En el río revuelto de los mercados -caídas por China, montaña rusa del petróleo, vaivanes de los emergentes- hay muchos pescadores que sacan la red sin las licencias oportunas. Son los llamados 'chiringuitos financieros' entidades que se publicitan para operar en bolsa sin contar con autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El organismo supervisor del mercado bursátil lanzó en 2015 un total de 40 advertencias sobre entidades que no están autorizadas a prestar servicios de inversión, frente a las 23 del año anterior, lo que supone un incremento del 74%. Este incremento coincide con un mayor interés del inversor minorista por los activos de mayor riesgo, como lo demuestra que el patrimonio gestionado por los fondos de inversión aumentó un 13,57% en 2015, según datos de VDOS. Si los depósitos no dan ningun interés, los inversores intentan maximizar su dinero por otras vías.

Carlos García Ciriza, presidente de Aseafi, reconoce que esta mayor visibilidad de los intermediarios que no están autorizados a realizar gestiones relacionadas con la inversión responde a que hay más denuncias por parte de los afectados. Javier Flores, de Asinver, coincide con García Ciriza, y explica que ese aumento de las denuncias responde a una mayor concienciación de los derechos con que cuenta el consumidor. Pero Flores también apunta a que la CNMV, a medida que pasa el tiempo y sabe cómo funcionan este tipo de chiringuitos financieros, es más fácil detectar situaciones que no son legales.

Para luchar contra este tipo de fraude de forma efectiva surge el debate de si las advertencias y sanciones que lleva a cabo la CNMV son suficientes. García Ciriza aboga por sanciones más fuertes, tanto en el tema del intrusismo propiamente dicho (profesionales que realizan un trabajo sin autorización) como en el de las estafas (además de operar sin licencia, roban el dinero de los inversores). “En realidad, la CNMV no puede sancionar a las sociedades que no están registradas, pero no debería ser así. Está bien que este organismo nos supervise a nosotros -las agencias financieras de inversión- pero también debe atacar a las empresas que no están registradas. Es competencia desleal”, asegura. Flores, por otro lado, es partidario de mejorar la coordinación con las distintas jurisdicciones.

Finalmente, ambos se atreven a lanzar unos cuantos consejos para evitar caer en las redes de los chiringuitos financieros. La primera de ellas, acudir a los registros de la CNMV para saber si la empresa en cuestión cuenta con autorización para operar. Además, un inversor debería sospechar de estar ante un chiringuito financiero si se dan estas premisas:

1. Ofrecen rentabilidades muy superiores a las que se ofrecen en el mercado. Es lo que se denomina “jugar con la avaricia del cliente”.

2. En contra de lo que dicta la ely, es un servicio que se oferta, pero que no se solicita. Suelen ser llamadas procedentes de “call centers”.

3. Esas llamadas ofrecen inversiones con poco capital y beneficios muy elevados pero esconden que esas rentabilidades provienen de activos de mucho riesgo, con productos muy apalancados, en los que el cliente puede perder todo el dinero.

4. Cobran comisiones de éxito muy elevadas, que pueden rondar el 20%.

5. Utilizan tácticas de venta muy agresivas, en las que se usa la presión para tomar una decisión rápida.

6. Siempre niegan cualquier tipo e información requerida por el cliente potencial relacionada con el domisilio social, el contrato, etcétera.

El mercado hipotecario se ha convertido en los últimos meses de 2015 y en los primeros días de este año en un hervidero de ofertas. Los bancos han puesto toda la carne en el asador para atraer clientes a través de este producto financiero, de capa caída desde que el estallido de la burbuja inmobiliaria cerró el grifo del crédito. Lo hacen con ofertas bien destacadas en sus páginas web e, incluso, en televisión, como es el caso de ING Direct.

Con el mercado de la vivienda en plena recuperación, la concesión de hipotecas va en aumento: según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, el número de hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad en octubre del año pasado asciende a 19.195, un 7,1% más que en el mismo mes de 2014, pero el incremento es mucho mayor desde los mínimos marcados en agosto de 2013: del 58%. Este aumento ha coincidido con una caída de los tipos de interés que cobra la banca. Así, según el INE, los bancos cobraron en octubre un tipo medio del 3,30%, frente al 3,60% de un año antes.

En la actualidad, dos entidades ofrecen hipotecas a interés variable de euríbor más un diferencial del 0,99%: ING Direct y Liberbank. Eso sí, para poder optar a este atractivo precio hay que contratar otros productos. En el banco holandés, requiere domiciliar la nómina en la Cuenta Nómina, o, en el caso de una Cuenta Sin Nómina, realizar ingresos mensuales de al menos 600 euros o mantener un saldo mensual de 2000 euros, así como contratar un seguro de vida y hogar. Eso sí, la entidad aclara que su hipoteca Naranja no cuenta con cláusula suelo y que no cobran comisiones de apertura, desestimiento, subrogación o cambio de condiciones.

Por su parte, Liberbank solicita a los interesados la domiciliación de la nómina por, al menos, 2000 euros mensuales; la contratación de un seguro de hogar y de vida, al menos una tarjeta de crédito y compras con ella por 1500 euros por año y un plan de pensiones con un aportación mínima de 600 euros al año. Si no se cumple ninguna de estas condiciones, Liberbank aplicará un tipo del 1,99%.

Bankinter también ha entrado en la guerra de las hipotecas. Su oferta es de euríbor más un diferencial del 1,20%, aunque pone a disposición del cliente cinco tipos de hipotecas en función del perfil de cada cliente. La Hipoteca Personalizada es la que el banco está publicitando con más ahínco. Su diferencial sobre el euríbor es de los más competitivos, del 1,20%, pero a cambio de la contratación de otros productos con el banco: un seguro de vida y de hogar, así como ingresos totales de los titulares superiores a 2000 euros mensuales.

En la gran banca, BBVA es el que apuesta fuerte por la captación de clientes a través de las hipotecas. Ofrece un diferencial del 1,25% si se abre una cuenta en la entidad con ingresos superiores a 1500 euros al mes en el caso de un titular, y de 2000 euros mensuales si hay dos titulares. Además, el cliente deberá contratar el seguro de vida y de vivienda, tarjeta de crédito con, al menos, un pago los seis meses anteriores a la revisión del préstamo, y abrir un plan de pensiones y realizar aportaciones al año por, al menos, 600 euros.

Banco Popular también otorga un puesto relevante a sus hipotecas en su página web, aunque están limitadas a la adquisición de viviendas de su portal inmobiliario Aliseda. Ofrecen un diferencial sobre el euríbor el primer año del 0,90%, que a partir del segundo año asciende al 1,25%.

En esta pequeña “guerra de las hipotecas”, tanto el prestamista como el prestatario deben poner cuidado en no reproducir errores del pasado y que llevaron a la creación de una burbuja inmobiliaria y crediticia con terribles consecuencias económicas. Julio Rodríguez, de Economistas Frente a la Crisis, afirma que los clientes deben conocer cómo les afecta una futura subida de los tipos de interés en el caso de un préstamo a interés variable, mientras que las entidades están obligadas a corroborar, además, “que la relación préstamo/valor del inmueble no supere el tope del 80% y que el esfuerzo de acceso para el prestatario no supere la tercera parte de los ingresos familiares”.

Incertidumbre

Por su parte, Manuel Pardos, presidente de Adicae, coincide con Rodríguez en el peligro que puede suponer una subida del euríbor según vaya mejorando la economía europea. “A día de hoy, no sabemos a qué velocidad va a normalizarse el precio del dinero”, asegura Pardos, que sólo ve razonables los préstamos hipotecarios al 1% y a 10 años de amortización. “Sólo aceptaríamos vinculaciones si el diferencial sobre el euríbor se rebaja a niveles del 0,50%”, concluye. Pardos también aconseja al consumidor pedir el menor importe de hipoteca posible y confirmar que el contrato no recoge ningún tipo de limitaciones al tipo de interés, como las cláusulas suelo o los swaps.

El presidente de Adicae también alerta de que en algunas ocasiones las vinculaciones a las que obliga las entidades pueden ser abusivas. Pardos cita ejemplos que recoge su comparador de hipotecas, en los que aparece la obligación de efectuar pagos con tarjetas de crédito por importes más o menos elevados. “Hay que tener en cuenta que las entidades reciben ingresos por la utilización de las tarjetas de crédito y débito en comercios”, explica Pardo.

Este renacer del mercado inmobiliario no resulta negativo a ojos de los expertos. Julio Rodríguez asegura que a la economía española le viene bien que se recupere el mercado, que haya un volumen mayor de transacciones y que se construyan nuevas viviendas si hay demanda real. “Lo que no es conveniente es el exceso, esto es, una sobreinversión en vivienda que detraiga recursos de todo tipo y termine con el riesgo de burbuja y su consiguiente pinchazo”.

Manuel Pardos cree que la vivienda podría subir un poco más hasta llegar a precios que se puedan considerar razonables, pero descarta una burbuja al estilo de la vivida en los primeros años de este siglo. Lo mismo opina Rodríguez, que afirma que “más que los tipos de interés, importa la cuantía de los préstamos concedidos y los requisitos de solvencia. Se está reactivando la demanda de financiación para la compra de vivienda, pero las condiciones laborales no son proclives al acceso a la vivienda mediante un préstamo hipotecario”. Sin embargo, alerta de que aunque la evolución actual del mercado no invita a hablar de boom o de burbuja, la demanda de vivienda como forma de ahorro “se está viendo favorecida por los bajos tipos de interés y por las inseguridades que presenta la inversión en valores bursátiles”.

El auge del tipo fijo

Dos entidades publicitan en lugar destacado sus hipotecas a tipo fijo: Abanca y Liberbank. La ventaja de este tipo de créditos es que el prestatario abona siempre la misma cantidad, sea cual sea la evolución del euríbor. Abanca promociona un préstamo para vivienda a tipo fijo del 3,49% TAE, que puede rebajarse en un punto porcentual, al 2,49% TAE, si el cliente cumple con una serie de requisitos, al igual que ocurre con las hipotecas de interés variable: domiciliar los ingresos a partir de 600 euros; contratar un seguro de vida y otro de hogar y realizar 24 compras al año con la tarjeta de crédito Abanca o por valor de 2500 euros al año.

Por su parte, Liberbank oferta un préstamo para la compra de vivienda a 20 años al 3,76% TAE, tipo de interés que está condicionado al cumplimiento de varias condiciones: la domiciliación de nómina por un importe superior a 2000 euros mensuales; la contratación de un seguro de multirriesgo hogar, otro de vida y de, al menos, una tarjeta de crédito y al pago de compras con ellas por un importe mínimo de 1500 euros al año y, finalmente, la apertura de un plan de pensiones con una aportación anual mínima de 600 euros.

Mientras los usuarios de tarjetas bancarias se van familiarizando poco a poco con las nuevas comisiones, la recién estrenada normativa ya cuenta con ganadores y perdedores. Un vistazo a las tarifas anteriores a la aplicación del Real Decreto Ley 11/2015, de 2 de octubre y a las actuales pone de manifiesto que tres de las grandes entidades españolas (La Caixa, Santander y BBVA) son las grandes ganadoras: no han firmado acuerdo alguno con ningún otro grupo bancario, por lo que aplicarán recargos a todos los usuarios de sus cajeros que no sean clientes.

Las tres han puesto un alto precio al uso de su extensa red de cajeros, unos 20.500 terminales, aproximadamente el 44% del total del parque español. La Caixa es la más cara, ya que cobrará dos euros; BBVA cobrará 1,87 euros, y Santander, 1,80 euros.

Los tres bancos, además, salen beneficiados por partida doble, en tanto que gran parte del resto de entidades han decidido seguir, en mayor o menor medida, las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). “La comisión que fije el titular del cajero a la entidad adquiriente debería tener en cuenta los costes de prestación de servicio, de manera que el precio cobrado por el servicio no exceda el coste de su prestación”, propuso este otoño el organismo.

Sólo Banco Sabadell, con una comisión de 1,80 euros para las entidades con las que no ha llegado a acuerdos, se sitúa cerca de las comisiones marcadas por las tres grandes entidades españolas. Los clientes de La Caixa sólo se verán perjudicados frente a la política de comisiones anterior si sacan efectivo de los cajeros de Abanca, BBVA, Sabadell y Santander; los de Banco Santander pagarán menos que antes en todos los terminales; y los del BBVA sólo verán aumentadas las comisiones en los de Sabadell y La Caixa.

Y si hay ganadores, hay perdedores. En esta ocasión, son los clientes de las entidades de carácter nacional que se han volcado en la banca a distancia y, como consecuencia, tienen pocas oficinas y una política comercial fundamentada en las bajas comisiones, entre ellas, la disposición gratuita de efectivo en los cajeros.

Se trata de los clientes de Bankinter e ING Direct, a los que se suma Banco Sabadell. Bankinter ha pasado de no cobrar a sus clientes por disposiciones superiores a 90 euros en la mayoría de cajeros a tener que traspasar las comisiones de todas las entidades excepto las del Grupo Banco Popular, Grupo Caja Rural, Laboral Kutxa, Cajamar y Deutsche Bank. Sus clientes cuentan así con una red gratuita de más de 8.100 cajeros. Desde la entidad afirman que, a corto plazo, no contemplan más acuerdos para ampliar esta red, pero a más largo plazo, no lo descartan.

ING Direct tampoco ha salido bien parada. La nueva normativa ha obligado a la entidad a un esfuerzo extra para llegar a acuerdos que le permitan mantener su política de cero comisiones, entre las que se incluye el uso de cajeros de otras entidades. Sus clientes podrán sacar dinero gratis y sin límite en los terminales de Banco Popular y Banca March, y no abonarán comisión alguna por disposiciones superiores a 90 euros en Bankinter y Bankia. Además, fuera de la Comunidad de Madrid, también podrán sacar dinero gratis en cualquier entidad a partir de 200 euros.

De esta forma, en función del importe, ING pone a disposición de sus clientes una red de 44.000 cajeros sin coste. “Entendemos que una tasa en torno a los 2 euros no atiende a la recomendación de la CNMC y del Ministerio de Economía y Competitividad, y por tanto, perjudica la competencia y a los consumidores”, señalan desde la entidad holandesa.

Por su parte, los clientes de Banco Sabadell también podrían verse en la tesitura de tener que abonar ahora más comisiones que antes por sacar dinero de un cajero ajeno. En todas las entidades analizadas sus clientes salen perdiendo respecto a la situación anterior. El banco ha llegado a acuerdos con Bankia y las entidades de la Red 6.000 por los que, por un precio inferior, sus clientes podrán sacar dinero en más de 14.500 dispositivos. Su red propia de cajeros asciende a 3.246 dispositivos.

Los clientes de Evo Banco, que ha presumido de ofrecer a sus clientes la posibilidad de sacar dinero de cualquier cajero del mundo de forma gratuita, se verán obligados a cambiar sus hábitos. La entidad correrá con los gastos pero, a partir de ahora, con condiciones, puesto que sólo los reintegros de efectivo superiores a 120 euros estarán libres de comisiones. La entidad ha llegado a acuerdos con las entidades de la Red Euro 6.000 y con Banco Popular, que suman más de 12.000 cajeros, para que sus clientes puedan utilizar sus terminales de forma gratuita y sin límite.

Banco Popular es la entidad que más acuerdos ha firmado para poner su red de más de 2.500 cajeros al servicio de otras entidades. Los clientes de ING Direct, Bankinter y Evo Banco podrán disponer de efectivo en los terminales del grupo sin límite y sin comisión.

¿En qué sucursal sacas dinero con tu tarjeta?

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Tu banco ↓
↑ Tu banco
	0€	1,87€	0,65€	1€	1,5€	0,65€	0,45€	0,5€	0,45€	2€	1,85€	1,25€	0,45€
	1,95€	0€	0,98€	1€	1,5€	1,8€	Depende del banco	0,5€	0,9€	2€	1,85€	1,25€	0,65€
	0,65€	1,87€	0€	1€	1,5€	0,65€	0,65€	0,5€	0,65€	2€	1,85€	1,25€	0,65€
	1,95€	1,87€	0,98€	0€	0€	1,8€	Depende del banco	0,5€	0,9€	2€	1,85€	1,25€	0,65€
	1,95€	1,87€	0,98€	0,65€	0€	1,8€	Depende del banco	0,5€	0,9€	2€	1,85€	1,25€	0,65€
	0,65€	1,87€	0,65€	1€	1,5€	0€	0,65€	0,5€	0,65€	2€	1,85€	1,25€	0,65€
	1,95€	1,87€	0€	0€	0€	1,8€	Depende del banco	0€	0,9€	2€	1,85€	1,25€	0,65€
	0,45€	1,87€	0,65€	1€	1,5€	0,65€	0,45€	0,5€	0€	2€	1,85€	1,25€	0,45€
	1,95€	1,87€	0,98€	1€	1,5€	1,8€	Depende del banco	0,5€	0,9€	0€	1,85€	1,25€	0,65€
	1,95€	1,87€	0,98€	1€	1,5€	1,8€	Depende del banco	0,5€	0,9€	2€	0€	1,25€	0,65€
	1,95€	1,87€	0€	0€	0€	1,8€	Depende del banco	0€	0,9€	2€	1,85€	0€	0,65€
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¿En qué sucursal sacas dinero con tu tarjeta?

Bankinter: Gratis también en las cajas del Grupo Caja Rural, Laboral Kutxa, Cajamar y Deutsche Bank

Los clientes de Banco Popular que saquen en Laboral Kutxa, Grupo Caja Rural y Cajamar se les cobrará una comisión de 0,65 euros.

Los clientes de ING también sacarán gratis en Banca March y en todos los cajeros fuera de la Comunidad de Madrid si sacan más de 200 euros

Los clientes de Triodos Bank tendrán dos extracciones gratis al mes en Bankia, Bankinter e ING Direct

Evo Banco no cobra para disposiciones en efectivo a débito superiores a 120 euros, excepto en Popular y Red Euro 6.000, que no hay importe mínimo.

El cajero le informará de la comisión que va cobrar el banco dueño del dispensador al banco dueño de la tarjeta, pero su banco puede repercutir una cifra diferente si asume parte de la comisión.

El próximo 1 de enero no solo empezará un nuevo año, sino que también habrá un nuevo sistema de cobro de comisiones en el uso de cajeros automáticos de todo el país. Con el Año Nuevo entrará en vigor el Real Decreto-ley 11/2015, de 2 de octubre, que pretende regular las tasas que la banca cobra a los usuarios por la retirada de efectivo en los cajeros automáticos. Aunque la gran mayoría de las entidades aún no ha establecido las cuantías que recargará por este concepto (y que cerrarán en los próximos días y publicaremos), resulta práctico contar con una guía para no perderse en la maraña legal.

¿Qué cambia el Decreto-ley?

Hasta ahora, la banca ha repercutido en los usuarios el coste del uso de la red de cajeros automáticos, que en España consta de 5.479 terminales, es decir, 1,09 cajeros por cada 1.000 habitantes. El elevado coste de mantenimiento de esta red llevó a La Caixa, y después a BBVA y a Santander, a cobrar 2 euros adicionales a los usuarios no clientes de sus dispositivos, lo que implicaba el cobro por duplicado de comisiones por un mismo servicio y, por lo tanto, la adopción de una práctica que no está permitida por la ley. Con la nueva legislación, será la entidad emisora de la tarjeta la que abone las comisiones en las que incurra su cliente, con independencia de que le repercuta este gasto total o parcialmente. Antes de que se produzca la operación de retirada de efectivo, la entidad deberá informar al titular de la tarjeta del importe del servicio que le cobrará a su banco para que éste dé su consentimiento y así continuar con la operación.

¿Cuánto puede cobrarme mi banco por sacar dinero a débito en un cajero de otra entidad?

La comisión que tendrá que abonar la entidad emisora de la tarjeta al banco propietario del cajero podrá ser el resultado de un acuerdo entre ambas. A falta del mismo, la tasa será la misma en todo el territorio nacional y no será discriminatoria en función del tipo de cliente y sólo podrá revisarse anualmente. Además, la entidad emisora de la tarjeta no podrá repercutir a su cliente una cantidad superior a la comisión cobrada por la entidad titular del cajero en concepto de retirada de efectivo ni aplicarle ninguna cantidad adicional por cualquier otro concepto. Dentro de estos límites, el importe a repercutir será el que libremente se fije en el contrato entre la entidad emisora y su cliente, es decir, no hay ningún tope.

¿Qué entidades han establecido ya sus tarifas máximas?

Bankia, Banco Sabadell y las entidades de la Red Euro 6000 (integrada por Kutxabank, Ibercaja, Grupo Liberbank, BMN, Abanca, Unicaja, Caja España-Duero, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença y Cecabank) han acordado la aplicación de una tarifa máxima de 0,65 euros por operación, sin límite de importe en la extracción“ en su red conjunta de 17.808 cajeros automáticos.

Por otro lado, Bankinter ha suscrito acuerdos bilaterales con cinco grupos bancarios de ámbito estatal (Banco Popular, Cajamar, Laboral Kutxa, Caja Rural y Deutsche Bank) que permitirán a los clientes de Bankinter disponer de efectivo a débito en una red de 8.143 cajeros (el 19,7% del total de cajeros de España) sin coste.

Por ahora ING solo ha logrado un acuerdo con la red de Banco Popular y con la banca March. Para la entidad, que tiene como enseña no cobrar comisiones y no tener red de cajeros, no haber alcanzado más acuerdos le hará asumir unos altos sobrecostes por el uso del cajero si no le quieren pasar la factura a sus clientes, algo que es una enseña para ellos. La falta de acuerdos de ING viene de la mano de que, precisamente, la gran banca le quiere hacer la guerra a este tipo de entidades que tienen negocio online y con las que tienen duro competir en costes.

Además, CaixaBank sólo permitirá el uso gratuito de su red de 9.544 cajeros, la mayor del país, a sus clientes. El resto de entidades recibirán una comisión de dos euros, que después podrán trasladar al titular de la tarjeta de forma total o parcial o, por el contrario, asumir por completo. Asimismo, se especula que otro de los grandes bancos, el BBVA, seguirá la misma estrategia que La Caixa: sus clientes podrán usar sus cajeros de forma gratuita, mientras pasará recargos a los usuarios de otras entidades. La cuantía definitiva aún está por determinar, pero podría estar alrededor de los dos euros. Santander cobrará 1,8 euros al banco de los no-clientes.

Fuentes del sector bancario aseguran que las nuevas tarifas irán conociéndose poco a poco hasta final de año, por lo que las entidades apurarán hasta el último momento para cumplir con la nueva legislación.

¿Qué implicaciones tendrá en la información al usuario?

En primer lugar, las entidades deberán reformular los tablones de anuncios públicos en los que aparecen las comisiones máximas vigentes y que están disponibles en las páginas web de todas las entidades en las que deberán incluir los acuerdos alcanzados con otras entidades así como las comisiones que solicitará a los bancos con los que no haya pacto alguno. Por otra parte, el Real Decreto-ley recoge que, con carácter anual, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) remitirá un informe al Ministerio de Economía y Competitividad sobre los acuerdos o decisiones llevadas a cabo por las entidades referentes a las comisiones por retirada de efectivo con tarjeta u otros instrumentos de pago. El organismo podrá solicitar la información que crea oportuna a los bancos. Está previsto que el primer informe esté concluido en el primer semestre de 2016.

¿Qué opinan las asociaciones de consumidores?

Adicae ya ha avisado de que vigilará que todas las nuevas comisiones en cajeros sean razonables y proporcionadas al coste real de la operación y de que los recargos, tanto si resultan de alianzas como si no, deben respetar los actuales precios y garantizar el buen funcionamiento del sistema.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, las cinco candidaturas nacionales con opciones de entrar en el Congreso cuentan en sus programas electorales con propuestas relacionadas con el ahorro, la inversión y las sociedades de capital. Estas son las principales propuestas de los partidos.

Sicav

Las reformas que se perfilan como más polémicas son las que se refieren a la fiscalidad y articulación de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (sicav). Si los partidos cumplen sus promesas, esta forma de inversión colectiva, tal y como la conocemos tiene los días contados puesto que las cinco grandes candidaturas cuentan con propuestas para su reforma.

El partido de Mariano Rajoy recoge en su programa que la próxima legislatura, introducirá modificaciones en el régimen de las sicav para garantizar que estas sociedades se utilicen como instrumentos de inversión colectiva, “finalidad para la que originalmente se crearon”. Para lograrlo, el PP quiere computar como accionista, solo aquellos que tengan más del 0,55%. Una sicav debe tener un número mínimo de 100 accionistas para gozar de sus privilegios fiscales, pero siempre que se habla de fraude se asegura que muchos son 'mariachis', esto es, gente que no tiene participación real.

En el extremo opuesto se sitúan Podemos, el PSOE y Unidad Popular-IU que quieren poner participaciones máximas en lugar de mínimas. La formación liderada por Alberto Garzón se compromete a “la supresión de mecanismos de elusión fiscal como las sicav”, a la vez que prevé poner un tope máximo de participación individual, del 5% del capital, a todas las modalidades de sociedades de inversión, tanto si son financieras como si no lo son.

El partido liderado por Pablo Iglesias pretende regular el régimen fiscal de las sicav “para evitar que actúen como pantallas de elusión fiscal de las grandes fortunas”. Para conseguirlo, quiere controlar el número real y efectivo de socios, establecer un periodo máximo de permanencia para las plusvalías acumuladas, así como un porcentaje de participación máxima para cada inversor y un límite de aportación para cada uno de los inversores. Por otro lado, devolverá a la Agencia Tributaria la facultad para comprobar el cumplimiento de estos requisitos (que en julio de 2005 pasó a estar bajo el paraguas de la CNMV), de forma que si el organismo comprueba que una sicav no cumple con los requisitos establecidos, pasará a tributar por el tipo general del impuesto de sociedades.

Unas medidas muy similares tomaría el PSOE en caso de ganar las elecciones. Pedro Sánchez pretende limitar la participación máxima de cada inversor; fijar un período máximo de permanencia de las plusvalías acumuladas sin tributar, y devolver a la Agencia Tributaria las competencias de supervisión e inspección de las sicav.

Por último, Ciudadanos también devolverá a Hacienda la inspección de estos instrumentos de inversión colectiva, a la vez que promoverá su apertura, “de tal forma que cualquier ciudadano pueda invertir en las mismas condiciones que los dueños reales de las sicav, para que sean instituciones de inversión colectiva y no vehículos de inversión privada de grandes fortunas, que son perfectamente lícitos pero que en ese caso deben tributar como cualquier otra sociedad”.

Planes de pensiones

Los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE han impulsado la comercialización de los fondos privados de pensiones como complemento a los pagos que realiza el Estado. Tres de los cinco grandes partidos de ámbito nacional creen que es hora de remodelar este sistema aunque PSOE y Ciudadanos se abstienen de especificar en su programa. Unidad Popular-IU se compromete a reducir las ventajas fiscales de los planes privados de pensiones, mientras que Podemos se inclina por eliminar estos beneficios fiscales.

A la postre, el PP se convierte en el único defensor de estos planes privados. En la actualidad, las aportaciones a los planes privados de pensiones reducen la base imponible, por lo que el beneficiario paga menos impuestos en la declaración de la renta. Pero hay límite a esas aportaciones: 8.000 euros al año o el 30% de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas, la menor de ambas cantidades. Un tope que el PP tiene la intención de incrementar.

Mariano Rajoy, en una hipotética segunda legislatura, aumentará el importe que da derecho a deducción en el IRPF por las aportaciones a sistemas de previsión social, en los casos en que las aportaciones se realicen conjuntamente por el empleador y el trabajador. Además, modificará la forma de cálculo del IRPF en los rescates de los planes de pensiones como consecuencia de que este ahorro para el retiro ya puede rescatarse a los 10 años de su constitución. “Queremos que la tributación de estos casos sea equilibrada. Por ello, promoveremos que la parte de los fondos recuperados que corresponde al rendimiento de las inversiones sea tratada como ahorro y tribute a un tipo menor”, según recoge el programa del PP.

Fiscalidad del ahorro

La tributación de los rendimientos es otro de los temas importantes en los capítulos económicos de dos partidos de ideología de izquierda. Podemos se compromete a corregir progresivamente la dualidad entre rentas del trabajo y ahorro para avanzar hacia una tarifa impositiva única.

La tributación del dividendo, como renta del capital, también será muy diferente a la actual en el caso de que Pablo Iglesias llegue al Palacio de la Moncloa. Su partido establecerá un tipo diferenciado en función del destino de los beneficios: un tipo estándar para los beneficios distribuidos a los accionistas del 30%, que será inferior, del 25%, para los beneficios reinvertidos productivamente en la empresa, en particular en actividades de ampliación y renovación de bienes de equipo y actividades de I+D+i. En una línea de actuación similar, Unidad Popular-IU propone igualar, en la base imponible, la tributación de las rentas del trabajo y del capital.

Cultura financiera

La mejora de la cultura financiera se perfila como una de las propuestas más relevantes del PP y de Ciudadanos para lograr un mayor conocimiento, por parte de la sociedad, del funcionamiento del sistema financiero actual con la finalidad de que no se repitan abusos por parte de las entidades financieras como ya ocurrió en el pasado (cláusulas suelo, preferentes de Bankia…). El partido de Mariano Rajoy promoverá “fórmulas para favorecer la formación financiera en colegios y universidades”, con el objetivo de que “desde la infancia, se inculque una cultura financiera que permita tanto manejar los conceptos más básicos de ahorro, inversión, endeudamiento o riesgos, como desarrollar competencias relacionadas con los procesos de contratación de productos financieros”.

El partido de Albert Rivera, por su parte, se compromete a instaurar el espíritu emprendedor en la educación a través del método de las mini empresas para promover la creatividad, la innovación y el empleo por cuenta propia. Pero los partidos de izquierda no dan de lado a este aspecto de la educación. Unidad Popular-IU quiere incluir los fundamentos del derecho español y de la educación económica y financiera en los programas educativos obligatorios, como parte de la formación integral para vivir en nuestra sociedad.

Transparencia bancaria

Como complemento a la educación financiera, los partidos proponen una batería heterogénea de medidas para mejorar la trasparencia bancaria. Podemos, en su programa, dice que “promoveremos, desde los foros competentes, la prohibición de los productos financieros altamente especulativos, así como la promoción de formas de financiación alternativa o banca ética”. El PSOE, por su parte, pretende “revisar y reforzar los esquemas de protección de inversores y consumidores de servicios financieros, para recuperar la confianza de los ahorradores en los productos financieros”.

Para ello, va a promover la unificación de los servicios de reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros (del sector bancario, del sector seguros y de los mercados de valores) a los que pueden acudir los clientes e inversores en una única Autoridad de Protección Financiera y resolución de disputas. “Este nuevo servicio, a diferencia de los actuales, tendrá capacidad de emitir, a instancias de los consumidores perjudicados, dictámenes vinculantes para las entidades financieras”.

El PP también se inclina por crear un único organismo de atención de reclamaciones y resolución de diferencias para los usuarios de servicios financieros, además de avanzar en la mejora de la trasparencia bancaria, a través de que la información que proporcionan las entidades sea homogénea y comparable, con el fin de favorecer que los clientes puedan valorar mejor sus opciones y obtener condiciones más ventajosas. Asimismo, facilitará que los clientes bancarios cuenten con información puntual a través de medios electrónicos, “por ejemplo respecto de las situaciones que puedan dar lugar a un descubierto y, por tanto, a un coste adicional no previsto”.

Ciudadanos, por el contrario, es partidario de evitar la comercialización inadecuada de productos financieros a través de dos organismos diferenciados. Para ello, el partido de Albert Rivera impulsará un sistema de regulación financiera de “doble vértice”, integrado por una nueva Comisión Nacional de Servicios Financieros (CNSF), que arrancará de la CNMV y El Banco de España. La primera se encargará de la supervisión de la prestación de servicios financieros a clientes (préstamos hipotecarlos, tarjetas de crédito, seguros y fondos de pensiones).

El nuevo Banco de España pasará a ser responsable de la supervisión de la solvencia de todas las entidades financieras (incluidas las empresas de servicios de inversión y las compañías de seguros) que no estén ya bajo la supervisión del BCE y de las infraestructuras de los mercados financieros españoles (por ejemplo el servicio de compensación y liquidación de valores), pero dejará de tener responsabilidad sobre la prestación de servicios financieros a clientes por parte de los bancos.

Unidad Popular-IU incluye la transparencia bancaria dentro de un paquete de reformas de la legislación de los derechos de los consumidores. De esta forma, plantea la reforma de la Ley Hipotecaria, de Ordenación del Comercio Minorista, de Contratos de Crédito al Consumo, de Servicios Financieros y de Publicidad.

“Deberías vender esas cosas tan monas que haces”. Con el auge del 'Do it Yourself', el furor de las actividades manuales y las perspectivas de alto desempleo y salarios de miseria, ¿qué manitas no se ha planteado vender sus creaciones por internet? El comercio electrónico es una de las salidas con que cuentan los desempleados (o precarios) pero no todo el mundo vale o tiene la capacidad financiera para embarcarse en un proyecto así. Efrén Miranda, presidente de El Club del Emprendimiento (una comunidad de pymes, autónomos y emprendedores de España, compuesta actualmente por más de 90.000 miembros) puntualiza que aunque emprender es una buena opción, no todo el mundo vale para ello, ni todo el mundo puede hacer negocios en Internet. “El hecho de que sea más económico montar un negocio en la red que en el mundo físico, y que sea aparentemente más fácil, está llevando a muchos emprendedores a meterse de cabeza en ello sin mucho conocimiento ni experiencia en el sector, lo que normalmente no suele dar buenos resultados”, advierte. Al mismo tiempo recomienda a los emprendedores “hacerlo con cabeza y rodearse de gente que nos pueda aportar los conocimientos y las herramientas de las que carecemos”. Los elementos más básicos son los siguientes:

Legalizar la situación

Además de una buena idea de negocio, es indispensable darse de alta en el régimen de autónomos y pagar las cuotas mensuales. El Gobierno aprobó en el marco de la Ley de Emprendedores de febrero de 2013 la tarifa plana para autónomos que permite pagar 53,07 euros mensuales en los primeros seis meses. La cuantía asciende a 131,36 euros hasta que la empresa cumpla un año. En un tercer semestre, el pago se situaría en 183,85 euros y, a partir de ahí, el emprendedor estará obligado a pagar la cuota mínima completa de 261,83 euros. Estas cantidades dan derecho a la asistencia sanitaria y a la cotización para la jubilación, pero no a las prestaciones de desempleo ni los accidentes profesionales de trabajo. La solicitud de la tarifa plana debe coincidir con el momento de darse de alta en el régimen de autónomos en las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social. Por lo tanto, el nuevo autónomo pagará por este concepto el primer año un total de 1.116,48 euros. Por supuesto hay que ir a la Agencia Tributaria a darse de alta pero no nos tocará pagar (salvo el formulario) hasta que cobremos el IVA o generemos beneficios.

Conexión a internet, host y diseño

Para poner en marcha el negocio electrónico es necesario, como es lógico, conexión a Internet. Las operadoras cuentan con ofertas para atraer a este tipo de público. Una de las más baratas es la de Orange que, por 45 euros al mes (IVA no incluido) ofrece 30 Mb, línea Móvil con 150 minutos de voz, 1,5 GB de navegación 4G y línea de teléfono fijo. Este apartado se lleva 540 euros en el primer año de vida de la empresa.

El paso posterior sería la creación propiamente dicha de la tienda online. El nuevo emprendedor necesita un buen hosting -alojamiento de la web- que le dé fiabilidad, sea rápido y no se cuelgue. Es muy amplia la oferta para este tipo de servicios. Por ejemplo, Webempresa ofrece alojamiento web y dominio gratis, según las necesidades del cliente, desde 79 a 199 euros al año. Por otro lado, 1&1 cuenta con una oferta con duración hasta el final de este año en la que ofrece hosting de tienda online con dominio gratis el primer año desde 9,99 euros hasta 39,99 euros mes, en términos anuales, desde 119,88 a 479,88 euros el primer año.

Una vez elegido dónde se va a alojar el comercio online, será necesario diseñarlo. Las plataformas más utilizadas son Prestashop o WordPress. Todas cuentan con plantillas gratuitas, pero también existe la posibilidad de adquirir plantillas más sofisticadas que darán personalidad a la tienda por un amplio rango de precios. La diferencia con las plantillas de pago es que éstas dan una garantía de mantenimiento, soporte técnico y actualizaciones frecuentes y, además, cuentan con un alto nivel de personalización. Prestashop ofrece plantillas básicas desde 29,90 a 149,99 euros mientras que WordPress (que diseña páginas web con su plugin WooCommerce), ofrece sus productos desde 59 a 139 dólares en un solo pago.

Competencia bancaria por el sector con los terminales de pago

El emprendedor requerirá de una pasarela de pagos para poder recibir los importes de las ventas que realicen a sus clientes. Las entidades financieras suelen cobrar por este concepto un importe de alta, una cuota mensual y un porcentaje de las ventas realizadas. Asimismo, exigen la contratación de una cuenta corriente para realizar el ingreso de los pagos de los clientes e, incluso, algunas de ellas cuentan con sistemas de bonificaciones que reducen las cuotas en función de la vinculación del cliente con la entidad. De esta forma, para unas hipotéticas ventas anuales de 60.000 euros, ING Direct ofrece las cuotas más asequibles, ya que cobraría 300 euros al año al aplicar un 0,5% de cargo en cada transacción.

Este segmento de negocio puede estar viviendo una cierta guerra de captación de clientes por parte de las entidades. Bankia anunció recientemente el lanzamiento de una solución para facilitar de forma gratuita a las pymes, comercios y autónomos la puesta en marcha de su negocio online. El banco ofrece un TPV (Terminal Punto de Venta) virtual de Bankia sin coste de instalación y sin comisión de mantenimiento durante los seis primeros meses. Además, la entidad bancaria firmó un acuerdo de colaboración con Palbin para la creación gratuita del sitio web a los clientes. Por otra parte, La Caixa no cobra cuotas mensuales los tres primeros meses a los clientes que suscriban un TPV virtual con la entidad hasta final de año.

Pay Pal es la plataforma de pagos por excelencia con la que debe contar todo comercio virtual. Cobra en función de la facturación: a mayor importe, menor comisión. La tasa para unas ventas inferiores a 2.500 euros al mes es del 3,4% sobre el importe más un fijo de 0,35 euros. Para el supuesto de unas ventas de 5.000 euros mensuales, Pay Pal cobra el 2,9% más 0,35 euros por operación. La tarifa mínima, que se cobraría en caso de ventas superiores a 100.000 euros al mes, asciende al 1,9% a lo que se suman 0,35 euros por transacción.

Directo al cliente

Por último, ya solo queda la entrega de la compra al cliente. Generalmente, este coste corre a cargo del comprador, pero muchas webs lo asumen para fidelizar clientes. Otras optan por una vía intermedia: solo se hacen cargo de los gastos de envío si el cliente realiza una compra a partir de cierta cantidad. Correos es una de las compañías de transporte más utilizadas. Cuenta con un plan de e-commerce que ofrece tarifas a medida para las tiendas online, aunque aparte de esta oferta, sus precios oficiales se encuentran entre los más competitivos, pues es capaz de realizar envíos desde 6,70 euros en 48 horas. UPS, por su parte, hace entregas en 24 horas desde 15,30 euros y con entrega programada con día definido, desde 8,60 euros, aunque las pymes pueden disfrutar de descuentos especiales. ASM, que cuenta con herramientas para Prestashop, realiza envíos nacionales desde 9,64 euros. Seur, por su parte, realiza entregas al siguiente día hábil desde 12 euros, precio que sólo oferta para servicios contratados desde su página web. Además de las empresas tradicionales de entrega de paquetería, exienten en Internet comparadores que rastrean los precios más económicos para entregar los pedidos con precios muy competitivos debido a los descuentos que realizan. Packlink y Sendiroo son los más habituales.

A todos estos gastos faltarían los relacionados con la comercialización de nuestro objeto de negocio. Si es de producción propia los costes iniciales para los materiales y si es como tienda de terceros, los costes de liquidez que suponen lidiar con los proveedores ya que cuando se inicia un negocio es habitual tener que pagar al contado los primeros encargos. Tampoco se contabilizan los costes de una posible oficina o de una gestoría para tramitar las cuentas.

La última subasta de letras del Tesoro a un año vista dejó claro a los pequeños ahorradores que ya no podrán contar con uno de los tradicionales productos de ahorro sin riesgos: la renta fija española a corto plazo. Lejos quedan las campañas de captación de inversores domésticos que se llevaron a cabo durante los años más duros de la crisis económica, cuando las letras a tres meses llegaron a subastarse al 5,22%. El ahorrador particular ha pasado de tener deuda española por 10.205 millones de euros en 2008, año en el que la crisis empezó a tomar cuerpo, a los 5.574 millones del pasado mes de septiembre, es decir, casi la mitad que hace siete años.

La caída de la rentabilidad de las letras ha llegado hasta presentar intereses negativos, es decir, que el inversor paga al Estado para que le custodie su dinero. Este es el principal motivo de esta huida del pequeño ahorrador español. El desencadenante de esta situación es un cúmulo de factores, que, si se sostienen en el tiempo, pueden ser perjudiciales para la economía. Enrique Borrajeros, presidente del Comité de Comunicación de EFPA España, explica que la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) ha inundado el mercado de efectivo, lo que ha provocado la sensación de que el dinero vale poco. Un efecto que se agudizará en el futuro inmediato tras la última reunión de la autoridad monetaria europea, en la que el organismo decidió rebajar su facilidad de depósito al -0,3% desde el -0,2% anterior, es decir, cobrará por los depósitos de las entidades un 0,3% para estimular la concesión de préstamos al penalizar a la banca por aparcar su dinero sobrante en el BCE. En definitiva, más dinero en circulación.

A este factor Borrajeros suma el hecho de que la percepción de riesgo que planeaba sobre España se ha reducido. José Antonio Cortés, Director General de GVC Gaesco Pensiones, añade como causa de las rentabilidades negativas de la deuda española (un fenómeno que es más acusado en el resto de Europa) la ausencia de inflación en un contexto de sobrecapacidad en un mundo globalizado.

La coyuntura económica hace descartar otro de los grandes vehículos de ahorro sin riesgo de los españoles, la imposición a plazo fijo, es decir, el depósito de toda la vida. Esta opción, según Cortés, solamente es válida para aquellas personas que se conforman con la acumulación de efectivo porque debido a la ausencia de inflación el ahorrador no pierde poder adquisitivo. Hay que tener en cuenta que las mejores IPF (las siglas de Imposición a Plazo Fijo) ofrecen una rentabilidad del 1% en el mejor de los casos. Un ejemplo de ello es la cuenta de Coinc (entidad accesible a través de Internet y vinculada a Bankinter, que recientemente ha rebajado el tipo con que retribuye los ahorros de sus clientes del 1,10% al 0,8%). Tampoco resultan atractivos, por los mismos motivos, otra de los productos estrella para los ahorradores españoles, tradicionalmente conservadores: los fondos garantizados. Además, si hay una mínima comisión por la disposición de efectivo, reembolso o gestión de sus productos, se borra casi definitivamente cualquier nimia ganancia.

Opciones de inversión

En este escenario, el pequeño ahorrador tiene tres opciones, según Borrajeros: asumir más riesgos para hacer crecer su hucha, poner su dinero en productos a más largo plazo o consumir. “Y ya se está viendo un aumento del consumo en España”, explica. Para Julio Rodríguez López, miembro de Economistas frente a la Crisis y vocal del Consejo Superior de Estadística, “rentabilidad, nunca más que ahora en España, implica algo de riesgo. De no asumirse ningún riesgo, la rentabilidad que se puede obtener sería simbólica” dice.

Cortés, por su parte, cree que al ahorrador, solo le queda invertir, “que no es lo mismo que ahorrar”. El experto aclara que para engordar la hucha en los tiempos que corren es necesario invertir activamente según el perfil de riesgo de cada ahorrador. “Si la tolerancia al riesgo es baja, hay alternativas a las letras del tesoro y la deuda pública a corto plazo a través de fondos conservadores” que deben incluir fondos de retorno absoluto (aquellos que con una gestión activa logran desvincularse de la tendencia de los mercados), renta fija mixta, de renta fija corporativa, o bien fondos de deuda high yield. “Con una buena diversificación en este tipo de producto, el riesgo es mínimo”, concluye Cortés.

Carlos Llaca, manager del departamento de Desarrollo de Negocio de Atl Capital, considera que en la renta fija existen otras opciones interesantes como los fondos que incluyen bonos convertibles (que dan la opción de conversión en acciones de la compañía al vencimiento del bono). También se pueden incluir en las carteras fondos mixtos con una exposición moderada a renta variable. Según Llaca, la bolsa es en estos momentos el activo con mayores opciones de revalorización futura y, en concreto la renta variable europea que se encuentra en unos niveles de valoración atractivos. Pero, para evitar sustos derivados del corto plazo, el horizonte debe ser a varios años vista, tal y como aclara Borrajeros. Recuerde de nuevo, todas estas inversiones entrañan riesgo.

Rodríguez ve otras opciones. Una de ellas es la posibilidad de reinvertir el efectivo acumulado en el negocio propio, en el caso de que el ahorrador sea trabajador por cuenta propia. Otra, adquirir vivienda de segunda mano para alquiler. El economista recuerda que, según los últimos datos del Banco de España, la rentabilidad bruta por alquiler en el segundo trimestre del año alcanzó el 4,6%. Eso sí, no vale alquilar cualquier piso. Rodríguez considera que sólo da rentabilidad la vivienda de segunda mano situada en un contexto urbano y con estación de metro cercana y aconseja un buen asesoramiento legal para acometer esta inversión.

Las bajas rentabilidades en el ahorro conservador también se dejan sentir en la oferta de productos con los que cuentan los ahorradores. “Esta situación está llevando a la proliferación de los productos de retorno absoluto y a la sofisticación de los fondos de renta fija hacia un mayor dinamismo en la gestión. Pero sobre todo, lo más importante es que conlleva una bajada de las comisiones y un auge del asesoramiento cualificado”, explica José Antonio Cortés. Borrajeros explica que un asesor financiero puede costar entre el 1% y el 1,5% del patrimonio a invertir del ahorrador.

Las grandes fortunas españolas parecen no tener interés por la renta fija soberana española. Si bien es cierto que las rentabilidades negativas que ofrecen los plazos cortos (como las Letras del Tesoro) no ofrecen atractivo para los inversores, el mercado secundario de bonos puede dar oportunidades que solo unas pocas Sicav se atreven a aprovechar. En concreto, solo cuatro de estas sociedades cuentan con títulos de deuda pública (bien gubernamental como regional) en sus carteras. Todas ellas están ligadas a dos únicas familias: los March y los Del Pino.

Torrenova de inversiones (vinculada a la familia March) cuenta con títulos de deuda pública por un valor de mercado de 247,5 millones de euros (en total tiene casi 1.234 millones de euros). Tiene en total cinco bonos de la Comunidad de Madrid: cuatro con vencimientos superiores a un año y otro con vencimiento inferior a doce meses, concretamente en junio de 2016, que suman en total 27,97 millones de euros. Con estas posiciones, la sicav gana un 0,9% en un solo trimestre. Su cartera también cuenta con deuda de la Junta de Castilla y León, de la Junta de Andalucía, de la Comunidad Autónoma de Aragón y de la Xunta de Galicia. Durante el tercer trimestre, se desprendió de bonos de Catalunya y de bonos del estado español por 197,13 millones de euros. Cartera Bellver, otra Sicav vinculada a la familia March entre las 10 mayores del país con casi 500 millones de patrimonio, cuenta con tres bonos de distintos plazos de la Comunidad de Madrid, así como otro de la Xunta de Galicia y de la Junta de Andalucía. Asimismo, cuenta con cinco títulos de deuda gubernamental española por un valor de mercado de 15,75 millones de euros.

Respecto a los vehículos de inversión de la familia Del Pino (fundadores de Ferrovial), Allocation (con un patrimonio de 324 millones de euros) posee un bono del Estado Español, con vencimiento en julio de 2019 y con un valor de mercado de 10,36 millones de euros. La segunda mayor Sicav de la familia, Chart Inversiones (273 millones de euros), solamente presenta una posición en renta fija pública: una emisión de bonos del FADE (Fondo de Amortización de Deuda Eléctrica), que vence el próximo día 17 de diciembre, y que tiene un valor de mercado de 3,52 millones de euros.

Morinvest, la Sicav de Alicia Koplowitz que tiene casi 500 millones de euros de inversión, no cuenta con deuda nacional emitida en euros, pero sí en otras dividas extranjeras. Es el caso de un bono emitido en 2006 por la Junta de Castilla La Mancha en dólares canadienses con vencimiento el 28 de noviembre de 2016 y que la sicav adquirió durante el tercer trimestre de este año en el mercado secundario. Según datos de Quotenet.com, el bono ofrece una rentabilidad del 3,39% a los precios actuales de mercado.

Otras inversiones menores

Soandres (la Sicav de Sandra Ortega, hija de Amancio Ortega), Elitia Invest (el vehículo de inversión ligado a la familia Gallardo Ballart, funddora de Almirall), Cartera Mobiliaria (vinculado a la familia Botín) y Herprisa (controlada por Alberto Palatchi, presidente de Pronovias, y Susana Gallardo Torrededia, vicepresidenta Pronovias y consejera en Abertis) son reacios a tomar posiciones en la renta fija de nuestro país pese a los enormes patrimonios que atesoran en sus carteras.

Soixa, vinculada a Antonio Hernández Callejas, presidente de Ebro Foods, tampoco tiene en su cartera títulos de deuda pública española, pero sí otro instrumento de ahorro típicamente conservador: tiene un depósito en Novo Banco por 10,006 millones de euros que le ha dado unas rentas en el tercer trimestre de 6.000 euros.

Otras grandes fortunas también confían en la renta fija española. Es el caso de la Sicav Brunara, de Felipa Jové (hija de Manuel Jové, fundador de la inmobiliaria Fadesa), que posee en su cartera dos bonos gubernamentales españoles de distintos plazos por un valor de mercado de 8,9 millones de euros.

La familia del Pino (Ferrovial), Alicia Koplowitz, Sandra Ortega (hija de Amancio Ortega) y los dueños de Pronovias (Alberto Palatchi y Susana Gallardo) está en el 'top ten' de sociedades con más patrimonio

Solo diez familias atesoran 4.421 millones de euros en estos vehículos de inversión que tributan al 1%

Tienen querencia por el sector del lujo y algunas inversiones exóticas como obligaciones del Reino de Bahréin

¿Dónde está el patrimonio de las diez mayores Sicav?

Fuente: CNMV | gráfico: Raúl Sánchez

La irrupción de nuevos partidos de izquierdas en la arena política española ha vuelto a traer a la mesa de debate la fiscalidad de las sociedades de inversión de capital variable, conocidas como Sicav. Previsiblemente se acercan cambios en el sector en la próxima legislatura, aunque muchos aún siguen defendiendo la vigencia de este modelo de tributación ventajosa por la inversión que permanece en el país. De hecho, el temor a una huida de inversión hacia el extranjero es una de las principales razones por las que la comunidad inversora en general y los partidos tradicionales rechazan un cambio radical en la tributación de las Sicav.

Pero un análisis de los informes trimestrales de las diez mayores de España desvela que, aunque domiciliadas aquí, la gran parte de sus inversiones vuelan hacia otras latitudes. De hecho, a cierre del último trimestre dedicaron de media el 67,9% del patrimonio a inversiones fuera de nuestras fronteras, es decir, 4.421,91 millones de euros, según los últimos informes presentados a la CNMV, que incluyen datos de cierre del tercer trimestre del año. El análisis también muestra que aunque la ley exige que estas sociedades estén formadas por 100 accionistas, están controladas de forma mayoritaria por una sola familia.

¿Cómo se divide patrimonio de las diez mayores Sicav entre sus accionistas?

Fuente: CNMV | gráfico: Raúl Sánchez

La Sicav Elitia Invest, vinculada a la familia Gallardo Ballart fundadora del laboratorio fabricante del Almax, Almirall, se lleva la palma. Tiene el 95% del patrimonio invertido en el exterior. Pero las inversiones foráneas de las mayores Sicav españolas son de lo más variopinto. Torrenova de Inversiones, la mayor de España, vinculada a la familia March, con un patrimonio por valor de 1.234 millones de euros y 5.445 accionistas (las Sicav cotizan en bolsa, igual que cualquier sociedad anónima, en el segmento de Sicav del Mercado Alternativo Bursátil) tiene acciones de Deutsche Telekom, Adidas, Carnival, Snam Rete Gas y Reckitt Benkiser, pero también un bono de la Región Autónoma de Madeira, y renta fija estatal de Italia, Portugal, Turquía, Rumanía y Bulgaria.

Morinvest, la Sicav de Alicia Koplowitz, es la segunda de mayor tamaño en España, con un patrimonio algo inferior a los 500 millones de euros, el 99,86% en manos del primer accionista, y con predilección por la renta variable y la inversión alternativa. Sus apuestas bursátiles incluyen las grandes corporaciones tecnológicas estadounidenses, como Microsoft, Oracle, Time Warner, Unisys y VMWare. Su mayor posición está en la francesa Atos, cuyo valor de mercado es de 3,6 millones de euros, pero también cuenta con un importante posicionamiento en la London Stock Exchange (LSE, el operador de la Bolsa de Londres) y en Porsche. También tiene participaciones en 34 fondos de inversión extranjeros por un montante de 193 millones de euros, que representan el 39% del patrimonio de la Sicav.

Otra Sicav vinculada a la familia March, Cartera Bellver, completa el podio. Al igual que el resto de grandes Sicav de los March, no cuenta con ningún accionista que supere el 20%. El grueso de sus inversiones foráneas está en bolsa: con fuertes posiciones en empresas de artículos de lujo como LVMH o Adidas; el sector energético internacional, a través de la francesa Total o las estadounidense Exxon o Valero Energy, y el sector bebidas, con sus posiciones en Sabmiller y Diageo.

La Sicav vinculada a la familia Botín, Cartera Mobiliaria, también pone su foco en las bolsas internacionales. Entre sus valores preferidos están los relacionados con las telecomunicaciones, donde está presente a través de Orange, Ericsson o Telecom Italia. El sector del lujo está representado por su posicionamiento en Hugo Boss. Sin embargo, en este trimestre ha sufrido la crisis de Volkswagen, puesto que su participación en la compañía ha pasado de valer 2,9 millones de euros a 1,3 millones.

La heredera de Inditex

También entre las mayores Sicav españolas está la de Sandra Ortega Mera, hija de Amancio Ortega y su primera mujer, Isabel Mera. Su estrategia inversora se centra en invertir en fondos de inversión radicados en Luxemburgo e Irlanda, a los que dedica 345,51 millones de euros, es decir, más del 80% de su patrimonio. Esta misma estrategia de inversión es la que sigue la cuarta mayor Sicav de España, Elitia Invest. En su caso, un total de 371,51 millones de euros, el 95% del patrimonio, están invertidos en 19 fondos de inversión extranjeros, de los cuales, 18 están radicados en Luxemburgo e Irlanda.

La familia Del Pino, fundadora de la constructora Ferrovial, tiene a dos de sus Sicav entre las 10 más grandes de España y otra más, entre las 15 mayores. Suya es la Sicav que presenta un peor comportamiento entre las diez mayores del país, puesto que Allocation ha dado una rentabilidad negativa del 3,92%, a cierre de septiembre, mientras Chart Inversiones gana el 1,43% desde enero.

La primera de ellas presenta una fuerte exposición a valores de la bolsa japonesa, a través de 14 compañías, entre las que se encuentran los fabricantes de automóviles Honda, Toyota y Mazda, así como valores financieros como Softbank, Mizuho Financial Group o Sumimoto Mitsui Financial. Por su parte, Chart Inversiones también prefiere la renta variable internacional, donde ha sufrido la crisis de Volkswagen. Su participación en la alemana vale, a 30 de septiembre, el 49% menos.

La Sicav Soixa vinculada a Antonio Hernández, presidente de Ebro Foods, es otra de las que gusta de invertir en los mercados de valores foráneos. Su estrategia de inversión le está dando grandes frutos, puesto que es la que obtiene una mayor rentabilidad en el año, con un 7,79% a cierre del tercer trimestre. Entre sus principales apuestas hay dos valores portugueses, Semapa (Sociedade de Investimento e Gestao) y Galp Energia. A ellas se suman la gestora de la bolsa de Fráncfort, la Deutsche Boerse, Samsung, Hyunday, Rolls Royce y BMW. Esta Sicav hace un guiño a los mercados de valores emergentes a través de su presencia en la ingeniera taiwanesa Yungtay Engineering.

Los dueños de Pronovias, Alberto Palatchi y Susana Gallardo Torrededia (que también es consejera en Abertis) cuentan con dos Sicav entre las de mayor patrimonio de España: Herprisa y Gesprisa. La primera de ellas tiene nada menos que el 91% del patrimonio en su cartera exterior, concretamente en renta variable internacional, igual que muchas de las grandes Sicav españolas. Las carteras de valores de ambas incluyen acciones de grandes tecnológicas como Microsoft, Google, Apple, LinkedIn o Facebook, así como una fuerte exposición al sector farmacéutico, pues cuenta con acciones de Merck, Novartis, Roche y Pfizer. El representante del sector del lujo tampoco falta en esta cartera: LVMH y BMW.

Las Sicav Brunara y Kalyani, aunque no logran encaramarse al top 10 de las mayores españolas, también están entre las 20 primeras y están vinculadas a dos inversores de renombre: el indio Ramchand Bhavnani y Felipa Jové, hija de Manuel Jove, fundador de la inmobiliaria Fadesa. La primera de ellas sigue una estrategia de inversión distinta a la de otras grandes Sicav: prefiere la renta fija, tanto de empresas como gubernamental. Eso sí, preferiblemente de fuera de nuestras fronteras, ya que su cartera exterior representa el 74,94% del total del patrimonio. Entre sus posiciones más exóticas destacan las obligaciones de deuda emitidas por el Reino de Bahrein y de la República de Turquía.

La Sicav de Felipa Jove, por su parte, tiene el 87,79% de su patrimonio invertido en el exterior. Los fondos de inversión internacionales comparten protagonismo con la renta variable, donde cuenta con posiciones muy diversificadas sectorialmente en valores como Valeo, BNP Parias, Reckit Benckiser, ING o Randstad Holding.

Tras varios meses aletargado, el caso de las cláusulas suelo han vuelto al primer plano del activismo financiero tras el informe de la Comisión Europea que insta a la banca a devolver a los clientes con cláusulas suelo en sus hipotecas los importes cobrados de más desde el principio del contrato. Las asociaciones de consumidores están en pie de guerra contra los bancos con macrodemandas como las de Adicae, que está vista para sentencia, o la petición de multas para la banca por parte de los gobiernos autonómicos.

Adicae afirma que ninguna de las 17 autoridades de consumo ha hecho uso de sus competencias sancionadoras frente al “macrofraude” de las cláusulas suelo, al tiempo que recuerdan que las leyes autonómicas de protección de los consumidores facultan a las comunidades a imponer multas que pueden llegar a alcanzar entre una y diez veces (según la comunidad) los beneficios obtenidos como consecuencia de un fraude. eldiario.es da unas pautas para reconocer estas cláusulas reconocidas como abusivas y saber qué hacer en el caso de ser uno de los afectados, en colaboración con Elisa Escolar, abogada de Derecho Procesal en Jausàs Legal y profesora de Derecho Procesal y Derecho Concursal en la Universidad de Barcelona.

¿Qué es una cláusula suelo?

Una cláusula suelo es un requerimiento incluido por los bancos en los contratos hipotecarios de tipo variable, a través del cual, el cliente está obligado a abonar un tipo de interés mínimo, sea cual sea la evolución de la referencia que firmó (euríbor, IRPH…).

¿Cómo funciona?

Imaginemos una hipoteca de 150.000 euros; a un plazo de 30 años; con tipo de interés variable del euríbor más un diferencial del 1%; con una cláusula suelo en el 3%; tiene revisiones anuales en enero y se firmó en 2008, año en el que arrancó la crisis económica. En esa fecha, cuando el euríbor era del 4,498%, el cliente pagó un 5,498% de tipo de interés por su hipoteca durante el primer año, lo que suponía unas cuotas de 851,50 euros. Pero el desplome del euríbor durante la crisis económica, llevó a que el indicador se situara en el 1,232% sólo dos años después de la firma de la hipoteca.

En nuestro ejemplo, la cláusula suelo impidió que las cuotas mensuales bajaran a la par, tal y como sucede en una hipoteca de tipo variable estándar. De esta forma, el titular de esa hipoteca ficticia paga, desde enero de 2010, 550,81 euros al mes debido al 3% de la cláusula suelo. Sin ella, la cuota sería de 431,32 euros, ya que el tipo debería haber bajado al 1,298% (el euríbor en enero de este año se situó en el 0,298%). En conclusión, lleva ya casi un lustro pagando 119,49 euros al mes de más por su hipoteca.

¿Cómo puedo saber si mi contrato hipotecario incluye una cláusula suelo?

En primer lugar, hay que sospechar si las cuotas del préstamo no se han reducido de forma abultada. Si es así, el titular de la hipoteca debe revisar la escritura del préstamo hipotecario. Debe contar con una copia entregada al término de la firma del contrato del crédito hipotecario. En el caso de no disponer de este documento, el interesado deberá solicitar una nueva copia en el banco o en la notaría.

La banca utiliza una terminología muy específica para referirse a las cláusulas suelo en los contratos. Suelen estar incluidas en los apartados de “tipos de interés del préstamo” y bajo expresiones del tipo “límite de variabilidad de intereses”, “interés mínimo” o “límites a la aplicación del interés variable. Más recientemente, se han referido a la cláusula suelo como ”túnel hipotecario“.

¿Son legales?

La cláusula en sí es legal. Pero las entidades están obligadas a informar correctamente de las condiciones. Asimismo, tanto el notario como el registrador de la propiedad deben leer detenidamente los acuerdos del contrato delante del cliente para verificar las condiciones del mismo. Las cláusulas suelo, además, deben incluir una cláusula techo que no sea abusiva. En la práctica, no ha sucedido así, puesto que las entidades han incluido máximos de hasta el 12%, cuando el euríbor en España no ha superado en ningún momento el 6%.

NUEVA LEY PARA DEVOLVER LAS CLÁUSULAS SUELO: CÓMO RECLAMAR AL BANCO PASO A PASO

¿Cómo reclamar si una hipoteca cuenta con una cláusula suelo y no se ha comercializado con transparencia?

Una vez que el cliente ha comprobado que su contrato hipotecario incluye límites suelo en los tipos de interés aplicables, debe acudir a su entidad para reclamar la eliminación de los mismos. Las entidades suelen negociar con el cliente nuevas condiciones, que suelen ser el paso a una hipoteca de tipo fijo o el aumento del diferencial de la hipoteca de tipo variable vigente.

Las asociaciones de consumidores aconsejan no firmar un acuerdo con una entidad sin asesoramiento previo, puesto que algunos pactos incluyen la renuncia a acciones judiciales posteriores que soliciten cantidades atrasadas.

Si el cliente desea recuperar las cantidades de más, deberá iniciar un procedimiento judicial en el que reclamará la eliminación de la cláusula suelo, la devolución de los importes pagados de más (Elisa Escolar recomienda solicitar las cantidades desde el inicio del contrato), así como los intereses (se aplica el interés legal del dinero, situado en la actualidad en el 3,5%).

NUEVA LEY PARA DEVOLVER LAS CLÁUSULAS SUELO: CÓMO RECLAMAR AL BANCO PASO A PASO

¿Dónde puedo reclamar?

Las acciones individuales judiciales deben presentarse en los Juzgados de Primera Instancia, mientras que las colectivas se presentan ante los Juzgados de lo Mercantil.

¿Hay sentencias a favor de los afectados por las cláusulas suelo?

Entre las sentencias más relevantes está la del Tribunal Supremo del 9 de mayo de 2013 que declaró ilegal los suelos en 400.000 contratos de BBVA, 90.000 de Novagalicia Banco y 100.000 de Cajamar debido a que las consecuencias de su aplicación no habían sido explicadas de forma clara a los suscriptores. Su sentencia ha creado jurisprudencia y obliga a las entidades demandadas a devolver las cantidades cobradas de más a sus clientes a partir de la citada fecha.

En la actualidad, está pendiente de resolución una consulta prejudicial presentada por el Juzgado Mercantil número 1 de Granada ante el Tribunal de Justicia Europeo. El juzgado plantea a los jueces comunitarios sus dudas sobre la compatibilidad entre el límite a la retroactividad que plantea la sentencia del Tribunal Supremo en mayo de 2013 con la directiva sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, respecto a una demanda presentada por un cliente de BBK Cajasur. La resolución permitiría, o no, aplicar la retroactividad y el cobro de cantidades abonadas de más desde el principio de los contratos hipotecarios.

Asimismo, también está pendiente de sentencia una macrodemanda presentada por Adicae ante el juzgado número 11 de lo Mercantil en la que cerca de 15.000 afectados han demandado a 101 entidades por la aplicación abusiva de las cláusulas suelo.

El viernes, BBVA aseguró que considera el asunto “cosa juzgada” y que no tiene intención de devolver lo cobrado de más antes de 2013 a sus clientes.

ACTUALIZACIÓN: Cláusulas suelo: cómo saber si tienes una, cómo reclamar y qué banco pagará más dinero

ACTUALIZACIÓN: Cláusulas suelo: cómo saber si tienes una, cómo reclamar y qué banco pagará más dinero NUEVA LEY PARA DEVOLVER LAS CLÁUSULAS SUELO: CÓMO RECLAMAR AL BANCO PASO A PASO

¿Qué va a pasar con las familias que han perdido su vivienda en desahucios como consecuencia de la aplicación de las cláusulas suelo? Esta es la incógnita que se abre ante la posibilidad de que el Tribunal de Justicia Europeo obligue a las entidades a devolver el dinero cobrado de más con retroactividad, es decir, desde el inicio del contrato, tal y como le ha recomendado que haga un dictamen de la Comisión Europea. La retroactividad implicaría resarcir a estas familias o cualquiera que pudiera haber rescindido ya su contrato de hipoteca o haberla amortizado.

El tema no es baladí, puesto que, a tenor de las estimaciones de la asociación de consumidores Adicae, en el caso de que se eliminaran los suelos hipotecarios podrían evitarse un total de 200.000 ejecuciones hipotecarias y desahucios. Es más, los suelos han causado alrededor del 10% de los desahucios en España, según los datos que maneja la asociación.

Los afectados pagan entre 179,66 y 213,84 euros mensuales de más (en el caso de una hipoteca de 150.000 euros y a un tipo del euríbor +0,5% y euríbor +1%), cantidades que supondrían un auténtico alivio financiero para las familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes.

Miguel Rincón, abogado especialista de reclamaciones bancarias de Reclamador.es, recuerda que la reforma de la Ley Hipotecaria de hace dos años incluye que los procesos de embargo se paralicen o se rebajen las cuotas en el caso en el que los contratos hipotecarios incluyan cláusulas suelo. Sin embargo, desvela que hay algunas entidades que siguen la estrategia de dejar de aplicar las cláusulas suelo para así poder proceder a los embargos.

Carlos Macías, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), reconoce que si al final los tribunales de justicia dictan sentencia siguiendo las recomendaciones del reciente informe de la Comisión Europea, se tendrían que abrir procesos judiciales para reclamar los daños y perjuicios causados por las entidades. Asimismo, añade que la plataforma está aprovechando la cercanía de las elecciones generales y la campaña electoral para reunirse con los partidos políticos con el fin de trasmitirles sus demandas y conocer, de primera mano, las propuestas de los distintos partidos. Entre ellas, se encuentra la eliminación de las cláusulas suelo y la compensación económica para los afectados, así como mecanismos para las familias desahuciadas por la aplicación de esta tasa.

Carlos Baños, presidente de Afes (Asociación de Afectados por Embargos y Subastas) reconoce que este segmento social va a tener problemas a la hora de afrontar económicamente las demandas, aunque recuerda que hay despachos y asociaciones que admiten el pago aplazado de los cánones, tras reconocer que en su asociación ha habido innumerables casos de hipotecados a los que “si no se les hubiera aplicado los suelos, habrían podido pagar perfectamente sus préstamos”. La solución podría venir de la mano de la decisión del Supremo de aceptar denuncias acumuladas, lo que abarataría sustancialmente los costes de estos procesos.

Pero el posible reconocimiento de la retroactividad de las indemnizaciones por las cláusulas suelo no sólo afectaría a las personas desahuciadas. También a aquellas que ya han amortizado sus préstamos, tal y como señala Carlos Baños. “En realidad, reclamar la retroactividad es un derecho que cualquier afectado puede ejercer a través de un procedimiento judicial, aunque el contrato hipotecario ya haya expirado”, puntualiza Baños, que se atreve incluso a prever situaciones que en la actualidad parecerían inverosímiles. Por ejemplo, explica que aplicar la retroactividad de las reclamaciones conllevaría una rebaja considerable de las cuotas hipotecarias e, incluso, “habrá casos en los que el banco debería dinero a su cliente”.

En este escenario, los expertos judiciales aconsejan lo mismo: buscar asesoramiento lo antes posible. “Según avanza el proceso de desahucio, las dificultades para paralizarlo son menores. Por eso, recomendamos que en cuanto llegue el primer aviso de la entidad, el cliente debe buscar ayuda de un experto en la materia y no esperar a ver si su situación económica mejora para poder hacer frente al pago de la totalidad de las cuotas”, afirma Rincón.

Los afectados por las cláusulas suelo hipotecarias empiezan a tener un flujo de noticias más que positivo. En primer lugar, la Comisión Europea ha emitido un informe que desautoriza la sentencia del Tribunal Supremo español, que condenó a tres bancos a devolver los importes cobrados a través de las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios solo desde mayo de 2013. Bruselas pide ahora que la banca reintegre todo el dinero cobrado por aplicar estas cláusulas desde el inicio del crédito, ya que entiende que no es posible que los tribunales nacionales puedan reducir los importes a devolver al consumidor, ya que si una cláusula es declarada nula, “lo es desde el origen”. Con todo, el dictamen comunitario no es vinculante.

Las asociaciones de consumidores muestran su alegría por la opinión del organismo comunitario. Facua-Consumidores en Acción celebra que la Comisión Europea (CE) defienda los intereses de los consumidores españoles y reclama al Gobierno que deje de proteger los intereses de un sector, el bancario, “que basa gran parte de sus beneficios en los abusos que cometen sobre los usuarios, como es el caso de las cláusulas suelo, que les reporta miles de millones cada año”. Asimismo, la asociación lamenta la falta de acción de las Administraciones Públicas para evitar que los afectados tengan que recurrir a los tribunales para reclamar su devolución.

Pero otras prefieren no lanzar las campanas al vuelo porque el informe no es vinculante. “Es muy positivo, y así se lo estamos trasladando a los clientes, pero recomendamos mucha prudencia”, afirma Miguel Rincón, abogado especialista de reclamaciones bancarias de reclamador.es, que añade que hasta que los tribunales no dicten sentencia en el mismo sentido que la recomendación de la Comisión, aún no se puede hacer nada desde el unto de vista legal“. Agustín Sáez, letrado de Apabanc para temas de cláusulas suelo, asegura que la opinión de la Comisión ”pone en evidencia que la política hipotecaria en España no ha sido correcta y que la aplicación de la ley por los tribunales españoles ha sido muy tibia desde el punto de vista de los consumidores“.

Tanto Sáez como Rincón, así como Manuel Pardos, presidente de Adicae y Javier Gastón, socio fundador de Demandascolectivas.com, confían en que el Tribunal Europeo de Justicia emita una sentencia en línea con las recomendaciones de la Comisión. “Hay que tener en cuenta que la Comisión representa los intereses de una colectividad, al contrario que la posición española”, explica Gastón, que, además, desvela más nuevas noticias para los hipotecados con suelo. Un auto de la Audiencia Provincial de Tenerife confirma la sentencia de primera instancia en la que se condena a BBVA a devolver las cantidades indebidamente cobradas por la entidad desde el inicio del contrato hasta el 9 de mayo de 2013 a una afectada por cláusulas suelo de la entidad. El importe asciende a 3.998,32 euros a lo que hay que sumarle los intereses legales desde la interposición de la demanda. Esta sentencia es firme y no caben recursos sobre la misma. Manuel Pardos, por su parte, califica de “muy claro” el pronunciamiento de la Comisión y cree que “tendrá una influencia decisiva en la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que podría llegar en tres o seis meses”.

Sin embargo, aunque las cosas empiezan a ponerse a favor de los hipotecados, todo apunta a que la banca intentará retrasar al máximo los pagos. “En muy pocos casos la banca ha dado su brazo a torcer a las primeras de cambio”, recuerda Sáez, que espera que las entidades sigan con la misma actitud mostrada hasta ahora. Gastón cree que las entidades dejarán de recurrir las sentencias de los tribunales cuando haya sentencias firmes o cuando seguir con los procesos legales les resulte más costoso que indemnizar.

El pago equivale a un tercio del rescate a la banca

De fondo están los elevados importes a los que tendría que hacer frente la banca en caso de que los tribunales dictaran la retroactividad de las indemnizaciones. Las asociaciones calculan que los pagos podrían ascender a entre 15.000 y 20.000 millones de euros, teniendo en cuenta que podría haber unos tres millones de hipotecas con cláusulas suelo y que las reclamaciones medias podrían oscilar entre 5.000 y 7.000 euros. CaixaBank y Bankia serían las entidades más afectadas. Reclamador.es calcula que, teniendo en cuenta que los afectados pagan de más una media de 180 euros al mes por sus cuotas hipotecarias debido a las cláusulas suelo, CaixaBank debería devolver más de 1.044 millones de euros por los 200.000 contratos de cláusula suelo que tiene con sus clientes, mientras Bankia debería abonar más de 156 millones de euros por sus 30.000 hipotecas en cartera con este tipo de interés. La primera de las entidades reconoce que ha eliminado el 94% de las cláusulas suelo de sus hipotecas, mientras que la segunda, ya no las aplica a ninguno de sus clientes. Banco Sabadell sólo da datos de cuánto podría llegar a costar a la entidad las indemnizaciones según la legislación vigente, es decir, desde el 9 de mayo de 2013: 110 millones de euros.

Javier Gastón añade que, si se aplica la sentencia de la Audiencia Provincial de Tenerife, los clientes con cláusulas suelo de los bancos a los que hace referencia la sentencia del Tribunal Supremo, BBVA, Cajamar y Novacaixa Galicia tendrían que hacer frente a unos pagos de 2.100 millones de euros. Y las cifras podrían ir en alza si se tienen en cuenta las personas deshauciadas como consecuencia de la aplicación de cláusulas suelo, tendrían derecho a reclamar y a ser compensadas económicamente, según recuerda Manuel Pardos.

Desde Caixabank recuerdan que en la rueda de prensa de la reciente presentación de resultados se comentó que la entidad había revisado las cláusulas suelo proactivamente por una decisión propia. “Desde 2013 habíamos tenido un enfoque en revisar caso por caso todas las cláusulas suelo. En 2015, a raíz de la aprobación de la reforma del Código de Buenas Prácticas (que ampliaba supuestos), hemos ido durante el año aumentando este criterio de personas con menores ingresos hasta llegar a un momento en que, a efectos prácticos, hemos eliminado las cláusulas suelo de la práctica totalidad de la cartera. Esto se ha hecho de manera proactiva, de manera individualizada, hablando y explicando la situación a cada cliente.

Además de estas dos entidades, Banco Popular, Liberbank, Banco Sabadell, Unicaja y BMN serían las entidades más afectadas por la aplicación de la retroactividad en las indemnizaciones por las cláusulas suelo.

Desde el sector bancario recuerdan que el informe de la Comisión Europea no es vinculante; que aún queda por conocer la decisión del Tribunal de Justicia de la UE, que puede ser en cualquier sentido, y que las cláusulas suelo son legales. “Las sentencias judiciales a favor de clientes con cláusulas suelo solamente hacen referencia a contratos en los que no se ha comercializado ni explicitado en los contratos de forma trasparente”, reiteran algunas fuentes bancarias.

Muchos titulares de hipotecas viven en la actualidad buenos tiempos con el euríbor en el 0,137%, su mínimo histórico. Pero otros no tienen tanta suerte. Son los afectados por las cláusulas suelo. Algunas entidades bancarias llegaron a comercializar hipotecas con un suelo del 6,5%. Teniendo en cuenta que el euríbor marcó un máximo en el 5,393% en julio de 2008, esos afectados apenas pagaron el interés variable de su hipoteca.

“Ese crédito era, en la práctica, una hipoteca a plazo fijo disfrazada de variable, que sólo se activaba cuando el euríbor sumado al diferencial subían por encima de la cláusula suelo, por lo que podríamos decir que sólo hubo una parte que se benefició del acuerdo”, asegura Fernando Herrero, secretario general de Adicae.

Tras la vista preliminar celebrada en junio, la macrodemanda presentada por Adicae en nombre de 12.000 afectados por las cláusulas suelo ya está sólo pendiente de la sentencia. En ella, se reclama la eliminación sin condiciones de las cláusulas suelo y la devolución de las cantidades cobradas indebidamente por su aplicación.

Javier Gastón, socio fundador de la plataforma Denunciascolectivas.com, afirma que esta parálisis judicial respecto a los afectados por las cláusulas suelo hipotecarias responde a que el Tribunal Europeo de Justicia aún está pendiente de emitir su sentencia sobre si los afectados pueden reclamar la retroactividad en sus demandas contra la banca.

Hasta la fecha, las sentencias favorables a los usuarios hipotecarios han reconocido la devolución de las cuantías cobradas de más por las entidades desde el 9 de mayo de 2013, cuando el Tribunal Supremo declaró la nulidad de estas cláusulas en los casos en los que haya falta de transparencia en la comercialización del crédito hipotecario. Gastón confía en que el texto del tribunal europeo salga pronto a la luz tras la reciente reunión de los magistrados.

Mala fe judicial

Pero los afectados por las cláusulas suelo hipotecarias puede que no vean en esta sentencia el fin a sus problemas, puesto que la sentencia aún es recurrible hasta el Tribunal Supremo. “No creo que lleguemos a este extremo porque el Tribunal Supremo ya ha manifestado la nulidad de las cláusulas suelo en cuatro ocasiones, por lo que, incluso, podría llegar a declarar la mala fe judicial, puesto que el único interés de la banca sería alargar más el proceso y retrasar una sentencia final”, explica Herrero. Agustín Sáez, letrado de la asociación Apabanc para temas de cláusulas suelo, reconoce que le gustaría que el Gobierno hubiera tomado ya cartas en el asunto. “Es lamentable que tenga que ser un tribunal europeo el que tenga que resolver este problema”, asegura.

En este impasse judicial, las entidades están intentando llegar a acuerdos con los hipotecados con cláusulas suelo. El problema es que, según las asociaciones de consumidores, las prácticas son un tanto oscuras y, de nuevo, presuntamente abusivas. Javier Gastón se ha encontrado con casos en los que el banco ofrece la retirada de la cláusula suelo “a cambio de firmar una declaración en la que el cliente reconoce que no va a reclamar la retroactividad en las devoluciones, una propuesta que consideramos ilegal”.

Fernando Herrero cuenta con todo un decálogo de actuaciones de las entidades en este sentido. Entre ellas incluye la reducción de la cláusula suelo a cambio de que el cliente reconozca por escrito que conoce perfectamente las consecuencias y riesgos que tiene esta cláusula; la eliminación temporal del suelo por periodos que pueden oscilar entre los 2 y los 20 años, pero, una vez pasado el periodo en cuestión, la cláusula vuelve a sus condiciones iniciales, o bien la eliminación total del suelo, a cambio del aumento del diferencial, de una renuncia a acciones legales o de una cláusula de confidencialidad.

Adicionalmente, la entidad obliga a la contratación de otros productos, como seguros de vida o de protección de pagos. La banca también llega a proponer la conversión temporal de la hipoteca de interés variable a interés fijo o elegir entre ambas opciones y el mantenimiento perpetuo de la propia cláusula suelo.

Herrero reconoce que este tipo de acuerdos se han disparado en los últimos meses. No en vano, la banca se juega mucho en los tribunales. Adicae calcula que en una hipoteca de 200.000 euros con una cláusula suelo media del 3,5%, el cliente desembolsa entre 239,54 y 285,12 euros al mes de más, teniendo en cuenta un interés de euríbor más 0,5% y euríbor más 1% . Al año, la cuantía suma entre 2.874,48 y 3.421,12 euros.

En total, según Adicae, la banca ingresa entre 479 y 570 millones de euros al mes por este concepto procedentes de dos millones de hipotecas con cláusulas suelo (en esta cifra no entrarían los créditos hipotecarios de BBVA, Abanca y Cajamar, que ya cuentan con sentencia en firme del Tribunal Supremo ni los créditos ya vencidos).

No obstante, cuantificar el impacto en la banca de una sentencia judicial favorable a la retroactividad, que implique abonar los importes pagados de más desde el inicio de los contratos es un ejercicio que los expertos juzgan prácticamente imposible. Javier Gastón se atreve, con mucha prudencia, a calcular que la retroactividad supondría la devolución de entre 7.000 y 8.000 euros por cliente de media. “Esto supone un total para el sector de unos 15.000 millones de euros, una cifra escandalosa”. No en vano, representaría el 1,5% del PIB español. Agustín Sáez, por su parte, estima que si la devolución es desde el 9 de mayo de 2013, el importe a devolver a los afectados rondaría los 4.000-5.000 euros de media.

Puntos negros en los contratos

En este punto, Agustín Sáez denuncia cierto oscurantismo de la banca a la hora de proporcionar la documentación necesaria para reclamar. “Muchas veces hay problemas para acceder a cierta información, por ejemplo, la documentación anterior a la firma notarial o sobre el préstamo bancario”, afirma, a la vez que llega a reconocer que la desinformación es tal que en ocasiones llegan clientes pensando que el problema de su hipoteca es la cláusula suelo, pero luego salen del despacho sabiendo que su préstamo también cuenta con intereses abusivos de demora o con cláusulas de vencimiento anticipado.

La patronal, la Asociación Española de Banca (AEB), recuerda que la sentencia de mayo de 2009 del Tribunal Supremo confirma la legalidad de las cláusulas suelo. Asimismo, añade que la nulidad de las cláusulas suelo quedaría limitada exclusivamente a los casos en los que se haya producido una falta de transparencia en la comercialización del producto, pero no cuestiona la validez de la cláusula suelo en sí misma y que la transparencia en los préstamos hipotecarios está garantizada por la doble intervención de fedatario público: notario y registrador de la propiedad.

Fuentes del sector que quieren permanecer en el anonimato explican que las cláusulas suelo son una forma de cobertura gratuita que ofrecen los bancos a sus clientes respecto a la evolución futura de los tipos de interés. “El Gobierno estableció legalmente la obligación de las entidades financieras a ofrecer este tipo de productos pues la mayoría de las hipotecas en España están concedidas a tipo de interés variable y por lo tanto una subida de tipos, que era lo que en aquel momento se esperaba, podía afectar muy negativamente a los titulares de préstamos hipotecarios”, desvelan las mismas fuentes.

Asimismo, entienden que los bancos han actuado con transparencia y citan el artículo 7 de la Órden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios. En el apartado 3.2º.3 de la ley, se dice que el notario ante el que se formalice el préstamo tiene la obligación de advertir expresamente al prestatario si “se hubieran establecido límites a la variación del tipo de interés” y “en particular, cuando las limitaciones no sean semejantes al alza y a la baja” en cuyo caso “el notario consignará expresamente en la escritura esa circunstancia, advirtiendo de ello a ambas partes”. Una salida que proponen a las cláusulas suelo a los clientes que no estén satisfechos es subrogar su préstamo en otra entidad.

Con todo, los expertos aconsejan reclamar y no firmar ningún acuerdo privado que propongan las entidades. “Nosotros estamos planteando la nulidad de las cláusulas suelo y los atrasos desde mayo de 2013. Hasta que no se resuelva definitivamente la macrodemanda de Adicae, reclamar la retroactividad completa supone dar demasiadas expectativas de éxito al cliente”, admite Sáez. El hecho de que la macrodemanda de Adicae sea colectiva supone que la resolución del juicio tiene carácter extensivo: afectaría a todas las hipotecas con suelo, por lo que las entidades tendrían que cesar la aplicación de esta cláusula en las hipotecas vivas.

La Caixa abrió la guerra de las dobles comisiones con el cobro de dos euros a los usuarios de cajeros automáticos que no fueran clientes. Ante las protestas de los consumidores, el Gobierno intervino con la prohibición de la medida. Pero no es la única comisión que podría dar qué hablar en el futuro. La entidad catalana también fue pionera en aplicar una comisión de dos euros a las personas que realicen ingresos en cuentas corrientes en los que no sean titulares. Dos euros cobra también Banco Popular por este mismo concepto, y Banco Santander, tres. Esta entidad explica en su libro de tarifas que este recargo se aplica a los ingresos en los que hubiese que detallar la persona que realiza el movimiento o el concepto del abono en las oficinas a las que se les comunique expresamente.

En los tres casos, la comisión se carga contra la persona que realiza el ingreso. Desde La Caixa afirman que esta comisión se refiere a un servicio que solicita una persona que no es cliente, “aunque a veces no llega ni siquiera a aplicarse”, al tiempo que recuerdan que ese tipo de ingresos siempre pueden realizarse a través del cajero automático sin ningún tipo de coste. Mientras, Fernando Herrero, secretario general de Adicae, recuerda que el Banco de España ya se pronunció acerca de esta comisión y añade que en realidad los bancos la aplican bajo la excusa de que dan el servicio de señalar el nombre de la persona que ingresa y el concepto del ingreso. Con todo, Herrero califica de “desproporcionado” este cobro.

Comisión por estar en números rojos

Una de las comisiones más polémicas es la relacionada con la comunicación de posiciones deudoras. Todas las entidades la cobran debido a que entienden que el procedimiento de comunicación de una situación de números rojos en una cuenta corriente o depósito a la vista genera gastos. Sus importes rondan los 30-35 euros, sin embargo, no es un servicio que solicite el cliente. En este punto, hay que recordar que la ley vigente dice que la banca sólamente podrá cobrar comisiones por servicios solicitados en firme y aceptados por los clientes, siempre que estos servicios hayan sido efectivamente prestados y los gastos que genera la prestación de ese servicio, se hayan generado. Además, antes de prestar un servicio bancario a un cliente, las entidades están obligadas a informar, mediante un mensaje claro y de forma gratuita, la comisión que se va a aplicar. El cliente, una vez al tanto de los costes del servicio, tiene derecho a rechazar la operación solicitada y, por lo tanto, no abonar recargo alguno.

El uso de tarjetas cuenta también con comisiones que, aunque responden a servicios que solicita el cliente, pueden resultar un tanto exóticas. La Caixa cobra por recargar las tarjetas prepago el 1% del importe a recargar, mientras que Bankia aplica un 3%, con un mínimo de cinco euros por el mismo concepto, y Banco Popular, cinco euros por cada recarga. Bien es cierto que ambos pueden ser considerados servicios que reclama el cliente, pero se da la paradoja de que si el cliente, haciendo uso de sus derechos, desiste de realizar la operación, tampoco puede realizar pagos con su tarjeta. Con todo, desde Bankia explican que las comisiones que aparecen en el libro de tarifas se refieren al máximo que la entidad puede cobrar, “pero luego la política comercial puede determinar cifras por debajo de las marcadas”, para luego reconocer que esta tarifa sobre las tarjetas prepago no se está cobrando en las sucursales.

Otra comisión peculiar es la que cobra La Caixa por un servicio de gestión de cobro de pesetas, a petición del cliente. Por él cobra el 3% del importe en billetes gestionados, con un mínimo de tres euros, y seis euros por cada 100 monedas o fracción.

Algunas entidades también reconocen cobros en sus libros de tarifas por no utilizar ciertos servicios, situación que no puede considerarse como servicio solicitado por el cliente. La entidad catalana, además, cobra cinco euros al semestre por inoperancia de tarjetas de prepago, es decir, si no se produce ninguna operación con este medio de pago en seis o 12 meses. Santander, por su parte, aplica un recargo de 30 euros a los usuarios de TPV (Terminal de Punto de Venta o datáfono) cuando la facturación del comercio haya sido inferior a 200 euros durante dos meses naturales seguidos.

Fernando Herrero aconseja a los usuarios reclamar en caso de que cualquier entidad aplique comisiones que no se correspondan con servicios solicitados. El primer paso sería la protesta en ventanilla. Si no se obtiene el resultado deseado, el usuario deberá reclamar ante el propio servicio de atención al cliente de la entidad en cuestión. Si éste no le da respuesta en un plazo de dos meses o es insatisfactoria para el usuario, entonces puede interponer su queja ante el servicio de reclamaciones del Banco de España.

Crédito, depósito a plazo fijo, cuenta corriente, estar en números rojos, seguro de vida o de hogar, entre otros, son términos financieros que la mayor parte de la población española –a pesar de contar con una cultura financiera por debajo de muchos países occidentales- es capaz de comprender. Sin embargo, hay una parte sustancial de la población que, bien por pertenecer a clases sociales bajas en riesgo de exclusión o por padecer deficiencias intelectuales, se ve obligada a realizar sobreesfuerzos para comprender hasta los conceptos financieros más sencillos.

Pero las capacidades intelectuales de estas capas sociales no son las únicas responsables de que el mundo financiero esté fuera de su alcance. La mayor complejidad de los productos bancarios, unida a un lenguaje espeso y muchas veces plagado de anglicismos, son los dos grandes obstáculos para que se produzca una auténtica inclusión financiera.

“Nuestra socia llegó un día y nos dijo que habíamos alcanzado el break-even en la compañía. Me asusté al oír la expresión, porque no entendí el significado, pero me tranquilicé después de que me explicara que íbamos muy bien, que los ingresos de la empresa eran iguales a los gastos”, rememora Raquel Cárcamo, socia fundadora de la Cooperativa Altavoz, que trabaja para lograr la integración social de personas con discapacidad. Tres de sus cuatro socios son personas con diversidad funcional y cuenta con el apoyo de Barclays.

Asociaciones como la Fundación ONCE trabajan para lograr una mayor inclusión financiera. La entidad ha desarrollado, junto con Citi y la Fundación Aprocor, el proyecto “Finanzas inclusivas”. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España, que han aportado los distintos materiales para el proyecto que, en una primera fase, se centra en la inclusión de personas con discapacidad y dificultades de aprendizaje. Un total de 44 entidades y 488 usuarios de diferentes colectivos han utilizado la herramienta. El acceso a “Finanzas inclusivas” es gratuito y en él se abordan contenidos financieros relacionados con el dinero y su uso, el trabajo o el ahorro, entre otras cuestiones.

Por su parte, el manual 'Finanzas accesibles para todas las personas' recoge una serie de recomendaciones y directrices con el objetivo de que toda la cadena de valor, desde las oficinas, las páginas web, cajeros automáticos y la atención personal, se lleve a cabo de una manera inclusiva.

“Ganan en independencia”

Leticia Avendaño, directora de la Fundación Aprocor, reconoce que esta nació “de un proceso de escucha de las personas que no sabían gestionar su dinero”. Sus talleres de formación han permitido realizar cambios importantes en los ciudadanos, de tal forma que “ganan en independencia, autoestima e integración social”. Como ejemplo, explicó un caso en el que enseñaron a utilizar una tarjeta en un cajero automático. Sus cursos se imparten online con apoyo de profesionales de forma presencial.

El uso de las nuevas tecnologías es otro aspecto de gran relevancia para que la cultura financiera llegue a todos. Pilar Villarino, directora del Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), recibe con agrado cualquier aplicación o avance tecnológico que contribuya a aumentar la educación financiera, que “es esencial para la autonomía de las personas”.

Las entidades financieras también quieren aportar su granito de arena a la inclusión social en sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa. Citi, además de participar en el proyecto “Finanzas inclusivas” de la Once, colabora con la Fundación Síndrome de Down y con al Fundación Carmen Pardo-Valcarce en programas de promoción de inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual.

Banco Santander cuenta, entre otros, con su programa “Finanzas para Mortales”, de la que se benefician instituciones como Cruz Roja. Además, apoya el acceso a la educación financiera con iniciativas como “Aprender Trabajando”, que proporciona conocimientos financieros necesarios a colectivos en riesgo de exclusión. Desde algunas asociaciones de usuarios de banca acusan a estas iniciativas de “lavado de cara” tras las tropelías cometidas durante la crisis.

Los ciudadanos europeos ya tienen un derecho más: el de poder contratar sin cortapisas una cuenta bancaria básica. Más de 58 millones de ciudadanos comunitarios no son titulares de este producto bancario y, de ellos, 25 millones querrían tener una, según las estimaciones de la Comisión Europea.

¿Realmente hay problemas en España para abrir una cuenta? En principio, sí. Mari Lo Molina, del departamento jurídico de Facua, admite casos en los que las entidades bancarias españolas han denegado la apertura de una cuenta bancaria a personas sin domicilio fijo en España, algo a lo que pone coto la nueva directiva.

Sin embargo, no sólo las clases menos favorecidas de la sociedad cuentan con cortapisas para tener un producto indispensable para realizar pagos corrientes como los recibos. El profesor de Banca de Esade, Robert Tornabell, desvela que hay estudiantes de intercambio y emigrantes españoles que tienen problemas para tener una cuenta bancaria básica fuera de su país, sobre todo si el país receptor no pertenece a la zona del euro. Un erasmus, por ejemplo, ya tendrá derecho a abrir una cuenta al llegar al país donde va a realizar sus estudios.

Desde la Comisión Europea creen que el derecho a una cuenta corriente básica para cualquier ciudadano “con independencia de su lugar de residencia o situación financiera, elimina los obstáculos a los que muchos se enfrentan cuando quieren acceder a servicios bancarios básicos en un país diferente al suyo de origen. La Directiva también mejora sustancialmente la transparencia de las comisiones de las cuentas bancarias y hace que sea más fácil cambiar de un banco a otro”. La Comisión dice que esta cuenta “básica” debe dar derecho a los ciudadanos a domiciliar su nómina o su pensión y poder pagar sus recibos aunque no sean residentes en el país donde está sito el banco aunque hay que ser residente legal en la UE.

Tanto Molina como Tornabell, aunque procedentes de dos mundos completamente distintos, consideran buena la directiva europea, que, según fuentes del Ministerio de Economía, “está en el Congreso y se prevé su aprobación definitiva en los próximos meses”. Molina destaca el carácter de trasparencia y protección al consumidor de la directiva, aunque reconoce que “hay que estudiarla más de cerca, aún es pronto para dar una valoración”. Tornabell, por su parte, considera muy positiva la creación de una página web que compare los gastos asociados a los productos bancarios más comunes.

Luces y sombras

Pero, la aprobación de la normativa en el Parlamento Europeo contó con 21 votos en contra, lo que sugiere que puede que esconda aspectos un tanto oscuros. El profesor de Esade reconoce que el hecho de que se puedan abrir cuentas en distintos países puede provocar trasvases de divisas de un país a otro. “En el caso de que una moneda viva momentos convulsos, puede impulsar a algunos ahorradores a abrirse cuentas en otras divisas más fuertes y seguras, con la consiguiente presión vendedora en los mercados”. Sin embargo, descarta que se vaya a producir evasiones fiscales, pues “la tributación de esas cuentas bancarias básicas deberán realizarse en el país de acogida”.

Otro tema de debate que abre la nueva directiva son las comisiones. La norma recoge que, en el caso de cambio de cuenta por parte de un cliente, serán las entidades las encargadas de traspasar los fondos, gestionar la información de los pagos y cerrar las cuentas. Este servicio, requerido por el cliente, puede derivar en nuevas comisiones, que, según la nueva normativa, deben ser “razonables”. También habrá que estar atentos a otro tipo de comisiones: las de cambio de divisa cuando el traspaso de la cuenta se realice entre dos países con distinta moneda.

Los bancos, la otra parte afectada por la nueva directiva, prefieren esperar a que la ley sea traspuesta al ordenamiento jurídico español para dar una opinión más concreta sobre si van a aparecer nuevas comisiones en un futuro no muy lejano. Aún así, con la información que hay hasta ahora, fuentes del mercado valoran positivamente la posibilidad de acceder a una normativa más clara para los consumidores porque la transparencia “es buena y fomenta la competencia”. Pero también ven problemas de aplicación de la normativa. En concreto, aseguran que dar acceso a los ciudadanos a las cuentas bancarias es importante, pero no puede ser gratuito, ya que se incurren en costes “desde el mismo momento del alta del cliente”. Por otra parte, también cuestionan la universalidad del derecho, en referencia a la posibilidad de abrir una cuenta por parte de delincuentes reconocidos o a prácticas de blanqueo de capitales.

La banca se dio un atracón de vivienda que acabó en indigestión: cedió alrededor de 40.000 inmuebles al banco malo Sareb y ha realizado provisiones y dotaciones por valor de 42.703 millones de euros sólo en 2012, según cifras de la patronal bancaria (AEB).

Al principio de la crisis, las entidades optaron por las refinanciaciones masivas, bajo la creencia de que la crisis era un mero bache económico del que el país se recuperaría en poco tiempo, según explica Carlos Baños, presidente de la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (Afes), plataforma que negocia entre 15 y 20 préstamos al mes con las entidades bancarias.

Bajo esta premisa, se pasaron de las 246.500 cambios pactados de las condiciones de los créditos hipotecarios en 2006 a las 531.610 de 2009, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Un año más tarde, cuando era más que evidente que la crisis había llegado para quedarse más tiempo del que los banqueros se pensaban, las renegociaciones bajaron a 253.240 y ya en 2013, se quedaron en 266.319.

Vicente Gutiérrez, extrabajador de banca durante 30 años y autor del libro Comisiones bancarias ilegales, asegura que las entidades “ya no renegocian. En cuanto les llega el cuarto plazo impagado de un crédito activan el procedimiento judicial de embargo”.

El motivo de la comisión parece lógico: el cliente solicita un servicio que, además, supone remodelar un contrato previo. Pero, ¿qué sentido tiene cobrar comisiones a un cliente que ya tiene dificultades en el pago? En muchas ocasiones, ninguna. Baños opina que “renegociar la cuota de una hipoteca para que la familia vaya más desahogada está bien, pero no es la solución para los problemas de pago”. Sus previsiones son que las novaciones –término con el que se denominan los cambios de las condiciones de las hipotecas que no sean cambios de acreedor o deudor- vayan a menos en los próximos años.

Sin embargo, fuentes financieras aseguran que sí existe una alta voluntad de refinanciar, ya que la banca no quiere quedarse con más pisos adjudicados y un crédito bajo embargo se considera ya como fallido y el banco lo tiene que provisionar en su balance. Con un aumento de la refinanciación, la banca mejora su imagen reputacional. Además, le permite aligerar la carga de crédito moroso. Y, por último, se garantiza el cobro a largo plazo de la totalidad del capital por parte, incluso, de los clientes con más problemas. Y, además, con comisiones extra. Negocio redondo.

Negociar tiene un precio

En cualquier caso, los precios para cambiar las condiciones de un crédito no son baratos. Modificar los términos de un préstamo con garantía hipotecaria puede llegar a costar hasta el 2% del importe pendiente de amortizar con un mínimo de 600 euros. En el hipotético caso de la hipoteca media en España, que ronda los 100.000 euros y con un capital por amortizar de 80.000 euros, renegociar un periodo de carencia o alargar el plazo pactado o modificar las cuotas, por poner unos ejemplos, puede costar 1.600 euros. Cambiar el deudor también cuesta dinero, incluso más. En el caso de que una familia venda su vivienda para evitar el embargo y el comprador decida asumir la deuda pendiente, algunas entidades pueden llegar a cobrar el 3% de importe. En el caso anterior, el importe ascendería a 2.400 euros.

Incluso, renegociar el pago de la deuda pendiente vencida y no pagada –es decir, las cuotas que no han sido abonadas- tiene un coste. Negociar el pago de esta cantidad, a la que ya se le aplica una tasa por mora- puede tener un sobrecoste de hasta el 3,50%, con un mínimo de 24 euros.

Pero estas comisiones no son el único negocio que hacen las entidades con las dificultades de las familias para pagar sus préstamos para la compra de vivienda. Según Carlos Baños, la banca aprovecha la situación para actualizar los diferenciales sobre el tipo de referencia a las nuevas condiciones. “Una novación es como un crédito nuevo. En la época de la burbuja inmobiliaria, los diferenciales sobre el euríbor estaban bajo mínimos, entre el 0,3% y el 0,7% mientras que ahora, pocos bajan del 2%. Hemos asistido a casos en los que las entidades han aprovechado las negociaciones para actualizar este tipo de interés”, afirma y añade que, en otras ocasiones “la banca ha convertido el préstamo inicial en una hipoteca eterna”.

Desde la Asociación Española de Banca (AEB), aseguran que “cada banco aplica las comisiones que cree oportunas, de acuerdo con su política comercial, pero, en general, los bancos intentan adaptarse a las nuevas circunstancias económicas de sus clientes, que en algunos casos han empeorado como consecuencia de la larga crisis económica que padece el país”.

Refinanciación, arma de doble filo

El Banco de España –espoleado por la troika y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- obligó a las entidades hace un año a publicar datos de los créditos refinanciados. De esta manera, afloraron 127.000 millones de euros en créditos renegociados, el 12% del total, con una provisión media del 10%. Ante esta fotografía, el organismo dirigido por Luis Linde endureció las condiciones para considerar un crédito sano y exige controles semestrales para verificar el estado de cada préstamo.

Los usuarios tampoco están contentos con las refinanciaciones, puesto que sólo suponen un alivio momentáneo en la actual época de dificultades económicas de las familias. Incluso, algunas medidas que a simple vista favorecen al titular de un crédito esconden desventajas en el largo plazo.

Rubén Sánchez, portavoz de Facua, alertó en julio de 2011, cuando Banco Santander presentó su hipoteca con carencia, que esa solución era un tanto engañosa. “El cliente pagará sólo los intereses, mientras que el capital se aplaza al final del periodo del crédito. Así, es cierto que se consigue bajar la cuota con un alargamiento del plazo, pero el cliente paga intereses por partida doble: los de la actualidad y los que se apliquen al final de la vida del préstamo”, explicó Sánchez entonces.

El crédito en España no para de caer pese a que la banca asegura que está en disposición de volver a dar crédito a solventes. Pero los créditos con los que se está haciendo negocio estos días de crisis son de baja cuantía, altos intereses y dirigidos a los clientes más solventes, los conocidos como créditos al consumo. Y, además, están preconcedidos, es decir, antes de que el cliente los solicite, el departamento de riesgos ya le ha dado el visto bueno. No en vano, el banco ya conoce su historial: morosidad, vinculación con la entidad, nivel de ingresos, etcétera.

En general, todas las entidades ofrecen esta línea de créditos, aunque hay algunas más activas que otras. Una de ellas es Bankia, que ha puesto toda la carne en el asador en el negocio de crédito a empresas y consumidores. Según José Sevilla, director general de presidencia del banco, el objetivo primordial de la entidad para este año es “seguir dando cuerda a la economía con una mayor facturación de crédito”, no en vano, entre enero y febrero Bankia concedió 1.968 millones de euros de nueva financiación, un 26% más que el año pasado. Y también con créditos preconcedidos, puesto que 1,3 millones de clientes de la entidad presidida por Ignacio Goirigolzarri disponen de líneas de financiación personal que, en función de las características de cada cliente, ascienden a hasta 30.000 euros de crédito, cuentan con 60 meses (cinco años) de plazo de amortización y con un tipo de interés fijo del 9%.

Bankia va más allá en este negocio de créditos preconcedidos con su producto FinanExpress, que financia operaciones realizadas con tarjeta –tanto de crédito como de débito– mediante ofertas cerradas a clientes vía SMS a su teléfono móvil. En doce meses de funcionamiento, la entidad ha realizado 3,1 millones de ofertas, de las cuales, se han cerrado 800.000, es decir, un porcentaje de aceptación del 26%. El importe medio de este tipo de créditos es de unos 500 euros a siete meses y con un tipo de interés del 1,7% mensual. Anualizado, sería casi un 20% de interés.

Este paraíso del crédito fácil es, aparentemente, idílico, pero esconde riesgos, sobre todo para el cliente. Adicae alerta de los costes abusivos que supone este servicio, cuyo éxito radica en la rapidez de la concesión y en la ausencia de trámites, lo que agiliza la financiación. “Hemos detectado tipos de interés de hasta un 18%”, desvelan desde la asociación de consumidores de banca. Por si fuera poco, las comunicaciones no son transparentes, a juicio de Adicae, que recuerda que las ofertas deben incluir toda la información relacionada con el coste de este tipo de préstamos y el plazo de amortización correspondiente.

Además, alertan de que este tipo de créditos fomenta el consumo impulsivo que dominó en la época de la burbuja crediticia. Por el contrario, la entidad asume poco riesgo por dos motivos principalmente: la entidad concede el crédito a clientes solventes y, segundo, los altos tipos de interés que aplican permiten compensar las pérdidas de los que no pagan con los que cumplen con sus obligaciones contractuales. “De esta forma, las entidades son capaces de asumir tasas de mora del 7%”, asegura la plataforma de consumidores.

Precauciones

En Adicae, para evitar abusos, dan unos consejos prácticos. En primer lugar, el cliente debe valorar si realmente necesita el crédito, si tiene una necesidad de financiación extraordinaria. En caso afirmativo, debe calcular si es capaz de asumir el pago del crédito. Por último, es aconsejable comparar los precios de los planes de financiación de otras entidades. Solicitar un crédito por los canales tradicionales es farragoso e implica mucho trabajo, pero amplía las probabilidades de encontrar productos que se ajusten en mayor medida a las necesidades del usuario.

BBVA también es otro de los bancos asiduos a las líneas de préstamos preconcedidos. La entidad ofrece este tipo de financiación de forma multicanal –es decir a través de la banca electrónica, el cajero automático, por teléfono o e la oficina– a sus clientes que pueden disponer de entre 1.500 y 75.000 euros (máximo que se reduce a 15.000 si el cliente acepta la oferta de crédito por canales no presenciales).

Las condiciones, en este caso, son completamente personalizadas. “BBVA se pone en contacto con los clientes que pasan ciertos filtros de calidad para ofrecerles líneas de financiación con condiciones personalizadas”, asegura la entidad, que, por otra parte, no ha explorado el terreno de créditos preconcedidos en operaciones con tarjeta como Bankia. Tampoco es un ámbito del gusto de La Caixa, donde reconocen que la entidad “siempre ha sido muy activa en el negocio de créditos, en general”.

La personalización del producto de la entidad catalana es más acusada que en el caso de BBVA, puesto que ni siquiera pueden dar referencias de importes ofertados. “En función de los datos financieros de nuestros clientes, les hacemos una propuesta de préstamo rápido con un determinado importe, plazo de amortización y tipo de interés”. Todo un préstamo a medida.

En algunos casos, la obtención del cobro del préstamo es prácticamente instantánea. Es el caso de Bankinter, que a ciertos clientes con una antigüedad mínima les ofrece una línea de financiación de entre 3.000 y 48.000 euros, con plazos de amortización que oscilan entre uno y ocho años en función del importe. Si la operación asciende a 18.000 euros y se formaliza a través de Internet, el cliente obtiene el dinero “en el mismo momento en el que firma con su tarjeta de coordenadas”. Bankinter aplica un tipo de interés personalizado a partir del 8% y, además, cobra un 2% de comisión de apertura. Con estas condiciones, la entidad firma alrededor de unos 6.500 créditos al año.

Dinero fácil –y caro– por Internet

La fiebre por los créditos de baja cuantía y de rápida concesión también ha llegado a Internet. Las webs que ofrecen dinero para tapar agujeros crecen sin cesar. La última en llegar a nuestro país es Wonga. Su director en España, Julián Díaz-Santos, explica que empresas como la suya entran en un nicho de negocio en el que no operan los bancos: el microcrédito. Y su operativa es sencilla: un cliente puede pedir entre 50 y 300 euros y devolverlos en un plazo máximo de 31 días. Si el usuario es nuevo, deberá pagar un tipo de interés del 1% diario. O lo que es lo mismo, un crédito de 225 euros a 20 días implica una TAE del 2.686%.

Pero, ¿quién puede estar interesado en pedir un préstamo de 300 euros a un mes vista y a esos intereses? Díaz-Santos asegura que sus clientes suelen ser personas con ingresos estables que deben afrontar pagos extraordinarios y que necesitan un adelanto de nómina. Pero si su operativa es curiosa no lo es menos su apremio por cobrar los créditos. “Instamos a los clientes a que nos devuelvan el dinero antes del plazo acordado para reducir nuestra morosidad, favorecer la rotación del dinero y, además, reducir los gastos del cliente, pues no cobramos recargo por amortización anticipada como hacen los bancos”. Y su estrategia funciona: el 39% de sus clientes paga antes de lo acordado.

La deuda española está viviendo su momento más dulce en la crisis. El Estado no sólo coloca sin problemas todo el papel que ofrece a los inversores, sino que además se permite el lujo de atraer financiación extra. En 2013, el total de sus emisiones alcanzó los 238.560 millones de euros, 8.560 millones más que el objetivo inicial del Gobierno. Y, además, el Tesoro se permitió el dispendio de reducir el tipo de interés medio al que vende la deuda: del 3,01% de 2012 al 2,45% del año pasado.

El Gobierno de Mariano Rajoy achaca este interés de los inversores, sobre todo extranjeros, a que reaccionan positivamente a las reformas promovidas bajo su mandato. ¿Realmente es así? Las cifras del Tesoro ofrecen más de una interpretación a la actual coyuntura económica.

En primer lugar, es cierto que los inversores no residentes han hecho acopio de renta fija nacional en el mercado primario (es decir, las compras directas al emisor; en este caso, el Estado español): según los datos del mes de enero, en sus manos hay títulos del Estado por valor de 299.050 millones de euros, un 29% más que los 231.322 millones del cierre de 2012.

Sin embargo, los inversores extranjeros han mostrado cierta predilección por los plazos más cortos, un síntoma de que la confianza en nuestro país no es aún muy sólida. Y es que han pasado de tener 33.048 millones de euros en Letras del Tesoro en 2012 a 54.688 millones de euros actuales. Es decir, un 65% más.

Las Letras tienen un máximo de duración de un año. Alicia Arriero, de Inversis, explica que es un movimiento típico de los inversores después de una fase de fuerte desconfianza, como la que vivió España durante 2011 y 2012. “Entrar en los plazos cortos de la deuda es la forma habitual que tienen los inversores de acercarse a un país, porque este tipo de inversión es menos arriesgada. Veremos si cambian estas posiciones por otras de más largo plazo. Ese sería, sin duda, un síntoma real de confianza en la economía española”, asegura la experta.

Crisis de los emergentes

Pero no es la única causa. Hay factores completamente ajenos a la situación interna de nuestro país que han provocado la llegada masiva de inversores extranjeros a nuestro mercado de deuda. “La renta fija de los países periféricos, como España, Italia o Grecia, va a estar de moda en las carteras de los gestores internacionales, que consideran que estos países ya han pasado lo peor de la crisis”, asegura Daniel Pingarrón, de IG.

Este experto añade que la crisis de las divisas de los países emergentes ha obligado a los inversores internacionales a deshacer posiciones en estos activos y que ahora están dedicando ese efectivo a comprar deuda de países periféricos, como España. Diego Triviño, de Intermoney, suma otro riesgo geopolítico más: la crisis de Ucrania está provocando una salida de capitales desde la zona, que se están reinvirtiendo en activos más seguros de la zona euro y, por supuesto, en España.

Pingarrón explica que estos inversores internacionales no suelen optar por una exposición a largo plazo en un país, porque su estilo de inversión es muy ágil. “No quieren quedarse atrapados en un activo y perder el coste de oportunidad en otro que dé más rentabilidad”, afirma, al tiempo que concluye que estos inversores “son más especulativos”.

Por último, Javier Ferrer, de Ahorro Corporación, explica el interés de los inversores no residentes en deuda española en el hecho de que, simplemente, aporta más rentabilidad que su homóloga alemana, considerada un valor refugio: “Los fondos internacionales suelen invertir la liquidez en plazos muy cortos, una inversión que les da liquidez a cambio de una pequeña rentabilidad. Pero, aunque pequeña, quieren maximizar la ganancia. Si la rentabilidad de la deuda alemana a seis meses ronda el 0,15%, por ejemplo, y la española, en ese mismo plazo, es del 0,36%, el dinero entrará sin dudar en este último activo”.

Pero las cifras del Tesoro presentan más curiosidades. Como las compras de las aseguradoras de renta fija a largo plazo, un movimiento contrario al que efectúan los inversores internacionales. Los expertos coinciden en señalar que este es un movimiento típico de las compañías aseguradoras, que cubren el riesgo de su cartera con deuda a largo plazo, que se caracteriza por fuertes rentabilidades. Diego Triviño añade que “la mayoría de los fondos de inversión de las aseguradoras están asociados a planes de jubilación, por eso demandan principalmente obligaciones del Estado”.

Un espejismo

Tampoco hay que olvidar la actividad de la banca en el mercado primario de deuda. En el último año, las entidades de crédito han reducido su exposición a la deuda española en todos los plazos. A simple vista, parece que las entidades han abandonado el famoso carry trade, es decir, pedir dinero prestado al Banco Central Europeo a un tipo de interés bajo para después comprar deuda, que da una alta rentabilidad. La diferencia se convierte en ganancias para los bancos. Con todo, la práctica ha estado alentada por el propio BCE, que tiene prohibido financiar directamente a los Estados.

En realidad, todo apunta a que todo es un espejismo y que la banca volverá a comprar deuda estatal en 2014. Es más, ya lo ha hecho en el primer mes del año. Así lo espera Diego Triviño, que desvela que los test de estrés que Europa va a aplicar a la banca a lo largo del año van a tener en cuenta los números de 2013.

“Las pruebas de esfuerzo van a penalizar las carteras excesivas de renta fija soberana, para que el riesgo soberano no se traslade a las entidades del mismo país”, explica Alicia Arriero, que cree que la banca va a diversificar sus carteras en otros activos de más riesgo pero con mayor rentabilidad, como la renta variable.

De hecho, BBVA anunció que había aumentado su participación en Telefónica durante 2013 hasta alcanzar el 6,893% del capital, frente al 5,753% con el que finalizó 2012, según el informe anual de gobierno corporativo remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En definitiva, la banca ha aprovechado la cercanía de los stress test para sacar plusvalías con la venta de títulos en el mercado secundario, puesto que “lleva comprando mucha deuda española desde 2011 y, además, a precios muy bajos”, recuerda Pingarrón.

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