para el futuro de “este país”, es decir España, que es como se llama “este país”. Hay que reconocer que la articulación de un espacio político estable, a la izquierda del PSOE, no ha sido fácil desde la crisis de los partidos comunistas –incluido el PCE– de los años ochenta del siglo pasado. Una vez constatada la no idoneidad o inadecuación, por lo menos para Europa occidental, de la opción partidos comunistas, una parte de la llamada izquierda alternativa, en el caso de España y otros países, se lanzó a la construcción de un nuevo instrumento o herramienta que, en nuestro caso, denominamos Izquierda Unida. Una experiencia interesante y provechosa, todavía vigente, pero que en mi opinión no acabó, en su momento, de dar el paso para convertirse en un nuevo partido con todas sus consecuencias y superar así la fase, siempre procelosa, de coalición. Un partido de los que habla el art. 6 de la Constitución –como “instrumento fundamental para la participación política”–, con una teoría clara, de la que emane un programa reformador –que no es igual que “reformista”–, organizado capilarmente en todo el territorio nacional, capaz de convertirse en una opción de gobierno. La obsesión, en una época, de lograr el sorpaso del PSOE, la teoría de las “dos orillas” y posiciones poco claras sobre cuestiones centrales de la gobernanza de un país europeo –la cohesión territorial, la validez esencial de la Constitución, la construcción de la UE– fueron mermando sus posibilidades y conduciendo a un cierto estancamiento. Hasta el punto de que no estuvo en condiciones de recoger y liderar el profundo malestar que ocasionó la crisis del 2008, y el subsiguiente fracaso estrepitoso de las políticas neoliberales.

II.– El surgimiento del fenómeno Podemos supuso un revulsivo, en principio positivo, dentro de este sector de la izquierda y del propio mapa político de España. Creo que conectaba con nuevas fuerzas jóvenes, de diferentes sensibilidades –feministas, ecologistas, LGTBI, etc.–, muy críticas con unos adormecidos partidos tradicionales y alejados, también, de un movimiento sindical en horas bajas, aunque no exento de toques populistas de variado origen. Sin embargo, después de un fuerte impulso inicial, empezaron a surgir diferencias en su seno que terminaron, como suele suceder cual maldición bíblica, en escisiones y rupturas, en este caso dando lugar a Más Madrid/Más País y otras expresiones. Por desgracia, es una constante en este espacio de la izquierda, cuya causa denuncié hace más de 30 años y que consiste en la incapacidad de “normalizar y gestionar la discrepancia”. El hecho es que el proyecto Podemos se ha ido construyendo en los diferentes territorios con características propias, dando lugar a formaciones bastante heterogéneas en forma de “franquicias” o delegaciones territoriales con diferentes nombres. Su importante labor en el actual gobierno de coalición y en otras instituciones, junto con cierta rigidez en los liderazgos, quizá ha ido en detrimento de su arraigo organizativo y en la formación de un partido sólido. Por otra parte, ha dado la impresión de que ponía en cuestión esos elementos centrales mencionados anteriormente –el despectivo “régimen del 78”; un cierto euroescepticismo, “recuperación de soberanía”; la cohesión territorial con el “derecho de autodeterminación”, etc. El resultado, por estas u otras causas, ha sido la paulatina pérdida de pulso electoral y la aparición de una constelación de siglas, se habla de quince, que reconozco soy incapaz de identificar todas. Lo que tengo claro es la conveniencia de que, por lo menos las principales, actúen juntas, pues de lo contrario su destino será ir todas juntas al hoyo.

III. Y aquí surge Sumar, que se erige en la esperanza, por lo menos, del futuro electoral de una componente de la izquierda. Sin embargo, en mi modesta opinión, creo que no se trata solamente de una fórmula electoral. Más bien consiste en poner en pie un proyecto político para España y Europa capaz de ir ganando apoyos, en un amplio espacio de las izquierdas y lograr así, en conjunción con la fuerza que representa el PSOE, una gran mayoría apta para gobernar durante los próximos años. Única manera, por otra parte, de poder culminar las reformas democráticas, ecológicas e igualitarias que España y Europa necesitan.

En el lanzamiento del proyecto del dos de abril en Madrid, la dirección de Podemos decidió no acudir, aduciendo que no le habían dado garantías de celebrar unas “primarias abiertas a todo el mundo”. Un motivo que, con todos los respetos, no tiene consistencia, si se piensa por un momento lo que está en juego. En un proyecto en el que tienen que confluir tantas personas, colectivos y formaciones políticas no se puede pretender imponer, desde el principio, fórmulas cerradas que más que sumar pueden acabar restando. El interés legítimo de Podemos por ocupar una posición acorde con su trayectoria no tiene por qué depender de que las primarias se celebren de una u otra forma. La inteligencia en estos proyectos complejos consiste en ser capaces de que sus plurales componentes encuentren su acomodo, mediante diferentes fórmulas de conformidad, integración o agrupamiento, sin eludir el sistema de primarias. Pero siendo siempre conscientes de que lo esencial no es ganar las “primarias internas”, sino más bien las “secundarias externas”–es decir, las elecciones generales–.

IV.– El otro día, en el acto de inauguración de la Exposición, en la Biblioteca Nacional, sobre el proceso 1001 contra la dirección de CCOO, recordé que los derechos, políticos y sociales, no se heredan. Por el contrario, se conquistan, se mejoran, se empeoran o se pierden, al igual que la propia democracia. Estamos en un momento en que esta lección de la historia es más real que nunca. Asistimos a una corriente de fondo, abiertamente reaccionaria que, de nuevo, como en los años setenta del siglo pasado, pretende liquidar los avances logrados, en algunos países, entre ellos el nuestro. Mientras escribo estas líneas, en una nación europea, tan avanzada como Finlandia, han ganado las elecciones los conservadores, necesitados de la ultraderecha para gobernar. Un ejemplo más de lo que viene sucediendo a nuestro alrededor. Una distracción, por nuestra parte, podría llevar al gobierno de España al tándem PP / Vox, cuyas intenciones no las han ocultado. Se trata de derogar, abolir, revocar o desbaratar la inmensa mayoría de las leyes, decretos leyes o múltiples medidas que se han aprobado durante la actual Legislatura dirigidas a crear, ampliar o mejorar derechos sociales o políticos. Esto es exactamente lo que nos jugamos. Y para que este retroceso o culatazo de la historia no suceda, sino que podamos seguir avanzando y mejorando la vida del personal mayoritario, o de las “clases medias y trabajadoras”, el proyecto Sumar, que encabeza Yolanda Diaz, tiene que ser un éxito. Por la clara y sencilla razón de que en las próximas elecciones generales la única opción real que tenemos las fuerzas progresistas, para seguir haciendo cosas útiles para la ciudadanía, es que la coalición PSOE/Sumar obtengan una mayoría suficiente, la más amplia posible para no tener que depender de los que, a la primera de cambio, te dejan en la estacada. Logro que podría verse desbaratado si una de las izquierdas se marginara y se presenta en competición, diluyendo el voto y los escaños.

Hay tiempo para enderezar el entuerto de las ausencias del día dos de abril. Quizá las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo sirvan para clarificar la situación y contribuyan a que la clarividencia se imponga. Sin embargo, como oigo a unos y otros afirmar que seguro se llegará a un acuerdo, me gustaría recordar que no es la primera vez que partidos, incluso de larga trayectoria, sufren pulsiones “suicidas” cuando el diablo de las irracionales pasiones de los “errores de cálculo” se imponen a las virtuosas deidades de la racionalidad, que inspiran el “principio de realidad”. Solo me queda observar, desde la poca experiencia que dan los años, que sería una lástima fracasar tan pronto, con todo lo que nos ha costado llegar hasta aquí.

Es realmente sintomática la reacción que ha suscitado, en diferentes ámbitos, la propuesta china sobre la guerra de Ucrania. Igualmente, es interesante el silencio sobre la iniciativa del presidente Lula sobre la posible combinación de un grupo de países “mediadores” que pudieran propiciar una salida dialogada al conflicto bélico. Es bastante conocido que ante situaciones de guerra aparezcan sectores de opinión -y opinantes de todo tipo- que creen que por predicar la paz, el desarme, el diálogo o hacer concesiones al agresor, el cese de las hostilidades llega caído del cielo, traído por la bondad de los espíritus. Pero, al mismo tiempo y con similar intensidad, surgen otros sectores y opinantes que, ante los conflictos, se calan el casco del guerrero, enarbolan la tizona y pregonan a los cuatro vientos que hay que llegar hasta el final, cueste lo que cueste, y derrotar al enemigo. Eso sí, estos últimos suelen ser los que no han estado nunca en una guerra, y la actual, en Ucrania, la contemplan desde el televisor de su casa.

En este sentido, he constatado que las personas que han opinado con mayor acierto, ponderación, realismo y conocimiento de causa, alejados tanto del apaciguamiento como del triunfalismo belicista, han sido militares o exmilitares del ejército español. Siempre sobre la para mí acertada consideración de que las guerras, según enseña la historia, solo terminan de dos maneras: o porque una de las partes derrota a la otra completamente -así aconteció en Segunda Guerra Mundial, por ejemplo-, o en una mesa de negociación, la mayoría de ellas. Y como no parece realista pensar, en este caso, que uno de los contendientes acabará machacando o arrasando al otro, lo más conveniente es estar siempre alerta y abiertos a un intento de entendimiento o negociación. Un diálogo o negociación que no es incompatible -sino todo lo contrario- para que mientras tanto se siga ayudando, con medios calculados y eficaces, al país agredido, es decir, a Ucrania. Sostener, por el contrario, que la mejor manera de alcanzar la paz es no proporcionando armas a los ucranianos es, con perdón, no tener ni pajolera idea de qué va este asunto y, en el fondo, inconscientemente, favorecer al agresor. Lo mismo que es, en este caso siniestro, no querer oír hablar de diálogo o negociación, vendiéndoles a los sufridos ucranianos que les vamos a proporcionar todo tipo de armas para que puedan derrotar a los rusos y recuperar todo el terreno perdido, incluyendo Crimea, Sebastopol y lo que haga falta. 

Por eso, ha sido tan ilustrativa la reacción de las diferentes partes implicadas ante la propuesta de los doce puntos chinos, o la iniciativa de Lula, de naturaleza diferente. La general desconfianza y escepticismo suscitados por la propuesta han tenido sus matices, y en estos delicados y complicados trances, los matices, tonos, variaciones o pulimientos tienen su importancia y sus efectos. Ante todo, la desconfianza en boca de responsables políticos de cierto nivel debería ser considerada una obviedad, ¿o es que son tan ingenuos que se fían de alguien? Aquí no se trata de fiarse o no fiarse, sino de realidades, de hechos, de relaciones de fuerza o de debilidades, lo demás son jeremiadas o monsergas. En cuanto al escepticismo, es lógico teniendo en cuenta las actuales posiciones de las partes contendientes, pero salvo que se sea partidario de la homónima escuela filosófica, cada uno es dueño de sus estados de ánimo.

En todo caso, veamos algunas reacciones significativas. El secretario general de la OTAN, que, por lo visto, gracias a Putin, está encantado de su salida de “la muerte cerebral” y la revitalización de la organización, ha liquidado el asunto diciendo que China “no tiene credibilidad” para hacer tal propuesta. Realmente asombroso cuando se llevan meses diciendo que China -que alguna influencia puede tener en este asunto- debería tomar alguna iniciativa, dada su “especial relación” con Rusia, etcétera. Menos mal que deja el cargo dentro de pocos meses. Mucho más prudente y acertada ha sido la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, al afirmar que hay que analizar la cuestión con detenimiento. Mientras, el asesor del presidente Biden en cuestiones de seguridad, Sullivan, ha despachado el tema, en principio, con evidente simplismo al decir que “la guerra podía terminar mañana si Rusia dejase de atacar a Ucrania y retirara sus fuerzas”. Desde luego, también habría sido mucho mejor que hubiese hecho lo mismo EEUU en Vietnam y no después de liquidar a un millón de vietnamitas. O por qué no, en el caso ruso, no haber empezado la invasión. Pero me temo, señor Sullivan, que, por desgracia, la cuestión es mucho más compleja. Evidentemente, tampoco ha estado muy fino el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov, cuando ha dicho que “hay que reconocer las nuevas realidades territoriales”, o lo que es lo mismo, que Rusia pretende quedarse con todo lo conquistado hasta este momento, lo que chocaría frontalmente con el punto primero de la propuesta china, como luego veremos. Por eso, tengo la impresión de que quien mejor ha entendido, por el momento, los doce puntos de Yi Ping ha sido el presidente Zelenski, al señalar que es positivo que China hable de Ucrania en términos de respeto a la soberanía e integridad territorial, y que le gustaría verse con el líder chino y, también, con Lula.

Si partimos de la realista consideración de que nadie tiene por qué fiarse de nadie y de que el escepticismo es libre, veamos qué dice la propuesta política de los chinos, que no es para nada un acuerdo o tratado de paz. Lo primero de todo señala que hay que respetar la soberanía e integridad territorial de todo Estado, grande o pequeño, lo que le ha sonado bien a Zelenski y menos bien a los rusos. El problema peliagudo surgirá cuando cada uno tenga que decir qué entiende por “integridad territorial”; luego adelanta que conviene abandonar la mentalidad de la guerra fría y tener en cuenta los intereses de seguridad de cada cual; en tercer lugar, propone el cese del fuego por ambas partes, antes de que el conflicto se salga de control. Todo cese de hostilidades tiene sus riesgos, pero si tenemos en cuenta la lentitud en el libramiento de armas a Ucrania, no parece necesariamente negativa, para la parte agredida, tal interrupción o pausa. Después, en coherencia con lo anterior, reanudación de las conversaciones de paz que se habían iniciado, primero en Bielorrusia y luego en Turquía, sin resultado alguno; también, establecer corredores humanitarios que faciliten la solución de las crisis del mismo nombre, así como medidas de protección de la población civil e intercambio de prisioneros de guerra; mantener seguras las centrales nucleares y, en cualquier caso, no uso de ese tipo de armas, así como de las químicas y biológicas; facilitar la exportación de cereales; detener las sanciones unilaterales no acordadas por la ONU; mantener estables las cadenas industriales y de suministros y, por último, promoción de la reconstrucción post conflicto.

De la lectura literal de los doce puntos anteriores se comprende mejor la reacción prudente de Zelenski, pues de aceptarse por la otra parte el punto primero -cosa de momento bastante improbable, a tenor de lo declarado por el vocero ruso Peskov- no sé en qué puede perjudicar a Ucrania explorar las posibilidades de arreglo mediante el establecimiento, en algún momento, de un alto el fuego. Quizá esta iniciativa, la planteada por el presidente Lula y otras lleguen a ser complementarias. Porque llegará el momento en que alguien tendrá que facilitar que ambas partes hablen y vean hasta dónde pueden llegar. Es posible que tuviese razón el presidente Macron cuando declaró, no hace mucho, que no era el momento de negociar, pero una cosa es negociar un tratado de paz -para lo cual no se dan todavía las condiciones- y otra cuestión diferente es un acuerdo político que facilite que se vayan creando las circunstancias que permitan alcanzar lo primero. Espero que se imponga el principio de realidad y que, sin bajar la guardia, sino apoyando en todo momento al agredido, caminemos por la senda de explorar las posibilidades de terminar con esta espantosa guerra. Una guerra que está trayendo muertes, destrucción, crisis económica, rearmes, riesgos nucleares, más miseria en el tercer mundo, mientras se forran, por diferentes causas, sectores financieros, energéticos, y armamentistas. En esta dirección conviene no caer ni en apaciguamientos ni en belicismos, pero vale la pena explorar todas las oportunidades que puedan conducir a una solución o arreglo.