El Gobierno birmano ha detenido al menos a una docena de personas bajo la acusación de pertenecer a una organización terrorista, el “Ejército Musulmán de Myanmar” que, según abogados y expertos en seguridad, no existe. Las detenciones se suman a una larga campaña de discriminación contra la minoría musulmana en Birmania, de amplia tradición budista.

La Administración del presidente Thein Sein se ha negado a revelar prueba alguna que demuestre que el “Ejército Musulmán de Myanmar (normbre oficial del país)” sea real, lo cual suscita la sospecha de que el Gobierno ha inventado una amenaza islámica para justificar la apertura de un nuevo frente en su prolongada persecución de la población musulmana.

El número exacto de personas detenidas no está claro, pero los documentos y entrevistas obtenidas en esta cobertura informativa en Birmania dan cuenta de, al menos, tres procesos judiciales: en uno de ellos, 12 personas han sido acusadas de estar vinculadas a la supuesta organización; en el segundo, otras cinco han sido señaladas por planear supuestamente atentados con bombas en varios lugares sin especificar del país; y en el tercero, un hombre ha sido acusado de financiar la organización. Todos ellos fueron detenidos entre los meses de septiembre y noviembre del año pasado.

“Los acusados han recibido entrenamiento en campos del Ejército Musulmán de Myanmar ['Myanmar Muslim Army', en inglés, según figura en el documento en birmano original], que ha sido creado recientemente y está operando ilegalmente”, reza uno de los documentos judiciales obtenidos.

Alrededor de un 4% de la población de Birmania es musulmana, según cifras oficiales, pero se cree que el dato real es mayor, de hasta un 10%. La población musulmana más numerosa, el grupo étnico rohingya, se concentra en el Estado de Arakan, en Birmania occidental, mientras que otros musulmanes viven desperdigados a lo largo y ancho del país. Los rohingyas son el grupo más perseguido, ya que el Gobierno les ha denegado la ciudadanía durante decenios y, según varias organizaciones de defensa de los derechos humanos, son víctimas de una campaña de limpieza étnica que ha contribuido a desencadenar un desesperado éxodo en barcos en el cual 300 personas han perdido la vida durante el primer cuarto de este año, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Pero los musulmanes que no pertenecen a la etnia rohingya también sufren discriminación, a pesar de ser ciudadanos birmanos, y en los últimos años se han producido esporádicas explosiones de violencia antimusulmana fuera del Estado de Arakan. Los musulmanes acusados de pertenecer al “Ejército Musulmán de Myanmar” o de planear atentados terroristas son predominantemente habitantes de las regiones central y septentrional de Birmania.

Golpes en la puerta en medio de la noche

Soe Moe Aung y toda su familia estaban durmiendo cuando, la noche del 17 de noviembre, unos seis policías irrumpieron en su casa en Mandalay, la segunda ciudad más grande de Birmania. Su madre, Nwe Ni Aung, contaba en una entrevista realizada a principios de este año que la policía exigió que le entregaran a su hijo, de 24 años de edad. Ni los agentes ni los soldados que habían rodeado la casa se molestaron en mostrarles una orden de arresto, dijo.

Nwe Ni Aung no vio a su hijo durante 10 días, durante los cuales éste se hallaba en custodia policial sin acceso a un abogado, y hasta que dio comienzo el juicio no supo que le habían acusado de pertenecer al “Ejército Musulmán de Myanmar”. “Le acusan de haberse entrenado en un campo, pero no creo que eso sea posible”, apuntó la madre durante la conversación mantenida en Mandalay. “Está enfermo, sufre de gota, ¿cómo podría haber recibido entrenamiento?”.

Nandar Myint Thein, la abogada de Soe Moe Aung, defiende también a otros cuatro sospechosos en el mismo juicio, que se está celebrando en Mandalay. En la causa, un total de 12 personas han sido acusadas de pertenecer al “Ejército Musulmán de Myanmar”, según documentos oficiales. La fiscalía está utilizando contra ellos la Ley de Medidas de Emergencia, que fue aprobada en 1950 y, según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (Birmania), “es empleada habitualmente para detener arbitrariamente a activistas o criminalizar la disidencia”.

La letrada Nandar Myint Thein sostiene que la fiscalía no ha presentado ninguna “prueba real” en el juicio y que los acusados firmaron confesiones tras sufrir días de torturas bajo custodia. Además, afirma que la mayoría de los acusados ni siquiera se conocían antes de que comenzara el proceso judicial.

“Cuando les pedí a los testigos de la fiscalía [miembros de la División Especial de la Policía birmana] que presentaran pruebas sobre el 'Ejército Musulmán de Myanmar', respondieron que no podían hablar de ello en el tribunal, que la información procedía de sus superiores”, explicó Nandar Myint Thein.

El director de la oficina presidencial birmana, Zaw Htay, defiende la postura del Gobierno. “El Ministerio del Interior tiene todas las pruebas sobre estas actividades, pero no podemos hacerlas públicas porque se trata de una cuestión de seguridad nacional”, afirmó en una entrevista para este reportaje. Sobre cómo podían los acusados esperar un juicio justo cuando la fiscalía oculta las pruebas de cargo al tribunal, Htay se limitó a responder: “Tienen derecho a apelar en tribunales superiores”.

Zaw Htay se negó a decir cuántas personas supuestamente pertenecen a la organización, alegando que consideraciones de seguridad nacional le impedían revelar más información, pero aseguró que “hay muchas actividades fuera del país, y gente de fuera quiere fomentar atentados terroristas entre personas de dentro del estado, por lo que ahora mismo lo que estamos haciendo es lanzar un ataque preventivo para protegernos ante cualquier posible atentado”. Por su parte, el Equipo de Documentación y Ayuda Legal, una organización de la sociedad civil, afirma que unos cien musulmanes han sido detenidos acusados de terrorismo desde el año pasado hasta febrero.

Lavado de imagen internacional

Tras cinco decenios de régimen militar, en 2011 Birmania se embarcó en un proceso de transición política hacia lo que los generales han denominado una “floreciente democracia disciplinada”. Ese año, se instauró un Gobierno semicivil compuesto de antiguos generales, centenares de presos políticos fueron liberados en sucesivas amnistías y se permitió que la líder de la oposición democrática, Aung San Suu Kyi, tras haber permanecido 15 de los 20 años anteriores bajo arresto domiciliario, fuera elegida diputada del Parlamento en unas elecciones parciales celebradas en 2012.

La transición ha proporcionado al Gobierno birmano un grado de aceptación internacional que habría sido inimaginable hace tan solo unos pocos años. En 2005, Condoleezza Rice testificó en el Senado estadounidense e incluyó a Birmania en la lista de “bastiones de la tiranía”, mientras que, en 2012, Barack Obama se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos que visitó el país, donde alabó el proceso de transición. Hilary Clinton también ha visitado Birmania y escribió en su libro de memorias, publicado en 2014, que “es difícil evitar quedarse sin respiración” ante el progreso del país. Para lavar su imagen, el Gobierno de Birmania incluso ha contratado los servicios de Podesta Group, una firma de relaciones públicas fundada por John Podesta, el director de la campaña presidencial de Hillary Clinton.

No obstante, los avances en las libertades políticas para la mayoría budista del país están coincidiendo con un marcado deterioro de la situación de la minoría musulmana.

Una gran parte de la población de este país de mayoría budista ve como extranjeros a los musulmanes birmanos, ya que la mayoría de ellos son descendientes de emigrantes procedentes del subcontinente indio. Altos funcionarios del Estado y movimientos ultranacionalistas budistas los describen como forasteros y los presentan como un enemigo común. Algunas voces críticas contra el régimen, como Human Rights Watch, llevan años sosteniendo que esa noción ha sido fomentada desde hace tiempo para distraer la atención de la población de conflictos políticos creados por una dictadura militar que siempre ha carecido de apoyo popular.

Sin embargo, los musulmanes birmanos no comenzaron a ser retratados como una posible amenaza terrorista hasta que la Administración Bush de Estados Unidos lanzó la “guerra contra el terrorismo” en 2001, en lo que muchos vieron como un intento de conseguir apoyos internacionales en un momento en el que el Gobierno estadounidense estaba tratando de aislar al régimen militar birmano. Había un problema patente respecto a la imagen que el régimen militar estaba presentando de los musulmanes: en las últimas décadas no se ha registrado en territorio birmano atentado terrorista real alguno cometido por musulmanes.

Ahora, durante un periodo en el que el país está embarcado en un periodo de transición alabado por Estados Unidos y otros antiguos enemigos del régimen, y en el que se van a celebrar una elecciones cruciales en noviembre de este año, los antiguos generales que componen el nuevo Gobierno necesitan legitimar su poder más que nunca, tanto en el ámbito internacional como entre el electorado, de mayoría budista. El surgimiento de una nueva amenaza terrorista no hace más que reforzar las reivindicaciones que el ejército lleva haciendo desde hace mucho tiempo de que es el único garante de la seguridad en el contexto de su “floreciente democracia disciplinada”.

Los especialistas no confirman la existencia del grupo

Expertos en terrorismo, organizaciones de defensa de los derechos humanos y el Departamento de Estado de Estados Unidos no han confirmado la existencia del “Ejército Musulmán de Myanmar”. Rohan Gunaratna, que dirige el Centro Internacional para la Investigación de la Violencia Política y el Terrorismo en Singapur, es el único que lo ha mencionado, si bien muy brevemente. En un informe publicado recientemente, escribió que “también ha habido informaciones sin confirmar sobre el surgimiento de una nueva organización llamada el Ejército Musulmán de Myanmar (EMM), que supuestamente está utilizando territorio tailandés para entrenar a musulmanes de Myanmar”. Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense afirma que su Gobierno “no tiene más información” aparte de la referencia de Gunaratna.

Zachary Abuza, un especialista en asuntos de seguridad y política del Sudeste Asiático, nunca había oído hablar del “Ejército Musulmán de Myanmar”. “Me suena como algo completamente ficticio. Dudo de que cualquier grupo que combatiera al Estado fuera a emplear la palabra 'Myanmar', ya que ésta legitimaría al régimen”, indica. Myanmar es el nombre que el Gobierno militar dio al país en 1989 como sustituto de Birmania, y los opositores del régimen se oponen a su uso. “Basándonos en el nombre y en el historial del Tatmadaw [las fuerzas armadas birmanas], existen muchas probabilidades de que las 'confesiones' de los acusados fueran extraídas bajo tortura”, añadió Abuza.

Uno de los tres casos investigado en este reportaje implica a Khin Maung Shwe, también conocido como Yusuf, al que han acusado de colaborar en la creación del “Ejército Musulmán de Myanmar”. Este hombre de negocios de 44 años fue detenido en Mandalay el pasado mes de octubre, pero su abogado, Aung Naing Soe, afirma que la acusación contra su cliente se basa únicamente en confesiones obtenidas bajo custodia militar a otros detenidos que habían proporcionado a sus interrogadores el nombre 'Yusuf' y poco más. Aung Naing Soe asegura que no hay más pruebas contra su cliente.

Los fiscales que actúan en estos casos cuentan con el respaldo del ministro del Interior, que utiliza la Ley de Medidas de Emergencia. En el curso de esta investigación hemos tenido acceso a una autorización, firmada por el ministro, para proseguir con la acusación contra Khin Maung Shwe. La abogada Nandar Myint Thein afirma que el ministro firmó el mismo tipo de documento en su caso. Además, también hemos obtenido la autorización del ministro en un caso en el que cinco personas han sido acusadas de hacer planes para fabricar bombas con fertilizantes. “Eso supone una gran carga para los acusados, porque el tribunal tiene miedo de no obedecer órdenes que llegan del mismísimo ministro”, afirma el abogado Aung Naing Soe.

En el contexto del sistema judicial birmano, la implicación directa del ministro del Interior en un proceso judicial no es una mera cuestión inocua de supervisión; es una expresión del poder predominante que el Ejército continúa ejerciendo sobre todos los aspectos de la vida del país. La Constitución birmana estipula que el ministro del Interior ha de ser un miembro del Ejército y ha de ser propuesto por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, las cuales están protegidas constitucionalmente de cualquier supervisión civil.

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) señaló en un informe publicado en 2013 que “la influencia política y militar sobre sobre los jueces continúa suponiendo un obstáculo enorme para que los abogados puedan practicar su profesión con eficacia. Dependiendo de la naturaleza de cada caso, los jueces toman decisiones basándose en órdenes procedentes de funcionarios del Gobierno y oficiales del ejército”.

Sam Zarifi, director regional de la CIJ en Asia y el Pacífico, explica que “existen todo tipo de razones para temer que no se respete el derecho de los acusados a recibir un juicio justo” en estos casos y señaló que “las indebidas influencias e interferencias del Ejecutivo han socavado la independencia de la judicatura, sobre todo en casos políticamente sensibles, incluidos los penales”.

En otro proceso, esta vez en Rangún, la mayor ciudad de Birmania y su antigua capital, varios musulmanes han sido acusados de conspirar para librar una lucha armada. En septiembre del año pasado, cinco musulmanes fueron detenidos por contrabando de fertilizante. La fiscalía sostiene que el material iba a ser utilizado para fabricar explosivos con la intención de perpetrar varios atentados en territorio birmano. Uno de los acusados es el dueño de una tienda que se limitó a comprar el fertilizante a otro de los reos, según su abogado.

Robert Sann Aung, el letrado, relata que el ejército mantuvo a los acusados tres meses bajo custodia y los torturó para extraer confesiones que los inculparan. Como los otros abogados entrevistados para este reportaje, sostiene que no existen pruebas de una conspiración terrorista, aparte del fertilizante y de las confesiones. Ante las preguntas sobre sus expectativas, Robert Sann Aung muestra pocas razones para el optimismo: “No voy a ganar este caso. Lo ganaría si el juez aplicase la ley, pero la ley no se aplicará”.

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Este reportaje de investigación fue publicado originalmente el pasado 25 de mayo en inglés en la página web estadounidense The Intercept. eldiario.es lo publica traducido al castellano y en exclusiva para España con la autorización expresa de The Intercept.publicado originalmente el pasado 25 de mayo en inglés

Unos 1.500 refugiados rohingya y migrantes bangladesíes han sido rescatados por los pescadores de Aceh, en el norte de Indonesia, cuando la política de su Gobierno y los de Tailandia e Indonesia consistía en empujar fuera de sus aguas territoriales a los barcos que se acercaran a sus costas

Alrededor de 8.000 refugiados rohingya y migrantes bangladesíes han vagado durante meses a la deriva en el Mar de Andamán

Los emigrantes bangladesíes esperan a ser repatriados y el destino de los refugiados rohingyas es más incierto

El Gobierno indonesio ha indicado que no está dispuesto a acogerlos más de un año, pero la población acehnesa los ha recibido con los brazos abiertos

“Me entristece comunicarle que mi hijo ha partido en un barco hacia Malasia sin informarnos. Lleva flotando a la deriva en el mar, junto con otros viajeros, más de dos meses. Como padre suyo, me gustaría dirigir esta petición al Gobierno tailandés para que le rescate y le lleve a Tailandia. Si no, morirá en el mar”, reza la carta dirigida al Gobierno tailandés del padre de un joven que en marzo se echó al mar desde la costa de Bangladesh con rumbo a Malasia.

Es una de las tres peticiones de este tipo a las que ha tenido acceso eldiario.es, todas ellas redactadas el 14 de mayo en un campo de refugiados de Bangladesh, donde viven decenas de miles de refugiados de la etnia rohingya que han huido de la persecución a la que están sometidos en la vecina Birmania, su país de origen. Hemos omitido los nombres de él y de su hijo por razones de seguridad, ya que el hijo se encuentra en manos de los traficantes de personas que organizaron su salida del campo.

El joven es uno más de las alrededor de ocho mil personas atrapadas en frágiles y abarrotados barcos que flotan a la deriva en el Mar de Andamán desde hace semanas. Muchos son bangladesíes huyendo de la falta de oportunidades de su país de origen, una de las naciones más pobres y superpobladas del mundo, pero la mayoría son musulmanes rohingyas procedentes de los campos de refugiados de Bangladesh o de Birmania, donde son víctimas de una auténtica limpieza étnica.

Para muchos rohingyas, es preferible lanzarse a un viaje incierto y plagado de peligros a quedarse en un país en el que se les ha despojado de todos sus derechos. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), unas 160.000 personas han emprendido en los últimos tres años ese peligroso viaje desde las costas de Birmania y del sur de Bangladesh. En lo que va de año, la cifra se eleva a 25.000, el doble que el mismo periodo del año pasado.

Para escapar del infierno en el que viven en Birmania, los rohingya se ponen en manos de traficantes de personas para que les lleven en barco hasta Tailandia de camino a Malasia, su destino final. Una vez en Tailandia, hasta ahora los traficantes los retenían en campos ocultos en la jungla de la frontera con Malasia, donde los mantenían cautivos hasta que sus parientes en Birmania o Malasia pagaran un rescate para liberarlos.

Como forma de presión, era común que los parientes que negociaban los rescates con los traficantes oyeran de fondo los gritos de los prisioneros mientras eran torturados. Muchos de los prisioneros morían de hambre o enfermedades en los campos, otros eran asesinados cuando sus captores descubrían que nadie iba a pagar un rescate por ellos.

La existencia de esos campos se conoció a finales de 2013, gracias a una investigación de la agencia Reuters. Desde el principio, ha habido sospechas de que había funcionarios de inmigración y miembros de la policía y de la Marina tailandesas implicados en el tráfico de personas. Pero no fue hasta hace algunas semanas que el Gobierno tailandés emprendió una campaña contundente para desarticular las redes que trafican con los rohingyas y los bangladesíes.

A principios de mayo, una fuerza conjunta de la policía y el ejército tailandeses descubrió un campo abandonado con tres supervivientes y una fosa común que contenía 26 cadáveres. En los días siguientes la policía descubrió nuevos campos con más fosas y detuvo al presunto cabecilla de la red de tráfico de personas en Tailandia, un rohingya llamado Anwar, y a tres funcionarios tailandeses locales.

La persecución del Gobierno tailandés contra el tráfico de personas se produce cuando está recibiendo cada vez más presiones por parte de la Unión Europea y Estados Unidos para que haga frente al problema.

La consecuencia más inmediata de la campaña del Gobierno tailandés contra las redes de tráfico de personas es que las tripulaciones de muchos de los barcos no se han atrevido a llevarlos a tierra y los han abandonado a su suerte en las aguas del Mar de Andamán.

A la deriva

Sin una tripulación capacitada para pilotarlos, los barcos llevan semanas a la deriva en alta mar, sin alimento ni agua potable. En algunos casos, los refugiados se están viendo obligados a beber su propia orina para sobrevivir.

Ante esta situación, Tailandia, Malasia e Indonesia están impidiendo que lleguen a sus costas y empujándolos mar adentro. El primer ministro tailandés, Prayuth Chan-Ocha justificó el viernes la decisión de denegarles asilo argumentando que “en el futuro, si vienen muchos más, eso creará un problema. Robarán los trabajos y los medios de subsistencia a los tailandeses.”

“No cabe duda de que las crueles e inhumanas políticas de Tailandia, Malasia e Indonesia de rechazar estos barcos va a provocar muertes en el mar. Dejemos esto claro: los dirigentes de estos países están incumpliendo una obligación humana básica al negarse a recibir a esas personas en sus costas, donde pueden recibir asistencia humanitaria y los cuidados médicos que tanto necesitan,” denuncia Phil Robertson, vicedirector de la división de Asia de Human Rights Watch.

Uno de los barcos ha sido expulsado de aguas tailandesas ya dos veces. El barco, en el que viajan unas 300 personas fue avistado por periodistas del New York Times y la BBC el pasado jueves. Diez de sus pasajeros habían muerto días antes y habían ido lanzados por la borda. La Marina tailandesa lo abordó poco después de que llegaran los periodistas y, tras arreglar el motor y proporcionarle comida y agua, lo envío hacía aguas territoriales malasias.

Chris Lewa, de la ONG Arakan Project, lleva años observando la situación de los rohingya en Birmania y está en contacto telefónico regular con gente dentro del barco cuando éste se halla dentro de una zona con cobertura telefónica. “Podía oír los llantos de los niños cuando hablaba con ellos”, contaba a eldiario.es en una entrevista telefónica el sábado.

El barco ya había sido interceptado por la Armada malasia unos días antes y empujado a aguas tailandesas, cuenta Chris Lewa. Sin embargo, según un portavoz del Gobierno tailandés y un funcionario de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM ), las autoridades tailandesas ofrecieron a los pasajeros del barco desembarcar en Tailandia, pero estos decidieron seguir su singladura hacia Malasia.

“La Armada Real Tailandesa habló sólo con un Rohingya angloparlante del que más tarde se descubriría que estaba trabajando para los traficantes que controlan el barco. Este hombre le dijo a la Marina que los pasajeros del barco querían continuar su viaje hacia Malasia y no deseaban quedarse en Tailandia. Tras recibir la respuesta que deseaba, es evidente que la Marina no hizo más indagaciones y decidió empujar el barco fuera de sus aguas”, cuenta Phil Robertson a eldiario.es.

Según Chris Lewa, muchos de los pasajeros quieren ir a Tailandia, e incluso podría haber habido peleas en el barco. Sin embargo, la embarcación “está controlada por tres miembros de poca monta de la mafia de traficantes de personas. Es posible que no quieran desembarcar porque temen ser detenidos si llegan a Tailandia, pero también es probable que tengan miedo de ser asesinados por sus jefes allí”, afirma Lewa.

Ahora el barco se encuentra en algún punto del Mar de Andamán, sin cobertura telefónica desde el sábado por la noche. Se cree que podría haber intentado aproximarse a las costas de Aceh, en el norte de Indonesia, ya que allí han desembarcado unas 1.500 personas en los últimos días y están recibiendo ayuda de la población y de organizaciones locales. Pero el Gobierno indonesio ha enviado cuatro destructores y un avión para patrullar sus aguas y evitar que los barcos lleguen a sus costas.

Para coordinar la respuesta a la crisis, Tailandia ha convocado para el 29 de mayo una cumbre de 15 países, incluidos Indonesia, Malasia, Bangladesh, Australia y Estados Unidos, así como organismos internacionales. Pero el Gobierno de Birmania, donde se haya la raíz del problema, ya ha anunciado que podría no acudir: el viceministro birmano de Asuntos Exteriores declaró el pasado jueves que “no tendría sentido discutir el asunto puesto que nuestro país y nuestro pueblo no los aceptan [a los rohingya]”.

En cualquier caso, señala Phil Robertson, “la cumbre regional de 15 gobiernos organizada por el primer ministro tailandés, el general Prayuth Chan-Ocha, debería ser adelantada inmediatamente porque para cuando tenga lugar podría ser demasiado tarde para la gente que está en alta mar”.

El cumpleaños de Anabel Yu, una joven de 20 años, es el 8 de noviembre. Hace un año la fecha adquirió un sentido muy diferente y mucho más sombrío cuando el tifón Haiyan azotó el este de Filipinas, dejando tras de sí un rastro de destrucción y muerte cuyas cicatrices aún son visibles en Tacloban, en la región de las Visayas Orientales.

Haiyan fue uno de los tifones más fuertes de la historia. El viento alcanzó velocidades de más de 300 kilómetros por hora que arrasaron prácticamente todo a su paso. El tifón se cebó con especial virulencia con las frágiles casas de los más pobres. Dejó tras de sí al menos 6.340 víctimas mortales en Filipinas y desplazó de sus hogares a 1,9 millones de personas.

Muchas de ellas fueron completamente destruidas. Tacloban, una población costera de unos 220.000 habitantes, fue la que más sufrió las consecuencias de Yolanda: una gran proporción de las víctimas mortales vivían aquí y el 90% de sus edificios sufrieron daños. El tifón destruyó totalmente la casa de Anabel y mató a una de sus primas. Ella fue más afortunada. “Me refugié junto a otras familias en el segundo piso de una casa cercana, mucho más sólida. Pasamos mucho miedo, pero aquello nos salvó la vida”, cuenta a eldiario.es.

Anabel nos cuenta su experiencia la mañana de su cumpleaños y primer aniversario de aquel fatídico día. Como muchos de sus conciudadanos, ha madrugado para ver la marcha en la que han participado diversas ONG locales e internacionales. Es solo el primero de los actos de un día para recordar y llorar a los muertos, agradecer la ayuda recibida y renovar la voluntad de seguir adelante. Cuando caiga la noche, miles de velas encendidas en memoria de los muertos iluminarán las aceras de la ciudad.

La familia de Anabel comparte casa con otras tres en la misma casa donde se refugió hace un año. La dueña vive en Estados Unidos; se la ha prestado hasta que puedan regresar a sus hogares. Pero Anabel y otras vecinas tienen miedo a volver. “Mi casa estaba demasiado cerca de la costa y me gustaría construir una nueva en otra parte, más alejada. Aquello es demasiado peligroso, pero mi familia no tiene dinero para hacerlo”, cuenta.

La casa de Anabel, en el barangay (distrito, o barrio) de Magallanes 54, estaba situada a menos de 40 metros de la costa. Tras el tifón, el Gobierno filipino decidió que no se podía construir a menos de esa distancia del mar, creó “zonas de no-construcción” y propuso desplazar a los habitantes de esas zonas a otros lugares más alejados de la costa.

Muchos de los habitantes de esas zonas son pescadores cuyo medio de vida depende del mar. No todos están de acuerdo con la medida gubernamental. “No consultaron a la población local sobre esa cuestión. Los pescadores no pueden alejarse del mar, porque no sabrían cómo ganarse la vida tierra adentro. Hemos propuesto otras soluciones, como la construcción de diques y el reforzamiento de las casas para protegernos contra futuros tifones, pero todas nuestras propuestas han caído en saco roto”, protesta Noel Martínez, el jefe del barangay.

En cualquier caso, muchos de los habitantes del barrio continúan viviendo cerca de la costa. En algunos casos, no parecen tener intención de moverse, en otros, como el de la familia de Anabel, el Gobierno no ha ofrecido ninguna alternativa. En la inmensa mayoría de los casos, aún no han podido reconstruir del todo sus casas y muchos viven en tiendas. Tal y como ha denunciado la ONG Acción Contra el Hambre, un año después de Yolanda, más de un millón de las personas que perdieron sus casas como consecuencia del tifón siguen viviendo en refugios provisionales.

Tacloban intenta superar su trauma

Pese a que aún queda mucho por hacer, la respuesta humanitaria de diversas ONG internacionales han conseguido que la población de Tacloban pueda volver a ponerse lentamente en pie. Para muchos taclobanos entrevistados por eldiario.es, el gran ausente, tanto en las labores de reconstrucción como en la respuesta a la emergencia durante las primeras semanas, ha sido el propio Gobierno filipino.

Según María Rasthia, la jefa de otro barangay cercano al de Magallanes, el de San José 88, las autoridades locales “eran completamente invisibles al principio, todo quedó paralizado debido a la tragedia”. En cuanto a la actuación del Gobierno en la actualidad, Rasthia se limita a afirmar que “está actuando muy lentamente”.

La rápida actuación de algunas ONG consiguió que no se produjera ninguna epidemia donde las infraestructuras habían quedado reducidas prácticamente a cero. Organizaciones y organismos internacionales han desempeñado un papel crucial en reconstruir muchas de ellas y de educar a la población para evitar que se produzcan brotes de dengue, cólera u otras enfermedades.

Pero el éxito de esa ayuda externa depende en gran medida de las comunidades que la reciben. Por ejemplo, Jesús Baena, coordinador de agua y saneamiento de Acción contra el Hambre para la emergencia explica que la reconstrucción de las infraestructuras de agua ha dependido en gran medida del trabajo y la capacidad organizativa de los filipinos, de ese modo, “la comunidad crea el plan de trabajo y Acción Contra el Hambre se limita a controlar que se complete de forma adecuada”.

Una de las labores de las ONG consiste en educar a la población en hábitos higiénicos que sean útiles para su nueva situación. En el caso de Filipinas, esa tarea ha resultado particularmente fácil, ya que, como explica Baena, “la población ya sabía esterilizar el agua antes de que viniéramos: la hervían, la guardaban en diferentes contenedores dependiendo del uso, etcétera. Por eso no hubo un pico de enfermedades relacionadas con el agua”.

Si bien no se han producido epidemias y la situación sanitaria está bajo control, el tifón supuso un enorme trauma del que muchos aún no se han recuperado. “Mucha gente parece adaptarse inmediatamente en un principio y no tener ningún trauma, pero lo tienen y aflora mucho más tarde,” explica el doctor Jaime Opinion, jefe de los servicios sanitarios de la municipalidad de Tacloban.

Opinion reconoce que los servicios de salud mental en Tacloban eran totalmente insuficientes antes del ciclón. “Sólo dos personas estaban preparadas al principio para tratar problemas psicosociales; la respuesta no llegó hasta dos o tres meses después, cuando llegaron las ONG”, cuenta.

A falta de psicología, los taclobanos se han refugiado en la religión. “La fe aumenta la esperanza de la gente, le da más resistencia para afrontar las adversidades; como usted sabrá, el filipino es un pueblo profundamente religioso”, explica a eldiario.es el arzobispo de la provincia de Palo tras oficiar una misa de homenaje a las víctimas.

Durante la misa, estaba sentada en primera fila Imelda Marcos, viuda del dictador Ferdinand Marcos y congresista en la actualidad. Poco después, durante una comida a la que estaban invitados políticos locales y nacionales, diplomáticos extranjeros y miembros de agencias de cooperación internacionales y ONG, Marcos pronunció un discurso en el que declaró no menos de tres veces continuar en estado de shock un año después de la tragedia. “Es necesario mirar al cielo porque allí las soluciones son infinitas”, afirmó.

Mientras tanto, en la tierra, en las calles de Tacloban aún marcadas por la destrucción, aún sigue habiendo numerosos problemas sin solucionar.

Unas 130.000 personas perdieron sus casas en septiembre del año pasado como consecuencia de enfrentamientos entre el Frente Moro de Liberación Nacional (FMLN) y el ejército filipino en Zamboanga, en la región de Mindanao.

Unas 14.000 permanecen en el campo del polideportivo Joaquín F. Enríquez. El futuro de miles de desplazados internos es incierto, ya que las autoridades han decretado que no se pueda volver a construir en algunas de las zonas donde vivían muchos de los desplazados.

Las condiciones son tan precarias en los campos que a lo largo del último año han muerto en ellos 186 personas, la mitad niños, fundamentalmente como consecuencia de enfremedades relacionadas con la falta de higiene.

La pequeña Aleya, una niña musulmana de algo menos de dos años de edad, murió el pasado mes de enero en el campo para desplazados internos del polideportivo Joaquín F. Enríquez, en la ciudad filipina de Zamboanga. Su madre Anisa Abuhajim, una humilde lavandera de 39 años del barangay (distrito) de Bampang, cuenta al borde de las lágrimas que la niña contrajo unas fiebres que acabarían matándola una semana después, a pesar de haberle dado los antibióticos y el paracetamol que le habían recetado en el centro médico.

Las condiciones en este y otros campos son tan precarias que ya han muerto 186 personas, según las cifras oficiales, desde que se abrieron el año pasado en esta ciudad de unos 900.000 habitantes situada en el extremo occidental de la conflictiva región de Mindanao, en el sur de Filipinas. El campo acogió al principio a unos 80.000 de los 130.000 desplazados por una batalla en septiembre del año pasado entre el ejército filipino y una facción del Frente Moro de Liberación Nacional (FMLN) que se prolongó durante tres semanas y se saldó con 218 muertos, incluyendo doce civiles, y más de diez mil casas destruidas.

Ahora mismo permanecen allí unas 14.000 personas hacinadas en precarias chabolas de madera y techos de chapa. En el caso de la familia de Anisa Abuhajim, 17 personas comparten un pequeño espacio de unos 25 metros cuadrados. Los que tienen un poco de suerte viven en las gradas del estadio, donde están resguardados de los elementos y la superficie en la que han de dormir no se convierte en un barrizal cuando llueve.

Y si el campo parece superpoblado ahora, cuesta imaginar cuáles debían ser las condiciones hace unos meses, cuando vivían allí casi cinco veces más personas, la mayoría de las cuales han sido enviadas a “campos transitorios” en espera de volver a sus casas o ser trasladados a residencias permanentes en otros lugares. En cualquier caso, el futuro de muchos de los desplazados internos es sumamente incierto.

Un ataque por sorpresa

“Nunca imaginamos que se pudiera producir un ataque así en Zamboanga, ésta es una de las ciudades más seguras de Mindanao,” comentaba a eldiario.es el Padre Ángel Calvo, un misionero claretiano de Valladolid con más de cuarenta años de experiencia en Mindanao, donde lleva desde 1972 trabajando en proyectos para atender a los estratos más pobres de la población y lanzando diversas iniciativas de diálogo interreligioso entre musulmanes y católicos.

De hecho, el ataque pilló por sorpresa al ejército filipino tanto como al misionero vallisoletano. El ataque fue lanzado por la facción del FMLN liderada por su fundador y antiguo líder, el carismático Nur Misuari. Unos quinientos hombres armados llegaron a Zamboanga con la intención de ondear la bandera de la República de Bangsamoro en el ayuntamiento, pero la policía y el ejército se lo impidieron y la crisis pronto desembocó en una guerra de guerrillas urbana en las calles de la ciudad.

Se cree que la motivación principal de Misuari, que se encuentra huido, para lanzar el ataque era hacer descarrilar las negociaciones de paz entre el Gobierno filipino y el Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI), organización escindida del FMLN.

“Misuari tiene numerosos seguidores, pero no le siguen porque compartan sus ideas, sino porque creen que es un gran líder. Es gente sin educación, combatientes que se limitan a seguir a su líder,” nos dijo Al-Hussein Caluang, mariscal de Campo del FMLN que conoce bien a Misuari desde hace años.

Descendiente de los sultanes que solían gobernar la isla de Sulu hasta la llegada de los estadounidenses a finales del siglo XIX, a sus 68 años Caluang es un veterano de la guerra entre el FMLN y el ejército filipino en los años setenta al que la comunidad musulmana trata con un respeto casi reverencial. Después de que dejara una reunión con este periodista y un par de activistas musulmanes, estos me comentan con admiración que Caluang nunca fue herido en combate, pese a que nunca trataba de protegerse, porque es “inmune a las balas”.

Pese a su pasado guerrero y a su amistad con Misuari, ahora Caluang, al igual que muchos otros líderes de un FMLN plagado de facciones enfrentadas, apoya el proceso de paz y no está de acuerdo con el fundador de su organización ni con el ataque del año pasado. “Estamos tratando de hacerle entrar en razón, pero a veces no está de acuerdo con nuestras ideas,” explica. Pero añade: “No podemos expulsar a Misuari del FMLN porque le sigue mucha gente, sobre todo en Sulu y en la región de Zamboanga del Norte. Ahora mismo estoy tratando de hablar con ellos.”

El enquistado conflicto de Mindanao

El conflicto de Mindanao, una región de mayoría musulmana en el sur de Filipinas, comenzó con la fundación del grupo armado FMLN en 1969 y se recrudeció a lo largo de la siguiente década, en la cundieron los abusos cometidos por el ejército filipino desde que el dictador Ferdinand Marcos declarara la ley marcial en todo el país en 1972.

Sin embargo, los antecedentes del conflicto se remontan a bastantes años antes. El padre Ángel Calvo, buen conocedor de la zona y de su historia, lo resume de la siguiente manera: “La raíz del problema de Mindanao es la tierra. Los españoles nunca fueron capaces de someter a los musulmanes y no estaban demasiado interesados en hacerlo, así que los sultanatos continuaron con ellos.”

“Pero –continúa el misionero–, los estadounidenses abrieron Mindanao como una tierra de promisión a trabajadores de Luzón y Visayas [la regiones del norte de Filipinas] a partir de 1917. La misión que el Congreso estadounidense aprobó consistía en ‘civilizar’ Mindanao. De hecho, dividieron a la población en tres categorías: los ‘civilizados’ (es decir, los cristianos), los ‘mahometanos’ y los ‘incivilizados’ (los pueblos indígenas). Eso es lo que generó el resentimiento de los musulmanes. Desde entonces hasta los sesenta, los musulmanes, que habían sido los principales habitantes de Mindanao bajo los tres sultanados, vieron como tomaban su tierra.”

Diversos acuerdos de paz entre el Gobierno y el FMLN no han conseguido llevar la paz a la región tras décadas de un conflicto que se ha cobrado al menos 160.000 víctimas. El primero, el llamado Acuerdo de Paz de Trípoli, se firmó en 1976 en Libia. El acuerdo, en el que había actuado como mediador Muammar Gadaffi (cuyo Gobierno apoyó al FMLN y después al FMLI durante años), no tardó en desmoronarse. Tras diversas tentativas, en 1996, el FMNL firmó el acuerdo definitivo en 1996, por el cual Mindanao logró un cierto grado de autonomía y Nur Misuari logró ser el gobernador de la región.

Sin embargo, la gestión de Misuari decepcionó a muchos de los ciudadanos de Mindanao y el FMLN se vio sumamente debilitado por el faccionalismo interno. Además, aún quedaba alcanzar un acuerdo con el FMLI, que en los últimos años ha conseguido eclipsar a la organización de la que se había escindido y se ha convertido en el principal enemigo del Gobierno filipino en la zona y ahora en su interlocutor durante las últimas rondas de negociaciones.

Aunque en los últimos años se han producido enfrentamientos esporádicos tanto entre el FMLI y el Gobierno como, en ocasiones, entre el FMLI y facciones del FMLN, hay cierta esperanza de que se llegue a la paz con un referéndum en 2016, en virtud del cual cada barangay con al menos un 10 por ciento de población musulmana podrá elegir si se une a la Región Autónoma de Bangsamoro (la tierra de los moros, el nombre que reciben y utilizan los musulmanes de Mindanao desde que los españoles decidieran denominarlos así).

Zamboanga: ¿La ciudad latina de Asia?

Zamboanga, en el extremo occidental de la isla de Mindanao, es la última ciudad que la administración colonial española dejó cuando se fue de Filipinas, expulsada por los estadounidenses. Ciudad que albergaba antiguamente un destacamento militar español, es uno de los pocos lugares de Filipinas en el que se habla un dialecto del castellano: el chabacano. La huella española es aún visible en la ciudad, desde el idioma hasta el trazado urbano (la plaza del ayuntamiento como centro de la ciudad), las iglesias y murallas erigidas por los conquistadores o los nombres de los barrios (Santa Catalina, Santa Bárbara, Tetuan…).

No es de extrañar, pues, que el anterior alcalde, Celso Lobregat, decidiera hace algunos años emplear la marca de la “ciudad latina de Asia” para describir Zamboanga. Pero, según explica el Padre Ángel Calvo, la realidad es mucho más compleja: “Eso de la ‘ciudad latina de Asia’ es un mito que pertenece al pasado. Ya no queda nada latino en Zamboanga. Ésta es una comunidad pluricultural que alberga a ocho o nueve grupos etnolingüísticos. El Gobierno local no se da cuenta de esto, quieren volver a los años cincuenta, cuando Zamboanga era un pequeño lugar con una mayoría de chabacanos que hacían negocios con las compañías madereras, se casaban con mujeres locales y adoptaban nombres españoles. Los dirigentes tienen una mentalidad de auto-protección y exclusivismo”

“Zamboanga ha sido el típico asentamiento urbano que ha ido absorbiendo toda la población de los alrededores, debido a la inseguridad y la pobreza. Los musulmanes son un 35 por ciento de la población, pero aun así hay aquí más musulmanes que en toda la provincia de Basilan [una isla a pocos kilómetros de Zamboanga con mayoría musulmana]. Es una población muy mezclada desde los años setenta,” añade el misionero.

Quizá sea esa “mentalidad de auto-protección y exclusivismo” una parte de la explicación de las fricciones entre las autoridades locales y las organizaciones musulmanas. Arasid Daranda, director de información y comunicaciones del FMLI en Zamboanga, se quejaba a eldiario.es de que “el Gobierno local de Zamboanga está haciendo todo lo que puede para que Zamboanga no entre a formar parte de la República de Bangsamoro.”

Según Darasid Daranda, el FMLI no ha podido abrir una oficina en la ciudad, como ha hecho en las demás poblaciones de Mindanao, debido a la oposición del ayuntamiento: “Ellos mantienen informados a los zamboangueños sobre el referéndum, la ley bangsmoro o las conversaciones de paz, pero no nos permiten hacer lo mismo con los musulmanes e incluso están comprando sus votos.” En cualquier caso, pese a que el FMLI tiene derecho legal a abrir una oficina en Zamboanga, Daranda ha recibido instrucciones de no hacerlo para, según él, “tratar de evitar conflictos” con las autoridades locales.

El incierto futuro de los desplazados

De vuelta en el campo del polideportivo, muchos desplazados expresan su frustración por no poder volver a sus casas y no saber con certidumbre qué les depara el futuro. Tras los enfrentamientos del año pasado, las autoridades decretaron que no se podía construir en algunas de las zonas arrasadas, especialmente algunas que se hallaban cerca de la costa, en las que se hallaban las casas de muchos de los desplazados. El problema afecta particularmente a los bajau, una etnia musulmana de pescadores conocidos como los “gitanos del mar” que vivían en casas de madera construidas directamente sobre el mar. De esas casas solo quedan pilares carbonizados emergiendo en el mar, frente a la costa.

Uno de los afectados por la decisión de no permitir construir en ciertas áreas es Gaman Hassan, un conocido activista local de 38 años que vive en una casa alquilada desde que la suya resultara destruida el año pasado. Hassan ha organizado varias manifestaciones para pedir que los desplazados puedan volver a sus lugares de origen y cree que hay una motivación oculta detrás de la decisión de no permitir volver a sus lugares de origen a los desplazados, en su inmensa mayoría musulmanes: “Creemos que quieren desmantelar las zonas musulmanas en los distritos uno y dos. Puesto que la Ley Básica de Bangsamoro dice que cada barangay puede votar para unirse a la Región Autónoma Bagsamoro, tienen que desmantelarlas. Creo que quieren expulsar a las comunidades de allí. En el barangay de Mariki, muchas casas ardieron cuando los combates ya habían terminado e incluso en lugares en los que no hubo combates.”

La alcaldesa de Zamboanga, María Isabel Climaco Salazar, niega tajantemente ese tipo de acusaciones y asegura a eldiario.es que todo está previsto y la principal consideración es la seguridad de los habitantes de las zonas afectadas. “Hay zonas que hemos denominado de no-construcción o no-retorno. Son lugares geo-peligrosos, en los que, entre los años 2007 y 2013 hubo grandes tormentas y no podemos devolver allí a la gente para que se queden, no podemos devolverles a zonas peligrosas,” explica la alcaldesa en una mezcla entre inglés, español y chabacano.

La alcaldesa asegura que el plan de enviar a los desplazados a diferentes lugares que los de su origen es una medida temporal porque “no tenemos casas en este momento. El plan del presidente Aquino es reconstruir de una forma mejorada. Antes esos eran lugares en los que había tráfico de drogas y no había una sanitación apropiada. Como alcaldesa de la ciudad, esta es nuestra oportunidad de levantar orden en las casas.”

En cualquier caso, la seguridad ha sido un factor a tener en cuenta a la hora de decidir el dónde y el cómo del destino de los desplazados. El almirante Reynaldo Yoma, jefe de la Marina en la región de Mindanao Occidental, reconoció durante una entrevista a eldiario.es: “fuimos consultados por la oficina del ayuntamiento sobre este tema. Estamos tratando de establecer una presencia en esas zonas, construyendo nuestras instalaciones allí. La península de Zamboanga es sumamente porosa, debería haber cierto control por nuestra parte, de tal modo que cualquiera no pueda desembarcar y descargar en esas zonas.”

No en vano, durante el ataque del año pasado muchos miembros del FMLN desembarcaron en algunos de esos barrios. Además, las fuerzas a las órdenes del almirante Yoma se enfrentan a un enemigo más despiadado: el grupo Abu Sayaf. Famoso en la zona tanto por sus secuestros a ciudadanos extranjeros y filipinos como por sus decapitaciones, Abu Sayaf opera fundamentalmente en el archipiélago de Sulu y en Basilan, zonas cercanas a Zamboanga en las que la presencia del Estado filipino es más bien débil.

Abu Sayaf ha jurado lealtad al califa del ISIS y está clasificado como una organización terrorista por numerosos gobiernos y supone otro elemento desestabilizador más en el complejo y explosivo cóctel que conforma el enquistado conflicto de Mindanao, pese a que muchos lo consideran como una mera organización criminal. “No son más que una panda de drogadictos,” afirma con desdén Al-Hussein Caluang, el histórico comandante militar del FMLN.

En este tenso contexto, el futuro de los desplazados internos de Zamboanga sigue estando poco claro y está alimentando cierto resentimiento hacia las autoridades locales. El Padre Ángel Calvo se muestra sumamente crítico con la estrategia del Gobierno y las autoridades locales: “El objetivo es limpiar algunas zonas, al menos esta una oportunidad para hacerlo. No sé qué pretenden hacer después y no creo que ni siquiera tengan un plan. Pero están empleando esta crisis como una oportunidad para limpiar esas zonas.”

Hong Kong se ha convertido en la última semana en un hervidero de protestas, cuya magnitud ha pillado por sorpresa tanto a las autoridades locales como al Gobierno chino. Lo que había empezado como una protesta mayoritariamente estudiantil se ha convertido desde el pasado domingo en un movimiento mucho más generalizado cuando la policía trató de dispersar a los estudiantes usando gases lacrimógenos y gas pimienta.

La represión sólo sirvió para avivar las protestas y, desde entonces, algunas de las principales calles de la ciudad están ocupadas por estos “indignados” hongkoneses en lo que se ha dado en llamar la “revolución de los paraguas”, ya que eso fue lo que los manifestantes utilizaron el domingo para protegerse de los gases empleados por la policía.

Decenas de miles de hongkoneses decidieron unirse a las manifestaciones, convocadas por Occupy Central, un movimiento liderado por un profesor universitario de Derecho, un sociólogo y un pastor baptista, y organizaciones estudiantiles como Scholarism, para pedir un Hong Kong más democrático. Las protestas han adquirido una fuerza que ni siquiera sus organizadores habían esperado. De hecho, hace un mes, Benny Tai, uno de los líderes de Occupy Central, afirmaba en una entrevista para Bloomberg que la campaña de desobediencia civil estaba siendo un fracaso dos días después de haber comenzado.

La exigencia de los organizadores ha sido muy clara desde el principio: la instauración de un auténtico sistema de sufragio universal por el cual los hongkoneses puedan elegir directamente a sus gobernantes en las elecciones de 2017. Desde que el Reino Unido cedió su antigua colonia a China en 1997 bajo el sistema de “un país, dos sistemas”, los candidatos son preseleccionados por el Gobierno chino en Pekín, asegurándose de ese modo que siempre gobierna el enclave un político afín a los intereses del Partido Comunista Chino.

Ahora también exigen la dimisión del jefe ejecutivo del territorio, Leung Chun-ying, un personaje cercano a la adinerada oligarquía hongkonesa y a Pekín. Leung ha sido acusado en numerosas ocasiones de haber pertenecido al Partido Comunista clandestino de Hong Kong y, de ese modo, haber ganado la confianza de los dirigentes en Pekín y construido su carrera política; acusaciones que él siempre ha negado. En cualquier caso, Leung es visto por muchos hongkoneses como un mero títere de Pekín y es posible que, como tal, “su dimisión carezca de importancia”, como señalaba el analista Philip Bowring al diario británico The Guardian.

Un movimiento sin líderes claros

El personaje más conocido de las protestas probablemente sea el joven estudiante de 17 años Joshua Wong, uno de los líderes de Scholarism, que fue detenido el pasado viernes y puesto en libertad el domingo, tras lo cual volvió a ponerse al frente de su organización. Pese a su juventud, Wong es ya un veterano activista: en 2012 lideró una campaña de desobediencia civil en la que cien mil conciudadanos tomaron las calles y consiguieron impedir que las autoridades introdujeran en las aulas hongkonesas un programa de estudios de “educación nacional” diseñado para exaltar las virtudes del Partido Comunista Chino.

Sin embargo, pese a las caras conocidas de Occupy Central y Scholarism, y al igual que otros movimientos ciudadanos recientes como el 15M español o el Occupy Wall Street estadounidense, las protestas carecen de líderes claros y no están organizadas por un solo grupo. Esa acefalía ya ha suscitado las habituales críticas de que el movimiento carece de dirección: el miércoles, el influyente diario South China Morning Post publicaba un editorial en el que hacía un llamamiento a los líderes de los partidos políticos prodemocráticos para que asuman el liderazgo de las manifestaciones y encaucen sus demandas.

Bajo las exigencias de un Hong Kong más democrático subyace un profundo malestar ante las brutales desigualdades sociales del territorio y la creciente falta de oportunidades para la mayoría de sus habitantes. Hong Kong siempre ha sido próspero y es uno de los principales centros financieros del mundo, pero se calcula que el año pasado 1,3 millones de sus habitantes (el 19,6% de la población total) vivían bajo el umbral de la pobreza. Hong Kong tiene un coeficiente Gini, que mide la desigualdad de ingresos, de 0,53, el más elevado de todas las economías desarrolladas del mundo.

De colonia británica a colonia china

La brecha entre ricos y pobres no ha hecho más que crecer desde que el Reino Unido cedió en 1997 Hong Kong a China. En 1984, los gobiernos chino y británico acordaron los términos de la cesión del territorio a China, sin ninguna consulta a la población hongkonesa. Para apaciguar los temores de que Hong Kong fuera totalmente absorbida por el sistema político chino, Hong Kong tendría un estatus administrativo diferente al del resto de China, con lo que disfrutaría de una serie de libertades (por ejemplo, de prensa) impensables en la China continental y un Gobierno semiautónomo.

Ese arreglo también beneficiaba al Gobierno de Pekín, que quería convertir Hong Kong en su ventana financiera al mundo. Pero el Gobierno chino necesitaba mantener la colonia bajo control, por lo que mantuvo el sistema colonial de designación del jefe ejecutivo (el gobernador del enclave) y del poder legislativo hongkoneses, y, aunque en 1990 se comprometió a que en algún momento serían elegidos por sufragio universal, no llegó a fijar una fecha determinada y ha evitado la cuestión desde entonces. Desde el traspaso, Pekín hace y deshace a su antojo en la escena política hongkonesa.

Mientras tanto, el Partido Comunista Chino cultivó una fuerte alianza con los oligarcas hongkoneses con el doble objetivo de controlar la economía y, después de las protestas de Tiananmen de 1989, tener fuerza suficiente para desactivar cualquier movimiento prodemocrático que pudiera surgir tras el traspaso. En este contexto, las protestas de estas semanas no son las primeras que se producen desde el traspaso hace 16 años, pero representan el mayor desafío al que se enfrenta el Gobierno chino en Hong Kong desde entonces.

El Gobierno chino y el sector financiero se ponen nerviosos

Las protestas también están afectando a los mercados financieros de toda Asia, y sus efectos incluso se están haciendo notar a nivel global, como no podría ser de otra forma tratándose Hong Kong de la tercera capital financiera del mundo. En este caso, los intereses y preocupaciones del Partido Comunista Chino y las grandes compañías financieras son coincidentes. Ya a finales de junio, las cuatro mayores auditoras del mundo publicaron un anuncio conjunto en varios periódicos hongkoneses advirtiendo del peligro que podía suponer Occupy Central para los mercados financieros.

Pekín ya ha anunciado que se niega a ceder en ninguna de las demandas de los manifestantes y ha acusado a los organizadores de “extremistas” y de servir a “intereses extranjeros”. Pekín reprime duramente cualquier muestra de disidencia y el fantasma de la masacre de Tiananmen en 1989 está muy presente en la mente de muchos.

No obstante, conscientes de que no se pueden permitir un baño de sangre en una capital financiera mundial como Hong Kong, los líderes chinos parecen haber adoptado una estrategia diferente. Descartada la opción de enviar al ejército chino a las calles del territorio autónomo, se cree que el Gobierno chino, liderado por el todopoderoso Xi Jinping, ha ordenado al jefe ejecutivo Leung Chun-ying que no emplee la violencia para sofocar las protestas y que espere a que la población se canse y deje de apoyar al movimiento.

En cualquier caso, las autoridades chinas están haciendo todo lo posible para que no se produzca un efecto de contagio en el resto de China. Los medios de la China continental, todos controlados por el Gobierno, critican invariablemente las protestas en Hong Kong y a sus organizadores; la red social china Weibo censura cualquier comentario sobre ellas y la policía china ya ha detenido a trece personas por apoyar las manifestaciones.

Muchos hongkoneses saben que en estas semanas podría decidirse la posibilidad de que Hong Kong llegue a ser una democracia en el futuro, pero el Gobierno chino también es consciente de que no sólo está en juego su control sobre Hong Kong, sino el mantenimiento del status quo en toda China.

La División de Operaciones Psicológicas del Ejército tailandés organizó el pasado miércoles un festival para “llevar de vuelta la felicidad al pueblo” en la plaza del emblemático Monumento a la Victoria, en Bangkok. En un escenario, una banda militar interpretaba versiones de los Creedence Clearwater Revival o canciones tradicionales tailandesas. No lejos de allí, soldados con uniformes de diferentes cuerpos posaban para que los tailandeses se pudieran sacar fotos con ellos. Además, el ejército tailandés ofrecía comida gratis a los transeúntes.

El Ejército está organizando espectáculos como estos en toda Tailandia con el objetivo de mostrar su cara más amable dos semanas después de dar el duodécimo golpe de Estado desde que el país dejó de ser una monarquía absoluta en 1932.

En días anteriores, el Monumento a la Victoria había sido el punto de encuentro de los opositores al golpe, que raramente llegaron a superar los 300 o 400. El Ejército detuvo a varios manifestantes y se produjeron varios enfrentamientos, pero no hubo heridos de gravedad en ningún momento. A menudo, la policía actuó de mediadora entre manifestantes y soldados, calmando situaciones potencialmente explosivas.

En una ocasión, un oficial estuvo insultando durante horas a los manifestantes y a los numerosos periodistas extranjeros allí presentes, acusando a los primeros de estar pagados por el exprimer ministro Thaksin y tildando a los segundos de “canallas”, pero sus insultos no provocaron una reacción violenta por parte de los manifestantes.

El tercer día de protestas, los manifestantes atacaron un vehículo militar cuando los militares detuvieron a uno de ellos. Finalmente, consiguieron expulsar a los soldados y se fueron a sus casas tras celebrar una victoria más bien pírrica.

Al día siguiente, por la tarde, la plaza del Monumento a la Victoria y las calles aledañas estaban completamente tomadas por unos 1.300 soldados y policías. Las dos únicas protestas fueron la de dos mujeres que sostuvieron carteles contra el golpe y Prayuth y fueron detenidas por los militares inmediatamente y la de un ciudadano belga que fue arrestado por la policía.

La lenta gestación del golpe

La calurosa tarde del 22 de mayo en Bangkok, el general Prayuth Chan-ocha, jefe de las fuerzas armadas tailandesas, presidió en el Club del Ejército de Bangkok una reunión de ministros del Gobierno, líderes de sus partidarios (los llamados camisas rojas) y de los dirigentes de la oposición que habían organizado las protestas antigubernamentales que se habían prolongado durante meses en la capital tailandesa.

Dos días antes, el general había declarado la ley marcial en todo el territorio tailandés, sin consultar al Gobierno en funciones y aplicando una ley aprobada en 1914, cuando Tailandia era una monarquía absoluta. El 22 había vuelto a sentar por segundo día consecutivo a encarnizados rivales políticos con el objetivo de llegar a un acuerdo para sacar a Tailandia del punto muerto en el que se halla sumida desde hace meses. El general estaba perdiendo la paciencia y lo había dejado muy claro el día anterior: a cuatro meses de su jubilación obligatoria, no se jubilaría si no eran capaces de llegar a un acuerdo, una amenaza clara de que estaba dispuesto a tomar el poder.

Aquella tarde, cuando los rivales políticos fueron incapaces de llegar a un acuerdo, el general Prayuth tomó la decisión definitiva: anunció que tomaba el poder, hizo detener a todos los presentes y se hizo con el poder en apenas unos minutos.

Miles de opositores al Gobierno de Yingluck Shinawatra habían ocupado algunos de los puntos neurálgicos de Bangkok desde noviembre del año pasado. Los opositores estaban liderados por el ex viceprimer ministro Suthep Thaugsuban, al frente del Comité Popular de Reforma Democrática (CPRD), y pedían la disolución del Gobierno y la creación de un nuevo Gobierno nombrado por el rey que llevara a cabo un proceso de reformas, cuyo contenido nunca llegó a quedar del todo claro.

El único objetivo evidente del CPRD es el de erradicar lo que califican como el “régimen de Thaksin”, en referencia al hermano de Yingluck, exprimer ministro y multimillonario que revolucionó la política tailandesa a principios de este siglo con sus políticas populistas, cuyas formaciones políticas han ganado todas y cada una de las elecciones celebradas en Tailandia desde 2001, incluso después de ser expulsado del poder por un golpe de Estado en 2006, y que ejercía una considerable influencia en el Gobierno de su hermana desde Dubái, dónde vive exiliado desde 2008 para evadir una condena de dos años de cárcel por un caso de abuso de poder.

Thaksin también era un autócrata que gobernaba con mano de hierro y se enriqueció considerablemente durante su mandato. Además, se granjeó la enemistad de las élites bangkokianas tradicionales, cuyo poder y privilegios tradicionales se vieron amenazados por su ascenso. Esas élites han hecho todo lo posible para precipitar su caída, pese a que Thaksin cuenta con un considerable apoyo popular en el norte y el noreste del país, las zonas más pobres y populosas del país, lo que ha abierto una profunda fisura en la sociedad tailandesa.

Las protestas del CPRD fueron fundamentalmente pacíficas, pero se produjeron esporádicos episodios de violencia en los que murieron 28 personas en total y que han sido citados por el ejército como una de las razones para dar el golpe de Estado.

La primera ministra había disuelto el parlamento en diciembre, convocado nuevas elecciones y finalmente había sido depuesta por el Tribunal Constitucional a principios de mayo, por un caso de abuso de poder en el nombramiento de un alto funcionario, en lo que muchos han calificado de “golpe de Estado judicial”. Pero los representantes del CPRDD en el Club del Ejército, que se negaron a negociar con el Gobierno desde el principio de las protestas, no estaban dispuestos a retirar su exigencia de que el Senado, cuya mitad es nombrada por el ejército, nombrara un nuevo primer ministro, empeñados en que se produzca un proceso de “reformas antes de las elecciones” en el que no quieren que participen los socios políticos de Thaksin.

La crisis que ha conducido al golpe se ha prolongado desde hace al menos nueve años y es sumamente compleja. Las políticas sociales de Thaksin Shinawatra, que sus adversarios han tildado de populistas, tuvieron como efecto un cierto despertar político de la población rural del norte y el noreste del país, regiones históricamente abandonadas a su suerte por el poder fuertemente centralizado en Bangkok. Además, Thaksin es un advenedizo que no pertenece a la élite que tradicionalmente ha gobernado el país, un advenedizo que consiguió un poder sin precedentes en un ministro. No son pocos los analistas que creen que, en el fondo, la disputa política gira en torno a quién tendrá las reinas del país cuando muera el venerado rey Bhumibol Adulyadej, de 86 años, y llegue el delicado momento de la sucesión real.

En los últimos meses, el ejército ha tratado de presentarse como un árbitro imparcial entre las dos partes, pero pocos creen que lo sea. “Es ilusorio creer que los militares sean imparciales y puedan desempeñar el papel de mediadores. El ejército ha sido una de las partes del prolongado conflicto tailandés y ha colaborado estrechamente con el CPRD, que trató de crear una situación de ingobernabilidad que preparase el terreno para que los militares intervinieran políticamente. Se sabe desde hace tiempo que el ejército no les tiene ningún cariño ni a Thaksin ni a los camisas rojas”, asegura a ElDiario.es Pavin Chachavalpongpun, politólogo tailandés y profesor asociado de la Universidad de Kioto.

“Se han dado diversos pasos para debilitar al Gobierno: primero fueron las manifestaciones callejeras, después el golpe judicial, después la ley marcial y, finalmente, el golpe de Estado. Es posible que se evitara llegar a un acuerdo en las reuniones de forma intencionada. Al fin y al cabo, las elecciones no son una prioridad para los militares, pero eliminar la influencia política de Thaksin sí lo es”, añade Pavin.

De hecho, el portavoz del ejército, Weerachon Sukhondhadhpatipak, declaró recientemente en una entrevista a Voice of America que uno de los objetivos del golpe era eliminar la influencia de Thaksin Shinawatra en la política tailandesa. Y, haciéndose eco de las demandas del CPRD de “reforma antes de elecciones”, el general Prayuth declaró hace dos semanas que no será posible convocar elecciones hasta dentro de al menos 15 meses, un plazo muy similar al propuesto por el CPRD.

No es de extrañar que hayan aparecido fotografías en las redes sociales de la plana mayor del CPRD celebrando una fiesta tras el golpe, un par de días después de que el ejército liberase a su líder, Suthep, con algunos de ellos vistiendo camisetas militares del antiguo regimiento del general Prayuth.

Tensa calma en Bangkok

Inmediatamente después del golpe, el general Prayuth creó el Comité Nacional para la Paz y el Orden, que impuso el toque de queda, disolvió el Senado y emitió un decreto tras otro prohibiendo reuniones públicas de más de cinco personas o imponiendo la censura más estricta en los medios. Además, asumió el control de todas las cadenas de televisión y declaró que algunos delitos de naturaleza política, como el de lesa majestad, serán juzgados por tribunales militares. También ha detenido a numerosos políticos, académicos y periodistas críticos con el golpe.

Muchos de ellos, incluida Yingluck, han sido liberados tras firmar documentos en los que prometen no oponerse al golpe, pero otros aún no y se desconoce el paradero de muchos de ellos y el número exacto de detenidos en los bastiones tradicionales de los camisas rojas del norte del país.

El ejército también disolvió las protestas que había en Bangkok en aquel momento. Una manifestaciónde camisas rojas en las afueras de Bangkok fue rodeada por soldados, y algunos oficiales tomaron el escenario desde dónde lanzaban sus discursos los líderes “rojos”, los arrestaron y pidieron a todo el mundo que volviera a sus casas.

El ambiente era más relajado en una protesta del CPRD en el centro de la ciudad. Allí se podía apreciar claramente un sentimiento de victoria entre los manifestantes, con algunos de ellos tomándose fotos con los soldados. Por la noche, el ejército puso a su disposición autobuses para transportar a muchos de los manifestantes a las provincias del sur de donde procedían, zonas dominadas por Suthep y el Partido Demócrata al que antes pertenecía.

“No me gusta llamar a esto golpe de Estado, el ejército ha tomado cartas en el asunto para introducir reformas y asegurar que haya paz en el futuro,” dijo a eldiario.es Ploy, una bibliotecaria de 56 años que había estado participando durante meses en las protestas del CPRD. “Ahora estoy más contenta que antes, me fio mucho más del ejército que de Yingluck.”

Sin embargo, las protestas contra el golpe no se han hecho esperar. La primera tuvo lugar un día después de la asonada, en el emblemático Monumento a la Democracia, en el centro de Bangkok. Unos cincuenta estudiantes, en su mayoría de la Universidad de Thammasat, convocaron una protesta aquella mañana. Entre ellos se encontraba Panitan Prueksakasemsuk, un licenciado de Derecho de 22 años, hijo del conocido activista camisa roja Somyot Prueksakasemsuk, condenado el año pasado a 11 años de cárcel por lesa majestad tras haber publicado en la revista que editaba un artículo, escrito por otra persona, considerado ofensivo a la monarquía.

“Los ciudadanos tenemos derecho a vivir en una democracia, este golpe nos ha despojado de nuestros derechos, por eso estamos aquí, para expresar nuestra oposición al golpe,” dijo Panitan a eldiario.es. “Me temo que pueden arrestarme por protestar, pero es algo que tenemos que hacer,” añadió. Tan solo dos días después, Panitan fue detenido junto a su madre durante diez horas por los militares.

La protesta más multitudinaria hasta elmomento tuvo lugar el domingo 25 de mayo y fue organizada por el conocido activista Sombat Boongamanong. Sombat, que negó a entregarse a la junta militar y estuvo lanzando constantemente mensajes en las redes sociales diciendo “atrapadme si podéis”, logró convocar a unas tres mil personas en el momento álgido de la protesta, si bien no participó en ella. El punto de encuentro era un McDonalds en el barrio comercial de la ciudad, lo que ha provocado una declaración pública de McDonalds Tailandia distanciándose de las protestas. Tras unas horas, los manifestantes se desplazaron al Monumento a la Victoria, a pocos kilómetros. No hubo violencia, aunque sí varias escenas de tensión entre los manifestantes y soldados desplegados en ambas zonas.

Sombat trató de organizar nuevas protestas el domingo, pidiendo a sus partidarios que usaran el gesto de levantar tres dedos, inspirado en la saga Los juegos del hambre. Pero las manifestaciones estuvieron poco concurridas y fueron rápidamente disueltas por el ejército. La junta militar ya ha prohibido el gesto de los tres dedos y el jueves detuvo a Sombat, quedando así fuera de juego el único activista que había organizado cierta oposición al golpe.

Con la mayoría de líderes y activistas detenidos o controlados por el ejército y las redes sociales estrechamente vigiladas, es poco menos que imposible organizar una oposición fuerte al golpe. La censura hace extremadamente difícil saber cuántos tailandeses se oponen al golpe y, dejando aparte un toque de queda y la presencia de militares en las calles, la vida parece seguir su curso ordinario en Bangkok.

Sin embargo, numerosos observadores que presenciaron el golpe de Estado de 2006 con los que ha hablado eldiario.es coinciden en que la oposición al golpe ha sido más rápida y numerosa que en aquella ocasión. El politólogo Pavin Chachavalpongpun, que también ha sido citado por la Junta para que se presente ante ella, pese a residir en Japón, diagnostica: “Creo que el régimen militar se aferrará al poder por algún tiempo. Y cuanto más tiempo estén en el poder, más gente saldrá a la calle. Encualquier caso, fue el golpe de 2006 lo que hizo que naciera el movimiento de los camisas rojas, por lo que los ‘rojos’ siempre han tenido una ideología anti-golpista. La reacción podría ser muy fuerte y provocará otra ronda de violencia política.”

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En el Estado de Arakan, en el noroeste de Birmania, decenas de miles de personas viven confinadas en campos de desplazados internos desde que estalló una oleada de violencia en junio de 2012 entre la comunidad arakanesa budista mayoritaria y la minoría musulmana rohingya.

La mayoría de los desplazados, unos 140.000, son rohingyas que dependen únicamente de la ayuda de agencias humanitarias y ONG internacionales para sobrevivir.

A finales de marzo, los ataques de turbas de extremistas budistas arakaneses a oficinas de ONG internacionales y agencias humanitarias derivaron en la evacuación del personal por parte de las autoridades.

Relator saliente de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Birmania: “Se están cometiendo crímenes contra la humanidad” y “hay elementos de genocidio en el Estado Rakhine [Arakan]”.

Una ambulancia se lleva a un hombre gravemente herido con la cabeza cubierta de sangre mientras sus enemigos queman su camiseta roja entre vítores. Pocos minutos antes, le habían despojado de su camiseta y lo habían llevado al centro de la calle desde unos soportales. Allí, algunos le rodearon para protegerlo hasta que llegaran los servicios médicos mientras otros intentaban darle patadas en la cabeza, en un par de ocasiones con éxito. Cuando la ambulancia desaparece calle abajo, el grupo vuelve a unirse a la batalla callejera que llevan un par de horas librando en la noche de Bangkok.

La violencia ha vuelto a las calles de la capital tailandesa después de tres años de relativa calma. En el último episodio del círculo vicioso político en el que está atrapada Tailandia desde que el controvertido ex primer ministro Thaksin Shinawatra fuera derrocado por un golpe de Estado militar en 2006, la noche del sábado murieron cuatro personas y 61 resultaron heridas durante enfrentamientos entre sus seguidores, los llamados camisas rojas, y sus opositores en las inmediaciones del estadio de Rajamangala.

“Odio a los camisas rojas, son todos mala gente”, me decía algunas horas antes en el estadio de la universidad un estudiante que se hacía llamar John, poniendo así de manifiesto la profunda brecha que ha dividido la sociedad tailandesa al menos desde el golpe de 2006.

En aquella ocasión, precipitaron la asonada unas multitudinarias manifestaciones contra Thaksin en Bangkok. Estaban lideradas por la Alianza del Pueblo para la Democracia (PAD) y los manifestantes, en su mayor parte miembros de la clase media bangkokiana, funcionarios y habitantes del sur del país, eran conocidos como camisas amarillas, por el color de sus camisetas, vinculado al anciano rey Bhumibol Adulyadej.

Los camisas amarillas se quejaban de que Thaksin, un magnate de las telecomunicaciones que posee una de las fortunas más grandes del país, estaba usando el poder para su propio beneficio y se estaba volviendo cada vez más autoritario. Otra acusación dirigida contra Thaksin y seguidores es la de socavar el prestigio del rey y querer instaurar una república, anatema en un país en el que el monarca es poco menos que un semidiós y hasta la crítica más suave a la realeza está duramente castigada por la ley.

Pero lo que realmente molestaba a las elites de Bangkok vinculadas a la monarquía que tradicionalmente han gobernado el país es que Thaksin, un advenedizo de origen chino que procede de Chiang Mai y no de la capital, estaba amenazando su poder. Además, estaba introduciendo a hombres de confianza en el ejército para controlarlo.

Pero, tanto entonces como ahora, pocos protestaron por las políticas más brutales de la era Thaksin: la guerra contra las drogas que lanzó en 2003 y que saldó con casi tres mil ejecuciones extrajudiciales en tres meses y sus políticas en las provincias de mayoría malayo-musulmana del sur, que desencadenaron una insurgencia y contrainsurgencia que se ha saldado con más de cinco mil muertes desde 2004.

El poder de la antigua elite de Bangkok se apoya en el ejército y en la monarquía. El ejército tailandés no ha librado ninguna guerra contra un país vecino desde hace más de dos siglos, pero tiene un peso enorme en la vida política tailandesa y ha ejecutado 19 golpes de Estado, si bien algunos fallidos, desde 1932. El rey es considerado prácticamente un semidios por muchos tailandeses gracias a una fuerte campaña de propaganda que se ha prolongado durante más de cinco decenios.

Para hacerse con el poder y mantenerlo, Thaksin tenía que utilizar otros medios, y estos consistían en ganarse a las masas de votantes. Sus políticas sociales electoralistas incluyeron un sistema sanidad pública casi gratuito subvenciones a los agricultores. Cumplió algunas de sus promesas y eso hizo que los sectores sociales más empobrecidos del país, sobre todo en la atrasada región de Isán, en el noroeste del país, sintieran por primera vez que se les escuchaba en Bangkok.

Sin embargo, los detractores de Thaksin le acusan de comprar votos, una práctica común en Tailandia de la que son culpables todos los partidos, a masas ignorantes de campesinos incapaces de comprender las realidades políticas del país. También acusan a los camisas rojas de ser meros títeres del ex primer ministro, negándoles así toda legitimidad.

De este modo, pese a la intervención del ejército, a que la Junta militar que gobernó el país durante un año después del golpe escribió una Constitución a su medida, a la disolución de su partido y a que Thaksin está exiliado en Dubái para evitar cumplir una condena de dos años de cárcel por un delito de corrupción, los partidos políticos que ha ido organizando han conseguido ganar todas las elecciones que se han convocado desde entonces. No en vano, Thaksin fue el único primer ministro de la historia del país reelegido en unas elecciones, en 2005 y por una amplia mayoría.

En las últimas elecciones, celebradas en 2011, la ganadora fue su hermana, Yingluck Shinawatra, una empresaria de 46 años sin ninguna experiencia política previa a la que Thaksin calificó como su “clon”. La primera ministra, una mujer de modales suaves y una actitud mucho más conciliadora que la del agresivo Thaksin, concurrió a los comicios con el Partido Puea Thai, uno de cuyos lemas electorales era “Thaksin piensa, el Puea Thai actúa”.

Los opositores al Gobierno llevan manifestándose desde hace semanas, cuando trató de aprobar una ley de amnistía que hubiera posibilitado la vuelta al país de su hermano. El Parlamento finalmente bloqueó la ley, pero las protestas continuaron y ampliaron su objetivo. A partir de entonces se trataba de “derribar el régimen” de Thaksin, quien muchos creen que dirige el Gobierno desde su exilio en Dubái.

“Thaksin ha destruido el país y al rey. Un extranjero no puede entender lo que nosotros sentimos por el rey. Thaksin y los suyos acusan al rey de ser rico, pero es rico porque los tailandeses le hemos dado el dinero. Sin embargo, Thaksin es rico porque ha robado y ha utilizado su poder para beneficiarse económicamente”, comentaba el sábado Narvemon Warkman, una profesora de inglés de 38 años procedente de la provincia de Ubon que lleva más de dos semanas viviendo en el campamento que los opositores al Gobierno han establecido en el centro de la ciudad.

Irónicamente, el líder de las protestas, Suthep Thaugsuban, también se habría beneficiado de la amnistía. Suthep era el vice primer ministro cuando los camisas rojas tomaron las calles de Bangkok en 2010. En aquel momento gobernaba el Partido Demócrata de Suthep, después de que el Tribunal Constitucional disolviera un Gabinete afín a Thaksin elegido en las urnas dos años antes, en lo que algunos calificaron de “golpe de Estado judicial”. En 2010, el Gobierno envió al ejército para disolver las protestas. 90 personas murieron y centenares resultaron heridas cuando los militares emplearon la fuerza, incluyendo a francotiradores que dispararon contra civiles desarmados.

La amnistía incluía a todos los políticos implicados en la crisis política que arrastra el país desde 2006, excepto a los acusados de injurias al rey. Suthep y el entonces primer ministro Abhisit Vejjajiva han sido acusados de asesinato por el Departamento de Investigaciones Especiales (DSI) por haber ordenado el asalto del ejército en 2010 y la amnistía habría supuesto la retirada de esa acusación, lo que hizo que muchos camisas rojas también se opusieran a ella.

El pasado 12 de noviembre, el día en que el Senado votó la Ley de Amnistía, Suthep decidió dimitir de su puesto como diputado y se transformó en un líder revolucionario al ponerse al frente de las manifestaciones para derribar al Gobierno. A partir de entonces, las protestas comenzaron a cobrar fuerza. La semana pasada, los opositores al Gobierno tomaron el Ministerio de Finanzas y otros edificios oficiales en la capital y asediaron algunos otros con la intención de paralizar el Gobierno.

La noche del jueves, Suthep anunció su plan para una nueva política en Tailandia: un nuevo régimen que pondría en suspenso la democracia durante un periodo de transición, reduciría el número de cargos electos y estaría liderado por un “Comité del pueblo para una democracia absoluta bajo la monarquía constitucional” encabezado por el propio Suthep. El jueves pidió que los manifestantes tomaran los edificios públicos en la capital y declaró el domingo “Día de la Victoria”. El secretario general del Partido Demócrata, Abhisit Vejjajiva, decidió apoyar explícitamente las protestas y pidió a todos los tailandeses que se unieran a ellas.

Mientras tanto, los camisas rojas organizaron una manifestación en el estadio de Rajamangala para mostrar su apoyo al Gobierno. Unos 50.000 se congregaron en el estadio, fuertemente protegido por la policía. Por la tarde, mientras los camisas rojas iban llegando, varios miles de estudiantes anti-gubernamentales se congregaban cerca de allí, en el campus de la Universidad de Ramkhamhaeng.

Algunos grupos de estudiantes vigilaban la avenida que conduce al estadio en busca de camisas rojas, apalearon a varios de ellos, atacaron un taxi y un autobús urbano que se dirigía al estadio, destrozándolo en medio de un atasco mientras en su interior un grupo de mujeres suplicaba por su vida. Por la noche, las tensiones alcanzaron su punto álgido, cuando grupos de camisas rojas y estudiantes lucharon entre sí detrás del estadio durante horas hasta que intervino la policía.

Durante los últimos tres días, unos 30.000 opositores al Gobierno se sumaron al llamamiento de Suthep y trataron de tomar la Casa del Gobierno y el Cuartel General de la Policía Metropolitana de Bangkok, fuertemente protegidos por muros de hormigón erigidos por la policía y centenares de agentes antidisturbios tras ellos.

Los manifestantes trataron de cruzar los muros durante dos días mientras la policía repelía los ataques con gases lacrimógenos y cañones de agua, pero todos los intentos resultaron infructuosos hasta que la policía les abrió las puertas el martes por la mañana para aliviar las tensiones. Los seguidores de Suthep incluso ocuparon brevemente la Casa del Gobierno.

Sin embargo, el “día de la victoria” anunciado por Suthep no se ha materializado todavía, pero la primera ministra se vio obligada a ocultarse el domingo en una localización secreta para evitar un posible atentado. Ambos se reunieron la noche del domingo en presencia de varios generales del ejército, entre ellos el jefe del Ejército, el general Prayuth Chan-ocha. Yingluck ofrecido a Suthep negociar, pero éste rechazó su oferta y, en una rueda de prensa posterior a su encuentro, declaró que esa era la última vez que se reunía con ella y que no lo había hecho para negociar, sino para darle un ultimátum: disolver el Gobierno antes de 48 horas.

Yingluck ofreció una rueda de prensa el lunes en la que reiteró su oferta de negociaciones y aseguró que su Gobierno no emplearía la violencia. Se mostró dispuesta a dimitir si era necesario para asegurar la paz en el país, pero rechazó el plan de Suthep para cambiar la política tailandesa y declaró que no podía actuar fuera de los límites de la Constitución.

Mientras tanto, el lunes los manifestantes retomaban el asedio a los edificios del Gobierno, así como el contra-asedio de la policía con gases lacrimógenos y cañones de agua. Desde que comenzaran las protestas, la policía ha hecho todo lo posible para evitar un enfrentamiento violento que pudiera dar pie a los militares a dar un golpe de Estado. Los vínculos entre Thaksin y la policía son bien conocidos y, en general, los agentes se inclinan más por el lado de los camisas rojas que por el de la oposición. Mientras tanto, los rumores de un golpe de Estado son constantes y todos se preguntan cuál será el próximo movimiento del ejército, que en principio se decantaría por el lado de los manifestantes.

Tras la violencia de los últimos días, se ha declarado una tregua en las calles con motivo del cumpleaños del rey, que cumple 86 años este jueves. Pero Suthep y sus seguidores parecen empeñados en derribar el Gobierno a toda costa, aunque no está clara su estrategia más allá de llevar las tensiones al límite para forzar al ejército a actuar.

Si se produce un golpe de Estado, ya sea militar o “judicial”, no cabe ninguna duda de que los camisas rojas no se quedarían de brazos cruzados y podría producirse otra ronda de enfrentamientos. “El pueblo está aquí, no en la universidad”, decía el sábado en el estadio de Rajamangala Thida Thavornseth, la líder de la principal organización de los camisas rojas, el Frente Unido por la Democracia y contra la Dictadura (UDD). “Si el Gobierno es incapaz de controlar la situación, será el pueblo el que actúe”.

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La madrugada del pasado 29 de noviembre, centenares de campesinos y monjes budistas estaban protestando en el distrito de Monywa, en el centro de Birmania, cuando la policía irrumpió para desalojar los campamentos y monasterios que ocupaban desde hacía semanas. Al alba y sin apenas aviso previo, la policía empleó toda su fuerza para dispersarlos. Al terminar el brutal asalto, 67 personas, la mayoría monjes, yacían heridas sufriendo horribles quemaduras.

Las autoridades alegaron que las quemaduras fueron consecuencia del uso de una partida defectuosa de gas lacrimógeno. Sin embargo, algunas organizaciones locales han realizado investigaciones sobre el terreno y aseguran que la policía empleó fósforo blanco para desmantelar los campamentos.

Menos de dos años después de que el régimen militar que llevaba gobernando Birmania desde hacía cinco decenios emprendiera un proceso de reforma política hacia una “democracia disciplinada” en la que el Gobierno es oficialmente civil, pero el ejército continúa ejerciendo una enorme influencia, aquel ataque contra monjes y civiles desarmados hizo recordar a muchos tiempos pasados, especialmente la brutal represión de la llamada “revolución de azafrán” liderada por monjes budistas en 2007.

Los habitantes de la zona estaban protestando contra la ampliación de la mina de cobre de Letpadaung, el complejo minero más grande del país, explotado conjuntamente por la Union of Myanmar Economic Holdings Ltd (UMEHL), un gigantesco conglomerado empresarial propiedad del ejército birmano, y Myanmar Wanbao, subsidiaria de Norinco, una empresa de armamento china. Wanbao le compró su participación en 2010 a Ivanhoe Mines, una compañía canadiense que llevaba explotando la mina desde 1996.

El impacto de la mina

Para realizar la ampliación de la mina, el Gobierno está expulsando de sus tierras a centenares de agricultores que llevaban cultivándolas desde hacía generaciones. Algunos de ellos se negaron a firmar los papeles que les presentaron las autoridades para ceder las tierras, muchos otros firmaron bajo presión, siendo poco conscientes de lo que estaban haciendo y recibiendo a cambio compensaciones con las que resulta imposible comenzar una nueva vida en otra parte.

Durante una entrevista a eldiario.es realizada en Rangún a mediados de julio, Saw Kyaw Min, el joven abogado de algunos de los agricultores, afirmó que las compensaciones se basan en una tasación obsoleta de la tierra realizada por los británicos durante la época colonial, que finalizó en 1948. Por otro lado, en otros casos ni siquiera ha habido compensaciones y el Gobierno se ha limitado a declarar tierra no cultivable algunos terrenos que antes sí lo eran.

La mina está dando poco empleo a la población local. La mayoría de los empleados, y especialmente los más cualificados, son trabajadores llevados desde China y alojados en barracones rodeados de alambradas de espino y equipados con aire acondicionado, un lujo con el que ninguno de los habitantes de la zona podría siquiera soñar.

El caso de Letpadaung no es único. Al igual que está sucediendo en los últimos años en otros países del Sudeste Asiático como Laos o Camboya, en otras partes de Birmania muchos ciudadanos están siendo expulsados de sus tierras en nombre de un desarrollo económico que resulta prometedor sólo para unos pocos.

Más allá de las expropiaciones, el impacto de la mina sobre el medio ambiente y la salud de la población es enorme y a veces muy visible. Debido a los ácidos que se han filtrado en el suelo y las aguas subterráneas, algunas tierras ya no son fértiles o es necesario transportar el agua desde lugares lejanos para regar los campos, con el consiguiente incremento de los costes.

Algunos agricultores se han visto obligados a adaptarse a las circunstancias y a producir cobre en sus pequeños terrenos. Este es el caso de Ko Nyo, un hombre de 48 años que ahora mantiene a sus dos hijos y a su mujer produciendo cobre en su parcela mediante un laborioso proceso y vendiéndolo en un pueblo cercano. De una tierra que antes le daba 150.000 kyats (unos 150 euros) mensuales, ahora solo puede extraer unos 600 kilogramos de cobre al mes, que sólo le rinden un beneficio de 90.000 kyats (90 euros).

Además, la contaminación está causando no pocas enfermedades respiratorias y de la piel, como la que sufre Ma Myint Myint, una mujer de 42 años que, tras ducharse con aguas contaminadas, tiene unas dolorosas úlceras en la piel. Puesto que la sanidad pública en Birmania es poco menos que inexistente y no se puede permitir la privada, no recibe más tratamiento que un ungüento que apenas sirve para mitigar el dolor.

Los agricultores resisten solos

Los agricultores resisten solos Pese a las presiones, muchos de los habitantes de la zona están dispuestos a resistir hasta el final, conscientes de que si pierden sus tierras, lo pierden todo. No sólo continúan organizando protestas con cierta regularidad, sino que algunos siguen cultivando la tierra, pese a que las autoridades les han prohibido hacerlo; un acto de resistencia cotidiana por el que se arriesgan a ser detenidos.

La presencia de la policía es constante durante el día en toda la zona, pero por las noches los pueblos sólo pertenecen a sus habitantes. En un par de ellos se organizan patrullas y defensas para impedir la entrada a las fuerzas de seguridad y proteger así a los activistas que organizan las protestas y huyen de la policía. Algunos de los organizadores ya han sido juzgados y encarcelados. La última es la activista Naw Ohn Hla, condenada a finales de agosto a dos años de trabajos forzosos por haber convocado una protesta a principios del mes pasado.

Algunos de esos activistas proceden de otras ciudados, pero los agricultores de Monywa se sienten solos en su lucha y a veces no es difícil detectar una sombra de derrotismo en sus rostros. Para ellos, el gran mazazo llegó en marzo, cuando percibieron que les había dejado de lado Aung San Suu Kyi, la líder de la oposición democrática birmana durante el último cuarto de siglo y la persona en la que una gran parte de la población ha depositado todas sus esperanzas durante años. Con las reformas políticas, ahora Suu Kyi forma parte del Parlamento y está tratando de acercarse al nuevo Gobierno semicivil, formado por antiguos generales de la dictadura, en un intento de obtener algún día la presidencia del país.

Poco después del brutal ataque de la policía a los campamentos, el Gobierno creó una comisión para investigar el incidente y la viabilidad del proyecto. La presidencia de la investigación le fue encomendada a Suu Kyi. La comisión publicó su informe en marzo y a finales de aquel mes, Suu Kyi viajó a la zona para presentarlo. Aún admitiendo que la mina tiene un impacto negativo en la zona y que crea poco empleo para la población local, la diputada les pidió a los agricultores que abandonaran las protestas y aceptaran la ampliación. El argumento que esgrimió consistió en que es preciso respetar los acuerdos cerrados con la empresa china en aras del interés y el prestigio nacionales, pasando por alto que estos se realizaron sin ninguna transparencia y sin consultar a los habitantes de la zona.

La postura de Suu Kyi defraudó las expectativas de los agricultores de la zona, que esperaban que defendiera sus intereses frente a los del gran capital chino y birmano. Por primera vez en la historia reciente del país, pudieron verse escenas de gente gritando e imprecando a “la Dama”, como se la conoce popularmente en Birmania, e incluso acusándola de traidora. Y no se trataba de gente pagada por el Gobierno.

Cuando viajé a Monywa, todos los habitantes con los que hablé se mostraron amargamente decepcionados con Suu Kyi y muchos de ellos afirmaron sentirse traicionados y solos en su lucha. La única excepción era Thein Aung, un agricultor de 53 años que dijo que no se había sentido decepcionado porque, en realidad “nunca había creído en ella”. Como muchos otros, Thein Aung admitía que los agricultores de Monywa están prácticamente solos y tienen todas las de perder, pero estaba dispuesto a continuar la lucha. “No tenemos otra opción”, senten

ció.

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El pasado 15 de agosto se cumplió el cuadragésimo aniversario de la última misión de bombardeo ejecutada por los Estados Unidos en el Sudeste Asiático en el contexto de la guerra de Vietnam. Las tropas estadounidenses no se retirarían definitivamente de Saigón, la capital de Vietnam del Sur, hasta dos años más tarde. Tras haber librado la guerra con una brutalidad escalofriante, el ejército más poderoso del mundo había sido derrotado por un enemigo mucho peor equipado y, en principio, infinitamente más débil, que llevaba 30 años combatiendo, primero contra los franceses y después, sobre todo a partir de mediados de los años sesenta, contra Estados Unidos. A día de hoy las consecuencias del conflicto continúan materializandose en muertes de civiles: al menos 500 personas murieron o resultaron gravemente heridas en Vietnam, Camboya y Laos por culpa de las detonaciones de bombas y minas que quedaron desperdigadas por la zona.

Pero la guerra no sólo dejó un elevado número de víctimas civiles en la región (diferentes cálculos sitúan la cifra entre un millón y tres millones de muertos) e hizo posible el régimen genocida de los jemeres rojos de Pol Pot en Camboya (que se cobró las vidas de casi dos millones de camboyanos entre 1975 y 1979), los “bombardeos de desaturación” o las “operaciones de búsqueda y destrucción” de Estados Unidos dejaron un rastro de devastación en Indochina (Vietnam, Camboya y Laos) con el que han tenido que lidiar en solitario los vencedores desde entonces.

Cuarenta años más tarde, aquella guerra sigue cobrándose víctimas entre la población civil de Indochina. Según activistas y las bases de datos de los gobiernos de Vietnam, Camboya y Laos, durante el último año al menos 500 personas murieron o resultaron gravemente heridas en los tres países como consecuencia de las detonaciones de bombas y minas que quedaron desperdigadas en extensas zonas de la región. En Vietnam, muchas de las víctimas son niños que juegan en el campo o campesinos empobrecidos que se dedican a buscar y vender la chatarra que dejó la guerra.

Para hacerse una idea de la magnitud de los bombardeos, basta con observar una cifra: entre 1965 y 1973, el ejército de Estados Unidos lanzó sólo sobre el territorio de Camboya (cuya superficie de 181.000 kilómetros cuadrados equivale aproximadamente a la suma de las de Castilla y León y Castilla la Mancha) poco más de 2.750.000 toneladas de bombas. Para poner esa cifra en perspectiva, hay que tener en cuenta que es superior a la de algo más de dos millones de toneladas que los Aliados lanzaron a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial tanto en Europa como en el norte de África y Asia, incluyendo las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. La mayor parte de los bombardeos tuvieron lugar en la zona oriental del país, lo que probablemente convierta esa región en la más bombardeada de la historia.

En Vietnam, Estados Unidos lanzó 7,8 millones de toneladas de bombas durante la guerra, y se calcula que quedaron sin detonar unas 800,000 toneladas. Según el Gobierno vietnamita, esas bombas que quedaron en su territorio han matado o herido de gravedad a más de cien mil personas desde que la guerra acabó definitivamente en 1975, aunque es probable que la cifra sea más alta, ya que muchas víctimas nunca llegan a quedar registradas en los archivos.

Las bombas sin detonar y minas antipersonales no son los únicos legados de la intervención estadounidense en Indochina que se siguen cobrando víctimas en Vietnam. En los diez años comprendidos entre 1961 y 1971, Estados Unidos vertió en el campo vietnamita 43 millones de litros del famoso “agente naranja”, un potente herbicida y defoliante fabricado por la empresa Monsanto en los años sesenta. Aquella campaña formaba parte de una guerra química diseñada con un doble objetivo: por un lado, arrasar zonas boscosas para que los guerrilleros del Vietcong no pudieran refugiarse de las bombas y, por otro, destruir tierras de cultivo para empujar a la población rural a emigrar a las ciudades controladas por el régimen de Vietnam del Sur, aliado de Estados Unidos, y que las guerrillas no pudieran obtener alimentos.

El “agente naranja” contiene una toxina llamada TCDD que se ha mantenido en el medio ambiente y la cadena alimentaria durante años y provoca que cada año nazcan miles de niños con malformaciones en el país del Sudeste Asiático. Cruz Roja calcula que hay unos 150.000 niños vietnamitas aquejados de malformaciones congénitas relacionadas con el “agente naranja”.

El Gobierno estadounidense no comenzó a ayudar a Vietnam a retirar el material explosivo que había dejado durante la guerra hasta 1998, y afirma que, desde entonces, ha gastado 65 millones de dólares en tratar de eliminar el peligro de las bombas sin detonar. Mientras tanto, año pasado, el Gobierno estadounidense se comprometió por primera vez a limpiar los restos del “agente naranja” en los alrededores de la base de Danang, en el centro de Vietnam. Estos programas se producen en el contexto de un lento proceso de acercamiento entre los antiguos contendientes en el que priman más las consideraciones geoestratégicas que el humanitarismo: ambos países desean contener la creciente influencia de China, enemigo secular de Vietnam y la única superpotencia que amenaza con hacerle sombra a Estados Unidos. Pese a que la enemistad entre ambas naciones parece estar en cierto modo olvidada, desde un punto de vista político, aún habrán de transcurrir varios años hasta que deje de morir gente como consecuencia de una guerra que finalizó hace mucho tiempo.

El 8 de agosto de 1988, cientos de miles de birmanos se lanzaron a las calles de todo el país con el objetivo de derrocar la dictadura que llevaba atenazando a la población desde que el general Ne Win tomara el mando mediante un golpe de Estado en 1962. Aquella explosión de descontento popular haría temblar los cimientos del régimen pero no llegaría a derribarlo. 25 años después, sigue teniendo un fuerte peso en la conciencia colectiva del país.

La represión del Gobierno y una desastrosa gestión económica, que había sumido al país en la pobreza más absoluta, fueron el caldo de cultivo de una revolución cuyo significado histórico para el país no es menor que el de las protestas estudiantiles en la plaza de Tiananmen del año siguiente para China. Aquello supuso el despertar político de cientos de miles de birmanos, sobre todo jóvenes, que convirtieron en icono a Aung San Suu Kyi, la hija del padre de la independencia birmana, Aung San, líder de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el principal partido de la oposición democrática, y Premio Nobel de la Paz en 1991.

El propio general Ne Win se había visto obligado a dimitir oficialmente de su cargo como presidente de la nación algunas semanas antes, aunque continuaría manejando los hilos entre bastidores durante algunos años. Pero, tras algunas semanas en las que el Gobierno no se hizo notar en las calles, los militares volvieron a imponer su poder mediante la fuerza más brutal: al menos tres mil civiles fueron asesinados, muchos desaparecieron o fueron encarcelados y torturados durante años y otros se vieron obligados a abandonar el país.

El ejército instauró una dictadura militar que ya no se ocultaba detrás de una ideología vagamente socialista y estaba encabezada por una Junta que recibió el nombre de Consejo de Estado para la Restauración de la Ley y el Orden (SLORC, en sus siglas en inglés). En 1997 seguiría el consejo de una firma de relaciones públicas estadounidense y adoptaría el nombre, menos amenazador pero más orwelliano, de Consejo de Estado para la Paz y el Orden (SPDC).

Al igual que sigue sucediendo en China, cualquier conmemoración de aquella revolución fallida ha estado estrictamente prohibida durante años y el Estado ha hecho todo lo posible para imponer su versión de los acontecimientos, según la cual el ejército se vio obligado a intervenir para evitar que el país se sumiera en un caos provocado por “agentes externos”.

Celebraciones recientes

Veinticinco años después, y por segundo años consecutivo, el Gobierno está permitiendo que los birmanos conmemoren las revueltas. Birmania atraviesa un incierto proceso de transición democrática desde que el actual presidente, Thein Sein, tomara posesión de su cargo en marzo de 2011, tras ganar en diciembre de 2010 unas elecciones totalmente amañadas. Desde entonces, los birmanos disfrutan de más libertades que en los anteriores cinco decenios de dictadura pero, en realidad, todos los miembros del actual Gobierno son hombres del “antiguo régimen” y se siguen cometiendo numerosas violaciones de los derechos humanos a lo largo y ancho del país.

No obstante, durante tres días, los líderes estudiantiles de hace un cuarto de siglo han organizado una serie de actos en Rangún, la mayor ciudad del país y su antigua capital, para conmemorar una revuelta que estaba dirigida contra las mismas instituciones y algunas de las mismas personas que continúan detentando el poder. Incluso el ministro de la Presidencia, Aung Min, ha acudido a la celebración y, como hizo el año pasado, ha hecho un donativo a sus antiguos enemigos políticos. Ko Ko Gyi, uno de los dirigentes del grupo de la Generación del 88 y antiguo líder estudiantil, ya dijo el año pasado que la presencia de Aung Min en sus celebraciones era “un paso adelante hacia las reformas” y muchos ven un signo de reconciliación en el gesto.

Sin embargo, muchas heridas siguen abiertas. Por ejemplo, la de los padres de Maw Win Maw Oo, una estudiante asesinada en septiembre de 1988, que no han superado la pérdida de su hija hace 25 años y creen que la Birmania por la que murió aún no se ha hecho realidad. De hecho, nunca se ha hecho justicia por crímenes como éste ni ninguno de sus responsables ha reconocido su responsabilidad en la represión. El propio presidente Thein Sein era un comandante del ejército en Rangún por aquel entonces y, como tal, participó directamente en la represión de las revueltas, según un cable de 2004 de la embajada estadounidense hecho público por Wikileaks.

Vulneraciones de derechos humanos

En la actualidad, es posible oír a gente en Rangún que el nuevo Gobierno está “cooptando” a la oposición democrática o directamente “comprándola”, como me dijo un analista político birmano que prefería no ver publicado su nombre. El hecho de que Aung San Suu Kyi defendiera a los llamados “cronies” (un grupo de millonarios fuertemente vinculados a los militares que prácticamente controlan la economía birmana tras conseguir lucrativas concesiones y prebendas mediante acuerdos poco claros con el Gobierno) después de que su partido aceptara donaciones de un par de ellos no ha hecho más que reforzar la impresión de que la oposición democrática ha sido desactivada en la “nueva Birmania”.

Durante el último año, y de forma paralela a la “transición democrática” Birmania también ha presenciado el recrudecimiento de la limpieza étnica de la minoría musulmana rohingya en el Estado de Arakan, además de episodios de violencia contra musulmanes en otros lugares del país, una violencia a menudo cometida en nombre del budismo.

El caso de los rohingya, considerados inmigrantes ilegales de Bangladesh por el Gobierno y una gran parte de la población del país, ha puesto de relieve que el Gobierno y la oposición tienen una idea de la identidad nacional sospechosamente similar, fundamentalmente basada en la etnia. Cuando el año pasado entrevisté al líder de la Generación del 88, Ko Ko Gyi, dejó claro que los rohingya no pueden ser considerados ciudadanos birmanos y Aung San Suu Kyi ha mantenido un obstinado silencio al respecto, pero uno de los miembros más importantes de su partido, el veterano periodista U Win Tin declaró que una solución podría radicar en “hacer lo que hicieron los estadounidenses con los japoneses durante la segunda guerra mundial: confinarlos en campos hasta resolver el problema”.

Irónicamente, esas ideas etnonacionalistas tan peligrosas probablemente vayan en contra del espíritu de la revolución que estuvo a punto de cambiar el rumbo de Birmania y hoy cumple un cuarto de siglo. Como contaba el periodista sueco Bertil Lintner en Outrage: Burma’s Struggle for Democracy, la mejor narración de las revueltas del 88, budistas y musulmanes trabajaron codo con codo durante aquellos días cargados de esperanza (incluso en Arakan, donde las divisiones entre ambas religiones son más profundas) en la tarea común de derribar a los tiranos que los oprimían a todos.

La noche del pasado 15 de diciembre, Sombath Somphone volvía a su casa en Vientiane, siguiendo con su 4x4 al coche en el que conducía su esposa, Shui-meng Ng. Ella se adelantó y le perdió de vista, llegó a su casa y se quedó esperando a su marido durante horas. Al día siguiente, Shui-meng Ng fue a varios hospitales y finalmente a la policía, donde le mostraron un video tomado por una cámara de seguridad en el que se podía ver a su marido detenerse en un control de la policía, a otro coche acercarse, a Sombath entrando en él y a unos hombres llegando en moto y llevándose su vehículo. Sombath no ha vuelto a aparecer desde entonces.

Sombath Somphone, a sus sesenta años probablemente el activista más célebre de Laos, es el fundador del Centro de Entrenamiento para el Desarrollo Participativo (PADECT), una organización no gubernamental local dedicada a promover un desarrollo democrático y sostenible de las comunidades rurales laosianas que combine la modernidad con las tradiciones del país, los valores de la religión budista y el respeto al medio ambiente.

Este pequeño país de unos seis millones y medio de habitantes rara vez aparece en los periódicos. En España probablemente muchos lo recuerden únicamente por ser el refugio elegido por Luis Roldán en su huida de la justicia española. Pero la desaparición del activista ha vuelto a poner a Laos en el mapa en cierta medida y muchos medios internacionales se han hecho eco del suceso. Tanto el Gobierno como la policía sostienen que desconocen el paradero de Sombath, niegan tener responsabilidad alguna en el asunto y no han iniciado ninguna investigación sobre el asunto.

La desaparición de Sombath ha puesto de manifiesto la falta de libertad política y de expresión que impera en el país asiático, gobernado por un partido de raigambre comunista, el Pathet Lao, desde 1975. El activista había logrado mantener unas relaciones amistosas con el régimen hasta que en noviembre se celebró una cumbre de líderes europeos y asiáticos en Vientiane. De forma paralela, el Gobierno permitió que se celebrara un foro de organizaciones de la sociedad civil que Sombath presidió y en el que pronunció el discurso inaugural. Los invitados aprovecharon para hablar del gran problema que aflige a las comunidades rurales laosianas: las expulsiones de miles de campesinos de sus tierras para dar paso a grandes empresas agrícolas y proyectos hidrológicos. Ahora, muchos argumentan que su desaparición está relacionada con aquel foro en el que se dijeron y denunciaron más cosas de las que hubiera deseado el régimen.

Expulsados de sus tierras en aras del progreso

Pese a ser uno de los pocos países que quedan en el mundo que siguen autodenominándose comunistas, Laos, al igual que los vecinos China o Vietnam, lleva años embarcado en un proceso para adoptar una economía de mercado, que en este caso comenzó en los años. La apertura económica ha generado uno de los crecimientos, en términos macroeconómicos, más rápidos de la región en los últimos años. Pero la bonanza económica no ha beneficiado a todos por igual y, de hecho, ha supuesto la desposesión de centenares de miles de agricultores, a los que se ha expulsado de sus tierras sin compensación ni explicación alguna para otorgárselas a grandes empresas deseosas de explotar la abundancia de tierras cultivables y mano de obra barata.

Es difícil saber con exactitud las cifras exactas en un país con un Estado tan hermético como Laos, pero según Global Witness, al menos 1,1 millón de hectáreas de tierra han sido adjudicadas a esas concesiones, y el Gobierno ha concedido al menos 3,6 millones de hectáreas a grandes explotaciones agrícolas. En un país en el que el 80 por ciento de sus habitantes son agricultores que dependen de pequeñas granjas para su subsistencia, el impacto sobre una gran parte de la población es devastador: muchos se halan expulsados de sus tierras y despojados de sus medios de vida prácticamente de la noche a la mañana en nombre de un progreso económico que solo beneficia a una pequeña elite bien relacionada.

Laos ha estado históricamente a la sombra de su vecino del norte, China, y, sobre todo, del “gran hermano” del oeste, Vietnam. El Pathet Lao ha dependido desde su fundación del Partido Comunista de Vietnam. Ahora que el capitalismo está sustituyendo al comunismo como modelo económico, la mayoría de esas empresas son chinas y vietnamitas, dos países que están experimentando un espectacular (y desigual) crecimiento económico. Pero no solo las empresas de los países vecinos se benefician de la desposesión. El Deutsche Bank, por ejemplo, también está involucrado: la revista alemana Der Spiegel reveló recientemente que un fondo gestionado por una subsidiaria suya está invirtiendo en una de las mayores empresas vietnamitas, Hoang Anh Gia Lai (HAGL), que posee plantaciones de caucho en terrenos expropiados a miles de pequeños agricultores. El Banco Mundial a través de otra subsidiaria, también tiene inversiones vinculadas a HAGL.

El desarrollo también tiene un impacto ecológico. Grupos ecologistas y expertos en medio ambiente han advertido que grandes proyectos hidráulicos como la presa de Xayaburi, en el río Mekong, tendrán unas repercusiones potencialmente desastrosas para el medio ambiente laosiano y del resto de la región. El 95 por ciento de la electricidad que produzca la presa será vendida a Tailandia.

Mientras tanto, quienes se atreven a proponer otro modelo de desarrollo económico y a defender los intereses de quienes se ven desposeídos por un desarrollo económico rapaz e irresponsable, como Sombath Somphone, se arriesgan a desaparecer sin dejar rastro a manos de un aparato de Gobierno que pone métodos estalinistas al servicio del capitalismo y el “libre mercado”.

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La mañana del 21 de marzo, Mo Hnin, una mujer musulmana de 29 años cuyo nombre he cambiado por razones de seguridad, vio impotente como una turba descontrolada de extremistas budistas mataba a golpes a su marido, un carnicero halal, en una madrasa de la ciudad de Meiktila, en el centro de Birmania. Mo Hnin había pasado la noche escondida entre unos arbustos cercanos, refugiándose de una oleada de violencia anti-musulmana que asoló la ciudad dejando decenas de muertos y barrios enteros arrasados.

La violencia estalló el día 20 de marzo por la mañana como consecuencia de una discusión en una joyería entre los dueños, musulmanes, y una clienta que trataba de vender una diadema de oro. Tras la riña, una muchedumbre de budistas enfurecidos destruyó la tienda. Aquella misma tarde, siete musulmanes supuestamente mataron a un monje budista y eso encendió definitivamente la violencia contra los musulmanes. Aquel pogromo se prolongó durante dos días sin que la policía hiciera nada para detenerlo.

Cuando intervino el ejército para restaurar el orden, 42 personas habían muerto y unas 60 habían resultado heridas, según el balance oficial, pero la cifra real es probablemente más elevada: sólo en la matanza que presenció Mo Hnin fueron asesinadas al menos 33 personas, además de su marido, según un informe de Physicians for Human Rights.

A principios de abril, cuando viajé a Meiktila para investigar la violencia, prácticamente no quedaban musulmanes en aquella ciudad de unos 100.000 habitantes. Unas 18.000 personas, la mayoría musulmanas, se habían visto obligadas a abandonar sus casas y vivían entonces en campos de desplazados internos improvisados en escuelas vigiladas por el ejército. Eran nuevos desterrados en su propia tierra, en un país en el que ya se cuentan por centenares de miles. El acceso a los campos oficiales estaba prohibido a los periodistas, pero era posible visitar un campo clandestino cerca de la ciudad con algo más de 3.000 desplazados musulmanes, entre ellos Mo Hnin y su familia. A día de hoy, sólo una pequeña cantidad de los desplazados ha podido regresar a sus casas.

No es un caso aislado

Los pogromos anti-musulmanes de Meiktila no son ni mucho menos un suceso aislado. Tras el comienzo de la campaña de limpieza étnica contra la minoría apátrida rohingya en el Estado de Arakan, en el oeste del país, este año la violencia islamófoba se ha extendido a muchas otras partes del país: los barrios musulmanes de al menos 14 localidades de la región de Bago en marzo; a finales de abril en Oakkan, un pueblo al norte de Rangún, la antigua capital y mayor ciudad del país; a finales de mayo en Lashio, en el Estado Shan.

En todos esos sucesos se pudo ver a monjes, o a hombres vestidos como tales, participando en los ataques o apoyándolos. Sin embargo, a pesar de que los ataques han sido fundamentalmente unilaterales y prácticamente todas las víctimas son musulmanas, la autoridades sólo han detenido a musulmanes, acusados de instigar la violencia.

Birmania es un país de mayoría budista de algo más de 50 millones de habitantes, un 4 y un 8 por ciento de la ellos musulmanes, según diferentes cálculos (hace años que no se realiza un censo en el país y todas las cifras son meramente aproximadas). La mayoría budista considera su religión una parte esencial de su identidad nacional y siempre ha mirado con desconfianza a los musulmanes, muchos de ellos de origen indio, descendientes de trabajadores llevados por los invasores británicos durante el periodo colonial. A diferencia de los rohingya, a quienes el Gobierno y una gran parte de la población birmana consideran inmigrantes ilegales pese a llevar viviendo en Arakan durante siglos, las víctimas de los pogromos recientes han sido ciudadanos birmanos reconocidos como tales.

El miedo de la comunidad musulmana birmana es palpable en el barrio de Mingalar Taungnyunt, el principal barrio musulmán de Rangún. Por las noches, los vecinos instalan barricadas en las calles y organizan patrullas ciudadanas para defenderse de un posible ataque de extremistas budistas. Algunos extremistas aprovechan la oscuridad para recorrer las avenidas en coches profiriendo insultos islamófobos y amenazas.

Los vecinos se sienten desprotegidos y aseguran que la policía no está vigilando el barrio. Nunca vi un solo policía durante varias visitas nocturnas al barrio en el mes de abril. Los musulmanes también se sienten abandonados por Aung San Suu Kyi, la célebre líder de la oposición democrática birmana, que hasta el momento no ha utilizado su autoridad moral para defender ni a los rohingya ni al resto de musulmanes birmanos.

Los monjes que predican el odio

Resulta imposible no vincular la violencia a una campaña emprendida por varios monjes budistas para proteger la nación de una supuesta amenaza islamista. La campaña se llama 969, tres números que representan las “tres joyas” del budismo: los nueve atributos del Buda, los seis atributos del Dhamma (sus enseñanzas) y los nueve atributos de la Sangha (la comunidad monástica budista). A lo largo y ancho del país se pueden ver pegatinas con el símbolo de la campaña en tiendas y taxis. Su propósito es identificar los negocios en los que los “buenos budistas” deben gastar su dinero. El mensaje implícito es que los budistas deben evitar las tiendas de los kalar, un término ofensivo similar al inglés nigger con el que los birmanos se refieren a los descendientes de indios en general y a los musulmanes en particular.

Ashin Wirathu es la cara más visible del movimiento 969. Este monje de 45 años, que se autodenomina el “Bin Laden birmano” por su discurso ultra-nacionalista, se ha hecho famoso hasta el punto de ser la portada de la revista Time, lo que ha provocado una gran polémica en Birmania. En abril le entrevisté en su monasterio de Mandalay. Sentado en una silla, y con varios retratos enormes de sí mismo a su espalda, me habló de la conspiración para conquistar Birmania a lo largo de este siglo que, según él, han urdido los musulmanes y los acusó de obligar a mujeres budistas a casarse con ellos y convertirse al islam. “Según mis investigaciones, el 100 por cien de las violaciones de Birmania son cometidas por musulmanes”, sentenció.

Wirathu rechaza cualquier vínculo con la violencia. Sin embargo, los disturbios en Meiktila se produjeron poco después de que se difundiera por todo el país un video en el que advertía que los musulmanes estaban tomando la ciudad.

Aunque Wirathu es el más conocido, no es el único monje islamófobo de Birmania. El movimiento 969 nació el pasado mes de octubre en Moulmein, la capital del Estado Mon, en el este de Birmania. El monje Ashin Sada Ma, secretario general del 969 y diseñador del logo, afirma que se trata de una mera campaña para promover el budismo entre la población. Según él, la campaña fue lanzada por un grupo de monjes del Estado Mon, que no trabajan a nivel nacional, pero realizan giras por el país para difundir su mensaje, y cualquiera puede utilizar el símbolo “para sus propios fines”. Cuando le entrevisté, Sada Ma trató de distanciarse de Wirathu asegurando que actúa de forma independientemente del 969 original, pero su discurso islamófobo no se diferenciaba demasiado de los sermones del “Bin Laden birmano”.

Monjes que denuncian a otros monjes

Monjes que denuncian a otros monjesSon muchos los que sospechan que elementos del Gobierno y el ejército están detrás de la violencia y la campaña antimusulmanas. Los monjes y laicos que incitan al odio y perpetran la violencia están actuando con total impunidad y esta crisis está brindando al ejército oportunidad de presentarse como la única institución capaz de mantener el orden en un momento en el que está emprendiendo una transición a un Gobierno civil tras cinco decenios de dictadura militar.

No todos los monjes budistas predican el odio. No faltan quienes piensan que Wirathu y el movimiento 969 violan los preceptos budistas. Uno de ellos es Ashin Pumna Wontha, un monje de Rangún que pertenece al Peace Cultivation Network, una organización dedicada a promover el diálogo interreligioso y a coexistencia pacífica. Pumna Wontha es uno de los pocos birmanos que me dicho que los rohingya deberían ser considerados ciudadanos de pleno derecho y cree que Wirathu no es más que un títere preso de sus propios delirios de grandeza manipulado por los multimillonarios que controlan la economía birmana y elementos del ejército y el Gobierno.

En cualquier caso, el mensaje de monjes como Pumna Wontha no disfruta de la difusión de los sermones islamófobos de Wirathu y otros monjes extremistas. Según un diputado al que entrevisté en Meiktila, los videos de Wirathu se pueden ver en los autobuses de las empresas del ejército y sus videos se pueden encontrar en cualquier mercado del país. En estas circunstancias, en las que la religión budista se ha convertido en un instrumento de movilización nacionalista, es perfectamente posible que vuelvan a repetirse matanzas como la del pasado mes de marzo en Meiktila.

La definición oficial de refugiado no tiene en cuenta a los desplazados internos. Sin embargo, estos pueden llegar a ser más vulnerables que los refugiados en otro país, ya que siguen bajo el control del mismo Gobierno que les persigue.

En Birmania, los desplazados internos de la etnia musulmana rohingya son víctimas de una campaña de limpieza étnica, según afirma un informe de Human Rights Watch, y el mayor ejemplo de invisibilidad del país.

La tierra es generosa en el Estado de Arakan, en el noroeste de Birmania. El arroz y otros cultivos crecen sin dificultad en su fértil suelo, regado por las lluvias de los monzones. Este año, la naturaleza ha seguido su curso habitual, pero decenas de miles de personas están sufriendo una hambruna generalizada que recuerda a catástrofes como las sequias del Sahel: son los desplazados internos de la etnia musulmana rohingya.

Muchos rohingyas se vieron obligados a huir de sus casas el año pasado, o fueron expulsados de ellas por el ejército birmano, tras dos brutales oleadas de violencia, primero en junio y después en octubre, entre miembros de su comunidad y de la etnia budista rakhine, mayoritaria en el Estado. En aquellos enfrentamientos murieron al menos 168 personas, en su mayor parte rohingyas, según los cálculos oficiales (la cifra real de muertos probablemente sea mucho más elevada). Muchos ataques estuvieron organizados por extremistas rakhine y las fuerzas de seguridad a menudo colaboraron en los ataques contra los musulmanes.

Más de cien mil rohingyas viven confinados en los campos de desplazados internos, hacinados en frágiles cabañas de bambú o, en el peor de los casos, frágiles tiendas de lona que apenas sirven para resguardarles de las lluvias monzónicas que arrecian durante esta época. Los arrozales que se hallan en sus zonas no pueden producir toda la comida que necesitan y los extremistas rakhine hacen todo lo que pueden para bloquear la ayuda que tratan de proporcionarles las agencias humanitarias y organizaciones internacionales, todo ello ante la mirada indiferente de las fuerzas de seguridad y autoridades birmanas. También hay desplazados internos rakhine, pero son mucho menos numerosos y, al contrario que los rohingya, disfrutan de libertad de movimientos y reciben ayuda suficiente para sobrevivir.

En esas condiciones, muchos de ellos tratan de huir a otros países. Algunos tratan de cruzar la frontera a Bangladesh, cuyo ejército a menudo los recibe a tiros. Otros llegan en frágiles botes a las costas de Tailandia, donde no son mejor recibidos: en ocasiones, la Armada tailandesa los ha arrastrado en alta mar para abandonarlos a la deriva.

La ONU califica a la etnia rohingya como una de las más perseguidas del mundo. Los 800.000 rohingyas que viven en Birmania se concentran en Arakan, junto a la frontera con Bangladesh. Pese a haber habitado esa tierra durante generaciones, el Gobierno birmano y la mayoría de la población del país los consideran inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh. Una ley aprobada en 1982 les despojó de la ciudadanía y los convirtió en apátridas: sin libertad de movimientos, sin acceso a los magros sistemas educativo y sanitario del país, sin ningún derecho.

Tras ser durante decenios probablemente el grupo más oprimido por una de las más crueles dictaduras del mundo, la llegada del incierto proceso de transición democrática que emprendió el país hace un par de años no ha supuesto ninguna mejora para los rohingya. Según un exhaustivo informe publicado en abril por la organización estadounidense Human Rights Watch, los rohingya son víctimas de una campaña de limpieza étnica que cuenta con el apoyo implícito de las autoridades locales y nacionales.

Los desplazados internos kachín

En el norte de Birmania hay un número similar de desplazados internos. En junio de 2011 volvió a estallar la guerra entre el ejército birmano y la guerrilla autonomista del Ejército para la Independencia Kachín (KIA) tras un tenso alto el fuego de 17 años. Las causas de una guerra que dio comienzo en 1961 son tanto políticas (el Gobierno quiere imponer una Estado centralizado, mientras que el KIA lucha por la autonomía en el marco de un Estado federal) como económicas (ambos bandos quieren explotar los abundantes recursos naturales de la región).

La guerra ha desplazado a unos cien mil campesinos de sus pueblos, que han huido de los combates, de la brutalidad del ejército birmano o de las minas antipersona que han sembrado ambos bandos en numerosas zonas del Estado. La mayoría se han refugiado en campos organizados por la Organización para la Independencia Kachín (KIO), el brazo político del KIA.

No es demasiado aventurado afirmar que el KIO/KIA cuenta con un gran apoyo entre su pueblo, pero las condiciones de los campos bajo su control distan mucho de ser perfectas. El Gobierno birmano ha bloqueado la entrada de ayuda humanitaria a esa zona desde hace más de un año como medida de presión y la atención médica es más que insuficiente, pese a los denodados esfuerzos de organizaciones locales.

Gracias a esas organizaciones, que pueden actuar con relativa libertad en su propio territorio y comprar suministros en China, las condiciones de los campos kachín no son tan terribles como las de los desplazados internos rohingyas en Arakan. Pero muchas mujeres kachín caen víctimas de redes de trata en China cuando cruzan la frontera tratando de encontrar trabajo. El Gobierno chino ha expulsado de a miles de kachín que han tratado de refugiarse en su territorio.

Los desplazados internos que se han visto obligados a refugiarse en campos controlados por el Gobierno reciben más ayuda, pero viven sometidos al miedo constante de ser detenidos por las autoridades bajo la acusación de colaborar con el KIO/KIA, lo que implica torturas y juicios sin ninguna garantía.

Sin embargo, se atisba un rayo de esperanza en el Estado Kachín. El mes pasado, el Gobierno birmano y el KIO/KIA llegaron a un preacuerdo de paz tras varias reuniones infructuosas y el fin de la guerra parece estar más cerca que nunca desde que volvió a comenzar en 2011.

Refugiados internos abandonados a su suerte

Hoy es el Día Internacional del Refugiado. Según la definición del Estatuto de Ginebra sobre los Refugiados firmado en 1951, un refugiado es “toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.”

La definición oficial de refugiado no tiene en cuenta a los desplazados internos como los rohingya o los kachín, si bien entran dentro del mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Sin embargo, al huir de conflictos en su propio país sin poder salir de él, los desplazados internos pueden llegar a ser más vulnerables que los refugiados en otro país, ya que a menudo siguen estando bajo el control del mismo Gobierno que les persigue.

En el caso de Birmania, es evidente que el Gobierno no está cumpliendo las obligaciones que tiene con respecto a sus desplazados internos. Sin embargo, la llamada “comunidad internacional”, que durante los años de la dictadura militar impuso numerosas sanciones al Gobierno birmano, ha decidido mirar hacia otro lado. El propio Obama exoneró de cualquier responsabilidad al Gobierno birmano en la limpieza étnica de los rohingya cuando visitó el país en noviembre del año pasado y la Unión Europea decidió levantar las sanciones al régimen birmano el pasado mes de abril, pese a que éste no había cumplido ninguna de las condiciones para hacerlo.

En 2011 Birmania inició un proceso de apertura democrática y, sobre todo, comercial totalmente controlado por los mismos militares que han tiranizado a su población durante décadas. Estados Unidos, los países de la Unión Europea y otras potencias occidentales parecen haber decidido pasar por alto las graves violaciones de los derechos humanos que sigue perpetrando el régimen birmano. Las razones son tanto económicas (Birmania es un mercado nuevo y virgen en casi todos los ámbitos y además es rico en recursos naturales) como geopolíticas (arrebatarle un aliado a China, la gran superpotencia emergente) y en esos cálculos no el futuro de los desplazados internos rohingya o kachín no tiene cabida.