El bucle

Regresaron obligados a La Playa. Pero frente a la orilla, nunca hubo mar. Volvieron a sus casas, al sector junto a la rivera del río Gualsinga. Eran los hermanos mayores de dos familias vecinas. Nacidos durante la guerra de El Salvador, la paz les había obligado a migrar.

Ambos habían huido de la violencia de la pobreza. Y ambos, Aníbal Martínez, de acuosos ojos azules, y Víctor Galeas, de hierática mirada café, acabaron deportados. A principios de 2019, volvieron a ser vecinos de parcela con parcela. De nuevo en La Playa, un lugar montañoso lejos de cualquier océano de posibilidades.

Nacidos durante una guerra civil, para Aníbal y Víctor, sobrevivirla no era el final del camino. La paz tomó para ellos una forma violenta, de condena cíclica: la de una pobreza de la que huyen y a la que les regresan. Un agricultor o albañil gana como máximo seis dólares al día, cuando consigue trabajo. Es la realidad de muchos. Nueva Trinidad es también el municipio con la mayor tasa de retornados desde Estados Unidos en El Salvador, que es además, el país con la segunda tasa de homicidios más alta del mundo.

Como Guatemala y Honduras, sus vecinos en el Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador se vacía en desorden. Según datos del gobierno salvadoreño, un tercio de su población vive fuera del país. Un problema que comparte con el conjunto de una región que además se drena por el lado más joven y se queda sin futuro. Tan sólo en 2014, más de 40.000 menores de edad centroamericanos trataron de llegar a EEUU.

La dimensión de la crisis económica y de seguridad que asola Centroamérica y el número de migrantes que recibe Estados Unidos fueron la justificación del Gobierno de Barack Obama para impulsar ya en 2014 un plan de desarrollo económico para la crisis que vivía y aún vive la región.

Bajo el pomposo nombre de Plan Alianza Para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica (PAPTN) buscaba diferenciarse de los escasos resultados de planes anteriores como el Carsi o el Plan Mérida, más centrados en la seguridad ciudadana que en la economía. Éste sería más amplio, incluso transversal, trataría de desarrollar el talento humano y las actividades productivas. Los tres gobiernos pondrían dinero para el plan. Algo que nunca sucedió.

Entre 2016 y 2018, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo (USAID) cumplió su parte del compromiso y envió a sus contratistas en El Salvador 204 millones de dólares, según cifras del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), para crear nuevos programas y dar continuidad a los que ya estaban en marcha.

En paralelo, el gobierno de El Salvador seleccionó 44 municipios en los que debía aumentar la inversión. Como criterio para seleccionarlos, las estadísticas de deportación y la tasa de homicidios. La presidencia del Gobierno etiquetó 593 proyectos con las siglas del PAPTN en los presupuestos de esos años. Y eso fue todo. El Salvador no aumentó su inversión. Estados Unidos tiró la toalla en septiembre de 2019.

Nueva Trinidad, el lugar donde viven Aníbal y Víctor tras su deportación, no recibió un sólo dólar de este plan que pueda evitar que ambos traten de huir de nuevo.

La de Aníbal y Víctor es una historia poco contada: la de los salvadoreños que no salen en la foto de la sangre, pero también viven con el miedo a la muerte. A otra muerte. La de los campesinos sin tierra que están siempre a un error, un huracán o una plaga de perderlo todo en esos caseríos aislados y remotos donde las vidas, de no buscar salidas lejanas, se apagan en silencio.

La Playa, el sector de la comunidad donde viven Aníbal, de 41 años, y Víctor, de 37, está en el sureste de Chalatenango, muy cerca de Honduras. Ambos son hijos de la guerra que peleó el país en la década de los 80. Niños de los combates y los desplazamientos forzados de población a lo más profundo de la montaña o al otro lado de la frontera. Aníbal perdió dos hermanos asesinados por el Ejército. Blanca, la madre de Víctor, sufrió dos abortos involuntarios mientras huía.

Ellos sobrevivieron. Solo para que los expulsara una batalla de posguerra. La de una carencia que soñaron superar. Tenían poco más de 20 años cuando viajaron por separado a Estados Unidos. No cumplieron sus sueños. Allí chocaron de nuevo con la misma violencia que se extendía por El Salvador de posguerra.

Aníbal lavó platos en Los Ángeles durante tres años antes de ser deportado. A finales de la década, volvió a irse a Denver. De nuevo en restaurantes. Siete años aguantó tras su segundo viaje fracasado al norte. Cuenta que no tuvo la culpa. Que fueron sus compañeros de piso. Que estaban borrachos, rompieron cristales y uno se desangró. Los vecinos llamaron a la Policía. Después de esa deportación, dice, se le quitaron las ganas de regresar.

Víctor fue ayudante de cocina durante doce años en Arlington, Virginia. De entonces le queda una cicatriz vertical que cruza su estómago. No puede hacer trabajos pesados. Es el resultado de una puñalada que le metió un hombre en 2018. Dice que no lo conocía de nada. “A vos te ando buscando”, recuerda que le dijo, en español. Su paso por el hospital, sospecha, alertó a Migración. No tenía documentos. Fue detenido mientras fumaba en la puerta del restaurante salvadoreño donde trabajaba.

Ambos coinciden en algo más. El pueblo, dicen los dos, sigue igual. La novedad es que ahora, al menos, se puede llegar. De regreso en casa, notaron que los caminos de tierra se habían convertido en vías asfaltadas. Por sus ríos, cascadas, cerros y por su patrimonio histórico. Nueva Trinidad forma parte de la oferta turística de un país que ejercita la memoria histórica. Que en vez de construir hoteles y restaurantes en los que emplear a las víctimas presentes, ha decidido tender carreteras para recordar a las pasadas.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido nacido de la guerrilla que gobierna desde hace treinta años en este pueblo, ha apostado por recordar la guerra desde el trazo infantil que dibuja las masacres o la huida forzosa. Como si pudiera olvidar. Nueva Trinidad vive alrededor de un árbol de copinol que recuerda la tragedia. La Guardia Nacional, dirigida por un sanguinario sargento León, colgaba a la gente de sus ramas y a nadie se le ha ocurrido cortarlo.

Enseña el árbol Miguel Ángel Vásquez, párroco de Nueva Trinidad y Arcatao desde 1986, antes de entrar a la iglesia. Cruza la puerta con vitrales de la Virgen María y deja a un lado un mural de un Jesucristo encadenado, que observa a tres militares apuntar a dos prisioneros con vendas en los ojos. Se sienta en una banca, recuerda y explica. Cuenta que, a diferencia de otros sacerdotes, él no se implicó con la guerrilla y que la repoblación de posguerra en este municipio de siete dispersos y boscosos cantones no fue fácil.

La historia de la migración contemporánea a Estados Unidos no aparece retratada en las épicas pinturas de las paredes de Nueva Trinidad.

Cada cantón funciona como un pueblo independiente. “La gente [de Carasque] tendría muchas razones para odiar o recordar negativamente la lucha de la guerrilla, sin embargo ven de otro modo lo que pasó. La gente fue haciendo suya la lucha”, dice el cura Vásquez al recordar que los muertos en el cantón donde viven Víctor Galeas y Aníbal Martínez, llegaron por los dos bandos.

—¿Cómo cambió Carasque después de la guerra?, le preguntamos a Blanca, la mamá de Víctor.

—Si esa guerra hubiera seguido, ya nos hubiéramos muerto mil veces. Cambió bastante, antes no había productores, como ahora, que dan estudios a los niños. Hubo muchas aflicciones. Pero hubo la ayuda [internacional], zapatos, cuadernos, uniformes. Agua no teníamos y ahora sí, aunque se pague un recibito.

Carasque cambió. Los murales en el cantón describen la fuerza de la comunidad, adquirida como método de supervivencia. Los estudiantes reciben el mensaje de paz y civismo, el consenso contra la minería o la búsqueda de igualdad entre niñas y niños. Los alumnos ahora sí llegan a bachillerato y son educados en su propia historia. Tienen más suerte y derechos que los hijos de la guerra, la generación de los deportados, que no tuvo oportunidad alguna y sufrió lo que ahora se recuerda.

Los hombres de la familia

En el sector La Playa, un caminito de cemento lleva a la casa celeste y a la abarrotería de Aníbal Martínez, construida con vigas de álamo, muy poco a poco, con las remesas. Sus quince famélicas vacas pastan a un costado de la casa. Años atrás derribó la vivienda de su madre y se construyó una propia, con un cuarto para ella. Tiene alergia al jocote (fruto parecido a la ciruela). Tanta que la tos le dificulta hablar. No tenía que haber comido la fruta, dice. Pero le gusta.

Este hombre alto y rubio se sienta en su porche con su hija pequeña sobre sus piernas. No deja de mover esas chanclas destruidas que calza. Se aferra a las pitas de plástico de la silla de playa para explicarse. Se siente incómodo. Tanto que pide cambiar su identidad. Recordar el hambre de la infancia le hace llorar. No pasó de séptimo grado. Tenía 14 años cuando murió su papá y tuvo que convertirse en agricultor a tiempo completo para ayudar a su familia.

—¿Qué vida dejabas aquí?, le preguntamos a Aníbal.

—Voy a decir la verdad, no me avergüenzo: yo me fui porque yo tenía mi madre, mi hermanita, mi sobrino [...] Namás alcanzaba para darles de comer, pero yo solo no podía. Trabajaba de aclarando a oscureciendo, a veces de noche, me iba para el pueblo a buscar trabajo [...] No era solo yo. Yo dije: 'Pa' quitarme la vida aquí trabajando, la aventuro, porque un día Dios me va a dar algo pa'comer'.

En la parcela de al lado, un portón metálico lleva a la casa de la mamá de Víctor Galeas. La vivienda es de adobe, piedra, plásticos y techo de lámina. El gruñido de dos cerdos y el cacareo de muchos pollos ponen sonido ambiente. Son de la mamá. Víctor carece de trabajo, tierras o animales. Desde que llegó, hace tres meses, trabaja cuando puede en la construcción.

En EEUU, Víctor ganaba 500 dólares semanales en el restaurante salvadoreño de Arlington. Cada mes, mandaba 400 a Nueva Trinidad. 200 para él y 200 para su madre. Ahora, gana entre seis y diez dólares por jornada de trabajo al sol. Víctor no se llama así. Pide cambiar su nombre, igual que su vecino. Tiene un lunar a la altura del labio y una mirada congelada en un rostro redondo. Apenas gesticula y economiza al máximo sus respuestas.

—¿Has pensado alguna vez qué podrías hacer aquí para prosperar?

—Pues 'namás' trabajar en la tierra.

—¿Ni soñando piensas en comprar tierra?

—Yo digo que no.

—¿Cuál era tu meta?

—Hacer la casa y venirme.

—¿Alguna vez mandaste dinero para tu casita?

—No, 'nomás' mandaba, pero como todas las enfermedades que hubieron, no se pudo.

Su madre, Blanca, le interrumpe muchas veces para hablar. De voz quejumbrosa y expresivos ojos café, dice que prefiere que esté con ella, en el pueblo. Pero siente culpa. Perdió la movilidad de su mano derecha. Una puñalada de pandillero. Víctor se quedó sin dinero por tres razones: por la puñalada de Blanca, por un cáncer fulminante que acabó con la vida de su cuñada y por la puñalada que le metieron a él.

—¿Dice que ahora ve a su hijo triste?

—Mi hijo se decepcionó. Tenía planes, tenía una novia de allá que quiere darle la mitad del dinero [para que regrese a EEUU]. Pero para que vaya a la cárcel, le digo que mejor no vaya.

Mientras su madre prepara un pollo con arroz, Víctor Galeas ni menciona a su novia. Solo habla de sus primos en Arlington, de su cuarto alquilado, del trabajo. Su madre dice que en la escuela solo llegó a sexto. Antes de irse al norte, fue cobrador en un bus para apoyar a sus papás y a sus seis hermanos. Rehuye la mirada con facilidad. Dice que siempre fue una persona seria. Pero desprende un halo de soledad cuando se le ve sentado en el porche de la casa de su hermana, en la misma parcela de su mamá. Tiene la mirada instalada en la misma vida que dejó doce años antes y a la que regresó con lo mismo que se llevó. Con nada.

Parte de su generación estudió en escuelas de alfabetización que la Iglesia creó aquí, en Chalatenango, durante la guerra. El salto fue mayúsculo cuando cada vez más jóvenes lograron llegar a noveno grado.

Entonces, mientras Galeas y Martínez estaban en EEUU, la Iglesia lanzó un programa de becas para la universidad. El padre Vásquez está muy orgulloso de los más de doscientos jóvenes que ya pasaron por el programa y de las tres casas que tienen en San Salvador y que ocupan como residencia. Dice, convencido, que los muchachos con posibilidad de estudiar no migran.

Juan Orellana, uno de los maestros de la escuela de Carasque, igual de orgulloso de sus alumnos y de la historia de su municipio, es más pesimista. Tras terminar su clase, los estudiantes salen a jugar al campo de fútbol que mira a los cerros. Orellana se sienta en las gradas. Pone en perspectiva a la juventud y opina: “Aunque terminen de estudiar, no encuentran trabajo. Migran muchos porque no ven opciones para quedarse”.

El sueño del consumismo

Al terminar la guerra, no hubo prosperidad económica en Nueva Trinidad. Teófilo Córdova, el alcalde del FMLN, acepta, casi treinta años después de los Acuerdos de Paz, que los vecinos de ese municipio de agricultores y ganaderos tienen pocas alternativas a la migración. “Ven, que la única manera de conseguir lo que necesitan es irse a Estados Unidos”.

La camisa morada del regidor hace juego con las paredes del salón de la alcaldía. Córdova, de cuerpo estrecho y largas uñas, calcula que el 75% de la economía local depende del gobierno central y municipal. Y el 25%, de la cooperación internacional. “Somos absolutamente dependientes”, admite el alcalde de un lugar donde el dinero para la prosperidad nunca llegó.

A veces, la alcaldía ofrece trabajo a los vecinos. Arreglo de carreteras o edificios. En época seca, después de las cosechas, hay más demanda de empleo. Tienen programas para apoyar a la producción agrícola, al medio ambiente, a las políticas de género. “Buscamos participación igualitaria, pero los materiales pesados los cargan hombres y las actividades más livianas, las mujeres”, dice Córdova.

La idea de colectividad es fuerte en el municipio. Desde los Acuerdos de Paz, Nueva Trinidad tiene un plan estratégico participativo. “Es el método para que la gente se sienta parte”, dice el regidor. En el centro, junto a la iglesia y la alcaldía, hay un comedor y una tienda comunitaria.

En Los Pozos –el cantón de donde es oriundo Córdova– hay una piscifactoría comunitaria, para producción de tilapia. En Carasque, uno de sus siete cantones, hay sastrería comunitaria, donde fabrican uniformes escolares.

La tradicional resistencia a separarse de las familias –muy unidas, casi fusionales– heredada de los tiempos de la guerra, cuando la unión hacía la fuerza, ya casi no existe. La idea de comunidad en Nueva Trinidad es sólida, pero la realidad económica se la está llevando por delante. Frente a la urgencia y la carestía, cuando se trata de migrar al norte, la necesidad del dólar norteamericano no genera oposición.

Mandarinas, palos de pepeto [fruta salvadoreña], jocotes, marañones [anacardo], naranjas, zapotes. Los recuerdos de infancia de Víctor Galeas y Aníbal Martínez son los de dos niños agricultores que jugaban a agarrar frutas de los árboles en un pueblo que siempre ha vivido del maíz, del frijol, del maicillo, y del ganado. El de Nueva Trinidad era y es un modelo de desarrollo seco, primario, falto de inversión y formación. Un sistema que no acaba de apostarle al giro hortifrutícola para repensar su limitada economía local.

Aníbal Martínez tiene la columna vertebral dañada. Hablarlo vuelve a partirle. Fue en Denver, un día de 2012. Mientras abría el refrigerador, sintió una descarga eléctrica sobre la espalda y se resquebrajó por el suelo de su apartamento compartido. Reconoció un dolor infantil, salvadoreño. Regresó al instante en que se cayó de un árbol de pepeto mientras jugaba.

Cuando se golpeó la frente tan duro que creyó que se le habían salido los ojos de las cuencas. Casi veinte años después de aquel primer golpe, sintió una puñalada. Era la memoria del cuerpo, los discos lesionándose. Pasó meses sin trabajar. Solo. El gasto médico lo enfocó rápido de vuelta al trabajo, los envíos de dinero, la casa y las primeras dos vacas que le compró a su actual pareja, una hondureña que conoció en Denver.

—¿Qué pasó tras la caída?

—No comprendes el daño que llevas por dentro hasta que el dolor se torna grave. Y yo creo que la mayoría que va a Estados Unidos, regresa mal.

—¿Por qué?

—Nos olvidamos de nosotros mismos para que a la familia no le falte nada.

Excelentísima presidenta

No todas las familias. Algunas se sacrifican juntas. Regresan juntas. Sea lo correcto o no.

Flor Pineda es la primera presidenta de la historia de El Salvador. Camina segura y sonriente hacia un atril, entre un público infantil. Es el Día Internacional de la Niña en 2018 y Pineda representa a la ONG Plan International. El ahora expresidente Salvador Sánchez Cerén le cede simbólicamente el puesto por un día. Flor reclama un mundo más justo para las niñas, con música heroica de fondo.

Y la excelentísima presidenta dice: “Las niñas y adolescentes somos vulnerables por nuestra condición de género a sufrir violencia sexual, uniones forzadas, embarazos tempranos y deserción escolar. Por eso, garantizar nuestros derechos como niñas tiene que ser una de las prioridades de todo gobierno”.

Ahora es abril de 2019 en el sector Los Pinedas, en Carasque. Las niñas como ella caminan por todas partes en su aldea. Mientras muestra orgullosa el vídeo, oscurece en la casa de sus padres. Flor es estudiosa y le emociona ser una joven lideresa en su cantón, dice mientras come paternas. Es el rostro de la campaña Niñas con igualdad.

Flor nació en EEUU, pero vive en Carasque hace siete años. Desde que Saúl, su papá, fue deportado. Su mamá, Vilma, decidió sacarla de la guardería para regresar con su marido.

—Me dice a veces: 'Mami, por qué nos vinimos'. Cuando empezaba la guardería, me decía: 'Por qué nos vamos'. Ese es el riesgo: que me reclame en un futuro por qué regresamos.

Se nota el orgullo de sus padres. La miran con la esperanza de que su vida sea mejor. Porque Vilma Cruz, de 39 años y Saúl Pineda, de 41, son también hijos de la guerra, de familias desplazadas de sus pueblos por la guerra a las montañas y por la penuria a Estados Unidos. Se hicieron pareja en Denver. Ambos se deslomaron a trabajar. Él, como camarero pluriempleado en dos restaurantes. Trabajó tanto que se volvió adicto a las bebidas energizantes. A veces se quedaba dormido en el baño del trabajo. Ella, además de la hostelería, sufrió en la limpieza y los cuidados. Acabó desempleada y se hizo deportar tras su marido: “No hallé valor para quedarme sola”.

Y los hijos de la guerra regresaron. Igual que hicieron sus vecinos Víctor y Aníbal, con quienes coincidieron en Denver.

Saúl, un hombre alto y flaco de nariz prominente y acento chicano, volvió con un insomnio que le costó curar. Vilma, una mujer oronda de ojos brillantes y pequeña nariz, regresó con la gran duda de si deberían de irse de nuevo: “Me encontré lo mismo, la misma gente, la misma pobreza, ningún desarrollo, fue un impacto grande”. Pero este matrimonio, a diferencia de muchos vecinos, prefirió estar de vuelta en Nueva Trinidad con sus dos hijas estadounidenses. Sin dinero, pero con tiempo para ellas.

Vilma cuida de sus vacas lecheras. Cuando aún no había migrado, tuvo que abandonar la carrera de Administración de Empresas porque no podía pagarla. Trabajó cuatro años en la alcaldía, pero tampoco logró mantenerse con eso. Saúl trabaja como taxista. Gana poco. Es el presidente de la directiva comunitaria, un empleo comprometido que implica estar pendiente de las necesidades la comunidad de Carasque y por el que no recibe salario.

Piensa mucho en EEUU: “Cuesta mucho volver a trabajar bajo el sol y no ver nada y tener aquel vicio del cheque quincenal”, dice risueño.

Hoy el afable Saúl tuvo el día muy ocupado porque le tocó acompañar al primer agachón comunitario. En El Salvador, un agachón es una venta de ropa de segunda mano. Agachón por agacharse a seleccionar la ropa amontonada en plásticos en el suelo. Vilma cree que le dedica demasiado tiempo para ser un empleo ad honorem. Pero ella es la primera que le apoya, porque ante un Estado que tardó años en estar presente, el trabajo comunitario fue definitivo en Nueva Trinidad. A su hija Flor, la niña que fue presidenta por un día del país que expulsó a sus papás, suele decirle: “Tu futuro está allá [EEUU] o acá; tenés que decidir dónde querés estar”.

Cuatro caballos pastan en la empedrada orilla del río Gualsinga. Los vecinos suelen acercarse a La Playa que ni es playa, ni tiene arena, horizonte ni mar. Buscan refrescarse de jornadas de calor irrespirable. Un día como tantos, Aníbal Martínez regresa de bañarse. Entra en su casa mojado. Como de mojado se fue dos veces antes de construir esa casa.

En Nueva Trinidad, el pasado y el presente de los vecinos se parecen demasiado. Le sucede a Víctor. A Aníbal. A Saúl. A Vilma. Aunque la paz ya dure 28 años, haya agua y electricidad, incluso opciones de educación para las nuevas generaciones, el camino de los hijos de la guerra de Carasque solo tiene dos sentidos: emigrar a Estados Unidos o de regreso a La Playa que nunca fue, es, ni será.

La duda pende sobre el futuro de los nietos de la guerra. Los niños que no vivieron las matanzas bélicas, pero crecen en un país con un conflicto que no cesa: el de la violencia pandillera y el del hambre.

La que fuera presidenta por un día de El Salvador, Flor Pineda, representa la paradoja. Esta pre adolescente nacida en Estados Unidos quiere una vida mejor para niñas como ella. Aún no piensa en irse. Aún.

*Este reportaje forma parte del proyecto periodístico 'Retorno' elaborado por la productora El Intercambio y financiado por Seattle International Foundation. Para verlo completo puedes ingresar a www.elintercamb.io/retorno. También puedes leer en eldiario.es la primera y la segunda entrega.primerasegunda

Estados Unidos vs. Griselda Domingo-Godínez

El abogado argumenta sin mucho éxito que su defendida ya aprendió la lección. Esgrime que lleva detenida cuatro meses. Un castigo demasiado largo por cruzar sin permiso una frontera. El magistrado interrumpe al abogado y pregunta:

—Señorita Domingo, con respecto a este caso, ¿desea decir algo?

—Me puedes hacer el favor de que me permitas regresar con mi familia y que mi familia está sufriendo por mí, está preocupado por mí. Te lo prometo, ya no voy a volver otra vez a este país. —responde la acusada en español, aunque su idioma materno es el indígena mam.

Sirvió de poco. La ley es clara. El 13 de noviembre, en El Paso, Texas, y tras un juicio que duró dos minutos y 57 segundos, Griselda Domingo, una guatemalteca de 22 años, fue condenada a ocho meses de prisión por reingreso ilegal en Estados Unidos. Cuando salga, será deportada a su país. Por tercera vez.

En Estados Unidos, donde vivieron su padre y su tío y donde residen tres de sus seis hermanos, Griselda nunca ha vivido fuera de una prisión. Cuando la liberen, la enviarán a Guatemala. Y es probable que una vez allí, haga lo mismo que la última vez que la detuvieron y deportaron, en febrero de 2019. Llamará a Juana, su madre, pedirá dinero prestado y se subirá a un bus que tras siete horas de ruta la dejará en Huehuetenango, cabecera del departamento del mismo nombre. Allí la recogerá Marcos Domingo, su padre y, ya juntos, viajarán otra hora y media hasta su pueblo, San Juan Atitán, uno de los municipios con la tasa de retornados más alta de Guatemala.

Cuando un sanjuanero llega a Estados Unidos, la familia en el pueblo lo celebra con un almuerzo, sin el festejado presente. Cuando es deportado, nadie festeja nada. Cuando la persona deportada es mujer, joven, soltera y sin hijos y se trata, además, de su tercera deportación, un sistema entero comienza a resquebrajarse. Porque en San Juan Atitán la migración, el trabajo - la vida- es algo que deciden los hombres.

Detrás de la vocación migratoria

San Juan Atitán es sinónimo de vocación migratoria, según el gobierno de Guatemala. Fue uno de los 51 municipios elegidos en 2017 para intentar evitar la huida de guatemaltecos a Estados Unidos. El esfuerzo formaba parte del penúltimo plan para frenar la llegada de centroamericanos al norte diseñado por el gobierno de Estados Unidos con el nombre Plan Alianza para la Prosperidad para el Triángulo Norte (PAPTN). Fue un fracaso. No dio prosperidad a San Juan. El gobierno guatemalteco no aumentó su inversión en el municipio. Y aunque logró acertar en el diagnóstico, -la pobreza y la desnutrición crónica expulsan a la gente-, el Plan no hizo nada para cambiar la realidad de sus habitantes.

A 2.500 metros de altura, San Juan Atitán es un lugar de cuerpos fucsias y rojos, los colores de su traje tradicional. Y es un pueblo expulsor, sobre todo de hombres. Al calor de la mañana, un grupo de cinco deportados pasa las horas en la plaza del pueblo. Bajo sus sombreros de paja, tejen bolsas de lana, sentados en una banca. Es parte de su trabajo sin remuneración como guardabosques. Vigilan el pueblo y el bosque de pinos y encinos que abriga San Juan. Ante la presencia de mujeres se incomodan y callan.

Pasan las horas y al atardecer el paisaje humano de la plaza de pueblo es aún más masculino. En San Juan Atitán, las mujeres, silenciosas, caminan directas de un punto a otro. Salvo en día de compras y mercado, no se detienen en las calles. El movimiento masculino, demasiadas veces lleva sello. Es fácil ver a un hombre tambaleándose, o tirado en la calle en las cuestas de San Juan. Existe una relación causa-efecto entre desempleo, pobreza, migración, deportación y abuso de alcohol. “El factor alcoholismo es muy fuerte en San Juan, los hombres no aceptan que tienen problemas”, explica Olga Morales, directora del centro de salud del municipio.

Pero el alcoholismo no es el único problema al que se enfrenta la doctora Morales. La falta de empleo local provoca que familias completas viajen al menos cinco meses para recolectar en las grandes fincas. Ganan poco. Cinco dólares por 100 kilos de café recogidos. Los niños no comen bien en las fincas y se enferman. San Juan ocupa el segundo puesto a nivel nacional en desnutrición crónica infantil. Y esa es la gran preocupación de la doctora Morales. Porque ni el dinero de las remesas hace que las familias mejoren su dieta. Y hay muchos niños.

En un pueblo de 16.365 habitantes, se registra una media de 650 nacimientos anuales, una de cada 15 mujeres del pueblo da a luz cada año. Aunque los métodos anticonceptivos son gratuitos en el centro de salud, para planificar, las mujeres tienen que preguntar a sus esposos. También para llevar a sus hijos al hospital de Huehuetenango, aunque sea una emergencia, tienen que localizar a sus parejas. Si ellos son inmigrantes en EEUU, los llaman por teléfono.

Es un pueblo de hombres comerciantes que venden en los mercados. De mujeres que son por tradición artesanas. Todas son costureras del traje tradicional sin salario, los cosen para sus padres o maridos. Hay poco empleo fijo: como maestro, en el banco, en la cooperativa de ahorro. Y en la Municipalidad, pero conseguirlo depende de la relación con el alcalde de turno. La educación formal brilla por su ausencia. La mayoría no pasa de sexto de primaria y las mujeres no suelen estudiar por decisión de sus padres. Sin trabajo remunerado, sin estudios, con niños a su cargo y parejas o padres deportados, cobra sentido que cada vez se vayan más mujeres al norte. No es posible calcular cuántas mujeres expulsa San Juan porque la mayoría de la gente migra sin avisar y sin pasar por un puesto fronterizo. Pero cada vez son más. Entre 2017 y 2018, la cantidad de mujeres deportadas a Huehuetenango - el departamento de San Juan Atitán - aumentó un 49%.

Las mujeres se van. Como se fue tres veces Griselda Domingo. Entenderlo no es fácil. El desconocimiento del idioma indígena mam es un impedimento para hablar con la gente. Sobre todo, con las mujeres del pueblo.

En una estrecha oficina de la Municipalidad, 20 hombres conversan en su idioma. Representan a las aldeas y caseríos de San Juan Atitán, son los alcaldes auxiliares. Discuten sobre quién hablará con nosotros sobre las consecuencias de ser deportado. Tras una hora, la autoridad indígena designa a un hombre orondo, de ojos redondos y rojizos que se quita el sombrero y saluda amable. Se llama Marcos Domingo. Es el padre de Griselda, pero tardaremos unas horas en descubrir a su hija. El padre nos invita a su comunidad, Sacchilaj.

En una ladera se asienta una pequeña casa de concreto que Marcos Domingo jamás pintó. La pagó con el dinero que reunió en los cinco años que logró trabajar como jardinero en Estados Unidos antes de ser deportado. Tiene tres dormitorios, una cocina en la que no entra, y una pequeña parcela para cultivar frijol. Debajo de la casa, está su antigua vivienda de madera. El recuerdo de una vida aún más pobre. Más pequeña. Llena de trastes. Cerrada. Siete de sus ocho hermanos viven en Estados Unidos.

Cuando vivía en Estados Unidos, Marcos pagó el viaje a sus tres hijos mayores. Hoy están casados, con residencia legal y han construido grandes casas en su aldea por si deciden regresar. Las muestra orgulloso. Ninguna está amueblada, pero revelan el poderío que un trabajo en San Juan nunca les habría permitido.

La de Rodrigo, su hijo mayor, marca el estilo de las demás. Tiene tres plantas, un lobo, una bandera estadounidense pintada en el exterior y una bañera. Rodrigo es, además, el artífice de los viajes de Griselda. Llegó a los diez años a Estados Unidos, trabaja como cocinero en un restaurante mexicano y Griselda lo considera su segundo padre. Los viajes de Griselda contaron también con el apoyo de un familiar cercano que es coyote y la llevó hasta México. Y el dinero y el apoyo moral de su padre.

La imprecisión de una pregunta cambia la respuesta. Cuando le preguntamos al papá si tiene hijos deportados, responde que no. Es la risueña Eluvia, la hija menor de 19 años, quien revela en la cocina que el matiz es el género de la pregunta. Deportado es distinto que deportada. Un hijo varón se dice x’in. Una hija se dice x’uj. Y en ese momento, entran por la puerta los ojos más tristes de la casa. Cafés, grandes, de lágrima fronteriza. En el marco de la puerta de la casa, Griselda sonríe un poco. Acaba de ser deportada por segunda vez. Apenas hace dos semanas. Tan reciente que su boca aún mantiene ángulo cóncavo.

Es Eluvia, la más pequeña de los hijos de Marcos Domingo, quien explica lo más importante de esta historia. Supone un cambio de paradigma. Es la actitud de una mujer llamada Griselda que se empoderó con la sola voluntad de moverse. “Ella lo decidió, quería trabajar, no quería casarse, porque los hombres acá son machistas, a ella no le gusta que alguien la engañe o la lastime, para que nadie le diga que es mantenida”, dice la única persona de la familia con título de bachillerato.

—¿Qué te dijo tu mamá cuando regresaste acá [a San Juan]?

—Pues mi mamá me dijo: 'No llores'. Porque cuando yo llegué aquí estoy llorando y llorando y yo pienso para matarme. Sí, porque bastante es mi deuda, porque muchas gentes se burlaron de mí cuando yo regreso otra vez aquí, por eso pienso yo para matarme y mi mamá me dijo: 'No, no piense eso'.

En el pueblo de los deportados, regresar es soportar la costumbre de la burla colectiva. Una humillación extraña, vista desde fuera, porque en todas las familias hay migrantes y deportados. También sucede en pueblos cercanos. Y, probablemente, en muchos países cuyos gobiernos defienden que sus ciudadanos tienen vocación migrante. El éxito o el fracaso del viaje a Estados Unidos define cómo serán tratados a su regreso. Griselda lo intentó dos veces en 2018 y una en 2019. Por la última, está presa. Para cuando cumpla su condena, la vida de Griselda Domingo en Guatemala será una deuda con su padre. Y él tendrá otra deuda con un prestamista, por las tres veces que su hija no logró su propósito de no depender de un hombre.

La postal del hambre

El niño de dos años está tan desnutrido que ni llora. Parece un bebé porque no camina. Su madre está sentada en el suelo. Ante su casa de barro y madera, mira incómoda a su alrededor. El padre, callado, observa a la defensiva. Tiene los ojos rojos. Como muchos hombres entrevistados. Los otros tres niños se ponen a jugar. En esta casa todo el mundo está tenso. La visita les resulta violenta. Viven en la aldea Tuispichon, a una hora por camino de tierra del centro de San Juan. Es un paraíso natural y una postal del hambre.

Los visita una comitiva encabezada por la doctora Morales, para contar el trabajo contra la desnutrición del gobierno. Todos de pie, menos la familia. Las preguntas están preparadas. Las respuestas de la madre en idioma mam son preocupantes. Pero solo la doctora y una trabajadora municipal lo manifiestan fuera de cámara. Son tan pobres que ni frijol o maíz comen, solo hierbas. La doctora atiende al niño desde hace meses, pero no mejora.

La aguda desnutrición infantil de San Juan Atitán fue otra de las razones por las que el pueblo resultó seleccionado por el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) del Ministerio de Finanzas como uno de los municipios migrantes necesitados de políticas e inversiones dentro del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, PAPTN.

No es posible verificar si el gobierno estadounidense aumentó fondos para sus muchos programas en la zona. Lo que es seguro es que aquí, en el lugar elegido por el gobierno para lanzar en 2012 el Pacto Hambre Cero con apoyo del Departamento de Estado de EE.UU, se registra el segundo mayor índice de desnutrición del país. 9 de cada 10 niños están desnutridos. Tienen su futuro hipotecado sin remisión. Eso no significó que su municipalidad recibiera fondos extra durante los tres años que duró el PAPTN. Aquí, el mayor orgullo de los funcionarios locales es haber bajado del primer al segundo puesto en el hambre infantil.

Las familias cultivan maíz criollo y comen el grano importado que compran en la frontera con México, porque la diferencia de precio les permite tener 3 dólares en efectivo. Para reducir el hambre, las dos empleadas que trabajan en la oficina del Ministerio de Agricultura (Maga) muestran a algunas vecinas una cartulina arrugada llena de fotos de un hongo. Se llama hongo ostra. Les explican que solo tienen que meter las semillas en los olotes (el centro sobrante del maíz) y que no necesitan tierra para hacerlo. Después de cincuenta días de espera aparece el producto.

El objetivo es que las familias tengan mayores ingresos y mejor alimentación. Pero el proyecto del hongo no termina de cuajar. Han capacitado a 21 grupos, en su mayoría de mujeres. Pero solo tres familias se han sumado al experimento. Ninguna de las dos funcionarias encargadas del proyecto es de San Juan. Dicen que las mujeres optan por quedarse calladas, pero no sienten que sea por machismo. Ellas lo niegan, pero el plan de desarrollo municipal, elaborado por el Concejo Municipal de Desarrollo y la Secretaría de Planificación de la Presidencia (Segeplan), incluye el “dominio machista” como parte de la identidad y cultura del lugar.

En 2018, los maestros del pueblo llevaron por primera vez Incaparina, un suplemento alimenticio de harina de maíz y soya, a las aulas, con respaldo de varios ministerios. Ese mismo año, a mediados de noviembre llegó hasta San Juan Atitán Luis Arreaga, el embajador de Estados Unidos en Guatemala. Visitó al consejo indígena por ser un municipio parte del PAPTN. La visita la recuerda el alcalde, Lorenzo Martín, en su despacho de la alcaldía. Vestido con su traje indígena, dice que el embajador le preguntó por la desnutrición y por la migración. Él le explicó que hay tierras infértiles y que el agua no alcanza para la siembra. “Dijeron que van a trabajar más con la artesanía de las mujeres, en el mercado, para comercializar el traje típico”, explica este regidor que, a diferencia de los tres concejales que le acompañan en la plática, nunca migró. Ni el PAPTN ni el desarrollo del sector textil llegaron. El plan del embajador de Estados Unidos en Guatemala falló.

El laborioso trabajo de tejer los trajes de la comunidad es cosa de mujeres. Aunque el consejo indígena de alcaldes auxiliares no parece muy consciente del valor económico de ese trabajo. Mujeres de otros pueblos ya están llegando a San Juan a venderles hilo a un precio mayor y algunas sanjuaneras empezaron a hacer prendas tradicionales para que las vendan otras pequeñas empresarias de Santiago Chimaltenango, un municipio vecino. Mientras, como hacía Griselda Domingo cuando la conocimos en marzo de 2019, las mujeres de la familia Domingo continúan con la tradición gratuita de tejerle el traje al padre.

En teoría, Guatemala diseñó su parte del PAPTN para contentar al gobierno de Barack Obama (y luego de Donald Trump). Y fue más específico, sobre todo en comparación con Honduras. Pronacom definió un enfoque económico para detener la migración. Y organizó reuniones con líderes locales de los 51 municipios priorizados para entender las necesidades locales. Pero en la práctica, la inversión fue nula.

Gabriela Pérez, asesora del PAPTN para el Gobierno de Guatemala, confirmó que solo etiquetaron proyectos preexistentes en los presupuestos de gobierno, bajo las siglas del PAPTN. Al final de 2019, la idea de prosperidad quedó relegada, México aceptó convertirse en la frontera sur de EEUU y Guatemala pasó a ser país receptor de solicitantes de asilo. Aún cuando casi la mitad del país vive en pobreza y fue el país más migrante del norte de Centroamérica entre 2018 y 2019. Los años en los que Griselda se fue tres veces de San Juan Atitán.

Ahora hay un nuevo plan en diseño. Se llama 'América crece'. Otro plan más. Pero si algo crece en esta parte de América es la fijación con irse, cueste lo que cueste. La gente se va de la región porque no espera nada de sus gobiernos. Porque la población es muy consciente de que el quetzal vale menos que el dólar.

La madre de Griselda se llama Juana. De ella heredó su sonrisa tímida y su habilidad para tejer. Juana, la silenciosa mujer que vio partir a un marido y cuatro hijos en los últimos veinte años, no habla español. Aunque le pedimos que se siente con nosotros y su esposo a almorzar la comida que ella ha preparado, almuerza con sus hijas en la cocina. Pero para Griselda, Juana es una persona tan importante como lo es su hermano mayor, Rodrigo, el que vive en Estados Unidos.

A Juana le confía cómo se siente, qué le preocupa. Deuda, así se llama la obsesión actual de Griselda Domingo. Una fijación lógica si un banco jamás le va a prestar dinero para migrar. Si su padre empeñó tierras que compró con su trabajo en Estados Unidos, y debe dinero a un prestamista. La mujer que nunca ganó más de cuatro dólares diarios por cortar café en fincas, arruga el rostro redondo que heredó de su padre Marcos, mientras repite la palabra deuda dieciocho veces a lo largo de la conversación.

—¿Tu mamá prefiere que te quedes acá con ella?

—Mi mamá [rompe en llanto] está llorando y llorando cuando yo llegué aquí. 'Ya no vas a intentar otra vez', me dijo. Sí voy a intentar otra vez, le dije, que bastante es mi deuda. Y me dice mi mamá: 'Está bueno' [se le corta la voz] para pagar mi deuda.

Griselda habla de cien mil quetzales, de miles y miles, no concreta. Se agobia, se frustra. Tiene una deuda con su padre. Pero esta es la segunda vez. Se vuelve a ir un mes después. Para cuando regrese deportada la tercera, la ansiedad de Griselda será mayúscula. Aunque le cambiemos el tema de la conversación, le cuesta un mundo responder.

—¿Qué te gusta hacer para que el tiempo acá sea más agradable?

—Pues no sé… No sé porque aquí no hay un día siempre feliz, aquí no. Siempre estoy triste triste y, cada día, siempre estoy triste y triste. A veces, mi mamá está platicando, está escribiendo, pero yo no puedo reír. Siempre estoy triste triste, sí.

Griselda siempre está triste. Y la microeconomía de San Juan explica por qué. Además del comercio y la artesanía incipiente de ropa, hay dos profesiones comunes que ilustran la imposibilidad de quedarse sin padecer necesidades: la de prestamista y la de coyote.

No logramos conocer a una persona que preste dinero. Pero un coyote, familiar de los Domingo nos habla. No admite su profesión, dice que es agricultor deportado y que su reloj de oro es un regalo. Pero afuera de su casa tiene una camioneta roja nueva y deslumbrante, toda la familia nos confirma a qué se dedica, tiene un collar con una AK-47 y admite que ayudó a Griselda a llegar al norte de México. Solo elude la palabra explícita. Aunque en Guatemala existe una ley que criminaliza a los coyotes, esa profesión en San Juan es vista como un trabajo con buena intención, porque al final ayuda a mucha gente a llegar a Estados Unidos. Aunque sea por dinero.

No hay muchas alternativas para la independencia económica de las mujeres de San Juan Atitán. Pero en la calle principal, trabaja la personificación de la autonomía. Zoyla Marina Martí es la dueña de uno de los comedores y de una sonrisa reluciente. Junto a su nuera, que atiende el otro comedor, es una de las escasas empresarias locales.

Zoyla es serena, de frases cortas, viuda. Vive hace 18 años en el pueblo, pero es oriunda de Santiago Chimaltenango, a 40 minutos de distancia. Los kilómetros suficientes para que su traje y peinado sean distintos a los de las sanjuaneras. Zoyla no habla español, pero traduce Carmen, su hija menor, que es bilingüe porque estudió en Ciudad de Guatemala. Para llegar a tener su negocio, la madre consiguió trabajo como cocinera en el comedor de un sobrino y luego pidió un préstamo a un familiar. “[Montar un negocio], no se le dificultó por ser mujer, porque ella siempre se dio su lugar”, dice Carmen tras escuchar a su mamá. En el comedor, este día de principios de marzo, solo hay hombres. El color rojo de la trenza de Zoyla luce entre la paredes rosas del silencioso local.

Carmen es muy parecida a su madre, pero con gafas. En la capital, gracias a que unas monjas la acogieron, pudo graduarse como maestra. Regresó a su pueblo hace un año, con su marido, para poner una tienda y ayudar a Zoyla. “Hay hombres que vienen [al comedor] y nos empiezan a molestar. Y nos dicen: si no quieres que te moleste, ¿por qué estás trabajando de esto?”. Pero ambas advierten: no es solo San Juan. Dicen que en Santiago Chimaltenango, el pueblo vecino, se reproducen patrones: el del machismo, el del festejo para los que llegan a Estados Unidos y el de la burla a los deportados.

El juego de la verdad

Les proponemos un juego. Tienen que levantar la mano cada vez que su respuesta a nuestra pregunta sea sí. Es fácil. Los 28 alumnos de tercero básico de la escuela de San Juan Atitán se sientan en sus pupitres y escuchan atentos. Antes hemos hecho el mismo ejercicio en las otras dos clases de esta escuela rural, dividida en dos módulos, cuya vista desde lo alto del pueblo hacia la Sierra de los Cuchumatanes es privilegiada.

13 tienen a un familiar en EEUU. Diez tienen a su papá deportado. Cuatro tienen padres que, tras su deportación, volvieron a intentarlo. 14 tienen un hermano en EEUU. Ninguno tiene a su madre en EEUU. 16 creen que conseguirán trabajo en San Juan. 12 quieren irse a EEUU.

El 31 de diciembre de 2018, un alumno de segundo básico le dijo al director de la escuela: Ahí nos vemos. El director le pidió que terminara tercero básico al menos. No puedo, respondió el estudiante. Su padre estaba endeudado. Iba a irse con él porque -hasta el endurecimiento de la política migratoria de Trump- pasar con un menor de edad era más sencillo.

“Cada persona busca dónde sentirse mejor. Yo, por ejemplo, me siento mejor acá”, dice Francisco Carrillo, director y profesor de la escuela. Él, como el actual alcalde, nunca intentó irse a EEUU, nunca quiso irse. Cuando los alumnos terminan tercero es cuando se nota el nivel de abandono escolar. “Qué quieren ser”, dice que les pregunta a los escolares. “Quieren ser médicos, abogados, profesores, pero en Guatemala no hay fuente de trabajo”, se responde sentado en un aula de cómputo cuyas computadoras, cubiertas por una tela típica, fueron una donación.

—Griselda, no pasaste de sexto de primaria, ¿por qué no te gustaba estudiar?

—Pues no sé, porque mi papá no tenía mucho dinero para pagar estudio y por eso yo pienso para ir con mi hermano a los Estados. Y por eso yo fui con él la primera vez y después no me pase y después fui a intentar otra vez, la segunda vez, y no pase.

Griselda no piensa volver a estudiar. Fue deportada por segunda vez en febrero de 2019 y volvió a irse a mediados de mayo. Los dos meses que pasó en San Juan fueron un compás de espera, en la urgencia silenciosa de la deuda. La deuda que será más grande cuando regrese. Esta es la historia de una reconstrucción a lo largo de 2019, un año de la vida de una mujer que no logró cumplir su aspiración.

Es marzo y hoy acompaña a su vecina Carmen Mendoza, de 29 años, a Huehuetenango. Salen a las seis de la mañana de su aldea Sacchilaj y llegan dos horas después a la cabecera del departamento. En lo que los guatemaltecos -y muchos latinoamericanos- llaman el interior del país (todo lo que no es la capital), no es fácil moverse. Va con ella al banco. La acompaña por dos razones: Carmen no habla español y nunca antes recibió una remesa. Su marido se fue en diciembre con su hijo de 14 años y los 25 dólares en moneda local que lleva Carmen en su bolso son el primer envío que le hace desde Atlantis, Florida. Para que compre azúcar, sal y maíz.

Toman un chocolate caliente y una porción de pastel en una cafetería del centro. Griselda traduce y revela que el presente-futuro de Carmen es el de muchas mujeres de San Juan; tras trabajar de octubre a diciembre en la cosecha del café, se despidió de su marido.

Si su marido logra recaudar los 7.000 dólares (6.270 euros) que pidió prestados para el viaje que hizo con su hijo, ella espera estar en Florida en un año. Hace un mes empezó a comprar hilos para vender huipiles (blusas tradicionales) a una mujer de Colotenango, el pueblo vecino en el que algunas mujeres ya no sólo tejen para sus maridos. Carmen no gana más de 30 dólares al mes por tejer un huipil. Pero el valor de su nuevo trabajo no está en el dinero sino en la autonomía que vislumbra. Es su primer salario como artesana.

Con el dinero de su primera remesa, Carmen camina entre los carros que transitan por el mercado callejero de Huehuetenango. Busca y encuentra plátanos más baratos que en la aldea Sacchilaj. Griselda solo se detiene cuando ve un puesto de fundas de móviles en una esquina del parque central. Compra una funda rosa con el dinero que le da su papá. Le gusta el rosa en la ropa, aunque su casa soñada en Estados Unidos, la que estaría cerca de casa de su hermano Rodrigo, sería amarilla y anaranjada.

A Griselda, la mujer que aún no sabe que pasará casi todo 2019 presa en una cárcel de El Paso, le gusta tomarse infinidad de fotos. No parece vanidad. Parece una millennial pendiente de su imagen. Aunque todo vaya en contra, quiere proyectar que sonríe todo el tiempo.

Las tres veces que Griselda se fue a Estados Unidos le dejó su móvil a Eluvia, su parlanchina hermana pequeña, la única que pudo estudiar bachillerato y que tampoco tiene empleo. El 9 de diciembre de 2019, Eluvia se puso como foto de perfil una imagen de una cárcel con un emoticono que llora. Se lee: “Recuerden, no todos están en casa hoy, pero sí en el corazón”.

Durante los meses que Griselda está presa, es su hermano mayor, Rodrigo, el que la llama. Triste, es lo más que alcanza a explicar Eluvia sobre cómo está su hermana, durante los meses que le escribimos tras caer de nuevo presa. Es la pequeña de la familia, con voz secretosa, la que advierte que la humillación a la que teme Griselda Domingo por regresar deportada va a cobrarse un precio que su hermana no tiene cómo pagar.

*Este reportaje forma parte del proyecto periodístico 'Retorno' elaborado por la productora El Intercambio y financiado por Seattle International Foundation. Para verlo completo puedes ingresar a www.elintercamb.io/retorno. También puedes leer en eldiario.es la primera entrega: Las tres heridas del Torcido: desplazado por la violencia, migrante en EEUU y deportado a Honduraswww.elintercamb.io/retornoLas tres heridas del Torcido: desplazado por la violencia, migrante en EEUU y deportado a Honduras

La Esperanza (Honduras) es el municipio que registra la tasa de recepción de deportados más alta del país desde 2015

Con 23 años, Torcido ha sido desplazado interno por la violencia, inmigrante en Estados Unidos y deportado a Honduras

Arrancamos junto a el Intercambio una serie de reportajes de largo recorrido sobre quienes son deportados a Centroamérica desde EEUU

El amor

—¿Torcido?

—Torcido.

“Estoy trabajando cuando de repente veo los tombos [policías] ahí adentro. '¡Diablo!, pero ¿ahora qué pasó?', digo yo. Y ya me empiezan a hacer preguntas y me piden mi teléfono. '¿Y para qué les voy a dar mi teléfono yo? Acaso que ustedes me lo compraron', les dije. Lo primerito que me quedaron viendo fue esto: los tatuajes, los tatuajes… Me quitaron el teléfono. Entonces me pidieron clave, se la tuve que dar. No tenía nada que esconder. Nada más que es caro. Entonces, se llevaron el teléfono. Se fueron. Y luego regresaron, me dijeron que ya no me querían ver en ese sitio. Las once del día eran”.

La vida de Torcido es como un poema de Miguel Hernández: Las tres heridas: la del amor, la de la muerte y la de la vida. Lo cuenta en marzo de 2019. Cuando ya pasó más de un año desde que se quedara sin aquel teléfono. Este hondureño de 23 años, atlético y de mirada desafiante, recuerda la última vez que tuvo que rodar de nuevo cuesta abajo arrastrado por su piedra, como Sísifo en el eterno retorno. Porque sus violentas heridas de amor le quebraron hasta llevarle de regreso desde el país en el que no fue capaz de quedarse al país que odia. Una infidelidad derivó en su deportación de Estados Unidos. No supo dejarse ayudar por una ex novia devota que incluso le pagaba el abogado. Y su madre, ausente como testigo en su juicio de deportación, insertó el último clavo en su féretro mental.

Pero eso lo contará luego. Ahora está sentado sobre la moto de su tío, frente a la casa de sus abuelos en La Esperanza (Intibucá, Honduras). Habla como si fuera a encender el motor e irse. Muy lejos. De regreso a Lawrence, Kansas, donde vivió seis años. A 4.023 kilómetros de distancia en moto. Si es que pudiera irse en moto. Que no puede. Torcido vive ahora en una entre un puñado de casas de una planta rodeadas de amarillos campos de pasto para vacas. Su barrio difiere mucho de la colorida postal turística del casco antiguo que ofrece como reclamo una iglesia enclavada en una montaña, dejando para las afueras la paleta del gris.

El departamento de Intibucá está entre los cinco menos homicidas del país: 65 asesinatos en 2018. Uno cada seis días. Eso, en Honduras, significa paz. Pura ensoñación enclavada en un país ultra violento. En el mismo centro del pueblo, algunas pintas en las paredes recuerdan que acá fue asesinada la activista ambiental Berta Cáceres. Y para sorpresa de las autoridades locales y muchos vecinos, es un lugar cuyo perfil sociológico está sometido a una transformación profunda: es el municipio hondureño que más deportados recibió desde Estados Unidos en los últimos cuatro años. Torcido es uno de esos deportados que habita La Esperanza.

Para cortar el ciclo migración-deportación-migración y así evitar que centroamericanos, como Torcido, trataran de llegar a Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama ideó en 2015 un plan de inversión económica que fracasó. Lo denominó Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN). El gasto fluyó a través de agencias y contratistas estadounidenses. Pero los gobiernos de la región nunca se implicaron. Hubo un compromiso de Honduras, Guatemala y El Salvador de invertir 5.400 millones de dólares. Pero no trajo consigo un aumento presupuestario, sólo cambios en los nombres de los programas.

El PAPTN fue cancelado en 2019 por el gobierno de Donald Trump. Ni redujo la migración ni mejoró las condiciones de vida de los centroamericanos. En la Esperanza, Intibucá, el plan no propició cambios sociales. 

Es una sociedad que muta. Las autoridades no tienen en cuenta que en numerosas colonias de las afueras de la Esperanza viven cada vez más personas huidas a lo largo de los últimos veinte años de otras zonas del país: del sur del departamento de Intibucá y del norte de Honduras. Los del paupérrimo sur se mudaron a la cabecera gracias a las remesas enviadas por sus familiares migrantes en Estados Unidos, que les han permitido comprar parcelas.

Al tiempo también llegaron vecinos del norte del país. Torcido —al que apodamos así por su seguridad— no es oriundo del pueblo. Como no lo son tampoco las 'tres lágrimas negras' tatuadas que bordean su pómulo derecho. Como tampoco lo es el resto de la familia. Dejaron el norteño Yoro buscando refugio en una tranquila cabecera departamental donde en marzo el viento corre frío y el sol aplasta. Desplazados internos por la violencia estructural, él salió rumbo a Estados Unidos, ellos, recalaron directamente en La Esperanza. La familia que el destino separó vuelve a estar unida.

A Torcido le irrita revivir el momento en que la policía irrumpió en su puesto de trabajo y le quitó el celular y lo llevó a la comisaría. El momento que marca el comienzo de su viaje de regreso forzado a Honduras. Sentado sobre la moto, no mira apenas a los ojos, clava la vista en el infinito y la cabeza sobre sus codos. Habla con desconcertada rabia.

Recuerda que ese día se fue a casa sin trabajo, sin celular y sin entender nada. Al entrar al apartamento no quiso besar a su novia, como hacía cada día al regresar del empleo temporal en la construcción que tuviera. Se metió, bravo, en su cuarto. Su pareja le pidió que le explicara. Le dijo que regresara a por el teléfono a la comisaría. “Por el maldito teléfono”. El celular escondía algo sobre ella. “Tenía vídeos estúpidos”. Sexuales.

Regresó y en ese regreso cayó preso. En la corte federal, uno de los policías dijo que Torcido tenía relaciones virtuales con una menor estadounidense de 17 años. Se habían conocido por Facebook. Si hubieran tenido relaciones sexuales, hubiera sido violación. Él no piensa en esas cosas. Admite la relación, pero está enojado con cómo fue todo a partir de ese día. Hasta llegar donde está. Era un hondureño sin permiso de residencia en Estados Unidos.

Sus heridas se habían abierto mucho antes.

En 2012, se fue a EEUU. Tenía 16 años y una buena razón para que su mamá —que vivía en New Jersey— le pagase un coyote de emergencia. De la razón hablará después. Pero le enoja recordar a esa mujer que lo dejó con su abuela cuando él tenía siete años. Al llegar a EEUU, convivió con su mamá menos de seis meses. Sentía que le trataba mal. El desencadenante para dejar de hablarle, cuando le pidió que testificara en su juicio de deportación. New Jersey y Lawrence están a 46 kilómetros. Pero a ella le dio miedo ir a un tribunal por si también acababa deportada. Así que no fue.

“Yo esperaba a mi mamá [...]. Se lo he dicho a mi viejita [abuela]: 'por esa mujer [su madre] el día que se muera, pues que se muera. No botaré [derramaré] ni una lágrima, por ella yo no la boto. Por usted sí”.

Toña, la abuela, no entiende tanto coraje hacía la mujer que lo mantuvo en la distancia. Sentada en su oscura cocina de rojas paredes, serena, como si no acabara de preparar pollo con arroz para diez personas, no comprende a su nieto.

“Todo el tiempo yo les decía: su mamá se fue para salir adelante con ustedes [ con él y a su hermano]. Desde el momento en que ella los mandó a traer [pagar su viaje clandestino a EEUU],  era para darle un futuro. Les dio todo. Ella en ropa, en comida, nunca se ha quedado atrás [...] Pero él no quiere entender, no sé qué es lo que le pasa a este niño”.

Torcido dice que su mamá le golpeaba a él y a sus tres hermanos, que no supo quererlos. Por eso, llama mamá a su abuela. Aunque su abuela y su abuelo también le pegaban. “No les voy a mentir, a mí me gustaba agarrar lo ajeno cuando yo estaba chamaquito [pequeño], pero se daban cuenta en la casa. Me metían las manos al fuego y después me daban pija con una vara de tamarindo y el tamarindo es fino y ¡puta madre!, cuando me sacaban los brazos del fuego, todos quemados”.

Hay violencias aceptadas. Tan similares a las que se rechazan que al violentado le resultan distintas. Para algunos, la vida consiste sólo en elegir el infierno en el que arder.

Torcido es un niño infeliz. Desde la moto amenaza a su sobrino de tres años con golpearle con una hierba seca que ha recogido del piso. Lo hace todo el tiempo. O cuando se aburre, que es muchas veces. “Sáquese la pija [váyase] de acá”, le dice para que deje de rondarle. Luego se ríe. El niño llora. Ambos buscan atención.

Recuerda sus últimos meses en EEUU y el apoyo de su novia, que era la dueña del apartamento donde vivía. Ella resistió la relación tóxica y le pagó un abogado aunque sabía que le era infiel. Él no es consciente del machismo que descargan muchas de sus palabras sobre la única persona que le visitó en la cárcel.

“Yo nunca en mi puta vida había llorado por una mujer, pero yo estaba enamorado de esa mujer, yo solo la miraba y se me hacía un nudo que ni hablar podía… [...] Todos los días le ponía visita. Ya después me cansé, cogía mucho estrés, botaba [se me caía] hasta el pelo en la cárcel del estrés. Cuando uno se levanta de ese pedazo de metal que le dan a uno ahí, la cama esa, un colchón… ¿Como así?, ¡no, hombre!, ni dormir puede uno. Ya después dejé de ponerle tanta visita, porque eso me estaba matando, me metía mucha mierda en la cabeza, a veces con ganas de matarme ahí adentro...”.

Él ya no le habla. Más soledad.

Es ansioso, pero se ha quedado clavado en un momento de su vida del que no logra salir. Y esa energía que no consume, lo consume a él. En casi tres horas no se baja de la moto. Saluda vigilante, levantando la mirada bajo su gorra plana a los adolescentes que pasan por la calle de tierra donde está la casa de sus abuelos. Ha integrado las supuestas reglas de lo que significa ser hombre. Y aquí, en Honduras, eso pasa por estar siempre vigilante.

Se hace el interesante para contar algunas cosas. Dice que está viéndose con una vecina casada de 38 años. “Es que las mujeres mayores son más macizas, más tuanis, lo atienden bien a uno, lo cuidan a uno [...] Hay mucha gente que piensa que es para que lo mantengan a uno, pero no…”. En los últimos meses, también estuvo viéndose con una de 12, pero la madre le amenazó con denunciarlo. Torcido, dice su abuela Toña, necesitaría un psicólogo.

Antes de ser detenido en Lawrence (Kansas, EEUU), Torcido y la adolescente estadounidense de 17 años llevaban tres días mandándose fotos por Facebook Messenger y llamándose. La madre de la joven lo había descubierto. Y lo había denunciado. “Uno es tan hijo de la gran puta, tan estúpido, después de estar bien... ¡Imagínese ahora como estoy! [...] Tenía diecisiete años, pero allá usted sabe que las mujeres desarrollan de volada, la güirra [niña] parecía que tenía como veinte años. Por eso, se miraba tremenda yegua y teniendo mujer yo...”. 

La muerte

—Quisiera que la calaca [muerte] me llevara; estar vivo vale pija [poco], mejor estar abajo.

Torcido prefiere estar abajo. Enterrado con 23 años. Desafía en cada acto la posibilidad del amor. Y esa soledad que siente le hace hablar como un anciano harto de todo. Cuando fue deportado, en marzo de 2018, su abuela lo recogió entre lágrimas en el aeropuerto de San Pedro Sula y lo llevó a un lugar que no existía para él.

Torcido llegó a La Esperanza, pero antes de huir a New Jersey y luego a Lawrence, ya había vivido en San Pedro Sula, en Yoro y en El Progreso, en el norte de Honduras. En cuál de todos los lugares por los que pasó se perdió, no lo sabe ni él. Por eso está desubicado en este pueblo de interior.

Primero tenemos que visitar la Unidad Municipal de Atención Al Retornado (Umar) de La Esperanza, abierta en 2018 con fondos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), y gestionada por el gobierno de Honduras. La Umar se resume en una mujer encargada, en una mesa, en una oficina compartida, en la Casa de Cultura. Ella tiene acceso a la Ficha Integral del Migrante Retornado que llenan los hondureños deportados una vez que atraviesan una de las fronteras y aeropuertos que los encierran de nuevo en su país.

En 2018, la edad media de esos deportados, en La Esperanza, era de 21 años. Revisando las fichas de los retornados de esa edad aparece Torcido, en el barrio con más deportados de La Esperanza y había puesto el teléfono de su tía en el formulario. Explicarle cómo dimos con él, nos devuelve su mirada más confusa. No entiende porqué su historia es importante.

Accede a platicar cuando le preguntamos si alguna vez ha hablado sobre cómo se siente. Asiente y nos mira. Torcido es desconfiado. Sobre todo se siente solo. Dos fotos en su casa ahondan en esa soledad. Una es de su de tío Selvin. La otra de su tío Juanito. Ambos eran pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS13) en San Pedro. Fueron asesinados: Selvin por pretender salirse de la pandilla y Juanito, con quien convivió toda su preadolescencia, por hurtar a espaldas de la pandilla. 

Con Juanito pasaba el tiempo robando. Delinquieron muchas veces. Presenció, sentado a su lado, su muerte. Solo le quedó huir, escondiéndose durante semanas hasta salir de Honduras. La herida de esta muerte es transversal al desarraigo en el que vive. Torcido quisiera estar muerto también. Pero recuerda lo que le dice su abuela: el que desea la muerte, nunca se muere. “Mejor no desearla para morirse rápido”, le suele responder él.

Aunque su familia es de Yoro, el departamento más homicida del país en 2018, él vivió mucho tiempo en San Pedro Sula, la ciudad más violenta del mundo en 2015. La abuela —la viejita, le dice el nieto rebelde— le crió hasta la adolescencia y ahora, simbólicamente, vuelve a criarlo.

Torcido no era pandillero. De niño, con Juanito como referente, le encantaba el ambiente, la ropa, los tatuajes. Sobre todo los tatuajes de lágrimas, que pueden significar haber matado o tener familiares muertos. “A mí siempre me han gustado, siempre he alucinado con estas lágrimas y también alucino con los ojos, de repente me los tatúo. Mire, yo hice muchas estupideces aquí, sí que anduve [con la pandilla], pero solo con el chamaco [Juanito] que era pandillero, nunca me llamaba la atención de brincarme aquí”.

Brincarse a la MS13 significa recibir una paliza de 13 segundos para incorporarse a sus filas. La misma pandilla que admiraba, que mató a sus tíos y le obligó a dejar su país para no ser asesinado, le convenció de brincarse al cruzar la frontera. Fue en New Jersey, —no en Honduras—, donde se unió a la MS13.

Al preguntarle con insistencia por qué se unió a quienes querían matarlo, revela cómo la violencia sustituye su idea deforme del amor: “El diablo en vivo es ahí, es que eso es bueno. Mire, es mejor tener a la familia de pandilleros que tener a familia así; los pandilleros, eso si es familia para uno, que dan la vida por uno”, dice sentado en el bosque de pinos que queda encima de la famosa Gruta, una iglesia enclavada en una roca.

Por pobreza, hambre o muerte, tres tragedias que son una, cientos de miles de centroamericanos como Torcido huyen a EEUU, un país que sólo el último año ha detenido a casi un millón de personas, muchas de ellas centroamericanas, tratando de cruzar ilegalmente su frontera.  El problema dista de ser nuevo. Desde los sesenta, con Kennedy, ha habido muchos planes para el progreso de Centroamérica. El PAPTN era el enésimo. El penúltimo de una larga lista que continuará creciendo.

La palabra Prosperidad es un eufemismo por no admitir que el objetivo siempre ha sido evitar que los migrantes huyan a Estados Unidos. El plan fue suspendido por Gobierno de Donald Trump en 2019. El dinero estadounidense no llegó a los gobiernos centroamericanos. Los tres países se comprometieron a gastar dinero de sus presupuestos. Pero solo cambiaron el nombre a programas ya existentes para hacerlos parte del acuerdo.

En 2017, la Secretaría de Finanzas de Honduras, eligió ocho departamentos para ejecutar el primer presupuesto del PAPTN. Sólo valoró que tuvieran una tasa de homicidios más alta de la media, que estuvieran cerca de una carretera principal o zona franca y menor empleabilidad que el promedio nacional. Torcido no cabía en ninguna de las categorías.

En 2018, el plan llegó al departamento de Intibucá, del que es cabecera el pueblo donde vive Torcido ahora. El foco se puso en las Secretarías departamentales de Educación y Salud. Pero solo sobre el papel. El presupuesto no aumentó. Se puso una etiqueta del PAPTN en gastos que ya existían en anteriores presupuestos. Lo confirman en una entrevista los secretarios de ambas instituciones y los presupuestos detallados de los últimos dos años.

Pero entonces, Estados Unidos convirtió a México en su frontera sur. Externalizó la contención del flujo migratorio centroamericano y abandonó un PAPTN fracasado. El siguiente plan aún no tiene nombre. Sólo se ha anunciado que, el foco pasa de lo regional a lo bilateral. México, que contiene y gestiona, será quien reciba dinero ahora. Diferente frontera, mismo muro.

El Gobierno de Trump no cambió la realidad de Torcido ni sus ganas de regresar a Estados Unidos. Torcido no vio nada, no oyó de ningún plan. Sólo vive obsesionado con que la piedra que carga, le caiga encima. Es un Sísifo suicida.

—Después de todo esto, ¿cómo te sientes?

—¿Cómo me siento yo? Con ganas de morirme, esa es la respuesta que les doy yo. Pero, pues, de tanto que deseo la muerte, la calaca [muerte] se me aleja más bien. Yo sufrí mucho y si yo me metiera a pedos [problemas] y en contarles toda mi fucking [jodida] historia y... ¿Me entienden? ... No terminamos hoy... ¿ya?

La vida

—Y ahora mil quinientos pesos que le debes a la jura [policía] para recuperar tu moto.

—Mil quinientos, vale pija.

Torcido está en un billar del centro histórico de La Esperanza, pero no juega. Suele pasar el tiempo en este lugar amplio y maloliente. Se sienta. Bebe cerveza, fuma. Nos presenta a un amigo que recién conoció. Es de San Pedro Sula y huyó a La Esperanza cuando lo empezaron a extorsionar. Cuenta que él extorsionaba también, que era colaborador de la pandilla Barrio 18, la enemiga de la MS13. Sus relaciones sociales, parece, se limitan a problemas. Torcido no habla con él, prefiere platicarnos a nosotras. No tiene casi amigos en La Esperanza. Pasa dos horas sentado, con su letanía de la muerte. La herida que no cierra es la de su vida inerte. A las 8 de la noche nos vamos, él se queda solo, en medio de una hilera de sillas contra la pared, con la compañía de su quinta cerveza. Nos vemos mañana para almorzar en su casa, nos recuerda.

“Hola. Me kitaron la moto”. Es un mensaje de la una de la madrugada. Luego dos llamadas perdidas. Cuando le llamamos por la mañana, tiene el celular apagado. Probamos con su joven tía: Torcido no llegó a dormir. No tenía casi gasolina para la moto, pero no quiso irse del billar. Llega cerca de las dos de la tarde a casa, con cara de sueño. Parece que iba borracho, la policía le detuvo y le quitó la moto. Se quedó sin trabajo esta noche. Ya no vende tambos de gas y debe 1,500 lempiras (US$60) a la dueña del negocio, que pagó la multa de la policía. No dice dónde durmió. Torcido no da explicaciones.

No hay prosperidad para Torcido. Entre muchas razones, porque el modelo del Gobierno hondureño cuando hablaba de aquella Prosperidad en mayúsculas, la de su impulso al capital humano, incluyó la creación de la Unidad de Atención al Retornado (Umar), una institución vacía. En La Esperanza tuvo que ser un organismo externo, internacional, la Organización Internacional de las Migraciones, la que detectara el aumento de deportados y la que pagara una oficina local para que el Gobierno delegue en una sola persona la responsabilidad de buscar soluciones de futuro para los que retornan.

Eso explica en parte que la institución sea una desconocida en el municipio. En 2014, La Esperanza recibió 307 deportados: dos de cada 100 personas de La Esperanza estaban en Estados Unidos o en tránsito hacia allá.  Que esas 307 personas sean deportadas significa que dejan de enviar remesas desde Estados Unidos o tienen deudas que pagar por el viaje que no completaron para llegar al Norte. Pero a Torcido ninguna cifra le importa.

A ninguna tragedia con nombre propio le importa ser parte de un indicador mayúsculo. La Esperanza tiene casi catorce mil habitantes,169 de ellos fueron deportados en 2018. El hombre de las tres lágrimas es uno de esos 169. La cifra no suena impactante si Honduras, ese año, recibió 21,993 deportados. En relación con su número de habitantes, La Esperanza es quien se lleva la peor parte.

Torcido se sacude la grama de la ropa y se levanta a observar la panorámica de La Esperanza desde encima de la Gruta. El día es fresco y azul. Mira con perspectiva el pueblo donde no quiere estar. A Torcido la Unidad de Atención no le suena de nada. No le importa que hace un año el gobierno abriera la oficina de la Umar como parte del PAPTN. La responsable de la Umar carece de fondos para poder ayudar a los 17 de cada 1,000 habitantes del lugar que han sido deportados desde Estados Unidos. Apenas ha podido apoyar a una docena, dice, gracias a empresarios locales que necesitaban contratar gente.

Torcido, ni sabiendo de la existencia de una oficina piensa ir a pedir ayuda para conseguir trabajo o para que la encargada le informe de si existe algún programa para retirar tatuajes, ahora que dice que no es pandillero. Como si él pudiera decidir por sí solo. Como si no resultara mortalmente complicado salir de una pandilla. Para no parecer lo que es, le gustaría quitarse las tres lágrimas de la cara. Pero, como si fuera su castigo, es la marca eterna de este Sísifo centroamericano.

Dice que solo se atrevería a viajar a buscar un centro para quitarse el tatuaje si es con su abuela, porque cree que lo matarían en el camino. Pero en Honduras, no existen centros gratuitos para eliminar tatuajes, espacios que sí había hace años, cuando el antepenúltimo plan  financió a un contratista que disponía de la máquina y tenía fondos para pagar al empleado que sabía usarla. En alguno de los informes de alguno de los programas y alguna reformulación de planes se eliminó el borrado de tatuajes. Eso sí, la prensa internacional la filmó al menos tantas veces como tatuajes pudo borrar.

Torcido miente a veces. Pero avisa cuando lo hace. Tras decirnos que sus tres lágrimas son por la muerte de tres familiares, le preguntamos que quién es el tercero, después de sus tíos Selvin y Juanito. “No, la verdad les voy a decir una cosa, no es de familiares, son cosas de la vieja escuela”. No aclara si son asesinatos cometidos por él.

Se queja de vivir en La Esperanza. Pero no tiene donde ir y lo sabe. Quiere regresar a Estados Unidos, el país que no lo quiere a él. Qué hace en este tranquilo municipio, se pregunta, vestido con la ropa fancy de pandillero que compró en Estados Unidos. Todos los días tiene que madrugar, obligado por el ritmo familiar. Muy a su disgusto, se levanta en la misma habitación que sus dos sobrinos pequeños, para luego desayunar tortillas, huevos y frijoles. Todas las semanas, ayuda a su abuelo campesino a pasear a sus quince vacas. Ya nada de marihuana o alcohol bueno, comida rápida, ropa cara, o lentes de contacto azules, como antes. Torcido no se adapta. Pero difícilmente será por esta lista de carencias materiales.

—Una última pregunta y es una en concreto.

—Me cago en el diablo, ¡coño!

El presente equivale al vacío. No hay Estado para Torcido. Este deportado de 23 años dice que ya no quiere pelear. Pero su familia lo ha maltratado y él actúa con los mismos códigos. Torcido se violenta a sí mismo. Nadie le va a ayudar a buscar un psicólogo, aunque en teoría la Unidad de Atención al Retornado debería brindarle ese servicio. Al menos ese. Le pedimos que se imagine un futuro. Elije la idea de una descendencia que le redima de sus tres heridas: la del amor, la de la muerte, la de la vida. Quizá, piensa, pueda volver a empezar.

“Yo lo que quiero es buscarme una mujer y aunque sea pegarle un hijo, para que el día de mañana cuando muera que quede la pinta ahí, porque, imagínese, se muere uno y sin tener hijos. Ando sobre dos mujeres yo, una tiene 31 y la otra, 32. Los maridos están en Estados Unidos. Una tiene dos hijos y la otra tiene tres. Pero me vale pija [no importa]. Como dice el dicho: quién quiere la gallina, también tiene que querer los pollitos ¿no?”.

*Este reportaje forma parte del proyecto periodístico 'Retorno' elaborado por la productora El Intercambio y financiado por Seattle International Foundation. Para verlo completo puedes ingresar a www.elintercamb.io/retornoEl IntercambioSeattle International Foundationwww.elintercamb.io/retorno

La historia de una presunta colaboradora de la pandilla más poderosa del mundo, la Mara Salvatrucha, es un ejemplo de cómo el sistema judicial acusa con mayor facilidad a las mujeres porque son el eslabón más débil de la estructura criminal

Las mujeres desempeñan tareas de base como el cobro de extorsiones, abrir cuentas bancarias o lavar el dinero pero no tienen ninguna autoridad en la cima de la pandilla

El número de mujeres presas en Guatemala se ha cuadruplicado en los últimos cinco años

Agarrada a la reja, con sus uñas de brillantina por delante, Hera esquiva a las mujeres que están en el suelo de la celda. Se acerca a decir que su hijo está en casa con su esposo. Está acusada de colaborar con pandilleros y, asegura, es inocente. Dice que no es más que una buena vecina que saluda a todo el mundo en su colonia y por eso la han detenido.

Hera miente. Pero hacen falta siete días para descubrir el engaño.

Esta mujer de 24 años, piel suave, pelo lacio hasta los hombros y embarazo de seis meses es vecina de Canalitos, una colonia de callejones de tierra, casas de lámina de metal y madera al otro lado del barranco de una zona de clase media alta de Ciudad de Guatemala. Canalitos es una zona roja. Roja por la sangre de los asesinatos.

Hoy espera dentro de una celda estrecha que huele a pis en la tremenda oscuridad de un sótano frente a los coches de los jueces que trabajan en la Torre de Tribunales de Ciudad de Guatemala. A su alrededor, unas 30 presas aguantan hacinadas cerca de un inodoro rebalsado.

Hera no se llama así. Motivos de seguridad. Hera, en la mitología griega, es la esposa de Zeus, el rey del Olimpo, un personaje con el que la mujer embarazada de las uñas pintadas tiene más que ver de lo que ella pretende. La Fiscalía la acusa de tres delitos de colaboración con la Mara Salvatrucha (MS-13), la pandilla más poderosa del mundo.

Son delitos vinculados a la extorsión, una infracción extendida en Centroamérica que implica pedir dinero bajo amenazas de muerte. Un delito muy utilizado por el Ministerio Público para acusar a pandilleros. Un delito que en otros lugares ni siquiera se comprende.

Hera sale de la celda y espera frente al ascensor, esposada a otra mujer. Espera porque la barriga le pesa demasiado para subir 15 pisos a pie. Sube apretujada, encerrada con otros detenidos y varios policías, en un aparato que no mide más de cuatro metros cuadrados. Va encadenada porque el sistema penitenciario intenta asegurarse de que no se escape. Con gesto soberbio, mantiene la frente en alto. Cuando entra en la sala de audiencias, ve las panorámicas montañas de fondo. Se acomoda en el banco de los acusados y mira hacia una silla vacía.

El número de mujeres presas en Guatemala, sobre todo por delitos relacionados con la extorsión, creció en los últimos cinco años de manera exponencial. La cifra se cuadruplicó al pasar de 36 a 144. “Cada vez hay más mujeres procesadas”, confirmará resignado un día después de la sentencia, en el sillón de su oficina, el juez Mynor Moto, el hombre que aún no se sienta frente a Hera.

Cuando el juez llega, Hera pide un chequeo médico de su embarazo a través de su abogada gratuita asignada por el Instituto de Defensa Pública Penal. El juez dice que sí, que el único derecho que se le ha limitado es la libertad. Lo dice en serio. Neutro y por momentos paternal, no pretende bromear, o hablar con ironía ni sarcasmo: es el mismo tono con el que acusa. Hay cortes de luz en el edificio y faltan algunos abogados de las 11 personas acusadas en su caso.

Una semana después, Hera llega de nuevo al juzgado desde la cárcel de mujeres Santa Teresa. Ahora está atada a sí misma, en la misma posición, ante el mismo juez, en otra sala de la misma planta –donde se juzgan los delitos más graves–, con distinto abogado de la defensa pública. Esta vez, la altanería ha desaparecido. Parece ser que el marido de Hera está en casa con su otro hijo, cuidándolo. Por eso, dice, él no llega al juzgado para darle comida antes de entrar, como suelen hacer los familiares de los acusados. En la sala de audiencias, acompañando a las mujeres, no hay novios ni esposos. Solo madres, padres o tías. A varios de los hombres acusados sí les acompañan sus parejas.

Ese marido libre del que habla no existe. El último esposo que tuvo antes de caer detenida está preso. Al menos eso puso ella misma en el registro del más de centenar de visitas que hizo a un hombre llamado Julio César Mejía García, del que sabremos más adelante. Nunca de la boca de Hera. Mejía García cumple condena en una cárcel al sureste del país.

***

El poder de las pandillas lo tienen hombres encarcelados. El triángulo del poder en la MS-13 tiene una punta: el Consejo de los Nueve, una especie de mesa redonda que da órdenes que después bajan en esa pirámide del poder.

La MS-13 es más estratégica y menos sanguinaria que su enemigo, el Barrio 18. Después de advertir a un extorsionado que si no paga encontrará la muerte, ejecuta la amenaza, a diferencia de la pandilla rival, que mata sin advertencia previa. Por eso, y porque la Fiscalía guatemalteca tiene notables limitaciones en sus posibilidades de investigación, también es más difícil seguir la pista de esta pandilla, sofisticada en la organización, la violencia y hasta la tecnología que usa para comunicarse.

En Guatemala, quedan poquísimas mujeres pandilleras [todas presas] porque, desde mediados de los 2000, tienen prohibido entrar a la MS-13. Lo mismo sucede en el Barrio 18. Las mujeres que querían ingresar tenían que recibir una paliza de 13 segundos. Hoy son pocas las sicarias que quedan vivas o libres.

Ahora, las mujeres del entorno de la pandilla desempeñan tareas como abrir cuentas bancarias, mover y lavar el dinero, dar la cara y el nombre, ofrecerse, estar en la base. Si son detenidas, entran a los tribunales esposadas a delitos de presunta pertenencia a la MS-13. Pero son reemplazables. Tras entrar en la cárcel en nombre de la pandilla, no pasa demasiado tiempo hasta que otras ocupan su lugar.

El fiscal, con una maleta de ruedas en la mano, llega en el mismo ascensor que Hera. En esos papeles que ahora lee con voz rápida y por momentos ininteligible dice que Hera está acusada, junto a otras diez personas, de exigir dinero a conductores de transporte público a cambio de no ser asesinados. Ella solo mira al juez, no se mueve demasiado. A su derecha, un acusado sin esposas. A la izquierda, una acusada de los mismos delitos que ella. Una mujer que, se nota, conoce desde antes. Hablan poco y en voz baja.

Hasta 2009 los investigadores en Guatemala no tenían claro cómo luchar contra las pandillas aunque las dos principales, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, operaban en el país desde finales de los noventa. La creación de dos grupos élite, uno en la Policía y otro en la Fiscalía, sirvió para localizar e identificar quiénes eran, dónde operaban, cómo hacían dinero y cómo mataban. A partir de 2011, esas dos unidades especializadas dieron un giro a la forma de presentar los casos a los jueces: pasaron de muchas e infructuosas investigaciones individuales a preparar pocos megacasos contra centenares de supuestos pandilleros. El secreto del triunfo acusador fueron las escuchas telefónicas y pandilleros traidores que se convirtieron en informantes. Tuvieron cierto éxito. Tocaron a la jerarquía.

Entre 2016 y 2017, Guatemala lanzó cinco megaoperativos contra las pandillas. Si las estructuras estaban identificadas y sus líderes –siempre hombres– estaban presos, tocaba derribar la base. Allí estaban personas como Hera, que no formaba parte del grupo criminal, pero que trabajaba –sobre todo mediante cobro de extorsiones y prestando sus cuentas bancarias– para la pandilla. En la mayoría de casos, a cambio de dinero. Las detenciones de mujeres en los megaoperativos comenzaron a destacar. Había muchísimas colaboradoras. Las mujeres se hicieron visibles alrededor de las pandillas.

Ya no eran operativos contra una clica –célula local– de una pandilla sino acciones masivas contra las dos principales pandillas que podían darse al mismo tiempo en distintos municipios. Así sucedió con el operativo Rescate del sur en 2016 en el que la Fiscalía demostró cómo las pandillas crecían al sur del área metropolitana de la capital y que generó más de 120 detenciones en cuatro departamentos del país.

Al detener y procesar a su mano de obra, pensaron los funcionarios, dejarían mancas a las pandillas. Pero esos operarios de base, esas mujeres colaboradoras, gente que en general no siente identificación con los grupos criminales porque lo hacen por dinero, son fácilmente sustituibles. Tan prescindibles que, por no ser de la pandilla, ni siquiera tienen un abogado pagado por el grupo criminal. A finales de 2017, la operación Escudo Regional, que se desarrolló en tres operativos a lo largo de dos años, golpeó a las dos principales pandillas en Honduras, El Salvador y Guatemala, con cerca de 200 detenciones, de las que la mitad fueron mujeres. Hera fue arrestada el 18 de abril de 2018.

***

Las mujeres tienen responsabilidad en la base y ninguna autoridad en la cima de la pandilla. Reciben y ejecutan órdenes sin pertenecer, sin decidir estrategias. La Fiscalía Antiextorsión investiga siguiendo la lógica de que la pandilla las protege menos que a los hombres, pero también de que ellas pertenecen a la organización criminal. Lo difícil es investigar a la MS-13 como estructura y lo fácil es llegar a las colaboradoras. Es más sencillo capturar a quien lleva el teléfono o a quien recoge el dinero que a quien da las órdenes a distancia y se queda, finalmente, con los mayores beneficios de la actividad.

El Ministerio Público acusa a Hera de exigir dinero de manera regular e intimidante a los conductores de transporte público. La amenaza no tiene matices: es una renta a cambio de vivir. Para cometer estos dos delitos es necesario ser parte de un grupo criminal.

Supuestamente, Hera apoyaba a la clica Pewees Locos Salvatruchas, que tiene desde 2010 su principal centro de operaciones en Canalitos, ese barrio pobre y violento de la zona 24 de la capital. Desde entonces, los Pewees están señalados de amenazar, extorsionar y atentar contra conductores de moto taxis que circulan por esa zona y contra comerciantes que aceptan pagar por no morir. También están acusados de asesinar a integrantes de la clica que se quedan con el dinero de las extorsiones.

La investigación contra Hera y las personas detenidas junto a ella se basa en tres testigos: el dueño de un moto taxi, el propietario de un negocio y una mujer excolaboradora de la pandilla. Tres testigos que no dicen las horas, los lugares ni las formas que estas 11 personas usaban para extorsionar para la MS-13, esa pandilla declarada por Donald Trump enemiga pública y amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Ninguno de los testigos describe a Hera: ni su rostro, ni sus movimientos, ni datos concretos. Nada. La señalan. Pero sin presentar pruebas.

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Una semana después de la primera audiencia suspendida, se repite la escena ante el juez. En esta ocasión, el mismo abogado defiende a Hera y a las otras dos mujeres del grupo. La camisa blanca del hombre intenta contener un cuerpo grueso y torpe. Es la primera vez que ve a sus defendidas. Pide beneficios de embarazo para una acusada que no lo está. Se quiere referir a Hera pero no sabe quién es quién. Ellas lo miran, abren los ojos intentando decirle algo. No lo logran. El hombre casi no tiene argumentos.

El fiscal trabaja para una unidad jurídica creada en 2005 para defender mujeres y financiada por organismos internacionales. Se supone que son personas especializadas en distinguir sesgos de género en las causas con herramientas para defender a las mujeres acusadas. Está en el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y en su lista de tareas se amontonan 1.400 expedientes relacionados con mujeres solo de la capital del país.

Edith Ochoa, una mujer repleta de anillos brillantes y larga melena negra, dirige la unidad en la que trabajan 30 abogados. Explica que no puede atender el 90% de los casos que les llegan porque las acusadas no les hablan. Por miedo. O simplemente porque no quieren.

—¿Qué resultados tienen?

—Ninguno, [las mujeres] son sentenciadas —dice Ochoa sin inmutarse.

Luego matiza. El equipo de Ochoa ha logrado “tres o cuatro” sentencias absolutorias para sus defendidas en 13 años.

El IDPP está en un antiguo banco en el casco histórico de la capital, con techos altísimos y escaleras de madera que conservan esa sensación de que otro tiempo pasado fue mejor. En una oscura oficina en la segunda planta, la coordinadora condiciona y limita la defensa de las colaboradoras de pandillas “hasta que no bajen los contextos de peligrosidad”. Según las cifras oficiales, eso ya ha sucedido. De 49 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2009, Guatemala pasó a 24 en 2018. Pero la presunción de inocencia en todo lo relacionado con las pandillas y el esfuerzo del Estado por hacer algo por las mujeres de Guatemala siguen brillando por su ausencia.

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El tipo de colaboración que Hera aportaba a la pandilla se conoce en Guatemala como chequeo activo. Implica estar en período de prueba, pequeños encargos para ingresar en la estructura criminal. Al menos eso cree la Fiscalía. La situación es paradójica: su entrada está vetada por ser mujer, pero también es acusada de ser administradora de extorsión. Esto significa que, de confirmarse, ella es la que junta el dinero y, con órdenes de los líderes de la clica, organiza cuánto va para cada quién en cantidades que disminuyen a medida que se desciende en la pirámide del poder.

En la audiencia, el abogado de Hera –que no sabe nada de su vida, nunca ha hablado con ella, no sabe qué piensa, qué siente o qué puede aportar en su defensa– no ve sesgo de género. No cree que la hayan obligado a nada, ni que la hayan presionado a través de su familia para que trabaje para la pandilla aprovechándose de su vulnerabilidad o de su pobreza. Utiliza como única estrategia de defensa acogerse al derecho a no declarar.

En realidad, quien debería defenderla, quien sabe del caso, es otra abogada que no ha llegado a las audiencias. Los tres –la abogada oficial, la que estuvo en la audiencia anterior y el hombre de esta audiencia– trabajan bajo el mando de Edith Ochoa, la mujer de los anillos brillantes que no espera ganar casos.

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El Flaco y El Voltio son los pandilleros que dirigen desde prisión la clica de nombre Pewees Locos Salvatruchas. Ellos deciden las acciones para extorsionar, intimidar, vender droga, reclutar pandilleros y asesinar. El Flaco se llama Nixon Bantes González. El Voltio, que es el número dos de la clica, es Julio César Mejía García, a quien Hera iba a visitar a la cárcel de El Boquerón registrándose a veces como su esposa. De los Pewees, de su forma de operar y de los integrantes de la Pewees es conocedora desde 2012 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una institución especial financiada por Naciones Unidas y que trabaja junto al Ministerio Público. Ese informe está en manos del juez que juzga a Hera y del fiscal que la acusa.

En 2017, el juez Pablo Xitumul, magistrado titular del Tribunal C de Mayor Riesgo, encargado de casos de gran impacto, condenó a El Voltio: 150 años de cárcel por cinco delitos, entre ellos asesinato y violación. Sumada una causa anterior, El Voltio podría salir en libertad cuando cumpla 213 años.

Un año después, Xitumul llega a su despacho, en la planta 12 de la Torre de Tribunales, se sienta en una silla junto a su sofá de visitas y comienza a hablar. “Detectamos que los patojos [jóvenes] arrastran a las mujeres”. Cree también que la justicia “revictimiza” a las mujeres vinculadas a pandillas en un país particularmente desigual. Él explica que “se siente sensible” con las mujeres de su país y por eso siempre aplica la pena mínima a las acusadas de extorsión: de 6 a 8 años. Es la pena mínima, subraya como un acto de empatía. No es medida sustitutiva. Tampoco es absolución.

Ni El Flaco ni El Voltio están presentes en las audiencias de Hera. Pero lo parece. Su presencia planea sobre la sala. Se supone que los 11 acusados trabajaban a sus órdenes. De ellos habla primero el fiscal, que maneja miles de páginas de expediente que saca de la maleta con ruedas. Con su voz rápida y a veces inentendible, se refiere a ellos para explicar el modus operandi de la clica. Muestran fotos de dos de las mujeres. Hera no aparece en ellas.

Argumenta historias, datos, fechas, listas, sucesos, crímenes. El turno de Hera llega cuando el fiscal calla y el juez regresa a El Voltio y a El Flaco varias veces más cuando lee el listado de visitas que reciben en la cárcel. Esa es la clave, la evidencia de la que Hera tendrá muy complicado defenderse. Han pasado 12 horas de audiencia, el aire acondicionado enfrió tanto la sala que la mujer se abriga con sus propios brazos y se le pone la piel de gallina. En esta vista judicial, el único que no habla de los líderes de la clica es el abogado defensor de Hera. Habla poco porque sabe poco.

Según la información en manos del juez y el fiscal, la primera vez que Hera fue a la cárcel a ver a Julio César Mejía García, ese hombre con poder, ese tal El Voltio, fue en marzo de 2015.

¿Cuáles son los acusados que no han visitado a nadie en la cárcel? Eso es un misterio. Es una información sin registrar en el expediente del caso. “Las visitas carcelarias por sí solas no se pueden tomar como prueba”, insistirá el juez Mynor Moto unos días después de la audiencia.

Las visitas carcelarias no cuentan como pruebas, pero sí como razones por las cuales los jueces, como Xitumul o Moto, deniegan la posibilidad de que las personas estén libres mientras esperan que se celebre su juicio.

El Ministerio Público no prueba nada de las funciones de Hera para la Mara Salvatrucha. La investigación es deficiente, dice el juez Mynor Moto, desplegado en el sillón de su oficina de la Torre de Tribunales, mientras revisa el expediente. Algunas partes son un copia y pega de los informes policiales, insiste. Ninguno de los tres testigos está identificado, remarca. Todos los informes policiales, en los que se basa la Fiscalía, los firma el mismo policía, apunta. Un superpolicía, dice –con ironía– el juez, mientras pasa las hojas, un poco resignado, en la tranquilidad de un juzgado a punto de terminar la jornada. Sabe que las investigaciones son pobres, que los recursos son pocos y la voluntad pequeña.

Por eso, eliminó para la mayoría de los acusados los delitos de obstrucción extorsiva de tránsito y exacciones intimidatorias. Hera fue una de las beneficiadas. Un beneficio parcial, pues seguirá en prisión preventiva por asociación ilícita, algo que le será muy difícil quitarse de encima.

***

Durante dos años, Hera entró registrándose como la novia de El Voltio. Los primeros cuatro meses de 2017, lo hizo como su esposa. Después, volvió a ser la novia y así lo hizo hasta el último día de visita registrada, en marzo de 2018. En esa fecha, además, ya estaba embarazada. Hera fue a verle a prisión 102 veces. Ciento dos veces. Cada día, hora y tiempo juntos quedaron marcados en una larga lista de registros que ahora se vuelven en su contra.

La presencia de El Voltio ya no planea sobre la sala, ahora la aplasta. Termina con cualquier posibilidad de salir absuelta. Pese a su relación con un líder pandillero, una relación de esta intensidad, no es suficiente para que la pandilla le pague un abogado que la defienda.

Antes de las nueve de la mañana del 20 de marzo de 2018, Hera entró por última vez a ver a El Voltio. Pasaron casi ocho horas juntos. Fue la visita número 102. Fue un mes antes de ser detenida. Ella, acusada de ser la administradora de la extorsión en la clica de una pandilla enemiga de Estados Unidos, fue atendida por un defensor oficial que ni siquiera se aprendió su nombre.

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Este reportaje forma parte de la serie 'Las colaboradoras', un proyecto periodístico sobre el papel actual de las mujeres en las pandillas de Centroamérica. Una iniciativa de El Intercambio financiada por Internews.El Intercambio Internews

Texto: Rosario Marina, Elsa Cabria y Ximena Villagrán / El Intercambio

Fotografías: Oliver de Ros / El Intercambio

Edición: Alberto Arce

Hebe, una joven de 18 años, fue acusada por su novio de homicidio y de colaborar con la pandilla Barrio 18 Sureños, y absuelta después por la Justicia

La Fiscalía de El Salvador ha multiplicado por 15 el uso de la figura del testigo protegido en los últimos 11 años

Casos como el de la joven ilustran el uso desmedido de testimonios cuestionables como única prueba contra estas organizaciones criminales

El asesino dijo que el muerto, antes de muerto, estaba muy borracho.

El día de Navidad de 2014, una mujer de 70 años fue a la Policía de su municipio a denunciar la desaparición de su hijo, de 40. Declaró que el hombre había salido de su casa alrededor de las 10 de la mañana para ir a trabajar al centro de San Salvador, la capital de El Salvador. Alto, trigueño y de ojos café, llevaba camisa y pantalón azules y una mochila negra. La anciana supo por vecinos que el día de la desaparición lo habían visto en la calle principal de su colonia y que había sido amenazado por un pandillero del Barrio 18. No era la primera vez que le sucedía. Su otro hijo ya había desaparecido en 2012. Desaparecido significa asesinado. La madre temía, con razón, que los pandilleros hubieran matado a ambos.

Dos años después de la última desaparición, la pareja de aquel desaparecido supo por la televisión que la Policía había encontrado unas osamentas al fondo de un barranco de la colonia. Era el 24 de mayo de 2016. Junto a los huesos, había una mochila negra, la misma que el hombre llevaba el día de su desaparición. La mujer fue a Medicina Legal, la institución forense de El Salvador. El muerto de la tele era su muerto.

Cuando la Fiscalía entrevistó a la ya viuda del hombre, ella señaló a la posible culpable: la pandilla Barrio 18 Sureños, una escisión salvadoreña del Barrio 18, una de las pandillas más grandes de Centroamérica. El Gobierno decidió aislar a los líderes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS) en las cárceles para dificultar su organización. Lo logró. La ruptura dentro de la 18 fue irreversible. A partir de 2006, nacieron dos facciones enemigas: Sureños, los que seguían las normas de su pandilla en California, bajo órdenes de veteranos deportados presos; y Revolucionarios, que buscaban tener una personalidad más local, sin órdenes foráneas, cuyos líderes estaban fuera de las cárceles de El Salvador.

Para 2016, aquel hijo desaparecido llevaba dos años enterrado al fondo del barranco víctima de esa guerra intestina entre pandillas. La Fiscalía ya lo sabía, se lo había dicho El testigo. Por eso la Policía fue a buscar los huesos. Ese testigo era miembro de la pandilla, fue uno de los tres asesinos y, en ese mismo caso, donde admitió el asesinato, también acusó a 76 personas del Barrio 18 Sureños de participar en 20 homicidios similares.

Este tipo de testigo, el que delata, se llama criteriado en El Salvador. En los últimos 11 años, 663 personas en ese país obtuvieron una reducción de la pena y una residencia temporal a cambio de dar información, según el tipo de negociación mantenida con la Fiscalía General de El Salvador. Su utilización es recurrente en los casos de pandillas: el testimonio de una sola persona es suficiente para que la Fiscalía acuse a decenas de personas. El uso del testigo protegido se multiplicó por 15 en los últimos 11 años sin mucho éxito. El 54% de los informantes se ha retirado del programa.

“El declarante recibió una llamada de Z donde le decía que en el pasaje el hermano de B andaba bien bolo [borracho], por lo que [el declarante] salió de donde estaba con Hebe, diciéndole que moviera [llevara] al hermano de B y que, cuando lo tuviera en una casa, le avisara. A los quince minutos le habló que ya lo tenía, estaba bien bolo, tanto así que no se levantaba, siendo que Hebe se retira del lugar”.

Informe de la Fiscalía sobre la declaración del testigo.

Hebe se llama de otra forma, pero por su seguridad, este será su alias y su nombre, el de la diosa griega de la juventud y la belleza eterna. Según El testigo, después de que Hebe se marchara, otros dos pandilleros llegaron a la casa. Entre los tres ahorcaron al hijo de la anciana, con las manos y con un cincho [cinturón] hasta matarlo. Esperaron a que se hiciera de noche para sacarlo de la casa y lo lanzaron por el barranco que queda al final del pasaje [callejón] donde estaban. Bajaron al fondo, cavaron un hoyo y lo enterraron.

El 28 de mayo de 2016, el médico forense encontró la cabeza del hombre por un lado y el esqueleto por el otro. La camisa estaba rota, llevaba pantalón vaquero, tenía la mandíbula rota y solo una zapatilla de deporte, la izquierda. En la bolsa pequeña de la mochila negra había una cartera con unas tarjetas de presentación que no lograron identificar. Hacía seis meses que estaba convirtiéndose en esqueleto.

***

El 16 de agosto de 2018, Hebe se puso de pie frente al juez con sus pantalones celestes, sus tenis, su camisa negra de manga larga y sus 19 años. Estaba acusada de agrupaciones ilícitas, lo que significa que se juntó con, al menos, dos personas para delinquir de manera temporal o permanente. Se juega ir a juicio y ser condenada a un mínimo de tres años de cárcel.

En la sala hay otras cinco amigas de su colonia. Viajó con ellas porque también estaban acusadas. Su abogado particular pide al juez que ella pregunte al testigo. Los oscuros ojos con rimel de Hebe miran al testigo protegido, cubierto de pies a cabeza con una tela oscura, como el verdugo que le corta la cabeza.

—¿Sabes quién te habla?

—No, no sé quien sos.

—Fuimos pareja, ¿sí o no?

—No.

No lo dirá en la audiencia, pero Hebe dice antes y después que El testigo, el criteriado, era su novio. El presunto novio la incriminó y la acusó de participar en el homicidio del hijo de aquella anciana y la Fiscalía, además, la acusó de agrupaciones ilícitas. Por eso pasó mes y medio en los calabozos de la Policía, tres meses en prisión preventiva y ocho meses más con obligación de ir a firmar al juzgado cada 15 días hasta que salió absuelta.

“En cuanto al delito de agrupaciones ilícitas [...] es opinión de la suscrita juez que tanto la existencia legal del delito como la participación delincuencial de los procesados ha quedado demostrado por medio del dicho del testigo”.

Resolución de audiencia preliminar.

El enamoramiento

—Muchacha, ¿no ha visto a los policías ahí arriba?

La muchacha, que caminaba por su colonia, se giró, lo miró, lo reconoció. Él a ella, no.

En un café de la zona de hoteles de San Salvador, en julio de 2018, la muchacha recuerda con sonrisa pícara ese cruce de miradas de enero de 2016. Hebe dice que se conocían de niños, pero que llevaban años sin verse. A los meses de esas miradas, hubo una solicitud de amistad en Facebook aceptada. Y likes a muchas de las fotos de Hebe. Pero ella, que se esforzaba por “ser buena”, no quería nada con un pandillero. Lo dice ella.

La muy cristiana evangélica madre de Hebe y de otros dos varones, uno mayor que ella, otro mucho menor, puso una venta de pupusas, el plato típico de El Salvador, en su manzana. En una ocasión, el pandillero llegó y le gritó. “¡Suegra!”. La mujer se quedó mirándole y le espetó muy seriamente: “¡Cómo que suegra!”. Esa vez y otras tantas entre enero y octubre, el pandillero pasó gritándole a Hebe ante la circunspecta mirada de la madre: “Hebe, te amo”. La noche del 12 de octubre de 2016, delante de la casa de ella, él le preguntó si quería salir con él. “Y yo me quedé: ¿Ah? Y le dije: 'Sí, voy a andar con vos, así de repente”, recuerda Hebe con inocente ironía.

“El testigo identifica en su entrevista únicamente con el alías Hebe [a la persona], a quien describe de la siguiente manera: color de piel blanca, color de cabello negro y estilo largo, complexión delgada, estatura un metro cincuenta aproximadamente, 18 años. La conoce desde el año 2008, y desde el 2014 colabora con la pandilla hasta ahora. Las funciones que realiza, le postea [vigila] al hermano que es civil activo de la pandilla, porque como el hermano es civil y ya ha matado, y está a punto de brincarse [entrar en la pandilla], le mueve [esconde] las armas de fuego al hermano…”.

Informe sobre la declaración del testigo.

Hebe es como la describe El testigo en su relato a la Fiscalía. De esas personas delgadas que tienen cara redonda, granulosa sin granos, de labios finos, pálida. Sin ser consciente de que tres personas la observan, se apoya en el mostrador de una oficina del centro judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, un bochornoso día de finales de julio. El aire acondicionado está altísimo. Dice su nombre al funcionario. Su camiseta blanca de corazones rosas transparenta un sujetador azul claro. El pantalón de lona se ajusta a su cuerpo adolescente.

Las tres personas la reconocemos porque estamos sentadas detrás revisando las tres cajas de archivadores que acumulan su expediente. En los archivos, aparece su foto, igual que la de muchos de los otros 76 acusados en 20 homicidios a los que El testigo inculpó.

El encuentro es fortuito, pero Hebe reaccionó con normalidad cuando le explicamos por qué queríamos hablar con ella. Estaba en esa oficina porque desde diciembre de 2017, cuando la jueza le concedió la libertad provisional, cada 15 días va en bus con su mamá al juzgado a firmar.

***

El mismo año en que entró en funcionamiento el programa de protección de testigos, las pandillas prohibieron que las mujeres en El Salvador fueran pandilleras. Hasta ese año, 2006, había mujeres con poder de mando en las reuniones de toma de decisión y coordinación en ambas pandillas. Pero fueron expulsadas por falta de confianza.

La sospecha vino porque algunas eran informantes de la Policía y de la Fiscalía. “Cuando había rupturas [sentimentales con pandilleros], eran más vulnerables a dar información, sabiendo que habían cometido delitos, preferían colaborar con la Justicia, pensaban más en sus hijos”, dice Guadalupe Echeverría, jefa de la Unidad Especializada Antipandillas.

Las mujeres se convirtieron en testigos criteriados. Ante lo que se consideraba una falta de lealtad, hubo castigos: algunas violadas, algunas asesinadas. Sin embargo, la lógica pandillera contrasta con la realidad: el 65% de los testigos del programa de protección hasta diciembre de 2017 han sido hombres.

En 2006, una líder del Barrio 18 se convirtió en alias Joker, testigo criteriada de la Fiscalía. Su pandilla mató a unos familiares suyos y ella decidió colaborar. Durante tres años, apoyó en la desarticulación y condena de cuatro células locales de San Salvador. Su caso fue el detonante del fin de la mujer pandillera. Así lo sostiene Echeverría, quien con voz suave y tono académico, es experta en violencia pandillera.

Mientras la Fiscalía investigaba a la quinta célula, alias Joker fue asesinada. En 2009, la pandilla le hizo “el pase del amigo”: una amiga la convenció para salir un rato de la casa refugio donde vivía oculta para juntarse con alguien en el municipio de Santa Ana y la mataron.

Desde que El Salvador instauró el uso de testigos criteriados en 2006, en ningún año las mujeres han sido más del 35% de los testigos, pero son las que perdieron la confianza de arriba.

Ellas pasaron a ocupar un nuevo rol, puramente logístico, en el nivel más bajo de la pandilla, como colaboradoras. No tienen acceso a reuniones o coordinaciones ni dan órdenes. Las colaboradoras cobran y llevan dinero, guardan y mueven armas. Prestan cuentas, ejercen de testaferros para recibir y enviar remesas internacionales. Roban. Matan. Igual que los hombres colaboradores. Pero están lejos de los líderes.

***

Después de firmar en el juzgado, apretujada en una mesa de un restaurante de comida rápida al que accede ir junto a su mamá a petición de las periodistas, Hebe se muestra callada. Habla más la madre. Habla más, aunque ella sonríe cuando la mamá evangélica charla sobre El testigo. “Era el asesino de la colonia”, dice la mujer sin miramientos. Y Hebe se ruboriza silenciosa.

—¿Por qué te fijaste en un pandillero?

—Ni yo sé, quizá a las niñas fresas [pijas] les gustan los malos. Yo decía: 'Uy, no, yo no voy a andar con uno de esos jamás, ¿va?' Pero los jamases llegan —dijo cuatro días después, riéndose, cuando su mamá no la está escuchando.

La detención

“Observando detenidamente las fotografías del pliego, el testigo señala que la fotografía número 1, la cual corresponde a la señora Hebe, manifestando que la conoce por el alías, es colaboradora de la pandilla 18, y participó en el homicidio del hermano de B”.

Informe de la Fiscalía sobre la declaración del testigo.

A las 2:35 de la madrugada de un día de finales de julio de 2017, cuatro policías subieron las tres escaleras de la entrada y tocaron a una puerta pintada de celeste, bajo un balcón blanco, en una casa también celeste, con techo de lámina.

Abrió el padre de Hebe. Llegaron para detener a su hija, acusada de homicidio y agrupaciones ilícitas. Cuando le pidieron que los acompañara para hacer el registro de la casa, accedió. Dentro estaban Hebe y su madre. No encontraron ningún objeto ilícito. Así lo escribió un policía en su informe. Hebe pidió tiempo para cambiarse porque estaba con pantalones cortos y un top y dice, un año después, que los policías aceptaron a regañadientes.

El papá es un hombre al que no vamos a conocer. Muy presente en las palabras de Hebe pero ausente en el tiempo que ella pasó en prisión y en sus visitas al juzgado porque tiene que trabajar. Primero evangélico, luego alcohólico, luego evangélico de nuevo. Es el hombre que le pidió a su única hija que no tuviera malas compañías, el que sacó a su familia un año y medio de su colonia para huir de la violencia, el mismo que golpeó a sus hijos durante esos años.

Durante la detención, un policía advirtió a Hebe que se preparara, que allá iba a hacer frío. Allá era la cárcel. “Ta' güeno”, le respondió antes de ir a su cuarto a ponerse unas mallas, una camisa de manga larga, unos vaqueros y calcetines. En su habitación, se dio cuenta de que su hermano pequeño, cuya presencia los policías no atisbaron, la observaba.

—¿Qué te pasa? Dormite.

—¿Para dónde vas? ¿Por qué te estás cambiando?

Hebe abre la puerta y le señala al policía.

—¿Qué hace ese hombre ahí, vos?

—Ya voy a venir.

—¿Para dónde vas?.

—Ya voy a venir.

Hebe no volvió.

Hebe pasó frío.

Cuatro años antes de pasar frío, cuando tenía 14, Hebe y su hermano mayor, –acusado por El testigo de otro asesinato y agrupaciones ilícitas, pero absuelto–, tuvieron que abandonar la escuela pública donde estudiaban, porque estaba en la parte alta de su colonia, territorio de la Mara Salvatrucha. Como consecuencia, su padre se llevó un año y medio a la familia a vivir a otro lugar. El barrio en el que la familia ha vivido casi toda su vida es parte de uno de los municipios históricamente más peligrosos del área metropolitana de El Salvador.

En El Salvador es complicado entrar en centenares de barrios. El lema 'Ver, oír y callar' se respeta en los barrios y se rompe fuera de ellos. Hebe cambia tres veces el punto donde la vamos a recoger para la entrevista, cerca de su colonia. Desde que la conocimos, el pacto fue hablar fuera de su municipio, no quiere que entremos en su colonia. No quiere que la vean con desconocidos.

La localidad donde vive fue parte del grupo de 18 municipios que, en 2013, cuando el Gobierno pactó una tregua de fin a la sangre con las pandillas, fue declarado libre de violencia. Un eufemismo para decir que las pandillas no se iban a agredir ni entre sí ni a nadie en ese territorio.

Seis meses duró la espectacular bajada de homicidios –que redujo a menos de la mitad la cantidad de asesinatos en El Salvador, que estaba entre los tres países más violentos del mundo–, hasta que un gobierno acorralado por haber ocultado su papel principal en la negociación y un creciente número asesinados de las dos pandillas debilitaron la tregua. Aunque se sumaron instituciones internacionales y otras pandillas de menor peso a las reuniones, de poco sirvió. El gobierno siguiente enterró la tregua. Desde entonces, es el país más homicida del mundo.

—¿Qué cambió en la colonia para que después pudieran regresar?

—No cambió nada —dice.

Hebe regresó a su colonia porque, dice, no tenía sentido que pagaran un alquiler cuando tenían una casa en propiedad. Ella tuvo que terminar los estudios básicos y parte de bachillerato en un colegio privado, en la parte baja de la colonia, creado por maestros que antes trabajaban en el colegio de arriba, donde su hermano pequeño sí pudo seguir estudiando. Dice que pandilleros de la Mara Salvatrucha llamaron a su papá para que ella no volviera a subir. Menos aún cuando los contrarios, como ella dice, se enteraron de que su novio era 18.

Un 28 de diciembre de 2016, dos años después de regresar a la colonia, dos meses después de empezar a salir con El testigo, tras la pelea con su papá, terminó con Hebe mudándose a casa de su novio, El testigo. Sus papás dejaron de hablarle los dos primeros meses de 2017. No querían que estuviera con él, pero continuaron pagando sus estudios. Después, cuando El testigo se reunía en su casa con sus pandilleros, ella dice que solía irse a la casa familiar. Sus padres cedieron ante la relación.

Ella pasó mucho tiempo sola en la casa de su marido, que es como se refiere a su novio. El testigo compraba la comida y, ella aprendió a cocinar para dos, nunca para los pandilleros visitantes. “No era la chacha [empleada doméstica] de nadie, solo de él y mía”, dice Hebe dos años después.

Dice que no hizo favores ni trabajos para el Barrio 18 Sureños, pero El testigo le daba unos 30 dólares diarios para comprarse lo que ella quisiera. El dinero lo guardaba su mamá. Al mes eran 750 dólares, más del doble del salario mínimo de El Salvador. Su hermano mayor llegaba a visitar y a fumar marihuana con El testigo. A cambio, posteaba –avisar si llega la Policía–.

La novia aceptó dinero de la pandilla para vivir, la madre guardó el dinero de su hija que provenía de la pandilla, el hermano hizo favores a la pandilla, el padre toleró la relación de su hija con un miembro de la pandilla. En una sociedad violenta, la pandilla es una cosa y la gente es otra. En esta familia, todos se sienten ajenos al Barrio 18 Sureños, pero la relación existe porque los límites no están definidos.

El tatuaje

El testigo tenía una memoria privilegiada, aparentemente. Contó cómo entró en 2007 a la pandilla y cómo fue creciendo su clica –célula local pandillera–. En su declaración, recordaba en qué año conoció a cada uno de los pandilleros y colaboradores, como Hebe. Describió altura, peso, marcas, tatuajes y razón por la que los conocía, desde qué año estaban con la pandilla y cuál era su función. De cada uno de los 76 acusados por la Fiscalía. Una memoria infalible, pero de casi todos, solo dijo saber sus apodos.

Diez años después de convertirse en 18 sureño, El testigo vendió a toda su clica y a presuntos colaboradores acusándolos de asesinato. También vendió a su novia por presuntamente ayudar a asesinar al hombre de la mochila negra, en 2014. Pero a lo largo de tres gruesos archivadores, El testigo nunca dijo que Hebe fue su novia. Es ella quien dice hoy que “anduvo acompañada” por él.

Para entender el funcionamiento, la jerarquía, y el territorio que controla una estructura pandillera, El testigo criteriado tiene que haber estado dentro de la organización criminal. Por eso, la Fiscalía salvadoreña lleva más de una década apoyándose en este tipo de informantes.

El problema es que en decenas de casos, como sucede en el de Hebe, El testigo interesado en obtener reducción de condena y beneficios especiales, es la única fuente de información. La institución no contrasta los datos que obtiene y muchos casos se caen antes de llegar a juicio por falta de pruebas. Como ocurrió con Hebe, absuelta por un juez.

“Hay muchos casos en los que no se verifica la información”, admite la fiscal Echeverría, experta en pandillas. Pero exime de culpas a su unidad y responsabiliza a la institución que les nutre de pruebas. “El problema es la investigación de la Policía Nacional Civil; muchas veces en aras de sacar de circulación [de las calles] a cualquiera, ha creado perfiles delincuenciales de personas que no pertenecían a pandillas. Ya hemos tenido casos delicados, se ha procesado a personas inocentes”.

“Se interroga al testigo en el sentido de que describa a la persona, manifestando que es de estatura 160, color de piel blanca, color de ojos no recuerda, cabello color negro, de textura algo acolochado [rizado], de complexión física algo delgada, agregando que no conoce el nombre, pero conoce el alías, Hebe. Así mismo se formulan las siguientes preguntas: ¿Posee marcas? No, ¿Posee tatuajes? No, ¿Posee lentes? No”.

                                                                 Reconocimiento en rueda del testigo a Hebe

El 12 de diciembre de 2017, Hebe y su hermano lograron la libertad provisional. Para ese momento, por un fallo de la Fiscalía, en su expediente solo constaba el delito de agrupaciones ilícitas, ya no el de homicidio. Las mujeres representan el 10% de todos los capturados en El Salvador en los últimos seis años. Aunque no es un delito estrictamente vinculado al fenómeno pandillero, agrupaciones ilícitas es el segundo delito más cometido de todos los detenidos entre 2012 y 2017, los años más sanguinarios de las pandillas.

Entre los documentos que sirvieron para evidenciar que no iba a huir del país, el abogado de Habe presentó su cuaderno de ciencias naturales de bachillerato y un diploma de participación y constancia de buena conducta emitido por el centro de estudios de la iglesia evangélica a la que asiste.

A la hora del almuerzo de un día de julio de 2018, Hebe no come nada. No aparenta nervios, solo no quiere comer en el restaurante al que la llevamos para conversar. No suelta el móvil aunque no va a hablar por teléfono. La hija de la madre seria y evangélica aparenta la misma seriedad en versión juvenil. Pero es apariencia. Con su dulzura posadolescente, Hebe habla mucho cuando tiene ganas de charlar.

—¿Qué crees que buscabas en el malo?

—Como la rebeldía que quería, porque iba enojada con mi papá. Quizá después de acompañarme [por mi novio] fue... no sé… Siento en mí que me podía defender sola, me metí en problemas en la colonia y jamás le dije nada.

Hebe habla dulcemente de las tres veces que se metió en problemas por él. Fue por celos, dice, porque él estaba con ella. Y con otras tres. No callaban la relación con El testigo. Le hablaban para advertirle de que cada una de ellas era la novia real.

Hebe estrelló el teléfono del novio contra la pared tras encontrar fotos con otra.

Agarró a una mujer del pelo y le dio una paliza delante de él. Empujó a otra más por las gradas de una cancha de fútbol.

Pícara, dice que dejó dos veces a su novio. Días antes de la definitiva, poco antes de ser detenida, El testigo llamó a Hebe. Ella salió de casa de su mamá y fue a la casa de él. Eran las dos de la tarde, estaban solos. “Te tengo una pregunta”, le dijo él antes de echarse a reír. “¿No me tenés miedo?”, le preguntó.

“No, no te tengo miedo”, recuerda hoy que le respondió, muy extrañada. No entiende por qué le hizo esa pregunta. “Porque pa' fuera, él lo sabía todo, un machito y así, pero conmigo en la casa por cualquier cosa lloraba, bien chillón, bien fresón”. Por qué le iba a tener miedo, se pregunta en voz alta mientras manosea su celular.

Cuando en junio de 2017, Hebe fue detenida, la Policía le preguntó si conocía al asesinado, al dueño de la mochila negra, enterrado en un barranco en 2014. Dice que no tenía idea de quién era ni uno ni otro. Le preguntaron si “hizo favor” a los tres asesinos para que lo mataran. Dijo que no. Fue su papá, cuando ella estaba en las celdas policiales, quien le dijo por teléfono quién era el muerto.

Esta historia de muerte y amores muestra vidas paralelas, no convergentes. Al cruzar el expediente del caso y el relato de Hebe, El testigo es y no es novio. Solo existe un detalle en el que están de acuerdo: el por qué del asesinato en el que la involucró. “Lo mataron porque andaba bolo y empezó a gritarle a todos los bichos [jóvenes] de ahí”, dice Hebe que le contaron en la colonia.

***

El 16 de agosto de 2018, Hebe se levanta a las cinco de la mañana sin saber que va a enfrentarse al hombre vestido de verdugo, El testigo. El abogado le insiste en que pregunte al testigo. No quiere, está indecisa, pero pensándolo bien, ella sabe cómo probar, con una sola pregunta, que El testigo miente:

—¿Tenés un 18 en el pecho?

—Volveme a repetir la pregunta.

—¿Tenés un 18 en el pecho?

—Sí.

—Gracias, eso es todo.

El día en el que todos los acusados salieron libres es el mismo en el que Hebe se convirtió públicamente en la novia negada del pandillero que vendió a los suyos.

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Este reportaje forma parte de la serie 'Las colaboradoras', un proyecto periodístico sobre el papel actual de las mujeres en las pandillas de Centroamérica. Una iniciativa de El Intercambio financiada por Internews.El Intercambio Internews

Texto: Elsa Cabria, Ximena Villagrán y Rosario Marina / El Intercambio

Fotografías: Oliver de Ros / El Intercambio

Edición: Alberto Arce

Dos niñas miran una piscina sin gente. Están en una parte de la ciudad que no conocen. Impacientes, sueltan las bolsas de plástico que contienen su ropa seca sobre una hamaca de rayas amarillas y blancas. Acaloradas por el abusivo sol de las dos de la tarde en San Pedro Sula, saltan sobre el suelo ardiente.

No tienen bañador. Se meten en el agua vestidas con sus camisetas y sus pantalones cortos. Até, blanca, de pelo liso y labios gruesos, con el cuerpo de mujer a medio hacer, agarra rápido el salvavidas. Asteria, morena, de pelo rizado y ojos y nariz pequeños, da tres largas brazadas para llegar cuanto antes al borde. Su margen de acción es pequeño. Piden aprender a flotar.

Até mira al cielo. Acostada. Solo tiene que dejar que el peso de su cuerpo haga caso a la gravedad para mantenerse a flote pero nadie le ha explicado que eso sea posible. Asteria tampoco lo logra. Tercas y sonrientes, lo intentan varias veces. En dos horas, apenas salen del agua para comer pizza. Al menos por una tarde, en esta piscina privada, protegidas de las miradas, parecen felices de tanto fallar.

La profundidad de Honduras siempre es relativa. Para quienes no pasan de metro y medio y no saben nadar. Para niñas obligadas a dejar de serlo antes incluso de salir de sus propias casas. Para jóvenes atrapadas en remedos de familia y en el puñado de calles que limitan sus vidas. Para todas ellas hay muchos lugares en los que parece imposible tocar fondo. Este estanque trasero de hotel colonial en zona pudiente es solo uno más. Pero aquí, hoy, equivocarse, para su sorpresa, no tiene consecuencias.

La situación es improbable, completamente artificial. Durante unas horas, la posibilidad de dar una versión de su propia historia es su pasaporte a la palabra. A la posibilidad de expresarse sin la presencia, constante, de una violencia que fermenta bajo el calor agobiante de las casas de techo de lámina donde viven ancladas en una pobreza abyecta, sometidas a la presión de balas que vuelan a diario, de un barrio lleno de fronteras mortales.

El pozo de donde Até y Asteria salieron durante un día se llama Cerrito Lindo. El dueño del lugar es un tipo flaco y larguirucho de 19 años que lleva el pantalón amarrado por un cinturón, una camiseta blanca de tirantes que le queda enorme y kilos de joyería: aretes, anillos y cadenas doradas con colgantes. Es su forma de mostrar autoridad. Até y Asteria, como todo lo que las rodea, le pertenecen a ese dueño. Se llama Mortal. Es el palabrero, o líder local de la célula del Barrio 18, la segunda pandilla más violenta de Latinoamérica, solo superada por la monumental Mara Salvatrucha.

De su boca, con dientecitos muy deshechos, salen pocas palabras. Se muestra tan amable como cauto. Mortal no cree que las mujeres, lo que tengan que decir, importe demasiado. Y gracias a esa minusvaloración del hombre hacia la mujer, hacia sus opiniones y sus vidas, ellas pueden expresarse –al menos hoy– y nosotras podemos entender qué papel juegan estas niñas, ya mujeres forzadas, en la pandilla.

A diferencia de El Salvador y Guatemala donde, desde principios de los 2000, las mujeres solo pueden trabajar sin posibilidades de ascenso dentro de la estructura criminal, Honduras es el último país de Centroamérica en el que las mujeres aún pueden ser pandilleras. Incluso jefas.

En Honduras la opción de ser lideresa es real.

Até y Asteria hoy son civiles –sin vínculo teórico con la pandilla–, pero colaboraron desde los 10 años con el Barrio 18. Tienen 15. Una colaboradora, o paisa –como solo las llaman en Honduras–, comienza vigilando las esquinas, pide y cobra extorsión a negocios, reparte comida a los homies –que es como se conoce a los hombres en la pandilla– cuida a los enfermos o baleados. Convertirse en lideresa llega mucho más tarde.

Asteria y Até pensaron en ser pandilleras, pero no pasaron de colaborar. Hace más de un año que ambas decidieron salirse del Barrio 18, una pandilla en la que formalmente nunca entraron, a la que en la práctica siguen totalmente vinculadas.

—¿Alguna vez les tocó matar a alguien?

Dos segundos de silencio.

—Eso no se dice, es algo muy íntimo, eso no se cuenta —dice Asteria en nombre de las dos.

El resto, matar o convertirse en lideresas, llega mucho más tarde. Quizás por eliminación. Si la familia fuese una pandilla, el rol de las paisas sería el de madres o esposas. Una etapa liminal, dicen los antropólogos. Un escalón intermedio entre no ser nadie y ser parte de la pandilla. Esa es la etapa que Até y Asteria viven bajo las indicaciones de Mortal.

El Gobierno hondureño sabe poco sobre pandillas y poquísimo sobre mujeres pandilleras. En general, solo conoce qué grupos operan en el país. Y en particular sabe que en el Barrio 18 hay mujeres cobradoras de extorsión. La Policía persigue a niñas como Até y Asteria. La autoridad policial necesita de etiquetas fijas para posicionarlas: cobradora de extorsión, informante de la pandilla, mujer de pandillero. Nadie menciona la posibilidad de liderazgo. El desconocimiento simplifica.

Las calles de las pandilleras

—¿Es común que las mujeres se metan en la pandilla?

—Sí —responde Mortal.

Cerrito Lindo está en el inmenso sector Rivera Hernández, uno de los barrios más grandes de San Pedro Sula, la ciudad más homicida del mundo hasta 2015 y ahora en el tercer puesto en la lista. Dentro del sector Rivera Hernández hay más de 100 colonias y asentamientos como este. Lugares bravos que evitan los sampedranos que sí pueden permitírselo.

Igual que la efectividad de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado es mínima, su perspectiva sobre lo que sucede en su propia ciudad es muy limitada. En 2015, seis pandillas se disputaban el sector. Tres años después, los vecinos dicen que ya son ocho. No es solo un polvoriento desorden de calles planas y casas de adobe, de pequeñas tiendas, de pulperías [establecimientos de alimentación]. Es un territorio en guerra.

Cerrito lindo es uno de los bastiones de la pandilla Barrio 18. Todos acá se saben bajo el dominio de Los números y, de alguna forma, en contra de la Mara Salvatrucha 13, MS o Las letras. Sus habitantes también temen a los Vatos Locos, –esa pandilla formada a raíz de la película Blood In Blood Out, de Taylor Hackford–, a la banda de los Olanchanos, a la pequeña pandilla de sicarios Los Tercereños, a los recién fundados Terraceños y a otro puñado de bandas y pandillas que se entienden entre sí con el lenguaje de los bandidos: los tiros.

Cerrito Lindo, el barrio de Asteria, Até y Mortal, debe su nombre a un suceso anodino. Acá hubo un cerro. Uno pequeño. La gente que invadió este territorio hace más de 40 años destruyó el pequeño montículo y en su lugar construyeron casas con lo que encontraron: plástico, bambú, barro. Con los años, añadieron ladrillos y cemento comprados en su mayor parte con remesas provenientes de Estados Unidos. Por el extinto montículo, lo llamaron Cerrito Lindo.

Este barrio tiene 0,08 kilómetros cuadrados, casi el mismo espacio que ocupa el estadio del Real Madrid. En ese lugar hubo 58 homicidios entre 2013 y 2017, según datos de la Secretaría de Seguridad de Honduras. Casi uno al mes. En el lugar conocido como Rivera Hernández, del que forma parte Cerrito Lindo, se registraron 224 homicidios en ese mismo periodo.

**

Para llegar a Asteria y Até, tuvimos que hablar con su dueño. Eso significa llegar a Mortal. En Cerrito Lindo, todos le rinden pleitesía. Vecinos y pandilleros. Mortal determina con precisión en qué lugares podemos tomar fotos y en qué calles caminar. Todo es suyo. Se lo ha ganado a fuerza de sangrar y hacer sangrar.

Para que Mortal llegara a ser Mortal, primero mandaron Luchador, El Virus y El Malvado en la comunidad. En ese singular orden de nombres, pasaron los últimos cuatro líderes de la célula local del Barrio 18.

Mortal, que entró en la pandilla cuando apenas tenía diez años, cayó preso dos veces. Una fue pocos meses antes de que lo conociéramos, pero logró escaparse del centro de menores en el que estaba. Estuvimos con él en julio de 2018 y, en septiembre, volvió a la cárcel. Ahora un tipo con apodo de signo del zodiaco manda en Cerrito Lindo. Se llama Escorpión.

Las labores de jefe de clica, que es como llaman a su célula, la unidad más pequeña de una pandilla, no siempre son tan trepidantes como uno imagina. Pueden incluso ser aburridas, de una burocracia tan básica como repetitiva. El grupo de Mortal mata el tedio con cerveza, marihuana y cocaína frente al portón negro de una casa. Algunos están tan borrachos que les cuesta tenerse en pie. A Mortal no. Él no toma, no fuma, no se droga. Su vicio es ejercer el poder absoluto sobre este pedazo de tierra olvidada.

Sentados en el porche de un vecino al atardecer, le preguntamos sobre un tema extraño para él: las mujeres en su pandilla. No tiene el discurso preparado. Responde que son como los hombres. La diferencia son las razones de ingreso. “Ellas [se meten], a veces, por problemas en la familia, o por seguir a un homeboy [pandillero]”.

Las alusiones, demasiado obvias. Las mujeres, dice, “son traicioneras”. Los amigos celebran sus bromas y encienden, locuaces y entretenidos, sus cigarrillos. Hasta que irrumpen dos adolescentes confianzudas, con camisetas cortas, el pelo recogido, los labios rosas y los ojos delineados. En medio de la oscuridad de las seis de la madrugada, se hace el silencio hasta que cruzan el portón y se acercan al porche de la casa. 

Así es como conocemos a la Asteria de pelo rizado y ojos encendidos. A la Até, de pelo lacio y mirada apagada, pero pícara. Proponemos poner dos sillas más para hablar todos juntos. Pero los pandilleros nos dicen que entremos con ellas a la casa. No tienen interés en lo que hablemos con las niñas. Los hombres, fuera. Ellas, dentro. Mortal les cede el uso de la palabra.

Asteria y Até no son sus nombres. Es un artificio para ocultar su identidad. Sustituir sus nombres por unos convencionales es un riesgo porque podrían coincidir con los de otras jóvenes de similares características. Hay muchas mujeres con historias parecidas en este barrio. Cada una arrastra su propia mitología. La de su propia supervivencia.

Até es la personificación griega del arrojo y la irreflexión y Asteria es la hija de una guerrera perseguida por Zeus. Ambas son quienes avanzan sin pensarlo demasiado, en el combate y huyendo del resto de pandillas, de la Policía, siempre de alguien.

Si esa huida no se trunca, Asteria y Até, por haber nacido en San Pedro Sula, en un lugar controlado por las pandillas, llegarán a ser Artemis.

Artemis es una mujer flaca, brava y de piel oscura que roza los 40. Dirige un embrión de pandilla, que aún no tiene nombre, en una zona rival a solo unos kilómetros de donde Mortal impone su palabra.

Esta lideresa de un grupo de jóvenes que intentan ser pandilleros no se llama Artemis, pero ocultaremos su nombre con el de otra diosa griega. Una madre protectora de sus criaturas salvajes. De sus muchachos, de su propia pandilla.

Artemis, una mujer a la que la pobreza le ha deteriorado el rostro, no sería lideresa si su vida no hubiera comenzado como las de Até y Asteria. Artemis, de cabello desteñido, manos maltratadas de tanto lavar con detergente y pies callosos de tanto caminar sin zapatos, también se parece a Mortal. Artemis y Mortal son versiones diferentes del mismo problema. Son, además, los espejos en los que Até y Asteria se ven a sí mismas.

Las dos niñas fuman marihuana, beben, se meten cocaína y son parte del Barrio 18 desde los 10 años. Até y Asteria se conocieron en la calle, donde pasan el tiempo. Si algo se le parece a una familia en sus vidas es la pandilla. Asteria se lleva mal con su papá, vive extrañando a su mamá, que murió cuando tenía 10 años, y tiene un hermano en la pandilla.

Até también tuvo familia pandillera. Su padre fue miembro de una de las primeras pandillas de San Pedro Sula: el Barrio Pobre 16, un número neutro entre las dos pandillas más fuertes de Centroamérica, el Barrio 18 y la MS-13. El 16, número del que desciende Até, la vincula a través de líneas paralelas a Artemis, la protectora de las criaturas salvajes de varias manzanas más allá. Ella también perteneció a esa pandilla.

A Até su madre la abandonó cuando era una bebé. Su padre, el pandillero del Barrio Pobre 16, fue asesinado cuando ella tenía tres meses. Se crió con sus tías y su abuela. A los 14 años, Até quedó embarazada de un pandillero que no era su pareja en ese momento y tampoco lo es ahora. Notó su embarazo a los tres meses, cuando la barriga comienza a llevarse mal con los cierres de los pantalones.

Hablar de su hijo le incomoda mucho. Con las piernas cruzadas delante de la puerta, responde con silencio cuando insistimos en hablar sobre su maternidad. Solo admite con desconfianza que el bebé fue la razón para que dejara de ser paisa.

Para Asteria, salirse de la pandilla fue como una revelación. Cuando estuvo presa, por su presunta participación en el asesinato de un hombre, no podía dormir por las noches. Tenía miedo de estar sola, añoraba a una madre fallecida cuatro años antes como si acabara de morir. Dos meses después de entrar en la cárcel, un pastor evangélico le dijo que no iba a perder ese miedo a dormir sola mientras no se apartara del Barrio. “Yo decía: 'Nunca me voy a salir del Barrio, voy a morir por el Barrio”, explica Asteria. Pero se puso de pie hasta las 12 de la noche en la puerta de su celda, pensando en las palabras del pastor. “Y no me dio miedo”.

—Con esto de que no te sentís mamá, cuando lo ves, ¿qué pensás?

—Le pega en la boca. De puro gusto le pega. Qué madre más desmadrada —dice riéndose Asteria ante el silencio pícaro de Até.

Mientras Asteria charla sobre cómo es su amiga cuando hace de madre, pasa un gato y Até lo golpea, aplastándolo bruta, permitiendo su huida. Até pretende certificar las palabras de su amiga, haciéndose la dura, insinuando que es justo así, como a un animal ajeno, como ella trata a su bebé. Se ríen como locas.

Los problemas de la pandilla

—¿Cuáles son los problemas más frecuentes que tienen, ustedes los líderes, con las mujeres?

—Es que ellas son más sentimentales, así que ellas por amor pueden traicionar la pandilla — dice Mortal.

En Cerrito Lindo, la Policía pide la partida de nacimiento –el único documento de identificación para menores de edad en Honduras– a muchas niñas que, como Até y Asteria, no la tienen. De forma recurrente, los agentes buscan un argumento para detenerlas e interrogarlas sobre la pandilla con la que se mueven, el Barrio 18. Por eso, dicen ellas, es mejor que la Policía no sepa quiénes son.

En los últimos cinco años, los tres delitos por los que la Policía ha detenido a más mujeres son lesiones, posesión de droga y extorsión. El rumbo de las detenciones policiales de mujeres cambió en 2015, el año en que la extorsión se convirtió en centro del trabajo policial. La Policía detiene cada vez a más mujeres colaboradoras por asociarse con los criminales.

La Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNA-MP) –integrada por la Policía, el Ejército y la Fiscalía de Honduras– opera desde 2013 y es común que sus policías entren para hacer allanamientos en el sector Rivera Hernández, donde vive Até, y donde Asteria fue detenida a principios del año pasado y, según relatará después, golpeada.

En los últimos cinco años, la institución fue denunciada 60 veces ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; cinco de ellas en Cortes, el departamento en el que está el sector Rivera Hernández, sobre todo por abuso de autoridad a la hora de detener presuntos pandilleros.

—Si los policías llegan, uno se les tiene que esconder, uno tiene que correr —dice Até.

—¿Pero te van a hacer algo?

—Sí. A veces ellos abusan.

A principios de 2017, un día después del asesinato de un hombre en el que se implicó a Asteria, la FNA-MP derribó los dos portones de la casa de Cerrito Lindo en la que ella estaba con un grupo de homies. Asteria dice que los agentes de la FNA la pusieron contra la pared y la golpearon en las manos y las nalgas con una rama de árbol. “Empiecen a rezarle a Dios porque se van a morir”, dice que les dijeron.

A Saúl Morales, portavoz de la FNA-MP, no le coinciden las denuncias registradas con las que cree tener. “Muchas, muchísimas, como 300 denuncias. Yo he recibido tantas que no las puedo contar”, dice este joven agente de pelo cortado a cepillo, que pide no ser fotografiado. Cuando se le pregunta por el caso de Asteria, no se muestra sorprendido. “A veces se nos ha ido la mano”, admite, como si fuera lo más normal, al hablar de la brutalidad policial. “Si ha sucedido, nos hemos dejado llevar por el momento”.

La piscina del hotel

—¿Podemos llevar a las niñas mañana a la piscina?

—Sí, no hay rollo [problema]. Delen —contesta Mortal.

Las niñas del barrio tienen pocas opciones para divertirse, menos aún si son pandilleras. Jugar al fútbol es uno de los pocos entretenimientos de la zona, pero las competiciones están restringidas a los sectores que cada pandilla domine. Si un joven es de una zona dominada por el Barrio 18, solo puede jugar en otro barrio de dieciochos. Y si es mujer, su diversión se complica más: para las que viven en zonas de la 18, solo existen cuatro equipos con los que jugar.

Até y Asteria no tienen dinero para comprarse zapatos de fútbol y tampoco tienen su acta de nacimiento a mano. Ambas cosas son necesarias para inscribirse en el torneo. Por burocracia, por dinero y por muchas y desiguales razones, buena parte de la diversión de Até y Asteria se llama violencia.

Para ser pandillero, hay que recibir una paliza. Se llama brinco. El brinco lo dan los futuros compañeros del golpeado. Si es para ingresar a las filas del Barrio 18, son 18 segundos. Así consiguen un apodo, que se llama taca, y tiene mucho que ver con la personalidad de cada quien. Si usáramos la metáfora del brinco como un nacimiento –simbólicamente lo es– la adjudicación de la taca sería un bautizo. Ahí la explicación de por qué Mortal es Mortal.

En Honduras, si son hombres, serán golpeados por tres hombres. Si son mujeres, serán dos mujeres y un hombre los que las golpeen. Este ritual de paso implica, en sus códigos, un gran honor –no hay pandillero que olvide su fecha y sus padrinos, el día que adquirieron su poder y su estatus–. Mortal dice que no hay diferencia entre las funciones o el rango al que pueden aspirar pandilleros y pandilleras.

Si Asteria y Até se hubieran brincado, en teoría habrían podido aspirar a un puesto como el de Mortal, aunque en su zona no hay ninguna mujer liderando una pandilla oficial. Porque lo que lidera Artemis, aunque se parece, todavía no es una pandilla. Pese a que hace un año que estas niñas dicen haberse apartado del Barrio 18, cada noche los buscan, les hablan, ríen con ellos, les piden cosas y se dejan pedir.

—Porque ante los ojos de Dios y del Barrio todos somos iguales —dice Asteria.

—Ni uno se mira más, ni una se mira menos —responde Até.

—Porque todos la rifamos igual —exclama Asteria.

—La rifábamos —puntualiza Até.

—La rifamos todavía —ríe Asteria. —Damos la vida por el Barrio —confirma.

—¿Qué implica para ustedes ya no estar en el grupo?

—Estamos cagadas [con miedo] —responde con seriedad Até.

La extorsión es un delito vinculado a las pandillas: extorsionan para sobrevivir, malvivir y comprar armas. Un delito por el que los pandilleros son acusados también de terrorismo. En Honduras, el aumento de presos por este delito entre 2016 y 2017 fue muy alto: pasó de 350 personas a 1.103. En el caso de las mujeres, en cinco años hubo un aumento del 47%, pasando de 219 a 321 presas.

Durante los últimos tres años, las dos niñas se dedicaron a extorsionar para el Barrio 18. Un día por semana, visitaban pulperías, pedían entre 100 (4 dólares) y 500 lempiras (20), según el tamaño del negocio. Algunos propietarios cerraban para evitar pagar lo que se llama impuesto de guerra. El costo de cerrar o no pagar puede ser muy grande: el asesinato. Ellas tenían que dar la recaudación completa del día a la pandilla. Si faltaba una lempira, iban a ser “corregidas”. La corrección significa recibir una golpiza. Lo más parecido al brinco que iban a experimentar.

Las niñas dicen que ya no trabajan para la pandilla, pero le hacen favores. Un favor puede ser cualquier cosa. Un favor puede ser hacer gratis exactamente lo que hacían antes por un salario variable de 20 dólares semanales. Ellas se reivindican como independientes. Dicen que odian que cualquiera, en general, les mande, sobre todo Asteria. Pero están dispuestas a hacer muchas cosas por el Barrio 18. Porque quieren. Estar cerca, dentro o fuera parece casi lo mismo.

—¿Qué es hacer un favor cuando ya no estás obligada?

—Si uno quiere, me dice: “Mirá, andá a traer tal cosa”. Si yo quiero, voy a ir. Si no, no voy —dice Asteria con vehemencia.

—Pero usted sabe que si una puede hacer un favor, siempre lo va a seguir haciendo —matiza Até un minuto después.

—Y cuanto más va haciendo uno, más se va involucrando.

—¿Por qué creen que si ya no son paisas confían en ustedes?

—Cuando yo me salí, les dije: “Cuando yo pueda, les puedo tirar esquina [vigilar], mover esto o comprar esto” —dice Até.

—Siempre hay una parte activa hacia la pandilla, solo que no somos nada. Si caemos en la cárcel por algo del Barrio, somos tiraesquinas [vigilantes] nada más, no tenemos derecho a nada del Barrio.

—¿Pero hacerles favores sin el salario de antes?

— ¡Ah! Pero nosotras los extorsionamos —añade Até, a carcajadas.

Extorsionar como sinónimo de pedir. Unos lempiras, un porro, cocaína, una cerveza, algo de comer, un lugar donde dormir. Seguir formando parte de algo, de una familia, de una ruta, de una senda directa hacia la nada, hacia un futuro que, de llegar, será parecido al de Artemis.

La enemiga del Barrio 18

—¿Las mujeres pueden ser líderes, como ustedes?

—Sí, sí ha habido. Ahorita no, están presas, pero si ha habido locas que han sido pesadas. Congras [líderes mujeres], pues —defiende Mortal. 

En el mismo sector de San Pedro Sula, en el sector Rivera Hernández, a 10 minutos de Cerrito Lindo, está el lugar donde Artemis trata de proteger a su grupo de criaturas salvajes a medio cocer entre la pandilla y el grupo revoltoso de amigos violentos. Es su matriarca. Les enseña el deber ser del pandillero. Los instruye para la guerra, guarda sus armas y les corrige cuando fallan. Pero también los cuida. Los alimenta y les cura las heridas. Si logra convertirlos en pandilla se protege a sí misma. Le está costando.

La vida empujó a Asteria y Até a la pandilla desde la familia, ausente y disfuncional. Para Artemis todo empezó en algún lugar similar, buscando compañía y protección. En sus múltiples amores con pandilleros de todas las castas y pelajes. La historia para ellas es una serie de repeticiones con nada de farsa y mucha tragedia.

Antes de estar al frente de este grupo de niños armados, Artemis fue como Asteria y como Até. Una chica flacucha y avispada, con una familia muy pobre para la que suponía una carga. Salió embarazada a los 17 años de un miembro respetado de los Vatos Locos, esa pandilla inspirada por Hollywood. Y desde entonces ha tenido un azaroso vía crucis por varias pandillas del Rivera Hernández.

Una vez destruida y disuelta su pandilla original, la Barrio Pobre 16, la que compartió con el padre de Ate, también colaboró con el Barrio 18. Caminó con ellos, les ayudó, llevó recados, les dejó entrar en su casa y en su cuerpo. Pero a los suyos los mataron. Terminó el Barrio Pobre 16 y el Barrio 18 fue exterminado de esta colonia. Ella se salvó.

Cuando las demás pandillas empezaron a acercarse a reclamar el territorio, Artemis, en lugar de huir o morir, aprendió a sobrevivir. Su opción fue ayudar a un grupo de niños y adolescentes a organizarse en lo que ella conocía tan bien: la pandilla. Desde hace dos años, bajo su dirección, protección, experiencia, una desarrapada mezcla de jovencitos pelea contra el Barrio 18, la Mara Salvatrucha 13, los Vatos Locos y toda pandilla o autoridad que asome las narices por las pocas calles y callejones que ellos controlan.

La lucha por el territorio también incluye a la Policía, para ellos, un agresor más. Cuando Artemis habla de la Policía, cuenta cómo en varias ocasiones han entrado a sus casas disparando y amenazando. Cómo los policías corruptos se llevan objetos de dentro de las casas porque, supuestamente, son robados. Para muchos, no son tan diferentes a los criminales. Pero lo que más le preocupa de los policías no es el robo. Es que cuando los agentes capturan a sus muchachos, dice, siempre los torturan.

De Artemis dependerá si se vuelven un grupo más en el panorama salvaje de la ciudad o si se disolverá y cada quien huirá por su lado. Por el momento se contentan con vender pequeñas porciones de cocaína de mala calidad y dispararse casi a diario con miembros de la MS13, que también quieren gobernar el pequeño territorio.

Tres mujeres. Un mismo rumbo. Até y Asteria chapotean en la cola, tratan de salir a flote en un barrio que es un lodazal violento. Artemis sobrevive por eliminación, a modo de cabeza visible de una hidra en guerra, que cualquier día puede ser cortada, sacrificada, eliminada por los hombres de Mortal, en otro barrio violento.

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Este reportaje forma parte de la serie 'Las colaboradoras', un proyecto periodístico sobre el papel actual de las mujeres en las pandillas de Centroamérica. Una iniciativa de El Intercambio financiada por Internews, en alianza con el antropólogo salvadoreño experto en pandillas Juan Martínez D’aubuisson.El Intercambio Internews

Texto: Elsa Cabria, Juan Martínez D’aubuisson y Ximena Villagrán / El Intercambio

Fotografías: Oliver de Ros / El Intercambio

Edición: Alberto Arce / El Intercambio

En la historia de esta familia nicaragüense se resume el catálogo de crímenes de lesa humanidad por los que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo puede acabar sentado ante la justicia internacional.

En casa de la familia Valle hay una silla vacía desde el 14 de julio. Y no siempre es la misma. La casa de la familia Valle en Managua es una cárcel en la que una madre, sus dos hijas y su hijo esperan a que un día la policía eche la puerta abajo y los lleve como ya ha llevado a cientos. No quieren huir. No pueden. No mientras el padre siga encerrado en el penal del Chipotle. Alguien tiene que llevarle la comida y recordarle los martes, aunque solo sea durante media hora, que no está solo. Que siguen allí. Juntos en la lucha contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Rebeca Montenegro, la madre, siempre se levanta la primera. Apenas termina de lavarse y tomar café, pone carbón en una estufa. El sol de la mañana irrumpe en el patio. El humo es lo único libre en esta casa. La luz marca su ruta de huida mientras asciende entre las láminas del tejado y un palo de mango. La carne de res se hace a fuego lento hasta ponerse negra, un poco dura. Rebeca la cocina para su marido, Carlos Valle, que cumple más de 100 días preso sin que se hayan presentado cargos en su contra.

Para el almuerzo, alista esa carne, el arroz con chismol, los frijoles y las tajadas y una botella de agua congelada a la que Carlos añadirá algo de cebada para prepararse un refresco. Las dos bandejas de durapax en las que coloca la comida antes de cerrarlas con cinta, a reventar. Escribe el nombre de su esposo con un marcador negro.

Bajo el nombre, tres letras, T.Q.M.

Rebeca está lista para su peregrinación diaria al penal de memoria más oscura del país. A sus 44 años derrocha presencia. Es alta y fuerte. De pelo en moño y cara limpia, elegante en el gesto, no desfallece. Derrocha actitud. Se despide de su hijo David, de 22, remolón y lento, colocho y barbudo. De sus hijas. La recia Elsa, de 19 años, piel mate y pelo largo y muy cuidado. Rebeca, una adolescente de 16, vestida de negro y sin palabras. No puede llegar tarde. La policía deja de recibir la comida con una puntualidad que forma parte del castigo. No sería la primera vez que su marido se quedase sin comer por un retraso. La casa, modesta pero bien organizada, destila firmeza y determinación pero también tristeza, agotamiento, tensión ensimismada y consumo compulsivo de series en el sofá. Van por el décimo capítulo de la quinta temporada de Vikingos.

El taxi, a mano alzada y colectivo, que sale más barato. Durante el trayecto no abre a boca. Todos saben. Al meter la cabeza por la ventanilla y pedir precio ha dicho dónde va.

El Chipote.

Para subir al Chipote hay que agarrar aire y moral. La cárcel de cuanta dictadura ha sido en Nicaragua proyecta su sombra sobre el país anclada desde hace casi 90 años en la Loma de Tiscapa, centro de Managua. Está al final de una cuesta pronunciada. Regada por un chorro de calor.

Prologada por dos escenas en blanco y negro.

En la primera vemos a una mujer joven que reparte bolsas de comida. Viene de la iglesia católica. Algunas de las esposas, madres y hermanas de los presos y presas en la cárcel no tienen suficiente -dinero ni tiempo- para llevar dos tiempos de alimentos al día. La joven apunta el nombre en una libreta de anillas y entrega la bolsa. Escueta, nerviosa, incómoda, ocupada, señala hacia arriba con la mirada y una leve inclinación de la cabeza. “Nos molestan mucho. A veces llegan y nos quitan las bolsas”.

La segunda escena muestra a quienes entorpecen sus vidas. Una docena de hombres sentados sobre un pequeño muro. En las manos, bastones de madera y metal. Cuando Rebeca pasa delante de ellos, cargada y sofocada, los golpean contra el suelo. Toc, toc, toc. Clavan la mirada, perseguidora. Ella no se la devuelve. “Antes era peor, agredían, empujaban, insultaban”, explica ignorándolos. Son la turba. La fuerza de choque del gobierno. Aquí no manda la policía. Mandan ellos, su estado de ánimo, las órdenes que hayan recibido. Pueden hacer lo que quieran con los familiares de los presos.

El último tramo de la subida recorre el pasillo formado por toldos del Frente Sandinista de Liberación Nacional decorados con mensajes alusivos a su paz, la de los francotiradores, entre las fotografías y nombres de dos docenas de policías. Según la propaganda del gobierno esos son los agentes asesinados por los manifestantes de las protestas contra el gobierno de los últimos meses. Según esa misma versión falsaria de la historia, esa turba no es turba. Son los familiares de esos agentes. Rebeca se ríe. “Ya nos conocemos. Son tan familiares de policías como yo. Muertos de hambre es lo que son, que nos agreden por un saco de frijol”.

Frente al portón, silencio e incomodidad. Durante la espera, una a una,se acercan las mujeres, agarradas a bolsas y carpetas llenas de papeles. Sin dejar de mirar hacia la verja y los policías, como si no estuviésemos hablando, mascullan el nombre de su familiar y el tiempo que lleva detenido. Un mes, tres meses, siete meses. Quienes están encerrados aquí, en el hoyo de la detención arbitraria, no saben de que se los acusa. No hay cargos contra ellos, dicen, ni han sido, en muchos casos, presentados ante el juez. La policía abre la puerta. Sin cruzar una palabra, casi sin mirarse, Rebeca da el nombre del preso, Carlos Valle, deja las bolsas, entrega su cédula, firma y tiene que irse. Como todas las demás.

Del interior sale una picop abierta quemando llanta. Tres policías encapuchados y bien agarrados a sus armas se llevan a un hombre esposado. Una de las mujeres reconoce a su mamá en la cabina. Se emociona. Llora. Dice “¡Mamá! ¿Adónde la llevarán?” Las otras responden. “Corré, corré, andá, pedí taxi, andá al juzgado, seguro que la podés ver”. Corre cuesta abajo, sola. Las demás se despiden. Volverán a verse al día siguiente. Y al siguiente. Y al siguiente. Y al siguiente. Más adelante sabremos que ir a ver a una presa al juzgado puede provocar que la visita termine con la familia en el Chipote.

De regreso en casa la madre convoca a sus tres hijos alrededor de una mesa cubierta por un mantel de plástico. David, de 22, visiblemente enfadado con la vida, incómodo. Elsa, de 19, muy seria. Rebeca, de 16, tímida. Ausente. Ya sea por imposición militante, orden materna o voluntad sincera de aportar su testimonio, todos participan. Cada uno imprime su estilo y momento. Las heridas abiertas por sus experiencias coreografían el modo de procesarlas ante el extraño. Rotan por las sillas, hablan, vienen y van, se levantan de la mesa al cuarto, caminan por el patio o se tiran en el sofá. Regresan a la mesa para apostillar o solo escuchar.

Los cuatro lo están pasando mal. El padre lleva detenido 100 días. Rebeca, la madre, madre, abogada y notaria pública ha sido golpeada y despedida de su empleo en la administración después de 16 años trabajando en el área de la formación técnica de estudiantes. David, el hijo mayor ha sido golpeado, amenazado, detenido y espera que cualquier día vengan a llevárselo de nuevo. Solo sale de casa para trabajar en un call center –de amigos que nos apoyan, matiza- o para ver su hijo de año y medio con el que no vive por motivos de seguridad. A la mediana, Elsa, la tuvieron 75 días presa. Sufrió un aborto en la cárcel. Asesinaron al padre del bebé. No sale de casa. A Rebeca-hija la golpearon, detuvieron y mantienen acosada en la escuela. Mientras dura el receso de invierno tampoco sale de casa.

La familia Valle paga así su cuota de sufrimiento por participar en el levantamiento azul y blanco contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde que comenzó la rebelión, el 18 de abril, quedan en la memoria más de 300 muertos y más de 600 presos políticos; Miles de personas han huido exiliadas al extranjero o languidecen escondidas en casas de seguridad por todo el país; Un diario, Confidencial y dos canales de televisión, Esta Semana y 100% noticias han sido confiscados mientras el resto de los medios críticos y sus periodistas están listos para seguir el mismo camino de la cárcel o el exilio; casi todas las organizaciones no gubernamentales nicaragüenses que peleaban han sido clausuradas y los organismos internacionales de derechos humanos que han denunciado lo que sucede en Nicaragua han sido expulsados del país.

La familia Valle al completo es víctima de lo que el Grupo de Expertos Independientes nombrado por la Organización de Estados Americanos ha calificado en su informe sobre lo sucedido en Nicaragua como “crímenes de lesa humanidad” perpetrados por el gobierno. Han sido asesinados, perseguidos, detenidos de manera arbitraria, acusados, golpeados, de algún modo torturados, sometidos a tratos vejatorios, amenazados y represaliados laboralmente por su compromiso político. Son los perdedores de una ofensiva contra la oposición política lanzada por la policía y fuerzas paramilitares coordinada desde las instancias más altas del estado. La familia Valle, unida, es recordatorio y testigo de que algún día los responsables de la represión en Nicaragua podrían acabar sentados ante la justicia internacional.

La detención de Carlos Valle.

Como casi todas las historias nicaragüenses, la historia política de Carlos Valle es un círculo de lucha contra la dictadura que se cierra sobre sí mismo. Comienza durante la dictadura de Anastasio Somoza en la década de los 70 y sigue durante la de Daniel Ortega y Rosario Murillo, casi medio siglo después. La cárcel del Chipote, el hilo que une Nicaragua a lo largo de sus dictaduras. Pasa el tiempo y la represión se repite. Hay más presos políticos en Nicaragua hoy que al final de la dictadura somocista.

Según cuenta Rebeca la vida de su esposo Carlos y la política son una desde que tuvo uso de razón. A los 16 escapó de casa. Fue miembro de la guerrilla sandinista. Su último combate de entonces fue en Managua. Aún tiene el brazo derecho lleno de charneles (metralla). Tras el triunfo de la revolución trabajó en el área de granos básicos y distribución de alimentos. Se desencantó, explica, por la diferencia entre el socialismo de palabra y el real. En algún momento cayó preso –no abunda- vivió un primer exilio y regresó a Nicaragua como miembro del Partido Liberal Constitucionalista, del que fue concejal en Managua entre 2001 y 2007. De ahí pasó a rebuscarse la vida como cronista de béisbol para la emisora radial Corporación e incluso tuvo un taxi. Hablaremos del taxi después, su esqueleto yace en el patio de la casa. Su familia ha recorrido Nicaragua de punta a punta y de mitin en mitin. Nunca dejó el activismo. Aunque lo esperase -quizás lo deseara- no sabía que sus hijos tomaban nota de lo que veían y acabarían asumiendo el testigo de su lucha. Es más, si hoy está detenido fue por manifestarse pidiendo la libertad de su hija, apresada incluso antes que él.

Dice David. “Mi papá siempre nos enseñó a luchar por lo que uno cree. Es la educación de la casa y eso marca. Ese sentimiento nos lanzó a la protesta con una determinación clara. No quita el miedo pero amarra a la lucha”.

A Carlos Valle lo detuvieron en la calle el día 15 de septiembre de este año. Regresaba a casa tras una marcha de protesta junto a su esposa, su hija pequeña y su hijo. Cargaban una pancarta. Pedían la libertad de Elsa, de 19 años, la hija mediana, que llevaba presa desde el 14 de julio. Existe una grabación de teléfono del arresto. A la altura del mercado Huembes se les acercó un hombre en moto. Llevaba una niña detrás. Entre la niña y él, un saco de grano. La versión de Rebeca-madre dice que a ese hombre lo envió la policía para provocar y que el grano lo demuestra. El saco, asume, es en pago por el servicio prestado. “Que diera gracias a dios que su hija no estaba engusanada o violada en un cauce”, recuerda que dijo el hombre de la moto. “A los nicaragüenses nos corre sangre por las venas y no gelatina”, justifica Rebeca, así que Carlos le soltó un puñetazo en el casco. Se lastimó la mano. Había caído en la trampa.

Varias cuadras después apareció una patrulla. De ella se bajaron media docena de policías y un par de hombres de civil. Carlos se deshizo del teléfono y la cartera y trató de huir. No lo logró. La familia entera reaccionó. En medio de la confusión, a sus 16 años, con la experiencia que dan meses de marchas de protesta, Rebeca-hija saltó. “Me puse a meterle golpes a los policías y ellos sin piedad me golpeaban en la cara y me apartaban”, cuenta. No tenía ninguna posibilidad. Se quedó sola en la calle. Llorando. Perdida. En estado de shock. Acababan de llevarse a su madre y a su madre. Había perdido a su hermano. Logró que alguien la llevara a casa de su abuela. “Sentí rabia y dolor. Más rabia que dolor”.

Rebeca-madre recuerda dos frases de los civiles a Carlos: Un “por fin te agarramos, pelón maldito golpista” y un “ya sabés lo que te espera, tiro y a un cauce”. Decidió pelear por su esposo. A Carlos lo tiraron a la parte de atrás de la camioneta. “Me mancuerné con los policías hasta que no pude más. Me subí. Aceleraba y frenaba para que me cayera. Un policía que iba sobre él monta el AK y le apunta. ”Disparale le digo, que te voy a perseguir hasta la vida eterna“. Al llegar a la estación número cinco a Rebeca le dieron dos culatazos y la sacaron a aventones del lugar. ”Mi esposo traía la boca llena de sangre“.

Desde la puerta vio como también metían dentro a su hijo. Durante el arresto, David se quedó con un número escrito en el vehículo que se llevaba a sus padres: Distrito cinco. Allá se fue. Cuando estaba cerca, se metió en una frutería para cambiarse de camiseta -no somos delincuentes, somos estudiantes- antes de entrar a preguntar por él. Un sapo (chivato), los sapos siempre, lo denunció a la policía. Entró a la comisaría, sí. Pero detenido. A golpe de culatazo. En una celda, recibiendo golpes, se comunicaron con gestos. Nadie debía reconocer que eran familia. Pero no contaban con el enlace político. Como en las cárceles, en las comisarías tampoco manda la policía. Un líder sandinista, un civil encapuchado, llegó a ver a los detenidos. Su trabajo, sacar fotos, recoger nombres y cédulas, circularlas por sus grupos para el señalamiento. Marcó a padre e hijo. Dio orden de enviarlos al Chipote. A los dos los enchacharon y los llevaron tirados en el suelo de una camioneta. “Nadie levante la cabeza que le doy con la culata”, repetido una y otra vez. Una vez allí, ocho horas sentados en el suelo. Ocho horas de interrogatorio colectivo. Piden nombres, insultan. “Ustedes perros van a morir” o “los tenemos en videos disparando a la policía”. Mienten para forzar confesiones. Decidieron que no tenían nada de qué acusar a David. No pueden quedarse con todo el mundo, no hay espacio. Lo pasaron a una oficina, de civiles de nuevo, para recibir un discurso moralizante. Esa misma noche lo soltaron. Desde que salió, no paró de vomitar hasta el día siguiente. Pudo reunirse con su madre y su hermana pequeña para regresar a su encierro en casa. Su padre, Carlos, se quedó en el Chipote.

Desde aquel 14 de julio, sólo su esposa Rebeca puede visitar a Carlos Valle en prisión. Los martes, en una sala donde los guardias colocan dos hileras de sillas en paralelo, una para los presos, otra para los familiares, sin ninguna privacidad y con prisas. A los hijos de Carlos Valle no les está permitido visitarlo. Por una regla no escrita pero sí explicada. Nadie que haya estado preso en el Chipotle puede visitar a un preso en el Chipotle. Y los tres hijos de Carlos Valle son veteranos del Chipote.

Elsa y David. Su batalla.

Elsa y David discuten para recordar cuál de los dos se sumó primero a la lucha.

Fue él. Ella cede. Apenas un par de días de diferencia. 19 y 21 de abril. David se fue con su novia a la UNAN (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua). Dejaron a su hija de año y medio con la abuela, con Rebeca. Dejaron también sus trabajos en un call center, pidieron sus liquidaciones y con ese dinero compraron suministros para encerrarse en la universidad.

La última fase de calentamiento para la rebelión llevaba tiempo incubándose. El incendio de la Reserva de Indio Maíz y la desidia gubernamental en su extinción, los golpes, la represión. Los viejitos, la protesta por el recorte a la seguridad social, más golpes, la represión de nuevo. Los últimos diez años de sandinismo new age, cristiano socialista y solidario, el régimen de los saporotes -sapos y cerotes corruptos vigilando y delatando a sus vecinos por cuatro sacos de comida y una mochila de material escolar o un sueldo del estado- estallaron en lo que tardaron en correr decenas de cadenas de mensajes por whatsapp que llamaban a la protesta estudiantil. A ocupar la universidades.

Elsa estudiaba periodismo en la Uhispam (Universidad Hispanoamericana). Un grupo de amigos de Elsa lanzó la ocupación de la UPOLI (Universidad Politécnica). Pedían medicamentos, comida y gente dispuesta a proteger la universidad del ataque de la policía y turbas del gobierno. Agarró un bus y fue al trabajo de su madre.

- Disculpame mami, pero me voy a meter en esto. Ya tomé la decisión.

Sintió el apoyo. Sabía lo que hacía. No iban de fiesta. Su primera parada fue en las oficinas de la Cruz Roja para hacerse con insumos médicos. También cargaba una mochila llena de comida. Al llegar a la universidad ya había comenzado el baile de gases lacrimógenos y balas de goma. Iban en grupo. Tuvieron que meterse por un cauce y colarse un agujero en la verja. El primer día ya quebró sus lentes y aprendió que el mejor lugar para respirar cuando llovía el gas era bajo las regaderas de agua fría.

Los primeros días fueron duros. Tuve miedo. “Llamaba a mi papá. Él me apoyó. Vos sos valiente, no sos cobarde, no te voy a ir a traer, uno no se puede arrepentir, si llegaste con tus amigos, te quedás con tus amigos”. No tuvieron tiempo de pensar. Los tiros no se hicieron de rogar. “El primer día que yo miré un muerto eran las dos o tres de la mañana y un muchacho venía baleado por el pasillo”. Señala el cuello con el índice y lo hace resbalar. Recuerda exactamente donde estaba el agujero del que manaba sangre como si fuera un grifo. “Cuando oí que lo habían perdido. Colapsé”. Se acostumbró rápido. El segundo, el tercero, el cuarto se convirtieron en motivos para quedarse. “Una asume que o se gana o se muere”.

La nombraron encargada de la alimentación. Primero preparaban unas bolsitas de frijol con arroz que se comían a chupada. Al final, pasaron días enteros comiendo spaghetti con spaghetti. Noches con sus días y semanas de insomnio, largas como años. Enfrentamientos con la policía y paramilitares del gobierno y entre ellos. Brutalidad, infiltrados, asambleas, más muertos, más tiros, más hambre. Machismo. “Al principio decían que las mujeres no teníamos que estar expuestas a las balas”, recuerda. “Yo pensaba: el que tenga huevos que esté ahí, sea hombre o mujer. Había mujeres a las que no les importaba lo que los chavalos dijeran. Había mujeres al mando, mujeres tirando morteros. El machismo solo toma poder si la mujer lo permite. Cuando la mujer pone carácter, no la manda nadie. Hemos madurado a la fuerza”.

En cuestión de semanas, aprendieron todo lo que se aprende en una guerra. Lo malo y lo peor. Los detalles son escabrosos. Algunos de traiciones imperdonables demasiado recientes aún como para verbalizarlos. Otros, ultraviolentos, imposibles de verificar. Tan presentes en su memoria como para utilizar ya la palabra venganza.

Conoció a un chico. También hubo tiempo para eso. Siempre lo hay. Elsa se quedó embarazada de Tony Merlo. Aún lo llama su novio. “Su novio novio”, enfatiza. Tony Merlo murió asesinado en uno de los tranques. Tres meses después, el bebé que esperaba cayó como bola coagulada tras horas de sangrado sentada sobre un agujero en la cárcel. Todavía no lo ha procesado.

Elsa también llevaba comida al frente. A las barricadas, a los tranques. Un día, en la UNAN se encontró con su hermano, parte de la fuerza de choque que se enfrentaba a la policía y paramilitares con lo que tenía a mano. No quiso ni saludarla. Solo la echó de allí. “Para protegerla”, se defiende David que aprovecha para irrumpir con su cuota de dolor, sin mirar a los ojos, rascándose la barba. “La primera vez que un muchacho nos pidió permiso para ir a ver a su mamá, analizamos la situación. Estaba muy estresado, no dormía. Tenía semanas de no verla. Le dimos para el taxi. Estudiaba medicina, cuarto año. Apareció quemado la mañana siguiente. De aquí no sale nadie más, decidimos”. Repite dos ideas que comparte con su hermana. “Haber visto los muertos, haberlos cargado, haberse manchado con su sangre es algo que no se olvida nunca. Por eso vamos a seguir”.

Pese a la determinación, ambos perdieron sus batallas relativamente rápido. A finales de mayo, un mes después de entrar en las ocupaciones de las universidades, hubo que buscar salidas. Sobrevivir. “Pasamos de ser unos cientos a solo 30 sin darnos cuenta” recuerda Elsa. La derrota nunca deja indiferente. “Cuando yo vi que entraban las armas me asusté, claro. Pero hubo que usar las armas para limpiar aquello de elementos malos”, explica escueta a sus 19 años. Perdimos el control. La gente se iba. Quedábamos diez. Íbamos a morir. Decidimos entregar la universidad. El profesor que nos la recibió, un buen hombre, está en la cárcel acusado de terrorismo. Lo único que hizo fue intentar evitar el saqueo“.

Abandonada la universidad, Tony, que entonces aún estaba vivo llevó a Elsa y a otra pareja a una casa de seguridad. Ellas se quedaban dentro, ellos salían a las barricadas. El 23 de junio llegó un mensaje de voz por Whatsapp. Habían herido a Tony en una barricada y se lo habían llevado con los intestinos fuera. Al tercer hospital que llamó le confirmaron que había muerto. No hubo lágrimas ni gritos. Ella y su amiga salieron en ese mismo momento de la casa de seguridad para ir al velorio. “Nos reunimos todos los que habíamos estado en la ocupación de la UPOLI, que ya nos habíamos dispersado por casas de seguridad y nos reagrupamos de nuevo en las marchas”. Fue el regreso a la militancia directa tras unos días escondidas. “Con la camisa de él, la pancarta y la bandera de Nicaragua volvieron a marchar. A los quince días, en una de las marchas, muere otro amigo del grupo. Volvimos a replegarnos”.

La caída de Elsa.

Elsa cayó el 14 de julio. Estaba almorzando en casa de una amiga. “La policía abrió el portón a la fuerza. Nos denunciaron los sapos del barrio que nos habían visto entrar”. Lo único que encontraron fue una pancarta, una bandera de Nicaragua y una mochila con insumos médicos que yo llevaba encima. Se las llevaron en una patrulla. Pocas cuadras después se detuvieron para encontrarse con otra patrulla en la que vieron a un chavalo enchachado y bien golpeado. Junto a él, una bolsa negra con armas. Pusieron la pancarta con las armas y empezaron a insultar. “Ahora vais a conocer lo que es bueno, ahora os vamos a llevar al Chipote”, recuerda que les decían. “Comencé a llorar. Me vine abajo”.

Una vez en el penal, las llevaron a un patio lleno de camionetas. “Allí había hombres de civil, armados y encapuchados en fila. Pasamos delante de ellos. Nos decían que nos lo iban a hacer pasar bien. Uno detrás de otro. Nos dejaron al sol ,viendo a la pared y enchachadas. Si volteaba a ver, galletazo. Solo lloraba. Tiran una manta, agarran la bolsa negra y se escuchan fierros. Bastantes armas, AK, pistolas, morteros, chibolas tiradoras”.

“Elegí las tuyas”, me dice uno.

- “No”.

- “No te hagás la estúpida, elegí”.

- “Abrí la pancarta con el nombre y la foto de Tony”, dice Elsa.

- “Está bueno que esté muerto, por delincuente, así deberían estar todos, muertos”, le dijeron.

Cuando entró en el Chipote Elsa ya se había hecho tres pruebas de embarazo de las de farmacia barata. Habían dado positivo las tres. No quería creerlo porque era de Tony y Tony estaba muerto.

Una mujer policía la metió al área de interrogatorios, delante de un gran espejo.

- “Quitate la ropa”, le dijo.

Se la quitó lentamente, y se quedó en ropa interior.

- “Me crees estúpida, quitate todo”.

Con mucho miedo se lo quitó todo. Le habían dicho que la iban a violar. Sabía que estaba embarazada. La puso a hacer sentadillas hasta que no pudo más. A empujones la llevaron a la celda 37. Estaba oscura. Había otra muchacha llorando dentro. “Tranquila, no te vamos a hacer daño. Yo también soy presa política”, le dijo. Se tranquilizó. Los interrogatorios duraron tres noches. Eran siempre de madrugada. “Nos llevaban a rastras y nos preguntaban por los dirigentes. Siempre decía que no conocía a nadie”, recuerda.

- “Te tengo una propuesta. Si colaborás con nosotros, podés salir ahorita mismo. Simplemente tenés que decir que viste a este y aquel dando armas a los chavalos en la universidad”.

Elsa no cedió. “Si yo vendía a esos muchachos, ¿cómo iba a quedar delante del país? Tiene que pasar lo que tiene que pasar. Una se mete en esto y después de todo lo que pasó, todos los muertos, hay que asumir lo que una hace”.

Los interrogatorios pasaron a otra fase. Tenían todos los datos de su familia. Le dijeron que iban a quemar la casa, arrestar a sus hermanos y a su padre. Que iban a despedir a su madre del trabajo. Lo cumplieron. A su madre la despidieron el 30 de agosto, a su padre lo arrestaron el 15 de septiembre.

El 20 de julio, tras la primera audiencia ante un juez, la pasaron a la cárcel de mujeres de La Esperanza. “Yo siempre seguí diciendo que estaba embarazada, ya no aguantaba los dolores. Dormía, vomitaba, tenía mucha hambre. La comida estaba choca. Era basura. Pero en vez de mandarme a un ginecólogo me mandaron a un psiquiatra, decían que me lo inventaba para salir”.

Entró a una celda en la que vivían hacinadas 96 mujeres. Dos detalles. El primero, que en las paredes, estaban dibujados los “árboles de la vida”, coloridas estructuras metálicas de varios metros de altura que pueblan las rotondas de Managua diseñados por Rosario Murillo y convertidos en emblema del nuevo sandinismo. El segundo, que las obligaban a escuchar por la radio los discursos de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Es tenebroso”, explica con mueca de asco.

Al principio solo eran cuatro presas políticas. Para protegerse incluso orinaban juntas. Ya estaba embarazada de dos meses. Cada vez que comía, vomitaba. A los 8 días le sacaron sangre. Le dijeron que no estaba embaraza. Era mentira pero lo creyó. Entró otro grupo de presas políticas. Las trasladaron a todas juntas. Las hicieron cargar sus camas. Le sentó fatal. Tardaron 15 días en sacarlas al patio. “Empecé a correr al sol y a estirarme. Y me doblé el tobillo. En poco tiempo, se convirtió en una gran pelota hinchada, por andar chinvaroneando (hacer cosas de varones) te pasa eso, me dijo la doctora”. Le dolía tanto que acabó convulsionando. Solo la atendieron después de una noche entera de protesta de todas las políticas. Y a cambio de silencio. “Mordiendo la almohada hasta callarme para que me dieran la pastilla del dolor”. Volvieron a trasladarla. Volvió a cargar su cama. Volvió a sentarle fatal. Obligarla a realizar esfuerzos físicos era parte del castigo.

“Ahí ya tenía tres meses de no reglar y comenzó la hemorragia. ”Entonces me paso el día sentada en el baño escuchando las gotas de sangre que caían. Eso no era normal. Estaba doblada todo el día. Me daba miedo desangrarme y me decían las funcionarias que estaba loca. Al tercer día, doblada, sentada, escuche un golpe seco caer contra el agua. Pensé que era una pelota de sangre. Supe que había abortado y me comenzaron las calenturas, la ansiedad, las sudadas, los lloros. Me picaban los ovarios. Quería meterme un bisturí y rascarme por dentro de lo que me ardía. Estaba infectada“.

El 22 de septiembre la llevaron a juicio. La fiscal no estaba preparada. No tenía la información ni los testigos. Se le zafó el caso. El 27 de septiembre la llamaron de nuevo.

- “Alisten sus cosas”.

- “¿Donde vamos?”, respondió.

- “Que alistés tus cosas”.

- “No hasta que no me diga donde vamos”.

- “Van libres”.

Eran tres. “Comenzamos a llorar y a abrazarnos. Salí gritando que iban a salir todas libres. Me taparon la boca y mordí a la funcionaria. Luego me llevaron a un despacho para convencerme de no sé qué. Ni caso les hice. Tuvimos que firmar que habíamos estado bien. Estaba muy mareada, iba sin comer, cojeando, con el dolor del pie y mi mamá me llevó directo al ginecólogo. Me metió a hacer un ultrasonido y ahí estaba. Me miró con tristeza y me lo dijo.

- “¿Estás preparada? Tenés una fuerte infección debido a que tuviste un aborto”.

“He ido superándolo. Los primeros días fueron los peores. Ellos se dieron cuenta de que estaba embarazada y permitieron que lo perdiera. Lo hubiera tenido”.

Después, la casa. Ya no ha salido más que a dar algunas entrevistas. Cuando quedaban canales y medios a los que dar entrevistas. O por una falsa alarma en la que cayó junto a Rebeca, su hermana de 16 años. Por la que ambas acabaron golpeadas y detenidas, si bien solo por unas horas, en el Chipote.

Rebeca

Fue el 13 de noviembre. Las hermanas cometieron el error de creer un rumor. Alguien les dijo que iban a llevar a su padre a los juzgados. No dudaron un segundo. Allí se plantaron las dos. Solas. Con un cartel. Dieron varias entrevistas mientras esperaban que llegara el vehículo que traería a su padre. Nunca llegó. Lo hicieron en su lugar dos patrullas con una docena de agentes a bordo. Los periodistas se separaron.

- “Si ustedes vuelven a dar entrevistas”, dijo el que mandaba, “las agarramos”.

- “No estamos cometiendo ningún delito”, respondió Rebeca.

- “No me estés faltando al respeto. Agárrenla”.

“No me dejé”, sigue Rebeca. “Comencé a jalonear para que no me llevaran. Ellos me agarran de piernas y brazos y me llevan a la tina del hilux. Se montaron los policías y me ponían las botas encima de la cabeza. Duele. Iba prensada contra el suelo”.

- “Tanto que se tiraba de huevoncita, mirá como la tenemos”.

Las llevaron al Chipote a las dos. Las interrogaron. Poco podían decir. Las metieron en la celda preventiva durante unas horas y les dijeron:

- “No anden diciendo nada, que esto tiene que quedar entre nosotros. Si quieren que todo esto se termine pronto, les recomendamos que callen y dejen de hablar”.

A Rebeca la arrestan por dar una entrevista. Por eso da entrevistas. “No tengo miedo. Tengo rabia. Aunque me arresten mil veces, aunque me golpeen, aunque me metan en el Chipote, yo voy a luchar contra ellos”.

A diferencia de los estudiantes universitarios, tras su propio arresto, después del de su padre, su hermana y su hermano, Rebeca nunca dejó de ir al colegio. No ha perdido el curso académico. Además de lo vivido en casa y en las calles, se curte también en las aulas. Cada día, cerca de la puerta del colegio, dice, hay policías. Sus amigos la acompañan para que no pase sola cerca de ellos. Explica, sin quejas, que la directora y las supervisoras, el pelo recogido con lazos rojinegros –incide en el detalle- se ríen de ella y le piden que deje de hablar de política. Que si sabe que un niño es sandinista, hijo de alguna de las profesoras sandinistas -aquí la filiación política se hereda- deja de hablarle. Que, claro, algunas profesoras muestran su apoyo en privado pero con miedo a que las despidan. Habla de su profesor de matemáticas. Con tristeza. Cuenta una anécdota. “Había una silla rota en la clase y dijo que era peligroso que estuviese ahí, cerca de mí, porque de los tubos de la silla salía un mortero para hacer terrorismo”. Ha crecido. Su reacción es propia de quien madura a golpes y no cae en provocaciones esperando que llegue su momento. “Yo lo miro y quedo callada para no hacer pleito. Un señor de la tercera edad insultando a una alumna de 16 años. Son tristes ellos”.

Rebeca y su comentario invitan al resto de la familia al análisis de sobremesa de la sociedad en la que se ha convertido Nicaragua hoy. El cómo vivir, el qué hacer. Todos tercian. David se explica a sí mismo lo sucedido. “Jamás había tocado un mortero, cargado un arma, preparado una molotov, todo fue improvisado”. Tiene miedo a la detención pero cree que irse al exilio sería mucho más duro aún.

Elsa también pensó en salir del país. Miles han huido a Costa Rica. Casi todos sus compañeros de la ocupación de la UPOLI están allí. Lo intentó una vez. Le dio miedo pasar la frontera de mojada. Pensó que si la detenían regresaba a la cárcel. Prefiere la casa, aunque sea también, de algún modo, cárcel. Siguen en contacto. “Hablamos por whatsapp”, y muestra el teléfono. “No la están pasando bien. La vida del exilio, me dicen, es difícil. Uno en una tienda vendiendo zapatos, otro tocando en los parques, otros pidiendo limosna”.“

David está de acuerdo. “Uno muere con las botas puestas pero tampoco hay que exponerse. Es mejor esperar. Ellos tienen las armas. Ahora no podemos hacer nada. Hay que esperar que la comunidad internacional sancione al país, que comiencen a apretar las cuerdas, que esto afecte al dinero que maneja el gobierno. En el estado, los empleados públicos dicen que está con ellos por miedo a perder el trabajo, por presiones y amenazas, pero cualquier día se les voltea todo. Aún tienen recursos para pagar pero eso no va a durar mucho. Cuando falten, no los apoya nadie”.

En lo que se refiere al barrio, el futuro, el mensaje de los hermanos es claro: Quiebre social. “Todos tenemos identificados a los sapos. Más bien se esconden ya. Hacen su rol pero saben que su tiempo se acaba, miran desde dentro de las casas y apuntan lo que uno hace pero cada vez más escondidos, más avergonzados. Cuando se reúnen apagan las luces para que el resto no veamos quienes están en esas reuniones. Saben que todo el mundo los conoce”

- “Yo estoy dispuesta a todo. Si hay que agarrar las armas, lo hago”, dice la madre.

- “No. Hemos logrado tanto en tan poco tiempo que con armas no vamos a avanzar más. Hay que mantenerse firmes y esperar”, discrepa David jugueteando con su celular, protegido por una funda en la que hay una pistola dibujada.

- “Si tuviéramos armas, este gobierno no dura ni quince días”, insiste la madre, que aporta un dato del que David no se siente especialmente orgulloso. El taxi del patio. El taxi destrozado. Fue David. A martillazos. La tensión del encierro. La memoria de los compañeros muertos. El rencor. El estrés. La violencia viva y a flor de piel se acumula sobre la latente, dando forma a un monstruo que cada uno doma y maneja como puede.

Elsa ya está en el sofá. Le ha dado al play. Décimo capítulo. Quinta temporada. Vikingos.

Toda Nicaragua es una enorme casa, una enorme cárcel. Su tamaño, el del dolor acumulado por miles de familias como esta. Que ya solo esperan el momento de lanzar el asalto final que les devuelva la libertad.

Estos días son confusos, vertiginosos y frustrantes. De portazos y patadas a la esperanza del puñado, ya muy reducido, de opositores que continúa tratando de trabajar en Managua. Uno hace una entrevista en la mañana y a media tarde, antes de que caiga el sol, el gobierno ha respondido a lo que planteaba la entrevistada. Como si hubiera estado escuchando las preguntas al aire de sus opositores, el guión estuviera escrito con tinta de plomo y solo se tratase de ir leyendo líneas para responder.

Vilma Núñez llega dos horas tarde a la reunión que ella misma ha convocado para media mañana. Sofocada, ágil y lúcida, cargando con más de medio siglo de militancia en la defensa de los derechos humanos a las espaldas, la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, recientemente cerrado por Decreto Legislativo y acusado, entre otros delitos, de terrorismo y odio, circula por Managua con prisas, acompañada de una asistente, reuniéndose en oficinas prestadas y dando fe de dos derrotas: la suya, en tanto defensora de la ley y la de Nicaragua, que no es Estado de Derecho.

Sostiene Vilma Núñez que el gobierno de Daniel Ortega sigue a rajatabla la siguiente estrategia: el país es su propiedad y va a tratar de acabar con todo lo que se interponga en su camino. Para eso necesita silenciar las voces que han sobrevivido a la represión de las protestas masivas de los meses pasados. Cree también, optimista, que eso sucede, en su opinión, porque el fin está próximo. Lo compara con la última mejoría, breve y falsa, del enfermo terminal. Qué va a decir. Resulta paradójico que lo crea cuando la realidad no muestra más que el control férreo de la institucionalidad sandinista, que navega sin perder el rumbo por entre calles pacificadas.

Sostiene Vilma Núñez que se siente impotente. Que el golpe emocional es serio. Más que serio, demoledor. La suya es una organización de derechos humanos que se ha quedado sin permiso de funcionamiento, sin oficina, sin archivos. Que no puede llegar a la puerta de un juzgado ni a la de una cárcel. Mucho menos entrar. Que, apegada a la legalidad, solo recibe fuerza bruta en respuesta. Apela a que el tiempo demostrará quien tenía la razón. Porque hoy, en el presente, ante los hechos consumados, resulta irrelevante quien tenga la razón.

Su lucidez radica, al menos, en lanzar una advertencia. Nicaragua no puede ceder ante el chantaje de la familia presidencial. La sensación de derrota puede llevar a tomar decisiones improvisadas. Ortega, cree Vilma Núñez, sabe ganar guerras. No hay que caer en la provocación. Se dirige a los miles que lo han perdido ya casi todo. Si Ortega maneja un lenguaje militar, pide, no hay que entrar en su campo ni seguir sus reglas porque el camino que abren es más oscuro aún que la sensación de vivir perdidos en el bosque que invade a tantos. Hay que buscar, todavía, como rescatar la institucionalidad en lugar de aceptar que ha desaparecido para siempre.

Vilma Núñez espera no ser detenida. Pero también afirma estar preparada en caso de que suceda. La venganza es consustancial a la psicología de Ortega y su esposa Rosario Murillo. Núñez fue sandinista. Eso no se perdona. Ante la pregunta más básica, la obligatoria, la última, la que inquiere sobre la hoja de ruta, una salida que pasa por esperar ayuda. Se despidió apelando a la legalidad internacional. No había llegado la hora de comer.

Lo que vino después fue peor.

La de Vilma Núñez no fue la única derrota de un miércoles negro para Nicaragua.

Apenas unos minutos después de la entrevista con Núñez, a pocas cuadras, Carlos Fernando Chamorro, Director de Confidencial, periódico cuyas instalaciones van a cumplir una semana clausuradas y ocupadas por la policía sin orden judicial ni acusación o documento alguno, presentaba una denuncia por el robo de los equipos de producción de su empresa por parte de la Policía Nacional. Lo hacía apenas 48 horas después de presentar un recurso de amparo contra esa misma confiscación del medio de comunicación independiente más respetado del país. Que sigue funcionando, sí, en semiclandestinidad. Rodeado de mucha menos expectación, periodistas y policías que en la ocasión anterior.

Frente al horror, la nada. El silencio. La espera. La incertidumbre. ¿Cómo se defiende alguien si no sabe de qué se le acusa? ¿Cómo se recurre una orden que nadie ha visto? ¿Ante quien reclama quien no sabe de dónde salió una orden? ¿Cómo se define un estado de excepción que nadie ha declarado pero en el que todas las garantías del derecho han sido suspendidas?

Del mismo modo que se cierra un medio, se expulsa a los testigos incómodos. A la hora de la sobremesa, el Canciller Denis Moncada sentó en su despacho a los responsables de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Nicaragua. También invitó al encuentro a los miembros del Grupo de Expertos Independientes que la Organización de Estados Americanos había convocado para redactar un informe sobre lo sucedido en el país estos últimos. meses Faltaban pocas horas para que lo hicieran público. 

Y los expulsó de Nicaragua.

Del largo documento que justifica la expulsión podemos quedarnos con dos palabras-mantra que sirven estos días a todos para todo. “Noticias falsas”. De eso acusa el gobierno de Nicaragua a la misión internacional.

El Canciller Denis Moncada, en cuestión de horas había dado una respuesta a lo planteado por la defensora de los derechos humanos más respetada del país. Las instituciones internacionales de derechos humanos no son bienvenidas en Nicaragua. Sus informes no serán siquiera presentados en el país.

Apele, pareciera decir Moncada, apele Señora Núñez a la justicia internacional. Ya ve lo que nos importa.

Nadie sabe cuál será el siguiente golpe de la pareja presidencial y sus cuerpos de choque. Pero pocos dudan ya de que clausuradas las organizaciones, cerrados y ocupados los edificios, lo único que queda por anular son las personas que un día los trabajaron. Si mataron, detuvieron y lanzaron al exilio exterior e interior -en agujeros y casas de seguridad- a los líderes estudiantiles y campesinos ¿Por qué dejarían seguir moviéndose y hablando a personas como Vilma Núñez o Carlos Fernando Chamorro que, a medida que pasan los días, mutan de meros directores de organizaciones de derechos humanos o medios de comunicación a personalidades de talla histórica?

Managua es una ciudad dolida. Atravesada por el resentimiento, el rencor y el miedo. Una ciudad de policías vigilantes en rotondas y esquinas y manifestantes progubernamentales, prepotentes y felices, anclados a sus banderas sandinistas y a los semáforos. Es también una sociedad silenciada, con medios de comunicación clausurados y rodeados por una policía y una milicia civil omnipresente –los motorizados- que tratan de imponer bocas cerradas a base de una presencia que no puede ser sino amenazadora, oscura, dictatorial.

Ese resentimiento, rencor, miedo y silencio grises, sucios y cargados que sobrevuelan Managua al terminar el año de las protestas más intensas y dramáticas que ha vivido el país desde la guerra revolucionaria y su continuación anti-imperialista se sienta a la mesa en la actitud de Ángel G, un joven de 26 años que camina por el mercado cargado con un mazo de tarjetas de recargas de celular. No ha participado nunca en una marcha ni en un tranque. Tampoco se ha metido en política.

“¿Periodistas extranjeros?”, pregunta. “Sí, claro, quiero hablar con ustedes”. Se quita la camiseta de la empresa, pide una cerveza y se sienta para compartir charla. No lo logra. No es capaz. Demasiada gente alrededor. Le tiene miedo a la camarera. “No me paguen la cerveza, sospecharían”. Peor aún. Le tiene miedo a los niños que venden cigarros sueltos. Le tiene miedo a la palabra. Le tiene miedo a la idea de que un “sapo” -un informante- “aquí todos nos conocemos” le reporte. A que informe a la jerarquía –un simple vecino- de que ha estado hablando de política con alguien.

El caso de Ángel se corresponde con la etapa de la represión que vive el país una vez apagadas las protestas en la calles y levantados los tranques de vías. Tras el uso de la fuerza bruta masiva y la eliminación selectiva de opositores, la fase más represiva, bien a través de asesinatos, bien a través de acusaciones de terrorismo que comienzan a traducirse en penas de cárcel de hasta medio siglo de duración, el gobierno pasó a una fase de represalias burocráticas. A los más de trescientos cadáveres sobre la piedra y los más de seiscientos cuerpos encerrados le siguieron los despidos y señalamientos. Quien habló y se significó ha perdido su trabajo, su carrera universitaria, su proyección, su vida. El número de exiliados, incierto, podría ascender solo en Costa Rica a decenas de miles de personas. El número de, sobre todo, jóvenes estudiantes que llevan semanas, meses, encerrados, asustados, en sus casas se cuenta también por miles. No contento con eso, el gobierno mantiene a quienes se quedaron bajo un manto de terror psicológico hormigonado. El de las miradas a los lados. El de la desconfianza del vecino, de cualquiera que pueda oír hablar, señalar.

En ese contexto Ángel saca fuerzas y arranca. Su versión de los hechos es simple. “Crecimos año tras año celebrando la revolución sandinista porque derrocó a un dictador. Nuestros padres vivieron la guerra y nosotros no, fuimos felices por eso. Siempre simpaticé con las victorias de Daniel ”. Hasta un día. Dice que fue una sola imagen la que le impulsó a cambiar de opinión. “Golpearon a los viejitos que protestaban porque se iba a recortar su jubilación. Y los policías que golpeaban eran tan pobres como los viejitos y tan pobres como yo. Eso me destrozó el corazón. Qué digo, eso me dio asco”. Hilar ese pensamiento le ha costado callar en seco varias veces. Las que alguien se ha acercado a la mesa a ofrecer algo, un cigarro, una artesanía, un ramo de flores de plástico, invocando al miedo.

Ángel no puede simpatizar más con un gobierno que ha reprimido como lo ha hecho. “La gente salió a protestar legítimamente y el gobierno mandó a militares y policías encapuchados a disparar a la cabeza de los chavalos”. Silencios y más silencios. Frases entrecortadas e inflexiones de voz que lo llevan a lo inaudible. “Yo nunca voy a participar en una marcha de protesta. Mi vida es el trabajo. Pero eso no significa que no tenga sentimientos. Este gobierno ha convertido Nicaragua en una dictadura, en el terror. El que habla pierde el trabajo. El que habla se va. Estamos rodeados de sapos lamebotas. ¿Sabe lo que es un lamebotas? El que por un peso va corriendo a la policía a denunciar a su vecino”. Ángel, que no odiaba, hoy odia. A la policía, al gobierno, a Daniel Ortega, a su esposa, al partido, a sus partidarios.

“Esto no va a acabar así”, sentencia antes de seguir hablando, ya de fútbol.

El taxista que recorre el mercado oriental de la capital en todas direcciones, también se queja. Da su nombre. Mario García. Siete años en el ejército. “Suficiente di ya de joven como para que nadie me venga exigir nada a mí”, se presenta. “Malo, malo, malo esto está malo”, repite las veces que haga falta, enfadado, preocupado. “Tres meses en casa sin trabajar porque miedo daba salir a la calle. ¿Y quien iba a agarrarle carreras a uno con todos los tiros que había?”, protesta. Dice que hasta el último Córdoba de los ahorros se le fueron ahí. Hoy no sabe lo que es llenar un depósito. “Lo que entra es lo que sale para la gasolina y poco más. La comida y ahí se acabó todo”. A ojo dice que ha perdido un 30 por ciento de los clientes. “Falta el trabajo. Muchos despidos, muchas gente en la casa que tiene que mirar lo que gasta. Lo que no sea para comer ya no se toca” y, continúa, “a las cinco esto muere aquí no se mueve nadie porque lo agarran a uno y no sabe uno donde aparece o si aparece”.

Es pesimista. “La matazón que se va a venir. Estos no quieren dejar el poder. Los otros quieren el poder. Hasta que se venga la matazón estos no paran. Deje que pase la navidad, ya verá como algo pasa porque hablar, no van a hablar entre ellos. Como no se voltee el ejército, esto va a seguir”.

Más dentro del mercado, aparecen los partidarios. De los de bandera del Frente Sandinista de Liberación en la manga del polo de la empresa de distribución de pollo. El discurso de Juan Caldera, de 43 años, empresario de posibles y fiel seguidor del gobierno, es conciliador. Dice. “Tiene que darse una salida dialogada a la situación”. Qué va a decir. Pero. “Ahora, el que se vaya a hacer algo como lo que hicieron tiene que pensarlo dos veces porque ya sabe que la ley se va a cumplir”. Los muertos son más de 300. “Sí”, dice. “Hicieron cosas dantescas”. ¿Los policías? “No. Los terroristas”.

A dos puestos de distancia, Denis Quezada, un joven vendedor de huevos, se declara sandinista también. Sus argumentos, pura enumeración de mochilas, clavos, chapas, láminas, bolsas, granos básicos o la bolsa de frijol en los que basa su fidelidad a una idea. La de la gratitud del que recibe. “Si echan a Daniel, se arma guerra. La peleo yo. Porque somos los pobres contra los ricos. Yo me lanzo a la guerra por Daniel”.

Cae la noche sobre Managua. En la librería Hispamer, una editorial invita a un vino y a la presentación del último libro de Gioconda Belli. Dice el presentador que se trata de un acto de resistencia libertaria que forma parte de la explosión de los últimos meses. Puro contraste acrítico con el aparcamiento, catálogo de SUV con chóferes. La plática, de dictadura fluida a dictadura fluida, sobre Luis Felipe de Orleans (del que explican que abdicó para no matar a más gente mientras jalean pagados por la referencia), bisabuelos conectados de Matagalpa a Jinotega o la diferencia entre Conde y Duque durante aquella cierta idea, curiosa, contextual, de igualdad francesa decimonónica. Las alusiones a la actualidad, continuas. Un aplauso del público puesto en pie a Vilma Núñez, la defensora de los derechos humanos cuya organización lleva una semana clausurada por decreto legislativo, poder omnímodo y prepotencia vengativa. Otro aplauso a la afirmación “Si nos caen aquí agarran a toda la intelectualidad nicaragüense” espetada, que es como decir pronunciada a boca llena, por el historiador local Eddy Kühl.

Y entonces, dos países. Que no se tocan mas que cuando se matan.

La tarde del lunes, abriéndose paso entre el ruido ensordecedor de la Panamericana norte, un enjambre de periscopes transmitiendo en vivo y una unidad de antimotines preparada para irrumpir a golpes en cuanto recibiera la orden, una pareja cogida de la mano enfrentó su miedo, miró hacia delante sin titubear y avanzó hasta la puerta de los juzgados centrales de Managua. En apenas unos metros, rodeados de la docena de periodistas independientes que siguen trabajando en la capital de Nicaragua, su entereza los transformó en espejo.

Con palabras firmes y voz templada, transmitiendo un ejemplo de compromiso con el país y el estado de derecho, le rebotaron al régimen del Comandante Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, una imagen distorsionada y grotesca. La de una revolución sandinista convertida en remedo mediocre de la dictadura a la que derrocó. En reino de la arbitrariedad de una familia que pisotea las mismas leyes de las que dota a un país convertido ya en su finca.

Carlos Fernando Chamorro y Desirée Elizondo presentaron un recurso de amparo ante la justicia nicaragüense para saber, al menos, de qué se los acusa, qué supuesto delito han cometido y por qué la policía ha allanado, saqueado, confiscado y ocupado desde hace días el edificio de su propiedad en el que se encuentran las redacciones del diario Confidencial y el programa de televisión Esta Semana. Pese al cierre de facto de ambos medios, los dos siguen publicando y emitiendo desde un estudio de televisión prestado y desde una redacción en una localización secreta.

“El amparo es un derecho constitucional para reclamar por el derecho a la libertad de prensa y de expresión que están siendo aplastados al ocupar la policía la redacción”, explicó Carlos Fernando Chamorro ante la atenta mirada de periodistas y policías, levantando como podía la voz y adaptándola a la brutalidad del tránsito de camiones que lo aturdía.

“Solicitamos que se admita el amparo y se ordene la suspensión del acto, la incautación y ocupación de la redacción y se devuelvan los bienes incautados porque los derechos constitucionales en Nicaragua no han sido suspendidos por ningún estado de emergencia, siguen en vigor y deben ser respetados”, añadió Chamorro que fue, también, escéptico. “Este poder judicial no ha mostrado autonomía ni independencia”.

Las horas previas a la presentación del recurso de amparo en defensa de Confidencial y Esta Semana, estuvieron contaminadas por el laberinto de rumores propios de una ciudad controlada por una policía desbocada y de comportamiento insondable y errático –aunque no por ello menos represiva– que actúa en coordinación con bandas de civiles motorizados al servicio del gobierno. Los periodistas que cubrieron el acto caminaron en grupo ante los civiles que los monitoreaban y la propia policía, que no cesaba de fotografiarlos. Se retiraron todos juntos una vez Chamorro abandonó el lugar.

El propio Chamorro no negó el miedo que flota en el ambiente. Cuando se le preguntó si esperaba ser detenido en algún momento respondió que “todos los nicaragüenses estamos expuestos a que se nos fabriquen cargos por leyes que ellos [el gobierno] han fabricado para eso” y se refirió en concreto a “la ley de terrorismo, que están utilizando para encerrar a 565 presos políticos. Dentro de los planes del régimen podría haber muchos más, entre ellos un servidor y todos los que estamos aquí. Todos estamos expuestos a ser detenidos y convertirnos en presos políticos”.

Chamorro, que calificó la situación a la que la policía lo somete como un “asedio”, apeló, no obstante, al ejemplo de la historia. “Yo vengo aquí blindado por la moral de mis padres, de Pedro Joaquín Chamorro (director del diario La Prensa, asesinado por la Dictadura Somocista en 1978) y Violeta Chamorro (presidenta de Nicaragua entre 1990 y 1997). ”Cuando le preguntaron a mi padre si tenía miedo respondió lo que todos los nicaragüenses debemos responder hoy“, continuó Chamorro. ”Sí, tengo miedo, pero cada quien es dueño de su propio miedo. Tenemos que aprender a administrar el miedo y a vencerlo y demostrar que las ideas no se pueden matar y no se pueden matar matando periodistas“.

También llamó a no cejar en el empeño. “Fuimos asaltados y hemos seguido haciendo periodismo independiente y denunciando que este es un ataque triple: a la libertad de prensa y expresión y a la libre empresa. Llamamos al pueblo de Nicaragua a que no se autocensure”. En relación con su propio diario que, pese a estar confiscado sigue publicando desde un lugar no identificado, concluyó explicando que lo estaban reorganizando y que “el lugar físico no es lo más importante porque Confidencial está en el alma y las convicciones de cada uno de nuestros periodistas”.

Wilfredo Miranda, de 25 años y Néstor Arce, de 26, no pierden la lucidez ni la capacidad de trabajo pese a lo complejo de su situación. Tampoco aceptan la palabra miedo. Bromean, responden llamadas o transcriben una entrevista que su director, Carlos Fernando Chamorro, le ha hecho al escritor Sergio Ramírez mientras anotan reacciones, eligen citas o suben fotos del encuentro a sus redes sociales. Escriben desde la habitación que comparten en un hotel con las dos computadoras y varias mochilas que han logrado salvar de la redacción de Confidencial, violentada, saqueada, clausurada y ocupada por las fuerzas especiales del Gobierno de Daniel Ortega desde la madrugada del viernes.

El ambiente es tenso.

- “Que no llamés al teléfono de la empresa”, responde Wilfredo con voz firme a alguien que quiere hablar con él. La policía se ha llevado junto a los equipos el registro de todos sus números y son conscientes de lo fácil que resulta monitorearlos.

- “¿Mirá vos, y por qué no te vas del país?”, le dice a Néstor una amiga por teléfono.

- “Que no me quiero ir…”

- “Vos lo que querés es ser héroe”

- “No, tengo que seguir haciendo mi trabajo”.

Y así pasan la tarde del domingo. Con la presión del exilio o la detención en la nuca, conectados a los servidores del periódico, alojados fuera de Nicaragua,  respondiendo no solo al teléfono sino al zumbido constante de sus redes sociales, que no los abandona ni para darles muestras de apoyo ni para recibir amenazas e insultos. Están aislados, medio escondidos, asustados y cansados. Pero no titubean un segundo. 

“Ya se han ido varios colegas que han renunciado por miedo a las presiones contra ellos y sus familias” explica Wilfredo, responsable de investigaciones como “Disparaban a matar”, una denuncia del uso de francotiradores contra civiles, sin tiempo para levantar la vista del teclado. “Yo decido quedarme porque tengo un compromiso periodístico y también con Nicaragua. Hemos andado en las calles capeando balas, hemos visto caer a muchos. Yo no lo puedo dejar. Esta es la historia de una revolución pacífica aplastada a bala por un régimen familiar dispuesto a cualquier cosa por mantenerse en el poder”. 

Mientras decenas de miles de nicaragüenses han optado por salir del país desde que comenzaron las protestas contra el Gobierno a principios de año, Wilfredo y Néstor han abandonado sus hogares en dirección al exilio interior y la semiclandestinidad desde la que redactan el periódico para el que trabajan. Sus familias no cesan de recibir llamadas intimidantes, visitas de la policía o ataques a pedradas. Incluso la pareja de Wilfredo, que ha venido al hotel a traerle ropa limpia, ha dejado su casa por seguridad. Han renunciado a sus coches y se mueven poco, con discreción y ciertas medidas de seguridad. Saben que los siguen. Hay partidarios del Gobierno que los reconocen e insultan, les sacan fotos, informan de sus actividades. La caída puede llegar en cualquier momento.

Pero eso no derrota a Néstor por un segundo. “Este el momento para ser testigo y periodista de la transición a la democracia que tantos ciudadanos de este país esperan. Yo doy clase de periodismo en la UCA (Universidad Centroamericana) y no quiero tener que decirles dentro de 10 años a mis alumnos que me fui en este momento de nuestra historia aún sabiendo que esto me acarrea intimidación amenazas, cárcel o incluso muerte”.

Tras meses de represión que han dejado más de 300 muertos y cientos de presos políticos, la situación en Nicaragua ha desembocado en una aparente victoria del Gobierno. La calma, falsa, de terrazas repletas, avenidas decoradas de motivos navideños y relativa normalidad esconde una dictadura de nuevo cuño: el Gobierno, apagada a sangre y tiros la protesta callejera y desarmados los tranques en las carreteras a base de más sangre y más tiros, encarcelamientos o una huida masiva de jóvenes activistas a la vecina Costa Rica, se ha enfocado ahora en la persecución selectiva –vía decretos que instauran el estado de excepción– de las últimas voces disidentes que quedan en Nicaragua. 

La hoja de ruta es clara: si primero fue disparar, ahora toca señalar, amenazar, asustar y forzar al exilio a quienes se quedaron. Si eso no funciona, clausurar organizaciones y medios, requisar equipos y oficinas y detener a periodistas y activistas. Los dos reporteros de Confidencial lo entienden y están listos para asumir lo que suceda. Wilfredo saca su celular y muestra los memes que circulan por las redes.

El último, de esta misma mañana, muestra su foto y dice: “Se busca”. Lo acusa de terrorista mediático, y pide que “donde lo vean favor reportarlo o capturarlo”. Circula desde una página de Facebook llamada 100% Verdad, uno de tantos boots propagandistas del Gobierno. Otro, más trabajado y de hace unos días, que también lleva amenazas y viene firmado por la Tropa Digital Pablo Úbeda muestra la foto de una cena con su pareja en un restaurante. El mensaje es claro: allá donde vayas, te estamos mirando. En el caso de otro de los redactores de su periódico, Carlos Salinas, han apostado hombres en la puerta de su casa que lo siguen. A otros los han golpeado. La represión no se ha volcado solo contra ellos. Ángel Gahona, un periodista de Bluefields, fue asesinado durante las protestas contra el gobierno. A Miguel Mora, director y propietario de 100% noticias, lo han detenido en seis ocasiones durante el último mes.

El asalto al diario

La última ola represiva de la pareja presidencial se ha desencadenado sin esperarlo, dice Néstor. Después de tantos meses de protestas, asesinatos, detenciones y exilios en Confidencial habían empezado a acostumbrarse a seguir trabajando sin esperar el cierre pese a las intimidaciones. Todo cambió el 12 de diciembre cuando el gobierno aprobó un decreto en el que privaba de personalidad jurídica y confiscaba sus bienes y oficinas a nueve organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y desarrollo a las que acusa de haber participado en un intento fallido de golpe de estado, promover el terrorismo y los crímenes de odio. Una de esas organizaciones, CINCO, una pequeña consultora de comunicación que en el pasado –hace más de diez años- estuvo vinculada a Confidencial es el vínculo al que imaginan -porque nadie ha dado aún una razón- que el gobierno se ha agarrado para clausurar el diario y confiscar sus bienes e instalaciones por la vía de la patada, literal, en la puerta sin mostrar un documento, una firma o un responsable al que apelar o reclamar. 

Néstor explica que el jueves por la noche llegó a la redacción de Confidencial un vehículo con civiles. “Le dijeron al guardia de seguridad que se había reportado un robo. A la media hora se les sumaron varias patrullas y un microbús. Rompen el portón, retienen al guardia, le quitan el celular para incomunicarlo, quiebran las cámaras de seguridad, entran uno por uno a todos los despachos forzando las puertas y se lo llevan casi todo”.

A eso de las tres de la madrugada una de las empleadas, que tiene acceso al sistema de seguridad a través de su teléfono, se despertó y descubrió que habían dejado de funcionar. En un par de horas pudieron confirmar la noticia que temían. Cuando se hizo de día y llegaron a las oficinas se las encontraron rodeadas por una cinta roja que decía “Policía Nacional de Nicaragua”.

La lista de lo requisado es larga, treinta computadoras, equipo de edición, cámaras, radios, documentos contables y de administración. Se tomaron el tiempo de cortar los cables del estudio de televisión desde el que se emiten programas como la entrevista de Carlos Fernando Chamorro a Sergio Ramírez que redactan esta tarde escondidos en el hotel. Néstor y Wilfredo lograron recuperar las dos computadoras con las que ahora trabajan antes de que la policía regresara. “Pensaron que eran solo pantallas por eso no se las llevaron”, explica Néstor.

Al día siguiente, el viernes, el director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, acompañado de su esposa y varios periodistas, trató de ingresar a las instalaciones del periódico. No lo logró. Como tampoco consiguió que los policías que ya lo ocupaban le mostraran ningún documento que justificase su presencia, en calidad de invasores armados, en un edificio que es propiedad de una empresa privada.

No cejó en el intento y la mañana del sábado, acompañado de varios de sus periodistas se dirigió a la sede la policía a pedir explicaciones por lo sucedido. A fin de cuentas, resulta difícil de aceptar que un gobierno pueda cerrar un diario y confiscar sus instalaciones sin un solo documento ni explicación. La respuesta fue aún más contundente. Los portones negros del recinto se abrieron y de ellos salieron enardecidos, cual toros bravos en San Fermín, un grupo de policías antimotines a golpear en tromba.

“Todo lo hacen por sus pistolas y porras” dice Wilfredo. Néstor se ríe. Se levanta la camiseta. Aún tiene la marca de un porrazo, roja, recta, intensa, sobre el omóplato derecho. “En el hotel no podemos quedarnos muchos días. Se va a instalar una redacción en un lugar alterno y seguro para todo el equipo. Lo estamos buscando”.

No había pasado una semana desde las elecciones de mitad de mandato, las que lanzaron a la primera línea política a una nueva generación de mujeres jóvenes y de perfiles no tradicionales y ya comenzaban a asomar algunos brotes verdes entre la densa niebla que cubre Washington desde la elección del presidente Donald Trump.

Primero vimos a una congresista demócrata recién electa, Alexandria Ocasio-Cortez, subida sobre una mesa en una iglesia, micrófono en mano y dirigiéndose a un grupo de activistas movilizados en torno a la crisis climática, el Sunrise Movement. Después, a esos mismos activistas marchando en paz hasta el despacho de la también demócrata Nancy Pelosi, lideresa de la Cámara de Representantes, y sentados frente a ella. Poca novedad. Carteles. Cantos. Manifiesto. Algunos arrestos. Previsible.

El giro político novedoso, que en esa protesta participaba la misma congresista que el día anterior hablaba con los activistas subida a una mesa. Convertida en dinamizadora de una nueva izquierda obrerista, feminista, activista, socialista –con lo que ello implica en este país– que confluye ahora en defensa de un paquete legislativo claro, con nombre, apellidos, fecha de nacimiento y mayoría de edad casi inmediata: El Green New Deal. Un Nuevo Acuerdo Verde.

Alexandria Ocasio-Cortez ha decidido presentarse, orgullosa y sin complejos, como una mujer joven trabajadora, latina, que vive en un apartamento de una habitación en el Bronx y que no tenía dinero suficiente para mantenerse en Washington hasta cobrar su primer salario. Que firma su primer seguro médico como congresista denunciando que paga por él la mitad de lo que pagaba como camarera. Que anuncia que pagará al menos el salario mínimo a sus becarios en el Congreso, a diferencia de lo que hacen hoy el 90% de los congresistas. Que, ante la elección de su distrito como futura sede de Amazon, no aplaude sin disenso la versión monolítica de los puestos de trabajo a crear. Que, en cambio, pregunta por los riesgos de gentrificación que se abalanzan sobre sus votantes al tiempo que cuestiona que el estado otorgue beneficios fiscales a las empresas en lugar de aprobar ayudas e inversión centradas en los ciudadanos.

Ninguno de esos planteamientos debería sorprender de alguien que ante el despacho de Nancy Pelosi en el Congreso recordó los inicios de su militancia política en la movilización, larga, dura, de base, en Standing Rock, Dakota. Miles de personas en torno a la protesta nativa contra un oleoducto del que parten muchas de las disidencias actuales, sobre todo las medioambientales, de la política norteamericana.

Ocasio-Cortez lo llama la “poesía de la historia” y, ya congresista, defiende que no hay contradicción alguna entre las identidades múltiples de una activista, el salto institucional y la coherencia implícita en seguir persiguiendo la agenda que anunció en campaña cuando ya recorre los pasillos de Washington empujando a su partido a cada paso que da.

La presencia de Ocasio-Cortez en aquella protesta de despacho respondía a la siguiente estrategia: Si Pelosi quiere renovar su puesto al frente de la Cámara de Representantes, no es suficiente con apelar a una lealtad de partido automática. Ser mujer, joven o latina tampoco va a definir el sentido del voto ni el de la coalición que, de manera informal, Ocasio-Cortez comienza a liderar en la estela de Bernie Sanders, para quien trabajó en los inicios de su corta carrera. Quien quiera contar con su apoyo y el de su plataforma, tiene que apoyar el Nuevo Acuerdo Verde. Tiene que mover el partido a la izquierda. Las etiquetas, lo simbólico y lo declarativo, no sirven de nada si no van acompañadas, según Ocasio, de políticas concretas. Ambiciosas, sin duda.

La política verde

El “movimiento de derechos civiles de nuestra generación”. Así define su apuesta Ocasio-Cortez. La versión corta: convertir un problema, el cambio climático y la necesidad urgente de plantear una economía del carbono alternativa a la actual y orientada hacia energías renovables, en un ambicioso proyecto de transformación económica y política del país. Abarcando también la regulación del sistema financiero internacional, los sistemas impositivos, la responsabilidad de las compañías transnacionales o el papel del Estado en la creación de incentivos y empleo a través del gasto público para un crecimiento más inclusivo.

Ocasio-Cortez se apoya en lo que el filósofo francés Bruno Latour ha formulado así: a la desregulación globalizadora, que genera desigualdad, sólo se puede responder desde la política del clima en sentido amplio: la regulación de la relación entre los seres humanos y las condiciones materiales de la existencia desde un enfoque planetario y de futuro.

En cuestión de semanas, la propuesta ya ha conseguido el apoyo de 31 congresistas (el 15% de los demócratas electos y cuando ni siquiera ha comenzado el período de sesiones) y del senador Bernie Sanders, padre político de la generación de representantes de la nueva izquierda que, con el nombre de Socialistas Democráticos o Demócratas por la Justicia, ha irrumpido con fuerza en la escena política estadounidense.

El Comité para el Nuevo Acuerdo Verde, de salir adelante, estaría formado por 15 miembros y diseñaría un plan de movilización del Gobierno federal que, impulsando el gasto público desde un banco verde, aprobaría a comienzos de 2020 un paquete de leyes necesarias para la transición rápida, en una década, a una economía neutral en carbono. Que reduzca las emisiones al mismo tiempo que recaptura parte del ya existente tanto en la atmósfera como en el océano. Y que, persiguiendo esa agenda, cree empleo verde, sin huella de carbono, desde un enfoque de igualdad y justicia económica y medioambiental. Principios que la propuesta define como vinculados a la cohesión social, racial, regional y de género del país.

La campaña electoral para 2020 ha comenzado

Durante una reciente intervención televisada desde Washington, Ocasio-Cortez lo explicaba así: “Vamos a generar empleo y potenciar la industria, levantar escuelas, reconstruir carreteras, inventar tecnología con la ambición y el impulso con el que Franklin D. Roosevelt lo hizo en un momento complejo de la historia con el que comenzamos a encontrar paralelismos”. Hasta aquí un plan de desarrollo económico keynesiano tradicional. Al que Ocasio añade la interseccionalidad: “Con políticas que no dejen a nadie atrás”.

“No podemos avanzar al futuro hasta que todos los americanos formen parte de él. Dejar grupos atrás crea una grieta social. La política tiene que servir a todos y no sólo a una élite”, defiende. Para ella, no se trata solo de una solución económica o medioambiental, sino de crear un mecanismo que devuelva la justicia a las comunidades que no han sido tratadas correctamente. “Hay niños que beben agua sucia en Flint, hay niños que respiran aire sucio en California, hay niños en Puerto Rico que viven entre el barro. Y muchas de esas comunidades más pobres y peor tratadas son nativas y oscuras. Reparar la conducción de agua en Flint es justicia, da empleo e integra a la sociedad”.

En definitiva, que la inversión necesaria para mitigar el clima, impacte positivamente en los grupos que se están quedando atrás y se convierta en plataforma de movilización y programa para su partido. La economía verde genera empleo. Es un hecho. Según datos del Gobierno federal los puestos de trabajo que más crecen en Estados Unidos son los de técnico de energía solar y eólica.

Para Ocasio-Cortez, Sanders y los representantes del ala izquierdista del Partido Demócrata, la intención no es sólo científica y medioambiental. Han lanzando la carrera de las primarias demócratas de cara a las elecciones de 2020. Marcando agenda y liderando discurso, poniendo a los sectores más tradicionales del partido ante una disyuntiva: seguir el curso de acción tradicional, con los resultados ya conocidos o apostar por las bases demócratas más movilizadas, jóvenes, mujeres y ciudadanos que representan además la diversidad étnica, ideológica y de clase de Estados Unidos.

Una plataforma que, además, propone, al ubicar el centro de su agenda política en lo verde, cambiar el propio modelo de financiación del partido y sus campañas, rechazando cualquier contribución de empresas implicadas en la producción de combustibles fósiles. Algo que modificará la estructura organizativa, agencia de representación y programa político del propio Partido Demócrata.

Cuando el Presidente Donald Trump marcó la línea roja al retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París en 2017 pese a que todo indica que el cambio climático se agrava e importa cada vez más a los votantes, estaba lanzando un guante que un grupo de congresistas ha sabido recoger. Marcaba las líneas del terreno de juego y sus reglas. Comenzó a diseñar, por oposición, la plataforma política a la que él y su partido tendrán que enfrentarse en un futuro cada vez más cercano.

“Es la economía, es ahora y somos todos”. Katherine Hayhoe, Directora del Centro para la Ciencia del Clima de la Universidad Texas Tech, es una de las académicas más conscientes de la importancia de la comunicación de los impactos del cambio climático. Y lleva días repitiendo ese nuevo lema allá donde habla. 

La semana pasada participó de un encuentro con periodistas en el que compartió sus puntos de vista sobre los argumentos más efectivos a la hora de cambiar conciencias e impulsar políticas públicas. El espíritu, un clásico: Los científicos ya han entendido lo que sucede y ahora, además, quieren hacer algo para, al menos, mitigarlo.

Hayhoe, responsable del diseño de los escenarios para el futuro recogidos en el informe climático más importante realizado nunca en Estados Unidos, publicado en noviembre, ha reflexionado mucho sobre los motivos por los que el público no acaba de movilizarse en consonancia con los riesgos que afrontamos.

A diferencia de muchos, no cree que un supuesto desacuerdo respecto a los hechos sea lo que impide la toma de más medidas mitigadoras del impacto del cambio climático. “El problema no es con la ciencia, la mayor parte de los americanos (sic) creen que el clima cambia y los humanos son responsables”, señala optimista. (Optimista es creer que ya solo el 14 por ciento de los estadounidenses, presidente Trump incluido, niega que el cambio climático sucede y ya solo el 32 por ciento niega que sea debido al comportamiento humano según muestran datos de la Universidad de Yale).

El problema es transversal. Mucho más profundo. “Hay algo más peligroso que casi todo el mundo comparte: que el calentamiento global no nos afecta a cada uno de nosotros hoy.  Afecta, sí, pero a las plantas, al hielo, a las generaciones futuras, a los países en desarrollo o al oso polar en el Ártico, un animal que casi nadie ha visto ni verá en su vida”.

Esa distancia, según ella, es el mito a combatir. Porque en realidad “nos está afectando a todos y cada uno de nosotros vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos. Ese impacto aumentará a medida que el cambio climático avance y eso es lo que debemos explicar”.

Hayhoe, responsable de Global Weirding, uno de los mejores canales a los que recurrir para entender la ciencia del clima, plantea que “hay que hablar de impactos: todas y cada una de las regiones de Estados Unidos, (por extensión del mundo) todos los sectores de la economía, agua, infraestructura, transportes, nutrición, salud, pesca, agricultura -lo que se busque- están cambiando ya”.

Porque, añade, en el único momento serio -casi lúgubre- en una intervención colonizada por la sonrisa del creyente, esos cambios cuestan mucho dinero y “la ventana de tiempo para evitar impactos masivos y muy costosos se está estrechando”. De hecho, la situación, sin el impulso político necesario, sigue empeorando y las emisiones de carbono a la atmósfera siguen aumentando. Este año incluso más rápido que los anteriores. 

Para Hayhoe, formada en la física atmosférica primero y en políticas públicas después, “la mejor analogía para comprender nuestro comportamiento es como si cargásemos los dados contra nosotros mismos a sabiendas y siguiéramos tirándolos. Siempre podemos conseguir un seis doble. Lo que vemos es que cada vez conseguimos más dobles seises y dobles sietes”. Le gusta, también, la historia del fumador. “Si alguien fuma un paquete al día, no sabemos si va a desarrollar cáncer, pero sabemos que cuanto antes lo deje, menos posibilidades tiene de que le suceda”.

O lo que es lo mismo: “¿Cuántos días por encima de los 40 grados puede vivir el estado de Arizona?” se pregunta. “¿100, 200, 300? ¿Y Chicago? ¿100? ¿200? ¿Cuántas personas sufrirían por eso? ¿Cuánto le costará eso a nuestro sistema de salud? ¿Cuánto nos va a costar en infraestructura portuaria y de transportes la subida del nivel del mar? ¿el desplazamiento de comunidades nativas de sus lugares milenarios? ¿las pérdidas agrícolas? ¿La escasez de agua? ¿los incendios? ¿los eventos climáticos extremos? ¿esperamos o seguimos sumando costes?”.

El informe en cuya participación Hayhoe ha participado cifra las pérdidas para la economía en cientos de miles de millones de dólares. Hasta un 10 por ciento del Producto Nacional Bruto de Estados Unidos para el año 2100.  

Lo positivo, explica, porque tratan de reforzar lo positivo frente a los catastrófico, es que aunque normalmente los científicos no hablan de política, la ciencia, hoy, permite conocer y estimar las medidas para conseguir un determinado resultado. “Si no queremos superar un calentamiento global de 2 grados, el presupuesto de carbono con el que debemos trabajar es X. Ese es un cálculo que hoy podemos hacer”.

Saben lo que hay que hacer y calcular cuánto cuesta hacerlo. Sus números, simplificados, son estos. El precio a pagar en Estados Unidos por cumplir el Acuerdo de París y limitar el calentamiento global a menos de 2 grados este siglo, si es que aún se está tiempo, asciende a más o menos un 20 por ciento del Producto Nacional Bruto de Estados Unidos en un año. Si, según ella, se diseña una política a veinte años vista, ese coste es asumible. Habla de un 1 por ciento cada año. Un dinero, además, a gastar en la creación de nuevos empleos, en energías a potenciar. “Según los datos del propio gobierno federal, los puestos de trabajo que más crecen en la economía son los de técnico de energía solar y eólica”.

Para Hayhoe, pelear por ese uno por ciento de la economía dirigido a la creación de empleo y la mitigación del cambio climático es la batalla a dar. “Cualquier análisis económico objetivo dice que a 20 años vista, el Acuerdo de París, la limitación de las emisiones a la atmósfera modificando la economía de la energía, tiene sentido para Estados Unidos y para el mundo. Esos deberían ser los titulares con los que referirse al Cambio Climático ahora”.

La próxima temporada de Narcos, quizás la de Fariña también, podría rodarse en Honduras. Tendría mar, cocaína, ajustes de cuentas y política, mucha política. Surcaría las playas del Caribe, los despachos de esa pequeña Casa Presidencial mal encajada entre las colinas de Tegucigalpa o el del General al mando de la Policía y se dormiría una reconfortante siesta entre amigos, ni lo duden, en los pasillos del Congreso de la República.

Los detalles del guión son públicos y los secuencia, paso a paso, una fiscalía de distrito en Nueva York.

La sinopsis corta es la siguiente: Entre 2004 y 2016, llegaron a Honduras toneladas de cocaína. En avioneta, lanchas rápidas e incluso, en al menos una ocasión, en un submarino. Desde allí, un supuesto ganadero, hortera, de los de zoo de animales exóticos en medio de la nada, Leonel Rivera Madariaga, jefe del cártel de Los Cachiros, la reenviaba rumbo a México, al Cártel de Sinaloa (sí, el del “Chapo” Guzmán) por tierra. Llegaba (sigue llegando) a Estados Unidos. Los responsables de su recepción, procesado en laboratorios locales, transporte, seguridad de la carga –en convoyes protegidos por armas de guerra y con paso libre garantizado por el territorio– eran importantes políticos y policías hondureños. Familiares en primer grado de los presidentes.

El penúltimo giro de esta trama, viva y de final siempre abierto, de estos días, avanza a partir de ahí.

El hermano del presidente

Según la Fiscalía de Nueva York, que acaba de detenerlo y hacer públicos los cargos, una cantidad indeterminada de esa cocaína “muchas toneladas”, llevaban firma. Dos letras grabadas en los ladrillos. “TH”. Las iniciales pertenecen a Tony Hernández, el hermano pequeño del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Fue, además, diputado del Partido Nacional en el Congreso entre 2010 y 2014, mientras su hermano presidió la institución.

El documento de la Fiscalía describe que tuvo acceso al menos a una grabación de vídeo en la que Tony Hernández recibe 50.000 dólares en efectivo de Rivera Madariaga para sobornar funcionarios a través de empresas pantalla que blanqueaban beneficios y pagos. El ventilador de acusaciones y pruebas es el propio Rivera Madariaga, preso en Estados Unidos desde 2015, que negoció durante años antes de entregarse voluntariamente en las Bahamas, no sin llevarse material con él para rendir las cuentas que tocaran.

El giro narrativo que abre incógnitas y permite lanzar la historia hacia delante es el de una sensación de impunidad generalizada que, si no queda hecha añicos, al menos se agrieta un tantito.

De entre todos los cargos, gravísimos, el que probablemente ofenda más a las autoridades estadounidenses es el menor. La mentira de rostro marmóleo. En octubre de 2016, después de que se filtraran las primeras acusaciones contra él, Tony Hernández voló a Miami en un jet privado –mecanismo habitual de transporte de exdiputados sin empleo conocido– para testificar voluntariamente y defender su inocencia. Si de algo le sirvió la mentira es para sumarle cinco años de cárcel como propina moralizante a las tres cadenas perpetuas a las que se enfrenta.

A su hermano, el presidente, le pareció entonces un gesto de confianza que su hermano testificara y sugirió que se trataba de un movimiento contra él mismo y su supuesta cruzada legalista. “Los pájaros le tiran a las escopetas”, dijo.

Tony Hernández y su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández, no previeron entonces que las autoridades de Estados Unidos seguirían adelante con el caso. Se equivocaron. No son los primeros poderosos que ven cómo su reino se tambalea. Debieron contemplar que podía suceder. Tenían motivos. Había un antecedente similar: El de Fabio Lobo, hijo del presidente anterior, Porfirio Lobo.

Flashback: de la Casa Presidencial a Haití

Lobo hijo, que llegó a tener despacho abierto en la Casa Presidencial que dirigió su padre entre 2009 y 2014 ya fue condenado a 24 años de cárcel por usar sus conexiones políticas con el Congreso, el Ejército y el sistema de aduanas para gestionar la misma logística de transporte para el mismo narcotraficante.

Lobo no era un abogado conseguidor y comisionista como Hernández. A él le iba la marcha. Quedó demostrado que viajaba en los convoyes armados para garantizar, control a control y teléfono en mano, que nadie los detenía. Por uno de esos viajes llegó a cobrar 70.000 dólares, una camioneta blindada y un fusil R-15. (¿Quién cobra en vehículos blindados y armas?).

La escena protagonizada por Lobo y detallada por un agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos infiltrado en la red lo ubica además ante un mapa de Honduras dando detalles, rutas, carreteras, controles, policías a cargo de cada departamento y, siempre, al final usando su palabra y conexiones, la amenaza, el usted no sabe con quién está hablando, para resolver cualquier problema. Allende los mares. A Lobo lo detuvieron en Haití, in fraganti, moviendo un cargamento.

La sentencia de su condena explica cómo, junto a Freddy Nájera diputado del Partido Liberal, (ningún partido se salva, en Honduras, de vínculos con el narcotráfico) Lobo hijo gestionó desde las instalaciones de Puerto Cortés un envío de cocaína dirigido al Cártel de Sinaloa en México. Nájera era, según la Fiscalía de Nueva York, quien esperaba en las densas noches de la selva oriental del país, junto a decenas de hombres armados, el aterrizaje en pistas clandestinas de las avionetas que llegaban de la frontera entre Colombia y Venezuela.

No hay narco que se precie sin un buen banco detrás

El narco Rivera Madariaga está cantando de lo lindo en todas las direcciones y salpica partidos, gobiernos y negocios. Los buenos empresarios, y los narcos suelen serlo, saben diversificar y aquí se abren posibles capítulos –que darían para series enteras– con nuevos personajes y tramas de carácter económico. No hay fajos ni maletas cargadas de billetes sin bancos que los procesen.

En diciembre de 2017, Yani Rosenthal, que había sido Ministro de la Presidencia del presidente Manuel Zelaya, del Partido Liberal, fue condenado a tres años de cárcel en Miami por lavado de activos procedentes de cártel de Los Cachiros. Junto a él, por el mismo delito y vínculo, su primo Yankel Rosenthal, que fue Ministro de Inversiones del gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández. El dinero no entiende de cambios de administración.

Las empresas de los Rosenthal, incluido el Banco Continental, primer banco clausurado por ser lavadora de narcos en aplicación de las leyes de Estados Unidos, fueron confiscadas y liquidadas por su vinculación con Los Cachiros. El patriarca de la familia, Jaime Rosenthal, que, sorpresa, fue vicepresidente de Honduras en los 90, se salvó, por ahora, de la extradición a Estados Unidos debido a las causas pendientes en Honduras pese a ser señalado por el Departamento del Tesoro como cabeza de la trama profundizada durante décadas. Los Rosenthal, banqueros, les compraban vacas a Los Cachiros, reconocidos ganaderos, dijeron en su defensa.Salieron caras esas vacas.

Para la siguiente temporada, que la habrá, el Gobierno de Estados Unidos, sus guionistas, se reservan una gran incógnita. El salpicón puede atragantarse más aún. Otro funcionario sobre el que existe grabación en la Fiscalía estadounidense, si bien exculpatoria –por el momento– es el todopoderoso general Julián Pacheco, ministro de Seguridad y responsable de la inteligencia hondureña desde 2014.

Lobo hijo llevó al narco Madariaga a su despacho. La reunión duró poco, aparentemente el Ministro los echó con cajas destempladas. Pero. Puntos suspensivos. Lobo hijo, el hijo del expresidente y posteriormente Tony Hernández, hermano del presidente actual, siguieron trabajando para 'Los Cachiros'. Y quien es Ministro de Seguridad desde 2014 lo sabía a despacho caliente y en persona, por ponerlo de algún modo.

En el momento de reaccionar, en boca cerrada no entran moscas y yo no he visto nada. Ambos presidentes han sido escuetos. Que se cumpla la ley, han dicho. Honduras es pequeño, en espacio y canales de información. Ellos, muy ocupados siempre, nunca supieron a qué se dedicaban su hijo y su hermano. Fabio Lobo y Tony Hernández tenían sobornados a docenas de políticos, funcionarios, policías y militares del país y transitaban por sus carreteras en convoyes fuertemente armados sin que, por supuesto, los presidentes, a cargo, entre otras cosas, de la inteligencia del Estado, lo supieran.

La historia viene de largo

Honduras es, desde hace años, sobre todo desde que el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya en 2009, pista abierta, parada logística de la cocaína que sale de Colombia y Venezuela rumbo a Estados Unidos. La droga vuela o navega atravesando el Caribe. Desembarca en la costa de la Mosquitia, remota, inaccesible y mal vigilada para seguir rumbo a los cárteles mexicanos que la introducen en Estados Unidos. Esa maldición geográfica, inevitable, junto a un Estado débil y cooptado, ha convertido al país en una distopía, un lugar carcomido por el crimen donde el narcotráfico lleva a las pandillas, la violencia, la corrupción, el hambre. Al desastre. A un país de donde huye quien puede. Con cientos de miles de desplazados internos y externos. Algunos miles de ellos empujando fuerte en una fila en Tijuana para ser reconocidos como refugiados.

La lista de frases sobre el narcotráfico de los políticos hondureños es digna de las mejores mentes. Para enmarcar. Del conocido “si las narcoavionetas no aterrizan en el centro de San Pedro Sula sólo porque los árboles se lo impiden” de un ministro de Defensa a “los controles de policía no son más que un lugar en el que ser extorsionado”, del presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso. Nadie en Honduras se atreve a negar lo que sucede. Mientras pueda echar balones fuera. Siempre que permita el “casi”. Incluso el Presidente Juan Orlando Hernández ha dicho en numerosas ocasiones que el país ha estado a punto de convertirse en un Estado fallido. Como si no estuviera implicado en lo que sucede.

Un solo ejemplo. Hernández y su predecesor, Lobo, son responsables de una medida política perversa relacionada con el narco. Alrededor de 2012 la Fuerza Aérea hondureña comenzó a derribar narcoavionetas en vuelo. Alegaba defensa de la soberanía nacional. Eso es ilegal. Estados Unidos, que manejaba el radar que informaba de esas avionetas, no podía seguir colaborando con esa política y avisó. Y avisó. Y avisó. Y acabó por cortar el único radar que había en Honduras para detectar narcoavionetas. Algo que, por supuesto, no beneficiaba directamente a nadie. Puntos suspensivos.

Hay más. En 2016 se hizo pública una estructura colegiada dentro la Policía Nacional de Honduras que tenía como cometido desembarazarse de aquellos elementos de la política, la policía y el Ejército que no colaborasen con el narcotráfico. Si una determinada unidad policial estaba encargada de transporte de cocaína y otra unidad, en este caso militar, se interponía, no había mayor problema en ordenar matar a un general del Ejército. O al diputado que lo investigara.

Desde 2012, uno tras otro, los generales Directores de la Policía fueron cayendo uno tras otro (abandonando el cargo, ascendidos a veces, a cargos diplomáticos o políticos, que Honduras eso nunca significa juzgados por los hechos en su hoja de deméritos). Escuadrones de la muerte, narcotráfico, corrupción. La lista es amplia y lo toca todo. Lo hicieron incluso acusándose los unos a los otros de matarse familiares en represalia.

Honduras es el país del golpe de estado, la plataforma del narcotráfico, una depuración policial tan continua como fracasada, la impunidad como forma de supervivencia o marchas sosteniendo antorchas para pedir una comisión internacional que interviniera el sistema de justicia, fallido. El lugar donde hasta el fracaso sabe a poco. Un país, también, donde un esquema de corrupción en el sistema sanitario se llevó por delante, tan sólo durante la administración del Presidente Lobo, casi el 10% del presupuesto nacional. Suma y sigue.

Honduras es, y ha sido, al menos desde el golpe de Estado de 2009, un fiel aliado de Estados Unidos en la zona. Entre 2009 y 2016 los gobiernos del Partido Nacional recibieron casi 100 millones de dólares en ayuda a los sistemas de seguridad del país de la administración de Barack Obama. Donald Trump ha amenazado con reducir el dinero que envía a Honduras.

De suceder, si es que sucede, está por ver cuál será el impacto. Muchos creen que el apoyo estadounidense a un gobierno, policía y ejército corruptos ha empeorado las cosas, reforzando el narcopoder. Otros, que ha evitado que los desmanes fueran aún peores.

Mientras tanto, la república bananera acaba rayada, esnifada, mareada y resacosa, cayendo en barrena a un pozo sin fondo. Convertida en un poema narcopolítico que espera, cada vez más dolorido, los giros del siguiente capítulo de la versión catracha de “Narcos”.

Hay noticias que, de tan discretas, no lo parecen. Que caminan de lado. Por la periferia y en silencio. Huérfanas de notas de prensa, declaraciones, discursos grandilocuentes. 

Encuentros que podrían ocupar las portadas bajo titulares como 'Diplomacia científica entre los dos países responsables de la mayor parte de las emisiones de gases invernadero del planeta'. Iniciativas que podrían divulgarse tras un 'Alaska, zona cero del cambio climático, presenta su plan de acción para adaptarse al acuerdo de París pese al negacionismo del Gobierno federal'. Proyectos sumergidos en los archivos hasta el día en que alguien decida escribir la historia del desastre, las omisiones que nos arrastraron a una situación que nadie sabe definir con exactitud pero sobre la que todos coinciden en algo: será peor que la actual.  

Los últimos días de septiembre, bajo un sol radiante y rodeados de los últimos colores del otoño, muy poco antes de que el Panel de Expertos sobre el Cambio Climático anunciara que la reducción de emisiones a la atmósfera debe ser rápida y radical para evitar consecuencias irreversibles, profundas y potencialmente catastróficas para el futuro, se celebró una reunión.

Dos docenas de científicos y estudiosos del hielo, el mar, la nieve, el permafrost y la sostenibilidad trabajaron varios días en el Instituto de Estudios Árticos de la Universidad de Alaska, en Fairbanks.

Los encuentros científicos no son noticia a menos que vayan acompañados de importantes descubrimientos o anuncios catastróficos. Menos aún si solo se trata de sesiones de trabajo para la elaboración de una agenda de investigación conjunta, como en este caso. 

Pero ¿Y si resulta que los participantes en esa conferencia son algunos de los científicos punteros en el estudio del cambio climático de Estados Unidos y de la Academia de Ciencias de China, los dos países responsables de la mayor parte de las emisiones de gases invernadero a la atmósfera?

No cambia nada.

Planes de investigación, localización de las estaciones de medición, vínculos entre el Ártico y el tercer polo –situado en la planicie del Tíbet– o la velocidad comparada a la que se descongela el permafrost del norte de América y el de Asia Central que avanzan entre la nada.

Cientos de páginas y conclusiones sepultadas en lo abstruso de la jerga para iniciados que solo demasiado tarde –o quizá nunca– llegarán al ámbito de la divulgación. Mucho menos a la incidencia política. 

La prueba, apenas un par de meses después y a pocos kilómetros de aquella reunión entre científicos chinos y estadounidenses, a las afueras de la misma ciudad. Ya sin sol y pese a una tormenta de nieve que duraba más de dos días, después de unas elecciones que le han devuelto Alaska al Partido Republicano, que no quiere ni oír hablar de estos temas. En medio de la oscuridad, la política de los avisos no atendidos se sube al escenario de un teatro repleto y actúa ante un público lleno de ciudadanos que no por convencidos tienen mayor capacidad de acción.

Sobre la tarima, el vicerrector de investigación de la Universidad de Alaska, Larry Hinzman, con más de 30 años de trabajo sobre la climatología polar en la cabeza. A su derecha, Luke Hopkins, que fue alcalde de Fairbanks y lidera el grupo de acción estatal sobre el cambio climático. Junto a ambos, Nikoosh Carlo, una mujer joven, indígena Athabascan, apoyada por la triple legitimidad de su doctorado en ciencias, su pertenencia nativa al ártico y su puesto como asesora principal del gobernador de Alaska para el cambio climático.

El discurso lo es de despedida. Sentado sobre una advertencia. Presentaban el plan de acción que proponen aplicar en la zona cero del cambio climático. Un trabajo conjunto de cientos de personas durante meses, la compilación del conocimiento acumulado durante años, una propuesta de políticas públicas.

Un informe y un aviso: no lo dejen morir.

Piden que la audiencia se descargue el informe antes de que el nuevo gobernador, el republicano Mike Dunleavy, negacionista del cambio climático, asuma el cargo a principios de diciembre. Lo más probable es que, como ya ha sucedido en el pasado, esa web desaparezca. Como si borrar informes del repositorio digital sirviese para algo más allá de lanzar un mensaje político de oídos cerrados a la ciencia. Como si detuviera el avance del cambio climático.

En ese centenar de páginas que se sumarán a la pila a radiografiar cuando en el futuro se deduzcan responsabilidades –si se deducen–, muchos diagnósticos y medidas. 

Primero el diagnóstico. Recurrente, casi apocalíptico, medido hasta la saciedad por todo tipo de iniciativas. Carlo, la asesora indígena del gobernador repite una y otra vez la expresión “Zona Cero”. Debido a la localización geográfica de Alaska, estamos en la “Zona Cero” del Cambio Climático y ofrece detalles: aumento de las temperaturas a mayor velocidad que en el resto del planeta, tormentas, humedad, falta y retraso de hielo, erosión en las costas, descenso de la pesca debido a la acidificación del mar, pérdida de nieve y albedo -su efecto reflectante-, 31 comunidades a desplazar antes de verse ahogadas por el mar, la desaparición de modos de vida milenarios y el efecto cascada que nace del Ártico afectando a todo el planeta.

Las imágenes, que –pasada la mitad de noviembre– siguen mostrando el Estrecho de Bering sin hielo, deberían convertirse en emblema, mensaje, sirena de alarma, portadas de apertura de noticieros, dice. No sucede. Nadie atiende. Demasiado lejos, demasiado complejo. En vez de lamentarse de la falta de atención del mundo, su optimismo maníaco transforma el desastre en oportunidad. La oportunidad de que se asuma la realidad y eso impulse medidas.

Las medidas, casi un tabú en un estado cuya economía depende de la extracción de petróleo.

Hopkins, el político de larga data, a semanas de la retirada, esto es, sin pelos en la lengua, marca la ruta del qué hacer. Propone fomentar principios: educar en la ciencia, seguir investigando hacia dos palabras: energía limpia. ¿Cómo avanzar en esa dirección? Hay que disminuir la emisión de gases invernadero hasta un 30% en la próxima década. Eso significa sacar el petróleo de la economía y apoyar una transición lo más rápida posible hacia la energía geotérmica, solar, eólica, oceánica. Para lograrlo proponen establecer un banco verde estatal que lo financie.

Ese era el plan diseñado por encargo de una administración demócrata derrotada en las urnas. Que, pese a su derrota en Alaska, comparte las líneas maestras de lo que un grupo de congresistas de izquierda comienza a defender en Washington con el nombre de “Green New Deal”. 

El turno de intervenciones del público fue largo, Hinzman, el investigador, agotado de repetir y repetir y repetir, se hizo una pregunta a sí mismo y se la respondió. Tenía que ver con los plazos, con el paso del tiempo.

— ¿Cuántos grados de temperatura ha ganado la tierra desde la última glaciación?

—  Ahora estamos a unos cuatro grados más. 

— ¿Cuál es el aumento de temperatura que asumimos como algo que ya será muy difícil detener, que parece incluso avanzar sin freno?

— Dos grados.

— El planeta es un lugar termalmente muy estable. Cuatro grados menos y nos vamos a la era del hielo, cuatro grados más y ¿dónde nos vamos?

Hinzman se despidió con una petición. No se olviden de descargar el plan de acción.  

Si las elecciones intermedias en Estados Unidos pudieran reducirse a una imagen que represente los dos países que conviven −cada vez más polarizados− bajo la misma bandera, sería la de un apretón de manos.

En Anchorage, la capital económica de Alaska, a mediados de octubre y tras debatir durante algo más de una hora sobre los problemas del estado, Alyse Galvin, del Partido Demócrata, una mujer de 53 años, reconocida por su activismo en defensa de la educación pública y sin carrera política previa, cerró su carpeta de notas y le tendió la mano a su rival, el impetuoso e incombustible Don Young, un republicano de 85 años que ocupa el único escaño por Alaska en el Congreso desde 1973.

Sí, desde hace 45 años.

Con una sonrisa, Young se la estrechó. A su manera. “No me aprietes la mano así”, dijo ella inmediatamente. Él no hizo caso. Ella levantó la voz. “Duele”. Lo repitió. “Duele”. Galvin se soltó, se levantó y se fue, protestando y explicando con un gesto de evidente incomodidad. Él, sorprendido, pidió perdón y rió -aquí no ha pasado nada-.

No era la primera vez que Young forzaba la mano de alguien más allá de lo razonable. Lo ha hecho antes en reuniones escolares o los pasillos del Congreso, siempre rodeado de polémica, blandiendo un pene de morsa frente a un rival, calificando los vertidos de petróleo de catástrofes naturales, amenazando con morder a otro congresista o culpando a los compañeros de un estudiante que se suicidó de no haberlo apoyado lo suficiente. Es y ha sido su estilo, mimetizado con un momento y un país marcados por las continuas salidas de tono y la conflictiva relación con la verdad del presidente Donald Trump, de quien Young −quien lo dudara− es firme partidario. Una forma de entender la política ruda, recia, directa, sin diplomacia alguna, incluso amenazadora, que huye de cualquier posibilidad no ya de búsqueda de consenso sino de establecimiento del diálogo necesario para una democracia.

Lo que Young no procesó aquella mañana en Anchorage ante el concurrido auditorio del Congreso anual de la Federación de Nativos de Alaska es que, por primera vez y tras casi medio siglo de victorias aplastantes, una mujer, demócrata para más señas, se atrevía a marcarle los límites en público. Con naturalidad. Desde otra forma de entender la política. Como si en ese gesto, en ese ¡basta ya! quisiera recalcar no solo la diferencia de proyectos que los separa a ambos sino comenzar a sanar la fractura que aleja al país de sí mismo.

Un debate

Un debate En apenas media hora de debate electoral, la que precedió a ese simbólico apretón de manos, ambos candidatos pasearon prácticamente por todos los temas, tonos y líneas divisorias que han dirimido unas elecciones intermedias, consideradas por muchos plebiscitarias, en torno a continuidad o cambio y en las que se definía la elección de congresistas y senadores que sean capaces de ejercer de contrapeso al modelo político que el Partido Republicano está permitiendo seguir al presidente Trump.

Alaska es un estado conservador. Muy conservador. El Partido Republicano ha ganado todas las elecciones celebradas aquí desde 1968. Y este estado donde cabría España tres veces -pero que no llega al millón de habitantes - es el predio particular de Young, decano de los congresistas, epítome de ese republicanismo de estado mínimo y libertades individuales que salta a la vista en la propaganda electoral que los voluntarios de campaña sostienen impertérritos junto a los semáforos pese al frío polar. Bajo el azul metálico y el naranja apagado de una puesta de sol ártica -demasiado temprana ya en noviembre- no hay cartel republicano que no lleve sobre la cara del candidato una pegatina, certificación de calidad necesaria para el éxito: Apoyado por la Asociación Nacional del Rifle.

Si en Estados Unidos se utilizara la palabra cacique, Young sería el jefe de jefes de la tribu. Llegó a Alaska para cazar, buscar oro y vivir al norte del Círculo Polar. Su entrada en la política fue extraña. Necrófila si acaso. Perdió la elección al Congreso de 1972 aún cuando su rival, el ganador, había muerto en un accidente de avión tres semanas antes de las elecciones. Perdió para quedarse. Firmemente apuntalado. No se conoce localidad en Alaska donde no llegue su rastro, donde no haya inaugurado un pozo, un arreglo de la pista de aterrizaje o un contrato vinculado al oleoducto. Es un repartidor. Cuando habla de sí mismo, Young se presenta como el hombre de los números. Durante 45 años de mandato, ha recibido a miles de ciudadanos en su despacho, ha visitado cientos de veces las localidades del interior. “Soy uno de vosotros”, repite cada vez que puede. Tantas como niega cualquier planteamiento de ideas. “Soy el hombre práctico. Sin prioridades, porque las prioridades son las que en cada momento marque su gente”. La expresión “pork barrel” (gasto clientelar) que muchos aquí traducen en un “conseguir dinero para construir puentes hacia la nada”, tiene propietario. Es Young, el hombre que pacta su voto a cambio de ese dinero, para lo que sea, luego modifica su uso y así, una a una, teje voluntades.

Galvin, por su parte, desciende una familia establecida en Alaska desde hace varias generaciones que ha tenido relativo éxito en el sector turístico y ha dedicado los últimos años a hacerse un hueco en la defensa de las escuelas públicas. A construir organización. Aula a aula. Reunión a reunión. Con un discurso político más claro, progresista y, sobre todo, un talante suave. Tanto que la voz le tiembla, inexperta, en demasiadas ocasiones. Sin ocultarlo. Porque quizás de eso trataba su campaña. De abrir espacios menos categóricos a la discusión de la esfera pública.

Young, la edad, el poder establecido, comenzó aquel debate en el que aplastaría la mano de su rival señalando sus dos propuestas centrales. La defensa de la segunda enmienda, la que permite la portación de armas frente a cualquier regulación, y el acceso a las tierras de propiedad federal para el desarrollo económico, eufemismo con el que en Alaska se habla del esfuerzo persistente por terminar con la protección medioambiental que prohíbe el acceso a los combustibles fósiles de las costas y tierras próximas al Ártico. Para él, si hay dinero de por medio, no hay salmón, agua ni caribou que merezcan defensa.

Sentada a su lado, Galvin, la progresista, reenfocó el debate para pelearlo desde lo social. Eligió abrir denunciando que el 16% de población de Alaska no tiene cobertura sanitaria, que quienes la tienen pagan la salud per cápita más cara del mundo, con una tasa de desempleo que en algunos condados dobla la media nacional y que su prioridad sería la lucha contra fuertes problemas sociales como la violencia doméstica o la adicción a los opiáceos, que registran tasas muy superiores en Alaska a las del resto de país.

En esa mesa, igual que en las urnas de Alaska, dos cosmovisiones. Mientras Young defendía que las respuestas a los problemas de consumo de alcohol y drogas en el estado están en la biblia y la moralidad individual, la negación misma de la política desde un jactancioso: “Yo no puedo resolverlo, tú tampoco vas a poder”, Galvin fintaba y corría hacia la salud pública, lo complejo y el matiz, donde se siente más cómoda. Es una batalla perdida para ella. A más políticas sociales, las acusaciones clásicas sobre quién va a pagarlas. Y entonces, el barro. Porque si hay algún consenso es este: Ninguno de los candidatos, en ningún caso, está dispuesto a mencionar una subida de impuestos ni un aumento del rol del Estado en la vida de los ciudadanos. No en público.

Ese es el elefante en la habitación. Aquello de lo que no se habla pero que permea todo lo demás. El estado de Alaska no cobra impuestos a los ingresos personales. Se financia, casi exclusivamente, gracias al petróleo. Y el déficit crece. Los demócratas quieren aprobar el impuesto sobre la renta. Los republicanos no. Se abre el silencio. Los ciudadanos saben. Los candidatos omiten el tema. Patean su debate hacia arriba. La retórica inflamada de Washington, indignarse frente a ella o azuzarla, les protege de sí mismos, a ambos, a sus contradicciones.

Young es un defensor firme del presidente Donald Trump y sus planteamientos. Mientras ella no descartaba, de ser elegida congresista, que en el futuro pudiera tener lugar un proceso de destitución del presidente, él no cree que eso pueda ni deba suceder. Y ya que Trump irrumpía en el debate, qué mejor momento ese para posicionarse ante la política migratoria, tema nacional que ha colonizado hasta la última opinión del país estas semanas. Young cree que hay que levantar el muro con México y la caravana de centroamericanos es una invasión a América (sic) que debe ser detenida con todos los medios al alcance del gobierno. Galvin, como era de esperar, se mostraba partidaria de defender el legado de Estados Unidos como nación de inmigrantes, aplicar la ley existente y estudiar los casos de solicitantes de asilo que se presenten en la frontera sur del país.

Sobre ese espíritu, la sonrisa, Galvin se animó de nuevo: “El congresista Young usa el término wetback (espalda mojada un término denigratorio que se refiere a los migrantes que cruzan el río) y eso no es correcto. Tenemos que ser inclusivos”.

“El diccionario no marca la política”, respondió Young sin pestañear. Corto y cambio.

De la migración, sin mayores transiciones, al futuro de la tierra. Hace tiempo que la Universidad de Alaska repite allá donde publique un informe que el Ártico está calentándose al doble de velocidad que el resto del planeta. Que las consecuencias del cambio climático para Alaska en transportes, economía o parámetros medioambientales son, si cabe, más apremiantes aún que en el resto del planeta. Pero, en una tendencia negacionista marcada por el propio presidente Trump, el congresista Young rompía cualquier posibilidad de diálogo racional para anclarse en la posverdad, esa mentira emotiva tan propia, también, del discurso conservador de esta época.

Nueva oportunidad para Galvin: “El cambio climático es uno de los principales problemas de seguridad del país y del mundo en este momento”, que es como ponérselo fácil a Young, sus tablas y experiencia. Al anciano le costó un giro de suficiencia anular cualquier racionalidad con un “no creo que el ser humano sea responsable del cambio climático. Eso se dice para asustar. Conozco la ciencia. Los científicos, muchos de ellos, amigos, dicen que no es así. Es un fraude. Una conspiración”.

Galvin volvió a equivocarse. Sintió que esa era la suya y contraatacó. “El 99% de los científicos dicen que sí está pasando”, espetó, pagada de sí misma y su fuente. Young se la merendó, siguiendo las enseñanzas de su líder: “Preséntamelos, dame una lista de nombres” antes de cerrar con la apuesta segura, el dinero, los impuestos. “Estoy contra cualquier impuesto a las emisiones de carbono y eso es de lo que nos hablan cuando nos hablan de cambio climático, de cobrarnos más impuestos”.

Montados ya sobre un carril acelerado por la inercia de esa demagogia que tan bien maneja Young, la discusión sobre lo sanitario, qué sorpresa, terminó rápido. Galvin, aparentemente radical e innovadora, defendió comprar medicamentos en Canadá o Europa para ahorrar costes, abrir el mercado a la competencia y terminar así con la cautividad a la que condenan los precios de los medicamentos más altos del mundo. Young, sin inmutarse, acusó a la administración demócrata anterior, argumento de victoria asegurada entre los suyos, de todo lo que pueda ir mal hoy y mañana. Nadie defiende que la sanidad esté funcionando. Nadie. Porque no lo está. Pero, sorpresa, “la culpa de que no haya un programa de salud adecuado es del presidente Obama”. La complejidad de siglas y programas en las que se encharca el tema lastran de nuevo el debate hacia un barro en el que no gana nadie.

Dos países, dos estilos. Galvin ha basado la financiación de su campaña, que ha costado poco más de 300.000 euros, en pequeñas donaciones individuales y no ha dudado en señalar las grandes empresas que financiaron la de su rival, desde petroleras a farmacéuticas. El gasto del candidato permanente no ha sido muy superior. De hecho, casi no ha hecho campaña. Cree que la diferencia entre ambos es tan de fondo, profunda e inmutable que ni la necesita. Ha ganado siempre y seguirá haciéndolo, como ha repetido en incontables ocasiones, porque todos lo conocen y “pese a mi edad, solo estoy empezando mi carrera”. A tal certeza, ¿qué podría arreglarse con publicidad o un debate público? El espíritu del momento, se acepte o no, parece alejarse de cualquier racionalidad discursiva y sobrevivir exclusivamente en el plano de lo simbólico y lo identitario, bien encogido dentro de la combinación de matrioskas en la que se fracturan el estado y el país. Cada candidato conoce al grupo al que apela y a ese grupo, y solo a ese, se refiere en cada gesto. La victoria dependerá casi solamente de cuantos de los tuyos, por identidad y definición, decidan moverse. Young lo sabe y apuntala. Como su jefe.

De muestra, el último ejemplo. Mientras Galvin habla, para su público, de la diferencia de salarios entre mujeres y hombres o de cómo las cifras de violencia doméstica en el estado multiplican por diez la media del país, Young se luce ante el suyo. Aplica siempre esa lógica tan práctica propia del yo no soy racista porque tengo un amigo negro y tan útil ante su corte, para explicar que las mujeres de sus oficinas cobran lo mismo que los hombres y matizar que, en general, el movimiento feminista está volcando la carga de la prueba en los hombres, inocentes hasta que se demuestre de lo contrario, de cualquier acusación. Y desde esas islas rodeadas por la apelación continua al estómago de la pertenencia, no hay vencedor en el debate. Young y Galvin, dos países, dos estilos, dos públicos, dos compartimentos estancos. Cada vez más impermeables. Un diálogo de besugos, una mano que aplasta otra en función de la fuerza que aplique, de cuantos de los suyos sea capaz de levantar de la comodidad un martes de noviembre gélido en Alaska.

Martes electoral

Martes electoralFairbanks, una ciudad boreal en la planicie interior del estado, la entrada a la tundra ártica, es más republicana, si cabe, que el resto de Alaska. Mientras en el estado, Donald Trump ganó a Hillary Clinton por 15 puntos en 2016, en el condado de Fairbanks, Trump multiplicó el número de votos de su rival por cinco. Pero ninguna ciudad en Estados Unidos es un bloque monolítico. Y si hay un lugar seguro para quienes piensan diferente, para quienes rechazan a candidatos republicanos como Don Young o el presidente Donald Trump, son las universidades.

En la pequeña Universidad de Alaska, como en tantas otras a lo largo del país, estudiantes y profesores se acercaban a votar -aquí todo sucede en silencio- antes de asistir a clase, en la pausa para la comida, en un hueco entre tareas. Trasunto de la cotidianeidad más habitual, se formaban colas apretadas, con poco espacio para la ambigüedad. La polémica por el apretón de manos entre Young y Galvin se zanja rápidamente. Nadie cree que fuera inocente. Sarah Stanley, de 37 años, profesora del Departamento de Inglés lo despacha con ironía. “No se ganan 23 elecciones seguidas sin haber aprendido a estrechar una mano”. Cree que ese gesto no es más que un símbolo de que el ambiente no es seguro −duda entre inseguro y peligroso y elige inseguro− para la libertad de expresión, para la diferencia, para el ejercicio de la oposición.

Cesal Hanes tiene 20 años, estudia matemáticas y ha elegido un jersey de la película Pesadilla antes de navidad para este martes. Si le preguntan por la casualidad, ríe. Vivaracho, abierto, consciente, politizado, habla sin reparos frente a la pequeña cola para votar. Está por el cambio y va mucho más allá que la profesora. “Ya no creo que ser ciudadano de este país sea lo que fue en el pasado. Este presidente es responsable de establecer diferentes categorías de ciudadanos. No representa los Estados Unidos de hoy. Por eso elijo definirme como hispano y como gay antes que como ciudadano de Estados Unidos. Cualquiera que no encaja en su patrón inventado de lo que es un americano siente la posibilidad de que le ataquen por ser quien es. El presidente Trump está tratando de instaurar el país de la supremacía blanca y no es correcto”. Respecto a Young, su posición es evidente. “Yo defino quién soy y vivo aquí y no soy como él quiere que sea”.

En Fairbanks, los hispanos como Hanes no llegan al 5% de la población.

Patrick S. Woolery estudia contabilidad, tiene 18 años y es la primera vez que vota. Mucho más seco que Hanes −aún dormido o recuperándose de los 22 grados bajo cero que acaba de dejar tras la puerta− aporta que el clima político es cada vez más extraño. Y que a la hora de votar por Young o Galvin, no quiere dejarse influir por lo que sucede en el resto del país sino pensar en el futuro de Alaska. Al tiempo que reconoce que “es muy difícil aislarse de lo que sucede fuera”, le suma que el hecho de que Young se presente, a su edad, después de tantas elecciones seguidas le resulta cuando menos “extraño” para finalmente añadir un sutil y escueto “es probable que no sea la persona más representativa de cómo es esta comunidad hoy”.

Al sur de la ciudad, en el distrito de North Pole -Polo Norte, sí, el lugar donde se reciben las cartas a Santa Claus de los Estados Unidos y parte del planeta- se encuentra el grupo de votantes más conservador del estado, que además habitan el distrito más pobre, un lugar cuya renta per cápita media está 30% por debajo de la nacional.

En una rotonda, peleando contra el frío, acompañando a una amiga que sostiene una pancarta a favor de una proposición sobre el Salmón, Lauren Hatty, una diseñadora gráfica de 34 años, aguanta sin guantes, con optimismo y motivación. “Alaska es extraña”, comienza. “Funciona a su manera. Una se siente tan lejos de los Estados Unidos y tan cerca del vecino, por necesidad, que acaba comprendiéndose que es un lugar aparte, diferente”. Cree que el clima político es “inquietante”. Y no sabe si para bien o para mal. “Se rompen amistades, relaciones, y eso es malo, pero la gente se informa más sobre la política y la participación aumenta. Y eso es bueno”. Duda. “Hay más debate, pero es más vitriólico. Es malo a corto plazo, quizás bueno a largo plazo. La gente se toma en serio la política. Dejémoslo ahí”.

Ya dentro del Centro Comercial −lugar extraño, el pasillo entre el supermercado y la juguetería para votar− la cola, larga, nutrida, se retuerce para no entorpecer el tráfico de la compra semanal. North Pole alberga dos bases de la Fuerza Aérea. Los soldados votan en orden, de uniforme. Al igual que los policías, pistola al cinto. Las familias, numerosas. Los estereotipos, alistados uno a uno. Las barbas, largas, los prejuicios contra la prensa, a flor de piel. Las opiniones, previsibles. “La política local es lo que importa”, dice Lawrence Chapin, de 45 años, mecánico de mantenimiento civil de la base. “Aquí no votamos por el partido, lo hacemos por la persona, por la propuesta concreta. Muchos, por culpa de los medios, que no hacen su bien su trabajo, muy tendenciosos, votan impregnados por un espíritu de enfado contra el presidente. No se está informando bien de la realidad”.

En pocos minutos, esa sería la opinión recurrente a constatar, cual contagiada de uno a otro votante entre prisas, recelo y un cierto enfado. “El clima político es de locos, la televisión no hace su trabajo, sólo empeora la situación, ha desaparecido la verdad” explica un hombre que se dice republicano, parece miembro de honor de la banda de apoyo a las giras de ZZtop, calza botas y parka de tamaño desproporcionado y no quiere dar su nombre tras lanzar un monólogo monocorde y falton.

“¿Young?, Sí, lleva demasiado tiempo”, dice casi despidiéndose. “Debería dejarlo. pero es el único candidato”.

¿Y Galvin?, pregunto.

“¿Quién es Galvin? Young es el único candidato” me dice antes de estrecharme la mano como si quisiera cascar las patas de un cangrejo.

***

No lo logró. Galvin no pudo. No alcanzó a vencer al hombre, anciano, republicano y aparentemente eterno que el martes logró renovar su como único representante por Alaska en el Congreso de Estados Unidos por vigesimocuarta vez consecutiva. Que, si nada lo impide, seguirá en el cargo hasta cumplir los 87. Esto es, ejerciendo durante 47 años consecutivos el puesto.

¿Y si resulta que nos encontramos ante una manifestación local, diferente a todas las anteriores, de la disidencia política, de un colectivo perseguido?

La intersección entre

opinión política

grupo social diferenciado

abre un espacio para profundizar en la voluntad de proteger a las personas centroamericanas que huyen rumbo a Estados Unidos.

En Centroamérica, México y Estados Unidos hay decenas de miles de desplazados y refugiados que huyen de las pandillas centroamericanas. De sus policías y ejércitos. De un enfrentamiento entre estados y sociedades -empobrecidas y abandonadas a su suerte- que arroja índices de homicidios, desapariciones, extorsiones, violaciones, pobreza, hambre, desempleo y corrupción equivalentes a los de países en guerra abierta. Lo dice cada año el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

Pero olvidemos la guerra como argumento. Pocos, desde la política, quieren aceptar esa guerra más allá de ocasionales declaraciones estridentes. “Estamos en guerra”, dicen algunos. Contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra las pandillas, o contra todos a la vez. Para pedir dinero a la comunidad internacional. Dinero con el que financiar fuerzas de seguridad que, por su comportamiento, muy cuestionado, no están sirviendo para mucho mas que ahondar y retroalimentar el conflicto.

En todo caso, discutir sobre la palabra guerra nos separa de la solución. Huir de un país en guerra no convierte a una persona en refugiado. Si en Centroamérica, México y Estados Unidos hay decenas de miles de refugiados no es por una guerra que nadie quiere definir como tal.

Si hay miles de personas refugiadas -reconocidas como tales o no- es, como dice la definición de refugiado, porque hay miles de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares, atravesando fronteras debido a que tienen un temor fundado a ser perseguidas por una serie de motivos discriminatorios en sus lugares de origen y sus estados no los protegen.

 El debate correcto debe girar -si lo que pretendemos es contribuir a que se reconozca como refugiados a quienes ya lo son- en torno a definir los motivos por los que esas decenas de miles de personas huyen del triángulo norte centroamericano, especialmente Honduras y El Salvador. Hacerlo en relación con los que la comunidad internacional aceptó para el reconocimiento de la condición de refugiado, los que permiten que los estados vecinos -sobre todo México y Estados Unidos, en mucha menor medida Canadá, Nicaragua (que también expulsa a los suyos) y Costa Rica o incluso España actúen en su protección

Cuando la comunidad internacional definió la condición de persona refugiada reconoció cinco motivos: Raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social y opinión política. Junto a los motivos, dos elementos: debe existir un temor fundado al regreso, porque el estado del que salió no la protege y por tanto, en caso de regresar, corre peligro. Además de una circunstancia física: Debe estar fuera de su país para poder solicitarlo.

Son dos, opinión política y pertenencia a un determinado grupo social los que generan mayor debate, controversia y posibilidades en los casos de los centroamericanos que piden que se reconozca su condición de persona refugiada. En la intersección entre ambos se abre un espacio que permite aumentar la comprensión del fenómeno del desplazamiento forzado y elaborar políticas más precisas para intervenir en ayuda de quienes necesitan protección.

¿Qué es una opinión política? No existe una definición cerrada. En su origen opinión política se entendió en casos de asilo para aquellos casos en los que se viera implicado el estado y su maquinaria. Esa interpretación sigue ahí en lo relativo a los partidos, la disidencia o la oposición. Pero no solo. Siempre ha convivido con un intento de ampliar su ámbito de aplicación para adaptarse a contextos cambiantes, ser más útil, servir más a la intención de proteger. Por eso, la interpretación de opinión política como una manifestación más amplia que la mera adscripción partidaria o ideológica en relación con el estado es hoy generalizada.

 No se cuestiona que opinión política abarca todo aquello que tiene que ver con el comportamiento y la actividad de un individuo en la sociedad. En relación con quien ejerza el poder, formal o informal, sea un actor estatal o no estatal y las políticas, acciones o ideología dominantes en el lugar y momento determinados en que ese poder espera que una persona actúe de un modo y no de otro. Por supuesto cuando, de no opinar o actuar de una manera determinada, se derive una persecución que el estado no puede impedir.   

En el Triángulo Norte de Centroamérica es habitual que quien ejerce el poder frente al cual existe una determinada opinión política divergente sea un actor armado no estatal. Una pandilla. Y es habitual también que el estado no pueda garantizar la protección del ciudadano frente a las acciones de aquellos que provocan la situación de riesgo.

Son de las pandillas las calles, los cuerpos, las mentes, en sociedades marcadas por el oír, ver y callar. En países como El Salvador, Guatemala y Honduras las pandillas ejercen un amplio control territorial, de carácter casi totalitario, especialmente en zonas urbanas. Ese control territorial es la base de su existencia, desde la cual desarrollan sus actividades criminales, especialmente extorsión, narcomenudeo y control de la zona frente al posible ingreso de grupos rivales.

La pandilla controla físicamente el movimiento, la entrada y salida de la zona que controla. Esas zonas varían y pueden cambiar con relativa velocidad. No existen mapas que puedan definir de manera estable las fronteras entre territorios de control, maleables a veces semana a semana. Vivir en una zona controlada por una pandilla y trabajar en una zona controlada por otra pandilla, mantener relaciones con personas de un barrio rival o acudir a un centro educativo en otra parte de la ciudad puede conllevar una amenaza o represalia reales por parte de la pandilla.

La población que vive en la zona controlada por la pandilla queda bajo control de la organización en el sentido más estricto. Para desarrollar las actividades a las que se dedica la pandilla es vital el reclutamiento, muchas veces forzado, de miembros, habitualmente hombres jóvenes, muchas veces desde que son niños. Y la connivencia obligada de gran parte de los habitantes del lugar. 

La pandilla es una organización armada permanente con una estructura vertical. Se agrupa en clicas, que son grupos de afinidad de tamaño variable con un líder reconocido y se definen en función del territorio. Las clicas se relacionan entre sí y se coordinan más allá de la unidad territorial más pequeña que controlan, que puede partir de varias calles de un barrio determinado y en función del tamaño del barrio y la clica uno o varios barrios. Una misma pandilla se relaciona y coordina entre barrios y ciudades de un mismo país. Hay lugares donde se enfrentan hasta seis, siete, ocho grupos entre sí y con las fuerzas de seguridad.

La forma de la opinión política varía de sociedad en sociedad y en función del momento. En América Central, frente a una pandilla, la opinión política puede y debe derivarse de una opinión entendida por la pandilla como contraria.

Una persona no es favorable a la utilización del territorio en el que vive para el desarrollo de actividades delictivas. No está dispuesta a participar en ellas formando parte de la organización que las desarrolla o colaborando con ellas en ninguna modalidad. No acepta el reclutamiento, que puede ser una petición formal y concreta en el tiempo o un proceso de acercamiento gradual. Se niega a la participación o apoyo esporádico en actividades desarrolladas por quienes han sido reclutados. A ejercer de vigilante o informador, a transportar cosas o personas, a mentir para proteger o encubrir actividades. A pagar el dinero que se le reclama a través de la extorsión porque no concuerda con la existencia de ese impuesto ni con su legitimidad ni con el uso que se le da a ese dinero en manos de la pandilla. Si es mujer, se niega a mantener relaciones con miembros de la pandilla porque se niega a perder el control sobre su cuerpo.

En su manifestación más evidente, una persona puede llegar a oponerse a esas actividades e incluso colabora con quienes se enfrentan desde el estado o alguna organización de la sociedad civil, como una iglesia, a las actividades de la pandilla. La opinión, entendida como acción, puede ser explícita, manifestada: “No quiero participar de esta actividad”. “No quiero actuar de esta manera”. O implícita. Silenciosa. Evasiva. Una persona puede llegar a encerrarse en su casa para no tener que cruzarse con quien le pedirá que haga algo que no quiere hacer. El que se encierra y desaparece es un disidente. Tanto como el que se niega abiertamente a actuar de un modo determinado.

Una opinión política puede tener consecuencias aunque el curso de acción no sea público y manifiesto. Existe aunque no se haya explicitado de manera proactiva. La inacción, el silencio, es también un curso de acción. Una opinión política no manifestada es política, porque puede generar consecuencias en el ámbito de lo público.

¿Cómo? La opinión política puede ser imputada, colocada sobre alguien por la pandilla, la haya hecho pública esa persona o no. Haya actuado o no. A veces una persona emite a través de algún tipo de resistencia pasiva una opinión política. Que puede ser entendida como contraria a los intereses de la pandilla, que a su vez puede tomar represalias contra quienes mantienen esa opinión, esa acción, ya sea pública o privada, manifiesta o discreta. Evitar el reclutamiento, el posicionamiento, la colaboración, la actuación, a través de evasivas, excusas, maniobras dilatorias, es tan evidente como expresar que no se quiere hacer algo. No pagar una extorsión. Y por eso, en Honduras, se mata.

Al mismo tiempo, la identificación en tanto habitante de un territorio controlado por una organización criminal puede tener consecuencias en los ojos del estado y de otras organizaciones criminales que controlen territorios adyacentes, en rivalidad o disputa. Precisamente por el silencio. Por una acción que no puede ser explicitada. Porque el individuo, para protegerse, no puede explicitar que, viviendo en un lugar determinado, se opone a quienes controlan el lugar en el que vive. Si lo hace se convierte en enemigo quienes controlan el lugar donde vive. Si no lo hace, para sus rivales. Aquí se da la primera intersección con el concepto de pertenencia a grupo social: Quienes viven en un lugar determinado. Todos ellos y ellas.

Que un joven de una calle concreta de Tegucigalpa o San Pedro Sula decida no detenerse a saludar y hablar con los pandilleros que se reúnen en una esquina puede deberse a su timidez o a su negativa a mantener relaciones con ningún miembro de una pandilla. Pero si la pandilla decide interpretar esa timidez como una opinión política contraria de alguien que vive en su zona y comienzan las amenazas, ese joven está siendo perseguido por un motivo que puede equipararse a una opinión política imputada y por su pertenencia a un grupo social.

Cuando una pandilla entra a tomar posesión de una serie de calles. Todos los habitantes de esas determinadas calles se convierten en un grupo social diferenciado. Personas que viven dentro de la zona de control de una determinada unidad de un grupo armado irregular. El estado se disuelve. Deja de llegar. No puede, aunque quisiera, blindar las calles de manera permanente ni a sus habitantes en cada desplazamiento. Los habitantes de las calles, pongamos 1, 2, 3 y 4 se diferencian de los habitantes de las calles 5, 6, 7 y 8 en función del grupo armado que las subyuga. Son un grupo social no reconocido como tal hoy en día. Y en ese espacio de sumisión a la dictadura totalitaria de la pandilla se definen a sí mismos como sujetos de protección. Sean hombres, mujeres, niños, ancianos o miembros de la comunidad LGTBI. Son habitantes de un lugar. La mitad del tejido urbano de Honduras y El Salvador, siguiendo esta lógica, expulsa refugiados como lo hace Aleppo.

Son personas que tienen en común vivir en un lugar controlado por una organización violenta. Y personas que no desean formar parte del modo de organización que caracteriza a las zonas controladas por pandillas. Por el miedo y la miseria que conlleva. Porque quieren vivir una vida digna que no tienen. Para lograrlo, como es su derecho, salen, huyen, agarran una mochila y se van para no regresar más. Para vivir, para trabajar, para recibir tratamiento médico. Para reunirse con su familia, que logró huir o migrar antes. Para lo que sea. Son un grupo social disidente que huye y busca algún tipo protección y garantía de que no va a regresar de manera forzada a ese lugar del que salió.

De aceptar esa lógica, la madre de San Pedro Sula que avanza por México con sus hijos menores de edad rumbo a Estados Unidos y dice buscar mejores oportunidades o huir del hambre cuando una cámara la entrevista, es tan refugiada como la familia siria que salía de Aleppo y veíamos caminando a través de Serbia. Porque huye de la zona en la que vivía, controlada por una pandilla. Porque, de regresar, es razonable que piense que puede morir y nadie va a protegerla. Donde, además, sufría consecuencias que no necesariamente aparecen a primera vista como derivadas de la violencia. Pero que no por eso lo son menos. 

Los casos se resuelven de manera individual, pero una cierta descripción del lugar, causas y condiciones de partida -comunes a todas las personas refugiadas centroamericanas- puede tener consecuencias colectivas.  

La caravana de centroamericanos, sobre todo hondureños y hondureñas, ancianos, familias, niños, que circula entre Guatemala y México en dirección a Estados Unidos no es una caravana migrante.

Es una caravana refugiada.

Esta caravana toma forma física hoy. Pero camina desde hace años. Es un problema diagnosticado correctamente por las instituciones internacionales y maltratado en su explicación. Lo que mal se explica, aún conociendo el diagnóstico realizado por los expertos, difícilmente puede abordarse de manera correcta. De ser bien titulado y explicado el problema, los ciudadanos tendrían más elementos para decidir cuál es su nivel de implicación y su voluntad de presión sobre quienes deben tomar decisiones, que se sentirían más autorizados a intervenir con determinación si la narrativa avanzase. No se abordan las crisis migratorias del mismo modo que las crisis de refugiados. Los refugiados deben recibir protección. A los migrantes se les aplican leyes migratorias. El matiz es importante.

Algunos dirán que refugiado es el que huye de una guerra.

A lo que podemos responder “Defíname guerra”. Los índices de violencia homicida en Honduras y El Salvador son incluso superiores a algunos países en guerra declarada y reconocida. En el caso de América Central, sus presidentes no han dudado nunca a la hora utilizar palabra guerra cuando se trata de hablar de la guerra contra las pandillas o la guerra contra el narcotráfico. Para pedir ayuda militar y de seguridad o llenar sus calles de tanquetas. Solo para eso.

Otros añadirán que una persona refugiada lo es una vez ha abandonado su país por un temor razonable a perder la vida, siendo parte de un determinado grupo social y ante la incapacidad de su estado de protegerla. También que la condición de refugiado es independiente de que se haya reconocido o no. Desde que las marchas de sirios, iraquíes y afganos comenzaron a atravesar Grecia, los Balcanes y Europa Central hace dos años, la palabra refugiados ocupó los titulares sin mayor cuestionamiento.

¿Qué está pasando con los miles de centroamericanos, casi todos hondureños en esta ocasión, que comienzan a agolparse en el río Suchiate, frontera entre Guatemala y México?

Contexto.

El primer informe sistemático sobre los motivos de la huida de los menores centroamericanos en dirección a Estados Unidos y México, “Niños en fuga”, fue publicado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados en marzo de 2014. A partir de cientos de entrevistas con menores se había llegado a la conclusión de que la mayoría de ellos abandonaban sus países por motivos relacionados con la violencia. Datos duros, fríos. El incremento de solicitudes de asilo de menores centroamericanos en los países vecinos entre 2008 y 2014 era del 1.185 por cien. Una cifra que ya rompía hace cuatro años el espacio de las gráficas de visualización de datos.

Poco después, el verano de 2014, delegados del Alto Comisionado de Naciones para los Refugiados se reunieron en una conferencia en Managua. En los titulares de la prensa mundial ya había estallado una crisis de familias y menores centroamericanos que llegaban a la frontera sur de Estados Unidos huyendo de Honduras, El Salvador y Guatemala y que aún hoy sigue manteniendo a miles de personas en el limbo jurídico de la amenaza de deportación y la resolución de sus solicitudes de asilo. Una crisis que se definía como crisis migratoria pese a la evidencia aportada meses antes por Naciones Unidas de que el problema era de naturaleza diferente. De aquella reunión, otro intento, más titulares, una declaración, una recomendación que corregía el enfoque: Son personas desplazadas por un conflicto armado interno. Deben ser tratadas como refugiadas.

El primer trabajo académico sobre la relación entre crimen organizado y desplazamiento forzado de población en Honduras lo firmó David Cantor, Director de la Iniciativa para el Derecho de los Refugiados de la Universidad de Londres, ese mismo año tras recorrer varias colonias de Tegucigalpa donde ya en 2013 podían verse calles enteras devastadas. Abandonadas ante la presión ejercida por las pandillas que cobraban extorsiones a sus habitantes por el mero hecho de vivir en ellas. Cantor ofrecía el marco teórico para comprender la complejidad del problema hace ya un lustro.

Pero esa transición conceptual nunca ha calado más allá de las organizaciones especializadas y la academia. El enfoque con el que se narraba y se narra el problema -se define, porque narrar es definir- seguía girando en torno a lo migratorio. Crisis migratoria, se titulaba y tiula, y no crisis de refugiados. No se habla de protección de víctimas de violaciones de derechos humanos sino de un flujo de personas a las que gestionar.

Naciones Unidas no cejó en el intento.

En 2015, la relatora de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Chaloca Beyani, viajó a Honduras para estudiar el desplazamiento interno de población debido a la violencia. Detallaba un clima de amenazas, intimidaciones, asesinatos, extorsión y violaciones de mujeres y niños, reclutamientos forzados por parte de las pandillas en las escuelas y el ambiente de miedo e inseguridad que alimentaba un círculo perverso de hundimiento hacia la nada. Dejó claro que, si bien el conflicto que vive el país es diferente a los de Oriente Medio o África, el impacto en las vidas de sus ciudadanos no es menos catastrófico. Su informe indicaba que las ciudades, ya entonces, hace años, estaban bajo control de las pandillas, que operan en un contexto de impunidad total y ante un sistema de seguridad fallido. “La única opción para escapar de la influencia de las pandillas y la criminalidad es dejar sus hogares”, describió Beyani. Poco cambió a la hora de afrontar el problema.

Como si quisiera tomarlo donde lo dejaba Naciones Unidas, en 2016, El Secretario general de Amnistía Internacional, Shalil Shetty, explicaba en una entrevista en Tegucigalpa que “quienes huyen de la violencia en América Central califican como refugiados” y añadía “Que no huyan de la guerra no significa que no huyan de condiciones similares a las de la guerra”. Aportaba datos y un nuevo informe.

Las cifras nunca han mejorado. Lo que sucede en Honduras, El Salvador y Guatemala emerge de vez en cuando a la prensa, ya sea la última masacre o la última estadística escalofriante sobre homicidios o desnutrición infantil. El foco de cada cobertura no debe tapar el bosque. El problema de esos países es estructural y siempre tiene la violencia y la impunidad, la corrupción y la ausencia de estados efectivos como principal fuerza de desplazamiento de población. Se escribe, se habla, se debate, ya sea por la separación de menores de sus familias en Estados Unidos o por los explosivos exabruptos de su presidente. Y lo que pasa hoy, pareciera, se debe a lo que sucedió la semana pasada. A un exdiputado que organiza, a una elección interna que se avecina o a un Presidente cuestionado. A lo episódico, que tal y como emerge se abandona a la semana siguiente. Para volver a empezar en el mismo punto un año más tarde, cuando vuelve a estallar el problema. América Central no ocupa un espacio propio, de reflexión autónoma, de narrativa definida. A cada estallido, pareciera que olvidamos cualquier curva de aprendizaje de las crisis anteriores, el contexto, los informes de los expertos, lo que sucede cada día en las colonias de San Pedro Sula. Las crisis se dejan narrar, llevar y manejar por una ola inmediata a la que subirse con la prisa de lo urgente.

¿Que miles de personas caminan por un país? Pongamos migrantes, pura inercia. ¿Que Trump vomita amenazas y Presidentes cautivos por el dinero que reciben de Estados Unidos tratan de actuar al dictado de lo que manda Washington bajo amenaza de represalias y militarización? Pongamos crisis diplomática. Sumemos elecciones de noviembre y el problema político interno de Honduras, con un Presidente de legitimidad muy contestada, y ya nos hemos olvidado de las decenas de miles de centroamericanos que viven en la guerra de todos contra todos impulsada por pandillas, extorsiones y el tráfico de drogas a Estados Unidos que, por larga y hondureña, deja de ser noticia.

Espetarle un micrófono en la cara a una madre migrante que huye de San Pedro Sula no sirve para que cuente lo que pasa en su colonia con las pandillas. Eso no lo cuentan así como así. No podemos comenzar de cero cada vez. Eso hay que saberlo de antes, comprenderlo, contextualizarlo. Para eso el trabajo de académicos y organizaciones internacionales que ofrecen los marcos, la investigación sistemática y de fondo para informar el reporteo. Saber preguntarlo. Y donde esa madre dice que huye por hambre, con tres preguntas enfocadas y sin cámaras, emergerá que además del hambre, consecuencia, está el resto, las causas. Está la Honduras de las últimas décadas. Un país que, junto a El Salvador, se ha convertido en un inmenso charco de sangre y extorsión violenta que, claro, tienen como consecuencia hambre y desempleo.

El número de solicitudes de asilo de centroamericanos sigue multiplicándose por factores de cien en cien. Sobre todo en México, que asume gran parte de la resolución del problema desde que aceptó convertirse de manera oficial, a través del plan “Frontera Sur” en la frontera externalizada de Estados Unidos. El problema, hoy, está en México, ese gran deportador de centroamericanos, muchos más de los que deporta Estados Unidos, que debe decidir si da paso seguro en dirección a Estados Unidos, cierra su frontera o asume la deportación de miles de desplazados, como lleva haciendo en silencio desde hace años.

Naciones Unidas, Amnistía Internacional, cuanta organización internacional ha sido, dice que son refugiados, desplazados por la violencia interna. Víctimas de vulneraciones graves de los derechos humanos. Que, por tanto, necesitan protección. En México y por parte de quienes gestionan las crisis de refugiados en el mundo. Por los profesionales de la ayuda y la protección, no por los del exabrupto, la amenaza y el uso manipulativo de las personas como monedas de cambio para la diplomacia.

Que permitan intervenir a Naciones Unidas, le den dinero y autoridad.

Lo que América Central necesita no son visas, fronteras cerradas ni militarizadas.

Es, lamentablemente, como ya sucedió en el pasado, un gran campo de refugiados.

Un sábado lluvioso de septiembre, un hombre solo quemaba madera frente a la puerta de un hotel en Fairbanks, Alaska. No lo hacía para calentarse. Esperaba a su público, que participaba en una reunión organizada por la alcaldía sobre la contaminación del aire en la ciudad más contaminada de Estados Unidos.

Cuando llegó la hora de la pausa café un grupo de personas salió a observar la demostración. Bajo un toldo que las protegía de la lluvia, el hombre había instalado dos estufas. Una con madera seca, rápida, efectiva y sin apenas humo. La otra, con madera húmeda, lenta y coronada por una llamativa columna de humo blanco. Varios vecinos asentían en la distancia con ese rigor de carácter tan propio de los habitantes de Alaska. Nadie dudaba de la explicación. Sus caras, impasibles ante lo que ya sabían. La madera seca, la que no contamina, cortada hace un par de años y curtida por el clima, puede triplicar el precio de la fresca que, sin secar, sale gratis. Uno sale al bosque, la corta y se la lleva. La quema y se calienta. Pero contamina mucho.

Fairbanks es frío y seco. La temperatura alcanza los 40 grados bajo cero. Calentarse o morir de frío, aquí, no es ninguna figura retórica y viene con trampa. Al encender las estufas, el calor y la contaminación que provocan se quedan dentro de una campana de la que nada escapa. En Fairbanks tiene lugar un proceso físico conocido como inversión. Las columnas de humo que expulsamos los habitantes de la ciudad se quedan atrapadas debido al frío y regresan al suelo en forma de contaminación y mayor temperatura. A ras de suelo se registran una media de dos grados más que a unos kilómetros, en las colinas que rodean la ciudad. Si subiésemos 100 metros en vertical desde el centro, esa diferencia sería de hasta cinco grados. El humo de cualquier coche o estufa sube en línea recta hasta un punto, identificable a simple vista, se detiene y desde allí regresa inmediatamente sobre los pulmones de quienes lo han expulsado. O sobre los de cualquiera que pase por allí. La contaminación en Fairbanks es intensa. Se respira. Se siente. Mancha la nieve. Se ve.

Por eso, además del más frío, Fairbanks es el condado más contaminado de Estados Unidos. En Fairbanks se respiran más partículas minúsculas (PM 2,5) que en Los Ángeles, el paraíso del automóvil tapando autopistas. Y según muestran los estudios realizados por la Universidad de Alaska, el gobierno federal y la Asociación Americana de Médicos Pulmonares, no son ni el automóvil ni una central térmica los emisores de contaminación que marcan la diferencia. La palma contaminante la aporta el agregado de decisiones individuales de los ciudadanos en sus viviendas, los combustibles usados en las estufas. El peor, con diferencia, la madera, y la madera fresca, lo peor de lo peor. Responsable de hasta el 80 por ciento de la sobredosis de partículas minúsculas que penetran la cavidad pulmonar antes de fluir por la sangre hasta cada órgano de nuestro cuerpo.

De regreso en el interior del hotel tras el experimento de las estufas bajo la lluvia, dos docenas de miembros preocupados de la comunidad se reunían con un enviado de la administración medioambiental federal para hablar de todo esto. En el ambiente, un eco, una amenaza que, no por repetida y racional, pierde valor o deja de resonarnos a todos al mismo tiempo que, estéril, apocalíptica se disuelve en la nebulosa de nuestras múltiples urgencias diarias. En Fairbanks y más allá. “Se les acaba el tiempo”. Eso decía Dan Brown, el funcionario federal enviado para la reprimenda.

El gobierno federal le dijo al condado de Fairbanks en 2006, hace doce años, que la situación era insostenible. Que había que tomar cartas en el asunto. Doce años después aquellas cartas, ya papel tan mojado como la madera que se quema en la ciudad, no solo no han mejorado la situación. Ha empeorado. Al mismo aire sucio de hace doce años ahora se le suma un problema político.

El pasado 3 de octubre, los habitantes de Fairbanks votaron y aprobaron en referéndum una proposición que dice: Los ciudadanos se reservan el derecho de calentar el lugar que habitan de la manera más económica posible y cualquier cuestión relacionada con la calidad del aire está subordinada a la necesidad de calor.

Decidieron eliminar cualquier posibilidad de que el condado regule lo que se quema en sus estufas. Inauguraron un embrollo burocrático de informes, medidas y nuevos plazos para hundirse en la inacción mientras respira el peor de los aires posibles. Como titulaba el periódico local horas antes de que se abrieran las urnas, se trataba de elegir entre libertad individual y salud pública. Ante la imposibilidad de acuerdos, eligieron la libertad individual. Para seguir respirando la mayor concentración de partículas pequeñas del país. Producto de la quema masiva de combustibles fósiles, los más baratos y más contaminantes, en las estufas del invierno más duro del mundo.

En el cajón de las metáforas, una imagen, la que nos devuelve un espejo de tiro largo que nace en Alaska y proyecta una alargada sombra global: Una que trata de vincular los combustibles que consumimos y la calidad del medioambiente en el que sobrevivimos con las medidas a poner en marcha para no deteriorarlo más. En el contexto de la responsabilidad y libertad individuales, de su relación con el papel del estado y su voluntad de invertir en infraestructuras y políticas que mitiguen el daño que provocamos a la atmósfera. Todo, espetado sobre las espaldas de una ciudadanía que conoce las alternativas menos contaminantes. Pero no esta dispuesta a aceptarlas. Con matiz. Grande: O no puede pagarlas.

Frente al funcionario Brown, su ciencia y su ley, aquella mañana de septiembre, la comunidad que vota para seguir quemando contra el aire que respira. Representada, por ejemplo, por el hierático Jesse Shadley, un joven barbudo, veterano de Irak, con las preceptivas botas y camisa de leñador y una sola lámina, mal diseñada, confusa, de colores mal combinados y apenas ilegibles. Clara como la primera nieve para su audiencia. Shadley hablaba en nombre de los ciudadanos para quienes el tiempo se mide en la cantidad de noches frígidas de invierno en las que hay que poner la alarma cada tres horas para salir de la cama a rellenar la estufa con el combustible que se tenga a mano a cambio de no pasar frío a 40 grados bajo cero. A cambio de no morir. Shadley representaba a la comunidad que se llama a sí misma, los “quemadores de madera” y hablaba con lucidez del único motivo, la única racionalidad, que mueve al ciudadano, al votante de esta ciudad, del mundo: El dinero. Los precios de las alternativas menos contaminantes, todas malas aquí desde el punto de vista medioambiental, son impagables. No están al alcance de la mayor parte de los ciudadanos. Al menos para quien se presentaba con esta frase: “Soy padre. Necesitamos un compromiso entre el aire que respiran nuestros hijos y su necesidad de estar calientes en invierno. La elección entre calentarnos o respirar implica ver cómo huye por la chimenea el presupuesto”. Prioridades son prioridades. Es un ciudadano concernido y limitado. Por las opciones que no tiene.

Su presentación, simple. Numérica. Factual.

En Alaska no se han instalado energías renovables. No se usa el gas para las calefacciones individuales porque -la decisión es política- no existe, hoy, la infraestructura necesaria para su uso aunque sea el menos contaminante de los combustibles fósiles. Una empresa privada va a traer en varios años algo de gas natural para quienes quieran pagar la inversión. No será barato. No será alternativa. No va a ser solución a medio plazo. Las opciones disponibles hoy son las que son aquí y ahora. Shadley ha situado un embudo en el centro de la lámina que expone, y lo ha ampliado en una pantalla gigante. Ese embudo es una especie de agujero negro que absorbe los presupuestos familiares. La electricidad, primero, que triplica el precio de cualquiera de sus alternativas. Una familia de 4 miembros paga, de media, un recibo de más de 1000 dólares al mes durante el invierno. El gasoil es el siguiente combustible más caro de los disponibles. Cuesta unos 600 dólares al mes. Después, a mitad de precio, viene la madera seca (hay que cortarla con antelación, uno o dos inviernos, y secarla, lo que implica espacio, planificación y tiempo) a un precio que ronda los 300 dólares al mes. Por último, lo más barato, y lo más contaminante también, madera húmeda y basura de todo tipo. Al precio que se consiga. Cortándola en el bosque uno mismo. Las chimeneas de esas estufas emiten sus partículas contaminantes al aire. A menor precio, más partículas. A menor precio, mayor número de consumidores. Y mayor cantidad de todo lo que expulsan. La cartera manda a la hora de tomar decisiones sobre que se quema y todo confluye en una campana común de la que (casi) nadie puede huir en Fairbanks.

La situación económica general de la ciudad no es buena. Y cae. El distrito sureste de la ciudad -North Pole- es la zona urbana más pobre de toda Alaska. Un lugar donde el salario medio está un 5 por ciento por debajo del salario medio del país y el coste de la vida, según la administración federal es un 30 por ciento más caro que en el resto de Estados Unidos.

Shadley plantea preguntas. ¿Calentarse? Sí, ¿pero a qué precio? ¿No morir de frío este invierno para sufrir en el futuro por problemas respiratorios? ¿Quiénes pueden permitirse elegir en esa perversa disyuntiva? ¿Quién define las disyuntivas? ¿Cuál es el rol del estado en el debate energético y sanitario local? ¿Solo sancionar? ¿Debe proponer alternativas? ¿Lo hace?

¿Se parece el debate local en Fairbanks al que sucede en el ámbito global con las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera?

Aquella mañana de septiembre, la gravedad flotaba en el ambiente. Si los habitantes de la ciudad decidían seguir sin cumplir con las regulaciones sobre emisiones contaminantes a la atmósfera marcadas desde Washington, las consecuencias saldrían caras, explicaba Brown. Habría sanciones. “Me están empujando contra una esquina en la que no quiero estar”, insistía. “Aunque no quisiéramos sancionarlos, alguien nos demandaría ante la justicia por no cumplir la ley y un juez nos obligaría a hacer lo que no queremos hacer”. Que va a ser, por ejemplo, cortar el dinero para reparar las autopistas en el próximo ejercicio fiscal.

Silencio. Indiferencia. Las cartas están echadas. El invierno se acerca y hay que calentarse. Cada casa tiene que hacerlo y pagarlo. Las autopistas -de todos- y el año que viene -por llegar- quedan demasiado lejos de las decisiones de los votantes.

Esa elegancia de los salones de conferencias de los hoteles de autopista de Estados Unidos, desmedida, impostada y distante, vacía e impersonal por más cordialidad con la que la vistan, impone una suerte de separación respecto de los que temas de los que se habla. Ni el programa de presentación de datos más avanzados ni la charla TED más emocional y cargada de razones o la amenaza del peso de la ley, por no mencionar el optimismo maníaco con el que celebra hasta la más irresponsable de las aportaciones conspiracionistas, son capaces de implicar a la desconfiada audiencia en la racionalidad científica. Si un vecino es capaz de encararse en público con una doctora para explicarle -él a la doctora- que los problemas en los pulmones de los niños no se deben a la contaminación sino al frío y su intervención es aceptada e incluso aplaudida, poco se puede hacer.

El debate es largo, dura dos días. Vecinos, funcionarios, médicas, ingenieros. Sin capacidad de avanzar hacia solución alguna.

Es la historia de un gran fracaso. Estos diez años se han aplicado programas que categorizan las estufas que tienen las casas. Se ha aprobado un sistema que marca en qué nivel de alerta por contaminación se puede quemar según qué material. Se han adoptado medidas para fomentar la compra de aparatos más eficientes. Se apoya la compra de madera seca. En forma de descuentos fiscales al final de año. Se ha educado a la población. Se ha hablado, investigado, debatido. Se han creado grupos de implicados. Se han aprobado sanciones, simbólicas, no ejecutadas, y excepciones a la capacidad de sancionar aplicables quienes demuestren que pasan por dificultades económicas. Existe una patrulla del aire. Que no sanciona. Que solo avisa, educa, explica.

Se ha intentado de todo.

De todo menos ofrecer una alternativa. Menos entregar otro combustible y construir una infraestructura que permita utilizar otro tipo de combustibles en las estufas. Habría que pagarlo. Y para pagarlo, usar los impuestos. Quizás aumentarlos. Decidir modificaciones al gasto. Cuestión de prioridades. Tampoco se ha adoptado una ley contundente respecto a las emisiones ni se ha sancionado con firmeza a quien no la cumpla. Eso no se ha hecho. La libertad de elegir cuando no hay alternativas entre las que elegir y la libertad para cumplir voluntariamente una ley sobre la quema eficiente de combustibles sin que se sancione su incumplimiento es valor supremo entre los habitantes de Fairbanks.

Wendy Mannan, madre de cinco hijos con un solo salario y tradición militar -así elige presentarse- ejerce de portavoz de la comunidad de quemadores de madera junto a Shadley y quiere explicar política y culturalmente, por qué han fallado los intentos de la administración. “No se entiende a la comunidad”, protesta. “Para recibir ayuda hay que demostrar una situación de dificultad económica”. Se refiere a la posibilidad de beneficiarse de una deducción de impuestos u otro tipo de ayuda para comprar madera seca o una estufa más eficiente. “La gente quema madera porque es barato. Y si no se nos permite hacerlo porque tenemos que demostrar que somos pobres, se violan nuestros derechos. Nuestra situación financiera no es el problema de nadie. Nadie debería tener el derecho de preguntarnos por nuestra situación para recibir una ayuda. Hay que registrar la estufa, probarla, demostrar que se sabe usar y que se hace con las menores emisiones. No nos registramos porque no queremos ser el objetivo de una prohibición o una multa si llega una situación en la que tenemos que hacer algo que pueda estar prohibido, como quemar cualquier cosa a nuestro alcance una noche de invierno a 40 bajo cero”.

Ese sería el único momento de los largos días de debate en que tendría lugar una confrontación clara y pública de argumentos. Cuando a lo numérico se le suma lo político. Cuando entran en juego los significados en disputa de lo privado y lo colectivo. La responsabilidad sobre lo común. Jennifer Glissen interviene, en pie, azorada, con la autoridad de quien ha trabajado como enfermera en Fairbanks durante 40 años y, triste, derrotada ante la catástrofe de salud pública que se abate sobre su ciudad cada invierno, ha optado por dejar Alaska esos meses en que el aire es irrespirable. Es la única persona que se atreve a alzar la voz con firmeza, sin opciones, en minoría, frente a los quemadores de madera. Su intervención en el debate será la única directa y sin ambigüedad. “No pueden usar el argumento de que lo hacen porque es lo más barato, y luego negarse a dar información para recibir ayuda. No son coherentes”.

Glissen puede elegir, argumentan quienes queman madera. Huye de la contaminación. Como hacen quienes pueden permitirse comprar una casa en las colinas, los barrios altos, por encima de la campana de humo que tapa a quienes viven en los barrios baratos, las más bajos.

Cuando empezaba lo interesante, fin del debate. En este país hay un cierto miedo al conflicto, a la contraposición frontal de ideas opuestas e incompatibles que deben batirse. A costa de que el precio a pagar sea la inacción colectiva. Nick Czarnecki es el responsable del programa de mejora de la calidad del aire del condado y la imagen viva de esa parálisis. Su puesto es político. Se lo juega. Aunque asiente y comparte la opinión de Glissen -se ve, se siente- no puede avanzar tanto como ella. Respira, frena. Habla sin pasión, contenido, sin inflexión en el tono de voz. Repite, concluye, hace diez años que repiten, que concluyen, frustrados, incapaces de dar pasos, “Necesitamos una reducción de las emisiones de un 80 por ciento. No hay muchas medidas de control aplicables que sirvan para llegar al objetivo”. Explica que viajó a Zurich. Con suavidad, eufemismos, cuidado, mucho cuidado para no chapotear en un pantano, muy profundo, el de las comparaciones con Europa, y menciona que en el mundo hay otras opciones. Que se aprueba una norma y si no se cumple la norma, se sanciona. “En Europa se han llevado las medidas de control industrial a las viviendas particulares”. Concluye reconociendo su propia excepcionalidad. Este es un país libre. “Si no están dispuestos a aceptar que actuemos con regulación, estamos atados de manos”. Omite que junto a la regulación, se pide inversión. Alternativas.

Cierra su carpeta. Apaga la computadora y la pantalla de las presentaciones.

Concluye la reunión.

A la puerta del hotel, el funcionario del condado, recoge sus estufas solo, bajo la lluvia, y las mete en su camioneta. Resultaba innecesario detenerse ante la pantalla de un ordenador, conectada a dos sensores, que comparaban las emisiones de ambos aparatos, la estufa de madera seca y la fresca, separadas por líneas de colores, cifras, por un universo de bronquitis, infartos y asmas. Era algo que ya sabían. El problema no estaba ahí. No estaba en la comunicación de un experimento de primaria para extender la información entre la ciudadanía. Tampoco en la evidencia científica, mil veces repetida y explicada, tan real y sentida para los habitantes de esta ciudad como el aire que respiran trece veces por minuto.

Sino en cuánto están dispuestos a pagar por su futuro, por el de sus hijos. En si pueden pagarlo. En quién puede pagarlo. En quién debería pagarlo.

Las mismas preguntas en Fairbanks que en el resto del planeta.

*Alberto Arce es Snedden Chair de periodismo en la Universidad de Alaska-Fairbanks.

Circular en coche por Fairbanks, Alaska, es desplazarse sobre una alfombra arrugada. Subirse a un carrusel. Sentir vértigo al volar sobre el desnivel que irrumpe en la recta. Agarrarse al volante para mantener el equilibro y no perder el control del vehículo.

Las carreteras, rodeadas de árboles borrachos. Caídos. Con las raíces intactas, pero muertos. El mismo gigante que azota la tela de asfalto los succionó y colocó junto a postes de luz torcidos e inseguros. A punto de caerse. Entre lagos ya congelados a comienzos de octubre y moteados por burbujas de metano.

Aquejados todos de la misma dolencia.

Esas carreteras y árboles, el gas en el hielo de los lagos, son algunas de las consecuencias de un cambio climático veloz, irreversible, tangible, visible y comprensible.

Aquí, ahora.

Bailan sobre permafrost y el permafrost se derrite.

¿Por qué debería importarnos el permafrost?

Si abriésemos un agujero en Fairbanks en dirección al centro de la tierra nos encontraríamos con más de un kilómetro de tierra congelada hace miles de años. Cualquier pedazo de tierra congelada más de dos años es permafrost. Aquí, en el campus, en Alaska, en Siberia o en la planicie tibetana flotamos sobre millones de kilómetros cuadrados de tierra congelada. El calentamiento global convierte ese hielo que agarra la tierra en agua. Esa tierra que se descongela gradualmente ocupa el 24% de la superficie del hemisferio norte, el casquete Ártico. Forma parte de la Criosfera que regula en cascada gran parte de la dinámica de los cambios de la temperatura del planeta y se calienta al doble de velocidad que el resto del globo.

Esa tierra, ese agua, almacenan ingentes cantidades de gases invernadero. Carbono y metano. El metano tiene entre 20 y 30 veces la potencia del carbono. Y al quemarse no se va. Se convierte en carbono y sigue calentando. Una vez liberados del hielo que los retiene en la tierra esos gases se filtran a la superficie, donde pasan a formar parte de la vegetación, de la dieta de los microbios, de los lagos. Terminan en la atmósfera y contribuyen a gran velocidad al calentamiento global. Que a su vez descongela permafrost y vuelta a empezar. Cada vez más rápido.

Podemos verlo. A principios de septiembre dos hombres jugaban al golf a las afueras de la ciudad. Pisaron una burbuja que flotaba bajo el césped. Se rieron. Ya sabían de que se trataba. Aquí todos los saben. Tenían un viral para subir a Facebook. La agujerearon, aplicaron la llama de un encendedor y le prendieron fuego. El metano dibujó una llama azul, vertical, rápida, divertida. Para ellos. Para sus seguidores en Facebook. Para la publicidad del promotor de un campo del golf que se vende con un “Juega al golf al campo mas al norte de América”. Que con tanta facilidad podríamos traducir en un “Ven a jugar al golf sobre el cambio climático”.

La situación es tan desesperanzada como la imagen que nos devuelve el campo de golf. Es peor aún. Sobre todo en los lagos. Apunta a cruzar umbrales de los que no permiten la marcha atrás.

Según un estudio publicado el mes de agosto en Nature por Katey Walter Anthony, investigadora de la Universidad de Alaska, las consecuencias sobre el calentamiento global del metano que emerge en los lagos creados por el permafrost descongelado serán fatales. Por ese poder concentrado que guarda el metano. La investigación de Walter Anthony estima que podemos encontrarnos, solo en el caso del Ártico y en un puñado de años, con el doble de las emisiones actuales de metano a la atmósfera. El seis por ciento de la superficie, los lagos, puede duplicar las emisiones del total del Ártico. Sumarle dos Alemanias consumiendo y emitiendo gas al ritmo de calentamiento actual, que ya avanza cuesta abajo sin frenos. En su conjunto, el metano de las siguientes tres décadas, de cumplirse la proyección, igualará a la agricultura, segunda fuente de emisión humana de gases invernadero tras la actividad industrial. Además, no es reversible. Una vez iniciado el proceso, ni reduciendo el resto de emisiones podríamos detener la transformación del permafrost y su liberación de gas, que sucede con un cierto retardo.

Una condena.

La limitación de las emisiones de dióxido de carbono derivadas de los combustibles fósiles que, al final, pudiera acordar y poner en marcha el ser humano -de hacerlo, si lo hiciera- se encontrará con las emisiones provenientes de la naturaleza, imposibles de detener, que han sido a su vez impulsadas por la presión y el calentamiento provocados por la actividad humana.

El del permafrost es un problema digno de la inmensa capacidad de la tecnología para imponerse sobre la naturaleza desde que se escribe la historia. También de su ambivalencia.

Para el campo de golf hay una solución técnica tan inmediata como superficial y efímera: una alfombra de césped que filtre los gases a la atmósfera sin crear burbujas. Pura cosmética. Para las carreteras, los oleoductos, algunos de los edificios e infraestructuras, también la hay: Un sistema de refrigeración que evite que se descongele el pedazo de suelo sobre el que se levantan. Si se mantiene la temperatura sobre la que reposan, no se derrite el suelo. Al menos ese pedazo.

Se gana tiempo. Solo eso.

Porque cuando nos detenemos a reflexionar sobre la tierra que sujeta los oleoductos, esa solución técnica, en marcha a lo largo de todo el estado de Alaska, nos devuelve una imagen, paradójica, cuando menos, para la ética. La solución, mero parche, alimenta el círculo perverso del calentamiento. Son las empresas que extraen el petróleo y el gas que quemamos y con el que calentamos la atmósfera, las que impulsan gran parte de la economía, el estado que administra sus impuestos, quienes necesitan enfriar -y enfrían- el suelo que contribuyen a derretir con su actividad económica para seguir extrayendo. Y calentando. Y derritiendo. Y reparando. Para extraer. Para consumir. Y calentar más.

Un modelo que se encierra sobre sí mismo. Sobre el que circulamos cada día. Sobre el cual algunos se atreven, incluso, a jugar al golf.