Desde que el político británico Mark Sykes dibujó en 1916 una línea imaginaria en la arena desde la “e” de Acre hasta la última “k” de Kirkuk, Oriente Medio ha conocido una realidad turbulenta. Cuando todavía no se han secado los manantiales de Afganistán e Irak, que convirtieron la región en unas aguas aún más revueltas de lo habitual, los vientos soplan fuerte y el mundo se prepara para una mar gruesa con una posible e inminente intervención militar en Siria.

Obama ya había anunciado en el pasado que el uso de armas químicas suponía una línea roja para los Estados Unidos y sus acciones recientes revelan que no iba de farol. El paso del Rubicón pareció darse la semana pasada en la forma de acusaciones cruzadas de uso de armamento químico entre el régimen y los rebeldes que, en su vertiente gubernamental, el Secretario de Estado norteamericano, John Kerry, se ha apresurado a calificar como un “hecho innegable”. Si bien es cierto que son abrumadoras las fuentes que lo acreditan, no parece una elección de palabras muy afortunada, habida cuenta de la fatídica comparecencia de Colin Powell ante el Consejo de Seguridad en 2003 defendiendo la existencia de armas de destrucción masiva en Irak.

A la espera del informe, Washington ha aumentado la retórica belicista. Por un lado, la Casa Blanca parece haber tomado la decisión de atacar “en un día, una semana o un mes”, tras calificar lo ocurrido en este país como el “peor ataque químico del siglo XXI”. Sin embargo, someterá la decisión a una votación potencialmente complicada en el Congreso, lo que reducirá los costes electorales y despejará dudas legales (Obama impartió clases de derecho constitucional en la Universidad de Chicago). Mientras que cuenta con los apoyos de Francia (el Presidente Hollande ha declarado que: “si el Consejo de Seguridad de la ONU es incapaz de actuar, se formará una coalición”) y de los países del Golfo, su principal aliado, el Reino Unido, ha tenido que dar marcha atrás tras la negativa del Parlamento. La UE, como de costumbre, ni está, ni se la espera.

Los mismos miedos que han frenado a los británicos (la sensación de been there, done that, o el haber estado en una situación similar -Iraq- y haberse equivocado) se suman a una configuración internacional que resta fuerza a proposiciones multilaterales. De esta manera, el escenario de la intervención armada en Siria se sitúa dentro de una encrucijada humanitaria, legal y estratégica marcada por la falta de gobernanza de la comunidad internacional, las dudas respecto a la legalidad de la intervención y las consecuencias derivadas de la inacción.

Falta de consenso y liderazgo internacional

Aunque el Consejo de Seguridad había intentado, sin suerte, aprobar una resolución condenatoria del gobierno sirio, el primer foro internacional creado ad hoc para tratar el conflicto tuvo lugar en Ginebra a finales de junio de este año. Allí, en torno al neonato Grupo de Acción para Siria, se reunieron los miembros permanentes del Consejo junto con Iraq, Kuwait, Turquía y Qatar; así como representantes de la ONU, la UE y la Liga Árabe. En las conversaciones se evidenció la enorme distancia que separaba las posturas defendidas por EEUU de las de Rusia y China, principales valedores del oficialismo sirio, obteniendo como resultado una declaración ambigua. Andando en el tiempo, el escenario ha evolucionado de la búsqueda de un mecanismo de colaboración y consenso en Ginebra a la aparente inevitabilidad de una intervención armada prescindiendo del visto bueno del Consejo de Seguridad.

Los expertos de la ONU abandonaron Siria el pasado sábado, y sus conclusiones se harán públicas en en unas tres semanas. Más allá de lo que éstas revelen, parece claro que durante este tiempo no solo se han violado convenios y acuerdos en materia armamentística, sino que se ha producido una violación generalizada de los Derechos Humanos más básicos. La historia ha demostrado que el veredicto de los expertos no siempre sirve de acicate para una intervención pero tampoco evita que ésta se produzca.

Legalidad de la intervención

Con el Derecho Internacional en la mano, lo único que justificaría una intervención en Siria sería la consideración de que lo que allí ocurre constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacional, de la que las Naciones Unidas es garante en virtud del capítulo VII de su Carta Fundacional. Sin embargo, para poder situarnos en ese contexto tendría que existir un consenso en el seno del Consejo de Seguridad que no parece probable alcanzar. En este escenario de bloqueo institucional, la posición de los Estados Unidos adolece de un grave desequilibrio entre:

El motivo de la intervención: resultando indudable que el impulso que ha llevado a Washington a actuar en el conflicto sirio ha sido, por dos veces, el supuesto uso de armas químicas contra la población.

La base legal de la intervención: el uso de armas químicas contra la población civil no autoriza per se las represalias armadas unilaterales, máxime cuando Siria es uno de los cinco países que no ha firmado la Convención sobre la Protección de las Armas Químicas. Damasco sí que es signatario del Protocolo de Ginebra de 1925 que prohíbe los gases venenosos (curiosamente el único convenio internacional sobre derecho de guerra que se respetó durante la Segunda Guerra Mundial) pero este convenio no contempla mecanismo alguno de sanción por su incumplimiento. Se ha barajado también la posibilidad de invocar el principio de la Responsabilidad de Proteger, mecanismo alumbrado por las Naciones Unidas tras las catástrofes de los años noventa. Éste fue recientemente utilizado en Libia y atribuye a la comunidad internacional la obligación de velar por las poblaciones objeto de violaciones masivas y sistemáticas de los Derechos Humanos. Sin embargo, desplegar este posible escenario requeriría nuevamente del visto bueno del Consejo de Seguridad, amén de otra serie de consideraciones. Y no parece probable que Rusia o China, desencantadas ante el precedente que supuso la asimilación en Libia de la responsabilidad de proteger a un cambio de régimen, se muestren dispuestas a autorizar una nueva resolución sobre la base de este derecho de injerencia humanitaria. Por tanto, en ausencia de consenso en el Consejo de Seguridad, no existe ningún mecanismo que pueda revestir de legalidad una posible intervención militar.

Terreno más resbaladizo es el debate sobre la “legitimidad” para intervenir, que deja una puerta entreabierta a una actuación unilateral tomando en consideración los precedentes de los Balcanes y Ruanda durante la década de los noventa. Aún sin ser legal jurídicamente, al puentear la autoridad del Consejo de Seguridad, una intervención puede adquirir legitimidad internacional siempre y cuando concurran una serie de circunstancias como el agotamiento necesario de las vías diplomáticas de negociación, la constatación de graves violaciones de los Derechos Humanos de la población civil, que el Estado contra el que se pretende actuar se niegue a deponer su actitud y que la intervención no se enfrente a un rechazo generalizado de la comunidad internacional, expresado en la formación de coaliciones militares donde participen varios países o el voto favorable en foros multilaterales como la Asamblea General de la ONU.

Un panorama complejo

Tanto si Washington sigue adelante con la intervención como si decide dar un paso atrás y contemplar cualquier otra de las opciones que hay encima de la mesa, la situación en Siria continúa siendo inaceptable. Desde una óptica norteamericana todas las cartas son malas y el horizonte post-conflicto, ya sea con la continuidad de un radicalizado régimen de Al Asad, ya con su colapso y subsiguiente desestabilización regional, no parece muy alentador.

El escenario central no sería similar a los casos de Kosovo o Libia, sino una intervención similar a la Operación Desert Fox en Iraq en 1998: EEUU y Reino Unido bombardearon durante cuatro días objetivos en Iraq contra posibles instalaciones de armas de destrucción masiva. De una legalidad internacional muy discutible, la intervención no fue efectiva a nivel operativo (el régimen iraquí tuvo tiempo de prepararse para el ataque) ni político (Bagdad siguió sin cumplir resoluciones de la ONU). En este caso, estaríamos ante una acción meramente punitiva encaminada a exhibir la autoridad de Washington ante eventuales infractores de la legalidad internacional.

Tras dos años de cruenta guerra civil con más de 100.000 víctimas, casi dos millones de refugiados en Líbano, Jordania, Iraq y Turquía y más de cuatro millones de desplazados internos, sobre una población de 22 millones, es imposible no plantearse si la intervención no tendría que haber llegado antes. El hecho de que la única motivación para actuar haya sido el traspaso de la línea roja planteada por Obama respecto del uso de las armas químicas no dice mucho en favor de la actual configuración de la comunidad internacional ni de aquellos que disponen del poder y de la legitimidad para confrontarla. Al tiempo, las consecuencias potencialmente negativas de una intervención asustan: recrudecimiento de la violencia sectaria, nuevas oleadas de refugiados, una ganancia neta de prestigio del régimen ante la injerencia extranjera, inestabilidad regional, represalias asimétricas fuera de Siria, enfrentamiento abierto con Irán, aumento del precio del petróleo, etc.

La Administración Obama ha demostrado que no contaba con una estrategia clara desde un principio, careciendo de objetivos precisos y mostrándose reacia a adquirir compromisos. En estos momentos, una intervención limitada no supondrá una ayuda sustancial a los rebeldes moderados, ni generará una mayor estabilidad, ni evitará una mayor internacionalización del conflicto ni detendrá la ola de violencia sectaria que sacude la región. Todo indica que las ganas “de hacer algo” llegan tarde y pueden ser contraproducentes. Sólo hay un pequeño problema: cruzarse de brazos tampoco es una solución.