Debemos dejar de ver la vejez como una catástrofe, porque no lo es. El incremento de la longevidad es un triunfo histórico, conseguido gracias a unas mejores condiciones de vida y a unos sistemas sanitarios que protegen a la población en caso de enfermedad y ha de ser percibido pues como un logro del progreso social y de la democratización de la supervivencia y no como una catástrofe. Y desde este foco hay que afrontar un futuro no demasiado lejano (aunque el coronavirus ha impactado sobre estas previsiones) en que el número de personas adultas y de personas mayores será mucho mayor que el número de jóvenes, algo que las migraciones o un incremento de la natalidad pueden mitigar, pero no frenar.

Aunque la vejez sea percibida de forma negativa como fruto de un edadismo que resalta aspectos como el impacto en los costes sanitarios y sociales, las situaciones de soledad o el rechazo a la decrepitud de los cuerpos, hay que reconocer que en las últimas décadas el proceso de envejecimiento se ha transformado de forma espectacular y ha contribuido a modificar aspectos esenciales de la vida social. 

La etapa de la vejez se ha dilatado en el tiempo y supone una percepción nueva del curso vital. Actualmente, una mujer española de 70 años tiene la misma esperanza de vida que tenía una mujer española de 56 años en 1960. Esto entraña cambios en la definición de qué es una persona mayor, así como en la representación de las trayectorias biográficas. La recientemente fallecida antropóloga Mary Catherine Bateson consideraba que el aumento de la longevidad no ha contribuido a extender la etapa de la vejez, sino que ha creado una nueva etapa, que ella denomina “segunda edad adulta”.  Y a la “tercera edad” se añade una cuarta e, incluso, una quinta edad. La presencia simultánea de cuatro generaciones en las familias constituye una verdadera revolución en las dinámicas sociales y familiares  que han hecho nacer no solo unas relaciones intergeneracionales inéditas, sino también una transformación de los roles de género, de las necesidades de cuidados y de las políticas públicas dirigidas a las personas mayores. 

Todas estas transformaciones hacen que se pueda considerar que, en el contexto de las sociedades europeas contemporáneas, se han generado “nuevos envejecimientos”. Y es que esta “segunda edad adulta” se caracteriza por su gran vitalidad y elevada participación social y política, lo que rompe con los estereotipos asociados a la vejez. Las personas mayores no representan las supervivencias de un pasado al cual se aferran, sino que son sujetos activos en la transformación de las sociedades. No se pueden identificar solamente (ni principalmente) con personas que se encuentran en situación de dependencia, sino como sujetos que crean un nuevo tipo de ciudadanía activa que influye en las decisiones sociales y políticas y que cada vez lo hará más como fruto de su mayor presencia en número y en protagonismo.

En el contexto familiar, por otra parte, se ha incrementado el rol social, simbólico y práctico de las personas mayores pues, como ocurre en el conjunto de la sociedad, tienen mayor presencia en unas familias extensas que, no solo no han desaparecido, sino que, por el contrario, se han consolidado. Actualmente, la estructura intergeneracional es más compleja. Hay más generaciones que pueden coexistir durante un periodo de tiempo más largo y cada individuo puede tener más de dos roles o posiciones generacionales en el curso de vida, incluso de forma simultánea. Así, una persona puede ser a la vez abuela, madre e hija y, especialmente el estatus de hija o de hijo puede alargarse durante muchos años. Por otro lado, las personas mayores tienen también un rol activo en las transformaciones familiares, pues en su trayecto vital pueden haber experimentado, ellas mismas o sus hijos/as, las evoluciones provocadas por el divorcio, la recomposición de las parejas, la pluriparentalidad o los vínculos homosexuales.

Evidentemente, el perfil de las personas mayores varía mucho como efecto de las desigualdades sociales. El tan estimado envejecimiento activo es más fácil de conseguir cuando se dispone de recursos económicos y culturales, así como de un amplio abanico de redes familiares y sociales. Los sectores de población más humildes envejecen en peores condiciones de salud, y la esperanza de vida es más baja que entre los sectores más adinerados. Por otra parte, no se envejece igual siendo hombre o siendo mujer. El ejercicio de los roles de género a lo largo de la vida establece desigualdades que se reproducen y acrecientan en la vejez. También las transformaciones de los cuerpos se perciben de forma diferente, de manera que para las mujeres es un imperativo tejer estrategias para disimular los signos del envejecimiento y evitar la invisibilidad social asociada a la vejez que, en el caso de los hombres, se expresa de forma bien distinta. Como señaló Susan Sontag hay un doble estándar para envejecer. Cabe mencionar, finalmente, las diferencias en la forma de envejecer entre las personas que no residen en sus países de origen y que tienen el dilema de mantenerse en ellos o de volver a su país.

Pero hay otro tema importante que aparece también asociado a la vejez como es la necesidad de cuidados que requieren las personas mayores que han perdido su capacidad de autonomía y han entrado en situación de dependencia, lo que implica necesitar de terceras personas para realizar actividades básicas de la vida diaria. El análisis de los cuidados en la etapa del final de la vida constituye un punto crítico para comprender cómo este incremento de la longevidad modela las experiencias y significados del cuidado, moviliza agentes y recursos para llevarlo a cabo y constituye un punto de interconexión entre la economía moral y la economía política. Sí, es posible que necesitemos más cuidados en la etapa final de nuestras vidas. Pero recordemos que ser cuidado es un derecho, no un capricho. Cuidar y ser cuidado es la base del sustento de la vida y merece dar valor también acompañarnos para tener un final de vida digno.

Hay pues un “nuevo envejecimiento” asociado al incremento de la longevidad, pero también a las nuevas formas de vivir y de reivindicarnos como personas. Y este es sin duda uno de los cambios más profundos de nuestra sociedad, puesto que modifica las experiencias de vida, transforma la relación entre generaciones y afecta a las lógicas económicas y políticas de los Estados. Hay que reivindicar la nueva vejez, en lugar de denigrarla. Mary Luz Esteban, antropóloga y amiga, ha escrito el Manifiesto de las mujeres viejas. Una poesía feminista que reivindica a estas mujeres viejas soberanas de sí mismas, que no podemos asociar a los estereotipos de pasividad, sumisión y receptoras de cuidados. Me siento felizmente representada.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión de la autora y esta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que colabora.

La familia es un agente esencial en la provisión de cuidados, y dentro de la familia son las mujeres las encargadas de realizarlos, como un mandato derivado de sus roles de género y de parentesco. Es así en la vida diaria, cotidiana, en que se practica el cuidado propio y el de las personas del entorno familiar inmediato. Pero el cuidado toma su visibilidad cuando se configuran necesidades especiales que derivan de las situaciones de crianza (cuidado de niños y niñas) o del cuidado hacia personas mayores y dependientes. Es en este marco donde el cuidado desborda el marco familiar para pasar a ser una cuestión social y política.

La arquitectura del cuidado está construida a partir de desigualdades de género y de desigualdades sociales. La vida de las mujeres está atravesada por el cuidado, lo que impacta en sus trayectorias laborales y sociales, constituyendo un elemento de discriminación y desposesión. Por otro lado, las personas con pocos recursos envejecen peor, tienen más necesidades de cuidados y menos recursos materiales para resolverlas, lo que obliga mucho más a las mujeres de la familia. Donde las políticas públicas para atender los cuidados son débiles, como sucede en España, se hace más necesario este altruismo obligatorio que practican las mujeres y también la solidaridad intergeneracional. Esta insuficiencia en recursos públicos obliga a su vez a las familias a recurrir al trabajo de mujeres migrantes, con salarios precarios y pésimas condiciones laborales. Es esta otra expresión de como el cuidado está configurado desde ejes de desigualdad. Por esto indicamos la necesidad de democratizar los cuidados. A ello nos referiremos más adelante.

En la literatura académica se ha acuñado la expresión de “crisis de los cuidados” para referirse a una situación paradoxal y que está llegando a una situación límite, y es el hecho de que mientras se incrementan las necesidades de cuidados (especialmente los relacionados con la vejez), disminuyen las posibilidades de cuidar. Esta crisis de los cuidados se origina por la intersección entre unos cambios demográficos y unos cambios sociales y culturales de gran magnitud.

Estamos a nivel mundial en un momento de transición demográfica: hemos pasado de un régimen que se caracterizaba por una alta mortalidad de tipo catastrófico y por una elevada fecundidad, a otro en que se invierten las variables anteriores: reducción de la mortalidad y disminución de la natalidad. Esta dinámica conforma el envejecimiento de nuestras sociedades: vivimos más años y hacemos menos hijos/as. Resultado: nuestras sociedades envejecen. Dos son las razones más comúnmente atribuidas a este proceso: 

En primer lugar, el descenso de la fecundidad se ha producido en prácticamente todos los países del mundo, de manera que a partir de la segunda mitad del siglo XX, las tasas de fecundidad se sitúan por debajo de las tasas de reemplazo de la población. Así sucede en países tan diversos como Estados Unidos, Chile, Brasil, China, Japón, Alemania o Rusia. España tiene una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo (1,3 hijos por mujer). Solo los países africanos están experimentando actualmente un crecimiento demográfico.

En segundo lugar, se ha producido una drástica reducción de la mortalidad en todas las etapas de la vida, especialmente entre las personas de más de 55 años, lo que comporta que progresivamente haya una mayor proporción de personas con más de 80 años y un notable incremento de la esperanza de vida al nacer. Si nos situamos en el caso de España, por ejemplo, en 1960 la esperanza de vida de las mujeres era de 71,7 años, mientras que en 2020 era de 85,1. En el caso de los hombres era en 1960 de 66,7 años, y en el 2020 de 79,7 (13,4 y 13 años más, respectivamente).

En paralelo a estos cambios demográficos se han producido cambios sociales y familiares muy importantes. El más relevante es la participación laboral de las mujeres de clase media (las de clase obrera siempre la han ejercido) y la consecuente generalización de las familias de doble salario, en que tanto los hombres como las mujeres aportan ingresos para el sustento familiar. Esto ha ido acompañado en el caso de España de un mayor acceso a la educación por parte de la población y de una movilidad social ascendente a través de la educación. En consecuencia, actualmente las mujeres tienen menos disponibilidad para cuidar y, frecuentemente, han sido sus propias madres quienes las han estimulado a estudiar, a tener una vida propia y no estar atadas a los cuidados. La figura del ama de casa, dedicada a cuidar de sus familiares, prácticamente ha desaparecido y queda reducida a las generaciones mayores. También las familias han experimentado cambios sustanciales, a partir de la presencia de divorcios, familias recompuestas, familias monoparentales, y la diversidad de formas de convivencia. Unas familias a menudo fragmentadas por la lógica de la vida urbana y también por las migraciones.

A pesar de estos cambios en la familia y en la vida de las mujeres, el modelo de cuidados se sigue sustentando idealmente en la familia y en la figura de la mujer como pilar básico. Un modelo que ya no existe. Los hombres, por su parte, han incrementado su participación en las actividades de crianzas, pero apenas se implican en los cuidados de personas mayores y dependientes. Donde las políticas públicas son débiles, como sucede en el caso de España o de Italia, por ejemplo, la familia tiene que hacerse cargo de unos cuidados que cada vez son más difícil de resolver, ya que en el caso de la vejez aumenta el tiempo en que se requiere cuidados y estos, a su vez, son de mayor complejidad e intensidad. En estas condiciones, la crisis de los cuidados está servida. 

Es urgente democratizar los cuidados. Los cuidados están provistos desproporcionadamente por la familia y por las mujeres. Se requiere un mayor compromiso público y comunitario.

El término democratización de los cuidados es potente y evocador. Supone plantear una organización social del cuidado basada en valores democráticos tanto para las personas que los reciben como para quienes los proporcionan. Surge de una propuesta de Sandra Ezquerra y Elba Mansilla que asume el Ayuntamiento de Barcelona como guía de la intervención social en este tema y que hemos empezado a utilizar en el marco académico como referencia y propuesta política. La democratización de los cuidados pasa por los siguientes ejes:

1) Promover el reconocimiento del cuidado y de su centralidad.

2) Socializar las responsabilidades del cuidado.

3) Repartir el cuidado entre hombres y mujeres, para eliminar la (mal)división sexual del trabajo.

4) Tener en cuenta los derechos y las demandas de las personas receptoras de cuidados, en función de su ciudadanía y no solo como consumidores.

Cada una de estas dimensiones es un paso positivo hacia la democratización de los cuidados, pero el avance de solo una de ellas constituye una democratización parcial o incluso un retroceso. Por ejemplo, si no se dan de forma simultánea una socialización del cuidado y un reconocimiento social de este, esta socialización podría darse en una dirección mercantilizadora y perjudicar el derecho al cuidado de los colectivos pobres. Por esto las cuatro dimensiones están interrelacionadas.

También hay la necesidad de avanzar hacia una sociedad cuidadora, enfocada desde esta perspectiva del cuidado como organización social. Esto implica reconocer la vulnerabilidad de los seres humanos, potenciar la solidaridad generacional y de clase, y dar prioridad a los valores asociados al cuidado: pensar en las necesidades de los demás frente al individualismo. Es avanzar en el modelo de la “paridad en el cuidado”, que defiende Nancy Fraser, potenciar las iniciativas comunitarias y fortalecer el Estado para proveer servicios públicos y protección social. Supone dar valor al vínculo social. Este es un buen punto de partida para superar el modelo de la hegemonía mercantil, adoptar la lógica del antiutilitarismo y de la sostenibilidad de la vida como prioridad. En este sentido, el cuidado se sitúa como un elemento de profunda transformación social al subvertir las relaciones dominantes a nivel económico y político.

Esta urgencia no es nueva. Hasta hace poco más de un año estábamos muy lejos de conocer que una pandemia tan terrible como el coronavirus nos cambiaría nuestro mundo de forma tan drástica y repentina. Lo que entonces nos parecía pertinente, urgente, imprescindible de tratar (como es el cuidado a mayores y dependientes), hoy se ha convertido en plena actualidad. La pandemia ha revelado la fragilidad del sistema de cuidados tal como está organizado actualmente. Y ha revelado también que se trata de una cuestión social y política, no una mera cuestión individual o encerrada en las familias.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión de la autora y esta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que colabora.

Hoy poder trabajar, en un momento en que el paro afecta a un 26% de la población activa en España, es primordial, es un objetivo básico e imprescindible y se convierte en la prinicipal y legítima reivindicación de este primer de Mayo de 2014 en España.

También vale la pena recordar que después de la jornada de trabajo en los hogares se hacen trabajos que son, también, necesarios para el mantenimiento de la vida y la reproducción social. Marx recordaba que no hay producción sin reproducción y, efectivamente, las tareas relacionadas con la alimentación, la limpieza, el vestido, el cuidado de los hijos, el cuidado de enfermos y personas dependientes ocupa tiempo y requiere capacidades para realizarlo.

Las Cuentas Satélites de la Producción Doméstica permitieron sacar a la luz y asignar valor al tiempo dedicado a actividades no remuneradas que son esenciales para el bienestar colectivo y que no se tienen en cuenta en las contabilidades nacionales. Se efectuaron en la Comunidad de Madrid, en Euskadi, en Galicia y en Catalunya, y revelaron que la producción doméstica se sitúa entre el 32,8 y el 54,7% del PIB, mientras que para el conjunto de España equivale a un 27,4%. Estas magnitudes ponen en cuestión que la actividad que se efectúa en los hogares sea marginal y sin importancia.

La producción doméstica ha sido especialmente invisible por tres razones básicas.

Estos factores dificultan poder percibir su valor económico así como su carácter crucial para la reproducción social. El hecho de que las mujeres sean todavía hoy las principales responsables del trabajo de cuidados y de la producción doméstica tiene importantes consecuencias en sus trayectorias laborales y sociales, pues limita sus oportunidades. Y el reconocimiento social de este tipo de actividad sólo se ha hecho cuando se ha tratado de justificar que la mujer se quede en casa desde una lógica patriarcal y subordinada, en la que no caben ni huelgas ni negociación alguna.

El cuidado es esencial para el mantenimiento de la vida y la reproducción social y, por tanto, no es nada marginal. No hay sistema productivo ni sociedad alguna que pueda existir sin que se reproduzca la vida y se sostenga. Las personas enferman, envejecen, se lesionan, mueren y, antes, han de nacer. Todo ello requiere de la satisfacción de las necesidades diarias, como alimento, ropa, cobijo, asistencia en caso de enfermedad o dependencia, y también requiere el reemplazo: la procreación. Las actividades de cuidado se efectúan mayoritariamente en la familia, se hacen por afecto o por obligación moral, o por las dos cosas a la vez. Forman parte de la “economía del afecto”, y utilizo este término en un doble sentido: porque tienen valor económico (lo que queda de manifiesto cuando las realiza el mercado o el Estado) y también porque economizan gasto público cuando es la familia quien las hace.

Las mujeres son quienes cuidan mayoritariamente. A sus propios hijos y a los de otra gente y a familiares enfermos o dependientes. Y ellas son las cuidadoras principales contratadas en empresas privadas, en servicios públicos y en hogares.

Como ya señaló hace años María Ángeles Durán, el cuidado es un gran devorador de tiempo y, sin embargo, no le damos importancia e ignoramos su valor. Las Cuentas Satélites han permitido sacar a la luz y asignar valor al tiempo dedicado a actividades no remuneradas que son esenciales para el bienestar colectivo y que no se tienen en cuenta en las contabilidades nacionales. Pero como señala Máriam Martínez-Bascuñan en este mismo espacio, el tiempo dedicado al cuidado por parte de las mujeres limita sus oportunidades y hace que sean desposeídas de éstas. Y el gráfico elaborado por Berta Baquer resulta muy ilustrativo al respecto: el cuidado se queda en casa y tiene nombre de mujer.

El grado de implicación de los Estados en la provisión de cuidados y de bienestar repercute muy especialmente en las mujeres. En el caso de España las políticas sociales han tenido escaso desarrollo en comparación con otros países europeos y las políticas más relacionadas con los cuidados se han asentado en el familismo y en el trabajo de las mujeres y no han modificado los patrones de género. Esto es especialmente visible con el desmantelamiento de la Ley de Dependencia, que supone una reprivatización del cuidado en los hogares, una precarización de las cuidadoras familiares y una nueva carga para las familias y las mujeres.

La crisis de los cuidados se produce por la transformación de las estructuras tradicionales en que se basaban los cuidados asentadas en el papel atribuido a las mujeres en el hogar. Estalla y se hace visible cuando convergen la presencia masiva de mujeres en el mercado de trabajo y el incremento de las situaciones de dependencia vinculadas a la vejez y a la discapacidad. La respuesta de los hogares a las tensiones generadas por la presión de cuidar ha sido la externalización de los cuidados, que pasan a inscribirse en los circuitos de la globalización debido a la contratación generalizada de cuidadoras extranjeras.

La baja natalidad es una expresión de la crisis de los cuidados pues no sólo se debe a cambios culturales, sino también a la dificultad de las mujeres de hacer compatibles su maternidad con las actividades laborales, sociales y políticas. Pero así como las técnicas de control de la natalidad permiten aplazar la maternidad y restringir el número de hijos, la necesidad de cuidados de larga duración no es programable y resulta siempre sobrevenida en las familias. Hay que tener en cuenta que las situaciones de dependencia vinculadas a la edad o a la discapacidad han aumentado mucho en España por las propias tendencias demográficas. La población mayor de 80 años, que en 1991 era de 1.147.868 personas, asciende en el 2011 a 2.456.906, más del doble en sólo veinte años. Con este “envejecimiento del envejecimiento” aumenta la probabilidad de situaciones de dependencia y el cuidado de las mismas deviene un problema de primera magnitud.

La crisis de los cuidados exacerba las desigualdades sociales. Genera lo que Shellee Colen llamó una ‘reproducción estratificada’. Las tareas de reproducción física y social se asientan en jerarquías de clase, raza, etnicidad y género, y se sitúan en una economía global y en contextos migratorios. La mercantilización del trabajo reproductivo se traduce en que las mujeres de clase media y alta contratan cuidadoras para sus hijos o ancianos, aunque a veces recurran también al apoyo familiar, como es el caso de los abuelos y abuelas que se ocupan de sus nietos. Y lo hacen porque no pueden asumir directamente el cuidado, ante la práctica ausencia del apoyo del estado, falta de compromiso de los hombres y altos precios de los servicios ofrecidos por empresas.

La reproducción estratificada produce ella misma estratificación, al intensificar las desigualdades en que se basa. Los sectores más vulnerables experimentan una doble crisis de cuidados, pues las situaciones de dependencia se concentran especialmente en los hogares con rentas más bajas y éstas, ante la escasez de servicios públicos, han de resolver los cuidados con el propio trabajo familiar. Esta inequidad social se traduce también en los costes de oportunidad de las cuidadoras: incompatibilidad laboral, probabilidad de perder el empleo, efectos sobre la propia salud y efectos sobre la vida afectiva y relacional. Las mujeres inmigradas, además, se ven forzadas a dejar a sus hijos al cuidado de familiares en su país mientras ellas cuidan a otros. Las políticas públicas han influido en esta desigualdad, tanto a través de las regulaciones de extranjería como por el tipo de régimen laboral de las empleadas domésticas, que es muy precario, y propicia que este sector se ocupe con inmigrados.

El avance de las políticas neoliberales comporta una reconfiguración de las relaciones entre producción y reproducción. Por un lado, se están aplicando medidas de austeridad como una forma de paliar la crisis económica y financiera, pero también como una forma de controlar la acumulación de capital. Y, por otro lado, se reordena la reproducción social, reduciendo los servicios aportados por el estado y transfiriéndolos a la familia. En España esto se refleja no sólo en los recortes del gasto público sino también en la naturaleza de unas políticas que optan por la expansión del mercado frente a la responsabilidad pública. En resumen, en un momento en que el empleo es menos estable y más precario y en que las familias son más variadas se generan nuevas contradicciones, más presión sobre las mujeres y nuevas formas de expresión de la crisis de los cuidados.

Frente a la hegemonía que se otorga al mercado, reconocer la importancia del cuidado y de la reproducción social no sólo tiene una dimensión académica, sino también política. Una redistribución más justa del cuidado implica romper la amistad peligrosa con el mercado, establecer una nueva alianza con la protección social, fortalecer las redes de apoyo comunitarias y conseguir una participación equitativa de mujeres y hombres en el cuidado.

El movimiento feminista y las actuaciones políticas han sido fundamentales en la lucha contra la violencia de género. Pero los ciudadanos no conocen el problema a través de activistas o de políticos, sino a través de los medios de comunicación. Así lo constata una encuesta que se realizó en el año 2010 a 1200 ciudadanos por iniciativa del Centro Reina Sofía (clausurado por el Partido Popular). La mayoría de encuestados conocen el tema a través de la televisión (un 69,7%) y un 37,3% a través de la prensa escrita. Un 87,9% cree que la violencia de género está muy extendida y un 90,6% considera que es totalmente inaceptable.

El compromiso de los medios de comunicación en la lucha contra la violencia de género ha sido una característica específica de España, que puede explicar el elevado conocimiento del tema por parte de la ciudadanía, lo que ha legitimado las políticas públicas que se han llevado a cabo. Esta actitud proactiva ya se constata en la década de los años ochenta y noventa, cuando eran los medios quienes contaban el número de mujeres asesinadas y denunciaban la existencia de maltrato en el hogar. Contribuyeron a dar visibilidad a lo que inicialmente se denominó 'violencia doméstica' y que pasaría a denominarse ‘violencia de género’ a partir de la aprobación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en el 2004.

El asesinato de Ana Orantes en diciembre de 1997 marcó un antes y un después en este compromiso de los medios. Recordemos que intervino en un programa de Canal Sur explicando los malos tratos que había sufrido por parte de su marido y que tuvo que aguantar debido a su dependencia económica y a los once hijos que habían nacido de su matrimonio. Pocos días después, José Parejo, su exmarido, la apaleó y la quemó viva. Por decisión judicial, compartían la misma casa después de la separación legal: ella vivía en una planta y su exmarido en la otra, por lo que estaba en riesgo permanente. La necesidad de cambios legales y de protección a las víctimas fue un clamor. La imagen de Ana Orantes, una mujer normal y corriente, se difundió por todo el país. Era un ser humano y no sólo una cifra estadística. La brutalidad del caso conmocionó a la opinión pública, creó un intenso debate social, político y académico, e interpeló a los propios medios sobre su papel y responsabilidad social.

A partir de este momento se introducen cambios en la manera de informar sobre la violencia de género, de manera que las noticias van más allá de ser una crónica de sucesos, y pasan a enfocarse como un problema social. Los informes de seguimiento que anualmente lleva a cabo la Associació de Dones Periodistes de Catalunya muestran una mejora sensible en el tratamiento del tema por parte de la prensa escrita respecto a años atrás. En el caso de la televisión, también los programas informativos cumplen este papel de información y sensibilización ciudadana. Un informe del Consejo del Audiovisual de Catalunya del año 2010 muestra que en las televisiones analizadas no hay ninguna noticia que justifique implícitamente la violencia: ni se culpabiliza a las víctimas ni se atribuye a patologías del agresor. Tampoco aparecen estereotipos o tópicos que banalicen la violencia contra las mujeres. Y las noticias no se centran sólo en las agresiones, sino también en las actuaciones policiales y judiciales (que muestran que no hay impunidad para el agresor), introducen declaraciones de políticos y de activistas sociales, y muestran el rechazo de la ciudadanía en forma de concentraciones o manifestaciones. Los medios también introducen noticias temáticas, con estadísticas sobre violencia de género, encuestas, programas específicos para su erradicación, etc.

Lo destacable de este proceso, y más allá de problemas concretos que pueden persistir en el tratamiento informativo de la violencia de género, es que se produce un cambio en el enfoque de las noticias, entendidas como un problema social y no sólo como algo que pertenece al ámbito privado. Los medios de comunicación hacen así una contribución importante a la lucha contra la violencia de género. Pero podrían hacer más. Y quiero referirme específicamente a la televisión, por el fuerte impacto que tiene en la opinión pública.

En el caso de la televisión, el problema no está tanto en los programas informativos, sino en algunos programas de entretenimiento emitidos por televisiones privadas, en los que la imagen de las mujeres se presenta plagada de estereotipos y prejuicios, que valoran el cuerpo de las mujeres y no tanto sus capacidades, y alimentan la idea de desigualdad, que es el sustrato profundo por el que se reproducen y naturalizan esquemas inconscientes patriarcales. Programas como ¿Quién quiere casarse con mi hijo? (emitido por Cuatro) o Sálvame, de Telecinco, son un ejemplo. Y en algunos programas incluso se ha hecho de la violencia de género un espectáculo directamente.

Así sucedió en el programa El diario de Patricia, de Atena3. Se invitó a la expareja de Svetlana Orlova, un hombre maltratador a quien ella había denunciado, y que ante las cámaras insistió en casarse nuevamente con ella. Svetlana se negó y pocos días después Ricardo Antonio Navarro la asesinaba. La dirección del programa esgrimió que no conocía la situación de esta pareja, pero en todo caso no podía justificar el incumplimiento del “Acuerdo para el fomento de la autoregulación sobre contenidos televisivos e infancia” firmado en el año 2004 entre el gobierno español y las grandes cadenas televisivas. El acuerdo se renovó en el 2007, después de este terrible suceso, con el objetivo de poner límites a la “telebasura”, al menos en horario de protección infantil. Tampoco este acuerdo fue respetado y el programa en cuestión siguió invitando a hombres con antecedentes de malos tratos para intentar una reconciliación ante las cámaras con su expareja maltratada. Según la Comisión Mixta de Seguimiento del Código de Autorregulación, El diario de Patricia fue uno de los programas que más denuncias recibió por vulnerar dicho Código. Desde agosto de 2011 se dejó de emitir. Quiero creer que como efecto de estas denuncias.

El programa que sí dejó de emitirse como fruto del rechazo social fue La Noria, de Telecinco, a raíz de la entrevista con Rosalía García, madre de el Cuco, uno de los acusados del asesinato de Marta del Castillo, a la que se retribuyó con 9000 euros. Esto fue en octubre del 2011, y el programa tuvo aquel día una importante cuota de pantalla, un 15,1%. Pero las redes sociales se movilizaron en su contra, y todos los anunciantes retiraron la publicidad. Después de ser relegado a horario nocturno, el programa fue definitivamente cancelado en abril del 2012.

En los dos casos señalados fue la ciudadanía quien influyó en el declive de los programas, y esto es esperanzador. Pero no lo es para nada que las grandes cadenas privadas, en su disputa por la audiencia, recurran al uso del cuerpo de la mujer y a la violencia como espectáculo. Como tampoco lo es la debilidad de los gobiernos ante el poder de los medios. Ni la autorregulación por sí sola ni la regulación aisladamente pueden conseguir que se avance hacia una mejor calidad en los contenidos y programas. La combinación de ambas puede ser como una lluvia fina que vaya impregnando el quehacer cotidiano de los medios. Pero sobre todo, y esto es básico, necesitamos una sociedad exigente respecto a los contenidos de los medios y, para lo que estamos tratando, esto implica el rechazo de la violencia de género y el que las aportaciones de las mujeres tengan visibilidad. Porque, finalmente, se trata de combatir todo tipo de violencia contra la mujeres y de avanzar en la igualdad de derechos y oportunidades.

Un 46,4% de los médicos que ejercen su profesión en España son mujeres, pero el porcentaje se reduce a un 26,7% cuando aparecen en televisión

A partir de los datos del último informe del Consejo Audiovisual de Catalunya (CAC), Dolors Comas muestra cómo la presencia de mujeres en los medios de comunicación no sólo es menor en número respecto a la de los hombres, sino que además estaría influenciada por las concepciones de género presentes en la sociedad.

A pesar de los profundos cambios que ha habido en España en los patrones de vida y participación de las mujeres en la sociedad, la representación pública de hombres y mujeres en los medios de comunicación sigue siendo diferenciada y asimétrica.

Esto no es algo intencionado, sino fruto de unas rutinas en las que influyen concepciones de género presentes en la sociedad. Las asimetrías disminuyen cuando de forma consciente se hace un tratamiento más equilibrado de hombres y mujeres (como sucede en algunas series televisivas, por ejemplo). Y aumentan, en cambio, dramáticamente cuando se utiliza el cuerpo de las mujeres como reclamo, en la publicidad o en determinados programas de entretenimiento.

Las desigualdades entre hombres y mujeres se expresan en la política de representaciones de los medios, que tienen el poder de destacar y clasificar, poder simbólico y poder para excluir. El diagnóstico de esta desigualdad se puede resumir evaluando cuatro dimensiones:

1.- El protagonismo y el reconocimiento de autoridad. Frecuentemente las mujeres son invisibilizadas o silenciadas. No sólo tienen menor presencia que los hombres, sino que a veces no se les da voz, aunque estén. O la tienen desde posiciones de menor prestigio y poder.

2.- La igualdad en el trato con independencia del sexo. Los medios suelen destacar de las mujeres dimensiones de tipo personal vinculadas a su rol familiar, forma de vestir, aspecto físico, etc., que tienen poca importancia en el caso de los hombres.

3.- Valoración equivalente de las aportaciones de hombres y mujeres. A menudo los medios destacan el hecho de ser mujer (una candidata-mujer, una presidenta-mujer, una científica-mujer) por encima de sus méritos o consecuciones, lo cual es una desvalorización implícita.

4.- Consideración de la desventaja de partida de las mujeres para comprender las situaciones de discriminación. En lugar de ello, frecuentemente se toma a los hombres como modelos de referencia. Se tolera, defiende, critica o alaba a las mujeres que irrumpen en ámbitos que se consideran de hombres. Son “ellas” frente a un “nosotros”. Y esta dicotomía constituye el marco que expresa las relaciones de poder y las desigualdades.

El último informe del Consejo del Audiovisual de Catalunya (CAC) sobre la representación de las mujeres en la televisión proporciona datos valiosos y suficientemente amplios para mostrar de forma empírica estas dimensiones. Analiza los informativos, los debates y entrevistas, y los programas de ficción (de producción propia) emitidos durante el primer semestre del año 2012 por cuatro televisiones: TV3 (pública autonómica), TVE en Cataluña (desconexiones de la cadena estatal), 8tv (privada autonómica) y BTV (pública local de Barcelona). Esto ha implicado analizar 4.431 unidades de noticias, 2.690 intervenciones en debates o entrevistas y 357 personajes de ficción.

El análisis de estos datos muestra el contraste entre los programas de no ficción (informativos y debates) frente a los programas de ficción (películas y series para televisión). En los programas de no-ficción, se muestra un primer desequilibrio significativo. Las las mujeres aparecen menos que los hombres (un 29% en los informativos y un 30,7% en debates y entrevistas).

En los programas de ficción, en cambio, la presencia de mujeres y hombres está más equilibrada, pues los personajes femeninos aumentan a un 44,5% y, además, hay más mujeres que hombres con un papel principal, tanto en términos relativos (un 20,1% de las mujeres frente a un 13,1% de los hombres) como absolutos (32 mujeres y 26 hombres).

Esto se puede deber a que en las películas y series, la dirección de los medios puede introducir criterios para promover determinados valores. Pero aquí se acaban las diferencias entre unos programas y otros, porque cuando se trata de ver cómo estas mujeres son representadas, entonces los desequilibrios emergen.

Se puede pensar de forma razonable que la menor presencia de mujeres en los programas informativos refleja de hecho diferencias en participación social existentes en la sociedad. Pero no es así. Entre los médicos que ejercen su profesión en España, un 46,4% son mujeres, y el porcentaje se reduce a un 26,7% cuando aparecen en televisión.Lo mismo sucede con las profesoras universitarias: un 37,5% son mujeres, pero en televisión se reducen a un 12,7%.

Justamente la sanidad y la educación tienen una elevada presencia de mujeres, pero resulta que en televisión las mujeres aparecen más como usuarias de los servicios sanitarios que como profesionales, y más como estudiantes que como profesoras. Las mujeres se asocian así a roles de menos prestigio, o que implican pasividad, más como receptoras de servicios que como sus ejecutoras.

Un elemento que se relaciona con la importancia otorgada a la intervención de una persona es su identificación. En los programas informativos, la proporción de mujeres sin identificar (un 23,1%) es más del doble que la de los hombres sin identificar (10,5%). Se advierte también una relación entre edad y sexo: la presencia de las mujeres en la pantalla disminuye con la edad. Y las mujeres se asocian de forma más intensa que los hombres a los roles que se ejercen en la esfera privada (un 43,3% frente a un 20,7%). Los hombres, en cambio, aparecen mayoritariamente ejerciendo roles relacionados con la esfera pública.

En el ámbito político, las mujeres tienen una escasa presencia como miembros de Gobiernos (un 16,6%) en tanto que el porcentaje aumenta a un 26% cuando se trata de representantes de partidos. En el ámbito social las mujeres tienen una presencia superior a la media (un 34,5%), pero asociadas sobre todo a la esfera personal, también a la cultura y al mundo económico. Los hombres se asocian mayoritariamente a la economía y al trabajo, y también a la crónica política, reproduciendo así uno de los estereotipos más arraigados respecto a la participación social y laboral de hombres y mujeres.

El ámbito deportivo es exageradamente asimétrico. Fue objeto de un informe específico por parte del CAC en el año 2010 y mostraba la muy baja presencia del deporte femenino en TV3 (1,2%), TVE en Cataluña (1,8%), 8tv (0%) y BTV (3%). Hay que señalar que en este mismo año las mujeres tenían un 20,7% de las licencias deportivas y que entre los deportistas de alto nivel un 45% eran mujeres.

Los personajes de las series y películas de televisión presentan unas características divergentes según se trate de hombres o de mujeres que siguen los ejes de desigualdad. Las mujeres tienen menos nivel de poder, se asocian más a la esfera privada y sus actividades laborales son menos cualificadas que las de los hombres, Además, las mujeres aparecen más a menudo haciendo tareas del hogar (un 77,8% frente a un 56,3%) o cuidando a alguien (un 22,2% frente a ningún hombre).

Para concluir, los desequilibrios que aparecen en la representación de las mujeres en los programas de televisión proceden de dos factores de naturaleza muy distinta. Uno es de carácter cultural, derivado de la menor visibilidad e importancia que se otorga a actividades que realizan las mujeres. El otro factor se relaciona con factores sociales y de poder, pues los medios reflejan en buena medida lo que existe en los partidos, en la actividad institucional, en la representación profesional o en el liderazgo asociativo. Más presencia de mujeres con cargos relevantes en estos ámbitos debería traducirse también en un mayor equilibrio en la representación de hombres y mujeres en los medios de comunicación.

La reforma es una expresión de unos determinados intereses de clase y da por supuesto que las mujeres harán igualmente de cuidadoras sin tener que ser remuneradas

En julio del 2012 había en España 179.829 cuidadoras familiares dadas de alta a la Seguridad Social y en junio de 2013 hay sólo 19.054

La Ley de Dependencia, aprobada en 2006, supuso construir en España un nuevo ámbito de las políticas sociales para resolver las necesidades de cuidados de larga duración. También responde a las demandas de las mujeres, que no pueden asumir los cuidados como lo hacía la familia tradicional y que apenas encuentran apoyo por parte de los hombres. La ley marca una clara prioridad en la creación de servicios (de prevención, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche y centros residenciales) y en cambio, considera que las prestaciones económicas han de ser algo excepcional, reservadas para quienes no puedan acceder a ningún servicio público. Prevé una aplicación progresiva (del 2007 al 2015), establece el copago de las personas usuarias y garantiza que nadie quede excluido del sistema por falta de recursos.

Comunidades Autónomas y ayuntamientos, que son los que han de aplicar la ley, se ven inmediatamente desbordados. Se producen retrasos y dificultades, pero progresivamente nuevos usuarios se van incorporando al sistema. Las prestaciones otorgadas en España a finales del año 2008 fueron 449.415; en el 2010 aumentan hasta 800.009, y en junio del 2012 se elevan a 959.903. Pero pronto aparecen problemas de financiación, en parte estructurales y en parte derivados de la crisis económica y de las políticas de austeridad. Veamos cómo se ha aplicado la ley en estos años, pues proporciona algunas claves respecto a la situación actual.

1. El principio de que Estado y Comunidades Autónomas deberían hacer aportaciones equivalentes se trunca en perjuicio de las últimas, porque la mitad que aporta el Estado resulta ser inferior a la mitad de lo que realmente cuestan las prestaciones, y porque las Comunidades Autónomas, además, han de incrementar necesariamente su carga presupuestaria a medida que entran nuevos usuarios en el sistema sin que la financiación básica del Estado aumente.

2. Las Comunidades Autónomas no se implican por igual. Si se relaciona las personas beneficiarias de prestaciones con el total de la población, las tasas más elevadas (junio del 2013) son las de Cantabria (2,51), Castilla y León (2,44), La Rioja (2,16) y Andalucía (2,10). Las menos comprometidas en aplicar la ley son la Comunidad de Madrid (1,22), Illes Balears (0,88), Comunidad Valenciana (0,78) y Canarias (0,55), todas ellas gobernadas por el Partido Popular.

3. Se conceden más prestaciones económicas que servicios, pues son menos costosas tanto monetariamente como en gestión y más rápidas de solucionar. Lo que la Ley de Dependencia contemplaba como una excepción se convierte en mayoritario. En Cataluña, por ejemplo, se destinan en el 2009, 45 millones de euros a servicios y 76,8 millones a prestaciones económicas: por cada euro que se destina a servicios, se destina 1,7 a prestaciones (ver cuadro núm. 1). Esto repercute lógicamente, en la escasez de servicios, que la Administración intenta cubrir comprándolos al mercado. Y entre las prestaciones económicas, una abrumadora mayoría (el 90%) se destina al pago de cuidadores en el entorno familiar.

4. Se produce una remercantilización del cuidado. Aunque parezca paradójico, la mayor implicación pública en los cuidados no ha supuesto un retroceso del mercado, sino todo lo contrario, lo ha potenciado, pues una parte de los servicios proporcionados por empresas privadas reciben dinero público. En 1996, por ejemplo, un 79,70% de las plazas residenciales para personas mayores en Cataluña eran privadas, y en 2011 la proporción se eleva hasta un 83,65%: una tercera parte recibe dinero público (ver cuadro núm. 2)

5. La contratación de cuidadoras ha sido y sigue siendo un recurso muy utilizado, pues permite comprar servicios a bajo coste, frecuentemente suministrados por personas inmigradas. Además, evita las tensiones de reestructurar o cuestionar los roles de género en el hogar. El tipo de régimen laboral existente en España para las empleadas del hogar, con escasos derechos laborales y baja remuneración, ha propiciado que este sector haya sido ocupado por migrantes, mayoritariamente mujeres. Las desigualdades de clase, de género y étnicas encuentran aquí una clara expresión.

En 13 de julio de 2012 el gobierno reforma la Ley de Dependencia con medidas de gran calado: el retraso del calendario de aplicación, la revisión de las cuantías y condiciones de los cuidadores no profesionales, el incremento de las aportaciones de los usuarios (el copago) y la potenciación del sector privado. Algunas de las reformas tienen un mero componente técnico, pero otras, en cambio, suponen una fuerte afectación al sistema, que repercute en las personas con dependencia, refamiliariza las actividades de cuidado y resta responsabilidad al sector público en favor de los intereses del mercado. La reforma es una expresión de unos determinados intereses de clase y da por supuesto que las mujeres harán igualmente de cuidadoras sin tener que ser remuneradas.

La contrarreforma supone ya de entrada una disminución de personas beneficiarias del sistema de atención a la dependencia, que en junio de 2013 se reducen a 939.642 (20.251 menos que un año antes). Y el hecho de aplazar hasta 2015 la incorporación nuevos usuarios deja sin ayuda a más de 150.000 dependientes leves, y esto afecta especialmente a los sectores de bajos ingresos, que es donde se concentran especialmente las situaciones de dependencia. Si a ello se suman los recortes presupuestarios resulta difícil augurar la continuidad del sistema.

Quiero detenerme en los denominados cuidadores no profesionales. Datos del 2010 en Cataluña muestran que son mayoritariamente mujeres (un 76%), de edad avanzada (un 30% supera los 65 años; y el 56% tiene entre 46 y 64 años), y abundan los hijos e hijas (un 51%). Estas cuidadoras no profesionales reciben una asignación económica cuyo importe se gradua de acuerdo con el grado de dependencia de la persona beneficiaria. Era una asignación baja y la reforma la reduce más, un 15% (hoy oscila entre los 442,59 euros para la gran dependencia y los 153 euros para la menor). Además, el Estado deja de pagar su cotización a la Seguridad Social y se restringen las prestaciones a quienes ya estuvieran conviviendo con la persona afectada por dependencia un año antes de solicitar la prestación. El resultado de esta medida ha sido la expulsión del sistema de la Seguridad Social de la mayor parte de cuidadoras que se habían acogido a él. En julio del 2012 había en España 179.829 cuidadoras familiares dadas de alta a la Seguridad Social y en junio de 2013 hay sólo 19.054. La disminución es drástica. La reducción de costes para el Estado se hace a costa de que las mujeres ocupen el lugar de las políticas sociales, porque las personas que tenían necesidad de ser atendidas no han dejado de tener esta necesidad.