La editorial La Felguera se define como una sociedad secreta que se dedica a revelar los episodios más irreverentes, truculentos, bizarros, llamativos y subterráneos de la historia reciente española. Al frente de esta llamativa propuesta se encuentra un palmero, Servando Rocha, quien ha investigado y sacado a luz relatos sobre la cultura de las clases sociales consideradas peligrosas, gente de mala vida, asesinos, ocultismo, ladrones y en definitiva lo que define como “todo un mundo incivilizado”.

Rocha nació en 1974 en la capital palmera y en 1991 fue a estudiar a Madrid, para matricularse tres años más tarde la Facultad de Derecho de La Laguna, de donde regresó en 1996 a la capital española y comenzó a fraguar la aventura de la editorial que tomaría forma definitiva en 2010. Previamente pasó por el inevitable ciclo de la publicación de fanzines, creó un colectivo volcado en la agitación cultural y junto con otros tres compañeros formaron la sociedad secreta que dado su éxito ya no lo es tanto. El colectivo impulsó acciones callejeras y demostró una pasión, interés y atracción sin límites por las vanguardias artísticas, sobretodo de principios del siglo XX, más cerca de lo lúdico que de lo sesudo.

A partir de entonces comienza la publicación constante de casi un centenar de libros a cada cual más original y sorpresivo y en paralelo ponen en marcha una revista que luego se transformó en página web con el nombre de Agente Provocador. En estos años, Arrocha dice que ya pueden ser considerados una editorial de tamaño mediano que ha sacado a la luz obras con temática tan variada como, por ejemplo, la relación del cuplé, con las drogas y la pornografía a principios del siglo XX.

También han abordado el mundo del cómic que les apasiona aunque no sea su temática fundamental. Pero por ejemplo, adquirieron los derechos en exclusiva del escritor y guionista de historietas británico, Alan Moore autor de la famosa saga V de Vendetta, Watchmen, From Hell, The League of Extraordinary Gentelmen o  La Cosa del Pantano. Prueba de la pasión que sienten por este creador es la publicación de un libro completo.

 A Moore los miembros de La Felguera lo consideran “una de las mejores mentes de nuestro siglo, un grandísimo guionista y todo un filósofo que conecta con un montón de cuestiones que nos interesan muchísimo”. Rocha se confíesa como un apasionado del cómic en el que ha realizado diversas incursiones, sin llegar a ser un experto. Ejerció de comisario de la Expo La Máscara Nunca Miente, basada en un libro suyo titulado Algunas cosas oscuras y peligrosas que tuvo lugar el año pasado en el Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB). Su obra vio la luz poco antes de la pandemia que curiosamente trajo aparejada la consiguiente obligación de que todo el mundo cubriera su cara con una mascarilla. Entrevistó también al autor Dave Lloyd cuando fue invitado a participar en la última edición del festival Krunch que se celebró el pasado mes de abril en Alcalá de Henares y que supone un punto de encuentro de creadores de cómics, ilustración y rock & roll.

Relacionado con el mundo de las historietas también estaría la publicación en 2022 del volumen Tebeos idiotas para idiotas como usted: antología del Amigo Blas, obra del dibujante Hez al que califica de “muy irreverente”. En septiembre la obra volverá a salir a la luz en formato de lujo, en realidad como todas sus publicaciones. Su relación con la ilustración es mucho más intensa y por ello en la práctica totalidad de los libros aparecen dibujos de su ilustrador de cabecera Mario Rivière, cuyo trabajo es calificado de único e irrepetible y del que los miembros del colectivo se confiesan totalmente devotos. De la mente de este dibujante han surgido muchas de las portadas de sus libros y también está detrás de los carteles más llamativos de La Felguera.

 Por citar algunos de los trabajos en los que se cuidan las ilustraciones estarían España secreta, cultos, logias y sociedades secretas de la España Tenebrosa del Agente Provocador, Vivir con edificios y caminar con fantasmas de Ian Sinclair o Infierno Verde. Percy Harrison Fawcett y la ciudad perdida, de Peter Sennet, basado en un personaje que sería el precedente de Indiana Jones.

“Le damos mucha importancia a las ilustraciones y a veces utilizamos también fotografías extrañas muy difíciles de conseguir”, lo que convierte a las obras que salen de la editorial en piezas “muy reconocibles”, únicas y con temáticas inéditas. El objetivo es relatar los episodios secretos de la historia relativamente reciente abarcando tanto la contracultura como el ocultismo, la magia o el feminismo. El próximo año darán otro significativo paso en su acercamiento al mundo del cómic con la publicación de las obras de la editorial Phantagraphic de Josep Baqué, una vez que han adquirido los derechos. El autor ejerció de policía en Barcelona durante la dictadura de Primo de Rivera pero tras fallecer su sobrina descubrió más de quinientas ilustraciones de sorprendentes animales imaginarios.

 La Felguera ha conseguido hasta el momento mantener su independencia sin recurrir a subvenciones, a veces gracias a contar con el apoyo económico de sus incondicionales. Han optado por la fórmula de la autogestión totalmente alternativa, tanto en el formato físico como en la propuesta digital. El nombre de la editorial tiene su origen en un pueblo de Asturias en el que se produjo un levantamiento armado en 1934 protagonizado por obreros que convocaron una huelga general que coincidió con la revolución de octubre. Aunque el llamamiento era de ámbito nacional y tenía como objetivo proclamar la República socialista en todo el país, tan sólo fraguó en Asturias. De manera que el nombre deja bien clara la ideología política de estos creadores.

El contenido de las obras surge de una auténtica labor de investigación y prueba de ello son los trabajos sobre los bajos fondos de Madrid, donde Rocha se sumergió en lo que define como “el descubrimiento de todo un mundo incivilizado” que durante la época de la dictadura se mantuvo en la oscuridad y que ahora se puede conocer a través de sus libros, uno de ellos de 2.000 páginas. También han publicado obras de autores de esta época por los que siente auténtica pasión como Pío Baroja o Ramón del Valle Inclán.

Una de las más destacadas colaboradoras es Gloria Durán, autora de Sicalípticas, trabajo en el que aborda el papel de las mujeres “modernas” de principios del siglo XX que destacaron por ser radicalmente libres para su época e incluso para la actual. La prueba es que se dedicaban a exhibir sus cuerpos desnudos o con poca ropa en películas, dentro de jaulas de circo y sentían una atracción especial por la provocación, el erotismo y las drogas en un mundo brutal y subterráneo. Durán es definida como una investigadora vinculada al academicismo de vanguardia artística que aborda el cuplé como una performance. Por ello, uno de los lemas de esta editorial es “sexo, drogas y cuplé”.

Habitualmente la investigación corre a cargo del propio Rocha pero a continuación el trabajo narrativo lo puede delegar en otros creadores, aunque él siempre se ocupa de las editoriales, prólogos o piezas concretas. A la pregunta de cuál puede haber sido la influencia que ejerció La Palma en sus primeros años de vida para que acabara sintiendo esta fascinación por temáticas tan inusuales, lo justifica por el interés que siempre ha tenido por conocer la historia de sus antepasados. “Es necesario saber de dónde venimos para conocer lo que somos. Es algo que está en la naturaleza más profunda del hombre”.

Considera totalmente viable escribir un libro sobre la Santa Cruz de La Palma oculta, tal y como ha hecho con Madrid, porque la capital palmera también cuenta con sus propios episodios escabrosos, crímenes, asesinos o historias inéditas que esperan salir a la luz. En definitiva, lo fundamental es acabar con lo que denomina “la memoria mutilada” por el franquismo y el vértigo de la vida moderna.

 Recuerda que durante una de sus estancias en La Palma hizo un recorrido nocturno guiado por el cronista oficial de la ciudad, Víctor Hernández Correa, en el que habló sobre los lugares donde se ejercía la prostitución, delincuentes, crímenes, tiempos de la inquisición o masonería. “Todas las calles tienen su propia historia, tanto en La Palma como en Madrid y cuando la conoces empiezas a verlas de manera distinta cada vez que pasas por ellas”. Rocha está convencido de que si viviera en La Palma se dedicaría exactamente a la misma labor de investigador y no esconde su fascinación por episodios como el descubrimiento que hizo un familiar suyo del túnel que discurre entre el Castillete y la iglesia de San Francisco. La existencia de este pasadizo era hasta hace poco una leyenda urbana que ahora se ha venido a confirmar y que nos retrotrae a la época de los piratas y de la construcción de fortalezas a lo largo de la costa.

El equipo de los agentes secretos está formado por cuatro personas que se reparten las tareas al frente de la tienda online, escribir en la página web o hacerse cargo de la editorial. La aceptación hasta ahora es calificada de “extraordinaria” aunque bien es cierto que es el resultado de “muchísimo esfuerzo” que les ha permitido conquistar un espacio y un discurso propio e inconfundible que no se parece a ninguna otra iniciativa editorial.

 A su alrededor han creado todo un mundo de ritos que consiste por ejemplo en presentar sus obras en rutas nocturnas en las que han llegado a participar hasta 500 personas, en cementerios españoles e incluso uno de Inglaterra, sótanos de bares, o teatros de magia. En estos momentos cuentan con una legión de seguidores incondicionales que puede rondar las 400 personas que devoran todos los ejemplares de forma inmediata en cuanto se publican. Algunos de estos fans disponen de un carnet que les acredita como agente secreto y que al igual que ocurre en la masonería, cuando se encuentran con otra persona que lleve la identificación deben procurarse comida, cobijo y protección.

 En definitiva, Rocha cree que todo consiste en no olvidar la capacidad de jugar y de imaginar “y eso lo consideramos lo más importante. No es lo que hagas sino como lo haces, por ejemplo, las rutas de Madrid hasta ahora eran algo aburrido pero nosotros lo hacemos de otra manera” contando episodios escabrosos, visitando lugares secretos o dando a conocer personajes desconocidos y fascinantes.

En Tenerife participó el pasado mes de septiembre en una charla organizada por el Ateneo en el que improvisó un discurso sobre su relación con La Laguna y también firma el catálogo de una exposición del pintor surrealista, Óscar Domínguez que acoge el TEA. Los próximos proyectos son la publicación de una obra sobre la historia secreta y desconocida de Madrid, fruto de años de recorrer terrenos que califica de “no visibles” en los que ha descubierto ríos y arroyos ocultos, casas incendiadas o encantadas, rincones malditos y cementerios olvidados.

De nuevo el viajero se encuentra en Delhi. Y no es raro. La capital de la India es el epicentro de todos los viajes que se hagan por este país. Los pasajes son más baratos y su situación resulta estratégica para elegir luego a donde desplazarse a lo largo y ancho de cualquier punto cardinal. Aunque esta ciudad vista desde afuera puede resultar caótica, fea y sucia, cuando se está dentro resulta que es aún peor. Pero por extraño que suene lo cierto es que al final se le coja cariño pese a sus peligros. Por ejemplo, la gran mayoría de los extranjeros pueden confirmar que por mucho que se fíen de su sentido de la orientación aquí les falla totalmente.

Por eso la mayoría de los viajeros de bajo presupuesto, comúnmente llamados mochileros, opta por quedarse parapetados en Main Bazar, una calle de apenas medio kilómetro donde se encuentran todos los tópicos de la India y prácticamente todos su productos pero sin que parezcan adulterados. Main Bazar es un lugar de encuentro de culturas y de gentes de cualquier rincón del mundo que conviven a su manera. Los indios intentan sacarle el máximo provecho posible pero sin pasarse y los extranjeros deambulan por los negocios o los bares con la misma sonrisa estúpida que los canarios les observamos a nuestros turistas, por ejemplo.

Si el próximo destino elegido es Bombay, entonces lo mejor es coger un avión, dadas las distancias tan brutales que existen entre un punto y otro. Lo que en tren puede significar 24 horas en el mejor de los casos, que nunca se cumple por los inevitables retrasos propios de la estación del monzón, en avión el trayecto se puede hacer en apenas dos horas. Además, los precios y la calidad son normales. No baratos porque la India no produce petróleo pero si más que accesibles. Por ejemplo este trayecto apenas cuesta 50 euros.

La primera impresión que sacas de Bombay es la de encontrarte en medio de una mega-urbe en la que todo es descomunal y desmesurado. Sin embargo, cuando después de más de una hora de trayecto en taxi desde el aeropuerto se llega al barrio de Colaba, la opinión del viajero cambia radicalmente. A partir de aquí lo que encuentras es una ciudad culta, con aires portugueses, llena de tiendas de antigüedades, de gente respetuosa y amable y eso sí, en medio de una contaminación asfixiante, tanto en el aire como en el mar.

En Bombay los precios baratos, especialmente en hostelería no existen, lo que no quiere decir que los hostales tengan calidad alguna. Más bien todo lo contrario. En el entorno de la Indian Gate la gente se dedica a vender drogas sin reparos, a ofrecerte ir a sus cafés que según ellos son como los coffe shops de Amsterdam, limpiarte las orejas -no es broma- y a acosar al turista al máximo. Sin embargo dos calles más allá el panorama cambia y especialmente si te adentras en sus mercados en los que nadie repara.

En Bombay se puede visitar el parque nacional Sanjay Gandhi donde están unas cuevas en las que vivían los monjes budistas. La presión urbanística es tan desmesurada que los edificios se sitúan justo al lado de la entrada del parque. Un paso más allá está la jungla con monos incluidos. Al día siguiente se puede visitar la Isla de Elephanta, donde también se encuentran unas cuevas en las que se han construido templos.

Las playas de Goa

Las playas de GoaTras varias horas de trayecto en guagua se llega a Goa. La región es el paraíso de los turistas que viene a aquí atraídos por las imágenes de playas kilométricas y salvajes. Pero hay más. Por ejemplo, la antigua capital llamada Old Goa repleta de edificios de tradición portuguesa que podrían encontrarse en cualquier lugar de la isla de La Palma, por ejemplo. En la catedral está el cuerpo incorrupto de San Francisco Javier que después de cientos de años al menos mantiene trozos de la piel y la apariencia humana. Permanecer en el pueblo de Panjin donde también la tradición lusa es más que evidente deja al visitante totalmente fuera del espacio y el tiempo. Otra posibilidad es visitar la playa donde los habitantes se limitan a mojarse los pies o bañarse con toda la ropa, incluidas las mujeres que utilizan el sari al completo.

Muy cerca está Colva. Un pueblo en la costa de Goa moderadamente turístico. La creciente presión demográfica en India con sus más de 1.250 millones de habitantes es tan brutal que resulta imposible encontrar un lugar, por remoto que sea, donde no veas a una persona, preferiblemente un indio. Es lo que ocurre en las playas de Goa que por muy kilométricas que sean al final cada doscientos metros te encuentras, al menos con un pescador. Toda la costa está llena de pequeños pueblos que parecen conservados dentro de una cápsula del tiempo.

Por la tarde las mujeres venden al borde de las carreteras el pescado que durante el día han capturado sus maridos. Pero el paraíso tiene fecha de caducidad. Durante los últimos años también han florecido descomunales complejos hoteleros con todo incluido repletos de turistas. Las carreteras ya se han quedado demasiado estrechas para dejar pasar unas guaguas enormes con lo cual en breve seguramente comenzarán los planes de desarrollo, el progreso y todo eso que se da en llamar sostenible.

Kerala es una continuación de Goa. Aquí el monzón arrecia aún con más fuerza. Llueve prácticamente todo el día aunque el calor es considerable, por ello hay pocos turistas. Los pueblos de Kerala tienen también una fuerte influencia portuguesa, pero igualmente alemana e incluso judía. Las playas son más pequeñas. Los pescadores utilizan lo que llaman redes chinas que son unos extraños artilugios con los que cada día recogen kilos de pescado. Esta región es también famosa por los masajes. Por fin, aquí se puede comer carne de cochino. Y es que a estas alturas del viaje la comida empieza a ser un problema. El estómago se resiente de tanto pollo y tanta salsa picante.

Mysore, capital del incienso

Mysore, capital del inciensoUno de los grandes descubrimientos de esta parte de la India es sin duda el pequeño pueblo de Hampi. A lo largo de casi 50 kilómetros a su alrededor se pueden observar templos y palacios en ruinas de hace quinientos años. Los vecinos son muy respetuosos con los turistas y no los acosan. Lo más que hacen es preguntarse educadamente si quieres esto o lo otro. El problema es que cada uno de los cientos de vecinos lo hacen al menos una vez al día. Además de los templos llenos de monos y del paisaje de una belleza desarmante, se puede disfrutar de un río en el que por la mañana se lleva a cabo el baño ritual de cuidadoso lavado de los elefantes.

Es una visita obligada para cualquiera que viaje a la India. Llegar resulta un tanto complicado, como a casi cualquier punto de este descomunal país pero merece la pena de sobra. Conocer todos los monumentos puede llevar más de siete horas y seguramente no se lleguen a abarcarlos en su totalidad. Por suerte, los mejores y más interesantes son los que están más cerca del pueblo. Todo habla de un antiguo imperio, desaparecido no se sabe muy bien cuándo ni por qué.

Mysore es la capital del incienso y de los sari. Pero además está orgullosa del imponente palacio del Tipu, un monarca al que le tocó gobernar en plena invasión inglesa. En Bengalore hay otro de sus palacios en el que se puede contemplar, por ejemplo, una colección de los inquietantes sueños que tuvo durante la época de colonialismo. La mansión es impresionante pero la ciudad da poco más de si. Visitar un par de mercados y soportar como se puede el acoso de los falsos guías y de los rickshaws.

Lo mejor de Chennai o Madrás es la impresionante playa que llaman la Marina Beach. La única palabra que viene a la boca cuando la ves es “inabarcable”. Porque eso es exactamente lo que es. Una enorme playa de más de trescientos metros entre el paseo y el mar y kilómetros de largo. Los hindús la disfrutan como sólo ellos saben. Mojándose los pies, bañándose vestidos, paseando en caballos o simplemente jugando. La suciedad es más que evidente.

Con Calcuta ocurre lo mismo que con Bombay. Al principio parece que la ciudad te va a devorar pero luego resulta que no es tan agobiante. El momento más importante de esta visita puede ser conocer la casa de la Madre Teresa en la que se encuentra su tumba. Un edificio situado en el centro donde se hace un repaso sencillo a la vida de esta religiosa. Resulta muy complicado no emocionarse. Las religiosas pasean por el edificio con una alegría que desarma y cargando enormes calderos con los que dan de comer a cientos de niños recogidos de las calles.

Calcuta puede ser considerada la capital mundial de la pobreza. Las madres te persiguen por la calle llevando a sus hijos para que les des de comer. Por eso el esfuerzo que hacen estas mujeres religiosas resulta todavía más meritorio. Han dejado sus casas y una vida cómoda para entregarse a los demás. Y así y todo encima son felices. Inexplicable desde el punto de vista materialista y occidental. El resto de la ciudad no deja de sorprender por sus enormes puentes, los parques gigantescos que los indios utilizan a su manera o los mercados. Una gran ciudad en la que aún se notan vestigios de haber sido la primera capital de la India.

En teoría se trataba de ampliar el plazo de exposición pública del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz con el fin de darle una mayor seguridad jurídica. O al menos ese fue el mensaje que se lanzó en el año 2004 desde la Gerencia de Urbanismo. Pero ahora se ha sabido que, muy al contrario, en vez de defender los intereses generales, lo que se estaba intentando era darle más tiempo a Fórum Filatélico para que pudiera introducir en el PGO las modificaciones que favorecerían sus inversiones en la Isla: la construcción del puerto deportivo de San Andrés y la recalificación de terrenos de Valle Tahodio.

Y, efectivamente, el último día de plazo para hacer valer las alegaciones llegó una suscrita por el empresario José Ana Labajos, considerado el testaferro de la entidad en la Isla. El escrito fue presentado tan a última hora que los investigadores incluso desconocen el sistema utilizado para que quedara registrado. El contenido de la alegación va en la línea de los acuerdos adoptados en las reuniones sostenidas entre Labajos, el exalcalde Miguel Zerolo y el redactor del PGO, Juan Manuel Palerm, cuyo contenido trascendió una vez que se iniciaron las investigaciones de la conocida como Operación Lavandera por supuesto cohecho.

El objetivo era que la entidad Euroactivos cediera los terrenos de Valle Tahodio gratuitamente a cambio de determinadas concesiones en la edificabilidad y la introducción del uso hospitalario privado. Lo cierto es que Fórum vio cómo se daba vía libre a una recalificación brutal de estos terrenos cuyo valor pasó de 300.000 euros a 15 millones. No sería hasta el año 2011 cuando la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) anularía este acuerdo al considerar que iba en contra del interés general. Un lustro antes había estallado la trama de Fórum Filatélico y se había descubierto un escrito en el despacho del arquitecto de la entidad, Julio Aumente, en el que hablaba de supuestos sobornos millonarios a responsables del Ayuntamiento y Puertos para favorecer estas inversiones.

Los investigadores enlazan estos acuerdos favorables a Fórum con la adquisición por parte de Angustias Zerolo, la hermana del exalcalde, de una vivienda en la ladera de San Andrés, construida por Labajos, con una rebaja de casi el 54%, o lo que es lo mismo 175.595 euros, por debajo del precio real.

Pero lo cierto es que el Tribunal Supremo (TS) en su momento determinó que habría prescrito el posible delito de cohecho en el que podría haber incurrido el entonces senador derivado de esta adquisición en condiciones muy ventajosas por parte de su hermana. Los investigadores siempre sostuvieron que el precio abonado nunca fue el real tras lo que se esconde una relación “inequívoca” entre las reuniones mantenidas entre representantes de Fórum, Zerolo y Labajos, en las que se aumentaba la edificabilidad de esta promoción urbanística. Pero además, la adquisición de la vivienda se llevó a cabo gracias a los ingresos que otro de los hermanos del exalcalde, Ignacio Zerolo, realiza en la cuenta de la compradora justo por esas fechas.

Un grupo de vecinos del barrio santacrucero de San Andrés ha mostrado sus sospechas de que la empresa concesionaria del servicio de aguas, Emmasa a través de la subcontrata Santacrucera de Aguas, está vertiendo las aguas negras de los caseríos de Anaga en el alcantarillado del pueblo. Desde este punto irían directamente al mar a través del emisario submarino que mide unos trescientos metros. Lo cierto es que un camión de la compañía subcontratada descarga cada hora u hora y media por las mañanas en el alcantarillado del pueblo. Los vecinos consideran que las aguas provienen sin ninguna duda de pozos negros debido al mal olor que desprende.

La explicación de la compañía es que las aguas provienen de la limpieza de la playa de Las Teresitas y luego se vierten en el punto del alcantarillado que resulta más cercano, precisamente, el que está junto al Castillo de San Andrés.

Los vecinos han comprobado que efectivamente en ciertos casos es así, pero no en todos. Aseguran haber constatado personalmente que algunos de los camiones llegan desde Las Teresitas, pero que otros lo hacen a través de la carretera de Anaga. Los vecinos más cercanos al punto del alcantarillado son los que peor lo pasan debido a los malos olores, que incluso les obligan a cerrar las ventanas.

Desde Santacrucera de Aguas se ha indicado este lunes que se trata de aguas pluviales, lo que los denunciantes ponen aún más en duda. “Esa explicación tiene aún menos sentido y es más ridícula; primero porque no hay lluvias y segundo porque este tipo de aguas van directamente al mar por sí mismas”.

Lo que no dudan los denunciantes es que se trata de aguas negras que son descargadas al emisario submarino, que en este punto de litoral mide 300 metros, una longitud que no es demasiado significativa si se tiene en cuenta que la playa de Las Teresitas es utilizada en esta época del año por miles de personas.

Lo cierto es que el vertido de aguas en el litoral de Anaga siempre ha resultado problemático. La falta de alcantarillado obliga a la limpieza periódica de los pozos negros en lugares como Taganana o La Cumbrilla y de ahí sería vertida luego a la red de San Andrés. Unos vecinos denuncian que, por ejemplo este lunes, a lo largo de la mañana han sido cuatro los camiones que han llegado y depositado estas aguas, el primero a las cinco de la mañana. Recuerdan que hace años se dieron casos de intoxicación en puntos de la playa precisamente por el vertido de las aguas negras.

Obras lentas en el barranco

Otra de las denuncias de estos vecinos es la lentitud con la que se está llevando a cabo la canalización del barranco. Piden que se tenga en cuenta que en poco tiempo llegará el otoño y las consiguientes lluvias torrenciales que se han vuelto habituales en esta época del año.

Pero además, la desembocadura del barranco de San Andrés se ha convertido en uno de los más significativos puntos negros en cuanto a las consecuencias nefastas de las tormentas. En estos momentos, indican, el cauce está tupido por las obras de manera que, en caso de que se registre una lluvia de cierta intensidad, se desbordaría de forma inmediata.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) descarta de forma rotunda que el suelo de la antigua cantera de Jagua, en Santa Cruz de Tenerife, pueda dedicarse al uso residencial. Un fallo firme señala que en este suelo no puede ostentar la categoría de urbanizable tal y como pedían sus propietarios. Durante años en este enclave se ha llevado a cabo una intensa labor extractiva que ha dado lugar a la notable degradación de todo el ámbito.

Los dueños de los terrenos optaron por recurrir ante los tribunales el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz en la que este enclave tiene la categoría de rústico área extractiva Los Pasitos y rústico de protección de infraestructuras y equipamiento. Los recurrentes consideran que a lo largo de los años se han venido llevando a cabo diversas obras que han dado lugar a que este suelo pueda tener la categoría de urbanizable, lo que hubiese aumentado de forma considerable su valor.

Los propietarios indicaban que, en caso contrario, al menos, el ámbito mantuviera la clasificación de urbanizable industrial, tal y como aparecía reflejado en la anterior versión del Plan General. Apelaban a lo que denominaron “la fuerza de lo fáctico” para demostrar que la cantera podía ostentar la categoría de suelo urbano.

Pero todos estos argumentos son rechazados por el TSJC al señalar que en la cantera tan sólo se han llevado a cabo actividades extractivas lo que ha dado lugar a una “gran degradación de la montaña y sin que se haya ejecutado ningún plan de restauración”. El Tribunal considera que el único proceso urbanizador es la existencia de la vía que une Santa Cruz con San Andrés, pero ni siquiera ésta puede considerarse que dé servicio a la parcela ni forme parte de proceso urbanizador alguno.

En uno de los ámbitos se han instalado una serie de naves industriales pero también en este caso la posibilidad de urbanizarlo se ha llevado a cabo de una forma que califican de “precaria” y “al margen de toda figura de planeamiento”.

La antigua cantera es el lugar elegido por una multinacional extranjera para instalar 22 tanques de combustible con capacidad para 400.000 toneladas, que se destinará al suministro a barcos y aviones, así como a su comercialización en el mercado canario. Para ejecutar esta inversión, que cuenta con el visto bueno del Gobierno de Canarias, antes la petrolera deberá ejecutar un plan de restauración medioambiental, que es el que, a través de este proyecto de regeneración, ya estaba previsto.

La superficie en la que se trabajará suma 219.102 metros cuadrados, de los que 91.000 se encuadran en el Parque Rural de Anaga, que a su vez es área de sensibilidad ecológica. Además, este espacio está calificado como Zona Especial de Conservación y Zona Especial de Protección para las Aves de Anaga. La superficie de los terrenos que se prevé recuperar alcanza los 159.110 metros cuadrados. El sistema de explotación proyectado es a cielo abierto y se prevé que dure alrededor de seis años, de los que cinco serán para la explotación y recuperación de la cantera y uno más para culminar las labores de restauración.

Era el sábado día 18 de marzo del año 1994 cuando el edificio Imperial, situado en pleno barrio de El Toscal en el centro de Santa Cruz de Tenerife, tuvo que ser desalojado. La causa no era otra que un inminente riesgo de derrumbe. A partir de ese momento se ha iniciado una batalla judicial que en gran parte acaba de culminar con la reciente emisión por parte del Tribunal Supremo (TS) de un fallo. En concreto, la sentencia viene a ratificar las anteriores que apuntan a los arquitectos Félix Sáenz Marrero y Francisco Aznar Ortiz y a la constructora como responsables de lo ocurrido. 

En realidad ha pasado tanto tiempo que son ya los herederos los que deben hacer frente a una indemnización que suma 800.000 euros. Esta cifra podría haber sido mayor, pero los sucesivos fallos consideran que los vecinos también tienen gran parte de culpa en lo ocurrido. Y es que cuando descubrieron los defectos originales de construcción al poco tiempo de acabarse el inmueble no hicieron nada por arreglarlos sino que se limitaron a emprender simples parcheos. 

La causa del colapso fue la mala calidad del hormigón utilizado, la deficiente impermeabilización, la construcción de un ático ilegal o que 344 pilares de los 440 existentes presentaban deficiencias. Por si fuera poco, días antes del colapso se retiró el conocido como pilar 26. Causa última, que no la única de lo ocurrido. 

El abogado de la mayor parte de los afectados ha sido Andrés de la Vega Alcañiz, quien hasta ahora se puede jactar de haber ganado todos los pleitos planteados. Y además de haberlo hecho desde primera instancia. Pero no fue por casualidad que este letrado asumiera las riendas del monumental contencioso. Él mismo era propietario de una oficina en la que se encontraba su bufete. 

Recuerda que las jornadas previas a la víspera del Día del Padre se comenzaron a notar signos preocupantes de que el edificio estaba a punto de colapsarse. Ruidos, grietas, puertas que se atascaban, polvaceras… todo ello dio lugar a que poco a poco los vecinos fueran abandonando el edificio. A partir de aquí comienzan a celebrarse reuniones con el Ayuntamiento y más concretamente con el propio alcalde, José Emilio García Gómez, que desde un primer momento tomó una serie de decisiones que el abogado considera como muy acertadas. 

Se inician también encuentros de los técnicos con los lógicamente preocupados vecinos. En ese momento se prohíbe del todo la entrada de los propietarios a sus casas ante el riesgo de desplome. Los acuerdos iniciales pasan por contratar una empresa especializada para proceder al derribo de la totalidad del inmueble. También comienzan a celebrarse las asambleas de afectados en las que surgen las inevitables diferencias, lo que no es extraño si se tiene en cuenta el alcance de la catástrofe. Al final, un grupo de vecinos encabezado por la directiva propone a de La Vega como abogado. La incertidumbre era casi absoluta: no se sabía si se debía reconstruir el edificio en su totalidad o se aprovechaba la parte que había quedado en pie, casi exactamente la mitad. 

Este letrado, por ejemplo, no podía acceder a su despacho en el que estaban guardados documentos que para él tenían una gran importancia con datos confidenciales y personales. En concreto, el resultado de sus dos primeras décadas de ejercicio de la abogacía. Las reuniones comienzan a celebrarse de forma casi diaria y de La Vega toma las primeras decisiones: analizar el suelo, los pilares, muros, así como contratar a un notario para que certifique y dé constancia de que estos elementos eran recogidos del inmueble para luego ser trasladados al Colegio de Arquitectos de Madrid con el fin de ser analizados. 

Entre las conclusiones que obtuvieron es que, por ejemplo, se había mezclado de una forma absolutamente demencial la arena con el cemento. O viceversa. Por ello, los defectos se pusieron en evidencia desde el mismo momento de la construcción en 1974, a los que los vecinos no supieron o no quisieron darle la importancia que se requería. El resultado fue que con el tiempo se multiplicaron los problemas en vez de arreglarlos. 

Se crearon dos sociedades para intentar solventar el conflicto, aunque más de un afectado optó por ir por libre. Pero en general el grueso de los vecinos siguió los criterios de la directiva cuyo abogado era de La Vega. El letrado resalta el estupendo trabajo desarrollado a la hora de encontrar y demostrar los vicios ocultos que son denunciables en los diez primeros años de construcción del edificio. Pero todo ello no es nada si la reclamación no se presenta en los quince que transcurren tras la conclusión del inmueble. 

Y efectivamente poco después de construirse una compañía hizo un análisis que sacó a la luz a estos defectos. De la Vega estudió los plazos y efectivamente pudo presentar la reclamación dentro de aquellos tres primeros lustros. El procedimiento judicial se alargó notablemente. La primera sentencia que responsabilizó a los arquitectos y a la constructora se emitió en 2013 y en 2014 fue ratificada por la Audiencia Provincial. Pero no sería hasta hace pocas fechas cuando el TS dio su última palabra, en respuesta al recurso de los herederos de uno de los arquitectos. 

La Audiencia Provincial modificó el fallo original en cuanto eliminó la posibilidad de recurrir a los intereses de demora, lo que hubiese convertido en casi inasumibles las indemnizaciones dado el tiempo transcurrido. Pero además, consideró que los vecinos fueron responsables del 29% de lo ocurrido ya que no repararon los errores detectados cuando se hizo la primera auditoría. También se les atribuye el haber retirado el pilar 26 poco antes del colapso y valoró el hecho de que siguen siendo propietarios del suelo enclavado en uno de los lugares de más valor de la ciudad. Por todo ello, de la indemnización total calculada, los magistrados restaron un diez por ciento. 

Una vez que ha acabado el grueso del procedimiento judicial que determinó responsabilidades, ahora se inician los individuales para que cada uno de los afectados pueda cobrar. Y es que muchos de los que tienen que hacer frente a estas cantidades, se sospecha que están desarrollando estrategias para esconder su patrimonio.

El ‘Titanic’ de la arquitectura chicharrera

El Imperial era una especie de Titanic de la arquitectura chicharrera. Un edificio construido en 1974 en pleno centro de la ciudad que con siete alturas desde un principio adquirió carácter de emblemático. Pero lo cierto es que su estructura presentaba importantes deficiencias desde un primer momento y que éstas se fueron agravando con el tiempo. 

En realidad en el último fallo judicial, el TS descarta entrar a analizar el recurso de los herederos de los arquitectos al considerar que aunque el montante total de indemnizaciones supera los 600.000 euros exigibles para que el Supremo estudie el asunto, en realidad se trata de cantidades individuales mucho menores. 

Desde un primer momento los ahora condenados achacaron lo ocurrido a la desaparición del conocido como pilar 26, que había sido manipulado días antes del desplome, pero en realidad esta fue tan solo la última causa del colapso, no la principal. Mucho antes de ese momento el inmueble ya presentaba deficiencias de todo tipo, tanto en lo que se refiere a la estructura horizontal como a la vertical. Los peritos también certificaron la deficiente calidad del hormigón empleado, así como que las humedades oxidaron el hierro y reventaron este material. A todo ello hay que sumarle un uso inadecuado de algunas oficinas como almacenes o colocación de dobles atezados y pavimentos. Cada uno de los reclamantes en teoría recibirá cantidades que oscilan entre los más de 100.000 euros a los 6.000. 

Curiosamente, años después de lo ocurrido, el edificio alcanzó de nuevo notoriedad justo cuando más intensa era la polémica sobre la figura del fuera de ordenación, en la que precisamente se encontraba catalogado el inmueble. Y es que en el primer Plan General de Ordenación (PGO) con el que contó la ciudad el Imperial perdía alturas, con lo cual no resultaba rentable su reconstrucción. El Ayuntamiento intentó hacer una excepción para que recuperase sus pisos originales, al menos durante un período de tiempo. Pero este plazo expiró. 

Y es que la reconstrucción ha sido imposible por el elevado número de propietarios, lo que complica en gran medida que se pongan de acuerdo. “Por supuesto estamos hablando de una ruina en todos los sentidos. Tanto económica como personal”, indica el abogado. Todo ello ha dado lugar a que los vecinos hayan visto cómo se depreciaban unos pisos de casi 200 metros cuadrados cuyo valor en los momentos de bonanza económica podía llegar a alcanzar casi el medio millón de euros. Durante este tiempo han surgido intentos frustrados por parte de empresas de comprar coeficientes a los vecinos o de sacar la parcela a subasta. Pero ninguna de estas iniciativas se ha concretado finalmente.

El juicio de la pieza separada del caso Las Teresitas, que analiza todo lo ocurrido tras la primera venta por parte de la Junta de Compensación a Inversiones Las Teresitas (ILT) en 1998, tendrá lugar en dos tandas. La primera será el día 10 y 11 de octubre, jornadas en las que han sido llamados a declarar en calidad de acusados el asesor legal, Mauricio Hayek, el expresidente, Jerónimo Delgado, el extesorero, Clemente Martín y el exsecretario, Álvaro Fernaud por los presuntos delitos de apropiación indebida y falsificación de documentos públicos, oficial y mercantil. La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de cárcel que suman 23 años y ocho meses y la devolución de alrededor de 2,5 millones de euros.

Pero posteriormente, a lo largo de la semana que abarca desde el día 24 al 28 de octubre, tendrá lugar la comparecencia de cerca de un centenar de vecinos de Las Huertas y Montaña Morera, de la trasera de la playa y propietarios del frente, en calidad de testigos. Todos ellos han denunciado que la Junta vendió sus terrenos y propiedades sin darles nada a cambio o como mucho pagarles un precio inferior al valor real de los terrenos. En el caso de Montaña Morera la particularidad es que las viviendas han desaparecido del Registro de la Propiedad y el terreno aparece de forma inexplicable a nombre de ILT.

Las penas solicitadas por el Ministerio Público abarcan entre los ocho años para el asesor jurídico y la exigencia de que devuelva dos millones de euros, cinco años y medio para Delgado así como para el extesorero y cuatro años y medio para Fernaud, además de multas de diez meses para todo ellos, excepto para el último, para el que sería de quince. Para los acusados, la Fiscalía Anticorrupción exige la asunción de responsabilidad civil que para Martín Rodríguez y Delgado suman 126.212,46 euros para cada uno.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que existen pruebas sólidas de que se dejaron de pagar a los propietarios de los terrenos del frente y la trasera de la playa alrededor de cinco millones de euros en cantidades que oscilan entre los 883.500 euros por la parcela del Ministerio de Defensa en la que ahora se quiere construir un hotel, los 487.000 del Club Deportivo San Andrés o los 421.000 que no se le pagaron a particulares.

En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que Hayek se aprovechó de su ventajosa condición para obtener un “ilícito beneficio económico” hasta el punto de conseguir que el secretario emitiera un certificado en el que se reflejaba que era propietario de más terrenos que los reales. La presunta falsificación de estos documentos implicaría que años después se anulase el proyecto de reparcelación en el que se recoge el índice de participación de cada uno de los propietarios en el reparto de cargas y beneficios.

De esta manera, según el escrito, se habría justificado el cobro de las cantidades indebidas que el abogado había recibido ya de la Junta, lo que posibilitó que hiciera suyos esos dos millones de euros a través de distintas operaciones. En el año 2008, el Juzgado procedió a la retención de cerca de seis millones de euros que estaban en su poder.

Igualmente, se mantiene que el abogado convenció al resto de los directivos de la Junta para que se le permitiera ingresar en su propia cuenta un cheque por valor de 851.000 euros. Un dinero que iba a servir para cumplir con la reclamación de Defensa sobre la batería militar pero que se empleó en crear un fondo de inversión.

El abogado también está acusado de hacerse con casi 300.000 euros mediante el cobro de talones al portador y a continuación intentar evitar ser identificado por medio de una serie de cheques de importe que, en un caso, sumó 43.200 euros. Pero, en general, estos no pasaron de los 3.000 euros con el fin de impedir el rastro y seguimiento, tal y como permitía la legislación bancaria en aquel momento. Además, siguiendo esta misma técnica, también cobró 216.000 euros por un lado y 36.000 por otro.

Por todo ello, no es raro que ya en 2007 las cuentas de la Junta apenas registraran un saldo de 5.122 euros a causa de esta cadena de operaciones de cuyo diseño se responsabiliza directamente a Hayek. “Y todo ello a pesar de que un abundante número de propietarios cuyos derechos aparecían ya recogidos en 1989 dejaron de percibir el importe de sus respectivos derechos, o bien los recibieron en cantidad inferior a la que les correspondía. No existiendo por lo tanto capital a favor de la Junta con el que atender a los derechos económicos de los mismos”.

La Fiscalía apunta que, tras cobrar de ILT, se registraron intereses en las cuentas de la entidad de casi 800.000 euros que tampoco fueron repartidos entre todos sus miembros “y desconociéndose el destino de los mismos”. Por todo ello, el Ministerio Público señala que los ahora acusados “guiados por el ánimo de obtener un ilícito beneficio económico, lejos de cumplir con el cometido de las obligaciones inherentes a los cargos que ocupaban, se aprovecharon de su situación”.

Para ello dispusieron “fraudulentamente” del patrimonio de la Junta “en evidente detrimento de los integrantes de la misma. Todas las cantidades obtenidas por los acusados se hicieron efectivas a pesar de que eran plenamente conscientes de la existencia de numerosos propietarios cuyos derechos económicos no habían sido satisfechos y de estar en los coeficientes de repartos que manejaban los órganos directivos”.

Con respecto al tesorero, se le acusa de haber actuado “con clara connivencia” con los demás encausados, “prevaliéndose de su condición, siendo plenamente conocedor de la situación económica de la Junta, haciendo uso de un acuerdo de delegados y sin someterlo a posterior valoración de la asamblea como ordenan los estatutos”.

De esta manera “absolutamente fraudulenta” y usurpando las funciones de la voluntad mayoritaria consiguió obtener la cantidad de 135.000 euros que también cobró a base de diversos cheques, uno por 74.000 euros y los demás por cantidades menores a los 3.000. Por su parte, el presidente habría utilizado la misma técnica para hacerse con una cantidad idéntica. En cuanto a Fernaud, se considera que en su condición de secretario y haciendo uso de las facultades expresamente conferidas por la legislación, emitió un certificado por el que permitió que Hayek cobrara más de lo que realmente le correspondía.

Desde el próximo día 9 de septiembre y hasta también el 28 de octubre tendrá lugar el juicio que sentará en el banquillo al exalcalde, Miguel Zerolo y otros doce acusados, entre los que figuran políticos, empresarios y funcionarios por presunta malversación y prevaricación en lo que supone el núcleo central del caso de Las Teresitas. A principios de año tuvo lugar el juicio civil que da cumplimiento a la anulación de la compraventa de los terrenos, aunque la sentencia no será emitida hasta que se conozca el resultado de la causa penal. Además, hay otra pieza que analiza las cuentas del Centro Canario Nacionalista (CCN) cuyo presidente Ignacio González, es hijo del empresario del mismo nombre que compró y vendió estos terrenos.

Rubens Henríquez, el director del equipo de Gestur que ha elaborado el nuevo proyecto de Las Teresitas, niega que se trate de un plagio del elaborado por el arquitecto francés Dominique Perrault, como éste ha señalado. Henríquez indica que las imágenes que se han presentado públicamente son tan sólo una propuesta que puede ir variando a lo largo de todo el proceso de aprobación final.

Es más, el arquitecto indica que lo que han hecho ha sido mejorar el diseño original de Perrault en aspectos como el aparcamiento que se sitúa al inicio de la playa. En cualquier caso indicó que desde la empresa pública “hemos sido unos mandados” y que la responsabilidad última corresponde al Ayuntamiento.

En cuanto al anfiteatro del fondo de Las Teresitas, que también aparecía en la propuesta de Perrault, Henríquez indica que ellos apuestan por una simple plaza. Según el directivo de Gestur, el Plan Especial elaborado se limita a seguir las directrices del Plan General de Ordenación (PGO) donde ya aparecían las grandes líneas de esta propuesta. También apunta que han introducido diversas mejoras en las conexiones, accesos, en la ubicación de un pequeño intercambiador, en la rotonda que estará sobre el actual mamotreto y especialmente en cuestión de aparcamientos. Con los cambios se mantendrán las actuales 1.200 plazas e incluso se incrementarán a 1.350 si se suman las del hotel.

Henríquez cree que la confusión puede surgir de las imágenes que han sido presentadas públicamente por el alcalde, José Manuel Bermúdez, durante las últimas fechas y que según indica no son el proyecto definitivo sino una propuesta a desarrollar y abierta a aportaciones. “Espero que en esta ocasión no se frustre de nuevo el intento de que Santa Cruz cuente con un equipamiento de valor. La acusación de plagio no tiene sentido. Nadie duda de la calidad de Perrault con renombre mundial”.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín Bethencourt, lanzó este jueves de forma irónica el reto de encontrar siete diferencias entre los proyectos elaborados por el arquitecto francés y el encargado por la Corporación local a la empresa pública Gestur para Las Teresitas.

“Aquí la única difencia es que un proyecto lo elaboró un arquitecto de fama y renombre internacional y el otro lo hizo Carlos Garcinuño un concejal del PP que está al frente de la Gerencia de Urbanismo”. Martín Bethencourt ratifica que ambos diseños “son casi idénticos” o en todo caso el presentado ahora incluso ahonda en los defectos del primero como es, por ejemplo, aumentar el número de plazas de aparcamiento en el mismo lugar donde hoy se sitúa el mamotreto. Edificio este último sobre el que existe una orden de derribo total inmediato.

También indica que se elimina el Balneario del fondo de la playa pero se mantiene el anfiteatro, una idea de Perrault, o que el previsto hotel que iría situado en la batería militar tendrá menos alturas. “Son exactamente lo mismo, sólo que han tenido que eliminar algunas cosas para ajustar el presupuesto a 30 millones, en vez de los 40 que costaba el diseño de Perrault”.

En cuanto a las cantidades adeudadas al arquitecto Martín Bethencourt, que ocupó en el anterior mandato el cargo de concejal de Urbanismo, indica que en este organismo autónomo no hay ninguna factura pendiente de pagar. Las posibles deudas, sin embargo, le consta que están en la Concejalía de Infraestructuras y Obras.

El arquitecto de renombre internacional Dominique Perrault parece que no está dispuesto a aguantar más agravios y desplantes por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz y ya tacha de “plagio” el nuevo proyecto elaborado por Gestur para Las Teresitas. Perrault ganó en su momento el concurso internacional de ideas convocado pero con posterioridad los problemas judiciales y de todo tipo hicieron que finalmente su diseño para la principal playa de Santa Cruz fuera descartado.

Sin embargo, ahora ha visto con estupor cómo la nueva idea elaborada por Gestur prácticamente fusila su propuesta. Por ello, el equipo español del arquitecto anuncia que a lo largo de esta semana suscribirá una carta-comunicado en la que podría hacer un repaso a los desplantes de los que dice haber sido objeto durante todos estos años: el retraso en el inicio de las obras, su paralización, la continúa sucesión de líos judiciales en los que se vio involucrado de forma involuntaria o el rechazo de su proyecto pero su posterior resurreción en otro encargado por el Ayuntamiento.

Perrault parece que no aguanta más y ha decidido salir del habitual mutismo con el que estas grandes firmas se enfrentan a las polémicas y va a dar a conocer su punto de vista sobre esta sucesión de sinsentidos que han tenido lugar durante los últimos años. A todo ello se suma el malestar del que está considerado uno de los mejores arquitectos del mundo, por no haber cobrado aún las cantidades acordadas, tanto en lo que se refiere a su salario como a las certificaciones de obras, la última de enero de 2009.

Lo cierto es que ya algunas voces habían adelantado el sospechoso parecido entre ambos proyectos en aspectos como el anfiteatro del fondo de la playa, las zonas deportivas repartidas a lo largo de este entorno, el aumento de la zona de arena o la construcción de unos aparcamientos en el mismo lugar en el que se edificó el conocido como mamotreto. Un edificio que tendrá que ser demolido en breve por orden judicial.

Desde la dirección de su equipo en España se mostraba su estupor ante lo que consideran una auténtica copia de su idea y la que ahora defiende el Ayuntamiento. “Es muy extraño que por un lado descarten nuestro proyecto pero por otro ahora lo copien casi totalmente. No entendemos nada de lo que está pasando”. Sobre la posibilidad de acudir a los tribunales denunciando plagio, se remiten al comunicado que se espera que el arquitecto emita en los próximos días.

Lo cierto es que a largo del proceso judical iniciado en 2007 nunca se llegó a citar a ninguno de los representantes de Perrault, con lo cual su parte del trabajo siempre quedó fuera de toda sospecha. “Nosotros trabajamos sobre los planos que ellos mismos pusieron a nuestra disposición y nos limitamos a cumplir sus órdenes. Eso fue todo lo que hicimos”. Para los miembros de este equipo en España el proyecto fue víctima de una guerra política cruzada desde la oposición y por parte del propio partido del exalcalde Coalición Canaria (CC), Miguel Zerolo, en su contra.

Entre las coincidencias que existen está también la ubicación del hotel en el mismo lugar en el que ellos habían elaborado un proyecto básico, que en principio parece descartado. Los miembros de este equipo indican que en su momento estudiaron la posibilidad de establecer un equipamiento deportivo en donde luego se construyeron los aparcamientos y que coincide con el antiguo campo de fútbol.

Una alternativa que algunas voces plantean y que supondría que el parking se trasladaría a los alrededores del Infobox, diseñado también por Perrault, y que se utiliza con este fin y excelentes resultados en algunas ocasiones cuando se prevén problemas de aparcamientos. Pero además sería la recuperación, al menos simbólica, del antiguo campo de fútbol. El que se construyó como compensación en el barranco ha resultado ser un fracaso y de hecho hace años que permanece cerrado por problemas de todo tipo.

El escrito de Perrault puede significar un suma y sigue en la mala imagen en el ámbito internacional que desde hace tiempo el Ayuntamiento de Santa Cruz está acumulando con el proyecto de reurbanización de Las Teresitas. Ya en su momento, su equipo llegó a calificar de “chapuceros” a los anteriores responsables de la Corporación municipal. Ahora se anuncia que el propio arquitecto, con su puño y letra, hará un repaso a todos los sinsentidos y agravios que ha ido acumulando esta obra a lo largo de los años.

Lo más curioso es que el contrato entre ambas partes sigue aún vigente y el Ayuntamiento reconoce una deuda de 150.000 euros, repartidos en varios conceptos. Hasta ahora el contencioso no ha llegado a la vía judicial pero desde la Gerencia de Urbanismo se reconoce que han sido varios los escritos remitidos reclamando una solución y a los que no se les ha dado respuesta alguna. Desde el entorno del arquitecto se elude concretar cuál es exactamente la cifra que reclaman.

Los vecinos de Bajo La Cuesta, un grupo de viviendas situadas en el litoral del municipio de La Candelaria, acaban de recibir un nuevo revés judicial en su batalla para impedir el derribo de medio centenar de casas situadas en dominio público. Hace escasas fechas el Tribunal Supremo (TS) ratificó que el nuevo deslinde fijado en 2006 es básicamente igual al anterior de 1969.

La principal consecuencia es que los edificios entran en la categoría de fuera de ordenación, y sus consiguientes limitaciones, e incluso podrían llegar a ser demolidas. De hecho, en 2008 la Dirección General de Costas comunicó a los afectados el inicio de los trámites para la recuperación posesoria y la desaparición del barrio, como ya ocurrió en su día con Cho Vito.

El recurso había sido presentado por una treintena de vecinos quienes defienden que aunque las condiciones geomorfológicas de este enclave no han variado, lo que sí ha cambiado con respecto a enero de 1969 es el concepto legal de zona marítima terrestre. De esta manera, los vecinos sostienen que el terreno no podía tener carácter público según aquella “añeja” ley que data de 1880, que fue la que se aplicó en aquel entonces.

Sin embargo, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en su momento, como ahora el Supremo, asumen el criterio de la Dirección General de Costas en cuanto a que ambas delimitaciones son “sustancialmente coincidentes”. Por ello, se descarta el argumento de que estos terrenos no eran demaniales antes de 2006 y que fueron incluidos “novedosamente” como suelo público ese año.

“Precisamente porque un deslinde y otro coinciden carece de sentido invocar la Ley de Puertos de 1880”, indica el fallo. En el auto también se explicita que a estas alturas ya no cabe discutir la corrección jurídica del deslinde efectuado en 1969 bajo el pretexto de que no se adecuaba a la legislación que data de finales del siglo XIX.

La batalla en los frentes administrativos y judiciales por parte de estos ciudadanos se inició en 2008 y desde entonces se han ido haciendo con diversos informes municipales, declaraciones juradas de funcionarios y otros documentos, en los que sostiene que existen errores de peso en el nuevo deslinde. De esta manera se demostraría que el trazado no tiene que ver con el de 1969, pese a lo defendido por Costas para justificar la demolición de este medio centenar de viviendas. Sin embargo, los tribunales una vez más se han puesto del lado del Gobierno central y dictaminan lo contrario.

En su búsqueda por intentar arraigarse lo máximo posible en la alta sociedad tinerfeña, los responsables de Fórum Filatélico se hicieron con los servicios del arquitecto Fernando Menis. Pero no tanto por su talento, reconocido en el ámbito internacional, sino por ser el hermano del entonces presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, hoy fallecido y pareja sentimental de la viceconsejera de Cultura, Dulce Xerach.

En un escrito intervenido por la policía judicial se apuntaba la conveniencia de contratar a Menis por estas razones. De esta manera, el arquitecto se vio involucrado en la trama de una forma, en apariencia, totalmente fortuita pero de la que no salió mal parado. La policía detectó que Parque Marítimo Anaga S. A. endosó dos cheques por valor total de 140.500 euros de los cuales uno, pagado en 2004, sumaba 70.588 euros y otro, correspondiente a 2005, llegaba a los 70.000 euros. Esta empresa había sido vendida por el empresario José Ana Labajos en 2002 a Fórum Filatélico por 6 millones de euros.

Sin embargo, los investigadores indican que desconocen el motivo de estos ingresos, “si bien ha de señalarse que, por su profesión, pudieran obedecer a la realización de algún tipo de servicio para dicha empresa mercantil, circunstancia que se desconoce”. Por todo ello, consideraron que en principio no existía una relación directa entre los movimientos de sus cuentas bancarias y los hechos investigados.

En el calendario de trabajo que elabora Fórum y según figura en la documentación intervenida se recoge, precisamente, la necesidad de tener a Menis “vinculado en el proceso de inversión profesional y económicamente”. De esta manera, “es como si tuviéramos vinculada en el proyecto a la alta clase política”, dadas sus relaciones familiares y sentimental.

Sin embargo, lo cierto es que existía un acuerdo entre José Manuel Llorca Rodríguez, máximo responsable de Fórum y actualmente en paradero desconocido, y Julio Aumente para que este se hiciera cargo de todo lo que tenía que ver con el proyecto de arquitectura del puerto deportivo de San Andrés. Aumente también había asumido la misión de llevar a cabo las gestiones ante las administraciones debido a los problemas que estaban surgiendo con Labajos y la Autoridad Portuaria.

Aumente abandonó la sociedad a finales de 2005 tras recibir 120.000 euros después de que las desavenencias con el empresario tinerfeño fueran constantes. El aquitecto llegó a pedir que se mantuviera a Labajos alejado de las negociaciones y le culpó de “habernos metido en un callejón sin salida”. Indicó entonces que no les interesaba tener a una persona “descontenta, boicoteando continuamente nuestra labor”.

Sin embargo, en un momento dado Aumente tiene que admitir que fracasa como negociador. Las razones las explica de una forma muy gráfica: “Entendí que se había caído en el mayor error que se puede cometer en el mundo de los negocios en la Isla que es ser catalogado como un auténtico godo”. Por lo tanto se decidió que había que recuperar “a toda costa la imagen de José Ana como estandarte del Parque y pasar a un segundo plano de invitado como socio capitalista”.

Hace unos años Labajos abrió una página web a través de la cual lanzó sus críticas contra Aumente, que fue el que suscribió el documento en el que se hablaba de supuestos pagos a los cargos públicos para acelerar los proyectos y que al parecer en un momento dado quiso desentenderse de los negocios que se estaban llevando a cabo. Este documento, encontrado en el despacho de Aumente, fue el que dio lugar a que el entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltazar Garzón, derivara esta causa a Tenerife. En la página web, Labajos considera inverosímil que se le atribuya que conocía las actividades delictivas de Llorca, ya que la venta de las acciones las materializó varios años antes de que estallara el caso Fórum y este pasara a estar en busca y captura.

Herminia Gil se ha convertido en una pieza clave del entramado que se ha dado en llamar caso Fórum y que no es otro que la compra por parte de esta entidad de los activos que estaban en poder del empresario José Ana Labajos, como eran el futuro puerto deportivo de San Andrés y la urbanización de Valle Tahodio. Gil ejerció como concejal del PSOE, de cuyo partido fue expulsada cuando votó a favor de la compraventa de Las Teresitas.

A partir de ese momento, el exalcalde Miguel Zerolo la contrató como asesora. De forma paralela trabajó para Labajos con lo cual los investigadores albergan pocas dudas de que sirvió de intermediaria para que el Ayuntamiento recalificara los terrenos de la urbanización Valle Tahodio. Unas labores por las que la exconcejal llegaría a cobrar un total de 416.500 euros por varios conceptos y años. La cifra no es pequeña si se tiene en cuenta que esta operación haría incrementar el valor de este suelo de 3000.000 euros a 15 millones, al pasar de tener la categoría de rústicos a urbanos. Finalmente, los informes contrarios de la Gerencia de Urbanismo, las repercusiones del caso Fórum y la decisión de la Comisión del Territorio de Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), dieron al traste con esta operación.

Las investigaciones policiales determinaron que Gil recibió entre 1996 y 2007 dinero por parte del grupo empresarial de Labajos repartido en diferentes conceptos como nóminas, transferencias, préstamos, adelantos, gestiones varias, gratificaciones y retribuciones en especie, al estilo de pago de alquileres o del seguro autónomo. La policía detectó que existía una serie de desembolsos en mano que suman 118.072 euros que no son controlables y de ahí vendría la diferencia entre lo declarado a Hacienda y lo que realmente ingresó en sus cuentas entre 2000 y 2006.

En este grupo figuraría lo que se denominó “sobresueldos” percibidos entre 2004 y 2006 y que se incluyen en lo que se dio en llamar “compromisos adquiridos Parque Marítimo Anaga, asesoría urbanística y relación con las asociaciones vecinales son 30.000 euros anuales pagaderos en diciembre”. Sin embargo, la policía considera que en realidad se trataba del pago de comisiones ilegales por su mediación ante el Ayuntamiento de Santa Cruz a favor de Labajos.

Los abonos se llevaban a cabo a lo largo de todo el año, lo que vendría a demostrar la confianza que existía entre ambos. En el primer ejercicio se pagaron 30.196 euros; en el segundo, 32.187, y en el tercero, 40.163, lo que suma 102.647 euros. Estas cantidades fueron abonadas “libre de impuestos”, el empresario asumió el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y debieron ser recibidas “en mano” ya que no consta su ingreso en cuenta bancaria alguna.

Lo más curioso es que aunque en todo momento se habla de sueldos, en realidad la actividad laboral de Gil es calificada de “prácticamente nula”. De hecho, en una ocasión para localizarla tuvieron que enviarle un telegrama, ya que ni siquiera lo pudieron hacer “a través de una llamada telefónica o lo que sería más lógico, esperar a que acuda a su puesto de trabajo”. La policía incautó numerosa documentación en la que se demostraría que la labor de Gil era la de mediar ante el Ayuntamiento y especialmente en asuntos como la recalificación de Valle Tahodio o la construcción de una serie de viviendas en la ladera de San Andrés. En el primer caso se localizó un abono de casi 40.000 euros que se intentó esconder bajo la apariencia de salarios o pagos en especie.

En otro de los documentos intervenidos Labajos admite que ha llegado a pagarle 406.506 euros desde el año 2003 y reclama que Parque Marítimo de Anaga (PMA) se los devuelva. Pero en realidad la policía cifró en 416.488 euros la cifra cobrada por Gil, “no por el trabajo realizado como empleada sino por la mediación ante el Ayuntamiento en aras a conseguir ciertas resoluciones adminstrativas favorables para PMA, como fueron precisamente la recalificación de Valle Tahodio”. Un cúmulo de hechos detrás de los cuales a los investigadores no les cabían demasiadas dudas de que se podía esconder un posible delito de cohecho y blanqueo de dinero, por los que Gil sigue aún imputada.

En retribuciones en especie se contabilizaron 42.960 euros, en las que se incluye el pago del alquiler en el que vivía. Labajos asumió también los honorarios del abogado Miguel Cabrera Pérez Camacho, por valor de seis mil euros, aunque se considera que en este caso más bien se trató de “un préstamo”. El empresario pagó también más de ocho mil euros en concepto de IRPF, lo que supondría otra prueba de un presunto cohecho.

En el año 2002, Labajos suscribió un contrato de compraventa con Gil por una vivienda y una plaza de garaje en la urbanización La Ladera por algo más de 60.000 euros, que fueron abonados en efectivo, pese a que en aquel momento no contaba con esa cantidad. En principio este documento no era exigido cuando se trataba de cerrar alguna operación con los empleados de Labajos.

Los investigadores aseguran haber contado con información confidencial de que Gil llegó a recibir 120.000 euros por haber votado a favor de la compraventa de la playa de Las Teresitas cuando era concejal del grupo socialista, causa en la que, sin embargo, nunca ha aparecido como imputada. Después de emitir este voto fue expulsada del PSOE pero no abandonó su cargo en el Ayuntamiento. Es más, a partir de ese momento, el entonces alcalde, Miguel Zerolo, la nombró asesora. Los investigadores no creen casual que el posible cobro de este dinero por apoyar la operación de compraventa y la adquisición de la vivienda se lleve a cabo en fechas próximas entre sí.

Llamativo resultó también que el precio de la casa fuera notablemente inferior al de mercado y que podía llegar a los 201.354 euros. En total, entre 2000 y 2008 Gil habría recibido de Labajos un total de 168.033 euros, cifra que se vería notablemente incremetada con la diferencia de precio de la vivienda. A todo ello habría que sumarle lo cobrado como concejal en concepto de dietas y por su participación en la Comisión de Fiestas y en el consejo de la empresa concesionaria del servicio de aguas Emmasa.

Su hijo, José Arturo Pillado Gil, también fue investigado y como resultado se comprobó que poseía una vivienda de protección oficial en San Andrés en la que no vivía, pese a que éste era un compromiso adoptado cuando se le adjudicó. Pillado Gil pasó a ser trabajador de Emmasa.

La policía detectó un documento en el que Gil y Labajos preparaban de forma minuciosa una posible declaración ante la juez y la Fiscalía Anticorrupción. “Todo ello vuelve a evidenciar la existencia de una perfecta organización cuyo propósito es conseguir beneficios económicos mediante la consecución de resoluciones administrativas favorables para sus intereses y en los que Herminia Gil adoptaba la posición de mediadora ante el Ayuntamiento”.

Durante el registro en su vivienda se encontró un sobre con cerca de 11.120 euros pagados por el Ayuntamiento no se sabe en concepto de qué. También destaca que dispusiera en su casa de un talonario de recibos en blanco de varias compañías de taxis, lo que supondría que podía solicitar el pago de facturas falsas en cualquier momento. En el registro se encontró un fajo de billetes de 50 euros que sumaban un total de 3.000 euros que, según dijo, provenían de un préstamo, así como numerosas joyas.

Durante su comparecencia ante la juez y la Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, dijo que era trabajadora de la empresa de discapacitados Simpromi, que durante su época como concejal se dedicó a atender a la gente de los barrios y que, por esta razón, después de ser concejal Zerolo la contrató como asesora de Servicios Sociales.

La diferencia entre el precio real de la vivienda y por el que finalmente la adquirió, fue justificado por la amistad que le unía con Labajos. El empresario la contrató, según dijo, por esta misma vertiente social y señaló que su labor se basaba en “darle ideas”. Negó tener cualquier relación con los casos Fórum o el de Las Teresitas, aunque admitió que sirvió para que Labajos y Zerolo se conocieran. Igualmente, aseguró que desconocía los pormenores de la operación de recalificación de Valle Tahodio.

Las investigaciones desarrolladas por la policía judicial a raíz de la puesta en marcha de la Operación Lavandera sacaron a la luz que el presidente de la Autoridad Porturia de Tenerife entre los años 1996 y 2007, Luis Suárez Trenor, manejó “grandes cantidades de dinero en efectivo cuya procedencia es desconocida”.

Concretamente, entre los años 2000 y 2006, llegó a ingresar cerca de medio millón de euros en sus cuentas, cifra que los investigadores consideran “totalmente atípica” y cuyo origen se desconoce. Pero además, entre los años 2000 y 2003 el también destacado miembro de Coalición Canaria (CC) adquirió cinco vehículos mediante pagos en efectivo por valor de 143.385 euros, cuya contrapartida en cuentas bancarias nunca se encontró.

A los investigadores les llamaron poderosamente la atención dos de estas compras, que relacionaron en el tiempo con la presentación ante la Autoridad Portuaria por parte de la empresa Parque Marítimo Anaga del proyecto de construcción de un muelle deportivo en este barrio de Santa Cruz. Y es que las investigaciones se desarrollaron dentro del conocido como caso Fórum que tenía en la capital dos activos como eran este puerto y la urbanización Valle Tahodio. La única explicación que los investigadores encuentran en los pagos sin recurrir a transferencias o cheques es que el origen de estas cantidades pudiera ser ilícito.

Los ingresos en efectivo cuyo origen no se conoce no se reparten en el tiempo, por lo que la policía judicial descarta que se trate de un salario en “B” pagado regularmente. Se da la circunstanca de que las percepciones por trabajo declaradas son muy similares a esta cifra. Los investigadores detectaron que estos ingresos no se realizan cuando Trenor precisaba de alguna financiación concreta, por lo que deducen que se llevaron a cabo cuando percibía este dinero a través de otros sistemas.

En su momento salió a la luz que contaba con una cuenta en el paraíso fiscal de la Isla de Man, lo que permite una mayor opacidad en las operaciones. Una razón más, según los investigadores, para sospechar de que Trenor contaba con un patrimonio oculto. Todo ello, sumado a la tenencia de grandes cantidades de dinero en efectivo, ratificaría la posibilidad de que presuntamente tuviese ingresos de procedencia ilícita.

Durante su declaración ante la juez Lucía Machado y la Fiscal Anticorrupción María Farnés Fernández, Trenor indicó que su sueldo como presidente del Autoridad Portuaria sumaba 90.000 euros, pero que también tenía otra serie de ingresos, como eran alquileres o empresas. Sin embargo, no pudo explicar por qué en la documentación bancaria existían 267.708 euros sin justificar, pero en cualquier caso negó haber recibido algún regalo por parte de ninguna entidad o persona. Aseguró que los vehículos los compró con sus ahorros que tenía guardados en su gaveta y que sumaban unos 60.000 euros. Acto seguido señaló que no podía comprender cómo se habían detectado en sus cuentas más de 500.000 euros de origen desconocido y por lo tanto se negó a responder a esta pregunta hasta comprobarlo.

Los investigadores también sospecharon que Trenor utilizó una empresa llamada EQ`S Investments LTD, totalmente de su propiedad, para desviar dinero que presuntamente tuvo un origen ilegal, resultado de su cargo al frente de la Autoridad Portuaria. Entre estas cantidades estarían las que supuestamente fueron pagadas por actuar como mediador en la concesión administrativa del Puerto deportivo de San Andrés. Las grabaciones telefónicas realizadas también demostrarían que poseía inversiones en otras empresas del extranjero.

La Policía Judicial sostiene que el equipo redactor del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife, Palerm-Tabares de Nava, pudo incurrir en un presunto delito de falsedad documental por intentar borrar las huellas de un posible trato de favor a Fórum Filatélico en Valle Tahodio.

La sospecha se basa en la existencia de dos informes contradictorios, de los cuales uno fue emitido después de que a finales de 2006 estallara el conocido como caso Fórum. Las ramificaciones en Tenerife de esta trama se extendían a la compra por parte de la entidad de los activos del proyecto de puerto deportivo de San Andrés y la urbanización de Valle Tahodio. Ambas actuaciones fueron adquiridas por Fórum Filatélico al empresario José Ana Pérez Labajos.

En este último caso, los investigadores comprobaron que en un primer informe se recoge la recalificación de rústicos a urbanos de unos terrenos situados en el espacio protegido del Parque Rural de Anaga. Sin embargo, el segundo, aunque en líneas generales es una copia literal del primero, se reduce el coeficiente de edificabilidad y de aprovechamiento medio. Otra alteración detectada es la inclusión del término “ligeramente” a la hora de justificar este incremento que tendría como excusa, “compensar suficientemente las mayores cargas al mismo”.

En el primer informe se admite que el aumento de edificabilidad asignado es incluso superior al que había solicitado el empresario a través de una alegación. Una vez que estalla la trama se elimina este párrafo y se procede a una reducción de los aprovechamientos. Esta sería la versión que se tramitó ante la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). “En síntesis nos encontramos ante dos informes dispares de una misma alegación”, señalan los investigadores, quienes acto seguido alertan de que se podría estar ante un presunto delito de falsedad documental.

El objetivo no sería otro sino desmontar un supuesto delito de prevaricación, al haberse concedido unos coeficientes de edificabilidad y aprovechamientos medios “acordes a los intereses privados y no al interés general”. Y es que el intento de recalificar este suelo hubiese multiplicado por cincuenta su valor, al pasar de 300.000 euros a 15 millones.

El acuerdo fue finalmente anulado por la Cotmac a finales de 2010 al calificarlo de “ilegal” por no estar justificada esta recalificación desde ningún punto de vista. Pero además, todos los informes de la propia Gerencia de Urbanismo dictaminaron una y otra vez de forma negativa al convenio que se iba a firmar con Labajos. Hay que tener en cuenta que si bien Santa Cruz obtenía a cambio más de 300.000 metros cuadrados, en realidad casi todos estaban situados en laderas sin utilidad pública. Pero además, la futura urbanización se situaba en pleno parque Rural de Anaga de especial protección y bajo la supervisión del Plan Rector.

En el año 2002, Labajos se reunió con José Manuel Llorca, representante de Fórum Filatélico actualmente en busca y captura, en un hotel del Puerto de la Cruz. Fruto de aquel encuentro fue la venta de todos los activos del futuro muelle deportivo de San Andrés, otro de los asuntos investigados, y de Valle Tahodio. Labajos siguió apareciendo como propietario en ambos casos, aunque en realidad su papel más bien se correspondía al de un testaferro. Era el encargado de cerrar los acuerdos con el Ayuntamiento y Puertos.

Al principio estuvo acompañado del arquitecto Julio Aumente, pero pronto surgieron las desavenencias y éste último optó por apartarse de las negociaciones. En su despacho se encontraría en 2006 el documento en el que supuestamente se documentaba el pago de sobornos millonarios al Ayuntamiento y a Puertos.

Los terrenos de la urbanización situada en el Parque Rural de Anaga fueron vendidos por 1,2 millones. La recalificación convirtió por arte de magia 42 hectáreas de suelo rústico en urbanizable. Fórum Filatélico conseguiría un aprovechamiento de 130.000 metros cuadrados, de los que el 85% se destinarían a edificaciones de venta libre y el 15% para la construcción de residencias para la tercera edad. A este enclave se pensaba trasladar también el Colegio Hispano Inglés situado en las Ramblas.

Los técnicos de la Gerencia de Urbanismo y los de la unidad de planeamiento pidieron desde el principio que se estudiara la conveniencia y oportunidad de reclasificar estos terrenos, al considerar que no se daban las condiciones para ello. Finalmente, cuando explotó el caso Fórum en todo el ámbito nacional, el Ayuntamiento intentó desligarse de esta recalificación, prueba de lo cual serían los cambios introducidos por el equipo de PGO en el segundo informe analizado por la policía.

En el sumario, Aumente explica la situación de una forma gráfica: “Cuando Llorca es acusado de blanqueo de dinero de la droga, en la Isla se encendieron todas las alarmas: desde el estudio jurídico, Labajos, la Autoridad Portuaria, Alcaldía... todos, nadie quería tener relación con nada que tuviera que ver con Marbella. Nos pedían insistentemente explicaciones que como bien sabéis no podíamos dar”.

Años después Labajos no sólo sigue imputado por presunto cohecho, sino que ha tenido que hacer frente a millonarias multas fiscales por la venta de los terrenos. Una por valor de 1,5 millones de euros por el impuesto de transmisiones y una sanción por fraude fiscal. El empresario aseguró que el precio declarado de la venta era ficticio, tal y como ocurrió con la práctica totalidad de los negocios cerrados por Llorca. Labajos basa su defensa en los tribunales en asegurar que nunca se llegó a efectuar la recalificación, sino que ésta era una mera expectativa. Además, la Audiencia Nacional ratificó otra sanción de medio millón de euros a Labajos por no haberse abonado en su momento el impuesto de sociedades.

Hasta siete posibles delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, amenazas, prevaricación y tres irregularidades detectó la policía judicial en la venta de los activos del Puerto Deportivo de San Andrés a la entidad Fórum Filatélico. En concreto, se considera que la Autoridad Portuaria no dio cumplimiento a lo recogido en la Ley de Costas para este tipo de operaciones. Este hecho levantó sospechas de un posible trato de favor hacia la empresa Parque Marítimo de Anaga (PMA), propiedad del empresario José Ana Labajos.

La entidad vendedora también podría haber incurrido en el incumplimiento de la cláusula que obligaba a que el organismo estatal autorizara la operación, hasta el punto de que podría haber ejercido los derechos de tanteo y retracto. Este requisito es imprescindible cuando, como ocurrió en esta ocasión, se traspasa el 100% del accionariado.

Al entonces presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor, se le achaca un presunto delito de amenazas hacia PMA, al obligarle a cumplimientar determinados pagos a la empresa que redactó el proyecto o en caso contrario advertía con retirar la concesión. Al entonces director general del Puerto, José Manuel Pintado Joga, se le atribuye un presunto delito de prevaricación al emitir dos informes, en los que consideraba que no era preciso que la modificación del puerto fuera sometida a evaluación de impacto ambiental, por no tratarse de un cambio sustancial.

Suárez Trenor y Pintado Joga podrían haber cometido otro presunto delito de prevaricación al haber aprobado la modificación de la concesión administrativa, “a sabiendas de la ilegalidad”, básicamente por no haberse llevado a cabo el procedimiento adecuado. Una situación que tendría su origen, según las investigaciones policiales, “en el pacto previo entre la Autoridad Portuaria y Labajos, en cuanto al procedimiento a seguir para el otorgamiento de la modificación administrativa”.

Los promotores de la obra sólo presentaron ante la Autoridad Portuaria un proyecto básico, cuando estaban obligados a elaborar la definición de las obras con el detalle necesario para su ejecución. Al exdirector del Puerto, Marcos Hernández Acosta, se le atribuye un presunto delito de prevaricación, “al negar sistemática y reiteradamente” el derecho de PMA SA el acceso a los terrenos de la concesión otorgada legalmente en dos ocasiones. Y todo ello pese a que tanto desde la fase inicial de la concesión administrativa como en el proyecto de construcción, la finalidad era dar acceso a las instalaciones, una vez que estuvieran en funcionamiento. Por el contrario se pretendía que sirvieran como única vía a los terrenos de la concesión, durante la fase de ejecución y realización de las obras.

A Labajos se le atribuye un supuesto delito de cohecho, al hacer regalos a las personas que participaban en el proyecto del Parque Marítimo y de Valle Tahodio, también vendida a Fórum. En un escrito, Labajos informaba que los beneficiarios de los regalos eran personas claves para el buen resultado de la concesión, que justo en aquellos momentos se encontraba paralizada. Por estos mismos, hechos se estima que el arquitecto de Fórum, Julio Aumente, también podía haber cometido un presunto cohecho, al haber sido el responsable de la entrega de los regalos, que en total sumaron 6.000 euros.

Por último se pudo haber producido un supuesto delito de malversación de caudales públicos en relación al pago de cánones de la concesión administrativa, ya que por un error se introdujo una determinada superficie de plano de agua, menor de la real. Sin embargo, la Autoridad Portuaria nunca reclamó luego que el canon se adecuara a las nuevas condiciones que eran las correctas.

En el mes de junio de 2002, Labajos vendió los activos de este proyecto a distintas sociedades vinculadas a Fórum por un total de seis millones a pagar en dos años. Los investigadores consideran que se cometió un presunto fraude de ley, al no haberse reflejado el correspondiente cambio de titular, lo que evitaba que la Autoridad Portuaria pudiera proceder a rescatar la concesión.

Por su parte, Labajos siempre ha defendido la limpieza de la operación y como prueba señala que todo el procedimiento se llevó a cabo a través de bancos de primera línea. La razón por la que apareció siempre como propietario es que firmó una reserva de dominio de manera que hasta que no se pagase el total de la cantidad acordada seguía formalmente siendo el propietario de las sociedades. Negó haber recibido o pagado en algún momento dinero en negro.

El empresario José Ana Pérez Labajos, uno de los principales imputados en el conocido como caso Fórum, ganó 8,9 millones de euros en premios de lotería tan solo en el año 2003, dinero que fue a parar íntegramente a fondos de inversión a favor de su esposa e hijos. La ramificación de esta trama en Tenerife tiene su origen en la venta a Fórum Filatélico por parte de Labajos de los activos que poseía para la construcción de un puerto deportivo en San Andrés y de una urbanización en unos terrenos reclasificados de rústicos a urbanizables en Valle Tahodio, también en Santa Cruz.

De ahí que las investigaciones desarrolladas durante los últimos años por parte de la magistrada Lucía Machado, titular del Juzgado de Instrucción número cinco de la capital tinerfeña, resalten “la estrecha relación” entre el empresario y José Manuel Carlos Llorca, cabeza de Fórum y actualmente en paradero desconocido. De hecho, en numerosas ocasiones de la conocida como Operación Lavandera los investigadores se refieren a Labajos como “testaferro” de Llorca.

Igualmente, se detectaron regalos por parte del empresario a personas participantes en ambos proyectos y vinculados con el Ayuntamiento, como es el exalcalde Miguel Zerolo, responsables de la Gerencia de Urbanismo o del Plan General de Ordenación y de la Autoridad Portuaria, todos ellos con influencia para que sus iniciativas salieran adelante con las menores dificultades posibles. Los regalos consistieron en cajas de vino, que en el caso de Zerolo tenían un valor de 2.190 euros.

Durante su declaración ante la juez, Labajos dijo que era muy aficionado a participar en los sorteos de lotería y especialmente en el de navidad, hasta el punto de comprar unas cuarenta hojas cada año. Dice que en 2006 y en un mismo mes también ganó una bonoloto por valor de 40.000 euros y una quiniela de fútbol de 160.000 euros.

En el caso del premio de nueve millones señaló que nunca jugaba al mismo número y que podía gastar alrededor de 5.000 euros semanales en sorteos, “más dinero del que debiera”, dijo, aunque acto seguido añadió que recuperaba bastante de lo invertido en reintegros.

Dado que la compra de billetes de lotería premiados es una de las principales tácticas para blanquear dinero, el abogado de Labajos pidió al Juzgado que realizara una serie de diligencias con el fin de que quedara rechazada de forma tajante esta posibilidad.

Para demostrar que los boletos habían sido adquiridos directamente por el empresario, el letrado solicitó que declarara el responsable de la Administración.

Igualmente pidió que por medio de los extractos bancarios se comprobara los cargos que cada semana el empresario hace para la adquisición de billetes. Añadió que otra prueba de que no se trataba de blanqueo de dinero es que el premio fue cobrado tan solo dos días después del sorteo. También se pusieron sobre la mesa informaciones periodísticas en las que se hablaba de un solo ganador de ese número.

Un informe elaborado por peritos judiciales cifra en 6,4 millones de euros las pérdidas causadas al erario público a raíz de los “errores” cometidos por el expresidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luis Suárez Trenor, entre los años 1996 a 2007, en los que estuvo al frente del organismo estatal.

Las conclusiones del estudio pueden ser calificadas de muchas maneras pero no precisamente como de muy tranquilizadoras. Por ejemplo, los peritos detectan que la exención o reducción de cánones tuvo a la arbitrariedad como argumento dominante e incluso se aplicaban en contra de lo establecido legalmente. Este hecho dio lugar a una pérdida de ingresos para la Autoridad Portuaria cifrada en cerca de 2,4 millones de euros.

Pero hay más ejemplos de lo que en otro momento se califica de “aspectos preocupantes” de la gestión. Entre ellos, adjudicaciones directas sin emplear “prácticamente nunca” el concurso o la creación de empresas que desvirtúan la actividad para la que fueron puestas en marcha. Igualmente, se percibe poco respecto por parte de los directivos a la defensa de los intereses públicos, hasta el punto de que los peritos concluyen que la falta de cumplimento de las normas “ha sido muy elevada”.

Concesiones poco rentables e ilegales

En una “gran mayoría de los casos”, el objeto social de las entidades beneficiadas no tenía vinculación alguna con las actividades objeto de la concesión. Además, estas se transmitían sin ajustarse a requisitos como que el nuevo titular cumpliera con las exigencias para ejercer la actividad. Pero además, el incumplimiento de los plazos en los procedimientos se convirtió “en práctica habitual, lo que demuestra el escaso celo de la Autoridad Portuaria en la eficiencia de la gestión”.

Los peritos analizaron casos concretos como la concesión a la empresa consignataria Herrera S. A. que quedó extinguida por mutuo acuerdo en vez de recurrir a la caducidad a la que legalmente tenía derecho, lo que supuso “un considerable” coste al erario público. Pero además, este procedimiento se habría realizado en contra de las directrices emanadas de Puertos del Estado y los consejos de sus servicios jurídicos. Por ello, se concluye que debería exigirse responsabilidad patrimonial a Suárez Trenor, por valor de 2,9 millones.

Los principales “errores” serían que los ingresos se realizaban fuera de plazo, se regulaban autorizaciones una vez expirado “ampliamente” el límite temporal o la falta de concordancia entre el objeto de la actividad concesional y el social de la persona física o jurídica. Pero también se detectó inexistencia de relación entre los intereses portuarios y la actividad de la concesión o el otorgamiento de estas a pesar de los informes negativos de otras administraciones públicas.

El informe pericial fue encargado a raíz de que estallase el conocido como caso Fórum, en el que Suárez Trenor, considerado uno de los principales hombres fuertes de Coalición Canaria (CC), sigue aún imputado por un presunto delito de cohecho.

En el caso concreto de la concesión administrativa a Sofitesa, una empresa puesta en marcha para atraer capitales, se recuerda que la entidad se creó con ánimo de lucro y obtuvo facilidades por parte de la Autoridad Portuaria, tales como la exención del canon por actividad industrial. Esta decisión implicó una pérdida de ingresos para puertos, pero un beneficio para los responsables de la empresa que se cifra en 4,4 millones.

Igualmente, se considera que las transmisiones de las concesiones se realizaban en ocasiones sin tener en cuenta lo solicitado por el organismo estatal. En otras se hacía incluso en contra de lo recogido en los estatutos sobre la obligación de desarrollar actividades y proyectos que tuvieran clara incidencia en el incremento del volumen de la actividad portuaria.

Los ejemplos, concretos serían lo ocurrido con Plató del Atlántico, Constante Solar, 5.L. o La Marina, efectos Navales, entidades sin relación alguna con los intereses de Puertos. Pese a los beneficios otorgados supuestamente desde el organismo estatal, tales como reducción de la carga hipotecaria y de los gastos por cánones por ocupación de superficie, lo cierto es que de forma inexplicable Sofitesa registró pérdidas que son calificadas de importantes. Y ello es así hasta el punto de que a finales de 2007 se considera que la entidad carece de viabilidad.

En cuanto al Parque Marítimo César Manrique, se cree apropiada la decisión de aportar el suelo al capital social, pero acto seguido se indica que la capitalización de ese canon no se llegó a efectuar. A partir de ese momento se dio lugar a una pérdida de la posición mayoritaria en el Consejo del Parque Marítimo que pasó del 99,57% que le correspondía a un 50%. Como consecuencia, la pérdida de patrimonio neto se cifra en 1,1 millones, de la que también se responsabiliza al expresidente.

Los peritos judiciales detectan, “la falta de respeto a la legalidad de la Autoridad Portuaria con respecto a sus funciones y a la legislación, tanto en lo que se refiere a la de carácter general que vertebra los principios de todo gestor público como la específica en cada uno de los períodos de vida de las concesiones”.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se ha puesto del lado de la familia que reside en los terrenos de Las Huertas, en la parte trasera de Las Teresitas y más concretamente en los accesos al nuevo campo de fútbol.

Una sentencia acaba de ratificar que el Ayuntamiento no puede recuperar estos solares básicamente porque nunca fueron suyos ni tuvieron uso público.

En el fallo judicial se indica que, en todo caso, habrá de examinarse si estos terrenos fueron expropiados y si este procedimiento se hizo de manera correcta. Y es que son varias las sentencias que ratifican que la ocupación llevada a cabo en la parte trasera de Las Teresitas fue anulada por el propio Ayuntamiento en la década de los años setenta. Por ello, algunas familias han visto reconocidos el derecho a que se les indemnice.

El pleito pasa ahora a la jurisdicción de lo Contencioso­-Administrativo en vez de la Civil, donde pretendía situarla la Corporación local, para así iniciar el expediente de recuperación de oficio de propiedad pública. Esta familia se ha opuesto desde un principio al decreto de la Alcaldía del 25 de abril de 2014 por el que se ordenaba el desalojo de estos terrenos que la Corporación local consideraba públicos. La intención es proceder al arreglo de los accesos del campo de fútbol y a la canalización del barranco.

Esta familia reside en Las Huertas desde el año 1981, tal y como aparece recogido en una escritura notarial de compraventa de terrenos y edificación. Por este motivo, no pueden ser calificados de “usurpadores”, tal y como ha intentado demostrar en todo momento el Ayuntamiento para proceder a su desalojo. Todo ello, “con el fin de justificar el ejercicio de la facultad exorbitante de recuperación de oficio que ha realizado el Ayuntamiento”.

A finales de 2015 el Juzgado de lo Contencioso­ Administrativo consideró que este litigio debía decidirse en la jurisdicción civil, a lo que se oponen los vecinos dado el alto coste que implican este tipo de procedimientos. Ahora el TSJC ha dado un balón de oxígeno a la familia, al ratificar que efectivamente se está ante una cuestión contencioso­administrativa y no civil, por lo que se devuelven los autos al Juzgado inicial.

La situación que viven estos vecinos es tan inverosímil que, según señalan, llevan desde finales del año 2014 sin poder sacar el coche que tienen aparcado en la puerta de su casa por que la empresa propietaria de Las Huertas, Desurcic, les ha cerrado el acceso a su casa. También se quejan de que desde ese momento sufren repetidos cortes de luz y, pese a haber solicitado en numerosas ocasiones que el alcalde, José Manuel Bermúdez, les reciba para comentarles estos problemas y buscar soluciones, este se niega a recibirlos.

La planta de producción de cloro inaugurada el pasado 11 de mayo y ubicada en la Dársena Pesquera de Tenerife no está incluida en el mapa de riesgos químicos ni en el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) de Santa Cruz. Esta fábrica ocupa una parcela de casi cinco mil metros cuadrados y, con su producción anual de 22.000 toneladas, abastecerá de cloro a las islas y zonas del África occidental. Dado que la planta se sitúa en terrenos de Santa Cruz de Tenerife, la fuerza política Izquierda Unida Canaria (IUC) se ha dirigido al Ayuntamiento de esta ciudad solicitando información sobre el protocolo de seguridad diseñado.

Pero esta fuerza política ha presentado además una pregunta ante la Unión Europea (UE) a través de su eurodiputada Paloma López, por medio de la cual se interesa por las medidas que van a adoptar las autoridades para ordenar una actividad “compleja y peligrosa”, que genera compuestos tóxicos que son finalmente vertidos al mar. Igualmente, preguntan si existe amparo en la UE para la instalación de este tipo de fábricas ajenas a los mapas de riesgos químicos y a la valoración de las consecuencias que podrían traer consigo. “En concreto: ¿Garantizan las autoridades europeas que la planta de producción de cloro de Santa Cruz cumple con la normativa europea?”, han cuestionado.

Desde IUC se recuerda que a pesar de las recomendaciones de la UE y de los convenios internacionales, el Gobierno español firmó hace años un acuerdo con la industria del cloro que permite su fabricación con la tecnología más contaminante hasta el año 2020. Hasta esa fecha las empresas dedicadas al sector no tendrán que emplear las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) para disminuir la contaminación.

Aunque esta fuerza política presentó hace meses una pregunta al pleno sobre esta cuestión, no se le respondió hasta el pasado viernes y fue tan sólo para señalar que se está a la espera de que la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) y la Autoridad Portuaria confirmen si se cumplen los condicionantes impuestos en su día. Además, desde el grupo de gobierno se admitió que la fábrica no está incluida en el PEMU porque este fue redactado y aprobado en el año 2013, es decir, tres años antes de la apertura de la planta química.

En agosto de 2015, la Cotmac aprobó la declaración de impacto ambiental correspondiente con varios condicionantes para asegurar frenar el posible efecto ambiental de una fábrica de estas características. Entre estos se enumeraba que, al instalarse la fábrica en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, debería estar sujeta a la política ambiental marcada por la Autoridad Portuaria a través de su Código de Conducta Ambiental y, además, debería elaborar un plan de emergencia ambiental.

Igualmente, la actividad debía estar sujeta al Real Decreto por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, por lo que debía prepararse un informe de seguridad.

El concejal de IUC en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Ramón Trujillo, quiere saber si la Corporación local tiene establecido algún plan de emergencia en caso de que se produzca un escape de cloro y si se ha coordinado con Protección Civil para esta eventualidad. Igualmente, el concejal se interesa sobre si el PEMU ha sido ya revisado para incluir a este nuevo riesgo.

La definición académica del término biosfera dice textualmente: “Capa constituida por agua, tierra y una masa delgada de aire, en la cual se desarrollan los seres vivos; comprende desde unos 10 kilómetros de altitud en la atmósfera hasta los fondos oceánicos”. En cuanto al concepto de Reserva de la Biosfera la definición sería: “Área representativas de ambientes terrestres o acuáticos creadas para promover una relación equilibrada entre los seres humanos y la naturaleza, contribuyendo a satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer a las futuras”

Pues bien, el día 11 de julio de 2012, desde París llegó la noticia de que la isla de La Gomera entraba por la puerta grande a ese club exclusivo creado por la Unesco en el que se reúnen enclaves que son merecedores de esta catalogación. Ese día, por lo tanto, la isla “>vio como se reconocían unos valores naturales y culturales únicos pero a la vez asumía ante el mundo el compromiso de protegerlos. De fomentar un desarrollo económico, cultural y social que sirva para que los valores naturales heredados puedan seguir siendo aprovechados por las generaciones futuras. A partir de aquella fecha ya no caben excusas para descuidar la conservación de la diversidad de paisajes, ecosistemas, especies y genes. O para no hacer todo lo posible a la hora de contribuir al conocimiento de manera que a la vez sea posible conjugar la educación, capacitación, investigación científica y el intercambio de información entre vecinos, técnicos e investigadores.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, resalta que si en la actualidad la i sla goza de un medio ambiente privilegiado que le ha hecho merecedor de este título, es debido al esfuerzo de los antepasados en conservarlo e integrarse en el mismo. Curbelo cree que se debe reconocer el trabajo conjunto hecho entre el programa Hombre y Biosfera (MaB), la Asociación Insular de Desarrollo Rural (Aider), la Universidad de La Laguna y el Gobierno de Canarias.

El presidente del Cabildo resalta que porcentualmente el Archipiélago es la región del mundo que dispone de mayor superficie con esta figura de protección: cinco islas en su totalidad y Tenerife y Gran Canaria de forma parcial. En el primer caso el espacio se corresponde con Anaga y en el segundo 100.000 hectáreas repartidas por los municipios de Agaete, Artenara, La Aldea de San Nicolás, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Tejeda y la Vega de San Mateo, además de una amplia franja marina.

La experiencia de estos años nos ha demostrado que lo importante es centrarse en conjugar conservación de la naturaleza con el desarrollo sostenible y además hacerlo siempre con la vista puesta en mejorar la calidad de vida de los habitantes desde los punto de vista económico y social“. La declaración tampoco puede quedarse en una simple teoría sino que debe concretarse en acciones. Dos ejemplos serían el sellado del vertedero de Arure y la limpieza de los acantilados y fondos marinos del espacio protegido de Puntallana en San Sebastián. Pero igualmente se ha llevado a cabo la mejora de senderos, acciones de embellecimiento o recuperación de espacios, entre otras varias.

Curbelo no tiene duda alguna de que se debe hacer lo imposible para que los jóvenes vuelvan al campo y se incentive la producción local. Ni tampoco de las indudables ventajas que el título otorga a la hora de atraer turistas. Subraya como hitos en estos cuatro años la campaña de difusión que se llevó a cabo a lo largo y ancho de toda la isla explicando la importancia de la declaración, sus efectos y consecuencias y la forma en la que cada habitante o sector puede implicarse en su desarrollo y éxito. Y especialmente, en lo que se refiere también a la iniciativa privada.

Cree Curbelo que el trabajo desarrollado hace albergar esperanzas de que la isla pueda convertirse en el año 2018 en sede del congreso Internacional de Paisajes Aterrazados, para lo cual ya se ha presentado la correspondiente candidatura. “Nuestro compromiso inicial y final es traspasar a los futuros habitantes de La Gomera una isla idéntica a la que heredamos”.

Marisa Tejedor ha jugado un papel fundamental en la consecución del título de Reserva de la Biosfera de La Gomera y en su desarrollo durante estos cuatro años. En estos momentos ocupa el cargo de presidenta del Consejo Científico del Comité Hombre y Biosfera-MaB de España y desde un principio participó en la presentación de la propuesta y fue la encargada de evaluar la memoria sobre la que se sustentó el reconocimiento de la Unesco. Tejedor sigue, por lo tanto, vinculada directamente con todo este proceso y de hecho ha participado en los actos que han tenido lugar en estos días con motivo de este cuarto aniversario. Al respecto, considera que la celebración, “supone un momento interesante para la reflexión sobre la situación de la reserva, tanto en lo que se refiere a su pasado como al futuro, a medio o largo plazo”.

Considera que La Gomera está cumpliendo con el calendario fijado por la Unesco, aunque será cuando se cumpla una década de la declaración, el momento en el que se llevará a cabo una evaluación formal del trabajo realizado. “La experiencia que tengo es que al principio cuesta mucho arrancar porque hay que crear una serie de órganos como son el rector, científico y de participación, lo que supone implicar a muchísima gente y a muchos colectivos. Pero además hay que elaborar un plan de acción y de estrategia y ése es el momento en el que estamos ahora. Creo que andamos por el camino correcto, aunque también hay que tener en cuenta que hablamos de un proceso, muy esperanzador, pero que no acabará nunca”, indica.

Tejedor valora que desde La Gomera se haya apostado por la participación directa de todos los sectores, un aspecto al que la Unesco otorga la máxima importancia. Y es que frente a la idea generalizada de que una Reserva supone un simple listado de prohibiciones, la presidenta del consejo deja claro que en realidad lo que se busca es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de un desarrollo sostenible con el medio natural.

De hecho, en el caso de La Gomera el espacio en el que la protección, y por lo tanto las restricciones, son máximas apenas supone el 16% del total y coincide con el Parque Nacional Garajonay. Pero en el resto del territorio el abanico de actividades a desarrollar es muy amplio y variado, siempre y cuando se tenga en cuenta un desarrollo que sea lo más respetuoso posible con el medio. Y es que el concepto de apostar por la conservación como valor máximo que se estableció en la década de los años setenta ha ido variando hasta la actualidad en el que se da más importancia a la relación del hombre y sus actividades con la naturaleza.

En todo el mundo existen 669 reservas repartidas entre 120 países. De todos ellos España es el que cuenta con mayor número de espacios con esta protección hasta sumar 47, un 10% del territorio total, en el que residen dos millones de habitantes. El título abre la posibilidad a acceder a una amplia línea de fondos y subvenciones que en muchas ocasiones son específicas de las reservas.

En estos cuatro años el Cabildo de La Gomera ha llevado a cabo una amplia campaña de divulgación por todos y cada uno de los rincones de la isla, se han celebrado reuniones de trabajo para conocer otras experiencias o encuentros con los distintos sectores para pedirles que se involucren en esta tarea. Porque precisamente, un objetivo imprescindible es que las distintas entidades públicas y privadas incorporen acciones que desarrollen a lo largo del presente año los objetivos de la Reserva.

Los valores que hicieron a La Gomera acreedora de este título no son en absoluto menores: altos índices de biodiversidad, contar con la mayor y mejor conservada extensión continua de monteverde y de los palmerales canarios o la mayor extensión de sabinar y magníficas representaciones de vegetación rupícola, que es la que crece en las piedras. En el caso concreto de La Gomera, la Unesco tuvo en cuenta que la isla es uno de los territorios de la Unión Europea (UE) con mayor número de endemismos por kilómetro cuadrado.

El Plan Estratégico de la Reserva de la Biosfera debe ser el instrumento que permita abordar los principales problemas a los que se enfrenta el territorio: la erosión, las especies invasoras, residuos, abandono del medio rural o la presión urbanística. Cuando hace cuatro años la isla recibió esta declaración el Garajonay ya era un parque nacional, la isla estaba incorporada a la red de espacios naturales protegidos, a la Red Natura 2000, contaba con el Plan Insular de Ordenación y se había adherido a la Carta Europea de Turismo Sostenible. Con lo cual las bases estaban ya sentadas.

Desde el punto de vista técnico la zonificación se distribuye en un núcleo, que es el mejor conservado y abarca 13.134 hectáreas de las que 11.595 es terrestre y el resto se extiende sobre el mar. Luego está la zona tampón que busca aminorar los impactos sobre el núcleo central con 19.070 hectáreas y finalmente la de transición con 52.317 y con un nivel más reducido de conservación. Cada una de las cuales, por lo tanto, en mayor o menor medida cumple las funciones de conservación desarrollo socioeconómico y de apoyo logístico.

Cuatro años después el paso fundamental que debe dar ahora La Gomera es elaborar el nuevo Plan Estratégico. Sus objetivos son dinamizar esta figura, recuperar, optimizar y mantener el sector primario, mejorar la calidad de vida de los habitantes, fortalecer y diversificar el tejido empresarial y crear empleo, mejorar la calidad ambiental y paisajística, conservar y usar el patrimonio natural y cultural y promover la sostenibilidad turística.

Por lo tanto el trabajo que ahora mismo desarrolla Aider, entidad con la que el Cabildo ha firmado un convenio para, entre otros objetivos, apoyar la gestión y la coordinación entre Estrategias de Desarrollo Sostenible de la isla, es la actualización del diagnóstico, la validación de resultados esperados y actividades o priorizar las que se deben ejecutar por sectores.

A lo largo de estos cuatro años se ha constituido el Consejo de Participación en el que están representados el mayor número de sectores económicos y sociales de la isla. Ha ocurrido lo propio con el Científico, integrado por personas de reconocido valor académico en materias como la biología, historia, economía, edafología o geografía y el Rector que es el órgano de gobierno.

En este tiempo se ha insistido en cambiar la mentalidad mayoritaria de que la Reserva de la Biosfera es una figura que se limita a prohibir e imponer restricciones. Para compensar este concepto se optó por incidir en los aspectos más positivos de manera que los gomeros sean conscientes del orgullo que supone ostentar el título y los beneficios que trae aparejados. Entre ellos contar con una efectiva marca turística que atrae a los visitantes preocupados por el medio ambiente.

A lo largo de estos cuatro años el mensaje lanzado desde el Cabildo es que este título contribuye a dinamizar la economía y el empleo o que La Gomera se ha convertido en un laboratorio sobre el desarrollo equilibrado. La importancia de promover los espacios naturales protegidos como elementos positivos o las oportunidades que se le abren a la isla en cuanto al desarrollo de una agricultura ecológica única.