El fútbol globalizado nos ilustra algunos de los fenómenos más interesantes de la economía moderna, como el rol de las instituciones formales e informales que interactúan con los mercados, las normas culturales que influyen en las decisiones colectivas, y el alcance de la racionalidad humana. Creíamos que sabíamos cosas al respecto antes de la Copa del Mundo de Rusia, pero hemos seguido aprendiendo con ella, en algunos casos confirmando y en otros matizando o casi desmintiendo lo que considerábamos nuestra sabiduría acumulada. 

El fútbol tiene una cara oculta y mostramos una gran benevolencia con algunos de sus protagonistas, incluso cuando tienen una proximidad inquietante con esta cara. Por esa benevolencia hemos tolerado y aplaudido un espectáculo concebido y desarrollado a mayor gloria de, y haciéndole el juego a, Vladímir Putin, el autócrata protagonista de The Road to Unfreedom, la última denuncia del historiador Timothy Snyder, discípulo de Tony Judt, sobre los intentos de la nueva oligarquía rusa por sembrar de inestabilidad las democracias que creíamos consolidadas.

Toleramos y hacemos el juego a los autócratas, igual que toleramos la desigualdad y el enriquecimiento de los grandes futbolistas. Quizás el caso Ronaldo-Juve marcará un punto y aparte. Pero ¿por qué si los futbolistas de máximo nivel son una ínfima minoría y la democracia se basa sobre todo en la regla de la mayoría, no los expropiamos? Su mayoritario origen humilde y la falta de correlación entre su talento y cuestiones morales explican que su enriquecimiento y poder no choquen con nuestras nociones más arraigadas de injusticia. Pero deberíamos ser más exigentes cuando incurren en fraude fiscal u otros comportamientos delictivos, y cuando se acercan demasiado a las autocracias que se aprovechan del éxito del deporte más globalizado y unificado.

La sociedad mediatizada por la vieja y la nueva prensa es más exigente con los responsables políticos que con los responsables deportivos. El último refugio del hombre blanco, las gradas y las comunidades virtuales del fútbol moderno acabará, sin embargo, por ser civilizado, como lo son las grandes ciudades, las modernas empresas, los partidos políticos y nuestras mejores universidades, donde el viejo hombre blanco se siente crecientemente incómodo. Por desgracia, el Mundial visto y oído por televisión en España fue un espectáculo de hombres (por lo menos de razas diversas), arbitrado y entrenado por hombres y comentado por hombres con la gracia cañí de Camacho y Kiko, que decidieron condenar a las únicas mujeres, aparte de la presidenta de Croacia, que protagonizaron la final del Mundial al saltar como espontáneas para protestar contra el machismo y la homofobia de Putin.

El éxito de Europa en el Mundial y en el fútbol globalizado en general apunta a la necesidad de que sea precisamente Europa la que complete el proceso de civilización del fútbol moderno, a la que contribuyó el FBI de la época de Obama. La lucha entre equipos homogéneos y equipos diversos que hemos visto en el Mundial, incluso en su final, nos insta a optar por un mundo donde las nacionalidades no sean más que etiquetas que sirvan para ponerse camisetas de distinto color o sean sentimientos tribales con los que dividirnos y creernos que vale la pena morir por ello, como cantan muchas letras de himnos nacionales.

El Mundial nos ha demostrado una vez más el enorme éxito y atractivo del deporte rey convertido en espectáculo. Se trata de un gran producto fruto de la evolución de instituciones con componentes inevitablemente inclusivos y extractivos, por utilizar una terminología puesta de moda hace pocos años. Que ese pastel se ponga cada vez más al servicio del conjunto de la sociedad depende de que se impregne mucho más de normas sociales basadas más que hasta ahora en la equidad y el respeto a las reglas colectivas. 

¿Racionalidad?

En el fútbol moderno también se mezclan, fruto de la combinación de emociones y presiones competitivas, la racionalidad y la irracionalidad. En el prólogo de mi libro Pan y Fútbol (Alternativas Económicas, 2018), el actual director técnico del Olympique de Marsella y exportero de fútbol Andoni Zubizarreta expresaba su escepticismo sobre alguna de las teorías con soporte cuantitativo que trato de divulgar en el libro. En particular, desde su experiencia como arquero no parecía estar totalmente convencido de que, debido a la presión psicológica, quien tira segundo en una tanda de penaltis tenga más probabilidades de perder que quien tira primero. Esta supuesta regularidad empírica llegó al Mundial tras popularizarse en la prensa en lengua inglesa (incluso durante el Mundial) un trabajo de los economistas Apesteguia y Palacios-Huerta publicado en 2010 en la American Economic Review, basado en 129 tandas de penaltis en una variedad de torneos. En el libro Beatiful Game Theory de Palacios-Huerta, publicado en 2014, la muestra se amplía a 1.001 tandas, pero incluye tandas posteriores a 2003, que es cuando un cambio de reglas hace que quien tire primero no sea aleatorio, sino una decisión del capitán.

En este Mundial ha habido cuatro tandas de penaltis (como en el anterior), y en ellas siempre ha ganado el equipo que tiró segundo (igual que en las dos últimas del Mundial anterior). Podría ser casualidad, claro. En las tres primeras el capitán que ganó el sorteo, en coherencia con la supuesta sabiduría acumulada, eligió tirar primero. Pero su equipo perdió. En la cuarta, el capitán de Croacia, Modric, ganó el sorteo, y tras mirar al entrenador gritándole, decidió tirar segundo. Y ganó. El comentarista de Mediaset (el bueno, el de los partidos en que no estaba Camacho), dijo que Modric había decidido que Croacia parara primero, basándose en la experiencia de que su portero, Subacic, había parado tres lanzamientos en la tanda anterior contra Dinamarca. Sin duda, la decisión de tirar segundo (o parar primero, como ocurrió) fue endógena y no aleatoria. Al comentar esto en mi presentación del libro Pan y Fútbol en Madrid, justo antes de las semifinales del Mundial de Rusia, un amigo mío y colega, el economista Antoni-Ítalo de Moragas, me alertó de otro artículo científico (que ha tenido mucha menos cobertura en los medios o en los libros divulgativos), de los economistas Kocher, Lenz y Sutter, publicado en 2012 en Management Science, en el que amplían (incluyéndola) la base de datos de Apesteguia y Palacios Huerta de 2010 a 540 tandas de penaltis no posteriores a 2003, y obtienen el resultado de que el equipo que lanza primero gana solo el 53% de las veces, y que esta cantidad no es significativamente distinta de 50% desde el punto de vista estadístico; es decir, que no se puede distinguir de una diferencia puramente aleatoria.

Vandebroek, McCann y Vroom intentan muy recientemente en el Journal of Sports Economics reconciliar los distintos resultados anteriores, argumentando que el número de observaciones disponibles hace muy difícil dirimir entre hipótesis. De momento, y hasta que evidencia mucho más abundante pase por robustos filtros científicos, habrá que compartir el escepticismo de Zubizarreta, y seguir trabajando y aprendiendo del fútbol.

Francesc Trillas es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de Pan y fútbol. El deporte rey, espejo de la economía global.

[Este artículo ha sido publicado en el número 61 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

La lectura de las reflexiones actualizadas de Amartya Sen subrayan la utilidad de la Teoría de la Elección Social para afrontar los debates y la toma de decisiones que rodean asuntos como la cuestión catalana.

Una opción para las cuestiones de soberanía en las democracias avanzadas que debería estar por lo menos encima de la mesa es llegar a un acuerdo amplio para una pregunta del tipo sí / no sobre una propuesta detallada.

Pero al ampliar el número de “criterios razonables” también aumentamos los dilemas que se producen. Por ejemplo, es difícil conseguir más claridad sin menoscabar la cohesión.

En los últimos tiempos han tenido lugar plebiscitos como los de Crimea, el Brexit o Colombia, y asistimos a la presencia sonora en el debate político de propuestas para celebrar referéndums de secesión (por ejemplo en Cataluña o en la parte serbia de Bosnia-Herzegovina) o para salir del euro o de la UE. Las dudas y dilemas que plantean estos mecanismos de decisión sugieren a mi juicio la imperiosa necesidad de divulgar algunos análisis académicos sobre la agregación colectiva de preferencias inspirados en la Teoría de la Elección Social. Estos análisis están hasta cierto punto resumidos en la nueva edición expandida del libro clásico del Premio Nobel de economía Amartya Sen.

La lectura de las reflexiones actualizadas de Sen y su relación con el instrumento referendario, así como la experiencia histórica reciente, subrayan la utilidad de algunos de los mensajes fundamentales de la Teoría de la Elección Social para afrontar los debates y la toma de decisiones que rodean a la cuestión catalana, por citar sólo la que nos resulta más cercana de entre las de naturaleza similar.

Reglas de votación. Distintas reglas de votación pueden dar lugar a distintos resultados para unas mismas preferencias. Las reglas de votación más conocidas y estudiadas son la regla de la pluralidad (la más usada, quizás por su claridad) consistente en que cada votante diga cuál es su (única) opción preferida, con independencia del ránking con que ordenaría el resto de alternativas, y vence la opción que tiene más votos. En una variante de la regla de pluralidad, pasan a una segunda vuelta las dos opciones con más votos,y todos los votantes vuelven a votar sobre ellas. En otra variante, se producen rondas de votación y en cada ronda queda eliminada la alternativa con menos votos. En la regla de la mayoría con comparación por pares, los votantes votan de dos en dos alternativas y vence aquella (si es que existe, y sólo está garantizada su existencia cuando limitamos el tipo de preferencias que pueden tener los votantes) que derrota a todas las otras opciones en estas votaciones por pares: esta alternativa es el “ganador de Condorcet”. En el recuento de Borda, cada votante puntúa de más a menos votos todas las alternativas existentes, y vence la que tiene más puntos.

Criterios razonables. Existen infinitas variantes y formas de votar. Ninguna de ellas, sin embargo cumple simultáneamente con un conjunto mínimo de “criterios razonables” que desearíamos que las reglas de votación cumplieran (y esta es la conclusión del Teorema de Imposibilidad de Arrow), como por ejemplo que las preferencias colectivas sean transitivas, que la comparación entre dos alternativas no dependa de añadir una tercera, o que el sistema sea neutral y no favorezca a una alternativa sobre otras. En otras palabras, siempre existirán dilemas entre distintos criterios razonables. Además las reglas de votación en general son vulnerables al voto estratégico, es decir, no siempre conducen a reflejar lo que desean de verdad los votantes. Por ello, el rol de quien controla la agenda es fundamental: quien decide el sistema de votación y las alternativas que se ponen a votación puede influir sobre el resultado eligiendo el procedimiento que más le favorezca.

Otra paradoja. Si tenemos dos votantes y tres opciones, puede ocurrir simultáneamente que ambos votantes prefieran una de las tres alternativas sobre una de las dos restantes, pero que si dejamos que uno de los dos votantes decida individualmente entre dos de las alternativas, y el otro votante decida sobre otras dos, entonces puede que quede descartada aquella en la que ambos se pondrían de acuerdo. En el caso catalán, Oriol Tejada sugiere que podría darse, para unas preferencias hipotéticas pero plausibles, que el “votante catalán” eligiera independencia sobre federalismo, que el “votante español” eligiera status quo sobre independencia, y que eso impidiera que ambos eligieran el federalismo, que es preferido por ambos al status quo.

Simplificar a dos opciones las alternativas que se presentan a los votantes puede ser problemático. Como ya discutí aquí, la simplificación es una virtud, porque añade claridad y facilita la legitimidad de los procesos democráticos. La elección social no presenta muchos problemas cuando sólo hay dos opciones. No hay mucho margen para el voto estratégico, hay poco riesgo de indeterminación, las alternativas irrelevantes no tienen ninguna influencia (no hay ninguna en esa etapa), y no hay diferencia entre pluralidad y mayoría. Se produce una apariencia de claridad y simplicidad, pero en realidad la batalla ha sido anterior: la simplificación a dos no habrá sido inocente. Puede haber manipulación en la reducción de fenómenos complejos a sólo dos opciones. Una vez que sólo hay dos opciones, la batalla por la elaboración ha terminado.

El criterio de neutralidad exige dar las mismas oportunidades a todas las alternativas sometidas a votación. En los referéndums de tipo constitucional o de soberanía puede ser deseable otorgar un trato especial al status quo -es decir, a ningún cambio- y asegurar así que el cambio constitucional se lleva a cabo sólo con un apoyo abrumador, como sucedió por ejemplo con el referéndum sobre el Acuerdo del Viernes Santo irlandés,.

La importancia de las super-mayorías y los requisitos de participación que muchos analistas y sistemas legales sugieren para los referendos van en la dirección precisamente de deshacer la neutralidad entre el status quo y las reformas, especialmente cuando éstas son radicales. Por supuesto, el riesgo de exigir super-mayorías es el obstruccionismo y la capacidad de generar minorías de bloqueo, por lo que sería razonable acompañar las super-mayorías de mecanismos para incentivar que se alcance un acuerdo, como en los cónclaves papales o con los límites de tiempo para llegar a acuerdos con costes para las partes en caso de desacuerdo, como ocurre con el artículo 50 de los tratados de la UE, que rige las negociaciones para que un Estado Miembro la abandone.

Además, a la luz de la experiencia del referéndum del Brexit y otros, se han sugerido otros “criterios razonables” que deberían cumplir los plebiscitos, especialmente aquellos planteados para decidir cuestiones de soberanía:

En todo caso, merece la pena hacer notar que al ampliar el número de “criterios razonables” también aumentamos los dilemas que se producen. Por ejemplo, es difícil conseguir más claridad sin menoscabar la cohesión. Al fin y al cabo, una pregunta breve y dicotómica es bien clara, pero facilita la polarización en dos bloques enfrentados y, si nos fijamos en el caso británico, no parece que haya conducido a la estabilidad.

La secuencia (1) formación exógena de preferencias; (2) elección de un sistema de votación; (3) voto final, no tiene por qué cumplirse pues la elección de los detalles del sistema de votación puede influir en la formación de las preferencias (que entonces dejan der ser exógenas). Aparece  entonces el neverendum, situación en la que los independentistas, incluso si pierden el referéndum como en Escocia, tienen éxito porque consiguen que el electorado preste atención a lo que ellos desean. Cuantas más campañas plebiscitarias haya, mejor. Si implícitamente y cognitivamente se gana la batalla del demos del referéndum como manifestación simbólica de la nación en sí misma, los estándares democráticos y el reconocimiento internacional son secundarios para quienes tienen unas preferencias de tipo nacionalista. En este sentido, las preguntas y las palabras exactas que las formulan no son inocentes. En Cataluña, las preguntas del 9N y la pregunta del 1-O son escasamente inocentes. Las opiniones de los votantes pueden fluctuar enormemente dependiendo de cómo se plantean exactamente las preguntas. Por ejemplo, antes de la Guerra del Golfo de 1991, casi dos terceras partes de los estadounidenses dijeron que estaban dispuestos a “utilizar la fuerza militar”, pero menos del 30% deseaban “ir a la guerra”. Nuestras preferencias son más vagas e incompletas de lo que supone la teoría tradicional, y co-evolucionan con las instituciones que las pretenden agregar. De ahí la importancia para Amartya Sen de la discusión razonada y de poder tomar una decisión con la máxima información posible, algo que según este economista y muchos otros observadores no favorecía el carácter dicotómico de la campaña del referéndum del Brexit, donde incluso los medios de comunicación más neutrales y respetados debían tratar por igual opiniones y hechos por cumplir con una apariencia de neutralidad. Además, recuerda Amartya Sen, la opinión en perspectiva de personas de otras latitudes debe ser bienvenida en cualquier debate para evitar los excesos del “parroquialismo” (que las pasiones y las emociones nos impidan enfrentarnos con frialdad a los pros y contras de una decisión, sin capacidad para ampliar el ángulo de observación de personas más ajenas al conflicto).

¿Qué mecanismos democráticos de decisión colectiva podrían minimizar los problemas en conflictos de soberanía de la Europa del siglo XXI?

Al fin y al cabo, no hay una forma de agregar preferencias que cumpla con todos los requisitos deseables, y por lo tanto quien haga una propuesta está explicitando sus juicios de valor entre criterios aparentemente deseables, pero potencialmente incompatibles. Una opción para las cuestiones de soberanía en las democracias avanzadas que, a mi juicio, debería estar por lo menos encima de la mesa es llegar a un acuerdo amplio para una pregunta del tipo sí / no sobre una propuesta detallada que cuente con el apoyo de una mayoría cualificada de las fuerzas políticas relevantes (como el referéndum irlandés sobre el acuerdo del Viernes Santo o como el referéndum sobre la Constitución española de 1978). Ese podría ser el marco adecuado en una democracia que quiera preservar la tolerancia y el debate razonado, aprovechando las mejores prácticas de democracia participativa, representativa y deliberativa, sin renunciar a la ratificación final por democracia directa.

Algunos se oponen al argumento de que un referéndum de autodeterminación sí / no sería divisivo, argumentando que el status quo, por ejemplo en la situación actual en Cataluña, también es divisivo. A menos que la división se tome como irreversible, no entiendo la validez de este contra-argumento. Creo que deberíamos tratar de encontrar maneras de recuperar la unidad y la cooperación en lugar de celebrar la división con más división. Bajo circunstancias mucho más duras, Irlanda del Norte avanzó con un método para resolver su conflicto que rompió la división.

Algunos creemos que España necesita un amplio acuerdo para una reforma federal que pueda ser apoyada por personas que crean firmemente en ella y por personas que puedan encontrar un terreno común a su alrededor. Tal acuerdo detallado podría entonces ser votado en un referéndum. Eso podría ser tan legítimo como otros referendos legales, sería consistente con la tradición legal española y, además, sería menos divisorio y encajaría mucho mejor con una Unión Europea que avanza hacia una mayor unidad e integración.

La principal lección que se extrae de la obra de los grandes maestros de la elección social, en especial de Kenneth Arrow y Amartya Sen, es que hay que estar extremadamente atentos a las decisiones estratégicas de quienes pueden tratar de imponer a la ciudadanía “la agenda”, en un sentido muy general, en los procesos democráticos de toma de decisiones colectivas. En una democracia compleja y plural con gobernanza multi-nivel (especialmente en la UE y la zona euro), cualquier simplificación de estas cuestiones esconde probablemente un intento interesado de influir sobre las preferencias de la población, más que de intentar interpretarlas y canalizarlas. La voluntad del pueblo es difícil de definir, pero fácil de manipular. Ante las dificultades objetivas que plantea la agregación colectiva de preferencias individuales, sería arriesgado identificar con la “voluntad del pueblo” una alternativa que obtiene más votos a favor que en contra con cualquier porcentaje de participación ante la agenda planteada por una de las partes.

*Se puede acceder a una versión más extensa y detallada de este artículo aquí. aquí

En la estela de los análisis del proceso de toma de decisiones colectivas como "arte de la manipulación política", el autor revisa el debate que se ha producido a propósito del planteamiento de la consulta en Cataluña.

Independientemente de la sustitución de una consulta con marco legal escrito por un evento participativo sin él, la dimisión del profesor Quim Brugué como miembro de la Comisión de Control de la consulta del 9 de Noviembre, argumentando que esta consulta carecía de garantías democráticas, ha puesto de manifiesto algo que varios observadores vienen apuntando desde hace tiempo: la manipulación de la democracia que encubre una campaña que se hace en nombre de ella. Un aspecto de esta manipulación, aunque no el único, es cómo se pretenden convertir en preferencias de un pueblo (de un colectivo) las preferencias individuales reales de sus miembros.

Pau Marí-Klose fue el primero que analizó la posible consulta a la luz de la teoría de la elección social, en Agenda Pública. Puso un ejemplo numérico en que dadas tres opciones posibles, la votación entre pares de estas opciones no da lugar a una elección estable: el ganador depende de qué dos opciones se comparan o del orden con que se comparan. En su ejemplo, aunque el federalismo ganaría a la independencia, ésta ganaría al status quo. Creo que cuando Marí-Klose escribió su artículo, aún no se conocía la pregunta encadenada que acordaron los partidos pro-consulta. Por otra parte, en el ejemplo de este sociólogo, cuando se preguntaba entre status quo y modelo federal, una mayoría, por poco, prefería el status quo. Este detalle es el que daba lugar a unas preferencias colectivas inestables, que dependían de qué se preguntaba exactamente. Marí-Klose ilustró su idea con seis grupos de votantes, pero creo que con tres es suficiente, como se hace en la tabla 1 (que utilizaré posteriormente a efectos comparativos). En ella realizo pues el supuesto de que hay tres grupos de votantes que se dividen a partes iguales. Para simplificar, llamémosles independentistas, federalistas y españolistas, aunque insisto en que es un supuesto simplificador, puesto que no creo que ninguna sociedad europea del siglo XXI pueda describir su diversidad reduciéndola a tres grupos disjuntos. Supongamos un ránking para cada tipo de votante entre las opciones I, E y F (por independencia, estabilidad y federación) como el que aparece en la tabla. Como los tres grupos tienen igual tamaño, no perdemos generalidad si decimos que cada grupo tiene un voto. En tal caso, en votaciones donde se comparan dos opciones, vemos que F le gana a I por dos votos a uno, que I le gana a E también por dos a uno, pero sin embargo (rompiendo la transitividad colectiva), F no le gana a E, sino que E le gana a F por dos a uno. Es una paradoja que conocen los buenos estudiantes de economía y de ciencia política (la paradoja de Condorcet): en algunos casos, las preferencias individuales transitivas (es decir, que cada individuo puede ordenar en un ránking) pueden dar lugar como en este caso a preferencias colectivas no transitivas, es decir, que no se pueden ordenar de forma estable, generándose ciclos y por consiguiente otorgando mucho poder a quien controle la agenda política. Es un ejemplo de las dificultades inherentes a las decisiones colectivas, que Kenneth Arrow generalizó en el Teorema de la Imposibilidad que lleva su nombre: no es viable un sistema de reglas democráticas que cumpla con satisfacción varios criterios deseables a la vez. Muchos problemas en democracia, como éste, no tienen una solución fácil, lo que parecería desaconsejar el tono tajante que en ocasiones utilizan algunos analistas. Quien diga que este problema tiene una solución perfecta o única, miente o ignora aspectos básicos de la sabiduría acumulada.

Tabla 1

Víctor Lapuente y Alberto Penadés argumentaron en El País que ellos también creían que la opción federal ganaría a la opción independentista, al igual que en el ejemplo de Marí-Klose. Esto podría ser así aunque la minoría más grande tuviera el independentismo como primera opción. Lapuente y Penadés añadieron que creían que el federalismo también ganaría al status quo, a diferencia del ejemplo de Marí-Klose. Esto elimina la no transitividad colectiva, y convierte el federalismo en lo que se llama un “ganador de Condorcet”, es decir, un ganador estable. En cuestiones uni-dimensionales, es decir, donde se pueden ordenar los votantes en una sola línea o segmento según su preferencia máxima de más a menos, por ejemplo como hacen elocuentemente Lapuente y Penadés desde el más españolista hasta el más independentista en Cataluña, si existe un ganador de Condorcet éste será el votante mediano, es decir, quien tiene a la mitad de los votantes a un lado y la otra mitad al otro lado. Lapuente y Penadés consideran que, de acuerdo con todas las encuestas conocidas, el votante mediano en Cataluña es federalista. Por ejemplo, en la tabla 2, supongamos adicionalmente en relación a la tabla 1 que los independentistas son el 40% de la población, que los federalistas son el 35% y que los españolistas son el 25%. Y supongamos unas preferencias ligeramente distintas. En este caso, aunque el federalismo no sea mayoritario, sí que tiene entre sus votantes al votante mediano. En tal caso, entre F e I gana F por el 60% contra el 40%. Entre F y E gana F por el 75% contra el 25%. Y entre I y E ganaría I por el 75% contra el 25%. Existe sólo una opción, F, que gana a cualquiera de las otras dos en votaciones con dos opciones, siempre que F sea una de las opciones, claro. Puede aducirse que F también puede ganar de facto cuando no está incluida, como en Escocia, pero esa victoria no se podría reclamar en los tribunales de justicia (sobre el referéndum escocés como un ejemplo negativo, pese a su imagen idealizada en España, se aconseja leer las reflexiones de López Basaguren).

Tabla 2

Lapuente y Penadés decían que en un sistema de votación con tres opciones donde los votantes puntúan las tres opciones (lo que se conoce como recuento de Borda), la opción federal sería la ganadora, si partiéramos de preferencias en las franjas que dan las encuestas habituales. En la tabla 2 supongamos que hay 100 votantes con las proporciones mencionadas, y que las reglas de votación, entendidas por todos los votantes, son que a la primera opción se le dan 3 puntos, 2 a la segunda y 1 a la tercera. En tal caso, F obtendría (35x3)+(40x2)+(25x2)=235 puntos. I obtendría (40x3)+(35x2)+(25x1)=215 puntos. Finalmente, E obtendría (40x1)+(35x1)+(25x3)=150 puntos. F sería la opción vencedora.

Cabe destacar que la opción preferida por el votante mediano gana en este caso si se puntúan las tres opciones, pero no si, a pesar de tener tres opciones, sólo se puede elegir una. En este caso, el ganador de Condorcet no sería el ganador del referéndum. Y mucho menos si, como alguna vez Artur Mas ha insinuado muy generosamente, la tercera vía se incluye pero es presentada como la “propuesta que esperábamos del Estado”.

Recientemente Arseni Gibert, también utilizando un ejemplo numérico donde los votantes tienen preferencias por tres opciones, señalaba que con el sistema de pregunta encadenada, con un 35% de electores partidarios de la independencia como primera opción, ésta podía ser la ganadora de la consulta tal como está planteada, por ejemplo si el 15% de partidarios del status quo es eliminado por contestar No a la primera pregunta.

Los ejemplos utilizados hasta ahora aceptan que el independentismo puede ser la opción preferida por una minoría mayor. Cuando, a diferencia de estos ejemplos, el federalismo sí es la minoría más numerosa, la manipulación democrática, consistente en no hacer aparecer en igualdad de condiciones a la alternativa federal en la papeleta de votación, ya es clamorosa.

De todos modos, este tipo de análisis, a mi juicio ilustrativos y valiosos, y reveladores de algunos problemas democráticos de la consulta, tienen en común que parten de los supuestos de que las personas tienen individualmente preferencias estables respecto a este asunto, y que las opciones que se les plantean son claras y bien definidas. No creo que sean supuestos demasiado consistentes con la situación que estamos viviendo. Las preferencias son volátiles y manipulables, especialmente por parte de medios de comunicación sectarios y por formas de intimidación social, viejas y modernas. Y las opciones son complejas y mal definidas, si atendemos a que hay muchos federalismos posibles y que hay muchas independencias posibles (por ejemplo dentro o fuera de la UE y la zona euro), y su formato final sólo se puede conocer al final de un acuerdo detallado. Para avanzar, hay que reflexionar sobre aportaciones más recientes de las ciencias sociales, que ayuden a hallar otra forma de decidir cambiar las cosas votando, que sea más estable, más indiscutible, y que favorezca más la convivencia en lugar de la imposición y la manipulación. Seguro que no hay una sola solución, pero las que haya dudo que puedan soslayar la reforma, el diálogo y el pacto.

Si se lee en algún titular que la independencia producirá una ganancia o una pérdida de tantos euros per cápita (habitualmente una cifra redonda), hay que desconfiar de todo lo que viene a continuación, como hemos señalado en el libro “Economia d’una Espanya plurinacional”. Presentar un número mágico es exactamente lo contrario de lo que hace Gavin McCrone en su fantástico libro sobre las implicaciones económicas del futuro constitucional de Escocia, “Scottish Independence. Weighing Up the Economics”Scottish Independence. Weighing Up the Economics.

Los ejercicios sobre los aspectos económicos de la independencia que concluyen con un número mágico pecan de dos defectos fundamentales:

-En primer lugar, suelen realizar supuestos heroicos sobre los que no existe ningún consenso científico. Transmiten con ello el mensaje equivocado y poco pedagógico de que la incertidumbre no existe o juega un papel secundario, cuando es un aspecto básico de todos los procesos de secesión, comenzando por el significado mismo de “secesión” en la Europa del siglo XXI.

-En segundo lugar, parten del supuesto subyacente de que la secesión es un fenómeno básicamente distributivo entre territorios donde una población dispondrá de más cantidad de unos recursos que se consideran fijos y que en el presente tiene que compartir con otros. Ello en un contexto social donde lo fundamental se considera estable, cuando la secesión inevitablemente comportará cambios en la cantidad total de recursos disponibles y cambios probablemente fundamentales en el tipo de sociedad que se construye, que tienen que ver con las dificultades actuales del estado-nación como contexto del contrato social y, en el caso europeo, con las vicisitudes del proceso de construcción europea.

Como ejemplo de las dificultades de ponerle cifras a algo tan incierto y de perfiles tan borrosos como la “independencia” hoy, McCrone muestra las diferentes estimaciones sobre el valor del petróleo del Mar del Norte para la economía escocesa (un aspecto clave del argumento de los independentistas escoceses), según las distintas proyecciones realizadas, ya sea por parte de la agencia pública británica Office of Budget Responsibility (OBR) o por parte del gobierno escocés. En la Tabla 1 puede verse que las diferencias son sustanciales y crecientes en el tiempo, hasta más que duplicar el gobierno escocés la previsión de la OBR para un total de seis años.

Tabla 1. Proyecciones sobre ingresos fiscales para Escocia derivados del petróleo del Mar del Norte (miles de millones de libras)

El libro de McCrone constituye un tratado muy amplio de los diferentes aspectos del debate económico que en buena parte protagoniza la campaña del referéndum sobre la independencia de Escocia del 18 de septiembre. Hay capítulos sobre el Estado del bienestar y cuestiones fiscales, política monetaria, regulación financiera, y energía, entre otros. En todos ellos, lejos de darse un número mágico, se plantean los distintos escenarios posibles a partir de una descripción sucinta pero clara de la situación actual.

Para McCrone, la independencia equivaldría sobre todo a tener más margen de maniobra (más “palancas económicas”) para endeudarse y gastar en proyectos de intervención pública decididos exclusivamente por el gobierno escocés. Ello a pesar de que el mismo autor reconoce que en el seno de la Unión Europea y en el contexto de una economía globalizada estas “palancas” están de todos modos restringidas. McCrone no menciona la posibilidad de que la independencia de Escocia dé lugar a un “efecto frontera” en el comercio internacional.

Muchas de las discontinuidades entre las fronteras nacionales en el pasado han desaparecido hoy en Europa, y el poder de un gobierno nacional está limitado por los flujos de personas y capitales, y por la normativa de la Unión Europea. Por otro lado, McCrone afirma que muchas de las políticas que los nacionalistas escoceses afirman que serían posibles en virtud de la independencia, o son ya posibles hoy y no se están aplicando, o serían posibles bajo una mayor descentralización.

Un aspecto del libro con un tratamiento a mi juicio magistral es el dedicado a los problemas de una unión monetaria con el Reino Unido (páginas 53-60), que es la opción respecto a la moneda pretendida por el gobierno escocés en su “libro blanco” sobre la independencia. McCrone subraya las dificultades de, por un lado, mantener una unión monetaria con un Banco de Inglaterra que retendría las facultades de prestamista de último recurso pero, por otro lado, al mismo tiempo pretender fragmentar la soberanía fiscal. Esta contradicción también fue señalada por el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney; y por el líder de la campaña por el No en el referéndum, el laborista Alistair Darling, en sus dos debates televisivos con el líder nacionalista Alex Salmond; y por el economista norteamericano Paul Krugman, que ha tenido una participación estelar en el debate económico en las últimas semanas, tanto por escrito como por televisión.

Si el gobierno escocés pretende tener un grado significativo de soberanía fiscal (lo que la mayoría de expertos aceptaría que se parece más a una definición plausible de “independencia”), difícilmente puede someterse a la imposibilidad de acceder cuando Escocia lo necesite a los instrumentos de un prestamista de último recurso. Y en la economía de hoy, con fuerte recurso a la deuda y con mercados altamente especulativos, lo necesitará con una probabilidad elevada.

Como han dicho los representantes de los tres partidos políticos con posibilidades de gobernar en el Reino Unido, el Banco de Inglaterra y el Parlamento al cual ha respondido hasta ahora, el de Westminster, sólo aceptarán ser los prestamistas de último recurso de los bancos escoceses si pueden mantener elementos de control sobre la economía escocesa.

El mensaje clave de los nacionalistas escoceses, de que con la independencia terminarán las políticas de austeridad, es contradictorio con querer mantener una unión monetaria con el Reino Unido. Irlanda mantuvo la paridad con la libra esterlina durante décadas tras la independencia pero al coste de unos enormes sacrificios fiscales, que están en contradicción con las promesas que hacen los nacionalistas escoceses. Eslovaquia y la República Checa, por utilizar otro ejemplo mencionado por McCrone, mantuvieron una misma moneda anunciando que crearían en el futuro una para cada país, pero inmediatamente se produjo una fuga de capitales de Eslovaquia hacia Praga y tuvieron que crearse de inmediato dos monedas. Es lógico que Escocia quiera mantener la misma moneda que el Reino Unido, dados los vínculos financieros y comerciales entre las dos partes de la isla, pero debe aceptar que una misma moneda implica una limitación considerable de la soberanía fiscal, lo que está en contradicción con la idea de independencia.

El de McCrone es un libro excelente y muy equilibrado por una de las personas que mejor conoce la economía escocesa. Afirma que una Escocia independiente sería un Estado perfectamente “viable”, y en ningún momento utiliza argumentos alarmistas. Pero su conclusión es clara: las incertidumbres y contradicciones del proyecto de la “independencia” de Escocia son tales que la alternativa de un mejor esquema de descentralización en el contexto de un reequilibrado (¿federal?) Reino Unido que se mantenga en la Unión Europea es mucho más atractiva. Es la misma conclusión a la que ha llegado el semanario de orientación liberal The Economist en su último editorial antes del referéndum, así como Will Hutton, uno de los principales exponentes de la intelectualidad progresista británica.

Las contradicciones entre la independencia y la unión monetaria también han emergido en el debate catalán, como ha puesto de manifiesto Xavier Vidal-Folch, aunque por supuesto en este caso la moneda única sería el euro en lugar de la libra esterlina. No es la única semejanza entre ambos debates. Ambos son territorios relativamente prósperos (si no fuera por la enorme riqueza concentrada en Londres, Escocia estaría claramente por encima de la media de renta británica) con un poderoso gobierno autonómico que dispone de amplias competencias. Tanto el gobierno escocés como el catalán han utilizado los recursos del autogobierno emanado de la legalidad común para pretender fragmentar el Estado de procedencia.

Por supuesto, también hay diferencias importantes entre ambos debates, en cuanto a la posibilidad legal de celebrar un referéndum de independencia, la importancia de las cuestiones lingüísticas, las cuestiones de financiación territorial o las cuestiones de calidad institucional.

En Cataluña, de momento a dos meses supuestamente de la “consulta” no hay libro blanco sobre la independencia como lo hay en Escocia (un documento de 600 páginas donde se detalla con más o menos rigor qué se entiende por independencia), y cuando lo haya, si es que lo hay, veremos si todos los partidos que apoyan la independencia están de acuerdo con él. En cambio, el libro blanco escocés básicamente fue redactado por un gobierno monocolor. La campaña proindependentista de Escocia está mucho más cohesionada en este sentido que la catalana.

Parte del discurso del gobierno escocés se basa en construir un país de centroizquierda con un potente Estado del bienestar gracias a los recursos del petróleo del mar del Norte, ante la supuesta deriva neoliberal de Inglaterra. Por ejemplo, Salmond habla de evitar la privatización del sistema nacional de salud, el NHS, aunque no sin contradicciones destacadas por un editorial en The Guardian. En Cataluña, Artur Mas, sin embargo preside un gobierno de centroderecha que está privatizando en buena parte la sanidad pública. Y a diferencia de lo ocurrido en Escocia desde que gobierna el Partido Nacionalista Escocés, los partidos mayoritarios hasta ahora en Cataluña han apoyado las políticas económicas de los gobiernos españoles, tanto cuando ha gobernado el PSOE como cuando ha gobernado el PP.

Por lo demás, en España no hay un movimiento serio para sacarnos de la Unión Europea, como sí lo hay en el Reino Unido, habiendo forzado el partido independentista UKIP al Partido Conservador a convocar para 2017 un referéndum sobre la salida del Reino Unido de la UE. En este contexto, los mayoritariamente europeístas escoceses pueden ver la independencia del Reino Unido como una vía para permanecer vinculados al proyecto europeo. Finalmente, y para terminar con el capítulo de diferencias, el tamaño económico y demográfico de Escocia respecto al Reino Unido es menor que el de Cataluña respecto a España (no así el tamaño relativo del territorio), lo que quizás explique parcialmente, la relativa relajación y sentido del humor con que la mayoría de británicos se ha tomado el referéndum del 18 de septiembre. La tabla 2 resume algunas de las principales diferencias.

Tabla 2. Algunas diferencias entre Escocia y Cataluña

Cuando el Movimiento Occupy popularizó el lema “Somos el 99%”, muchos de nosotros pensamos que la idea de que las desigualdades de ingresos y de riqueza estaban aumentando de manera injusta y peligrosa era algo que nadie decente se atrevería ya a discutir. Estábamos equivocados, porque el economista norteamericano Gregory Mankiw, entre otros, ha argumentado recientemente que a su juicio no existe nada de injusto ni de peligroso en el aumento de las desigualdades. El lema mencionado popularizó el trabajo de economistas como Thomas Piketty y Emmanuel Saez, que habían utilizado datos de los registros de impuestos sugiriendo que el crecimiento económico en las últimas décadas había beneficiado desproporcionadamente a los segmentos más ricos (el 1%) de la sociedad. Esta evidencia, junto con la de que la movilidad económica a través de las generaciones es menor de lo que se había supuesto históricamente, y junto con el hecho de que la crisis económica estaba golpeando especialmente duro a los sectores más vulnerables de la sociedad en la periferia de Europa, parecía lo bastante incontrovertible como para que los pensadores y comentaristas conservadores prefirieran mirar a otra parte y tratar de distraer a la opinión pública con alguna otra dimensión política (como el nacionalismo o la religión, o la búsqueda de chivos expiatorios). Los libros de Thomas Piketty (“Le capital au XXIe siècle”), Branko Milanovic (“The Haves and the have-nots”) y Angus Deaton (“The Great Escape”) sobre la desigualdad, describieron los peligros de la desigualdad para la democracia, y confirmaron el diagnóstico de los artículos de revistas académicas: los “occupiers” tenían razón en movilizarse entorno a este tema. El debate parecía cerrado.

Las posibles razones para el aumento de la desigualdad en la mayoría de países de la OCDE incluyen la globalización, la tecnología, la desregulación, la ideología, la captura de la política y factores institucionales, como la reducción de la cobertura de los sindicatos. Mientras que la desigualdad de ingresos de mercado aumentó en las últimas décadas en muchos países, la redistribución a través de impuestos/transferencias se hizo menos eficaz, probablemente debido a la movilidad internacional del capital.

El crecimiento de la desigualdad no era universal. Las desigualdades en América Latina disminuyeron ligeramente en los últimos 30 años, según Lustig y co-autores, pero se mantienen en un nivel muy alto. Los ricos todavía tienen ahí una enorme influencia en la economía y en el proceso político. En Chile, por ejemplo, país habitualmente elogiado por su calidad institucional, uno de los hombres más ricos ha sido el presidente durante cuatro años, y las familias más ricas controlan casi todos los medios de comunicación tradicionales, que tienen un fuerte sesgo conservador y fuertemente ideológico, inspirado por la escuela de Chicago. La generalización de la democracia en la región ha erosionado la desigualdad, pero sólo ligeramente. Muchos hubieran esperado un impacto mucho más fuerte de la democracia en la desigualdad.

Los detalles exactos de los datos sobre las desigualdades son siempre polémicos, entre otras razones, precisamente porque los más ricos intentan ocultar a menudo sus fortunas. Cuando Oxfam difundió un informe diciendo que las 85 personas más ricas tenían la misma cantidad de dinero que los 3'5 mil millones más pobres, la ONG recibió enormes ataques cuestionando su metodología, por ejemplo de Tim Harford en el Financial Times. Es por eso que es muy importante que los mejores expertos participen en la recolección de datos y el ejercicio de reporte. Uno de los más impresionantes esfuerzos lo ha realizado el economista francés Thomas Piketty, y los datos reportados a continuación provienen de su reciente libro sobre la evolución de la capital (que está apoyado por esta página web con todo tipo de datos contrastables). De acuerdo con estos datos, hay una tendencia clara a que las personas más ricas del mundo vean sus ingresos crecer mucho más que los ingresos de la mayoría de las otras personas.

En el mismo período, los pobres no extremos en los países en desarrollo también aumentaron sus ingresos, pero las cifras de Piketty muestran claramente que el crecimiento de los ingresos de los más ricos, que viene de muy altas remuneraciones y de los rendimientos de capital, está en una liga aparte.

Pero, a pesar de la creciente preocupación por la desigualdad, Gregory Mankiw ha traído a las páginas de las revistas académicas (en el Journal of Economic Perspectives) lo que muchos hombres de negocios estaban diciendo en columnas de periódicos, tertulias derechistas de radio o televisión, cenas privadas, o en las salas de juntas: que las desigualdades son un aspecto inevitable o incluso beneficioso para el progreso económico, y por lo tanto los ricos deben luchar por ellas. Aunque Robert Solow ha respondido a Mankiw que el 1% ya se defiende bastante bien como para que necesite apoyos intelectuales, los economistas conservadores probablemente empezaron a creer que estaban perdiendo una batalla intelectual fundamental, que las estrategias de distracción no eran suficientes y que ya era hora de que dieran un paso adelante.

Los más serios argumentos de Mankiw son que las desigualdades son necesarias para los incentivos para fomentar el esfuerzo y la innovación, y que no es cierto que la desigualdad sea peligrosa para la democracia, porque los ricos están divididos en su apoyo a causas conservadoras o progresistas. Por tanto, deberíamos volver a un mundo “pre–Piketty”, de acuerdo con Mankiw, donde sea educado hablar de la necesidad de erradicar la pobreza, pero donde no se considere apropiado plantear la cuestión de la desigualdad. Debemos contentarnos, como Bill Gates, proclamando con optimismo que estamos a punto de erradicar la pobreza extrema (lo que también es dudoso).

Si bien es cierto que una sociedad radicalmente igualitarista en los resultados sería perjudicial para la creación de riqueza, es difícil argumentar que los incentivos monetarios (por ejemplo en la industria financiera) o la rentabilidad del capital de los más ricos que se han observado en las últimas décadas sean necesarios para la creación de valor. Incluso el típico argumento de que Steve Jobs y la gente como él merece ser extremadamente rica debe ser puesto en el contexto de que aprovechó muchas innovaciones (Internet, la pantalla táctil) que fueron desarrollados por el sector público, como ha señalado Mazzucato. En cualquier caso, no es cierto que existan las grandes fortunas por razones meritocráticas o de modo fundamental porque hay grandes estrellas que puedan vender fácilmente copias de lo que hacen a una base de consumidores más globalizada. Los principales ingresos provienen en su mayoría de ejecutivos de grandes empresas o fondos de inversión que como denota la crisis financiera aportan poco al bienestar social, o de herederos extremadamente ricos cuyos méritos se remontan a décadas atrás, o a generaciones anteriores, como argumentaron recientemente Krugman en su blog y Piketty en su libro.

El otro argumento principal utilizado por Mankiw es que no es cierto que la alta desigualdad sea un peligro para la democracia. El poder político de los ricos puede ser neutral si éstos apoyan tanto causas conservadoras como progresistas. Sin embargo, el hecho de que algunos apoyen a líderes o partidos no conservadores no implica que apoyen políticas progresistas o profundamente igualitarias. De hecho, hay muchos casos de ricos filántropos preocupados por la pobreza y la desnutrición infantil, pero no mucho acerca de la desigualdad como tal. Si apoyan a partidos o políticos progresistas puede ser para ganar popularidad, o para tenerles bajo control y para ejercer presión sobre ellos para que no caigan en las políticas que realmente erosionen la posición de los muy ricos.

Los intentos de capturar el proceso político pueden no ser automáticamente un éxito, pero a medida que las rentas del capital tienden a crecer más que las rentas del trabajo (según lo explicado por Piketty) la tendencia es a un riesgo creciente de una plutocracia: los enormemente ricos serán cada vez más capaces de comprar medios de comunicación, clubs deportivos, y tal vez incluso países enteros en el futuro, mientras que el control de sus fortunas puede escapar de las autoridades fiscales nacionales (Piketty calcula la evasión fiscal en un 10% del PIB mundial). La democracia no conduce a la reducción de la desigualdad tal vez porque la democracia no está funcionando lo suficientemente bien. Probablemente veremos en el futuro que personajes como Bill Gates, el cantante Bono o el entrenador de fútbol Josep Guardiola (amigo del presidente catalán de centro-derecha, del nuevo primer ministro italiano de centro izquierda, y de la familia real qatarí de naturaleza feudal) tendrán cada vez más peso en el proceso político, muchas veces promoviendo causas que les hacen populares, pero probablemente nunca cuestionando los mecanismos que les permitan amasar enormes fortunas. Hay razones pues para esperar el aumento de las presiones hacia la privatización de la política.

Es urgente e importante por lo tanto buscar fórmulas para fortalecer el control público del proceso político. La democracia está siendo una víctima de las crecientes desigualdades, y a la vez éstas sólo se pueden frenar mediante un mejor funcionamiento de la democracia. En el primer siglo de evolución del estado del bienestar, las instituciones basadas en el contrato social (impuestos, sindicatos, educación, salud pública, seguridad social) que construyeron una sociedad más cohesionada eran nacionales. Algunas podrán seguir siéndolo, pero con los mercados globalizados, deben desarrollarse nuevas instituciones que cumplan objetivos parecidos a escala internacional. Los Estados-nación no son suficientes para luchar contra el aumento de las desigualdades, ni para frenar la concentración de riqueza y de poder a escala planetaria. La política nacional es insuficiente y tiende al populismo, precisamente porque es en gran medida impotente: a la oferta de los plutócratas mediáticos se añade la demanda de una política nacional ineficaz que gesticula colaborando con las estrellas para parecer todavía relevante. Es hora de ponerse manos a la obra y establecer una auténtica agenda pública internacional.

Los costes y beneficios de la secesión de una región relativamente rica como Cataluña no pueden desvincularse de la cuestión del federalismo europeo. Por federalismo europeo me refiero aquí a la adopción de mecanismos de decisión comunes y democráticos (y no tecnocráticos) aplicados a una selección de políticas, en la línea de la propuesta de una cámara presupuestaria para los países de la zona euro de Thomas Piketty. Eso implicaría eliminar de facto las fronteras a los efectos de estas cuestiones.

Un artículo escrito por el economista Rodríguez Mora y sus co-autores ilustra el “efecto frontera” en el comercio internacional: si Cataluña se separase y se crease una nueva frontera, los intercambios con el resto de España descenderían a un nivel similar al de Portugal con España. En este artículo se calcula que el coste de esta disminución del comercio podría alcanzar el 9 % del PIB, que es más que el déficit fiscal que Cataluña supuestamente dejaría de sufrir respecto al resto de España. También encuentran que el efecto frontera es en general considerable entre pares de países europeos, incluso en el contexto del mercado único y la unión monetaria.

Los críticos con este planteamiento han argumentado que una reducción de tal magnitud en el comercio entre Cataluña y el resto de España necesitaría mucho tiempo, e incluso en el largo plazo es difícil imaginar que los españoles perderían de tal modo la capacidad de interactuar con los catalanes (que hablan español y que no tienen ninguna razón personal para no comerciar con los españoles), y que cualquier disminución se vería compensada por el aumento del comercio con otros países, presumiblemente europeos.

Pero el comercio no es algo que simplemente sucede, sin ningún tipo de condiciones institucionales previas. Si la reducción progresiva de los intercambios con el resto de España se tiene que ver compensada por un aumento del comercio con el resto de la UE, ello significa (a menos que uno piense que el comercio carece de mecanismos que lo sustentan) que las relaciones con el resto de la UE tendrán que reforzarse mediante instituciones como las que facilitan la densidad del comercio que Cataluña ha mantenido con el resto de España a lo largo de siglos. En España, estas instituciones han incluido una lengua, aranceles comunes, una moneda, un ejército, migraciones, una liga de fútbol, canales de TV, grandes empresas comunes, canciones, chistes, amistades y proyectos culturales comunes. Con Europa, no tienen por qué ser exactamente los mismos mecanismos, pero serán necesarias algunas instituciones comunes más allá de las ya existentes (y más allá de la Liga de Campeones), y parece razonable esperar que la UE proporcione la plataforma de despegue para ellas. Es plausible pensar que Cataluña puede aprovecharse gratuitamente de algunas instituciones y disfrutar de sus beneficios sin ser miembro de la UE, aunque algunos de los beneficios son difíciles de disfrutar sin ser un Estado miembro (los programas de subvenciones, la política de defensa de la competencia, el crédito bancario). Parece más probable que, para gozar de los beneficios comerciales de un mercado más integrado, a Cataluña se les pida que contribuya a sus costes, suponiendo que todos los demás Estados miembro acepten al nuevo país después de la secesión.

Pero entonces, si se desarrollan estas instituciones y con ellas el mercado europeo más integrado, es de suponer que también incluirán al resto de España (vamos a llamarle, por simplicidad, simplemente España). Para ser estable y aceptable para la mayoría de los trabajadores y de las regiones cuyos ingresos serán más inciertos, y promover un patrón equilibrado de demanda en toda Europa, se necesitará que el nuevo mercado vaya acompañado de un aumento de las transferencias interpersonales e interregionales, a partir de un punto en el que, de acuerdo con Branko Milanovic del Banco Mundial en su libro “The Haves and the Have-nots”, la diferencia entre el país más rico y el país más pobre de la UE es de 4 a 1. En comparación con esto, es de 2 a 1 entre los estados de los EE.UU. y también de 2 a 1 entre las comunidades autónomas en la España actual (ver tabla adjunta, construida a partir de datos proporcionados por Milanovic y el Instituto Nacional de Estadística español, donde la renta per cápita se expresa en números índice).

Dado que Cataluña está por encima de la media de la renta per cápita de la UE, sería un contribuyente neto en Europa, igual que es un contribuyente neto al presupuesto español actualmente. Si lo que tenga que pagar a los europeos compensaría dejar de pagar directamente a España es algo incierto, es evidente que la total “eliminación del déficit fiscal” no parece compatible con la pertenencia a una Europa más integrada. Entonces, ¿por qué separarnos de España si tenemos que encontrarnos de nuevo con España en una Europa más unida y seguir sufriendo un déficit fiscal? Algunos dicen que es debido a la oportunidad para construir mejores instituciones. Pero las buenas instituciones requieren tiempo para construirse, entre otras razones porque existen costes de transacción significativos en un período de transición: si no podemos llegar a ser como los portugueses en un día, no vamos a llegar a ser como los daneses en una sola noche.

En realidad, tendremos que esforzarnos mucho para conseguirlo, porque según el único estudio que conozco sobre la calidad institucional de las regiones europeas, Cataluña es la región de España con menos calidad institucional. Incluso si hacemos ese enorme esfuerzo y al final llegamos a ser como los daneses porque en España nos arriesgamos a ser como la Venezuela de Maduro (si interpreto bien determinada retórica independentista), con el debido respeto, algo más puede pasar: si estamos con el resto de España en una Europa más integrada, que goza de libertad de movimientos, es de suponer que muchos españoles se hartarán de sus instituciones y querrán emigrar a Cataluña, que seguirá estando, al menos geográficamente, muy cerca. Probablemente todavía tendremos además muchas cosas en común culturalmente (incluso más que los portugueses), pero la renta per cápita como resultado de una mucho mayor calidad institucional sería mucho más alta: los diferentes niveles de renta con una cultura similar y la proximidad geográfica facilitan las migraciones, especialmente si hay libertad de movimientos. Podemos terminar con una composición de la población que nos haga aún más similares a España que al principio, lo que contradice uno de los supuestos beneficios de la independencia, a saber, que pueden satisfacerse preferencias muy diferentes por los bienes públicos.

Pero tal vez voy demasiado rápido, y estoy imponiendo mi solución idiosincrática preferida al “trilema de Rodrik”: olvidémonos de los estados-nación, y promovamos la democracia y la integración económica internacional. Otros pueden preferir mantener los estados-nación (o crear uno nuevo), y abandonar el proyecto de una mayor integración de la UE, pero entonces no debería esperarse comerciar mucho más con otros países europeos, y en su lugar debería construirse una estrategia económica basada en algo distinto: ¿unos recursos naturales ocultos? ¿un paraíso fiscal? ¿una relación privilegiada con una superpotencia emergente? ¿una regresión proteccionista?

Dado que la secesión en una UE más integrada no parece tener mucho sentido (como cada vez más algunos secesionistas reconocen, al menos en privado), los verdaderos costes de la secesión de Cataluña son los costes de impulsar las (en mi opinión) soluciones equivocadas al “trilema de Rodrik”: o bien agarrarse a un estado-nación que participe en mercados internacionales desregulados, comprometiendo la democracia (con el fin de atraer inversiones sin cooperación internacional, los impuestos y los estándares regulatorios estarían obligados a ser bajos: entonces el coste es una mayor desigualdad), o mantener un estado-nación con democracia, pero sin acceso a los mercados integrados, lo cual puede ser la opción preferida por una izquierda rupturista o una derecha populista y proteccionista (y entonces el coste es una mayor ineficiencia).

Eligiendo la que en mi opinión es la mejor opción para el “trilema de Rodrik” en Europa implica apoyar, por razones de eficiencia y equidad, una rápida transición hacia una Europa federal en una España federal. Más decisiones públicas tendrán que ser comunes y elegidas democráticamente en Europa para apoyar una política fiscal común, una unión bancaria y la deuda pública mutualizada. Otras políticas pueden permanecer en el nivel de los Estados miembro o en un nivel inferior, y en aquellos Estados miembro en los que hay identidades nacionales fuertes y diversas, éstas tendrán que ser acomodadas usando los instrumentos típicos de las democracias federales exitosas. El federalismo puede combinar la innovación y la diversidad institucional con las políticas comunes, incluida una imposición sobre el capital internacional que recaude fondos para transferencias personales y regionales, así como proyectos de infraestructuras bien gobernados.

Un federalismo europeo moderno y democrático, y no tecnocrático, debe crear mecanismos para compartir la soberanía y al mismo tiempo facilitar la innovación y la flexibilidad institucionales en el contexto de los desafíos del siglo XXI. Una Europa más integrada y cohesionada constiturá entonces una enorme contribución a la cooperación internacional, con el fin de promover la paz y corregir los fallos y desigualdades del mercado global.

En un momento de incertidumbre política y económica, especialmente en Europa, es útil reivindicar la tradición política que ha proporcionado un mayor bienestar a más personas por un periodo de tiempo más largo: la socialdemocracia. Esta reivindicación está incluida en un trabajo reciente realizado por mí mismo junto a Carles Rivera y Javier Asensio para la Fundación Rafael Campalans y la Secretaría de Economía del PSC. Las experiencias de Gobierno socialdemócratas en los países del norte y centro de Europa son las más exitosas de la historia en términos de prosperidad compartida. De acuerdo con las palabras del historiador Tony Judt en su último libro, The memory Chalet, la socialdemocracia no es sólo una lista de políticas del Gobierno, sino también un conjunto de valores que son los mejores para navegar por una sociedad globalizada e incierta. Parece una paradoja que las organizaciones socialdemócratas tengan dificultades electorales en muchos países, a la vez que las alternativas (el capitalismo desrregulado, el comunismo) han suspendido claramente el test de la práctica de Gobierno.

La reivindicación de la socialdemocracia también se encuentra en los documentos aprobados por la Conferencia Política del PSOE del pasado fin de semana, con una apuesta clara por el reformismo igualitarista, que debe ser motivo de celebración. A mi juicio, esta apuesta debería complementarse con una reflexión autocrítica sobre por qué el socialismo español fue incapaz en su última etapa de Gobierno de plantear y dar continuidad a un proyecto de progreso sostenible al no frenar la “enfermedad holandesa” asociada al boom de la construcción, apostar por decisiones fiscales regresivas y verse obligado a abrazar acríticamente las propuestas que venían impuestas desde fuera por los mercados financieros (que eran los causantes en primer lugar de la crisis financiera global).

El modelo socialdemócrata de prosperidad compartida significa que los altos impuestos con un Estado universal de bienestar se combinan con un Gobierno limpio, un crecimiento ambientalmente sostenible, una educación pública excelente y una voluntad de introducir reformas cuando hay crisis, manteniendo los aspectos esenciales del modelo. Estas características son compatibles con mercados abiertos y la existencia de grandes y eficientes empresas privadas (pero no, con la colusión entre ellas y de la clase política con sus dirigentes). Los países que se han mantenido fieles a este modelo son hoy en día los más estables y prósperos del mundo. No son el paraíso, no están libres de problemas, pero cualquier persona que dedique su tiempo a dar sugerencias sobre la manera de salir de una crisis debe partir de este punto de referencia.

La preocupación por el igualitarismo no sólo debe ser por una medida estática de equidad en el ingreso. Debe ser una preocupación por la herencia de las desigualdades, la falta de movilidad social y la muy alta correlación entre los ingresos de los padres y la renta de los hijos. También debe ser una preocupación por la desigualdad en el acceso al poder y en el acceso a posiciones contractuales discretas (débil o fuerte, “principal” o agente) que vienen determinadas por el acceso a la riqueza.

Esto significa que los socialdemócratas no deben ser vistos, como los están, del lado de los poderosos, sino como los que dan esperanza a los más vulnerables. Pero esta esperanza ha de ser sostenible en el tiempo (por ejemplo, evitando la “enfermedad holandesa”, mencionada anteriormente, cuando hay aumentos repentinos en el valor de los recursos naturales u otros activos), debería traducirse en políticas programáticas que den lugar a inversiones a largo plazo en capital humano y físico, y en innovaciones que conduzcan a mejoras en productividad.

Los socialdemócratas reconocen el poder de los mercados para producir eficiencia e innovación en muchos casos. Pero también reconocen los límites de los mercados en muchos casos en los que la toma de decisiones individuales no internaliza muchos efectos sobre los demás, y en los que los resultados no son justos desde el punto de vista de la justicia social. La acción colectiva debe entonces complementar a los mercados en la solución de los problemas de propiedad común, que son omnipresentes en la economía mundial y en las industrias que son intensivas en información (un bien colectivo).

El Estado debe ser adaptado al tamaño real de los mercados. Cada vez más, los mercados de trabajo, de producto y de capital son internacionales, mientras que los instrumentos del Estado siguen siendo nacionales. Hay una discrepancia de tamaños que se debe corregir, ya sea por contracción de los mercados o por ampliación de los Estados. Pero nos enfrentamos al “trilema” de Rodrik: no podemos tener democracia, integración de los mercados y pervivencia de los Estados-nación al mismo tiempo. En Europa, prescindir de los Estados-nación en una rápida transición hacia una Europa federal parece posible y necesario. La socialdemocracia debe mostrar un compromiso claro en este sentido, acompañándolo de una opción clara a favor de un mercado europeo y de un Estado de bienestar europeo con una política democrática europea.

Esta nueva política también ha de ser capaz de comunicarse mejor con los votantes viejos y nuevos mediante la transmisión de emociones y valores de solidaridad y fraternidad. Por supuesto, la política europea no debe ser una excusa para no seguir adelante con políticas a nivel nacional y local, donde las restricciones interjurisdiccionales no sean vinculantes, y hay muchas oportunidades para ello en la educación, las políticas industriales y laborales, entre otras.

Los socialdemócratas no serán percibidos al lado de los que tienen menos poder, a menos que parezcan serios en su trabajo a favor de la regeneración democrática. Partidos políticos más democráticos y modernos y sistemas electorales más transparentes deben formar parte de cualquier plataforma para encontrar un camino intermedio creíble entre la tecnocracia y el populismo. Una regeneración democrática para combatir el populismo y la tecnocracia no es sólo buena política, sino también buena economía: sólo mediante la creación de nuevos instrumentos políticos que se perciban como un bien colectivo a favor de la mayoría, los ciudadanos favorecerán la democracia, y la estabilidad política y programática.

Muchos de los problemas de eficiencia y equidad a los que se enfrenta la sociedad, incluyendo el cambio climático, la pobreza o la inestabilidad financiera mundial, sólo pueden resolverse con una mejor intervención del Estado. Se necesitarán elevados impuestos para que el riesgo involucrado en los mercados integrados sea aceptable. Como se puede ver en el siguiente gráfico, el nivel de ingresos impositivos sobre el PIB en algunos países europeos, como España, es claramente insuficiente en comparación con los países que han aplicado modelos socialdemócratas más ambiciosos.

Los socialdemócratas deben tratar de trasladar la curva de Laffer a la derecha, en el sentido de hacer que las altas tasas de impuestos sean económicamente sostenibles. Esto se puede lograr mediante persuasión cultural que facilite el cumplimiento tributario, armonización impositiva entre jurisdicciones y reducción de otras distorsiones en la economía que aumentan los costes en términos de eficiencia de la tributación.

Un crecimiento económico más equitativo y respetuoso con el medio ambiente será más sostenible que aquel que se basa en una economía de laissez faire. Pero el foco no ha de estar en el crecimiento sostenible en sí, sino en el progreso sostenible, para lo cual el crecimiento es probablemente una condición necesaria pero no suficiente. El progreso debe ser sostenible desde el punto de vista político y ambiental. Las políticas no deberían ser recetas a corto plazo para ganar las próximas elecciones, sino estrategias a medio y largo plazo que sean verificables y compatibles con decir la verdad a la gente cuando ciertos logros no sean accesibles o deban posponerse.

Sólo se logrará el progreso sostenible con una estrategia global para luchar contra el desempleo en un contexto globalizado. Esto significa que las políticas de inmigración deben ser coordinadas a nivel internacional con objetivos de medio a largo plazo en términos de flujos y el desarrollo económico de los países de origen. Los mercados de trabajo más flexibles deben combinarse con instituciones que proporcionen seguridad a los trabajadores y que permitan la participación de los trabajadores en la gestión y el control de las empresas. Las empresas han de ser conscientes de su dimensión social y comprometerse a alcanzar objetivos más amplios que la maximización del beneficio, siguiendo las sugerencias de Mayer. Esto contribuirá en gran medida a cometidos tales como la eliminación de la corrupción, la lucha contra el cambio climático, la mejora de las colaboraciones público-privadas o la regulación pública.

Una población de más edad y la enfermedad de costes de Baumol en el sector público sugieren la necesidad de más recursos para objetivos públicos. Más recursos sólo se pueden encontrar si la productividad del conjunto de la economía sigue aumentando a niveles significativos. Una tercera revolución industrial basada en energías limpias con una fuerte intervención de un Estado renovado (como se argumenta en Répenser l'État de Aghion, siendo consistente con las reflexiones de Robert C. Allen en Global Economic History: a very short introduction, según las cuales el desarrollo económico suele ir asociado a la intervención del Estado) puede hacer posible Estados de bienestar universales, no necesariamente gratuitos, junto con una garantía de ingresos mínimos. Este debe ser el horizonte de una socialdemocracia comprometida con el progreso sostenible.

Recientemente la revista liberal The Economist publicó un artículo argumentando que la influencia de las grandes empresas en la esfera política era excesiva. El nombramiento de personas con un pasado político o con claras conexiones políticas en el consejo de administración de las empresas privadas es potencialmente uno de los instrumentos que éstas tienen para influir en las decisiones que les afectan. Por supuesto, puede argumentarse también que algunos antiguos responsables políticos tienen otras habilidades además del acceso a los canales de decisión gubernamental. Pero la presencia de personal político en los consejos de administración de las grandes empresas privadas ha pasado a ser un motivo de preocupación respecto al funcionamiento de nuestras democracias y también de nuestras empresas.

Se ha documentado mediante evidencia empírica sistemática la amplitud del fenómeno en países tan distintos como Indonesia, Alemania (históricamente en la época de Hitler y contemporáneamente), Francia, o Estados Unidos (analizando entre otras la evolución de las empresas conectadas con el exvicepresidente Cheney y las conectadas con el exsecretario del Tesoro Geithner). El fenómeno tiene una enorme amplitud y se presenta en países tanto desarrollados como en vías de desarrollo.

Existe además evidencia anecdótica para países como Suráfrica (donde algunos de los principales dirigentes del Congreso Nacional Africano, el partido de Mandela, han sido co-optados por empresas tradicionalmente en manos de la minoría blanca) o como Chile. Lo curioso es que en algunos casos existe una asociación negativa entre presencia de expolíticos y resultados empresariales y en otros casos esta asociación es positiva. Acemoglu y sus coautores, en su estudio sobre las empresas conectadas al exsecretario del Tesoro de Estados Unidos Geithner, sugieren que los factores que impulsan esta asociación a ser positiva son un marco institucional débil y una elevada discrecionalidad en la toma de decisiones políticas (que se acentúa por ejemplo en tiempos de crisis).

España es uno de los países donde la investigación preliminar (fruto de la tesis doctoral de Pau Castells y de sus posteriores trabajos conmigo) apunta a una correlación negativa entre conexiones políticas y resultados empresariales, medidos tanto a través del comportamiento accionarial en el momento del nombramiento como utilizando resultados contables. Es decir, parece contraproducente para las empresas nombrar ex políticos, en promedio. Esta correlación negativa debe interpretarse con cautela (en el sentido de no exagerar la relación causa-efecto), puesto que las empresas en dificultades pueden tender a contratar políticos a la desesperada, o porque las empresas reguladas tienden a nombrar más políticos, y al estar reguladas sus beneficios no pueden ser muy altos. Pero es de destacar que no hay evidencia alguna de que los accionistas de las empresas que nombran más personas conectadas políticamente salgan ganando con ello.

En España el fenómeno es amplio, aproximadamente un quinto de los consejeros de las principales empresas tienen un pasado político. De entre las aproximadamente 70 mayores empresas españolas, es habitual que tengan entre un 20 y un 30% de expolíticos en su consejo de administración.

Dos expresidentes del Gobierno ostentan cargos en empresas reguladas, y los tres exministros de Economía más recientes aceptaron cargos en grandes empresas reguladas poco después de dejar el Gobierno (el actual ministro de Economía fue consejero de Endesa hasta el día de su nombramiento). En algunos casos respetaron el plazo de dos años en que legalmente no pueden ocupar cargos en empresas que regularon, pero en algún caso cumplieron literalmente la ley aunque incumpliendo descaradamente su espíritu al aceptar cargos en empresas filiales radicadas en países extranjeros (como Elena Salgado en Chilectra, una filial de Endesa en Chile).

Se podría argumentar que expresidentes del gobierno y ministros de economía deben ser personas de gran calibre profesional, y por lo tanto no se trata de un intento de lobbying, pero existen casos de expolíticos de poco prestigio profesional, como Javier de Paz (en Telefónica) o Ángel Acebes (en Iberdrola), que también han ocupado cargos en consejos de administración de grandes empresas.

La estrategia de nombrar este tipo de consejeros es generalizada y tiene lugar a largo plazo. Por ejemplo, una empresa farmacéutica tuvo entre sus consejeros a la exministra del PP Loyola de Palacio, y posteriormente al exministro socialista Carlos Solchaga. Ello podría hacer pensar que el fenómeno es igual para políticos de todos los colores. Sin embargo, aunque efectivamente el fenómeno no conoce barreras ideológicas, de modo parecido a lo que apuntan Albert Solé de la Universidad de Barcelona y sus coautores para el caso de la política local, es el Partido Popular quien tiene más expolíticos en consejos de administración, incluso en años en que el PSOE gobernó en España, como puede observarse en el siguiente gráfico, referido a las aproximadamente 70 mayores empresas españolas.

El caso particular de España permite reflexionar sobre qué puede estar detrás de la correlación negativa que se produce entre resultados y presencia de expolíticos. Podría pensarse que esta correlación negativa es fruto del buen funcionamiento de las instituciones: aunque se intenta, el lobbying no fructifica. Sin embargo, una interpretación alternativa podría ser que los gestores coluden con personajes políticos para protegerse ante posibles OPAs en detrimento de los accionistas o para “expropiar” a los accionistas minoritarios.

Nuestros resultados en el artículo de la revista académica SERIES apuntarían en esta dirección. Ahí vemos cómo las empresas cotizadas en promedio no se vieron afectadas por la victoria por sorpresa del PSOE en 2004, pero que las más conectadas políticamente sí lo hicieron, y habitualmente en sectores, como el energético, sometidos a oleadas de OPAs. Una tercera interpretación, no incompatible con esta, sería que los gestores, cuando proponen el nombramiento de expolíticos, incurren en un sesgo conductual de “visibilidad”: por la misma razón que los delanteros centro altos están sobrevalorados en el mercado de fichajes de futbolistas, también los políticos famosos están sobrevalorados en el mercado de consejeros de grandes empresas.

Podría pensarse también que si la presencia de expolíticos no redunda en un rendimiento favorable para los resultados de la empresa, no hay de qué preocuparse. Sin embargo, en el caso de los sectores regulados (que es donde la presencia de expolíticos es más numerosa), al tener los sistemas de regulación una tendencia a por lo menos cubrir los costes de las empresas, los mayores costes derivados de un mal control corporativo, provocado por la presencia de expolíticos contraproducentes para el desempeño de la empresa, tenderán a traducirse en precios altos para los consumidores o altos costes de rescate financiero cuando ello es necesario (piénsese en Bankia).