Cinco bancos han acumulado dos de cada tres desahucios el pasado año en Euskadi. Se trata de Kutxabank, que lidera la lista con el 29% de las operaciones de desalojo, seguida de Santander y Caixa Bank (con un 10% cada una), Laboral Kutxa (9%) y el Banco Popular (6%), según constatan los datos oficiales del Gobierno vasco. Kutxabank absorbe casi un tercio de los cerca de 600 registrados el pasado año, y la que es más inflexible con los afectados, según aseguran las plataformas antidesahucios. La entidad que dirige Mario Fernández argumenta que ese dato, que no confirmó ni desmintió un portavoz oficial, está por debajo de la cuota de hipotecas que conceden en Euskadi, que llega al 40%. “No conocemos el documento oficial. Habría que ver si se refiere también a desahucios de pabellones y lonjas”. Las entidades financieras no ofrecen datos sobre los desahucios que practican.

En territorios como Álava, el ranking establece más diferencias: Kutxabank es la responsable de casi el 40% de los desahucios, tres veces más que la siguiente entidad, que es Laboral Kutxa, con un 11%.

Entre los afectados, la entidad que aglutina a BBK, Kutxa y Vital es señalada como la más dura a la hora de abordar una de las consecuencias más directas y crudas de la crisis: quedarte sin tu vivienda. “Kutxabank te cierra las puertas completamente, no negocia nada y lleva las ejecuciones hasta el final. Como los casos son muchos, intentamos tener un único interlocutor en el banco, pero te marean de un director a otro y no negocian. Es desesperante”, afirma un portavoz de Kaleratzeat Stop Araba.

En el lado opuesto, según los afectados, está Caixa Bank. “Al menos están un pelín sensibilizados y se han conseguido daciones de pago con alquiler social. Con ellos si se puede negociar. Incluso se están dando situaciones en las que ofrecen ellos a los afectados la dación en pago cuando ven que no pueden pagar de otra manera”.

Kutxabank niega las acusaciones de inflexibilidad, porque “son muy elevadas las renegociaciones en los préstamos” para evitar el desahucio. “Ofrecemos toda flexibilidad para que aporten lo que puedan. Cada vez que hay una queja en la calle por los deshaucios, la coletilla es que es de Kutxabank. En Cataluña pasará lo mismo que con Caixa Bank. No tenemos datos de que esa percepción [de inflexibilidad] es objetiva. Es indudable que hay una campaña muy clara contra Kutxabank en el tema de los desahucios, que no vemos en el resto de entidades que también desahucian”, señala un portavoz oficial.

El drama del desahucio sigue en Euskadi aunque la presión social ha bajado los casos drásticamente. Las cerca de 900 ejecuciones hipotecarias registradas en 2012 se redujeron el pasado en un tercio, al rondar las 600. Ahora hay poco más de una diaria, un dato por sí solo revelador, pero a principios de 2012 la media era de casi tres cada día.

El desahucio se practica cuando el hipotecado lleva tres meses sin pagar o acumula el importe de tres mensualidades sin satisfacer al banco o caja correspondiente. Entonces llega la temida carta del embargo, que no es inmediato. “Suele ser al de seis meses pero puede alcanzar los dos años”, afirma Consuelo Crespo, una vitoriana que se quedó sin su piso hace poco más de un año. El problema sería menor si el desahucio fuera más rápido, lo que evitaría la acumulación de intereses, que suele llegar a provocar que la deuda inicial se duplique. “Si se hiciera a los tres meses, en muchos casos se podría cubrir la deuda. Pero no ocurre”.

“Te quedas sin la casa y con lo que debes al banco. El piso se suele subastar pero las subastas quedan habitualmente desiertas. Entonces el banco se queda con el piso y te descuenta de tu deuda el 70% del valor de la tasación. Por eso si no estuviera lo de los intereses de demora, la problemática sería menor”.

Mileurista y con 500 euros de deuda mensuales

A Consuelo Crespo la tragedia le sobrevino hace más de tres años. “Yo me metí en una hipoteca por un negocio de mi ex pareja, pero fue mal y él se fue. Me quedé sola y con la hipoteca con Kutxabank. Tenía trabajo pero con mi nómina mileurista no podía pagar Después de dos años intentando buscar una solución tuve que asumir que la casa que la iba a perder”.

El día fatídico llegó en enero de 2013, aunque la intervención del alcalde de Vitoria Javier Maroto retrasó la ejecución una semana. Ahora se encuentra con una deuda de 60.000 euros a pagar en 15 años. “Me han dado un préstamo que me lleva 500 euros al mes, la mitad de mi sueldo, y he ido a vivir con mi madre porque no podía pagarme un alquiler. Por lo menos las condiciones del préstamos son con un interés bajo, de un hipotecario”. Pero no le desea a nadie lo ocurrido.

“La experiencia con el banco es para que no la viva nadie. La actitud es cerrarte las puertas, insistiendo en que tú lo firmaste y que nadie te obligó. No salen de ahí. No entran en ningún tipo de negociación”.

Miguel Ángel Agreda es otro damnificado aunque todavía no ha sido desahuciado y tiene una esperanza: la dación en pago. Es un ecuatoriano que reside en Vitoria desde hace 12 años, trabajaba como albañil autónomo pero, como muchos otros empleados del sector de la construcción, se quedó sin trabajo y con las deudas. Desde febrero de 2012 no ha podido hacer frente a la hipoteca de su piso. Tiene embargos en la Hacienda de Álava y la Seguridad Social, que son el obstáculo para que su banco le conceda la dación en pago.

“Llevamos dos años sin pagar la hipoteca. El banco nos reclama 240.000 euros. La parte buena es que Caixa Bank nos da la dación de pago, siempre que estemos libres de embargos. A la Diputación ya le he dicho que le reconozco la deuda pero que le pueda pagar poco a poco. Con la dación en pago, nos quitan toda la deuda. Hemos presentado varios escritos, a través del abogado de oficio, y estamos a la espera de la respuesta”.

La situación es complicada porque su mujer trabaja solo unas horas y “estamos sobreviviendo con 595 euros y con dos hijos. Dentro de lo que cabe, y ante lo que escuchamos de otros casos en la plataforma [Stop Desahucios], la experiencia con Caixa Bank es bastante buena. Nos ha asesorado siempre sobre lo que podemos hacer”.

El periodista Manu Leguineche, fallecido el pasado enero, ha recibido un premio más. Esta vez ha sido en el pueblo junto al que nació, Gernika, que le ha otorgado este sábado su principal galardón, el Premio a la Paz y la Reconciliación. Lo más curioso fue relatado por su hermano Benigno, al recoger el galardón. En ese mismo sitio, el teatro Lizeo, Leguineche realizó su primera entrevista cuando tenía solo 14 años.

“Fue a los niños cantores de Viena, que actuaron aquí. Y yo le acompañé a realizar la entrevista para una revista, Vida Joven”, ha relatado Benigno Leguineche en un emotivo acto donde se ha vuelto a glosar la figura del fallecido reportero. “Actitudes como la de Manu y John [Wynne, el otro galardonado] esperemos que sirvan para paliar e incluso eliminar la peor faceta de la condición humana”, ha agregado tras recibir, junto a su hermana Rosa Leguineche, la placa que reconoce su labor por la paz, en medio de un atronador aplauso de los asistentes al acto. El jurado destacó la “honestidad, independencia y dignidad” del periodista.

Los Premios por la Paz y la Reconciliacióm han cumplido su décima edición y se celebran en conmemoración del aniversario del bombardeo de Gernika, del que se cumplen 77 años. Han premiado a personas como Jesus Eguiguren y Arnaldo Otegi, Gerry Adams y asociaciones en defensa de la reconciliación como Gernika Gogoratuz, también han galardonado al piloto de las Fuerzas Aéreas británicas John Wynne, (también fallecido y cuyo reconocimiento fue recogido por su hijo) quien, tras sobrevivir al ataque de un avión con el que sobrevolaba Alemania, logró pilotar la aeronave hasta Inglaterra.

En el acto, el alcalde de Gernika José Mari Gorroño ha destacado que “el acto trágico” del bombardeo en 1937 se ha conseguido convertir en un evento de “reconciliación y paz”. “La paz se hace desde la diferencia. No se trata de buscar la paz eliminando o silenciado al otro. Lo fundamental es el reconocimiento del otro”, ha destacado Gorroño. Uno de los supervivientes del bombardeo de Gernika, Luis Iriondo, ha leído una carta enviada por el alcalde de Nagasaki, que ha acudido a través de una delegación al acto de Gernika.

La bajada del mercado inmobiliario, un descenso del 40% en Euskadi, no se ha trasladado al Impuesto de Bienes Inmuebles, que se calcula por el valor castastral.

La plataforma creada en Vitoria por un IBI justo reclama una reducción del 15%. "No hacemos un planteamiento populista de no pagar impuestos sino que pedimos un impuesto equitativo".

Las tres Diputaciones, que regulan por ley el tributo, guardan silencio sobre este asunto.

La recaudación del impuesto del IBI (el popularmente conocido como la contribución), que grava una vivienda en propiedad, está en entredicho. Colectivos sociales han reclamado una reducción que acompañe la drástica bajada del valor de la vivienda, que en Euskadi se ha depreciado un 40% (en España ha alcanzado el 45%) desde el inicio de la crisis en 2007. Como el cálculo del impuesto se realice sobre el valor de la vivienda, con la bajada de ésta el tributo debe reducirse igualmente. Esa es la argumentación de la plataforma por un IBI justo y equitativo constituida en Vitoria por 23 organizaciones diferentes.

En 2010, los últimos datos oficiales del Gobierno vasco, la recaudación del IBI superó los 318 millones de euros, lo que supone casi la mitad de todos los tributos locales, que incluyen los impuestos de vehículos, terrenos, actividades económicas y los de construcción y obras. Los defensores de la reducción del IBI aseguran que en Vitoria las “instituciones se han apropiado de 42 millones desde 2007, unos siete millones al año”. Un dato que, trasladado a toda Euskadi, alcanzaría los 300 millones de euros en estos siete años.

El planteamiento de los colectivos sociales se apoya en la ley actual. El importe a pagar por el IBI se fija por dos variables: el valor catastral (se llama base imponible en el precio) multiplicando por el tipo impositivo que pone el Ayuntamiento correspondiente, que suele ser del 0,150 al 0,300. Tanto en la normativa de las diputaciones (las que lo regulan en Euskadi) como en la del Estado, cada ocho años se actualiza el valor catastral “pero hay una normativa de precaución que si en dos o tres años hay variación importante del mercado tienes obligación legal de aplicarlo”, explica Guillermo Perea, portavoz de Zazpigarren Araba, uno de los colectivos de la plataforma por un IBI justo. “Hasta ahora siempre subía y este problema no se planteaba. Pero al bajar el valor de la vivienda, todo ha cambiado”.

En el caso de Álava, asegura que la norma foral tiene “tres incumplimientos graves: la actualización acabó en 2012 y no lo han cumplido, ante cualquier variación en una parte de la ciudad respecto a valores del mercado hay que actuar de oficio o por la diputación y el valor catastral tiene que ser el 15% inferior al valor del mercado”.

Protestas sociales

La plataforma alavesa, la única existente hasta ahora en Euskadi en demanda de la reducción del IBI aunque si hay otros similares en otras partes de España, pelea por sus reivindicaciones desde el pasado año. Pidieron rebajar el impuesto en el ayuntamiento de Vitoria en un 10% pero sin éxito. Ahora su exigencia es que a partir de 2015 se reduzca en un 15% y tienen la intención de presentar una denuncia ante la Diputación alavesa por no haber disminuido el impuesto. “Y luego a partir de 2016, se vería con el nuevo tipo impositivo para los próximos ocho años pero exigimos que esté equilibrado con el valor catastral. Se puede regular también que se actualice cada cinco años”. Perea recuerda cómo en 2015 el ayuntamiento vitoriano pretendió subir el IBI “en un 500%. Pero hubo protestas y se quedó en el 140%”.

Otros colectivos como la asociación de propietarios urbanos de Vitoria, la antigua Cámara de la Propiedad, que agrupa a 20.000 propietarios, ha pedido la reducción del 20%. “Nosotros”, dice Guillermo Perea, “no hacemos un planteamiento populista de no pagar impuestos, sino que reivindicamos un impuesto justo y equitativo”.

Según los datos de la plataforma, en 2005, en la anterior actualización del catastro, el precio del IBI de vivienda media en Vitoria rondaba los 280 euros anuales y ahora es de 316 euros. “La Diputación ha aplicado, cuando ya se cumplió el plazo para actualizar el catastro, subidas del 2% en 2011, 2012 y 2013”. Recuerdan además que el valor catastral se utiliza también para calcular otro tipo de tributos, como el impuesto de transmisiones y el de plusvalía. “Y al ser valores muchos más altos, están robando a la gente”.

Las tres Diputaciones no aclaran sus intenciones

Las Diputaciones no aclaran mucho de sus propósitos sobre la posible reducción del IBI. En la Hacienda guipuzcoana, señalan que la última vez que se modificó el valor catastral fue a principios de la década pasada. “Desde entonces no se ha vuelto a modificar, teniendo en cuenta que si se cambiaran los valores catastrales de diferente naturaleza, perjudicaría a las clases más modestas, sobre todo en plena crisis”, asegura un portavoz. La Diputación de Gipuzkoa aprobó una norma foral, con los votos de Aralar, Bildu y PSE, para recargar el IBI en las segundas viviendas “y que lo aplican los ayuntamientos que quieren. Esta medida pretende que la tributación sobre la vivienda sea más progresiva (pagar más el que más tiene) y dota a los municipios de más recursos”.

La Diputación de Álava anunció en enero, cuando diez días había asegurado que “no era el momento”, que iniciaba la revisión del valor catastral de los inmuebles de todos los ayuntamientos del Territorio que así lo soliciten. Era la respuesta a la presión de colectivos sociales y partidos de la oposición. Pero una portavoz de Hacienda eludió aclarar su opinión sobre la reducción del impuesto por la bajada del valor del mercado. La Diputación de Bizkaia no ha realizado ningún comentario sobre este asunto.

La plataforma en defensa del IBI justo defiende, además de la reducción en sí del impuesto, otras medidas para los colectivos más desfavorecidos. “Una cosa es la justicia social y luego está la bonificación. Pedimos la bonificación del IBI a personas con menos de 6.000 euros anuales, que no tienen para comer. Y que se debía aplicar a todos tipo de impuestos, al agua, basuras, porque si no estamos hundiendo en la pobreza a estas personas”.

El Gobierno vasco ha pedido nuevas aclaraciones a la Diputación de Bizkaia sobre los vertidos que se han realizado en un gigantesco basurero, que era temporal (para acoger los residuos de la construcción de la autovía del Cadagua) pero ha cumplido diez años y en el que se están depositando todo tipo de desechos sin autorización. El Departamento de Medio Ambiente investiga una denuncia presentada en diciembre por el propietario de los terrenos y, en febrero, exigió a la empresa foral Interbiak, la encargada del proyecto, un informe exhaustivo de este asunto.

En la petición de Medio Ambiente, se reclamaba un informe sobre los residuos existentes, las medidas adoptadas para “impedir el vertido incontrolado de residuos” y el certificado de la conclusión de los rellenos, como se establece en la autorización concedida en 2005 para crear el vertedero.

Pero la sociedad Interbiak se ha limitado a señalar que desde que venció la ocupación temporal, en 2008, no ha realizado rellenos. Un dato que se contradice con la autorización dada por Medio Ambiente en diciembre de 2010 a Interbiak, a petición de ésta, para continuar con el depósito de residuos en el basurero. Por ello, el Departamento que dirige Ana Oregi ha solicitado, en un escrito fechado el pasado 28 de marzo, a la empresa foral la documentación “relacionada con el vencimiento del plazo de la ocupación temporal de referencia”.

Rechazo de Interbiak

En su comunicación a Medio Ambiente, Interbiak niega que se hayan depositado residuos diferentes a lo autorizado, que los vertidos de otros materiales no son de su responsabilidad y que es “muy improbable el acceso de camiones para realizar cualquier tipo de vertidos incontrolados”.

Para comprobar cuándo la Diputación dejó de depositar rellenos, Medio Ambiente ha pedido también al propietario una copia de las sentencias y autos judiciales que en 2010 le dieron la razón al considerar ilegal la ocupación del suelo desde 2008.

La existencia de este vertedero ha sido juzgada en los tribunales, que condenaron a la Diputación de Bizkaia, la que promovió el basurero, a retirar los residuos en 2010 pero no se ha tomado ninguna medida. Son más de dos millones de metros cúbicos en una superficie de ocho hectáreas. El gran problema es que la retirada, según el canon por metro cúbico de residuos, puede tener un coste de más de 24 millones de euros.

El vertedero está en el municipio vizcaíno de Alonsotegi e iba a ser el lugar donde se iba a ubicar la polémica fábrica de pisos del grupo Afer, un proyecto frustrado tras el enfrentamiento de su promotor, Jabyer Fernández, con el diputado general de Bizkaia José Luis Bilbao. En 2004 (cuando no existía ese proyecto de fábrica) la Diputación vizcaína realizó una ocupación temporal de 80.000 metros cuadrados de superficie de propiedad privada para los movimientos de tierras en la construcción de la autovía del Cadagua, que une Bilbao con la comarca de las Encartaciones. La carretera se abrió en 2008 pero los vertidos siguieron sin retirarse, ante lo que el propietario afectado demandó a la Diputación para que se restituyera el solar a su estado original.

Al permanecer el vertedero en su situación, pese al fallo judicial, el propietario de los terrenos ha acudido al Gobierno vasco para que sancione a la institución foral y determine los tipos de residuos.

Este asunto será debatido este jueves en las Juntas Generales de Bizkaia tras una petición de EH Bildu para que aclare los motivos por los que no se han retirado “residuos de obra, electrodomésticos, neumáticos o metales” en ese solar de Alonsotegi.

“Entorno intimidatorio, humillante, degradante y ofensivo”. “Lesiones psicológicas a la trabajadora”. “Falta de intervención del empresario”. La Inspección de Trabajo del País Vasco ha propinado un fuerte varapalo a la Mancomunidad de las Encartaciones (la entidad que gestiona servicios de nueve municipios vizcaínos de esta comarca) al calificar su actitud con una empleada de infracción laboral “muy grave” y le ha sancionado con una multa de 20.000 euros. La trabajadora fue despedida tras quedarse embarazada y tuvo que ser readmitida tras ganar el pleito pero desde entonces sufrió lo que la Inspección califica de “acoso y abuso de autoridad”, con la retirada de funciones, quitarle el móvil y el portátil que requería para su trabajo o amonestarle por atender a clientes.

El caso, según el acta de la Inspección fechada el pasado 12 de noviembre, relata el sinfín de humillaciones y ofensas a una empleada de la Mancomunidad, una entidad cuya gestión ya ha sido cuestionada por otros asuntos y que por primera vez en su historia ha puesto sueldo a su presidente desde principios de año. La trabajadora, una técnico de empleo, empezó a tener los mayores problemas tras quedarse embarazada en agosto de 2010. Volvió, tras la baja de maternidad, en febrero de 2011 pero sin que tuviera las funciones y el trabajo que realizaba con anterioridad. Presentó una denuncia ese febrero ante la Inspección de Trabajo y en marzo recibió la carta de despido.

La empleada recurrió entonces a los tribunales y ganó el pleito de despido nulo tras concluir el juzgado que es “claro que el despido se ha producido inmediatamente después de reintegrada al trabajo tras finalizar el permiso de maternidad”. Pero el calvario para la trabajadora no hizo más que comenzar. La inspección constata que sus funciones las hacía otra empleado y que era discriminada desde hace años atrás respecto a los otros trabajadores de la mancomunidad: un sueldo más bajo al no aplicarle las subidas de IPC,,censuras por coger la baja maternal un mes antes de dar a luz o ausencia de cursos de formación.

“Como si no estuviese”

En sus conclusiones, la inspectora constata como “abuso de autoridad” el hecho de “vaciar de tareas durante meses” a la afectada, que tiene que buscarse labores por su cuenta “que nunca llegan a ser respaldados por la empresa”. Agrega que se llega a “amonestar a la trabajadora” por atender a los usuarios y “se da de baja su correo electrónico”, lo que perjudica a los ciudadanos, además de destruir todos sus archivos y el vaciado de su e mail al ser despedida. La investigación comprueba que incluso los usuarios afectados llegan a culparle a ella de la mala gestión al haber perdido ayudas económicas que le supusieron “episodios humillantes de reclamaciones e incluso enfrentamientos en la calle”.

El acta de inspección constata “la negativa al contacto y la ausencia de cauces de comunicación” y destaca el trato “déspota y despreciativo” de la secretaria-interventora Esperanza Bejo, la responsable de la gestión del personal que al principio de la investigación no quiso comentar nada con la Inspección y que “se comporta en su presencia como si no estuviese”. “De esa persona es que no quiero ni hablar”, llega a decir la interventora de la afectada. También censura gravemente al entonces presidente de la Mancomunidad, el ahora vicepresidente y concejal del PNV en el municipio de Karrantza Rubén Edesa, por su “actitud de exclusión” a la trabajadora. “Sí se reúne y mantiene contactos periódicos con los restantes responsables de área pero no con [la afectada] a la que evita sistemáticamente”.

Califica de “pasividad” la actitud del entonces presidente de la Mancomunidad (de quien si destaca que no constan “insultos ni descalificaciones” como los de la interventora), que protagoniza “un absoluto vacío hacia cualesquiera solicitud o reclamación planteada” por la trabajadora, que al final le lleva a un trastorno motivado por stress laboral.

La inspectora constata hasta tres infracciones graves o muy graves por el trato humillante, las secuelas psicológicas y la pasividad de la Mancomunidad pero las engloba en una “infracción única y continuada” por la “pluralidad” de acciones contra la trabajadora “en ejecución de un plan preconcebido”, por lo que procede aplicar una sanción por una infracción laboral muy grave. Propone así una sanción de 20.000 euros. La Inspección debe ahora confirmar la sanción tras haber recibido las alegaciones de la entidad pública.

Cerca de 50 toneladas de plomo desperdigadas en un abandonado campo de tiro siguen sin preocupar a las autoridades vascas. Desde hace cuatro años está pendiente un plan de descontaminación de una zona de monte público en Lezama, de más de 4.000 metros cuadrados, de propiedad municipal pero gestionada por la Diputación de Bizkaia, que ha estado plagada de irregularidades: el campo de tiro funcionó durante 22 años sin licencia de apertura ni de actividad en un suelo calificado desde 1994 de protección especial no urbanizable y solo dejó de utilizarse a partir de 2009 tras difundirse públicamente los hechos. El abandono de la actividad dejó una herencia delicada para el medio ambiente, con los perdigones y los platos utilizados por los tiradores.

El caso fue investigado por la Fiscalía y un juzgado de Bilbao, que archivaron el caso al no hallar indicios de delito contra el medio ambiente. Aunque la investigación fue complicada: la fiscal encargada del caso tuvo que enviar por dos veces oficios a la Diputación y la Ertzaintza (en este caso pidiendo un informe toxicológico de los suelos del campo de tiro) para que remitan información sobre el caso, al no recibir ninguna contestación en el primer requerimiento.

Pero la preocupación entre los vecinos sigue latente, ya que los perdigones y los restos de los platos cayeron, cuando se utilizaba el campo de tiro, sobre el nacimiento y el cauce de tres arroyos. Los platos están compuestos de productos tóxicos como brea y cadmio, que se pueden desperdigar cuando se deshacen por los tiros.

En 2010, el asunto llegó a las Juntas Generales de Bizkaia donde todos los grupos aprobaron por unanimidad una propuesta para que se realizase un plan de descontaminación de los suelos y otro programa de recuperación del monte público entre el Gobierno vasco y la Diputación. Pero cuatro años después no se ha realizado ninguna actuación. “No han hecho absolutamente nada. La zona está igual. Lo único que los perdigones están debajo de las hojas pero si escarbas ahí salen”, afirman miembros de la plataforma Lezama Bizirik, que denunció los hechos en 2008. “La diputada de Agricultura Irene Pardo en 2010 se comprometió, en una reunión que mantuvo con nosotros, a llegar a un acuerdo con el gobierno vasco para hacer un estudio de cuánto costaría y como descontaminar la zona. Pero seguimos esperando”.

Lo curioso es que en el Plan General en tramitación en Lezama aparece como equipamiento deportivo. “Creemos que lo están reservando. Sigue vallado pero la campa done se realizaba el tiro sigue cuidándose, con el coste que tiene para el municipio”.

La Diputación de Bizkaia no ha atendido a los requerimientos de el diarionorte.es para comentar el anunciado plan de descontaminación. Cuando se destapó la situación del campo de tiro sin licencias, la Dirección de Montes comentó a los vecinos que “no tenían constancia de que hubiera un campo de tiro”. Pese a que, justo en esa zona, Montes contaba con un puesto de vigilancia forestal.

El Foro Económico Global, celebrado en Bilbao el pasado 3 de marzo con la presencia de los principales líderes económicos mundiales y los empresarios más importantes de España, tuvo un coste de 400.00 euros, de los que más de un tercio fueron financiados públicamente. Según los datos ofrecidos por el ICEX (El Instituto Español de Comercio Exterior), uno de los principales organizadores del evento, esta entidad aportó más de 140.000 euros, a lo que se añadieron otros 5.000 del Club de Exportadores (la asociación privada de empresas exportadoras).

Los 255.000 restantes procedieron de la vía privada, como el CEC (Consejo Económico de la Competitividad, que agrupa a las grandes empresas españolas) y “otros patrocinadores privados”.

Un portavoz oficial del ICEX no ha precisado el desglose de los gastos pero sí aseguró que ninguno de los ponentes tuvo una remuneración por su participación. En el Foro tomaron parte una veintena de ponentes, entre otros, la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y el presidente del Eurogrupo (los ministros de Economía de la zona euro), Jareen Dijsselbloem, comisarios de la Unión Europea como Joaquín Almunia y empresarios destacados como Francisco González (BBVA), Pablo Isla (Inditex), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), César Alierta (Telefónica) o Francisco Riberas (Gestamp). “Los gastos fueron para conceptos como alojamiento, comida, seguridad. Pero no sería para todos, porque es un gasto muy bajo para un evento de estas características”, agrega el portavoz.

La aportación del ICEX al Foro procede del presupuesto anual que dedica la organización de eventos, jornadas o seminarios relacionados con la economía.

El Foro se celebró entre la protesta de colectivos sociales y se produjeron incidentes en las calles de Bilbao, con la quema de mobiliario público y daños a establecimientos comerciales. En gastos por vandalismo, el Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido 60 denuncias por un importe de 350.000 euros, una cifra que subirá porque se esperan 90 denuncias. A ello se añaden los 100.000 euros de daños calculados por el Ayuntamiento.

Construcciones Olabarri, la constructora que creó un vertedero ilegal en Zalla, ha visto desmontada su coartada. La empresa Cespa, a la que Olabarri aseguró haber depositado los residuos de manera legal, ha comunicado al juez que investiga el caso que no ha recibido residuos procedentes de movimientos de tierras.

Este caso se suscitó porque el Ayuntamiento de Zalla decidió ejecutar el aval de de casi 200.000 euros de la constructora, afín al PNV, por no realizar los vertidos de las obras del frontón municipal (las que ocasionaron los residuos) en un basurero oficial sino que llevaron a un monte donde está el vertedero ilegal.

La constructora había presentado al juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Bilbao un documento, fechado en enero, en el que señalaba que una subcontrata había gestionado correctamente los residuos a través de la empresa Cespa para su depósito en un vertedero oficial.

Pero Cespa, en una comunicación enviada al juzgado el pasado 5 de marzo, rechaza esa argumentación al señalar que los residuos que ha recibido “son voluminosos y no valorizables. Por tanto, en principio, los citados contenedores no contenían tierras provenientes de movimientos de tierras”.

Como ha informado eldiarionorte.es, el Departamento de Medio Ambiente ha rechazado recuperar el vertedero existente en un monte público de Zalla, pese a que un informe técnico concluye que la zona “afectada debe ser recuperada” y que los residuos contravinieron la ley. “Constituye un vertedero a los efectos legales, técnicos y administrativos”, señala el informe de la empresa de geología Terranova encargado por el Ayuntamiento de Zalla. En cambio, Medio Ambiente dice, basándose en el mismo informe y sin ningún otro estudio de sus técnicos, que “no cabe considerar como un vertedero ilegal la actuación realizada”.

Durante la instrucción del caso que aún prosigue, el magistrado ha dado otro pequeño varapalo a la constructora, vinculada al PNV, al rechazar por dos veces ( e imponer las costas del recurso) la declaración como testigo del anterior alcalde de Zalla, el peneuvista Leandro Kapetillo, bajo cuyo mandato se creó el vertedero. Concejales de Zalla de la anterior legislatura, pertenecientes del PNV, que era el partido que gobernaba el consistorio, permitían el acceso de camiones al vertedero ilegal creado por la constructora, según los testimonios de vecinos. El juez ya rechazó en agosto pasado la suspensión de la ejecución del aval. “Puede considerarse la existencia de una, nada despreciable, afección al interés público”, dijo en un auto firme.

El Gobierno vasco ha mantenido un gran mutismo sobre este asunto. La única respuesta a este diario fue en septiembre, tres días después de ser requerido insistentemente, y se limitó a asegurar que no se trataba de un vertedero y que estaba a la espera de las explicaciones de Construcciones Olabarri sobre cómo gestionó los vertidos. La única respuesta conocida ha sido la de enero, que ha sido desmentida ahora por la empresa que recibió los residuos.

La ley General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco de 1998 obliga a las empresas a gestionar los residuos que generen a través de vertederos oficiales. En este caso, en el contrato con el ayuntamiento, la constructora recibió más de 100.000 euros para realizar una gestión correcta de los residuos generados que, según los datos existentes, no se acometió y se llevaron al monte público para crear un vertedero ilegal.

La deuda de la Diputación de Bizkaia superó en 2012 los 2.207 millones de euros, lo que duplica el gasto disponible de sus departamentos en ese ejercicio, que rondó los 1.100 millones. El último informe del Tribunal Vasco de Cuentas destaca que casi la mitad de ese dinero, 1.026, corresponde a las sociedades públicas forales, que como en todas las administradores supone una de las mayores sangrías de dinero público y que tienen un menor control parlamentario que las administraciones generales.

La auditoría del Tribunal señala que además el endeudamiento de las 16 sociedades públicas forales ha crecido un 60% desde 2009, cuando era de 643 millones, y se ha triplicado si se toma como referencia 2007, ejercicio en el que rondaba los 380 millones frente a los 1.026 contabilizados en 2012 en el informe del órgano fiscalizador. La oposición vizcaína ha reiterado la falta de información sobre la deuda de estas empresas a lo que califican de la “administración paralela que tenemos en Bizkaia”.

El informe se refiere al déficit que año tras año generan estas empresas publicas y que en 2012 obligaron a la Diputación a inyectar 62,1 millones de euros en ampliaciones de capital para Aparkabisa, SA (1,2 millones de euros), Azpiegiturak, SA (700.000 euros), Palacio Euskalduna, SA (10 millones de euros), Garbiker, SA (12, (12,3 millones de euros) e Interbiak, SA (37,9 millones de euros).

Precisamente esta última sociedad, la encargada de gestionar las obras en las carreteras de Bizkaia y el tramo vizcaíno de la autopista A-8, es la que tiene una peor situación financiera. Con 34 empleados y 1,7 millones anuales de gastos de personal, su presupuesto anual ronda los 157 millones de euros pero su cifra de negocio no alcanza los 50, que proceden del cobro de los peajes en la autopista. Según la memoria presupuestaria de Bizkaia, tiene suscritos préstamos bancarios por casi 950 millones de euros.

La concesión de subvenciones públicas en Bizkaia sigue cuestionándose año tras año. La Diputación otorgó a dedo subvenciones por más de 36 millones de euros, según constata el informe del Tribunal Vasco de Cuentas referido al ejercicio de 2012, un procedimiento que debe utilizarse “de forma excepcional”, resalta. El estudio censura que no se publiquen los beneficiarios ni los importes concedidos, dado que sólo se difunden a través del Boletín Oficial de Bizkaia “los extractos de los acuerdos de Consejo de Gobierno en los que aparecen estas concesiones, pero sin concretar el importe concedido”, salvo las referidas a la innovación, empleo y promoción empresarial del Departamento foral de Promoción Económica.

La auditoría realizada constata varias irregularidades en las subvenciones directas, como las 12 concedidas por un importe total de 8,1 millones de euros a entidades “que se repiten en los últimos ejercicios, para proyectos similares, por lo que no tienen el carácter excepcional que se requiere para este tipo de concesiones”.

Ante ello, el tribunal recomienda que se incluyan como nominativas (las que tienen un fin concreto) las subvenciones para proyectos específicos y, para el resto, que se recurra a una convocatoria pública en vez de la asignación a dedo. “En todos los casos se debería desarrollar ampliamente el objeto de la subvención, estableciendo máximos a subvencionar por los diferentes conceptos a que se aplique la subvención”.

La justificación del dinero empleado no está clara, según la auditoría, que cita que, en las ayudas por más de 4,2 millones para las federaciones de Deportes Vacos y Remo, se aportan recibís en vez de las facturas. “La justificación debe realizarse mediante la presentación de facturas”.

El órgano fiscalizador incide también en la concesión de ocho subvenciones directas por un importe global de 1,8 millones de euros, sin que se acredite por qué no se convocó un concurso público. Entre los beneficiarios, están las fundaciones ciclistas Euskaltel y Euskadi, y las de Gaiker y Mondragón, así como el AIC, el centro de automoción de Amorebieta.

Además, ve irregular de nuevo las ayudas al Bilbao Basket, al conceder 1,9 millones ,que se amplían en otros 750.000 en un acuerdo del Consejo de Gobierno, y la asociación Bilbao Metrópoli 30, que se lleva 500.000, ampliados en otros casi 400.000 euros por decisión igualmente del Consejo de Gobierno. El informe explica que las ampliaciones de dinero aprobadas por el ejecutivo foral vizcaíno “alteran de forma significativa” lo aprobado por las Juntas Generales de Bizkaia.

En las alegaciones incluidas en el informe, la Diputación vizcaína asegura que a partir de 2013 de 2013 iba a publicitar las “subvenciones concedidas de manera directa y nominativas superiores a 3.000 euros, siguiendo la presente recomendación” y que también ha empezado a incluir como nominativas las ayudas directas para proyectos específicos. Sobre la presentación de recibís en vez de facturas para justificar el dinero recibido, señala que “se tendrá en consideración para ejercicios posteriores”.

La Fiscalía de Bizkaia ha iniciado una investigación por supuesta malversación de fondos en la sociedad pública Ibarzaharra, de la que durante tres años ha cobrado 210.000 euros sin ir a trabajar el exalto cargo del PNV Juan Cruz Nieves. Fuentes de la Fiscalía confirmaron a eldiarionorte.es que han recibido el acta de la Inspección de Trabajo que ha confirmado las irregularidades, en la que se sanciona a Nieves a devolver las cotizaciones a la Seguridad Social de esos tres años y a la sociedad pública le impone una multa por lo que considera una infracción muy grave.

De hecho, fue Trabajo el organismo que remitió los hechos a la Fiscalía por si hubiera una infracción penal al calificarlo como muy graves. Ahora el fiscal encargado del caso tiene que confirmar las irregularidades y archivarlo o, en caso positivo, determinar los posibles delitos. Puede imputar al ex alto cargo, a la empresa pública o también a ambos, según los medios consultados, que no quisieron aportar más detalles hasta que se resuelva el caso.

La investigación tiene un plazo máximo de seis meses para concluirse, aunque existe la posibilidad de una prórroga si se requiriesen más actuaciones indagatorias. Así, un asunto laboral puede derivar en penal al tratarse de dinero público.

Como ha informado este diario, la Inspección de Trabajo de Bizkaia, que desde noviembre ha investigado al ex alto cargo del PNV, ha sancionado tanto a Juan Cruz Nieves, (quien fue diputado foral vizcaíno de Urbanismo y director gerente del Consorcio de Transportes de Bizkaia, la entidad que gestiona las obras del metro de Bilbao) como a la empresa pública Ibarzaharra, dedicada a la promoción de suelo industrial y propiedad de los Gobiernos central, vasco, la Diputación y el Ayuntamiento de Sestao.

El informe, elaborado el pasado mes de marzo y que puede ser recurrido por la vía administrativa, constata que el alto cargo ha percibido desde febrero de 2011, cuando se adscribió como adjunto a la gerencia de Ibarzarharra, cerca de 59.000 euros brutos anuales, a lo que se une un variable anual de otros casi 12.000, sin realizar ninguna actividad, ni siquiera externa. A ello se añade el hecho de que Nieves cumplió 65 años en agosto de 2012 y podía haber abandonado ya este cargo acogiéndose a la jubilación. La pensión máxima es de 35.762 euros brutos anuales, la mitad de lo que ha estado percibiendo.

Pero se mantuvo cobrando hasta que, tras las informaciones de eldiarionorte.es, se difundió su irregular situación laboral. A finales de enero, diez días después de conocerse los hechos, el consejo de administración acordó su despido y todas las funciones de dirección han pasado a otra empresa pública, Abra Industrial, que gestiona una polígono industrial en Ortuella. Nieves presentó el 12 de febrero una carta para causar su baja voluntaria de la empresa, una fórmula pactada con la entidad. Pero no ha devuelto los 210.000 euros. La empresa, cuyo 50% corresponde al Gobierno central , iba a esperar al informe de la Inspección de Trabajo para ver qué decisión tomaba.

La coalición soberanista ha presentado una propuesta en las Juntas Generales para que se realice un informe sobre la tarea de todos los directivos y altos cargos de las sociedades públicas.

Reclama que se aclare este caso "de forma urgente" y lo califica de "un ejemplo más de la extendida práctica clientelista del PNV en la Administración pública, con sueldos desproporcionados en puestos que no eran necesarios".

La oposición amplía sus exigencias en el caso Nieves, el ex alto cargo del PNV que cobró 210.000 euros de una empresa pública sin ir a trabajar y que ha motivado la sanción de la Inspección de Trabajo y el inicio de una investigación de la Fiscalía por supuesta malversación de fondos públicos. El grupo de EH Bildu de Bizkaia ha exigido a la Diputación que “reclame al gerente adjunto Juan Cruz Nieves la devolución de las cantidades percibidas hasta la fecha por no cumplir con las responsabilidades del cargo que ha ocupado durante años”. A través de una proposición no ley, la coalición ha solicitado también que en tres meses se realice un informe de los directivos y altos cargos de todas las sociedades de las que participa la Diputación de Bizkaia, “aclarando la existencia de cargos justificados para la labor que desarrollan en las mismas y si están suficientemente capacitados para desarrollar esas tareas”.

Además, reclama el acta de inspección elaborado y enviado a la sociedad pública Ibarzaharra, de la que la Diputación de Bizkaia es el segundo accionista junto al Gobierno vasco con una participación del 22,5% de las acciones. El Ejecutivo central acapara el 50% del accionariado.

“La Diputación Foral debe arrojar luz de forma urgente ante estas acusaciones tan graves”, sostiene EH Bildu que supone un “ejemplo más de la extendida práctica clientelista del PNV en la administración pública y especialmente en Bizkaia. Práctica que perpetúa a miembros del partido en altos cargos de la administración, cobrando sueldos desproporcionados en puestos de trabajo que se han demostrado que no eran necesarios. Un funcionamiento que supone un fraude a todos los vizcaínos y vizcaínas, que provoca el descrédito de la política y el hartazgo de la sociedad”.

El Gobierno deberá aclarar ante el Parlamento, en el próximo pleno de control (este viernes no hay sesión) que se celebrará el día 11, la situación del ex alto cargo del PNV Juan Cruz Nieves, a quien la Inspección de Trabajo ha sancionado por haber cobrado 210.000 euros en tres años sin ir a su puesto de trabajo en una empresa pública. La sanción se extiende también a la sociedad Ibarzaharra, dedicada a la promoción de suelo industrial y propiedad de los Gobiernos central, vasco, la Diputación y el Ayuntamiento de Sestao.

El portavoz de UPyD, Gorka Maneiro, ha anunciado este miércoles que interpelará al Gobierno sobre la situación del dirigente nacionalista. Censura que haya realizado “un trabajo prácticamente nulo en la empresa pública, que ”ha mantenido contratos con personas de reconocida trayectoria nacionalista: Iñigo Camino, ex director de Deia y ex asesor del presidente del EBB, o en la actualidad Juan Cruz Nieves, ex miembro del BBB, ex diputado de Transportes de la Diputación de Bizkaia y ex juntero del PNV, y que ya ha superado la edad de jubilación“.

Maneiro cree que se trata de un “un claro caso de utilización de una empresa pública para favorecer a los amigos, a los compañeros de partido, por lo que es necesario que el Gobierno vasco aclare lo que está sucediendo en esa empresa”.

Por ello UPyD ha presentado una interpelación al consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, sobre si es propósito del Gobierno trasladar a la Comisión de Ética Pública y de Conducta la situación del personal en la sociedad Ibarzaharra y concretamente la de Juan Cruz Nieves.

La Inspección de Trabajo de Bizkaia, que desde noviembre ha investigado al ex alto cargo del PNV que ha cobrado 210.000 euros de una empresa pública en los últimos tres años sin ir a trabajar, ha confirmado las irregularidades. El acta de inspección, según han confirmado fuentes de la investigación, ha sancionado tanto a Juan Cruz Nieves, (quien fue diputado foral vizcaíno de Urbanismo y director gerente del Consorcio de Transportes de Bizkaia, la entidad que gestiona las obras del metro de Bilbao) como a la empresa pública Ibarzaharra, dedicada a la promoción de suelo industrial y propiedad de los Gobiernos central, vasco, la Diputación y el Ayuntamiento de Sestao. A Nieves le obliga a devolver las cotizaciones a la Seguridad Social de esos tres años y a la sociedad pública le impone una multa por lo que considera una infracción muy grave.

El informe, elaborado el pasado mes de marzo y que puede ser recurrido por la vía administrativa, constata que el alto cargo ha percibido desde febrero de 2011, cuando se adscribió como adjunto a la gerencia de Ibarzarharra, cerca de 59.000 euros brutos anuales, a lo que se une un variable anual de otros casi 12.000, sin realizar ninguna actividad, ni siquiera externa. A ello se añade el hecho de que Nieves cumplió 65 años en agosto de 2012 y podía haber abandonado ya este cargo acogiéndose a la jubilación. La pensión máxima es de 35.762 euros brutos anuales, la mitad de lo que ha estado percibiendo.

Pero se mantuvo cobrando hasta que, tras las informaciones de eldiarionorte.es, se difundió su irregular situación laboral. A finales de enero, diez días después de conocerse los hechos, el consejo de administración acordó su despido pero también el del gerente, que sí cumplía con su horario. Ha mantenido a la tercera persona en plantilla, una administrativa, pero todas las funciones de dirección han pasado a otra empresa pública, Abra Industrial, que gestiona una polígono industrial en Ortuella. En el puesto de Nieves está otra persona que realiza otros cometidos para la sociedad industrial del Gobierno vasco Sprilur, pero sin cobrar, por lo que Ibarzaharra ha asumido que pagó en balde al ex alto cargo del PNV,

Nieves presentó el 12 de febrero una carta para causar su baja voluntaria de la empresa, una fórmula pactada con la entidad, según los medios consultados, para evitar un despido que supusiera además el pago de una indemnización por un cese improcedente y de paso dulcificar lo ocurrido. Pero no ha devuelto los 210.000 euros. La empresa, cuyo 50% corresponde al Gobierno central , iba a esperar al informe de la Inspección de Trabajo para ver qué decisión tomaba.

Este asunto ha llegado a las instituciones vascas. El Parlamento vasco tiene pendiente debatirlo pero en las Juntas Generales de Bizkaia se trató el pasado 16 de marzo. La Diputación de Bizkaia, el segundo accionista junto al Gobierno vasco (ambos tienen el 22,5%) de la sociedad pública Ibarzaharra, ha eludido responder si pedirá que devuelva el dinero a Juan Cruz Nieves y ni siquiera quiso comentar esta ausencia de su puesto y si actuó correctamente al permitir esta situación.

El caso de su predecesor, prescrito

El informe de la Inspección, que inició su trabajo tras una denuncia presentada en noviembre pasado, también confirma las irregularidades del predecesor de Nieves como adjunto a la gerencia de la sociedad Ibarzaharra. Pero no hay ninguna actuación porque, al haber transcurrido más de cuatro años, queda prescrito. Se trata de otro destacado miembro del PNV: el ex director de Radio Euskadi y del diario Deia, Iñigo Camino, que cobraba 58.000 euros brutos anuales durante la etapa en que estuvo en el puesto, entre abril de 2008 a septiembre de 2009. En ese periodo, Camino ejerció el cargo de asesor del entonces presidente del PNV de Bizkaia y ahora de Euskadi, Andoni Ortuzar.

Camino tampoco aparecía por las oficinas de Ibarzaharra durante ese año y medio, en el que realizó tareas de asesor de comunicación de Ortuzar y fue coordinador del foro de reflexión del PNV Think Gaur Euskadi 2020, que diseñó la ideología de los peneuvistas para esta década. El contrato que tenía con Ibarzaharra establecía un régimen de exclusividad. El ex director de Deia trabaja ahora como asesor del PNV en las Juntas Generales del territorio.

La entrada de Juan Cruz Nieves en la sociedad se produjo como fruto de un pacto político en 2011 entre el PNV y el PSE para buscar una salida al ex alto cargo ante lo que iba a ser su inminente jubilación. El ex alto cargo tuvo que abandonar abruptamente, en junio de 2010, su anterior puesto de director gerente del Consorcio de Transportes de Bizkaia (financiado por el Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia) tras una trifulca con el Gobierno vasco, por su gestión sobre las cuentas de la entidad. Habían aflorado sorpresivamente 56 millones de euros de remanentes de tesorería cuando él mismo había pedido meses antes un endeudamiento de la entidad por 66 millones de euros para acometer las obras del metro. El Gobierno, en manos entonces del PSE, le acusó de ocultar que había ese dinero. Pero encontró rápidamente acomodo en la Diputación de Bizkaia como asesor del área de Acción Social, donde estuvo dos meses, y luego en el gabinete del diputado general, hasta su entrada en febrero de 2011 en la sociedad Ibarzaharra.

El PP preside, a través de su parlamentario Carmelo Barrio, la comisión de investigación de los llamados casos Epsilon e Hiriko. Se busca esclarecer las “responsabilidades políticas” que puedan existir por los cerca de 60 millones de euros de ayudas públicas concedidos a los fallidos proyectos empresariales, relacionados con el automóvil, de Epsilon e Hiriko. PNV y PSE y populares han pactado este martes, al constituir la comisión, los puestos de la mesa, cuya vicepresidencia recae en la socialista Susana Corcuera y la secretaria corresponde a Josune Gorospe, del PNV, el único partido del Parlamento que se opuso a crear la comisión.

Los tres partidos se han votado para aprobar los tres puestos, lo que ha dejado fuera de la Mesa a EH Bildu, el primer partido de la oposición, y a UPyD, que tiene un solo parlamentario. “Esto indica que quieren ir rápido y no entrar en el fondo del asunto”, ha valorado Igor López de Munain, de la coalición abertzale. Ha agregado que se debe contar cuanto antes con el informe del Tribunal Vasco de Cuentas “para no ir a ciegas”, que desde el pasado año fiscaliza estos proyectos.

La comisión ha fijado el próximo encuentro para el 15 de abril, cuando cada grupo debe presentar su plan de actuaciones y las peticiones de comparecientes.

La empresa Epsilon se puso en marcha durante la época del Juan José Ibarretxe al frente del Gobierno autonómico, y recibió cerca de 45 millones de euros de las instituciones vascas y españolas. La compañía se encuentra en concurso de acreedores y su promotor, Joan Villadelprat, ha sido condenado por un juzgado de Vitoria por haber “agravado” la situación de insolvencia de la empresa. Además, existe otro proceso judicial pendiente en torno al proyecto.

Hiriko, por su parte, es una iniciativa surgida con el fin de impulsar un coche eléctrico urbano. El proyecto, cuyo futuro se presenta muy complicado, ha recibido más de 17 millones de euros de ayudas y subvenciones públicas.

El Ayuntamiento de Zalla se siente discriminado por Ura, la Agencia Vasca del Agua. Desde diciembre, el alcalde Javier Portillo, del grupo independiente Zalla Bai, intenta sin éxito que URA explique a los vecinos en el local municipal los problemas de inundabilidad de la localidad. Pero tras cuatro intentos baldíos según fuentes municipales, la semana pasada se encontraron con el anuncio de que el director, Iñigo Ansola, iba a celebrar en la tarde-noche de este lunes una charla en el batzoki, sede del PNV, al que representa Ansola.

El malestar de los responsables de Zalla se acrecienta con el hecho que desde febrero también han intentado celebrar una reunión con el director de URA y la Confederación Hidrográfica del Norte, que finalmente se fijó el pasado 14 de marzo pero a la que no acudió el director de la Agencia Vasca del Agua. Ansola ha respondido que las reuniones pedidas por el alcalde no se celebraron en diciembre “por problemas de agenda” de ambos responsables -no ha aclarado lo que ha pasado desde enero- y que al encuentro con la Confederación Hidrográfica no pudo acudir él pero fueron dos responsables de Ura.

“Llama la atención que el máximo responsable de un organismo público dependiente del Gobierno Vasco (pagado por todos y que nos representa a todos) elija la sede de su partido político para informar sobre la inundabilidad de nuestro municipio”, ha denunciado en un comunicado la agrupación Zalla Bai.

La inundabilidad es uno de los asuntos cruciales en este municipio, ya que gran parte de sus dos principales núcleos urbanos forman parte de las áreas en Euskadi con mayor riesgo, las llamadas zonas de flujo preferente, en las que se prohíbe cualquier tipo de construcción, desde pisos hasta edificios públicos y de servicios. Las negociaciones entre el consistorio y Ura han posibilitado que los pisos ya edificados no queden fuera de ordenación pero es una limitación para planes urbanísticos que estaban en marcha.

El alcalde Javier Portillo invitó el pasado 2 de diciembre, según fuentes municipales, a que el director de Ura expusiese en el Antzoki, el local púbico, la problemática en el municipio con motivo de la presentación de la oficina local de inundabilidad. Ansola propuso que se celebrase a mediados de diciembre, fecha pospuesta luego por sus problemas de agenda, ante lo que el alcalde planteó la celebración entre el 7 y el 10 de enero, sin obtener respuesta. Hasta que ahora se han encontrado con la charla en el batzoki.

“Al director general de URA”, señala Zalla Bai, “se le ha puesto en su cargo para servir a toda la ciudadanía, no solo a sus votantes. Sin embargo, parece que en pleno siglo XXI hay quien sigue aferrado a su vieja costumbre de ejercer el poder de puertas adentro de su militancia. Afortunadamente, hace ya algún tiempo que los asuntos de Zalla se dirimen en el Ayuntamiento y no en el batzoki”.

La concesión de préstamos sigue cerrada por bancos y cajas, lo que lastra la creación de riqueza en Euskadi.

Un empresario de la construcción ha desistido de ampliar su boyante negocio y contratar más personal tras no conseguir financiación.

Una firma de rehabilitación de ascensores ha renunciado a un proyecto y un municipio no puede acometer una urbanización por un simple aval.

"Solamente se concede financiación a quien asegura muy firmemente que va a hacer frente a la devolución", dice Ausbanc.

Aunque los mensajes de salida de la crisis se suceden, una de las claves para remontar esta larga recesión, la concesión de créditos, sigue con el grifo cerrado. Igor tiene una empresa de construcción, en continua expansión en los últimos años y cartera de pedidos. Tras un año buscando créditos para poder ampliar el negocio y crear más puestos de trabajo, ha desistido. Seguirá con su estructura empresarial y de momento no creará más riqueza. Alberto tiene ahorrados unas decenas de miles de euros y su sueño es vivir en un caserío en el campo. Ha elegido una vivienda que debe reformar pero el banco ha acabado con su anhelo: solo le financia la compra del caserío pero no el arreglo, que le supone 200.000 euros.

Una empresa vizcaína de rehabilitación de ascensores, con 18 trabajadores, ha acudido a su banco habitual, donde está considerada un excelente cliente, para pedir un préstamo para su circulante y le han pedido un interés mínimo del 6% (el tipo de interés oficial en la Unión Europea está en el 0,6%). Ha tenido que renunciar a un proyecto de ascensores en unas viviendas. Un municipio vasco necesita un aval de 700.000 euros para acometer una operación urbanística; ha acudido hasta a tres entidades financieras de la localidad y en todas les exigen que depositen los 700.000 euros para darles el aval. “Para eso no necesitamos el aval”, dicen los responsables municipales.

La lista de ejemplos es interminable pero coincidente: son contados los casos en los que se conceden créditos y casi siempre con un riesgo mínimo para el banco o la caja correspondiente. Las entidades financieras guardan celosamente los datos de las peticiones de crédito rechazadas. Kutxabank, la entidad que en Euskadi tramita más préstamos (tiene una cuota de cerca del 40% de los créditos hipotecarios), ha admitido que el pasado año ha reducido en un 6,5% la concesión de créditos y que, en el caso de las empresas, las operaciones de nuevos préstamos “se cuentan con los dedos de una o dos manos. El porcentaje abrumadoramente mayoritario son las refinanciaciones”, ha asegurado su presidente Mario Fernández.

En los créditos, casi se ha pasado del blanco al negro. En la dorada década pasada, las entidades se pegaban por conceder préstamos: para las viviendas se daba el 100% de una tasación que muchas veces superaba el precio del mercado, con lo que el ciudadano utilizaba el dinero también para adquirir otros productos como automóviles. Las empresas disponían de líneas de crédito con las que afrontaban el pago de sus materias. Todo ha desaparecido (las tasaciones han bajado en muchos casos a la mitad y las líneas de crédito de las empresas son cosas del pasado) y costará que vuelva. “Se siguen dando créditos en operaciones en las que hay solvencia por el cliente”, asegura un portavoz de Kutxabank en un discurso que se repite en una y otra entidad financiera. Pero la realidad dice lo contrario y el grifo sigue seco.

“A los promotores inmobiliarios les están exigiendo que presenten el 50% de los contratos de compraventa de los pisos firmados para darles financiación. Y claro es imposible y tienen que renunciar a proyectos”, asegura un abogado vizcaíno. El ejemplo más claro está en el mercado de las viviendas protegidas, donde hasta hace unos años el sorteo de los pisos era como una lotería para los agraciados. Ahora el Gobierno vasco se encuentra con un rechazo de más del 30% de los adjudicatarios por falta de financiación bancaria para la vivienda.

“No hay crédito ni se le espera”, asegura el secretario general de ELA Adolfo Muñoz. “Solamente están concediendo financiación a quien puede asegurar muy firmemente que van a poder hacer frente la devolución. Quieren el máximo de garantías”, afirma Marisa Gracia, delegada en Bilbao de Ausbanc, la asociación de usuarios de servicios bancarios. Aunque ve cierta luz en la apertura del mercado del crédito. “Estamos volviendo a ver anuncios de financiación en los bancos, eso sí, con mucha prudencia, y con cuentagotas. Y las condiciones se han endurecido buscando esa garantía de solvencia y no asunción de grandes riesgos”.

La plataforma que agrupa a los grupos independientes vascos se ha constituido ya oficialmente y será presentada oficialmente en una asamblea este sábado en la localidad de Abadiño. Ikune, el nombre elegido desde el pasado año “para favorecer una alternativa a la hora de hacer la política actual”, proyecta presentarse en las próximas elecciones forales de 2015 para aunar la fuerza de los grupos independientes, que ya gobiernan 39 de los 251 municipios vascos.

Desde que en noviembre pasado celebró su primer acto público, la plataforma ha continuado con reuniones internas y recibiendo adhesiones, que ahora ya suman una veintena de grupos independientes de municipios vascos. Su proyecto de candidatura conjunta a las próximas elecciones forales de 2015 sería la primera iniciativa de este tipo como alternativa a los partidos tradicionales tanto en Euskadi como en España. “Es un tema que todavía no está decidido y si se hace se hará por acuerdo de todos los que estamos en la plataforma”, señala uno de los miembros de Ikune.

Una de las primeras iniciativas de Ikune va a ser la presentación de una moción en los ayuntamientos vascos, a través de los grupos independientes, contra el fracking, en la que manifiestan “ la clara y contundente oposición al uso de esta técnica de extracción de gas” y en la que incluyen la declaración del municipio correspondiente como “libre de fracking”.

Una coordinadora formada por 15 personas trabaja en el proyecto, con personas procedentes de pueblos que son gobernados o tienen concejalías de grupos independientes y de otras localidades donde se están conformando grupos independientes.

Las asociaciones apolíticas en los municipios han ido aumentando en Euskadi y ahora hay 39 ayuntamientos con alcaldes independientes, el 15% del total, y 80 municipios con grupos independientes, lo que les da representación en el 30% de las localidades del País Vasco. Hasta ahora, cada colectivo funcionaba de manera autónoma y de la necesidad de una mayor unión surgió la plataforma Ikune, que “pretende potenciar nuestra unión sin perder nuestra independencia y convertirse en el catalizador y el vehículo de las demandas de los ciudadanos que están hartos de ser meros votantes cada cuatro años y que quieren ser más participes de las decisiones que les afectan”, aseguran sus promotores.

El proyecto se ha liderado por los grupos de independientes de Abadiño, Etxebarri, Zambrana, Muskiz, Mungia, Llodio, Aiala, Plentzia o Gorliz. La intención es aportar lo que ahora hacen en sus respectivos municipios, como cercanía, accesibilidad, honestidad, “pero sobre todo demostrando a diario que hemos entrado en política para servir al ciudadano”.

El alcalde de Muskiz, Borja Liaño (PNV), no retirará los carteles intimidatorios contra un concejal y la agrupación que representa, Muskiz Bai, tras recibir un informe de la Inspección de Trabajo de Bizkaia que lo rechaza por ser “incumplimiento empresarial” la retirada de información “colocada en el tablón de anuncios por las representaciones legales o sindicales”.

Pero la Inspección de Trabajo aporta en su informe una sentencia del Tribunal Constitucional en la que avala que en el tablón sindical pueda haber una respuesta del ayuntamiento o del concejal insultado para defenderse. No sería, dice, una “conducta vulneradora del derecho de libertad sindical”.

El edil Javier García ha presentado una denuncia contra un delegado sindical del ayuntamiento vizcaíno por amenazas, injurias y coacciones a su actividad municipal. La demanda, presentada el pasado 12 de febrero ante un juzgado de Barakaldo, se refiere a carteles intimidatorios que se mantienen desde hace más de cinco meses en el tablón sindical del consistorio contra el edil Javier García y otros miembros de la agrupación. En ellos se incluyen fotos de todos ellos con chinchetas y expresiones como “yihadista, espía o borracho”. El imputado, el delegado sindical de ELA Alberto Vallés, ha argumentado que se trata “de un conflicto laboral creado por Muskiz Bai. Yo en el tablón sindical no he puesto nada”. Y ha agregado que “entra dentro de la libertad de expresión”.

En la demanda se incluyen las protestas de los empleados municipales que en dos plenos hicieron un pasillo al edil antes de su entrada a la sesión, con cánticos de Cara al Sol y pitadas.

El edil Javier García pidió el pasado 17 de febrero al alcalde de Muskiz, Borja Liaño (PNV), que ordenara la retirada de los carteles. Liaño lo trasladó a los sindicatos del ayuntamiento pero sin obtener respuesta. Ante ello, el regidor hizo una consulta, fechada el 5 de marzo, ante la Inspección de Trabajo para cerciorarse si la retirada vulnera o no la libertad de expresión.

La jefa de Inspección de Bizkaia, Begoña Lasa, en un escrito del 21 de marzo, señala que su organismo “en principio no procederá a realizar actuación complementaria”, en alusión a exigir la retirada de los carteles. Agrega que, en cualquier caso, se trata de un “conflicto de colisión de derechos”, lo que “excede del ámbito competencia de la Inspección de Trabajo”.

El órgano consultivo vasco recomienda un cambio "profundo" de la ley que imite los modelos de Alemania y Francia, donde la mediación es obligatoria y el juez tiene más poder de decisión en las ejecuciones hipotecarias.

"Hay una protección muy reducida en el Estado español hacia el deudor, que le coloca en mayor indefensión"

El Consejo Económico y Social Vasco (el órgano consultivo del Gobierno y el Parlamento de Euskadi) pide servicios gratuitos de mediación para evitar los desahucios que paralicen los procesos durante un año en lo que denomina “una segunda oportunidad” al afectado. En España no existe ninguna mediación y la relación, cuando se llega a la ejecución hipotecaria, es solo entre el ciudadano y la entidad financiera. El órgano, que se ha fijado en los modelos de Alemania y Francia, censura la falta de una ley específica para los “deudores individuales” que permitan una reordenación del dinero adeudado.

“Hay una protección muy reducida en el Estado español hacia el deudor, que coloca en mayor indefensión”, valoran los responsables del CES. En Alemania, se obliga a que antes de ir a juicio exista una mediación y en Francia existen unas comisiones de sobreendeudamiento, de carácter gratuito y que permite diseñar un plan de pagos individualizado para llegar a una solución sin tener que llegar a los juzgados. En ambos modelos se puede paralizar la ejecución hipotecaria durante un año y tienen una legislación específica para el afectado si no hay acuerdo, en la que el juzgado vuelve a intentar una mediación y define qué parte de la deuda pueda ser pagada.

“Es lo que llamamos segunda oportunidad”, han asegurado los responsables del CES. “Hay que reforzar la conciencia social del asesoramiento”, señala el estudio, a lo que agrega la implicación de las instituciones en labores de mediación. Pero reconocen que es necesario un “cambio profundo” que corresponde al Gobierno central. “Que se haga lo que se hace en Alemania y Francia”.

El informe del CES señala que un tercio de los hogares vascos tenía hasta 2011 tenía un préstamo, mayoritariamente para la vivienda. Pero el mayor problema es que uno de cada 10 utilizaba un 40% ingresos para vivienda lo que es deuda excesiva pero solo un 4% lo veía así.

El CES reclama un tratamiento integral de este asunto y una ley específica, con más capacidad de maniobra para el juez como ocurre en Francia y Alemania.