La escopeta de Adriano es antigua, por no decir vieja. La lleva al hombro, cartuchos rojos en la mano. No va a ir lejos de las casas, quizás camine un kilómetro o menos, y en ese trecho puede haber de todo: comida o muerte. Avanza y señala árboles, arbustos. “Este es el fruto de la bacaba”, dice. “Allá cultivamos plátanos. Esta huella de jabalí es de ayer”. Entonces guarda silencio, da media vuelta, se encoge y empieza a caminar como un mimo: ha visto un ciervo cruzarse por el camino, ir entre el verde. Carga el arma, se aleja, busca a la presa. Y la pierde.

El ciervo debe saber que Adriano no lo va a perseguir por esas huellas, porque esas huellas van a un área que ninguno de los karipuna quiere recorrer, una de las tantas invadidas por los madereros.

“Estamos cercados por los invasores en nuestro territorio. Nuestro miedo es ser asesinados en nuestra propia aldea”, dice, escopeta al hombro.

Hace mucho tiempo que el arma no solo le sirve para cazar. En la última ruta de vigilancia que hizo con su hermano André encontró un nuevo camino ilegal, a solo tres kilómetros de las casas. Eso es muy lejos de los límites de sus tierras, eso es muy cerca de una amenaza.

Los karipuna –Adriano, André, su familia, sus ancestros– viven en la selva amazónica desde antes de que Brasil fuera Brasil, cuando todo aquello era un territorio inmenso salvaje y no blanco. Brasil, casi un subcontinente por su dimensión (8,5 millones de kilómetros cuadrados en los que viven 210 millones de personas), declaró su independencia de Portugal en 1822, y todavía se debate entre preservar y explotar la Amazonia. Y ahí, en medio de todo, los habitantes de esos bosques primarios: Adriano, André, tantos otros.

La Amazonia brasileña ocupa más de cuatro millones de kilómetros cuadrados, y en esa enormidad viven unos 180 pueblos indígenas: son unas 440.000 personas que salpican el territorio espeso. La mayoría vive en alguna Tierra Indígena (TI), una de esas áreas delimitadas por ley, de propiedad de todos los brasileños y de uso de los pueblos indígenas, y, en teoría, protegidas.

Y aquí viene la clave: lo más deforestado en los últimos 20 años se concentra fuera de las tierras indígenas. Las tasas de deforestación más bajas están en las áreas demarcadas. Esto se explica porque la forma de vida de los pueblos indígenas preserva y cuida el bosque. Ni siquiera tienen la capacidad económica de deforestar. 

Una tierra indígena amazónica, cualquiera de las cientos que hay, tiene más verde, más bosque, más suelo que todo lo que la rodea. El problema es que son un imán de acaparadores de tierras. Entonces, a veces los números se invierten, y las invasiones –quema y tala mediante– llevan a las tierras indígenas a procesos de deforestación veloces y devastadores.

La verdadera disputa por la selva –y por las tierras indígenas– está impulsada por la transformación de la región en un área de economía agrícola, tal como antes había movido los hilos la economía extractivista: la búsqueda de un desarrollo más allá de cualquier impacto.

La despensa vacía

Francisco pertenece a los mura, un pueblo con pasado de guerreros feroces, que ocupan decenas de aldeas en 40 Tierras Indígenas repartidas en un área muy extensa en el complejo hídrico que forman los ríos Madeira, Amazonas y Purus. Los padres de Francisco, de hecho, llegaron hasta aquí desde otras aldeas. Les pareció bonito, vieron comida, se instalaron, como habían hecho más o menos siempre. Solo que ese lugar, a la vera del río, ahora es un lugar codiciado por otros.

Él es el tuxawa de su aldea, algo así como “cacique”. Alguna vez ese cargo fue de su padre, ahora todos lo reconocen a él como líder: su hermana, la familia ampliada de su hermana, sus hijos, hijas, sus cónyuges y su prole.

Hay un solo teléfono en la aldea, y es de Francisco. Se lo dieron los organismos de derechos humanos cuando lo evacuaron a Manaos durante seis meses, para evitar que los fazendeiros [dueños de enormes granjas de producción agrícola-ganadera] que invaden sus tierras cumplieran sus promesas de matarlo. Ahora que volvió a la aldea, le sirve para mandar mensajes por WhatsApp a algún pariente de la ciudad y para grabar vídeos. En uno, sale descalzo: camina hacia el río, una lanza de tres puntas en la mano derecha. Sigiloso, se acerca al agua, arroja la lanza, la busca. Acaba de pescar un pacú con uno de los métodos más tradicionales de la tradición amazónica. Sonríe a cámara.

“Hace 20 años, aquí había de todo: pescábamos con facilidad, había caza, había de todo. Era una despensa. Hoy la despensa está vacía”, dice. Pescar hoy, asegura Francisco, es casi un acontecimiento digno de ser grabado. La deforestación de las tierras que rodean su aldea tiene un impacto directo y mensurable en sus vidas. “Nuestra aldea se va empobreciendo, se vuelve muy difícil la subsistencia. La selva está cada vez más lejos, porque al salir de aquí, uno se encuentra con campo”, asegura.

El gran problema de este grupo de indígenas mura es que parte de sus tierras lleva décadas en un proceso de demarcación que no termina nunca. La Tierra Indígena Guapenú, en el municipio de Autazes (Amazonas), empezó con la identificación en 1985, y ahí sigue, a merced. Mientras tanto, los fazendeiros van entrando en tierra mura, en ese esquema que se repite en toda la Amazonia: derribo, quema, toma de tierras. Solo que aquí la destrucción no termina con la desaparición de los árboles: aquí están metiendo búfalos. 

Y los búfalos no son mansos. Son animales enormes, pesados, que bajan al agua, capaces de cruzar un río a nado y de romper todo lo que se les cruce. Tiran las cercas, destrozan las plantaciones de la familia de Francisco, y, sobre todo, destruyen el igapó, un bosque típico de la Amazonia que está sumergido estacionalmente y que es clave en todo el equilibrio del ecosistema de la zona. Y después está la cuestión de las heces, porque allí donde viven y pasan, los búfalos contaminan el agua. Y es el agua que beben Francisco y sus parientes: “Si se acaba esta agua, acaba con nosotros también”.

La casa de Francisco es de madera, está en una orilla alta y sobre pilotes. Tiene tres habitaciones, aunque en realidad son apenas unas tablas y cortinas que generan espacios separados. Viven ahí su esposa, todavía algunos de sus hijos, su nuera, el más pequeño de sus nietos. La hermana de Francisco, Ana, tiene una cabaña casi igual, a 100 metros. Las casas se parecen entre sí: la diferencia, en todo caso, es cuántos muebles tienen, si hay camas o hamacas para dormir, sillones o banquitos o adornos. El televisor, de tubo, está en el salón. Fuera, la antena que recibe la señal satelital.

Una isla rodeada de devastación

La Nasa, según la información recogida por sus satélites, dice que, desde la década de los 70, el derribo de árboles en la Amazonia redujo el tamaño de la selva en un 17%. Es como si le hubieran sacado un área más grande que todo Chile. Desde el cielo, la tierra karipuna –la tierra de Adriano y André, en el estado de Rondonia– parece una isla. Es una mancha verde rodeada de devastación marrón, con unas líneas que delatan los caminos que se usaron y se usan para sacar todo lo verde que había y llevarlo al mercado. Es una isla que espera ser engullida por el agronegocio y la especulación de tierras.

La aldea donde viven André y Adriano tiene un nombre que suena a los años 70: Panorama. Tiene un aire de película, con su bruma subiendo lenta desde el río, la canoa amarrada, el muelle enclenque y los perros sueltos. Ahí, en lo bucólico del paisaje primitivo, Bureté se sienta a la sombra del árbol rodeado de casitas, en medio de la comunidad. Tiene estudiado el lugar, es el único donde la señal del wifi satelital que les provee el Gobierno da para una videollamada. En la pantalla aparece su hijo, lejos, en su casa de la ciudad de Porto Velho, con paredes de ladrillos y ventanas de cristal, donde vive desde que dejó la aldea para estudiar Ingeniería. 

“Me prometió que si consigue un trabajo va a comprarme una casa en la ciudad”, dice Bureté. Explica que ella quiere mejorar la comunidad, hacer algo. Le gusta estar acá, cocinar, charlar con el papagayo multicolor, y reírse.

Cuando termina la llamada, muestra las fotos atesoradas en el teléfono. Están su hijo mayor, guapo, puro músculo, con su novia, grácil y rubia, maquillada, futura ingeniera. “Si se casan, tendría que traerla a vivir a la aldea”.

La aldea está lejos –cuatro horas de lancha o tres de moto, por caminos intransitables seis de cada 12 meses–, casas de madera, peces y víboras. Hay tres clases de mosquitos –de distintos tamaños, algunos casi invisibles– que se turnan para picar durante todo el día. Bureté sale, cuando es época, a recolectar castañas junto a su marido. Todo el año prepara harina de mandioca y la vende en la ciudad: así puede sostener las carreras universitarias de sus hijos. A su hija más joven, adolescente, le gustaría seguir a sus hermanos en Porto Velho y ser, algún día, policía militar. 

SOS Karipuna

En 2019, un operativo organizado por ocho instituciones emitió 15 órdenes de aprehensión y 34 órdenes de allanamiento, y se secuestraron bienes por más de nueve millones de euros. Encontraron delitos de todo tipo: malversación, hurto ilegal de madera, invasión de tierras, deforestación ilegal, blanqueo de capitales, delitos contra el orden fiscal y constitución y participación en organización criminal. La operación se llamó SOS Karipuna: se hizo en las tierras que normalmente defienden solos André, Adriano y Bureté, la misma que los madereros volvieron a invadir este año, y el año pasado. 

Para los karipuna, la deforestación es un paisaje habitual: están acostumbrados a encontrar maquinaria pesada dentro de su tierra, ver pasar camiones que se llevan centenas de troncos cortados ilegales. Es un negocio lucrativo, que conserva y reproduce la antigua lógica de ocupar la Amazonia, con la anuencia de los Estados.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, repite que hay mucha tierra para poco indio, que hay que acabar con lo que llama “la industria de multas ambientales”, que hay demasiadas áreas de conservación, que no se demarcará una sola Tierra Indígena mientras él sea presidente y que hace falta permitir la minería en esas áreas. Los incendios descontrolados y el aumento de la devastación en la Amazonia son las principales marcas de su Gobierno en el área medioambiental. En 2021, la deforestación fue la más alta de los últimos 10 años.

También en 2021 fueron asesinados 176 indígenas, según datos del Consejo Indigenista Misionario (CIMI). En 2020, habían sido 182. Este año, posiblemente, supere todos los récords: la posibilidad de que Luiz Inácio Lula da Silva gane las elecciones este domingo avivó la voracidad por conseguir más tierras antes de que se acaben los vientos de cola.

Un pie en la tumba

“Uno de los vaqueros del fazendeiro apuntó con un dedo a mi rostro y me dijo que yo era hombre muerto, que me iba a matar”, dice Francisco. A cada lugar que iba, todos le decían lo mismo: tuxawa, ten cuidado, estás con un pie en la tumba. Francisco supo pronto que ahí, en medio de la espesura de la selva mura, donde la mano del Estado es invisible, ya no estaba seguro. Fue a Autazes, la ciudad más cercana, habló con algunos organismos que estaban ayudándolo a presentar denuncias contra los invasores, y juntos decidieron que saliera de la aldea.

Francisco, nacido y criado en la selva, vivió entonces seis meses en unas oficinas que el Consejo Indigenista Misionario tiene en Manaos, casi todo el tiempo solo, porque los empleados del organismo pasaban los meses de aislamiento por la pandemia en sus casas. Ahí tenía su cocina, su cama, algunos libros. Se decidió que no trabajara, porque las mafias de la tierra también tienen sede en las ciudades. Salir, aunque fuera en medio del cemento, también tenía su riesgo.

“Fue muy feo, solo, sin costumbre de la ciudad, lejos de la familia, de la comunidad. Pensaba en venir y desobedecer, romper las reglas, y llegar aquí también desamparado, ¿qué iba a pasar? No fue nada fácil”, dice. Su esposa y uno de sus hijos pudieron visitarlo. Viajaron ocho horas desde la aldea, se quedaron algunos días, tuvieron miedo juntos.

Cada diez o 15 días, Francisco iba hasta el supermercado más cercano, compraba arroz, frijoles y pollo con el dinero que le daban mientras estaba acogido, y pasaba las mañanas, las tardes y las noches leyendo libros de derecho, porque no tenía ni televisión. Aquello, pensó, no era vida. “Vivía como un prisionero”, dice.

Cuando Francisco y su hermana eran jóvenes, las cosas en la aldea eran bien distintas. En la naciente del río que pasa por la puerta de su casa hubo, alguna vez, un pequeño paraíso. “Ahí había una montaña de piedra y arena, de donde descendía agua cristalina. Pero los fazendeiros invadieron y no tuvieron conciencia ni respeto. Derribaron la mata y el ganado pisoteó toda la naciente del río y la mató. La montaña de arena desapareció”.

Ahora, Francisco y sus familiares evitan acercarse al área invadida, y si lo hacen, van armados. También se ocupan de la cuestión del agua potable, tan vital. Almacenan y decantan agua del río y con eso se bañan, se lavan, lavan los platos, cocinan. Y cada vez que van a la ciudad, a Autazes, buscan agua de un grifo público. “Tengo una hora de viaje, gasto ocho litros de gasolina para ir, 50 reales (diez euros). Y no todos pueden ir a buscar, muchos están bebiendo el agua del río”.

Sin los diez euros que necesitan para el viaje, sin las garrafas, muchos en la aldea beben agua contaminada, que tratan con hipoclorito de sodio (cuando el Gobierno les provee) y que provoca vómitos y diarrea, amebas y parásitos, hepatitis.

Campo y bueyes

Brasil es el mayor exportador de carne de res del mundo. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que un 80% de la pérdida de bosques en Brasil se relaciona directa o indirectamente con la ganadería. Francisco traduce estos números: “Ahí donde era mata y nosotros cazábamos, ya no hay más mata: hay campo y bueyes”.

La deforestación, que había bajado drásticamente durante los gobiernos de Lula Da Silva, ha vuelto a aumentar de forma descontrolada en la última década. La causa, como bien saben los mura, no es tanto el tráfico de madera sino la ganadería: ese es el primer uso que se da a las tierras deforestadas en Brasil porque es la forma más sencilla de conseguir ilegalmente un título de propiedad de la tierra.

Cuando los fazendeiros, los acaparadores de tierras o los madereros deforestan, la devastación es casi irreversible. En los últimos 30 años, de cada diez hectáreas de bosques primarios deforestados en la Amazonia Legal, seis se convirtieron en pastizales de baja productividad, tres fueron abandonados y solo una hectárea se convirtió en suelo agrícola productivo o infraestructura urbana. Y la devastación suele venir acompañada de pobreza y violencia.

Hay una habitación vacía en la UCI 1.4 del Hospital Clínic de Barcelona. Un hombre acaba de morir. Es uno de los 233 fallecidos por COVID que se notificarán en España el 23 de enero de 2021. El día anterior fueron 273. El día siguiente, 212. En la habitación, la número 4, trabajan tres mujeres enfundadas en equipos de protección individual (EPI). Una de ellas limpia todas las superficies con material desinfectante mientras las otras dos meten las pertenencias del fallecido en bolsas de plástico. Se mueven rápido porque saben que no hay tiempo que perder, el cuarto tiene pretendientes. Estamos subidos de lleno en la tercera ola y esta cama de UCI no pasará muchas horas vacía.

El encargado de asignar esta habitación es Pedro Castro, médico internista y jefe de sección del Área de Vigilancia Intensiva (AVI), la unidad más especializada en enfermedades infecciosas del Clínic. Recorrer el hospital para evaluar a los candidatos a mudarse a la UCI es parte de su trabajo y hoy toca ir a la sala de Neurocirugía. Antes de la pandemia este lugar albergaba pacientes que se recuperaban de un ictus o de una operación en el cerebro pero hoy, como muchas otras unidades hospitalarias en el mundo, se ha reconvertido en una planta COVID.

Castro conversa sobre el paciente con un grupo de médicos jóvenes que trabajan en esta sala: una neuróloga, dos residentes de neurología y un psiquiatra experto en epilepsia. Enumera: varón, 67 años, su radiografía de pulmones empeora por momentos. Cada vez necesita más oxígeno pero el paciente está “sentado y comiendo tranquilamente”. “Es un caso de happy hipoxia”, dice Castro. “Lo vemos mucho con este coronavirus, gente que se esta ahogando pero no se da cuenta”, dice. Finalmente, abre la puerta de la habitación del paciente y lo saluda por su nombre. Le pregunta cómo está. Él dice que desanimado, que es claustrofóbico y que le deprime estar aquí. Castro, un hombre de hablar pausado, elige con cuidado las palabras intentando que lo que va a decir suene menos aterrador. La neumonía ha empeorado y no hay más remedio, hay que ingresar en la UCI. El médico se ofrece para responder cualquier duda que el paciente pueda tener. La habitación se queda en silencio durante un minuto eterno, hasta que una tenue voz formula una única pregunta: “Tendré ventana?”. 

La habitación número 4 ya tiene nuevo inquilino.

El primer caso

El 25 de febrero de 2020 una joven italiana residente en Barcelona fue confirmada como el primer caso de coronavirus de la península ibérica. Aunque sus síntomas eran leves, fue ingresada en una habitación de máximo aislamiento en la AVI del Hospital Clínic y su caso fue asignado a un grupo de sanitarios muy especial: el grupo Ubuntu. Este equipo, formado por voluntarios, llevaba preparándose desde 2015 para reaccionar a una epidemia de ébola. Esta formación, que incluía el uso de EPIs y protocolos de aislamiento de alto nivel, se convirtió en vital cuando la primera ola de COVID sacudió los cimientos de los hospitales.

Al principio teníamos una fuerza increíble. Me sentía segura de mí misma porque estábamos formados. Sentíamos que nos lo comeríamos con patatas. Y nos llevamos una hostia importante

Raquel Gonzalez-Urria — enfermera de intensivos

“Al principio teníamos una fuerza increíble. Me sentía segura de mí misma porque estábamos formados”. Raquel Gonzalez-Urria es uno de los miembros de Ubuntu y ha vivido la pandemia completa como enfermera de intensivos de esta unidad. “Sentíamos que nos lo comeríamos con patatas. Y nos llevamos una hostia importante.”

La alta especialización de este equipo ha hecho que, incluso cuando le epidemia llegó a mínimos en verano de 2020, nunca hayan dejado de atender pacientes críticos de COVID. “La gente habla de olas y picos. Eso aquí dentro no existe. Nosotros nunca hemos terminado ni vuelto a empezar. Ha sido continuo y, poco a poco, como el resto del mundo, hemos ido decayendo. Yo he pasado por la rabia, enfadada con la gente de arriba, luego por la frustración. A veces por el orgullo porque conseguimos sacar a los pacientes adelante. Ahora estoy triste. Y esta es la peor fase.” 

La doctora Sara Fernández, compañera de Raquel en este grupo, no esconde su enfado. “Son muchas horas de trabajo, estamos cansados físicamente, anímicamente también. A nivel político se sabía desde noviembre lo que iba a pasar y aún así se relajaron las medidas. Yo entiendo que gestionar esto debe ser súper complicado pero tengo la sensación de que a los sanitarios nos están llevando al límite.”

Para Castro, el cansancio de su equipo no es muy diferente al que esta experimentando el resto de la sociedad. Sin embargo, reconoce que la tensión que se ha vivido en la AVI tiene consecuencias. “No solo los pacientes sufren el Síndrome Post-UCI. Está estudiado que los profesionales sanitarios tienden a sufrir más trastornos emocionales, especialmente los que trabajan en Cuidados Intensivos. Es de los lugares que más quema. Hay quien dice que ahora viene una pandemia de salud mental. De pacientes y de sanitarios.”

El monitor del box 8

Frente al box 8 hay dos mujeres, madre e hija, mirando a través de una pared de cristal. Al otro lado hay un hombre, padre y marido, a punto de morir. Tras 80 días de UCI los médicos han decidido “limitar el esfuerzo terapéutico” al más veterano de los pacientes ingresados en la sala AVI 10.3. En lenguaje profano: creen que mantenerlo artificialmente con vida ha perdido el sentido; el paciente no se va a recuperar. La visita es una despedida, uno de los pocos casos en los que se permite la entrada de familiares a este lugar. 

Un médico y una psicóloga ayudan a las mujeres a ponerse el EPI para que puedan entrar unos minutos a la habitación. No se permiten los abrazos pero sí acercarse al paciente, hablar y dar la mano, aunque los guantes de látex no permitan sentir la piel. Las mujeres se visten y entran por turnos. Acarician, hablan, lloran y luego se van. La psicóloga se queda. Se llama Marta M. Sánchez y está especializada en acompañamiento del final de la vida. Ahora le toca entrar a ella y hacer una videollamada con otra hija del paciente que no ha podido venir. El hombre lleva días completamente inconsciente pero Marta sabe que decir adiós es tan importante para los que se van como para los que se quedan.

Y entonces toca esperar. La UCI mantiene su incesante actividad mientras los números que aparecen en el monitor del paciente del box 8 empiezan a bajar. De vez en cuando, una enfermera o un auxiliar de enfermería pasan frente a la puerta y mira hacia el interior. Alguno comenta que, tras tantos días aquí, le da pena que el paciente se muera. Luego sigue su camino. La muerte es la normalidad de una UCI pero esta mañana de enero, frente al box 8, se respira un aire de solemnidad. Un pequeño desfile de pijamas azules y batas blancas presentando sus respetos con una mirada de reojo. 

Mis amigas me dicen. Tu sales del trabajo y ya está, ya has terminado. Pero me llevo a casa que se me acaba de morir una persona. Y sueño con eso. Y tengo todos los ruidos y pitidos de este lugar metidos en la cabeza

Raquel González-Urria - enfermera de Intensivos

Y entonces, en un momento igual que cualquier otro, un cero de color verde y un interrogante azul aparecen en el monitor del paciente. Su corazón se ha parado y sus pulmones han dejado de respirar.

“Cuando un paciente muere nunca es un paciente cualquiera. No es como... 'Hey, se ha muerto el del 3'. Yo creo que el día que te dé igual que se te muera alguien tienes que dejar este trabajo”. Para Raquel González-Urria lo peor de esta pandemia ha sido la soledad. Ella, como muchas otras enfermeras, ha tenido que acompañar a pacientes en el momento de morir. “Mis amigas me dicen: tú sales del trabajo y ya está, ya has terminado. Pero me llevo a casa que se me acaba de morir una persona. Y sueño con eso. Y tengo todos los ruidos y pitidos de este lugar metidos en la cabeza”.

Adrián Téllez, internista de la AVI y miembro de Ubuntu, cree que el vínculo emocional depende mucho de la relación con las familias. “Hay veces que te terminas viendo como un reflejo. Se murió un paciente que tenía una esposa y dos hijos más o menos de mi edad. Pensé que podría ser mi padre; nos vi a mi hermano, a mi madre y a mí recibiendo la mala noticia. Entonces te afecta más, te identificas. Este es un trabajo que te recuerda que cada día que te vas a morir y vivimos en una sociedad que intenta que te olvides cada día de ello.”

Existen estudios psicológicos que hablan de la 'fatiga por compasión' y constatan que son las personas más empáticas las que tienen más posibilidades de terminar quemadas en trabajos sanitarios. “El otro día –recuerda Raquel– estaba otra enfermera trabajando en el box de un señor mayor que está en 'limitación de esfuerzo terapéutico', o sea, que se está muriendo. Yo estaba en el pasillo y de repente vi a mi compañera abrir la puerta de la habitación y sacar la cabeza afuera, como buscando aire. Le pregunté: ¿Qué te pasa? Y me dijo: 'No puedo estar aquí. Me recuerda demasiado a mi abuelo”.

La sala 1.4 del Área de Vigilancia intensiva (AVI) está más silenciosa de lo habitual y eso nunca es buena señal. Los cristales de las habitaciones han sido opacados para que los pacientes no puedan ver el exterior y solo hay una auxiliar en la isla de enfermería. Es su primer día en esta unidad. En la puerta del box número 4 parpadean tres luces de color verde, amarillo y rojo. Una paciente tiene un bloqueo en los pulmones provocado por su propia mucosidad y su saturación de oxígeno esta bajando en picado. Uno de los problemas de la intubación es que los pacientes pierden la capacidad de toser por sí mismos. Una obstrucción como esta, si no se resuelve en minutos, puede ser letal.

El doctor Castro, casi irreconocible bajo las gafas, el gorro y la doble mascarilla de su EPI saca la cabeza para pedir a la auxiliar que solicite una placa muy urgente. En los siguientes 15 minutos llegan a la sala dos técnicas de Rayos X con una máquina portátil, un auxiliar de enfermería de refuerzo y dos neumólogos que consiguen desbloquear el conducto con una máquina de aspiración. Las luces rojas se apagan y el ambiente se empieza a relajar. El auxiliar de enfermería que ha llegado, más veterano, ofrece a la recién llegada algunos trucos sobre cómo funciona el lugar: “¿Ves esa habitación? Es la que está preparada para el ébola. Esta es la primera UCI que se llenó y la última que se va a vaciar... si algún día se acaba esta pandemia”.

El doctor Castro sale finalmente de la habitación número 4, con las gafas empañadas de sudor. El 'hombre tranquilo' ha perdido su expresión serena pero, pasada la crisis, se permite bromear sobre cómo ha tenido que combatir a un “moco maligno”. “Hay veces que cuando el paciente se ahoga, tu también te ahogas”.

Para la doctora Sara Fernández hay tres momentos especialmente duros para los pacientes que pasan por aquí. El momento en que se les comunica que van a ingresar en la UCI, el momento en que les dicen que los van a intubar y el momento en que se despiertan de la intubación. “Sobrevivir puede ser traumático”.

De hecho, la gran mayoría de pacientes que pasan por esta unidad sobrevive. Al principio de la pandemia en Wuhan la mortalidad en UCI era de más del 80%. Cuando el virus llegó a Italia esta cifra bajó al 50% y en España, durante la primera ola, murieron 3 de cada 10 ingresados en UCI. Ahora mismo, en la AVI del Hospital Clínic de Barcelona la mortalidad está entre el 15 y el 20%. Pero sobrevivir a la COVID grave no es fácil y suele comportar un largo proceso de rehabilitación.

Este es un trabajo que te recuerda que cada día que te vas a morir y vivimos en una sociedad que intenta que te olvides cada día de ello.

Adrián Téllez — internista

Raquel González-Urria tiene claro cuál es el mejor momento de su trabajo. “Cuando los pacientes a los que se les ha hecho una traqueotomía ya han superado la intubación, llega la fase de weaning, que en inglés significa destetar. El paciente abandona el soporte mecánico y empieza a respirar por sí mismo. Entonces llegamos a un punto en que le podemos cambiar la cánula de la garganta por una de plata que les permite hablar. Y en ese momento ves a alguien que, quizás después de dos meses, de repente empieza a emitir sonidos. Empiezas a escuchar ho, ho, ho.... Hola. Se te pone la piel de gallina”.

El camino de los supervivientes

Son las 12 de la mañana cuando una mujer acostada en una camilla inicia el recorrido que va desde el box 7 hasta la puerta de salida de la sala 10.3 del Área de Vigilancia Intensiva. Recorrerá 20 metros de pasillo flanqueado por 16 habitaciones con paredes y puertas de cristal. 20 metros por los que circulan a paso ligero decenas de hombres y mujeres acalorados bajo sus batas, gafas y mascarillas. 

La mujer en la camilla y el celador que la empuja pasan frente a dos enfermeras experimentadas que miran hacia el interior del box número 10. Están juzgando, con rigor implacable, a un joven residente de tercer año que intenta introducir un catéter en las venas de un paciente. “Oye, un intento más y llamamos a la doctora, eh?”. Al otro lado del pasillo, dos otorrinolaringólogas perforan la tráquea de un hombre intubado, en un ritual que aquí se repite casi a diario. 

A la altura del box 13 la mujer en la camilla tiene que esquivar la máquina portátil de rayos X que ocupa casi todo el pasillo. Las dos radiólogas que la operan están cambiándose el EPI por quinta vez esta mañana. En la habitación contigua, cuatro personas intentan girar el cuerpo de una paciente para ponerla boca abajo, en posición de prono, para intentar revertir una preocupante falta de oxigenación. Una puerta más allá hay un joven que acaba de cumplir 28 años inconsciente y conectado a una máquina que le ayuda a respirar. 

Finalmente, se abre la puerta de salida de la sala AVI 10.3. La mujer de la camilla se va para nunca volver. Es una superviviente. La puerta se cierra y nadie mira, nadie celebra, nadie aplaude. Pero una limpiadora ya está desinfectando el box número 7. Se mueve rápido porque sabe que no hay tiempo que perder. Esta cama de UCI no pasará muchas horas vacía.

Los jóvenes magrebíes sufren racismo y miedo en un país europeo como España; los migrantes subsaharianos sufren deportaciones y ostracismo social en un país magrebí como Argelia

Una de las normas sagradas del odio: siempre hay alguien debajo a quien odiar, humillar o ignorar.

Los libros de historia dicen que Orán es un palimpsesto: ciudad del noroeste argelino cerca de la frontera con Marruecos, con pasado colonial francés y una alcazaba fortificada desde la que la conquista española se enfrentaba al Imperio otomano. Pero hay un pliegue más reciente, una capa que está pero no se ve: en las entrañas de la ciudad hay otra ciudad, escondida de todo y formada por hombres y mujeres de África Occidental que sobreviven a las deportaciones, intentan ganarse el pan o esperan su momento para cruzar a Marruecos y llegar a Europa.

A ellas prácticamente no se las ve por las calles. A ellos —a algunos— se los ve deambulando, en busca de un trabajo en la construcción o en cualquier cosa que les pidan los argelinos. Son una minoría comparada con los que se quedan en casa, con los que apenas salen de sus pisos y sus barrios, con los que tienen miedo.

—Hay mucho racismo, no nos consideran personas.

Ricardo Dongon es de Duala, la mayor ciudad de Camerún, su capital económica. Salió de allí en septiembre de 2018. Su objetivo no era llegar a Europa o a España, sino en concreto a Madrid.

Lo repite: Madrid, Madrid, Madrid.

Atravesó Nigeria y Níger antes de llegar a Argelia. Lo más duro, como en casi todos los casos en esta ruta, fue cruzar el desierto: el trecho a partir de Agadez, en el norte de Níger, hasta Tamanrasset, en el sur de Argelia. Es joven, tiene 25 años, pero dice que enfermó en la ruta y que se alegra de estar vivo.

Ricardo se ha quedado sin dinero en Orán. Hay un mecanismo perverso que hace que muchos se enfrenten a la misma situación. Cuando salen de su país (Camerún, Guinea, Costa de Marfil, Mali), llevan miles de euros al cambio que usan para pagar a las redes de tráfico de personas y para los gastos en el camino. Son comunes en la ruta los robos, las extorsiones, los sobornos e incluso los secuestros. En el caso de ellas, también las violaciones. Si consiguen llegar sanos y salvos hasta la costa de Argelia, el desierto no queda atrás para siempre.

El Estado argelino lleva a cabo una campaña masiva de deportación de migrantes: Amnistía Internacional calcula que 34.550 personas fueron expulsadas entre agosto de 2017 y finales de 2018. Los detienen en las calles, en sus domicilios temporales, y los transportan en autobuses hasta la frontera con Níger —y antes de Mali— sin una notificación previa y sin un proceso legal transparente. No sin antes confiscarles —robarles— el móvil y todo el dinero que llevan, según denuncian muchos de ellos.

—A mí me han deportado ya tres veces. La última fue hace dos meses. Me detuvieron en la calle y me deportaron. Ya estoy acostumbrado.

Dice Ricardo que la policía no actuaba de forma especialmente violenta en primera instancia, pero que si alguien se rebelaba, era golpeado.

—Una vez en el desierto, si quieres volver a Tamanrasset (Argelia), te tienen que llevar los tuaregs. Allí hay un negocio. Te cobran 100 o 150 euros por pasaje. La idea es que te desanimes y lo dejes.

Su familia le envió dinero varias veces para que pudiera entrar en Argelia de nuevo. Ahora busca algún trabajo que le permita trasladarse a Marruecos, donde la rueda volverá a girar: necesitará más ahorros para intentar cruzar el mar y llegar a España. O, como él dice, a Madrid.

Años atrás muchas personas migrantes iban desde Agadez hasta Libia, pero la ruta quedó prácticamente sellada después de que la guardia costera libia, financiada por la Unión Europea, devolviera a sus costas de forma masiva las pateras que salían, y de que el exministro de Interior Matteo Salvini cerrara los puertos italianos. Aunque Salvini ya no esté en el Gobierno, la ruta más habitual sigue siendo la de Argelia para llegar a Marruecos y desde allí a España, a través del estrecho de Gibraltar o del mar de Alborán.

—En Europa estaré mejor. La policía me tratará con más respeto. Aquí no tienes derechos. En la ruta no tienes derechos —dice Ricardo.

La peluquería migrante

En este salón de belleza —una planta baja en un barrio humilde de Orán— se oyen historias de sueños y desiertos. Aquí vienen clientes y clientas a cortarse el pelo y a hacerse la manicura. Es también un refugio para hombres y mujeres de África Occidental, sobre todo de Camerún y Guinea, que comparten un espacio de trabajo y ocio.

—No discriminamos —dice una de las trabajadoras cuando le pregunto, al ver la clientela, si aquí también vienen argelinas.

Esta tarde se han juntado en la peluquería Mustafá, Sylvie, David y Florine. Charlan en el banco de espera, frente al gran espejo del salón de belleza. Todos son de Camerún y ahora están en Orán, pero se hallan en diferentes momentos de sus vidas.

—Esta es la segunda vez que intento llegar a Europa —dice Mustafá, camiseta amarilla y pantalones cortos granates, el teléfono siempre en la mano—. La primera vez estuve cuatro años en Marruecos y luego fui deportado. Quiero volver a intentarlo.

Mustafá tiene 34 años. Su edad importa: algunos pueden hacer la ruta en unos meses, pero otros lo intentan durante años, se encuentran con obstáculos, paran, vuelven a intentarlo: invierten toda su juventud —años que podrían haber dedicado al trabajo y a sus familias— en un sueño que no llega.

—A mí me han expulsado dos veces —dice David—. Llevo cuatro años en Argelia. Hago mantenimiento industrial. Cuando salí de Camerún, mi idea no era quedarme aquí, sino ir a Europa, pero no tengo dinero. Sufrimos agresiones, nos abandonan en el desierto y no podemos decir nada. Somos seres humanos, no animales. Aquí te roban el teléfono y el dinero. Ojalá las cosas mejoren para los que vengan detrás.

—Yo me quedo siempre en casa, en la peluquería —dice Sylvie, que trabaja en este salón de belleza informal—. Llevo casi un año aquí. Cuando salí quería ver, descubrir. Mi situación actual es todo lo contrario a eso: no puedo ni salir a la calle.

—El problema son las expulsiones —insiste Mustafá.

—¡Y las condiciones de vida! —responde Sylvie—. Yo no he sido expulsada nunca, pero esto no es un país en el que… Yo quiero descubrir…

Sylvie pone énfasis en esa palabra: descubrir. Las risas de sus compañeros la interrumpen. Descubrir parece un verbo inocente en medio de la conversación sobre abusos y deportaciones que están manteniendo. Como si la curiosidad, menos apremiante que la guerra y el hambre, fuera un motor de la migración digno de mofa, también para ellos.

La única del grupo que no habla es Florine, una mujer con gafas de pasta que está acurrucada en una esquina. Converso con ella por separado. Me dice que es esteticista. No, me dice que no lo es: que eso es lo que hace ahora, en este salón de belleza. Que ella es periodista: infógrafa. Hacía gráficos de manifestaciones y otros acontecimientos informativos para un diario de Camerún. Su esposo vivía en Francia y le estaba intentando arreglar los papeles para reunirse con él. En un viaje de negocios a la vecina Costa de Marfil, su marido falleció por causas naturales y Florine tuvo que ir a enterrarlo. Luego decidió emprender la ruta, ella sola: dejó en Camerún, con su madre, a tres hijos. Dice que varios hombres intentaron violarla en el camino, pero que logró zafarse. Ha llegado hasta Argelia, pero no sabe si continuará. Su único objetivo es superar una depresión que no la deja imaginar ningún futuro.

—Si me recupero, podría hacer periodismo, pero con la depresión no puedo… Prefiero trabajar en la peluquería.

Me fijo en que tiene dos tatuajes. En la muñeca izquierda, una libélula. En la derecha, varias letras, algunas de ellas tachadas.

—Mi marido se llamaba George. Por eso pone “GEO”. Tapé esas letras porque murió, pero les puse encima una corona, porque él es el rey.

Las letras GEO aún se adivinan, pero están emborronadas por una melancólica tinta azul. Al lado, las letras FLO, de Florine, siguen intactas.

Odio institucional

En un país donde la disidencia se persigue, las entidades de defensa de los derechos humanos o las organizaciones internacionales no tienen el músculo suficiente para asistir a la población migrante. El Estado argelino deporta a migrantes sin que haya contestación social o movilizaciones. La protesta es un deporte de riesgo para los manifestantes que exigen un cambio político, pero el régimen no pierde legitimidad por su trato a personas migrantes, sino por el contexto nacional. Tras la caída en abril de 2019 de Abdelaziz Buteflika, que llevaba 20 años en el poder, se instaló una junta militar que convocó elecciones para diciembre, pero que no convenció a la oposición más acérrima.

“Aquí los migrantes son muy mal recibidos”, dice Sarah Belkacem, una activista defensora de los derechos humanos. “Hay un problema de acogida. Ven a los extranjeros como algo peligroso. Tienen miedo a los subsaharianos. Es una fobia”.

Ninguno de los migrantes con los que hablé en Argelia ocultó su resentimiento. Algunos dicen que han podido encontrar trabajo y que ha habido personas que los han ayudado, pero en general se sienten deshumanizados. Saben que la situación en Marruecos no es mucho mejor. Unos creen que en Europa respetarán sus derechos; otros creen que eso nunca sucederá. “No hay turistas o extranjeros en Argelia, así que para mucha gente los subsaharianos son los primeros extranjeros que ven”, dice Belkacem.

El vecino Níger, al sur, es un país clave en la estrategia de externalización de fronteras de la UE y recibe fondos para montar puestos de control y centros de detención: para frenar la migración, en definitiva. A finales de 2014, Níger llegó a un acuerdo con Argelia para que sus ciudadanos en situación irregular en el país árabe fueran deportados. Las expulsiones masivas en aquella época desde Argelia fueron sobre todo de nigerinos; en los últimos dos años, afectan a todos los subsaharianos.

“El Gobierno es antinmigración y, además, la gente no está sensibilizada con la situación de la población migrante”, dice Belkacem.

Las deportaciones que se efectúan hoy no solo son de personas sin documentación, incluidas personas vulnerables como embarazadas y menores, sino también de solicitantes de asilo. Debora Del Pistoia, que fue responsable de campañas para Amnistía Internacional en Argelia, Marruecos y el Sáhara Occidental, dice que estas expulsiones se han usado “para camuflar problemas internos” de Argelia.

“La policía, al vaciar los pisos de migrantes, ha legitimado actitudes violentas por parte de la población. Muchas casas han sufrido robos. Hay migrantes que, al volver, se han encontrado con sus pisos destruidos. También ha habido personas atacadas con cuchillos”, explica. “El odio está conectado con el discurso político y con los medios de comunicación. La represión contra los migrantes en Argelia ha ido en paralelo a la represión de las organizaciones de la sociedad civil y de defensa de los derechos de los migrantes”.

La retórica xenófoba —criminalización, bulos en redes sociales que dicen que los subsaharianos portan el VIH— convive con otra realidad. “Hay muchos patrones que usan a las personas que llegan de África subsahariana como mano de obra y que incluso están dispuestos a regularizar su situación, sobre todo en sectores como la agricultura y la construcción”, dice Del Pistoia. Las más de 20 entrevistas que hice en Argelia lo confirman: muchos dicen que han encontrado algún trabajo y que podrían incluso quedarse en el país, pero la mayoría vive con el miedo en el cuerpo por una campaña de deportaciones que ya poco tiene que ver con los papeles: las autoridades arrestan y expulsan a personas al desierto a partir de un perfil racial, según su testimonio.

Aviones y Flaubert

Me he hecho amigo de Franck. Creo que puedo decir amigo, porque cuando no estamos juntos nos escribimos, y cuando salgo de Argelia lo seguimos haciendo. Sé muy poco de cómo llegó hasta Orán. Sé que tiene 21 años, que le tocó de cerca el conflicto entre separatistas anglófonos y las fuerzas de seguridad de Camerún, país de mayoría francófona. Sé que quiere ir a España. Pero poco más. No hablamos de su pasado o del mío, hablamos sobre todo de literatura. Dice que le encanta Madame Bovary de Gustave Flaubert, pero me recomienda encarecidamente El Cid de Pierre Corneille, A dry white season del sudafricano André Brink y los poemas del jesuita camerunés Engelbert Mveng.

Solo he leído a Flaubert.

Franck me invita a su piso y dice que tres de sus amigos están en camino. Que quizá pueda entrevistarlos. Los esperamos en una cocina con las ollas sucias y ropa tendida. Cuando llegan, nos dicen que están dispuestos a hablar con periodistas, ¿pero qué sacan ellos a cambio? Les digo que no pagamos por hacer entrevistas. Se crea una situación incómoda, pero pronto nos relajamos. Les digo que no se preocupen, que charlemos de cosas intrascendentes, que no me tienen que contar cómo han llegado hasta aquí, cómo ha sido su trayecto ni qué anhelan. Olvidémoslo: ya no estoy trabajando.

Hablamos de fútbol. Luego dicen que odian Francia, que por nada del mundo irían a Francia, que los franceses son unos racistas, unos colonialistas. España también fue una potencia colonial, les digo. Se encogen de hombros.

Salimos a dar una vuelta y les ofrezco un cigarrillo.

—Sí, sí que quiero. Es que cuando fumas… te olvidas de todo.

Me preguntan cuántos días estaré en Orán. ¿Quizá nos podemos volver a ver? Es viernes al mediodía y me marcho el domingo por la mañana, así que no nos queda mucho tiempo: esto es una despedida.

De repente, uno de ellos me mira con una mezcla de amor y de odio recién incubados.

—Tú en unos días te vas a Barcelona. ¡Así, en un momento! En avión. Y mientras, nosotros…

*Este es uno de los textos de 'Odio', el número 5 de Revista 5W, que se puede recibir mediante suscripción, comprar en librerías o aquí. Esta crónica forma parte del proyecto The Backway de Ruido Photo.suscripciónaquí.

Jóvenes expulsados por la violencia en sus países acaban uniéndose a las pandillas tras llegar a la isla de Nueva York, uno de los puntos más concurridos por los migrantes centroamericanos del país

"Lo peor es que yo estaba en un lugar donde a un lado estaba la Mara Salvatrucha y al otro lado Barrio 18, la pandilla rival. De vez en cuando me paraban para pedirme que me uniera, que sino me iba a pasar tal cosa, y yo les decía que no"

Reportaje: La Mara derrota a Estados Unidos en Long Island

La violencia en El Salvador y en el triángulo norte de Centroamérica ha transformado la migración. Hoy muchos migran hacia el norte no para mejorar su vida sino para salvarla. En Long Island, Nueva York, jóvenes centroamericanos expulsados por la violencia han encontrado un destino que no solo no acepta su condición de refugiados sino que, a menudo, los empuja a unirse a las pandillas de las huyeron.

Según relatan vecinos de la zona, este edificio del barrio de San Jacinto, en San Salvador, está ocupado por pandilleros. La mayoría de los residentes han tenido que huir de la vivienda por la presencia de miembros de las pandillas en la zona, que posteriormente ocuparon las casas vacías. El Salvador es el segundo país en el mundo con mayor tasa de desplazamientos forzados internos a causa de la violencia, de acuerdo con un informe publicado por el Consejo Noruego de Refugiados y el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (NRC/IMD, por sus siglas en inglés) en 2016. Esta nación centroamericana solo ha sido superada por Siria.

Operativo policial realizado la noche del 24 de mayo en el departamento de Sonsonate, El Salvador, tenía como objetivo arrestar a los miembros de la Mara Salvatrucha (MS) que habían ocupado las viviendas de los vecinos de la zona. Según la Policía Nacional Civil, decenas de habitantes de los cantones Los Alemanes y Talcumulca, en el municipio de Izalco, habían sido expulsados de sus viviendas. En el año 2016, Sonsonate tuvo la tercera tasa de homicidios más alta del país entre municipios de más de 50.000 habitantes.

Un hombre, presuntamente miembro de la Mara Salvatrucha, es arrestado y acusado de terrorismo y limitación de la circulación de personas durante un operativo policial realizado en el cantón Talcumulca del municipio de Izalco, Sonsonate. Informes oficiales indican que en el Triángulo Norte de Centroamérica hay más de 100.000 integrantes de las pandillas. Entre 30 y 60.000 pandilleros se ubican en El Salvador (datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador), 15.000 en Guatemala (datos de la Dirección de Inteligencia Civil), y 25.000 en Honduras (registro de la Policía Nacional de Honduras).

Un perro ladra en una gasolinera del barrio San Jacinto de San Salvador. En ese mismo lugar, en la tarde del 23 de mayo de 2017, una pareja en motocicleta se detuvo para echar gasolina cuando miembros de una pandilla los secuestrados y asesinaron minutos después en un callejón cercano. Un vecino de la zona sospecha que los pandilleros pensaron que el hombre pertenecía a la pandilla rival por los zapatos que llevaba.

Un presunto miembro de la Mara Salvatrucha desciende de un vehículo policial tras ser arrestado durante un operativo policial en Sonsonate, El Salvador. Los datos muestran que, en los últimos años, la violencia vinculada a las pandillas ha provocado una ola de refugiados que huyen a otros países como México, Belice o Estados Unidos. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, el número de personas procedentes de El Salvador, Honduras y Guatemala que solicitan asilo en el mundo se ha multiplicado por siete entre 2010 y 2015.

Restos de sangre humedecen la tierra en los aledaños de la carretera panamericana entre El Salvador y Santa Ana tras el asesinato de un hombre la noche del 25 de mayo. El lugar donde ocurrieron los hechos y el tipo de heridas por arma de fuego llevaron a los investigadores a presumir que se trató de una ejecución que encaja con el proceder de las pandillas. El Salvador cerró 2016 con 5.278 homicidios (14,4 diarios) con una tasa de 81,2 por cada 100.000 habitantes. El Salvador lidera las tasas de violencia en la región de Centroamérica, considerada la más violenta del mundo.

La estación de Brentwood, Long Island, en EEUU, es uno de los puntos más concurridos por centroamericanos en el estado de Nueva York. El condado de Suffolk, en Long Island, es el quinto con mayor población centroamericana en EEUU y uno de los puntos de destinos de la creciente inmigración centroamericana de los últimos años. Esta isla pegada a la ciudad de Nueva York fue uno de los destinos principales de los 68.000 menores centroamericanos no acompañados que entraron de manera irregular a Estados Unidos en el año 2014.

Don Mario pertenece a otra generación de migrantes. O refugiados. Nació en Chalatenango, El Salvador, pero vive en Long Island desde hace 15 años. Dice que huyó por problemas con pandilleros y mafiosos: “Si me quedaba me mataban”. Ahora vive de lo que puede, muchas veces de trabajar arreglando techos. Con el tema de las pandillas en Long Island, cree que es mejor tener cuidado y “no hablar”. Pero a estas alturas, a él no lo asustan: “Yo vengo de la guerra, he visto penes rodando en la calle y mujeres descuartizadas”.

Los padres de Obdulio Salvador de León salieron de Guatemala hacia el norte para huir de las amenazas que recibió su padre cuando ganó las elecciones municipales de su pueblo, en el departamento de Petén. Residente legal en Estados Unidos, Obdulio es el líder local de la patrulla ciudadana conocida como los Guardian Angels de Brentwood. El grupo surgió en esta ciudad como respuesta a la violencia de las pandillas vivida durante los últimos meses. Obi One, como se le conoce dentro del grupo, cree que la MS tiene mucha fuerza en Brentwood “pero que no es como allá, en El Salvador, donde la policía les teme”.

El grupo Guardian Angels de Brentwood tiene 17 miembros y está formado mayoritariamente por personas de origen latino. Esta organización fue fundada en el barrio del Bronx de Nueva York en 1979 para hacer frente a la inseguridad que reinaba en el barrio. Aunque es un grupo desarmado que apuesta por la vigilancia pasiva, en su historial existen algunos casos de violencia excesiva o de divulgación de falsos crímenes para generar publicidad. Durante una patrulla callejera en Brentwood se hace evidente que estos vigilantes cuentan con el apoyo de muchos de sus ciudadanos.

El 28 de julio de 2017, el presidente Donald Trump viajó a Brentwood para hablar de los nueve homicidios ocurridos en solo 6 meses en la zona: “El cartel MS-13 es particularmente violento. No les gusta disparar a las personas porque es muy rápido. Leí que uno de esos animales explicaba que le gustaba cortarlas y dejarlas morir lentamente porque era más doloroso y les gustaba verlas morir… Son animales”. Durante la siguiente semana Trump vinculó la violencia de las pandillas a la inmigración centroamericana y lo utilizó para hacer campaña sobre la necesidad de eliminar las 'Ciudades Santuario', localidades donde la policía no arresta a los inmigrantes sin papeles, y aumentar las deportaciones de hispanos.

La Iglesia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en Wyandanch, Long Island, ofrece cultos en español y congrega desde hace décadas a un gran porcentaje de centroamericanos residentes en la zona. El sacerdote que la dirige, el padre Bill Brisotti, es un seguidor de Monseñor Romero y durante 15 años coordinó una casa refugio adjunta al templo. Brisotti dice que la llegada del presidente Trump ha complicado las cosas para los inmigrantes. “La situación es cada día más grave con ese payaso que tenemos de presidente. Todo ese temor que se ha creado influye a que la gente no llame a la policía en caso de ver un acto de violencia o un crimen”.

Carlos (nombre ficticio) es un joven refugiado centroamericano. Aunque ya ha cumplido los 18 años, él fue otro joven que llegó durante la “crisis de los menores refugiados centroamericanos” que inició en 2014 y saltó a las portadas de los periódicos norteamericanos. Carlos tuvo que huir de su hogar en el departamento de Cuscatlán, El Salvador, por culpa de las pandillas. “Lo peor es que yo estaba en un lugar donde a un lado estaba la MS y al otro lado Barrio 18, la pandilla rival. De vez en cuando me paraban para pedirme que me uniera, que sino me iba a pasar tal cosa, y yo les decía que no”.

Autobuses escolares esperan cerca de la High School de Brentwood, con un alto porcentaje de centroamericanos. Muchos de los jóvenes recién llegados a la escuela se unen a las pandillas. Carlos Argueta, expandillero y trabajador social en un high school de Long Island lo explica así: “Algunos vienen y solo han estudiado allá tercero o cuarto grado. Otros vienen preparados, y los ponemos a todos juntos en el mismo salón de ESL (Inglés como Segunda Lengua). Se unen (a las pandillas) por protección, para tener amistades y novias. Pero el mayor problema es que los hemos puesto en un solo cuarto a todos estos jóvenes con tanto trauma, y los hemos puesto en un solo cuarto donde toda la frustración que cargan se la desquitan entre ellos”.

Las tobilleras electrónicas se han convertido en una opción común para controlar a los migrantes indocumentados y asegurar que paguen el coste de su liberación, incluso cuando se les podría conceder la condición de refugiados. Este joven salvadoreño y su hermano se vieron obligados a depositar 12.000 dólares por persona si querían ser liberados tras entrar ilegalmente en EEUU. La empresa Libre by Nexus adelantó esa fianza a cambio de otros 2.400 dólares cada uno en intereses. Para garantizar su inversión, colocó un detector con GPS en la tobillera de los jóvenes que avisa a las autoridades en caso de rotura o desconexión. La empresa los obliga a pagar, además, 420 dólares mensuales por el alquiler del aparato y, en el caso de que este se rompa, 3.800 dólares más.

Los dos hermanos de 20 y 21 años vivieron toda su vida en el departamento de La Unión, en El Salvador, trabajando como campesinos en tierra ajena y ganando 36 dólares por semana. Hasta que la Mara Salvatrucha les pidió que sembraran marihuana en el campo que trabajaban. Ellos se negaron argumentando que sus creencias como cristianos evangélicos no se lo permitían. Por esa negativa recibieron golpizas y fueron amenazados con armas de fuego.

Los hermanos denunciaron los hechos a la policía local y los propios policías los entregaron a los pandilleros. Dos agentes y cuatro miembros de la Mara Salvatrucha descargaron sus armas cerca de su cabeza y les propinaron una paliza que mandó a ambos al hospital. Después de eso pidieron prestados 7.000 dólares cada uno a una hermana residente en Long Island e iniciaron el viaje hacia los Estados Unidos.

El martes 13 de septiembre de 2016, cuando caía la noche en Brentwood, un grupo de jóvenes asesinaron con bates a dos muchachas en los afueras de la escuela Loretta Park, donde estudiaban. Las víctimas fueron Kayla Cuevas, una chica de raíces dominicanas de 16 años, y Nisa Mickens, quinceañera, una de sus mejores amigas. Ambas murieron aporreadas. Sus cadáveres quedaron a metros de distancia en un área residencial fuera de la escuela.

El asesinato se atribuyó a jóvenes miembros de la Mara Salvatrucha y fue uno de los casos que hizo saltar las chispas de la opinión pública y provocó una respuesta agresiva del presidente Trump: “Vienen de Centroamérica, son la gente más ruda que hayas conocido. Están matando y violando a todo mundo allá. Son ilegales y es su fin”. Pasados los meses, unas flores en el suelo recuerdan el lugar donde quedó tendido el cuerpo de Keyla Cuevas.

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Este contenido ha sido realizado con el apoyo de la beca DevReporter organizada por LaFede.cat en colaboración con la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz.

Según el último informe 'Report on citizen security in the Americas' de la OEA (Organización de Estados Americanos), El Salvador posee las cárceles con mayor superpoblación (299%), seguido de Bolivia (233%) y Haití (218%)

Más allá de los datos, estas cifras se traducen en unas condiciones de vida infrahumanas para los presos de estos países: hacinamiento, enfermedades, mala alimentación y un mínimo sistema de rehabilitación

En algunas cárceles de El Salvador, como en La Esperanza, la superpoblación asciende hasta el 600% de su capacidad, lo que provoca graves violaciones de derechos humanos

Es una historia que se repite. La cuentan muchas de las mujeres que han pasado por alguno de los Centros de Internamiento de Extranjeros de España. Es una historia de vulnerabilidad, y de abusos que empiezan mucho antes de pisar la Península. Una historia en la que aparecen las redes de trata, que trabajan impunemente en las rutas migratorias. Estos son los testimonios de dos mujeres que han vencido al miedo para contar su historia.

Marisol. Guinea Ecuatorial, 33 días en el Cie

Marisol no se llama Marisol. Ha elegido el nombre de una de sus hijas para este relato, que empieza el día que su marido murió, allá en su país.

“Vine para buscar la vida de mis hijos, porque me quede viuda. Tengo 4 hijos, uno de ellos esta enfermo, no habla, no anda. Está invalido [...] Yo quería traer a mi hijo enfermo para que le puedan hacer tratamiento aquí, porque en mi país no hay buenos médicos”.

En 2007 Marisol había conseguido juntar el dinero suficiente para comprar un billete de avión y un visado de tres meses a España, donde vive una hermana de su madre. Viajó sola, dejando a sus hijos atrás. Durante los siguientes 3 años fue capaz de evitar los controles policiales hasta que un día de junio de 2010 fue arrestada. Se dirigía a un curso de formación para mujeres migrantes.

“Eran las diez de la mañana cuando baje del autobús, en una bocacalle que esta aquí cerca, allí los policías me cogieron, me preguntaron por los documentos y les dije que no tengo nada [..]. Al día siguiente me llevaron a Madrid, yo sola, no sabía que me iban a hacer allí. Después de tres días (en el pabellón para mujeres del CIE de Aluche) me llevaron al aeropuerto para que subiera al avión. Les dije que no iba a subir al avión, desde que he venido aquí yo no he hecho nada malo, yo he venido a buscar la vida de mis hijos, no puedo irme así…”.

Marisol sufrió un ataque de ansiedad en las puertas del avión, en ese estado fue imposible deportarla a Guinea Ecuatorial. Los policías la devolvieron al CIE a la espera de un nuevo vuelo.

“Estaba con un montón de mujeres de diferentes países. Me dijeron que maltrataban a la gente en el aeropuerto, yo he tenido suerte que no me han tocado ni nada, pero yo vi tres mujeres dañadas. Me contaron que les estaban pegando allí en el aeropuerto. Hasta había una mujer brasileña que estaba embarazada de dos meses y tuvo aborto”.

Aunque el recuerdo de los hechos produce lagrimas en la narradora, no deja de hablar. “Mi paisana también. Tenia un niño de 4 años aquí y les dijeron que aun que tenga un hijo español tienes que ir a tu país directamente, no importa. Le pegaron en el aeropuerto también. La segunda vez que se la llevaron la ataron con cuerdas y se la llevaron en avión, así”.

Marisol pasó 30 días más en Aluche. 30 días esperando a que la subieran de nuevo a un avión, pero eso nunca ocurrió. “No me avisaron, yo estaba en el salón en el momento del desayuno, me dijeron coge tus cosas vamos, me abren la puerta y me dijeron vete”.

Años después, Marisol ha conseguido regularizar sus papeles. “Solo quiero trabajar y ayudar a mis hijos que puedan estudiar, y a mi hijo que esta enfermo tiene que venir aquí. Pero para traer un familiar necesitas contrato de trabajo y de vivienda. Esta complicado....”.

Eva. Nigeria, 7 días en el CIE

Para contar su historia Eva ha escogido su apodo de trabajo, el apodo que usa cuando se prostituye en la calle. Esta joven Nigeriana de 26 años comparte su vida y su relato con una hija de 5 años.

“Vivimos en la misma casa, en una habitación. No tengo trabajo, no tengo papeles. Trabajo en la calle, así que si quiero salir a trabajar por la noche se la dejo a alguien, le pago a una persona 60 euros porque no puedo dejarla sola. Mi bebé va a la escuela, tengo que pagar los libros, ropa, y pago el alquiler de la casa del dinero que hago en las calles. A veces no tengo...”.

“No tengo familia, mi padre y mi madre están muertos. El sufrimiento era demasiado, tenia que irme. (Cuando salí de Nigeria) estaba embarazada de dos semanas. Primero de todo hay un hombre, le pagué dinero, después de Nigeria a.... a Lagos, de Lagos a Kano... a varios países. A veces usábamos un coche grande con más gente, a veces caminábamos a medianoche entre los arbustos para que la policía no nos viera, ellos están intentando matar a todo el mundo, no quieren que la gente cruce por su país. No caminábamos por las tardes, sino a medianoche, para cruzar las fronteras. A veces nos quedábamos en los bosques por algunos días, cuatro o tres y luego caminábamos por las noches otra vez hasta llegar a Marruecos [...)]Cuando llegué a Melilla, di a luz. Estaba en la calle sobreviviendo con mi bebé”.

“De Marruecos a Melilla con un barco, en la noche. Había mucha gente, unos 160. Era un barco grande. Pagamos a la gente para que nos cruzaran, gente blanca de allí. Cuando llegamos a Melilla nos iban a deportar, porque ya hay suficientes nigerianos en Melilla dijeron. Cambié mi nombre porque estaban deportando a la gente y yo no quería volver, así que lo cambié y dije que venia de Gambia. Mi Libro de Familia es de Gambia pero mi pasaporte es de Nigeria”.

Eva se afinco en España y consiguió criar a su hija con las limitaciones de vivir en situación irregular. 5 años después de llegar, en verano del 2014, fue detenida durante un viaje realizado para conseguir un contrato laboral.

“No tengo papeles, no tengo pasaporte, no tengo ninguna fotocopia, por eso me cogieron. Les dije que tenia un bebé pero dijeron: No, porque el nombre es diferente, el nombre que tengo en el libro de familia es de Gambia pero mi pasaporte es de Nigeria. Por eso me llevaron al CIE de Madrid”.

Eva estuvo solamente una semana en el centro. No habló con nadie, no comió, no durmió. Solo lloró. Ser devuelta a su país y dejar sola a su hija de 5 años era un miedo que la devastó.

“Yo no quería hablar con ellos. Estaba muy enfadada, porqué dejé a mi bebé, ¡tengo que ir con mi bebé! No hay llamadas, la policía tiene mi teléfono porque ellos dicen que no hay llamadas en ese lugar. Estaba tan enfadada, llorando para poder salir y venir a encontrarme con mi bebé, que ni siquiera hablé con nadie [...] Me dejaron ir pero alguien me ayudó. Un abogado, alguna gente”.

Ese alguien que ayudo a Eva fueron Caritas y Pueblos Unidos, dos de las muchas organizaciones de la sociedad civil movilizadas para defender los derechos de los inmigrantes dentro y fuera de los CIEs.

Es difícil de entender el porqué, pero cuando Eva salió en libertad su hija de 5 años se encontraba en comisaria. “Mi amiga dijo que cuando llevó a mi bebé a la comisaría, se sentó y ellos se llevaron a adentro, yo estaba en el bus viniendo para casa. No puedo ir a preguntar porque no tengo papeles. Mi amiga, la que llevó a mi bebé tampoco tiene papeles. Ni ella ni las organizaciones sociales que le apoyan han entendido el porque de este hecho”. Finalmente, madre e hija se reencontraron 10 días después.

“En el futuro me gustaría tener un trabajo distinto, porque este trabajo es muy difícil, andar por las calles de noche. A veces no hay nadie, solamente pasa la policía...Pero si tengo papeles, si pudiera hacer otro trabajo, lo haría. Estoy intentando obtener mis papeles pero sin pasaporte no puedo hacer nada”.

Mohsan. Pakistan, 25 días en el CIE

Mohsan escogió este nombre para el reportaje porque es el más querido de sus 6 hermanos, todos ellos residentes en Pakistán. Esconde su rostro por miedo a ser detenido de nuevo. Con 21 años abandonó el mundo de pobreza en el que vivía para iniciar un éxodo a pie desde Islamabad que un año más tarde acabaría en España. Al principio sobrevivía en Castilla y León vendiendo rosas en la vía publica, pero la presión policial lo obligó a trasladarse hasta Guipúzcoa. Euskadi aún otorga ayudas económicas a personas solas en situación de desarraigo.

A principios de julio, Mohsan tuvo una discusión con su pareja en una cafetería. La discusión se encendió y la policía intervino. El joven pakistaní fue trasladado a una comisaría cercana donde pasó 24 horas antes de ser puesto en libertad. Para su sorpresa, en la calle le esperaban dos Policías Nacionales vestidos de civil que lo obligaron a irse con lo puesto a la Comisaría General de Extranjería en Donostia. Allí, Mohsan descubrió que existía una orden para mandarlo de regreso a Pakistán.

Tramitada la expulsión, Mohsan fue trasladado al CIE de Aluche en Madrid. “Mal, ni la comida bien, ni dormir bien, nada. Yo no tengo culpa, yo no he vendido droga, no me han denunciado nunca, nunca, nunca. ¿Por qué me encierran un mes?”.

Lejos de su lugar de residencia, Mohsan no pudo recibir ninguna visita en el CIE. Sus conocidos en Madrid también son pakistaníes y ninguno de ellos se atrevía a acercarse al centro por miedo a ser detenidos. “No solo yo lloraba, mucha gente mayor allí también lloraban: paquistaníes, marroquíes…”. El 28 de julio fue puesto en libertad. Solo y sin dinero, Mohsan se vio obligado a pedir dinero prestado a diferentes compatriotas suyos para poder pagar el billete en autobús hasta Guipúzcoa. “Una persona, si tiene culpa, la cárcel esta bien, pero yo nunca antes había estado en la cárcel, ni nunca denunciado, yo no pensaba que nunca iría a la cárcel. […] Aunque yo tenga hambre, no robo.”

Zauhi Mohamed. Argelia, 135 días en un CIE

A Zauhi lo han deportado tres veces y tres veces ha regresado, subido en una patera. Su familia está en España. Su mujer, embarazada, y un hijo de cinco años también se encuentran en situación irregular. Viven en la misma ciudad pero Zauhi prefiere no compartir hogar con ellos, por miedo a que los expulsen por su culpa. Sin dinero ni trabajo, este joven Argelino de 27 años vive en el suelo de una minúscula habitación prestada por un paisano suyo. Habla como un hombre hundido, cada una de sus palabras transmite tristeza.

La historia de Zauhi empezó en 2007 en una playa de la ciudad de Oran llamada El Aaiún. En esa playa se puede comprar el derecho a jugarte la vida en una patera que navega hasta las costas de Almería por 10.000 linares (unos 1.000€). Zahui pagó la cuota y emprendió el viaje, pero en cuanto tocó suelo español fue arrestado y trasladado al Centro de Internamiento de Extranjeros de La Piñera, en Algeciras.

Desde esa fecha hasta hoy, Zahui ha sido arrestado cuatro veces por ser un extranjero indocumentado. Tres de los arrestos terminaron en deportación. Cada deportación terminó en una patera de vuelta a Almería. Zahui ha pasado un total de 135 días encerrado en tres Centros de Internamiento de Extranjeros del territorio español: Algeciras, Tarifa y Barcelona. Muy a su pesar, Zahui se ha convertido en un experto en este tipo de centros.

“Mal, muy mal, tratan mal, pegan a la gente. No hay servicios dentro del chavolo... la comida fría, no hay nada, la cama de plástico, no hay almohada, no hay manta, el frío... El mes pasado un paisano mío fue a ayudar a un marroquí que se iba, eran las cuatro de la mañana, te lo juro, y vino un policía y pum, en la boca, cayó el chico con sangre y todo”.

En octubre de 2010, Zahui participó en una huelga de hambre para protestar por las condiciones de su encierro, una de las muchas que se suceden en los centros. Después de eso fue deportado por tercera vez. “Yo no sabía nada, estaba durmiendo y vinieron: 'levántate levántate, tienes libertad'. Yo pensaba que me dejaban en libertad, dejé la ropa allí para mis paisanos, y cuando estaba abajo estaba la policía: 'tienes cacheo, te vas para tu país”. El último regreso fue el peor, veinte personas se quedaron sin gasolina en una patera de cinco metros de largo. Pasaron siete días en altar mar.

Ion Starescu. Rumania, 56 días en el CIE

Ion era vigilante de seguridad en Rumania, un oficio que lo convirtió en un hombre rudo. Vino hace ocho años. Trabajando en la construcción en Madrid se gana mucho más que como custodio en Buzău, su ciudad natal, pero al poco tiempo se quedó sin trabajo y en la calle. Pensó en regresar pero su pareja, una inmigrante peruana con problemas de salud, le hizo quedarse. Actualmente vive en un descampado a cambio de vigilarlo.

Durante la conversación su novia le llama en varias ocasiones, tiene miedo de que sea demasiado sincero. Ion está amenazado. “Vino el jefe de la policía y me dijo -piénsate en hablar al periódico o a otra cosa porque tú puedes morir en cualquier momento, sabemos dónde vives-. No pasa nada, nadie tiene dos vidas, por dios”. A Ion lo detuvieron volviendo de un comedor social, era el 29 de abril de 2014 y lo encerraron en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid. “Es más como una cárcel de Guatemala, por dios, traen un perro y un perro no come. Entré con 84 y mira como estoy ahora, 60 kilos peso, en dos meses.”

A Ion le notificaron cinco veces orden de expulsión. Cuenta cómo en dos ocasiones le subieron a un vuelo comercial que se dirigía a Rumania. Iba maniatado y escoltado por cuatro agentes, pero encontró la manera de impedir su deportación. “Les pedí que quería hablar con el comandante de el avión. Yo tengo la familia aquí, yo no quiero viajar a Rumania, le dije. -No pasa nada, en cinco minutos eres libre, yo soy el comandante y el avión es mío-”. Repetidamente, los policías golpearon a Ion en las costillas pidiéndole que hablara en castellano, pero el piloto del avión solo hablaba rumano. Los pasajeros estaban asustados. Asegura que en el furgón de vuelta los golpes se repitieron, siempre en el cuerpo. Nunca en la cara.

Ion cuenta que después de las agresiones ni el doctor del centro ni Cruz Roja le quisieron hacer un parte médico. También afirma que recibió golpes dentro del CIE. “Los que más reciben son los de Sudamérica, reciben mucho más, no sé porqué”.

“Yo tengo mi pasaporte. Yo me voy solo a Rumania, no con violencia, no con golpes. Me voy cuando yo quiero porque soy europeo, hoy estoy aquí y mañana en Francia, o donde quiera”.

Abdou Sech. Senegal, 53 días en el CIE

Adbou no se llama Abdou. Escogió este nombre para aparecer en el reportaje en recuerdo de un amigo suyo deportado hace poco más de un mes. Esconde su identidad por la orden de expulsión que tiene vigente. Su historia empieza en 2008 en un hospital de la periferia de Kaolack, Senegal, en el que su madre agonizaba. “Yo no soy el mayor, pero mi madre, cuando moría en el hospital, sus últimas palabras me las dijo a mí: cuida de tu familia”. Abdou se quedó sin padre ni madre y con 6 hermanos. “Desde ese día he sacrificado mi vida para venir aquí. He hecho 4 días de mar, sin comer, sin beber… Yo he venido con amigos de mi mismo barrio, se han muerto delante mío, en la patera mismo. Te mueres, la gente te mira, estás muerto, te cogen, y al agua”.

Hoy, Abdou vive en uno de esos pueblos de la costa mediterránea que los turistas invaden 3 meses al año. El 31 de marzo de este año fue detenido en la estación de tren del aeropuerto de El Prat, en Barcelona. Fue entonces cuando supo que tenía una orden de expulsión del país que nunca se le había notificado. Gracias a esa orden, Abdou conoció el CIE de la Zona Franca de Barcelona.

“La comida es… tú sabes que esto no lo vas a comer, malísima. Nunca comería eso en la calle. Y la poli, cuando vienen enfadados, tú tienes que pagar los platos rotos. Yo he iniciado dentro una huelga de hambre. Cuando yo estaba dentro, había una paisano mío (refiriéndose a Mamadou Balde), cuando él llevaba cinco días nos empezamos a conocer, hablamos, compartimos tabaco y tal. Yo cada día lo veía peor, se encontraba flojo, cada día mas delgado, tosía y le salía sangre.” Una noche, justo antes de entrar en las celdas, Mamadou se desplomó delante de todo el mundo. A las pocas horas estaba hospitalizado y diagnosticado con tuberculosis. Al día siguiente, aproximadamente la mitad de personas internas en el CIE de la Zona Franca se plantaron en huelga de hambre para pedir análisis médicos. “Están jugando con mi vida, yo no lo voy a permitir, yo he entrado sano, si me expulsan me tienen que llevar sano a mi país, si me sueltan, también: me tienen que soltar sano”.

Los huelguistas consiguieron negociar directamente con el director del centro, que aprobó una revisión medica para las personas más cercanas a Mamadou. Abdou estuvo entre los seis primeros analizados. Los seis dieron positivo en tuberculosis y se les agendó una segunda prueba al cabo de 4 días para confirmar el diagnóstico. La mayoría de estas pruebas nunca se pudo realizar. Cinco de los seis positivos fueron puestos en libertad antes, incluyendo a Abdou. “Me he encontrado bien. Fui al médico pero aún tengo que esperar que me manden la tarjeta del médico de aquí”.

Mustapha Karroumi. Marruecos, 75 días en un CIE

El 14 de febrero de 2000, Mustapha se escondió en la caja de un camión durante 36 horas para llegar a España. Tenía 18 años y se había quedado solo en Marruecos. Toda su familia vivía ya en Cataluña. El viaje fue un éxito y consiguió llegar a Molins de Rei (Barcelona), donde trabajó en la construcción hasta que la crisis empezó a golpear. “En 2007, la empresa empezó a ir mal y empezaron a despedir gente. En la misma empresa trabajaba yo, mi padre y mi cuñado. Luego estuve un tiempo en el paro”. En 2011, Mustapha perdió la residencia, pese a tener más de cinco años cotizados.

“Sin mirar cuánto tiempo llevaba aquí, sin mirar si he trabajado, sin mirar por mi familia ni por nada”. El 16 de enero de 2011 le pidieron la documentación en una estación de tren. “Cumplí casi los 60 días, que es el máximo que se puede estar en el CIE, pero cuando me faltaban seis días me deportaron”. A las cuatro de la mañana se presentaron en su celda: “Levanta el culo, que tienes cinco minutos para recoger tus cosas: te vas a tu país”, le dijeron. “Estuve en Marruecos un año y cuatro meses, ya deportado y con una orden de expulsión. Estuve allí como un loco perdido, no tenía a nadie, mis padres vivían aquí, tengo siete sobrinos viviendo aquí; yo sentía que me habían quitado el derecho a estar con mi familia”.

“En el verano de 2012 volví a regresar, nadando hasta la playa de Melilla, y conseguí esconderme en un ferry”. A los dos meses de regresar a Cataluña, Mustapha se casó con su actual esposa. Un año después fue enviado, por segunda vez, al CIE de la Zona Franca de Barcelona. “Una semana antes de salir yo, a uno le tenían la cara desfigurada; no te digo que te peguen con la porra, no, no, a puñetazos, a codazos… te desfiguran la cara, a mí me la han desfigurado”.

En una ocasión, le encontraron un encendedor en la celda, “entraron como diez agentes de golpe, me tocó que estaba con cuatro [internos] que no hablaban bien el castellano, yo era el único que hablaba bien, pues empecé a hablar, y al hablar, pues recibí; los otros eran jóvenes”. El castigo eran nueve segundos de descarga eléctrica con un 'taser', a escoger entre la espalda y los pies. “Al que era mayor le dije: 'Bueno, vamos a comernos el marrón tú y yo y dejamos a estos tres'. Elegimos los pies. 'Nueve segundos', dije. Asumimos el castigo”.

Los policías nacionales dijeron que iban a castigar a los cinco, pero el 'taser' no tenía batería, así que lo harían de otra manera. “Antes de que pudiera entender a qué ”manera“ se refería, ya había recibido un guantazo. Llevaban guantes, pero cada golpe me tumbaba al suelo. Luego me cogían dos agentes y me ponían de pie, y uno me cogía del pelo hacia atrás poniendo la cara bien. Y otro guantazo, y al suelo. Seis veces me lo hicieron”. Todos los internos recibieron, sólo el más joven se libró.

Mustapha es uno de los pocos inmigrantes que se han atrevido a denunciar judicialmente agresiones sufridas en los Centros de Internamiento de Extranjeros. Su proceso se encuentra en fase de instrucción, pero ya ha podido declarar. “Pero te digo, tío, allí se maltrata a la gente. Yo he estado en una cárcel de Marruecos un mes, pero que se te pongan diez funcionarios y te revienten la cara así... No, tío, así no. No es por lo que me han hecho a mí. Murieron dos personas allí dentro y no quiero que les pase a otras personas, y ya está”. Mustapha no tiene el dato correcto: son cuatro las personas que han muerto en el interior del CIE de la Zona Franca de Barcelona.

Mamadou Balde. Senegal. 30 días en el CIE

“Yo les dije que no estaba bien, que me mandaran al médico, que no podía comer, que no podía dormir, que no podía hacer nada. Estuve mucho tiempo pidiendo que me llevaran al hospital, pero no querían”. Mamadou hoy ya está en un hospital, en el único centro médico de Cataluña especializado en tratar la tuberculosis. “Yo pienso que la causa de la enfermedad es el CIE, porque yo antes no tosía, pero cuando llegué allí todo empezó”.

Hace 10 años que Mamadou abandonó el trabajo agrícola en su Senegal natal, en busca de su hermano que vive en España. “La entrada fue un poco difícil porque pasamos dos días en el mar. La patera donde estábamos estaba toda estropeada, la policía nos rescató a todos. Si no, aún estaríamos allí”. Mamadou pisó suelo español por primera vez en Fuerteventura y posteriormente fue trasladado a Andalucía, donde fue liberado. Su experiencia en el campo le permitió encadenar varios trabajos agrícolas durante años, pero en 2012 se encontró sin opciones en el sur y decidió moverse a un piso en Lleida, cerca de su hermano. “Vinieron a la casa donde vivíamos siete personas y detuvieron a todos los que no teníamos papeles”. Fue el 25 de marzo de 2014.

Los síntomas de Mamadou empezaron tras 10 días de encierro en el CIE de la Zona Franca de Barcelona. Tenía frío, no podía comer. Tenía fiebre y había perdido las fuerzas. “Yo cogí esto allí dentro, antes no estaba enfermo. Un día tosí y saqué sangre. Bajé para buscar si había enfermera pero era domingo y no había nadie”. Hasta los 30 días de encierro no fue trasladado al Hospital Clinic. Dio positivo en una de las enfermedades más antiguas que afectan al ser humano: tuberculosis. En ese momento se le otorgó la libertad.

Mamadou lleva tres meses de tratamiento y, en el mejor de los casos, le faltan otros tres. “Yo de momento estoy aquí para curarme, esta es la idea que tengo. En el centro hay gente que lleva uno o dos años, yo no sé cuánto tiempo voy a pasar aquí”.

Hibra, Senegal. 39 días en un CIE

Hibra es un nombre falso. Este hombre de 34 años siempre recurre al nombre de un sobrino suyo cuando habla con desconocidos sobre su historia. “Yo vine aquí para conseguir un futuro mejor para mis hijos, un futuro que yo nunca he tenido; por eso arriesgué mi vida, por ellos. He venido a España tres veces: en 2006, 2007 y 2008. Las dos primeras veces no tuve suerte, pero me mandaron al Senegal sin ningún problema. En 2008, cuando me pillaron, me juzgaron y me acusaron por ser el capitán del barco (la patera). Me condenaron a tres años”. Hidra era pescador en Dakar y tenía una barcaza.

“Esos tres años yo lo he pagado como se tiene que pagar, porque tampoco hay otra solución, ¿no? Y lo pago dignamente, no he tenido problemas con nadie [...]. Ahora mismo el mejor amigo que tengo es el capellán de la cárcel, el mejor amigo que tenemos todos los inmigrantes aquí. Yo le llamo 'Viejo Nacho'. Lo poco que ganaba en la cárcel él me ayudaba para mandarlo a mi familia”.

Terminada su condena, Hibra fue liberado de la cárcel. Vivió y trabajó durante tres años en la localidad de Valoria la Buena (Valladolid) como cuidador de caballos. “Me gustaba pero no es lo mío; pero yo cualquier trabajo intento hacerlo porque a mí en la vida lo que me da felicidad es trabajar y cuidar a mi familia”. El 17 de enero de 2014, Hibra se dirigía a Valladolid a comprar alimentos cuando fue detenido por no tener documentación y trasladado al Centro de Internamiento de Aluche, en Madrid. “El CIE es inhumano. Yo pasé tres años en la cárcel y un mes y medio en el CIE; si quieren llevarme al CIE, prefiero estar el doble de tiempo en la cárcel, es lo peor que he visto en mi vida”.

“Yo lo que me pensaba era grave porque había un avión el día 13 de febrero para el Senegal. Por eso me cogieron”. Algunas ONG, amigos y funcionarios públicos de Valoria hicieron escritos a su favor para que no lo deportaran. “Por eso estoy hablando contigo; si no fuera por el apoyo de toda la gente, ahora no estaría aquí. El alcalde de Valoria, la gente de Cubillas de Cerrato [Palencia], el viejo Nacho. La gente que me ayuda están ayudando a los inmigrantes todos los días, pero no se ve”. Él se salvo, pero, según Hibra, el pasado 13 de febrero, 34 personas que estaban encerradas en el CIE de Aluche fueron deportadas al Senegal. “Te tienes que portar muy bien, muy bien o superbién para que no te peguen [...]. Yo no tuve problemas, si pides derechos pero no te los dan, pues no los pidas; agaché la cabeza hasta ahora”.

El día en que Hibra fue liberado, los vecinos de Valoria la Buena organizaron una fiesta.

Eduardo Abullarade no era un médico común. Afirma que durante los últimos 20 años ha revisado las heridas de casi 10 mil pacientes. Todos ellos estaban muertos. Eduardo Abullarade fue uno de los mejores médicos forenses de El Salvador.

En un uno de los países más violentos del mundo su trabajo consistía en salir a buscar cadáveres para llevarlos a la morgue. Su rutina diaria era una radiograía de la crisis de violencia en que está inmersa Centroamérica.

A algo más de una semana de las elecciones en El Salvador, los partidos han intensificado su campaña con promesas de frenar la criminalidad, reflejada en imágenes como estas.