Hay algo terrible en ese vídeo en el que, el entonces líder de las Nuevas Generaciones del Partido Popular, Pablo Casado, habla de la izquierda carca, de las batallas del abuelo y de “las fosas de no sé quién”. Si alguien se detiene a contemplar las imágenes podrá comprobar que sus frases más duras, contra las víctimas del franquismo, no son fruto de la improvisación. Unas fracciones de segundo antes de pronunciarlas sus ojos buscan argumentario en las hojas que ha colocado sobre el atril, así que las agresiones hacia quienes padecieron la dictadura están perfectamente premeditadas.

Aquel joven líder de las juventudes de la derecha española es hoy el máximo dirigente de una fuerza política fundada por un ministro de la dictadura, Manuel Fraga; una organización surgida de varias corrientes franquistas que se unificaron al grito de “¡Franco, Franco, Franco!”.

Durante muchos años de recuperada democracia, la derecha mayoritaria española no encontraba su encaje en un electorado que, de forma mayoritaria, había decidido distanciarse timoratamente del franquismo. Sacar a Fraga de la candidatura a la presidencia del Gobierno y renovar las siglas fue el principio de su estrategia para escenificar una lejanía con el régimen; un distanciamiento que nunca ha sido real. Su problema era carecer de una biografía de lucha por las libertades, algo que lastraba la carrera política de José María Aznar hasta que descubrió que el enfrentamiento con el terrorismo de ETA podía proporcionarle un sucedáneo de esa lucha y paliar las numerosas carencias biográficas de su pasado democrático. 

Todas esas operaciones de marketing político envolvían las subvenciones a la Fundación Franco que concedió el Gobierno de mayoría absoluta de Aznar durante tres años; las declaraciones de Rafael Hernando asegurando que había víctimas del franquismo que sólo se acordaban de sus padres cuando había dinero (nada más fascista que quitar los atributos de la humanidad a personas de otras ideas); o consentir que alcaldes populares de algunas localidades (Baralla, Lugo, 2013) asegurasen que “los condenados a muerte por Franco se lo merecían”, sin que desde la calle Génova se le sancionase en modo alguno. 

La llegada de Pedro Sánchez al Gobierno y su intención de corregir la ley de la memoria llevó a Pablo Casado a anunciar en septiembre de 2018 la presentación en el Congreso de los Diputados de una ley de la concordia. El recién elegido presidente del Partido Popular tenía pensado hacerlo a principios de diciembre de 2018 como forma de conmemorar los 40 años de la Constitución. Pero los resultados de las elecciones andaluzas, que sorprendentemente le dieron a su partido la posibilidad de gobernar, recolocaron sus prioridades y corrió a convertir la llegada del PP al gobierno andaluz en su primera victoria personal. 

Ahora, cuando el texto del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática llega al Congreso y se acerca un nuevo aniversario de la Constitución, Pablo Casado retoma su proyecto de ley de la concordia, basado en una falsa definición de esa palabra y en un inmenso bulo acerca de las reparaciones que el estado democrático ha dado a las víctimas del franquismo; o sea, una forma de decir “basta de memoria”. 

Uno de los grandes argumentos de Casado es económico y también uno de los grandes bulos. Computa, por ejemplo, las pensiones que miles de viudas republicanas comenzaron a recibir en 1979, cuatro décadas después de haber enviudado, como reparaciones por haber padecido la represión, cuando se trata de derechos pasivos que no dependen de la causa de la muerte sino del deceso del cónyuge. Ninguna viuda de los miles de desaparecidos por la represión franquista ha percibido un sólo céntimo del Estado como reparación por haber padecido el crimen más terrible que se puede cometer contra un ser humano. Jamás diría Casado que una viuda por un acto terrorista estuviera reparada con el simple cobro de su pensión de viudedad, algo que muestra que su idea de la concordia es negar el pan y la sal a las familias que fueron arrasadas por la represión.

Pretende Pablo Casado llamar concordia en una tremenda falta de respeto a esa palabra, a un ejercicio carente de la más mínima compasión hacia quienes todavía buscan a sus seres queridos en las cunetas y lo hacen sin contar con un Estado que ni siquiera, en la nueva ley que prepara, pretende crear una institución que atienda directamente a las familias y prefiere subrogar esa responsabilidad en las asociaciones. 

La concordia de Pablo Casado es sólo un intento por restaurar el relato idílico de la Transición y volver a decir a los electores que no estuvieron allí, que todo quedó reconciliado y bien reconciliado y que quienes están todo el día con la batalla del abuelo y las fosas de no sé quién sólo pretenden dividir a la sociedad y generar discordia. 

Lo cierto es que la falta de humanidad y compasión de la derecha española es un síntoma de ignorancia de los derechos humanos, que es lo mismo que decir de falta de valores democráticos consistentes. Su firmeza en impedir que las familias de miles de desaparecidos por la represión franquista puedan darles una sepultura digna, forma parte de su compromiso con que permanezcan ocultos los crímenes de la dictadura y cerrar el recorrido político hacia el pasado en 1978, como si la derecha española hubiera nacido por generación espontánea con la aprobación de la Constitución y no tuviera un pasado fundado en el secuestro de las elecciones democráticas durante cuatro décadas, la ejecución de miles de asesinatos, la persecución de opositores políticos y morales y un inmenso saqueo económico que sigue estructurando nuestra sociedad en el presente. 

Más allá de que el Partido Popular pretenda sobreactuar frente a la reforma de la Ley de la Memoria que prepara el Gobierno, que no lleva en su texto ninguna amenaza para el estatus de las élites con descendencia directa del franquismo, su uso de la palabra concordia esconde más de lo mismo: más impunidad para el franquismo, volvieron a clausurar el pasado como algo ya resuelto; más fabricación de ignorancia en los centros de enseñanza, con respecto al pasado de la dictadura; más familias de desaparecidos viviendo el drama de morir sin haber podido dar una sepultura digna a un ser querido; más mentiras económicas acusando a los “rojos” de haber recibido sobrados recursos del Estado; más invisibilidad de la jerarquía de la iglesia católica, que también tiene responsabilidad sobre la represión; mas discriminación entre víctimas de crímenes violentos, dejando a las del terrorismo en un vagón de primera y a las del franquismo en uno de tercera; más relato de la transición como punto de llegada y no como punto de partida. 

La concordia es el Estado que se alcanza entre partes que litigan, se reconocen y acuerdan. En una democracia los términos de esa conformidad deben partir del rechazo a la dictadura, de la condena del franquismo y del respeto y la reparación a sus víctimas. Pero lo que el Partido Popular llama concordia es negar que sea necesario ser antifranquista si se es demócrata; negar que existen miles de víctimas de la represión sin reparar y querer envolver algo que en otros países es un delito, el negacionismo con una palabra que etimológicamente significa junto al corazón, asociándola a una ley que está muy lejos de él.

“La comisión constituida para reunir fondos necesarios para el sostenimiento de las milicias de Falange que tan importante servicio prestan de guarnición y vigilancia nocturna en esta Villa y para cooperar al triunfo del Ejército que representa la salvación de España de manos del comunismo ruso ha estimado procedente señalarle a usted para dichos gastos la aportación de la cantidad de 75 pesetas que deberá ingresar en el plazo de tres días y por cuyo pago quedaremos muy reconocidos. Villafranca 28 de agosto de 1936”.

Con escritos como este, firmados por un alcalde golpista, la falange de Villafranca del Bierzo extorsionó a Emilio Silva Faba, un comerciante progresista, de 44 años, padre de seis hijos, que había sido interventor autorizado notarialmente para representar al partido de Manuel Azaña, Izquierda Republicana, en las elecciones generales del 12 de febrero de 1936.

Así lo obligaron quienes serían sus asesinos, a financiar su asesinato, una vez que se hicieron con el poder local por la fuerza de las armas y sembraron algún cadáver por las cunetas cercanas. Eliminaban adversarios políticos y utilizaban sus cuerpos sin vida abandonados a la intemperie, como superconductores del terror, como megáfonos de la deshumanización sin límites que había tomado el poder de las instituciones, capaz de sacar de la vida a los vivos y de una muerte digna a los muertos.

Silva Faba pagó sus imposiciones y vio como le eran confiscadas caprichosamente los haberes de su tienda de coloniales, por falangistas que pasaban “a saludar”. Se mantuvo al lado de su familia pensando que la situación se resolvería y volverían los tiempos en que la política se había hecho con papeletas y no con pistolas. 

Él nunca escuchó cañonazos de esa guerra en la que decían que murió, porque donde él vivía nunca hubo dos ejércitos enfrentados, ni una trinchera frente a otra, ni movimientos de artillería, ni bombardeos. 

A Emilio Silva Faba lo secuestraron y lo asesinaron como a Miguel Ángel Blanco, pero sus asesinos franquistas fueron más terribles e hicieron desaparecer su cadáver para negarle la honra de una tumba y multiplicar el padecimiento de su familia. Lo detuvieron ilegalmente el 16 de octubre de 1936. Su mujer, Modesta Santín, se movió rápidamente para buscar ayuda, para que alguien pudiera sacarlo de los calabozos del Ayuntamiento antes de que le reventara la cabeza un tiro de gracia, de noche, a quemarropa, hecho por un brazo vestido con una camisa azul y correajes, en una cuneta. 

Las gestiones de su mujer no obtuvieron piedad, ni compasión. Esa misma noche lo sacaron del sitio en el que estaba detenido, en el remolque de un camión, con otros 12 hombres, recogieron a dos más por el camino, y asesinaron a todos ellos, menos a Leopoldo Moreira, que consiguió escapar. Eran trabajadores, civiles, buena gente asesinada por quienes representaron la “salvación de España de manos del comunismo ruso”. 

Hasta ahí su muerte se parece a la de Miguel Ángel Blanco, a la de otras tantas violencias, pero para su familia, sólo fue el principio. Emilio no vio cómo a la familia que dejaba en este mundo le terminaban de despojar de todos sus bienes. No vio cómo su hijo mayor, que se llamaba como él, abandonaba la escuela, recién cumplidos los 10 años, muerto de pena y de angustia, para ofrecer sus brazos en cualquier faena que pudiera permitir llevar a casa una hogaza de pan o cualquier otra cosa que llevarse a la boca. No vio cómo su viuda padecía ataques de pánico, y caía paralizada al suelo, rodeada de sus seis hijos, que no podían salir a pedir ayuda porque había toque de queda y antes de preguntar, las milicias de Falange disparaban. Tampoco vio a sus asesinos pasar frente a la casa cuando iban de caza, con una escopeta al hombro y la sorna de sentirse respaldados por el enorme aparato represor de la dictadura. 

Tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, este país se llenó de cunetas escondiendo crímenes, de asesinos sentados en despachos institucionales, de violadores que aparecían en listados de nombramientos en el Boletín Oficial del Estado, y de víctimas sosteniendo sobre sus hombros una estructura social que construyó para ellas un apartheid en el que los azules disfrutaban de las dádivas del Régimen y los rojos les servían bien callados, agachando la cabeza y dando las gracias por estar vivos. 

El daño que padecieron estas familias fue durante años el orgullo del Régimen, el renglón en mayúsculas y negrita en el currículum de miles de asesinos que crearon un país a su imagen y semejanza. Una sociedad miserable, corrupta, orgullosamente inculta y sostenida sobre la sangre, el sudor y las lágrimas de las miles de familias que soportaban sobre sus hombros y su esfuerzo la riqueza que disfrutaban los vencedores.  

Cuando terminó la dictadura, la mayoría de los señoritos satisfechos del franquismo borraron de su currículum esos renglones que habían exhibido durante décadas y como tenían hijos en los partidos de oposición al Régimen nunca se sintieron amenazados por el regreso de la democracia, en la que no creían, pero sí se les permitía quedarse con sus privilegios, las decenas de miles de puestos de trabajo en la administración, los miles de pisos propiedad del Estado que pasarían a ser suyos, y la justicia, la policía y el ejército seguían intactos, pues adelante. 

Lo que Emilio no vio que le pasaba a su familia no lo vio este país durante décadas. Los asesinos, los jefes de los asesinos, y los descendientes de los asesinos se encargaron de que no se conociera. No estaría en los libros de texto, ni en la televisión pública, ni en los juzgados, ni se debatiría en los parlamentos, ni en los ayuntamientos y harían sobrevivir la idea de que hacía falta un golpe de Estado para terminar con los supuestos desmanes de la república.

Pero el 21 de octubre de 2000, en una cuneta de un pequeño pueblo del Bierzo comenzaron los trabajos de exhumación de una fosa con los restos de 13 hombres asesinados por pistoleros de falange 64 años antes. Y una prueba de ADN determinó que allí estaban los restos de Emilio Silva Faba, con sus dos orificios de bala, oculto bajo la tierra, lejos de donde sus antepasados habitaban la muerte. 

Cuando eso ocurrió jamás se había debatido en el Congreso de los Diputados nada sobre los desaparecidos del franquismo. Durante 25 años las familias de los miles de desaparecidos no tuvieron una voz parlamentaria que las representara. Se acostumbraron a escuchar que ya nos habíamos reconciliado en la Transición, como si tras la muerte del dictador hubiera terminado una guerra y no una dictadura de 40 años. 

Cuando aquellos metros cuadrados de tierra mostraron su terrible secreto, los plenos del Congreso y del Senado no habían hecho una condena de la dictadura y el Gobierno no había redactado una declaración institucional condenando al franquismo y reconociendo a sus víctimas. Tampoco había sido juzgado un solo responsable de aquellos crímenes. Veinte años después y con más de 9.000 asesinados recuperados de las fosas, nada de lo que enuncia este párrafo ha ocurrido. 

Cuando los asesinos han muerto en la cama en democracia y las víctimas han muerto añorando los cadáveres de sus seres queridos, desaparecidos en las cunetas, es fácil determinar la disfuncionalidad de la democracia actual española. Mientras las víctimas de “quienes querían romper España” han recibido verdad, justicia y reparación, las víctimas de los que asesinaban por “una España grande y libre” no han obtenido un miligramo de justicia, de verdad, ni de reparación. 

Mientras no haya una Ley de Memoria Antifranquista, mientras el Estado y todas las instituciones que lo conforman no rechacen la dictadura firme y contundentemente; mientras no saque a las víctimas del franquismo del vagón de tercera para sentarlas junto a otras víctimas de otras violencias en el de primera, esta democracia estará muy lejos de la ejemplaridad cacareada por quienes defienden que todo quedó resuelto en la Transición. La salvación democrática de España supone reconocer y tratar con dignidad y garantizar los derechos a las buenas y a los buenos españoles que todavía están en las cunetas.

Principios de diciembre de 2004

Isabel González entra en el Complejo de la Moncloa, casi setenta años después de que su hermano Eduardo se hubiera entregado a la Falange de Palacios del Sil (León); esa que le había prometido a su padre que no tomaría represalias porque no tenía delitos de sangre. Tras hacerlo nunca más se supo de su paradero. 

Isabel había vivido en el exilio y llegaba en diciembre de 2004 ante una comisión del Gobierno para la memoria histórica. Iba a exigir lo mismo que había reclamado ante la Sociedad de Naciones, el antecedente de la ONU, en Ginebra, a principios de la década de los 40. “Quería que hicieran algo para saber el paradero de mi hermano, pero los franquistas respondieron que en España no había desaparecidos y que sólo había bandoleros” (la denominación del franquismo para los guerrilleros antifranquistas que resistían y luchaban contra la dictadura).

En la reunión en la Moncloa, Isabel tuvo que escuchar la petición de un asesor de la vicepresidencia que propuso a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) que dejara de hacer exhumaciones y buscar desaparecidos mientras elaboraban la ley.

Verano de 2006

María Teresa Fernández de la Vega, responsable de la elaboración de la Ley de la Memoria en el gobierno de Zapatero, hace un viaje a Paraguay y asiste a la celebración del segundo centenario de la independencia del país. Allí, el presidente del Parlamento, Miguel Carrizosa, la presenta como hija de un alto funcionario del franquismo. Cuando ella coge el micrófono lo niega y asegura que su progenitor fue un represaliado de la dictadura.

Lo cierto es que su padre, Wenceslao Fernández de la Vega, es apartado de su puesto en el Ministerio de Trabajo, terminada la guerra y unos años después es readmitido en el ministerio, que para entonces era prácticamente propiedad de Falange, y llega a ser nombrado delegado de Trabajo en Zaragoza, a recibir una condecoración del 18 de julio de 1971, firmada y concedida personalmente por el dictador, y su familia disfruta de privilegios como licencias de explotación de saltos de energía eléctrica en la cuenca del Tiétar, cuyas participaciones heredadas vendió la ex vicepresidenta del Gobierno en octubre de 2016.

26 de diciembre de 2007

El BOE publica la Ley de la Memoria 52/2007, por la que el Estado decide no responsabilizarse de la búsqueda de los desaparecidos y asume “facilitar las cosas”. Pero, ¿los derechos humanos o la reparación a las víctimas del terrorismo en una democracia se facilitan, que no significa nada, o se garantizan?

En el verano de 2006, Isabel González murió esperando a un Estado que nunca quiso buscar a su hermano, porque la versión oficial era que nos habíamos reconciliado en la Transición y todo había quedado resuelto. Murió como tantas miles de personas esperando a que el Estado girase la cabeza y dejara de ignorarlas, con el eco de las palabras del asesor De la Vega, pidiendo que se detuvieran las exhumaciones y eso habría ocurrido durante tres años.

29 de julio de 2020

El Boletín Oficial del Estado anuncia la convocatoria de unas subvenciones del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, del que es titular la vicepresidenta Carmen Calvo, para ayudar en la búsqueda de las personas desaparecidas por la represión franquista.

Han pasado años de exhumaciones promovidas por la sociedad civil; han muerto miles de isabeles, con la angustia y el dolor de no haber dejado dignamente enterrados a sus seres queridos, y la ONU ha publicado dos informes contundentes señalando la discriminación de las víctimas del franquismo que han llevado a cabo todos los gobiernos de la democracia. Pero el Gobierno PSOE-PODEMOS quiere resolver el problema de los miles de desaparecidos por la dictadura con unos miles de euros de subvenciones que podrán servir para ayudar a unos pocos, pero que seguirán condenando a ser víctimas de tercera a las familias de quienes no apoyaron el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y fueron asesinados y mal enterrados por los fascistas que durante años ilegalizaron y pisotearon libertades que hoy consideramos fundamentales.

¿Por qué han sido tan molestas las víctimas del franquismo? Quizá porque todos y cada uno de los gobiernos de la recuperada democracia, hasta 2011, han estado repletos de hijos e hijas del régimen. ¿Por qué las bases del PSOE están directamente emparentadas con las víctimas pero sus Consejos de Ministros se nutrían de descendientes de franquistas? Una de las causas de la impunidad del franquismo es la estructura social. En los años 50, 60 y principios de los 70 quienes mayoritariamente acudían a las universidades eran hijos e hijas del régimen, y aunque tuvieran diferentes ideologías, compartieron privilegios y lazos familiares.

Verano de 2020

Pedro Sánchez lleva dos años residiendo en La Moncloa, dos años en los que muchas isabeles han dado su último suspiro con el dolor y la culpa de no haber podido darles a sus hermanos, padres, madres o tíos una sepultura digna. Y ahora el Gobierno dice que no quiere atender directamente a las familias, que pondrá dinero para ayudar a las asociaciones, con lo cual la responsabilidad señalada por la ONU cuando le dice al Estado español que la “sepultura digna es un derecho absoluto” y que se ha comprometido a garantizarlo al firmar diferentes tratados internacionales, es papel mojado.

¿Qué le cuesta al Estado constituir un organismo que atienda a las familias de las personas asesinadas por los franquistas, a todas las familias, como ha hecho con las víctimas del terrorismo o con las familias de los muertos de la División Azul? ¿Por qué insiste en no atenderlas personalmente y subvencionar a colectivos que se encargan de repararlas? ¿Qué se puede sentir en un país donde hay gente que discute si los seres humanos deben o no deben estar enterrados dignamente, si las familias tienen o no tiene derecho a saber? ¿Por qué en más de 40 años de recuperada democracia ningún presidente del Gobierno ha hecho en territorio español un acto público y notorio con las víctimas de la represión franquista y con quienes lucharon por el regreso de la democracia?

El atado y bien atado de Francisco Franco era una estructura social construida sobre la violencia, la corrupción y un aparato del Estado ocupado casi en exclusividad por adeptos y filofranquistas. Esa es la herencia que recibe la recuperada democracia y que la izquierda parlamentaria (especialmente el PSOE y el PCE, que nunca se han disculpado ni explicado) aceptó prácticamente sin rechistar. Con el lote iban una falsa reconciliación y una amnistía relatada como una conquista de la oposición al régimen que sellaba la impunidad para los franquistas.

En ese marco fundacional las víctimas del franquismo debían permanecer calladas hasta su muerte y su memoria tenía que haber permanecido en silencio hasta su extinción. Eran incómodas y sobre su sufrimiento se levantaron privilegios, grandes patrimonios y carreras políticas. Por eso el Estado nunca ha llamado a su puerta. Porque ha preferido desatenderlas sin mirarlas a los ojos, subvencionando pequeñas reparaciones, para que sigan muriendo con sus pequeñas memorias y sus grandes silencios. Y parece que en esta ocasión, las políticas de memoria pretenden seguir la misma hoja de ruta, subvencionando atenciones casi asistenciales, pero sin poner clara y visiblemente al Estado de su parte.

Me llega por Whatsapp el enlace de un tuit del escritor Manuel Vilas en el que leo: “Lo más antirracista que ha existido, existe y existirá en este mundo es el rigor intelectual. Derribar una estatua de Colón es un insulto al rigor intelectual. Ustedes verán”.

Considerando ese “ustedes verán”, como una invitación a la reflexión, se puede valorar por qué alguien afirma con esa rotundidad que el rigor intelectual defiende el mantenimiento de las estatuas de Colón, ya que no parece evidente que deba ser así por los siglos de los siglos. Desde ese punto de vista, el rigor intelectual funcionaría como una especie de espíritu de la Transición, un valor absoluto, evidente, consistente, incuestionable, un lugar del pensamiento al que deben llegar todas las reflexiones, algo parecido a un dogma de la racionalidad.

Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, con las estatuas de esclavistas y colonizadores, es la consecuencia de un pasado no resuelto, de espacios públicos que no representan las transformaciones y las evoluciones sociales, y rechazarlo como una evidencia parece un acto simplista, eurocéntrico y conservador.

Las representaciones que se ofrecen en plazas, pedestales, denominaciones de calles o edificios públicos son normalmente el resultado de correlaciones de fuerza y a menudo tratan de ocultar las vergüenzas del poder, de que las élites impongan su presencia en espacios colectivos. ¿Cómo es posible si no que tengamos un museo que se llame reina Sofía o numerosos espacios dedicados a un jefe de Estado comisionista como Juan Carlos de Borbón; o que decenas de hospitales en España lleven nombres de personas de esa misma familia?

Que un grupo de manifestantes decidan decapitar o derribar una estatua de Cristobal Colón tiene que ver con que la ocupación de ese espacio por ese personaje histórico atenta contra los derechos humanos, contra el desarrollo de la dignidad colectiva.

Las generaciones institucionalizan de diverso modo sus hechos históricos y políticos y su asentamiento en espacios públicos es una demostración de fuerza. Pero, si a menudo representan la imposición de una idea, en numerosas ocasiones ocultan una mentira. ¿Qué es el monumento a las víctimas del COVID-19 inaugurado por el Partido Popular en Madrid sino una forma de esconder las consecuencias de su política sanitaria?

Que alguien viaje de un sitio a otro y se detenga en un lugar que no conoce no le autoriza a asegurar que lo ha descubierto. Colón fue la llave que abrió el inicio de un terrible proceso para las poblaciones y culturas del continente americano. Abrió la puerta a una cultura que expulsaba al diferente y que supuso la globalización de la inquisición, el exterminio de cientos de miles de seres humanos y el saqueo de las riquezas de muchos pueblos para el sostenimiento de un antiguo régimen español que todavía no ha sido superado del todo en pleno siglo XXI.

Las plazas y pedestales deben ser altares civiles, espacios de celebración de personas o hechos históricos o culturales que construyeron un bien común. Pero muchas veces son imposiciones, y de vez en cuando el pueblo hace su ajuste de cuentas y recoloca esos espacios cuando ofenden derechos fundamentales y se requieren otras representaciones que no hieran o atenten contra valores que construyen nuevas dignidades.

Vimos hasta la extenuación el derrumbe en Bagdag de la estatura de Sadam Hussein cuando las tropas enviadas por George W. Bush conquistaron la capital iraquí. Vimos en la película La mirada de Ulises (Theo Angelopoulos, 1995) ese gigantesco busto de Lenin vagando en la posguerra fría en un barco en busca de un puerto. O lo que ocurrió con la retirada de la última estatua ecuestre del dictador Francisco Franco en Madrid; hecha de noche, entre semana, y cubierta con una fantasmagórica tela blanca, como si se le quisiera evitar la vergüenza de ver cómo era expatriado del espacio que él mismo había decidido para subirse a un pedestal.

El rigor intelectual tiene el deber de razonar con los cambios sociales, con los viejos y los nuevos significados; incluso con la caducidad de los significantes.

Las estatuas son anclajes con los que se quiere imponer la permanencia de un hecho o de un personaje en el tiempo. Lo que debería reclamar del rigor intelectual el ataque de estatuas de Colón o de poderosos esclavistas es un diálogo y quizá un cambio de visión de lo que supuso para el mundo 1492. Las estatuas tratan de imponer los relatos del pasado y en general son anclajes con los que el poder trata de conquistar el futuro.

Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, lo que ha pasado en España con las calles y espacios franquistas, son procesos de democratización de los espacios, son formas de conversación con el pasado y entre sus respuestas está el rechazo a su existencia; algo que no cambia el pasado pero que reajusta su significado.

La palabra rigor junto a la palabra intelectual parece tratar de imponer algo inflexible, severo, incuestionable. Pero esa supuesta superioridad moral que las une debe bajar de su propio pedestal para dialogar con los conflictos sociales. Y tiene que hacerlo a partir del imperativo categórico de respetar a las víctimas de la historia, ya sean descendientes de los afroamericanos esclavizados en Estados Unidos, afines a un hombre que muere asfixiado por la rodilla de un policía o familiares de víctimas de la dictadura franquista, que reclaman al Estado que repare el daño que sufrieron. Y si hay una estatua más o una estatua menos o quienes se sienten interpelados o atacados por ella deciden derribarla, pintarla o pedir su retirada, lo importante es el proceso que mejora la protección de los derechos humanos y que los espacios públicos representen avances colectivos.

La primera imagen reciente que vimos de Antonio González Pacheco, el torturador de la policía franquista conocido popularmente como Billy el Niño, estaba corriendo una maratón o varias; se le vio con el dorsal 9141, con el 1150; vital, manteniéndose en excelente forma física. Había vivido durante décadas fuera de los focos, de la atención pública; por eso es tan peligrosa la memoria histórica, porque guarda hechos, señala, es significante y significado.

González Pacheco había disfrutado de unas excelentes décadas en democracia, viviendo de la seguridad privada, con una holgada situación económica, manteniendo una cordial y estrecha relación con oficiales de la Policía Nacional, que le invitaban a las fiestas del cuerpo y para la que en muchos casos ha sido un policía ejemplar. Y siempre relacionado con grandes empresas que hundían sus raíces en los años de la dictadura, esa máquina de corrupción política y económica que nunca ha detenido su cadena de producción.

Ese hombre sano y practicando ejercicio, que había descarnado a militantes que se oponían a la dictadura, a estudiantes que descubrían la política, a homosexuales que eran para el franquismo peligrosos sociales, era un paradigma de la democracia española, de la transición ejemplar, de la buena vida que han tenido las élites franquistas y sus camadas negras tras la muerte del dictador, que lo dejó todo atado y bien atado.

González Pacheco sirvió en sus últimos años de vida para poner rostro a una realidad de la que formaban parte miles de españoles, ya fueran torturadores como él, empresarios que redactaban grandes contratos que luego se firmaban, previa comisión, bajo la lucecita de El Pardo; catedráticos que denunciaban a estudiantes y profesores; chivatos de todas las especies, incluidos sacerdotes; estómagos agradecidos, gente que miraba para otro lado, y toda una maquinaria social dedicada y destinada a mantener el control y garantizar ese enorme negocio político y económico que fue para unos pocos la dictadura.

Nada de eso desapareció el 20 de noviembre de 1975, ni se evaporó, ni emigró, ni se arrepintió. Simplemente cambió su estrategia. Rodolfo Martín Villa, el hombre que condecoró a Billy el Niño el 13 de junio de 1977, dos días antes de las primeras elecciones generales tras la muerte del dictador, orquestó en esos años la destrucción de millones de expedientes, pruebas y contratos fraudulentos, currículums de empresarios y de trepas del Movimiento, para dejar documentada una versión de la dictadura amable, una “verdad más cómoda” de una realidad que luego venderían con la narrativa ejemplar de la Transición como una realidad predemocrática.

La bonanza en democracia de José Antonio González Pacheco ha sido la de muchos otros. Un amplio grupo social que se resistió a los avances hacia la democracia hasta que pudo comprobar que disfrutaba de impunidad y tranquilidad con los primeros gobiernos socialistas, y decidió camuflarse colectivamente en la derecha española, esa que nunca ha condenado la dictadura por coherencia con su pasado, y que se ha quitado el traje de camuflaje en los últimos años cuando ha sentido la excitación del proceso catalán y la llamada a la cruzada cuando la izquierda ha decidido profanar los lugares santos y mover las reliquias del franquismo.

Pero mientras Billy el Niño se entrenaba para sus maratones, se tomaba el aperitivo de los viernes con algunos gerifaltes de la policía y atendía sus negocios, los hombres y las mujeres que lucharon contra el franquismo, los antifascistas que fueron los primeros europeos en enfrentarse al fascismo, morían en silencio, ignorados por el Estado, sin más medalla que el reconocimiento de sus compañeros de militancia e incluso abandonados por las fuerzas políticas a las que habían pertenecido, que con la Ley de Amnistía de 1977, aprobada con los votos del PSOE y del PCE, garantizaron muchos años de tranquilidad para los violadores de derechos humanos del franquismo y todos sus beneficiarios.

En el año 2004, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica coorganizaba en Rivas Vaciamadrid un homenaje a las republicanas y republicanos que lucharon contra el fascismo. El cuartel general en el que se preparaba el acto estaba en la sede de la Fundación Contamíname. Una noche, dos días antes la celebración en la que fueron reunidas 741 personas octogenarias de todo el Estado, una mujer llamó para decir que podía llevar a su padre al homenaje pero como trabajaba en un turno de noche no podría recogerlo. Entonces alguien de la organización llamó al padre; era un hombre de Zaragoza, militante comunista, que había estado 12 años en las cárceles del franquismo. Tras contar una parte de su historia preguntó si tenía que adelantar el pago de la habitación de hotel en la que iba a dormir. Y cuando su interlocutor le dijo que el Ayuntamiento invitaba a los homenajeados, el hombre se echó a llorar. Nadie en este país le había gritado 'gracias', nadie había escrito con cursiva y mayúsculas su nombre en un Boletín Oficial del Estado, nadie le llevó a un instituto a contar su historia para educar y reforzar los valores democráticos de quienes hoy hacemos uso de las libertades, nadie le condecoró públicamente, le compensó económicamente, como sí ha hecho la democracia durante más de 40 años con el torturador.

La foto del maratón de José Antonio González Pacheco era un espejo enmarcado por las medallas que recibió por sus servicios especiales y que han incrementado, con el dinero de un Estado democrático, su sueldo y su pensión durante cuatro décadas. Detrás de él han sido miles, miles de dorsales de franquistas que han corrido plácidamente en 40 años de democracia, han llegado a la meta y se han subido al pódium de la impunidad.

Billy el Niño ha muerto como todos ellos sin ser juzgado, sin ser condenado, sin sentir como amenaza para su estatus de torturador la labor de la justicia en un país democrático. Ha sido él y miles más. Han conservado los bienes que robaron a punta de pistola, los puestos de funcionarios repartidos caciquilmente, las grandes empresas edificadas sobre la corrupción del franquismo, la ignorancia sobre las violaciones de derechos humanos de la dictadura fomentada en las escuelas, la falta de periodismo de investigación que haya desentrañado sus redes de influencia y corrupción política y el miedo en muchas de las víctimas. Él sufrió en los últimos años la aparición pública de su cara y su presencia en algunos medios. Pero en el gigantesco cementerio de la impunidad española será uno entre miles. Decía un hispanista inglés que el gran mal de nuestra sociedad era “no saber no perdonar”. Y en esas estamos.

La generación que llegaba a la adolescencia tras la muerte del dictador vio como un milagro el regreso a España de exiliadas como Rosa Chacel, María Teresa León, Rafael Alberti o María Zambrano. Eran una especie de seres mitológicos, mágicos, que regresaban con el poder de su memoria, de sus obras anteriores a la dictadura, con sus voces exiliadas, sus cabellos canos, repletas de sabiduría.

Durante los primeros años de la Transición, las élites necesitaban a los escritores, les eran útiles, porque su regreso ayudaba a legitimar el proceso de cambio. Su presencia pública no intervenía en las relaciones del poder y muchos habían decidido acogerse a la política de reconciliación nacional, por lo que su perfil de confrontación con los franquistas estaba muy por debajo de su deseo por consolidar el regreso de la democracia. Hasta Gloria Fuertes tuvo una sección en el programa de TVE “La cometa blanca”.

La llegada del Guernica de Picasso, en septiembre de 1981, a un país en el que necesitó ser protegido por un grueso cristal blindado, se sumó a esa escenificación en el que el regreso de la cultura certificaba también el de la democracia.

Aun así, esa visibilidad contactó con una juventud que conocía las muertes de Lorca, Machado y Miguel Hernández, que había escuchado y sentido los vientos del exilio, y que anhelaba que en algún lugar hubiera otra España que tenía que volver a restaurar los valores de la República y desalojar el franquismo.

En esos años la cultura fue un valor de prestigio, el esfuerzo por haberla adquirido, por aprender, por conocer, como una herencia de otra hambre de la posguerra, la del conocimiento. Los telediarios de la única cadena de televisión con informativos entrevistaban escritores, contaban sus regresos, sus pasados de exilio o silenciamiento, pero allí estaban, visibles para quienes buscaban en los libros algo hermoso e indefinido.

Avanzaron los ochenta y con el asentamiento de su impunidad, de su control económico o académico, las élites franquistas quisieron recuperar las riendas de la cultura; unos porque verdaderamente la despreciaban y otros porque conocían sus efectos y guardaban memoria del cambio social que provocó en los años treinta.

De los informativos iban desapareciendo los minutos culturales, las presentaciones de libros, las entrevistas a escritores que visitaban nuestro país. Al tiempo, aumentaba la información económica, las crónicas diarias desde la bolsa, los minutos interminables dedicados al deporte. Nada era casual; el objetivo era modelar un nuevo país y la lectura, como herramienta para producir ciudadanía crítica, reflexiva, capaz de desvelar los mecanismos del poder y su visibilidad ya no era necesaria porque nacía una nueva legitimidad; la del consumo.

Y entonces nació un nuevo paradigma. En 1986 Fernando Fernán Gómez rodó Mambrú se fue a la guerra, en la que la hija de un topo republicano, que ha pasado toda la dictadura escondido en un agujero, acepta dejar a su padre encerrado para acceder a la sociedad de consumo por la pensión que va a cobrar si la mentira de su muerte se mantiene. Ese mismo año salta a las portadas de toda la prensa un nuevo modelo encarnado por Mario Conde; empresario joven, moderno, alejado de la imagen del viejo emprendedor franquista. Su presencia pública arrasó con la imagen del héroe cultural y político para articular el imperio de un nuevo superhéroe: el nuevo rico.

Y el mundo de la cultura se resintió, mantuvo su prestigio pero inició su camino hacia la marginalidad, un declive que no se ha detenido. Las políticas se van consolidando alrededor de los premios, todas las capitales van creando el suyo: de relato, de novela, de poesía, con esa locura con la que en los noventa todas las capitales de provincia tenían que tener un campus universitario, a veces inaugurado antes de que se construyera la biblioteca.

Ese sistema alienta y construye un panteón de escritores famosos, con columnas en grandes periódicos, caras expuestas en la televisión, y sobre esa realidad se va reconfigurando el mercado del libro, cada vez más concentrado en grandes empresas. Un modelo al que se acompasan las políticas de fomento de la lectura, con representantes institucionales que prefieren una buena foto, con alguien famoso, que un buen texto.

El concepto de poner un famoso en cada premio literario se extiende, se afianza, y en los márgenes de la realidad, en las cunetas del mercado, se van acumulando cada vez más voces; personas valientes, que han decidido comprometerse con vidas que nunca aparecerán en las páginas asalmonadas de un periódico, que se han comprometido con su voz, con su tiempo, y que son poco a poco abandonadas por periódicos, medios, editoriales potentes y premios programados. La sociedad comienza a confundir la cultura con el espectáculo.

En los años 90 se pusieron de moda escritores jóvenes, malditos, estéticamente rompedores. Recuerdo que una editorial de poesía, de las más importantes del país, llegó a solicitar en la convocatoria del premio una fotografía de quien se presentaba. El mercado era así, joven, rebelde sólo de aspecto y con imagen romántica.

Mientras eso ocurría en la superficie del mercado literario, en su subsuelo escribían las personas diferentes, las que usaban la escritura como Prometeo, para quitarles el fuego a los dioses y entregárselo al pueblo, las que hacían conscientemente textos minoritarios y ayudaban a construir diversidad, que es la gran fortaleza de una cultura. Personas que en un momento de sus vidas decidieron no bajarse del filo de la navaja, ser honestas con las cosas que contaban y asumir el enorme reto de tratar de vivir de un compromiso con la creatividad, la formación permanente y la inestabilidad vital; algo tan difícil en este país en el que durante siglos ha gritado o ha trabajado para que muriera la inteligencia.

Y el Estado, para el que la cultura debía ser un deber, que debía intervenir para limitar esa ley del más fuerte, de ese mercado que alienta y premia la fama por encima de la calidad literaria, se fue encogiendo; los ministros buscaron fotos con escritores famosos, centrados y concentrados en los grandes premios, sin vocación de garantizar la existencia de otras voces, de textos frágiles, de miradas y narrativas incómodas, desagradecidas con el poder, pero necesarias para fortalecer a la sociedad.

En los últimos años la gestión de las políticas dirigidas a las personas que escriben han mermado sus presupuestos, han puesto límites al número de escritores que pueden invitar los centros de enseñanza, han ido asfixiando a quienes han querido recorrer ese camino pensando que podrían evitar la angustia de que aparezca otro bolo, que le llamen de otro centro educativo o de que la pequeña editorial con la que publican no cierre sus puertas incapaz de enfrentarse a la voracidad de ese mercado.

La lectura es algo muy personal; tanto que, al escritor o escritora que lees le permites adentrarse en tu cerebro y editarlo, modificarlo, dirigir la orquesta de tus emociones, como cuando le pasas a alguien un texto en la nube y le autorizas a que haga correcciones. Me encantaría poder hacer un experimento y ver quién sería yo si me borraran todos los libros que he leído. Sería terrorífico y lo sería mucho más si esto se hiciera de forma colectiva.

El universo de lo escrito es la memoria del mundo, una palanca para que avance, para que sienta, para que las personas aprendan. Las instituciones públicas deben alentar ese bien, deben allanar el camino al frágil, para que existan matices, diversidad, pluralidad, para que las narrativas no sean la suma de lo que dicte o le convenga el mercado. Y en España esas políticas han ido muriendo; y eso nos hace cada día más unidimensionales, más predecibles, más programables, más incapaces de desarrollar otro sentido de la felicidad.

8 de julio de 2002. Mientras se está exhumando una fosa con los restos de siete republicanos en la localidad leonesa de Piedrafita de Babia, un representante de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) entra casi temblando al juzgado de Villablino, para poner una denuncia por desaparición forzada. Lleva en la mano impresa una resolución de la ONU, la 47/133, del 18 de diciembre de 1992, como argumento para solicitar por primera vez una investigación penal en torno a una fosa de asesinados por los franquistas. La jueza abre diligencias, hace tomar muestras de ADN y se ofrece a interrogar a algún posible participante en la ejecución. Así comienza un camino de empoderamiento de las víctimas del franquismo, que empezaron rompiendo el silencio y atreviéndose a enunciar, para después denunciar.

Agosto de 2005. La ARMH exhuma los restos de Severiano Rivas, alcalde republicano de Castro de Rei, Lugo, asesinado por los golpistas de 1936. Su hijo, Darío, entonces con 85 años, viaje de Buenos Aires a Galicia y entierra a su padre en un nicho en el que ha puesto una placa: “Papá: descansa en paz. Te lo pide tu niño mimado. Darío”. Setenta y nueve años después de que fuera asesinado, el octogenario niño mimado pudo darle a su progenitor una sepultura digna.

Marzo del año 2008. Rubén Efrón, psicoanalista argentino y activista por los Derechos Humanos celebra su cumpleaños en Madrid, rodeado de su familia y de amigos exiliados en España. Le regalan un libro y mientras desenvolvía el regalo le explican que se trata de las memorias de un poeta español, comunista, que había pasado 21 años en las cárceles franquistas, que igual no lo conocía pero que se llamaba Marcos Ana.

Entonces Efrón contesta: ¿Qué si conozco a Marcos Ana? E inmediatamente se dirige a dos de sus amigos: “Jorge, Ricardo, vení. ¿Me pregunta este pelotudo que si conozco a Marcos Ana ¿lo conozco?”

Esos tres amigos, compañeros de la facultad de Medicina de Buenos Aires, habían organizado en septiembre de 1963 un acto en la universidad para recibir a Marcos Ana, como se contaba en el libro que acababa de desenvolver. A la hora de la tarta, Efrón hizo una referencia a la historia de España y terminó diciendo que mucho de lo que él sabía de la dignidad lo había aprendido de los republicanos exiliados en la Argentina. Y entonces sus invitados comenzaron a recitar nombres que fueron dibujando una constelación republicana exiliada en la Argentina.

Julio de 2008. El penalista Raúl Zaffaroni, que desde la Corte Suprema de Argentina dictó el fin de las leyes de punto y final y obediencia debida, y el jurista Matías Bailone, se sientan en una terraza en el centro de Madrid. La conversación gira en torno a la impunidad del franquismo en España y la posibilidad de presentar una querella en Argentina buscando la aplicación del principio de justicia universal. Entre café y café volvieron a sonar los nombres de juristas republicanos exiliados en Argentina: Jiménez de Asúa y Manuel de Rivacoba y Francisco Blasco y Fernández de Moreda, como sembradores de alguna de las semillas de lo que hoy se ha convertido en la punta de lanza internacional a la hora de juzgar a los responsables de una dictadura.

Junio de 2009. Matías Bailone termina su postgrado y regresa a Buenos Aires, con el proyecto de que pongamos en marcha una querella contra el franquismo. Un representante de la ARMH lo lleva al aeropuerto de Barajas y le entrega un disco duro repleto de documentos, informes de exhumaciones, listados de víctimas... En octubre se reúnen en Buenos Aires por primera vez los abogados, capitaneados por David Baigún (directo de Jiménez de Asúa) y Beinusz Szmuckler. Y allí deciden que el primer caso que se presentará será el de Darío Rivas, porque vive en Argentina y la desaparición de su padre, alcalde republicano de un pequeño pueblo les parece representativo del modelo de represión de la dictadura.

Marzo de 2010. Matías Bailone lee en el diario Página 12 una entrevista con el abogado Carlos Slepoy, residente en España y pieza fundamental en los juicios que aplicaron el principio de justicia universal en los juicios de la Audiencia Nacional de España contra la dictadura argentina. Matías busca su contacto porque en la entrevista Slepoy habla de la posibilidad de articular una querella con el principio de jurisdicción universal contra el franquismo. De eso modo se incorpora al equipo de abogados que ya tenía redactada la querella y acuerdan presentarla el día 14 de abril de 2010, eligiendo la fecha como un homenaje a las víctimas de la represión franquista. Además se suma otra persona, Inés García Holgado, que denunciará la desaparición de dos familiares.

14 de abril de 2010. En la Asociación de Abogados de Buenos Aires se presenta públicamente la querella. Además del equipo jurídico y los dos primeros querellantes se encuentran en la presentación: Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo; Nora Cortiñas, una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo; Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y la ARMH, que como promotora de la querella envía a un representante. El acto termina con cánticos como 'Ay, Carmela', en ese cruce de emigraciones y exilios que ha unido y reunido en distintos momentos al pueblo argentino y al español.

14 de abril de 2020. Se cumplen diez años de aquella presentación. Todos los gobiernos españoles desde entonces han tratado de obstaculizarla, por acción o por omisión. En esta década se ha hecho más compleja porque se han incorporado numerosos colectivos: militantes torturados por la policía franquista, familiares de desaparecidos; y el último grupo en incorporarse de forma colectiva ha sido el de familiares de republicanos deportados a los campos nazis. Poco antes del confinamiento, acudieron a la representación diplomática de Argentina en España, acompañados por la abogada Ana Messuti.

La querella argentina ha supuesto un hito que ha permitido visibilizar a las víctimas, señalar a algunos de los verdugos y dar un tratamiento penal en sede judicial a las violaciones de Derechos Humanos de la dictadura franquista. Uno de sus mayores logros ha sido la exhumación e identificación de los restos de Timoteo Mendieta, que permitieron a su hija Ascensión darle una sepultura digna antes de fallecer el pasado mes de septiembre, además de permitir la identificación genética de otras 40 personas exhumadas por orden de la justicia en el cementerio español de Guadalajara.

En la película La lengua de las mariposas, don Gregorio, el maestro republicano cuenta en su discurso de jubilación una fábula. “En la primavera, el ánade salvaje vuelve a su tierra para las nupcias. Nada ni nadie lo podrá detener. Si le cortan las alas, irá a nado. Si le cortan las patas, se impulsará con su pico, como un remo en la corriente. Ese viaje es su razón de ser...” Así explica el viaje hacia la dignidad de los seres humanos y de las víctimas del franquismo en ese viaje que han hecho y siguen haciendo quienes, desde Villablino a Buenos Aires, se niegan a aceptar el imperio de la impunidad.

A finales de los años setenta, el sociólogo Jesús Ibáñez, uno de nuestros grandes científicos sociales, llevó a cabo una investigación cualitativa para una marca de café, que pretendía entrar con fuerza en el mercado español. El grupo de clientes más interesante para la marca era el de personas, especialmente hombres, con edades comprendidas entre los 40 y los 55 años; aquellos consumidores de cafeína que cada día se echaban al cuerpo tres o cuatro tazas.

La técnica de investigación utilizada fueron los grupos de discusión, pequeños grupos de personas que son una muestra de la sociedad, en los que se busca o trata de capturar significados activos, implícitos, estructuras culturales latentes a las que lanzar un mensaje que active su elección de consumo.

En los grupos de discusión, Ibáñez detectó memoria generalizada y significativa del tiempo del racionamiento en la posguerra, cuando el café era un producto de lujo, totalmente elitista, vendido en un mercado negro e inalcanzable para la mayoría de la población.

Así nacieron numerosos sucedáneos; cereales más o menos tostados con los que fue sustituido el rey de la cafeína. En las conversaciones apareció repetidamente el recuerdo de esos años, cuando el café era otra cosa; era malta, achicoria, cebada o trigo tostado y la memoria del estraperlo, del café que entraba de Portugal, estaba transversalmente presente como si saborearlo en aquellos duros años fuera motivo para una fiesta.

Finalmente, el estudio y la interpretación de los discursos de sus participantes, permitió extraer un eslogan que puede parecer una frase sencilla, fácil, pero estaba dirigida de forma certera a la diana de los “muy cafeteros”. Es eslogan fue “El café, café”; el que no era otra cosa, el que sólo pudieron consumir durante años los adeptos al franquismo, los enchufados, los trepas sin escrúpulos, los estraperlistas. La campaña fue un rotundo éxito y un ejemplo en las técnicas de investigación cualitativas que Jesús Ibáñez impulsó hasta la genialidad y que dejó plasmadas en su gran obra: “Más allá de la sociología”.

Cuando el teniente coronel Tejero gritó pistola en mano: “¡Quieto todo el mundo!”, dentro del Congreso de los Diputados, crujieron muchas cosas en este país. Pasado el tiempo, las élites españolas volvieron a señalar el dedo con la luna y consiguieron que la opinión pública sólo mirase el dedo. Por eso existe una enorme literatura acerca del grado de participación en el golpe de Juan Carlos de Borbón, de algunos de sus amigos, y de representantes de partidos políticos ideológicamente cercanos y lejanos a los golpistas. Pero los estudios sobre el efecto psicosocial que tuvo el golpe, el despertar del miedo y la paralización de procesos políticos civiles, está poco estudiado.

Una tarde, hablando en Madrid con el padre de un compañero de instituto, me contó cómo en el hipermercado Jumbo, quizá el primero que hubo en la ciudad, la noche del 23 de febrero de 1981 salían personas con un carro repleto de comida en cada mano. La memoria del hambre, el desabastecimiento y el racionamiento movieron a muchas personas a vaciar las estanterías de aquel establecimiento en unas decenas de minutos.

Con la suspensión de las clases que ha llevado a cabo la Comunidad de Madrid, han comenzado a aparecer, en grupos de Whatsapp, fotografías de supermercados con las estanterías casi vacías, arrasadas por el mismo y viejo miedo. Teniendo en cuenta cuáles son los grupos más vulnerables y que más deben temer al virus, las personas mayores, las que conocieron o rozaron el desabastecimiento de la España franquista han reaccionado con su memoria, convirtiéndola en presente, transmitiéndola a sus descendientes, respondiendo del mismo modo que en el golpe de Estado de 1981.

El miedo social es fácil de disparar y de utilizar políticamente. La prueba de estrés que supone el coronavirus para nuestro sistema sanitario viene acompañada de montones de experimentos sociológicos. Pero uno de los grandes triunfos de la gestión de esta epidemia es la obediencia ciega y sumisa de las sociedades modernas, que responden a situaciones drásticas, generadas por decisiones políticas, sin rechistar.

En “La doctrina del shock”, Naomi Klein, destapó muchos de los mecanismos del uso del miedo de masas por parte del poder. A veces cuesta entender por qué su relato histórico no arrancó en España. Hemos visto estos días cómo Pablo Casado quería aprovechar el escenario de congoja colectiva para reclamar una bajada de impuestos y debilitar al Estado, que es precisamente el mejor mecanismo de protección que tenemos.

Un poder asentado en el miedo individual a perder el permiso de residencia en el paraíso del consumo de un país del primer mundo necesita de vez en cuando comprobar su propio suelo. Si las consecuencias anuales de la gripe fueran retransmitidas minuto a minuto, como está ocurriendo con el Covid19, el pánico se apoderaría de nosotros cada invierno y nacería un enorme mercado para la prevención de la gripe que se sumaría al que hoy existe para paliar sus síntomas. El miedo ha sido la gran arma invisible del poder contra quienes no lo tienen. Ha paralizado revoluciones, protestas, reivindicaciones y búsquedas de justicia. Se alimenta muchas veces de imaginar terribles consecuencias.

Los experimentos sociológicos que están ocurriendo estos días también pueden servir para cosas buenas, entre ellas para entender que. si no cambiamos de vida, nuestra existencia en este planeta terminará en una terrible tragedia. Saquemos lecciones para el bien común, aprovechemos para reforzar la defensa de la protección social. No dejemos que el departamento de sustos del neoliberalismo consiga que el mundo se vuelva un poco más conservador, más oscuro, más temeroso; y que con el peso de la incertidumbre deleguemos obedientemente más poder en las manos de quienes pretenden seguir devorando el planeta sin límites. Tenemos que atrevernos a imaginar otras respuestas.

La emisión de una película sobre la historia de Tom Sawyer, a finales de los setenta, tuvo un enorme impacto entre muchos adolescentes por la escena en la que el travieso muchacho tiene la oportunidad de asistir a su propio funeral, como una afirmación de que la caverna son los otros y la única forma de salir de su mito sería contemplar nuestra existencia desde un punto de vista ajeno o poder observar el hueco que en ese caso dejaría nuestra ausencia.

Más tarde, la película ¡Qué bello es vivir!, que rendía un homenaje al libro de Mark Twain, nos mostraba la historia de un joven que renuncia a sus grandes sueños para hacerse cargo de una cooperativa de viviendas que salva a su ciudad de las fauces de Potter, un depredador económico, carente de escrúpulos, que trata de controlar toda la economía local.

Un accidente financiero hace que Geoge Balley, ese joven que soñó con ser arquitecto y edificar grandes puentes a lo largo y ancho del mundo, pueda entrar en la cárcel. Su desesperación, después de años de renuncias y sacrificios para mantener la cooperativa de viviendas, le lleva a asomarse a un puente pensando en poner fin a su vida, porque tiene una póliza de seguros que hace que “valga más muerto que vivo”.

En ese momento su “ángel de la guarda” transforma el mundo para que pueda ver cómo sería la vida en su pequeña ciudad si él no hubiera existido. Lo primero que se encuentra es que la urbe se llamaría Pottersville y ese nombre es el anuncio de un municipio hecho a imagen y semejanza del gran usurero local, en el que las personas a las que él ayudó durante años llevan vidas miserables, en una ciudad deshumanizada y repleta de injusticias.

El viaje de George Balley al hueco que habría creado su inexistencia es como la asistencia de Tom Sawyer a su propio funeral; la posibilidad de contemplar la dimensión de la repercusión de quiénes hemos sido y qué hemos hecho con nuestras vidas. George Balley es incapaz de ser consciente de la repercusión de sus hechos, de cómo ha cambiado muchas vidas.

El mundo en el que vivimos está dominado por decenas de Potters, seres incapaces de empatizar con el sufrimiento de otras personas y tratan de crear un Potterworld, en el que sus cuentas de beneficios aplasten vidas, sueños y derechos. Por suerte, en nuestra sociedad hay miles de personas y colectivos que luchan cada día por ayudar a otras, por proteger a quienes están más expuestos a las apisonadoras del capitalismo salvaje. Muchas de ellas, día a día, hacen el esfuerzo por tender una mano, frenar una injusticia, facilitar algo a alguien o impedir derrotas personales.

Muchas de esas personas ven la escisión de las derechas y como el fascismo se hace patente parlamentariamente y tienden al desaliento, al pesimismo, al desánimo; como si se vieran superadas y pesarosas al contemplar cómo la sombra renovada del fascismo se extiende por las instituciones, contamina la agenda política y arrastra un modelo mediático incapaz de omitir las estupideces y barbaridades surgidas desde las filas del neocaudillismo.

En la película “La lengua de las mariposas”, el maestro republicano que se jubila da un discurso de despedida para explicar cuál ha sido el sentido de su vida y qué está ocurriendo en la Segunda República“. Y dice: ”En primavera, el ánade salvaje vuelve a su tierra para las nupcias. Nada ni nadie lo podrá detener. Si le cortan las alas, irá a nado. Si le cortan las patas, se impulsará con su pico. Ese viaje es su razón de ser“. En ese relato se concentra el viaje de los seres humanos hacia la dignidad, el afán por conquistar derechos, por terminar con las desigualdades y las injusticias sociales.

Con ese espíritu, miles de personas cosen de día lo que el capitalismo salvaje desgarra de noche. El ascenso de la extrema derecha en Europa podría cortarles las alas, pero seguirían nadando con las patas. Personas que hacen pequeñas cosas, que esparcen su generosidad y que no tienen oportunidad de ver cómo sería la sociedad si no hubiera existido su solidaridad, su defensa y cuidado de quienes desde la fragilidad asumen vidas terribles. Nadie les ha permitido ver su funeral, y quién y cómo les echaban de menos, ni observar su entorno social como si no hubieran existido, como si las heridas que han curado siguieran abiertas.

Decía El Principito que lo esencial es invisible a los ojos y hay realidades sociales que no podemos ver porque ya no están, porque alguien se preocupó de barrerlas, de erradicarlas, de que ya no sean. Miles de hombres y mujeres dedicando su tiempo y su esfuerzo a que todo sea mejor, a que nada sea peor. Si hacemos un ejercicio mental y tratamos de imaginar una sociedad concebida estrictamente por los principios del capitalismo salvaje, una especie de potter-realidad, sin la voluntad solidaria de una parte de la ciudadanía, sentiríamos una enorme angustia y el desamparo de quienes logran salir adelante porque alguien les tiende una mano. Esa es la razón por la que no podemos permitirnos el lujo del desánimo y debemos entender que ante los avances del fascismo hay que fortalecer la defensa de la dignidad y gritar hasta la extenuación ¡Qué bello es resistir!

Cientos de miles de familias españolas vivieron con angustia el momento en que una lápida de 1.500 kilos era depositada sobre el ataúd en el que estaba enterrado y embalsamado Francisco Franco. Sentadas frente a televisores en blanco y negro, con un nudo en la garganta y con el terrible aprendizaje de no poder mostrar en público su ideología, mezclaron recuerdos de personas asesinadas, de familiares exiliados que murieron a miles de kilómetros del lugar que los vio nacer y de todos los proyectos vitales que murieron aplastados por las botas de un régimen de terror.

El hecho de que el responsable de numerosas violaciones de derechos humanos fuera enterrado no conllevó que el aparato político, militar, económico, académico, religioso y cultural que se había desarrollado durante cuarenta años de dictadura quedara sepultado bajo esa losa. La incertidumbre, acerca de lo que podía suponer o no ese momento, generaba entre amplios sectores de la sociedad una tremenda angustia.

Mientras, las élites franquistas, que conocían parte del destino que iba a seguir el país en su frágil camino hacia la democracia, y caminaban unos cuantos pasos por delante del resto de la sociedad, contaban con un aliado que supieron administrar con gran habilidad: el miedo.

El miedo de los supervivientes del golpe del 18 de julio, y de la brutal represión que lo acompañó en los años de la posguerra, se había convertido en una parálisis colectiva y mayoritaria, en sentimientos de terror hacia las ideologías y las organizaciones políticas. A ese trauma colectivo se sumaba la permanente duda de no saber si el proyecto político que envolvía España iba a caminar realmente hacia la democracia o en cualquier momento un nuevo dictador retomaría las riendas del poder.

La colocación de la losa de granito sobre el cuerpo de aquel militar embalsamado apenas permitió un minúsculo alivio. La desaparición del hombre que había dejado todo atado y bien atado no supuso que su estructura de poder y quienes se habían beneficiado de su corrupción política y económica dejaran de hacer nudos en el proceso de regreso de la democracia.

Así se construyó un gran muro de impunidad, que con la colaboración de las formaciones parlamentarias de izquierdas, garantizó durante décadas que no existirían debates políticos acerca del pasado, que se consentía el blanqueamiento biográfico de representantes del régimen, empresarios que habían utilizado mano de obra esclava, policías torturadores que cobrarían pensiones especiales por sus “servicios extraordinarios” y la conservación de todos y cada uno de sus privilegios. A todos esos beneficios se añadiría el fomento de la ignorancia en los centros escolares, para garantizar a las élites del franquismo una vida democrática plena y una continuidad incuestionable en su ejercicio del poder.

La salida del cuerpo del dictador del Valle de los Caídos representa la primera vez en que el recorrido biográfico y simbólico del general Franco deja de sublevarse y se ve obligado a obedecer una orden de una sociedad democrática, después de 80 años de sublevación. El mayor potencial del movimiento de sus restos tiene que operar en el ámbito simbólico y por lo tanto en estructuras profundamente políticas.

Esa orden que se le da para que salga del Valle de los Caídos debería suponer algo así como que la lápida de los 1.500 kilos que corona su tumba fuera como el tapón de un desagüe por el que nuestra sociedad comenzara a desalojar la enorme cantidad de estructuras e infraestructuras que, en nuestra cultura política posfranquista, han sobrevivido durante estos cuarenta años impidiendo un pleno ejercicio de sus derechos a las víctimas de la dictadura.

El proceso de recuperación de la memoria histórica, la aparición de las fosas comunes que durante décadas ocultaron sus crímenes, la denuncia pública de los beneficios y privilegios de quienes torturaron a militantes de la oposición, con el fin de garantizar la estabilidad y la tranquilidad del régimen, han hecho que en los últimos años que un monumento que no generaba ninguna controversia política haya cambiado su significado y se haya transformado en un incómodo espacio. Esa transformación en la mirada de la ciudadanía ha convertido el gigantesco mausoleo en un lugar pendiente de ser actualizado y resignificado, con los valores de la democracia; y por tanto, de la defensa de los derechos humanos.

El empoderamiento de la familia del dictador, en todos estos meses, da medida de la capacidad operativa que han mantenido los descendientes del régimen en estos años de democracia. Ver cómo quienes disfrutan del vaciado del patrimonio español durante cuatro décadas ha echado un pulso, de tú a tú, con todo un Gobierno, es un síntoma más de nuestra debilidad democrática. Y además, es una consecuencia de la falta de hábito de colocar, a quienes durante cuatro décadas negaron los derechos civiles de millones de personas, en el lugar que merecen.

Otro síntoma de esa falta de contundencia es el hecho de que el cuerpo del cabecilla del sangriento golpe de Estado de 1936 va a salir de un mausoleo monumental, pagado con fondos públicos, a otro mausoleo funerario que también es propiedad del Estado. Eso significa que las víctimas de la dictadura, después de esta importante decisión, seguirán pagando con sus impuestos en lugar de enterramiento de quien tanto daño les causó, algo que nadie entendería en el caso de víctimas como las del terrorismo.

El Gobierno ha decidido, inexplicablemente, que no podamos ver imágenes de cómo se retira la losa de tonelada y media que cubría el féretro del dictador, ese enorme lastre que ha entorpecido el avance de nuestra cultura democrática. Sería sano para la democracia un ejercicio de mayor transparencia para poder ver cómo el hombre que asesinó y secuestró durante décadas la democracia obedece una orden ciudadana que le dice: ¡Ya no está todo atado!

Desde hace unos meses, en el Valle de los Caídos, una red de apoyo a la permanencia de los restos del dictador Francisco Franco en el recinto vigila la basílica, desde que abre al público hasta que cierra, para detectar cualquier señal que permita anticipar que el Gobierno inicia la operación de extracción de los restos del dictador para darles un tratamiento más democrático. La noticia de que el Tribunal Supremo no acepta la reclamación de la familia del dictador y da luz verde a su exhumación ha debido caer entre ellos como la entrada del hocico de un oso en una colmena. Sus horas de vigilancia, en la cafetería, en la Basílica, incluso en la hospedería, se van a intensificar de aquí al día en que la maquinaria para levantar esa pesada losa que lleva más de cuatro décadas arrastrada por nuestra democracia, sea alzada y apartada para permitir el acceso al cuerpo del dictador.

Para la amplia derecha española, esa que no ha terminado de comulgar con la democracia aunque haga uso de ella, se viene encima la profanación de una reliquia de la historia de España, el último salvador de las esencias de España, el fiel heredero del Cid Campeador y de los Reyes Católicos, el hombre que fue elegido por Dios para ser Caudillo por designación divina.

La exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, reclamada desde hace años por sus víctimas, tenía por objeto normalizar nuestra democracia, desterrando su momia del territorio del Estado y privatizando su figura, entregándolo a sus opulentos herederos. Se trataba de que las víctimas de la dictadura dejaran de pagar con sus impuestos la tumba del dictador. ¿Se puede aceptar que una víctima financie la tumba de honor de su verdugo? En España se ha aceptado y se seguirá aceptando esa forma de maltrato hacia las víctimas de la dictadura, que han sido obligadas por el Estado democrático durante décadas a financiar el mausoleo del líder militar del fascismo español.

Que el Tribunal Supremo haya dedicado más tiempo a atender a la familia del dictador, para ver qué ocurre con sus huesos, que a las familias de las más de cien mil personas desaparecidas por la represión franquista explica de manera especialmente gráfica el concordato que se firmó en la transición a la democracia con el franquismo. Lo que de manera eufemística se ha llamado “franquismo sociológico” ha sido un franquismo que forma parte de nuestra cultura política, de nuestra fragilidad democrática y de la politización de los poderes del Estado, que van mucho más allá del judicial y alcanzan el poder educativo, mediático o diplomático.

Que durante 15 meses hayamos visto a la familia de un dictador echando un pulso, de tú a tú, con un gobierno democrático, nos explica la debilidad con la que la política se ha enfrentado a la dictadura. La familia del dictador ha conservado sus privilegios intactos durante cuatro décadas; ningún gobierno ha investigado el origen de su fortuna, las apropiaciones indebidas, el expolio a Patrimonio Nacional o los favores políticos que han recibido en democracia para multiplicar su patrimonio con la burbuja inmobiliaria.

Ningún gobierno hasta hoy ha rendido un homenaje a los hombres y mujeres que lucharon contra el dictador, que se jugaron la vida, que dejaron de lado sus proyectos personales y que apostaron por defender el regreso de una democracia en la que se abrieran de nuevo las urnas para acoger ideas iguales o contrarias a las suyas. Todos los gobiernos de la recuperada democracia han mantenido una política educativa que fabricaba ignorancia acerca del pasado reciente, que blanqueaba las biografías de los altos dirigentes del franquismo. Y todos planificaban la muerte silenciosa de víctimas y testigos para que en un futuro la dictadura se despojara de su terrible uso de la violencia, de su autártico apartheid en el que los vencedores disfrutaban de derechos y recursos del estado y los perdedores, defensores de la democracia, sobrevivían en el subsuelo de la pirámide social del que sólo pudieron salir en la mayoría de los casos formando parte de los casi dos millones de españoles y españolas que salieron del país en las dos décadas siguientes al final de la Segunda Guerra Mundial. Ningún gobierno ha trabajado para abrir la puerta de los juzgados a las víctimas de la dictadura, a las familias de los desaparecidos, a los homosexuales torturados, a las mujeres sin derechos, a quienes fueron saqueados por las autoridades franquistas o utilizados como esclavos por las grandes constructoras que actuaron en muchas ocasiones como testaferros del dictador.

El cuerpo de Franco ha permanecido intacto, como una reliquia, en el lugar que él mismo programó, sin que la democracia lo contradijera o tomara una decisión al respecto. Pero la recuperación de la memoria es, entre otras muchas cosas, una lucha por el significado del pasado y en los últimos años el significado de un monumento como el Valle de los Caídos se ha transformado hasta convertir los residuos del franquismo en una realidad incómoda para amplios sectores sociales.

El catolicismo ha sido en España una identidad política antes que una identidad religiosa. El de la transición a la democracia firmó un concordato con el franquismo para evitar obstáculos y esfuerzos. Pero el peso de ese pasado amable con la dictadura ha generado un duro coste político en nuestro presente. El cuerpo de Franco en la basílica del Valle es como el tapón de un desagüe. Simboliza muchas carencias democráticas, muchas injusticias con los padres y las madres de nuestra democracia, muchas personas que han muerto durante décadas con una enorme angustia por acercarse a la muerte sin haber podido enterrar dignamente a un ser querido y saber qué pasó.

Los restos de Franco, si el Gobierno actúa para trasladarlos, terminarán enterrados en un monumento que pertenece a Patrimonio Nacional. Una vez allí, sus víctimas seguirán obligadas a pagar con sus impuestos la tumba del dictador, en un gesto de gatopardismo. Que el dictador obedezca al Estado democrático es algo que no había ocurrido antes. Pero las víctimas de las cunetas, sus familias y una sociedad que rechaza las violaciones de Derechos Humanos seguirán reclamando un Boletín Oficial del Estado en el que se reconozca su defensa de los valores democráticos y la obligación de todas las instituciones del Estado de garantizar verdad, justicia y reparación y exhumar e identificar a todas las personas desaparecidas. Si el traslado de Franco es una declaración de intenciones de romper el concordato de la democracia con el franquismo, debe ser el principio de un proceso que termine con su impunidad, como si sus restos fueran trasladados al cementerio de un prisión, ese lugar que nunca ha pisado ninguno de los responsables de tanta violencia, tanto miedo y tanto dolor.

Ascensión Mendieta (1925-2019) aguardaba sentada junto al nicho del Cementerio Civil de Madrid, en el que estaba a punto de ser enterrado su padre, Timoteo, un sindicalista asesinado por la represión franquista, el 15 de noviembre de 1939, identificado casi ochenta años después. Aunque no se publicitó la hora del entierro, cientos de personas aparecieron para acompañarla en ese momento. Había pasado muchos años luchando, muchos gobiernos democráticos para los que ella fue insignificante, muchos menosprecios parlamentarios, como el de Rafael Hernando, y toda clase de obstáculos que consiguió sortear gracias a un amor y una dignidad que la hicieron invencible ante todos los impedimentos que se interponían a su deseo de dar una sepultura digna a su padre.

Cuando el ataúd con los restos genéticamente idenficados de Timoteo fue depositado en el nicho, estalló en la garganta de Ascensión un grito terrible, un profundo lamento que llevaba setenta y seis años incrustado bajo uno de sus pulmones, enquistado por un duelo nunca elaborado, por el transcurso de lustros repletos de abandono institucional, en los que la familia fue muriendo y depositando en ella la responsabilidad de dar nombre y digna sepultura a los restos de su padre.

A Timoteo Mendieta le fueron a buscar a casa después de comer. Su participación sindical le había puesto en el punto de mira de los fascistas de Sacedón. Llamaron a la puerta y una niña de trece años, Ascensión, la abrió y cuando preguntaron por él señaló la habitación en la que estaba durmiendo la siesta. Se llevaron a Timoteo por la fuerza y lo encerraron en la cárcel de Guadalajara hasta el día en que lo sacaron para asesinarlo y lo enterraron en una fosa común.

Su viuda tuvo que empezar de cero, señalada, vigilada y castigada, viajaba a Madrid para vender, hacer trueques y conseguir algo que sus hijos se llevaran a la boca. Averiguaron dónde podía estar enterrado Timoteo, pero durante años tuvieron que tirar flores por encima de una tapia, porque los salvadores de España les impedían acceder a ese lugar.

Llegó la democracia y la ausencia del padre siguió presente, sin que el final de la dictadura hubiera supuesto la atención debida por parte del Estado democrática y oficialmente 'reconciliado'. Ascensión y su hermana Paz iniciaron la búsqueda de ayuda en las instituciones, querían saber, querían terminar con la incertidumbre de ese padre que, como dijo Ascensión, “había pasado toda la vida bajo tierra”, toda la que le quitaron.

Falleció Paz y Ascensión no cejó en su empeño, acosada por un reloj biológico que no entendía de leyes de memoria, que no le sirvieron para nada, ni de vagas promesas políticas. Pasaron los años y fue capaz de cumplir los 88 subida en un avión, camino de Buenos Aires, para sumarse a la causa argentina abierta contra el franquismo el 14 de abril de 2010, interpuesta por Darío Rivas –recientemente fallecido– y por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Allí pidió ayuda a una jueza argentina que en aplicación del principio de jurisdicción universal había abierto una causa penal contra los crímenes de la dictadura.

Meses después, la justicia argentina ordenó la exhumación de Timoteo. Tras esquivar retrasos de la justicia española y del Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado entonces por el Partido Popular, los voluntarios de la ARMH iniciaron la búsqueda, pero descubrieron que los restos de Timoteo no estaban donde el registro del cementerio aseguraba. Así que se llevó a cabo una segunda exhumación y entonces las pruebas genéticas, hechas con urgencia, dijeron quién era y dónde estaba Timoteo.

La exhumación fue financiada por la ARMH, por el sindicato ELOGIT de electricistas noruegos y la ayuda del Equipo Argentino de Antropología Forense. Colaboraron en ella forenses españoles, británicos y portugueses y entre el resto de personas voluntarias las había de varias nacionalidades. Faltaba, como había faltado en toda una vida de búsqueda, el Estado.

La lucha de Ascensión simbolizó el desamparo de las víctimas de la dictadura y la fortaleza de quienes vivieron vidas arrasadas por el fascismo. Su imagen frágil y su dulzura al hablar de su lucha empujaron a muchas otras familias a iniciar la búsqueda de un ser querido.

En el funeral de Timoteo, se oyó a Ascensión dar las gracias “por venir a un acto tan triste”. Su lucha permitió además identificar a otras treinta personas asesinadas en condiciones similares a las de su padre. Cuando el 19 de mayo de 2018 se entregaron en Guadalajara 25 cuerpos identificados, todos los familiares, al recibir los restos, agradecieron a esa frágil y enorme defensora de los Derechos Humanos de Sacedón la oportunidad que había creado con su lucha.

Durante muchos años, Ascensión vivió pensando en cómo habría muerto su padre; si fue al instante, si lo dejaron herido y ocurrió lentamente, incluso si pasó frío. Cuando no podemos despedir y cerrar el duelo tras la muerte de un ser querido, hay piezas que no encajan y que pueden ser arrastradas toda la vida. España es un país en el que cientos de miles de 'Ascensiones Mendieta' han muerto ignoradas por el Estado, escuchando discursos políticos que hablaban de reconciliaciones y de transiciones ejemplares mientras nadie les garantizaba verdad, justicia y reparación.

Cuando en el Cementerio Civil de Madrid, Ascensión sea enterrada junto a su padre, Timoteo, el eje del mundo se habrá desplazado una diminuta distancia para acercarse a la justicia. Pero seguiremos viviendo en un país en el que ninguno de los asesinos, que arrancaron de su siesta a personas que defendían el bien común para asesinarlos, se habrá sentado en un banquillo como acusado. Y esa realidad, esa terrible e insoportable injusticia, seguirá siendo una causa fundamental de muchas de las debilidades de nuestra democracia.

Hace algo más de un año que el presidente del Gobierno, hoy en funciones, anunció el traslado de los restos del dictador Francisco Franco para extraerlo del Valle de los Caídos. A partir de ese momento, lo que parecía una declaración de intenciones al inicio de una incierta legislatura, se convirtió en un rocambolesco proceso. La falta de contundencia del poder ejecutivo inició un pulso con la familia del dictador, de tú a tú, escenificando una enorme debilidad democrática, una frágil voluntad política y una esperpéntica falta de previsión que quedó en evidencia el día que la familia del general golpista anunció la propiedad de un nicho en el centro de Madrid.

Cuando en septiembre de 2018, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, defendió en el Senado la exhumación del dictador y atacó al Partido Popular y a Ciudadanos diciéndoles que, ante una situación así, “nadie se podía poner de lado”, su intervención trató de poner en evidencia que la extracción de la momia del dictador del Valle de los Caídos era un imperativo categórico. Si las malditas hemerotecas hablaran, ese día habrían crujido recordando cuando Carmen Calvo fue ministra de Cultura en el año 2006 y el Gobierno del que formaba parte permitió que la nieta del dictador se embolsaba decenas de miles de euros, de la televisión pública, en el programa “Mira quién baila” al tiempo de que el Consejo de Ministros del que ella formaba parte no se responsabilizó de buscar a las personas desaparecidas por la represión de la dictadura.

La lucha por el poder es la lucha por el dominio de los significados. El poder invierte ingentes recursos en manipular, imponer o enterrar significados. En la transición, mientras algunos familiares desenterraban a sus seres queridos, con sus azadas, con sus manos, con el amor y el dolor que les causó la represión franquista, las élites dedicaron ingentes esfuerzos a enterrar significados, crearon periódicos, quemaron millones de documentos, controlaron milimétricamente los contenidos de la enseñanza, la parrilla de la televisión y llevaron a cabo una bien aprendida gestión del miedo que alcanzó su cima con el grito: “Quieto todo el mundo”, del teniente coronel Antonio Tejero, en el Congreso de los Diputados, el 23 de febrero de 1981.

El olvido, la ocultación pública del pasado que llevan a cabo las élites y sus capataces, es en realidad una mezcla de amenaza encubierta; de miedo a enunciar (y por lo tanto, a denunciar), algo que incluso cortocircuitó la transmisión oral de miles de historias familiares; de silencio impuesto, que se convirtió en autoimpuesto; y de ignorancia planificada y plagada de señuelos.

En la mitología griega, quienes conseguían reencarnarse, podían beber del río de la memoria (Mnemósine) para saber quiénes habían sido en sus vidas anteriores, para restablecer su(s) identidad(es). Tras la muerte del dictador Francisco Franco se abrió la posibilidad de que la recuperada democracia bebiera del río de la memoria, pero las élites, que llevaban siglos borrando su rastro, conocían bien sus peligros y alejaron a la sociedad de las fuentes del pasado, creando la oportunidad para aparentar que nuestra sociedad no había conocido la democracia, el sufragio universal y la alternancia de ideologías en el poder durante los años de la Segunda República.

Cuando, a principios de este siglo, los nietos y las nietas de las personas desaparecidas por la represión de la dictadura franquista comenzaron a desenterrar a sus abuelos para saber qué les ocurrió, denunciar su asesinato y darles una sepultura digna, estaban abriendo en cada fosa una fuente del río de la memoria, un cauce, un potente caudal que podría anegar la sociedad de un nuevo significado.

La recuperación de la memoria histórica causa, entre otros múltiples efectos, un cambio de significados. Eso altera la mirada de la sociedad hacia su presente. Así ha ocurrido que lo que parecía un hecho normal, como que un Estado democrático obligue a las víctimas de una dictadura a pagar con sus impuestos el mausoleo del responsable de todo el daño que padecieron, deje de serlo. El Valle de los Caídos, con la aportación del nuevo significado, se ha convertido en un lugar incómodo para quienes sienten y defienden una verdadera cultura democrática y también para quienes defienden la pervivencia de los significados impuestos por el franquismo, algo que ha podido tener relación con el despegue electoral de una extrema derecha que vio roto su concordato político con el Partido Popular cuando este, junto a Ciudadanos, se abstuvo con respecto a la exhumación de la momia del dictador.

Lo difícil de entender, un año después del anuncio presidencial, es que el proyecto del Gobierno sea desplazar los restos de Franco de un monumento que es propiedad pública, para depositarlos en un panteón que también pertenece al Estado y que acaba de ser reacondicionado para mejorar su estructura, la de la capilla que incluye y la señalización del mismo. Si finalmente se lleva a cabo de ese modo, la agresión que supone para las víctimas seguir pagando con fondos públicos el mausoleo del dictador, algo que sería inimaginable en un caso de terrorismo, permanecerá en el tiempo.

Es difícil explicar la falta de voluntad política del Gobierno, que siendo el poder ejecutivo, debería haber sacado el cuerpo de dictador y haberlo trasladado a un lugar donde no suponga un problema de orden público y su familia dedique parte del beneficio de lo expoliado para pagar su tumba. Se habrían ahorrado viajes al Vaticano, la imagen de empoderamiento de la familia del dictador, y la exhibición de la debilidad de la democracia frente al pasado de la dictadura.

En la rueda de prensa del Consejo de Ministros del pasado viernes 26 de julio, la vicepresidenta Carmen Calvo aseguró, para definir el compromiso con las ideas de izquierda de su partido, que han gobernado tres veces este país… y todavía tienen compañeros en las cunetas. La frase podría pasar desapercibida salvo que desde el río de la memoria nos preguntemos por qué en esos tres gobiernos no se tomó la decisión de que ni su partido, ni ningún partido, ni ninguna familia tenga compañeros y seres queridos tirados en cunetas, donde quisieron hacerlos invisibles los enterradores del olvido. Y más si tenemos en cuenta que la militancia de base socialista tiene clara la necesidad de recuperar la memoria.

Estamos en el año 2019 y casi todas las personas que pueden relatar los horrores que padecieron como consecuencia de la represión franquista han muerto. Sus voces, su torrente de significado no está en los archivos militares ni civiles, no está en los documentos ni en los libros de texto, ni en los museos, ni en las bibliotecas, ni desgraciadamente en las sentencias de los juzgados. Mientras la momia del dictador no obedezca la orden democrática de salir del territorio del Estado, física y simbólicamente, nuestra democracia seguirá debilitada, incapaz de enfrentarse a los poderes que pugnan por arrebatarle su verdadero significado, atada como Prometeo a una roca y sin poder arrebatarle el fuego a los dioses.

“En consecuencia determinamos que el teniente coronel Antonio Tejero, durante las horas en las que estuvo al mando del Congreso de los Diputados, entre la tarde de 23 de febrero de 1981 y las primeras horas del 24, en las que había dimitido el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y no llegó a ser investido Leopoldo Calvo Sotelo, puede considerarse que fue presidente del Parlamento y presidente del Gobierno de España”. 

¿Alguien imagina que en un documento oficial, el teniente coronel de la guardia civil que entró al hemiciclo del Parlamento al grito de “quieto todo el mundo” fuera considerado, presidente del Congreso de los Diputados? Pues el Tribunal Supremo, al reconocer en un auto la jefatura del Estado al general golpista Francisco Franco, a partir del 1 de octubre de 1936, ha hecho algo bastante parecido. ¿Ha sido casual? 

En el informe sobre España, del relator de la ONU para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, Pablo de Greiff, se señalaban algunas carencias del poder judicial español, especialmente en “los programas de formación de jueces en materia de derechos humanos... Sorprende que sus programas de formación no hagan referencia a las obligaciones del Estado en materia de persecución penal de delitos internacionales, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra”.

Salvo excepciones señaladas, la formación en materia de Derechos Humanos de la judicatura española es totalmente deficitaria y esto afecta de forma acentuada a los miembros del Tribunal Supremo, que comenzaron su formación judicial hace más de treinta años. Alguien ha diseñado esa ignorancia en materia de derecho humanitario y ha sido sin duda la misma élite que durante décadas no ha querido que se estudie en los colegios la represión franquista, que el tratamiento cinematográfico de la dictadura sea en general subvencionadamente laxo o que la impunidad de los crímenes de la dictadura sea un muro jamás resquebrajado. 

El reconocimiento por parte de la sección cuarta del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, fechando el 1 de octubre de 1936 como el inicio de la jefatura de Estado del dictador Francisco Franco no es casual. No lo es cuando el auto confunde adecuadamente el interés general con los objetivos de los herederos del dictador, cuando utiliza su jefatura del Estado como un argumento a su favor, sin llamarlo dictador ni golpista en ningún momento y sin mencionar a sus miles de víctimas que son hoy obligadas a pagar con sus impuestos la tumba del dictador. 

El 1 de octubre de 1936, aunque realmente la decisión fue el 29 de septiembre, en Burgos, una ciudad lejana al frente, el general Franco se autoproclama, con ayuda de otros cuatro golpistas engalonados, jefe del Estado. Felicitado por la Alemania nazi, la Italia fascista y el estado Vaticano, Franco utilizará la fecha de su advenimiento a esa inexistente jefatura del Estado como un hito en la historia del “renacer” de España. 

“El 1º de octubre próximo se cumple el primer aniversario del momento histórico en que asumiendo por gracia de Dios y verdadera voluntad España, los máximos poderes, fue solemnemente proclamado jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos nacionales de tierra, mar y aire el excelentísimo señor general don Francisco Franco y Bahamonde, jefe nacional de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Caudillo Supremo del movimiento Salvador de España....

España, la España nacional, consciente de cuánto debe a su Caudillo anhela rendirle en la fecha memorable que se avecina el homenaje de adhesión y gratitud que le es debido. Por lo expuesto y recogiendo el sentir unánime de este nuestro Pueblo Español, se dispone: Artículo 1: Se establece la Fiesta Nacional del Caudillo que se celebra anualmente el 1º de octubre para conmemorar la fecha en que fue proclamado jefe del Estado Español el excelentísimo Sr.D. Francisco Franco Bahamonde“. 

Esta orden apareció en el boletín oficial franquista el 28 de septiembre de 1937, dictada por la Presidencia de la Junta Técnica del Estado. Así constituyó la dictadura el 1 de octubre como una de sus fechas fundacionales, festiva, exaltadora y promocionada para nombrar avenidas, hospitales y colegios. Después de que en democracia desaparecieran muchos de esos nombres la fecha quedó disuelta en el calendario, como un recuerdo para la gente mayor y ningún significado para la menor. 

Durante los últimos años, uno de los principales argumentos conservadores de quienes defienden indirectamente el franquismo criticando la recuperación de la memoria histórica es que los perdedores de la guerra y sus descendientes quieren cambiar la historia. Pero quiénes realmente la quieren cambiar son los que inventan una legitimidad inexistente, una versión revisionista que acaba de ser respaldada, nada más y nada menos, que por toda una sala del Tribunal Supremo y por unanimidad.

El 10 de mayo de 1936, en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro de Madrid se reúnen 911 compromisarios elegidos en todo el territorio español por sufragio universal. Tenían que nombrar al presidente del Gobierno de la República. Manuel Azaña recibió 754 de los 847 votos emitidos. Seguidamente, en el Palacio Nacional, hoy Palacio Real, se hizo el acto institucional, desfiló la policía, el ejército, fue una jornada tranquila de una democracia y sólo faltaban dos meses para el 18 de julio. 

El 1 de octubre de 1936, cuando el general golpista Francisco Franco leía el telegrama de Rudolf Hess que en nombre de Adolf Hitler le felicitaba, el presidente del Gobierno era Manuel Azaña. Mientras Franco y sus “generalazos” le gritaban a la democracia de 1936 “quieto todo el mundo”, y llenaban las cunetas de hombres y mujeres que habían construido nuestras primeras urnas con sufragio universal, quienes creían en el pueblo, quienes estaban construyendo un país gobernado por la ciudadanía y no por los látigos de los terratenientes, ni los púlpitos, ni los cañones.

Ese mismo 1 de octubre, el presidente Manuel Azaña, el que murió en Francia a punto de ser detenido por la Gestapo que quería entregárselo a Franco, firmaba un decreto “para crear 5.300 plazas de Maestros y Maestras con destino a Escuelas nacionales” y habilitaba “un crédito extraordinario de siete millones novecientas noventa y ocho mil pesetas anuales y un millón novecientas noventa y nueve mil quinientas efectivas para la creación, a partir del 1.° de octubre del año en curso (1936), de 2.666 plazas de dicha clase, con el sueldo anual de tres mil pesetas”. 

Unos destruían España y otros la seguían construyendo. Y quien hizo todo ese daño, quien asesinó a miles de maestros y maestras, quien dejó 114.226 personas desaparecidas en las cunetas, es reconocido por el Tribunal Supremo de 2019 como legítimo jefe de Estado, aunque fuera autoproclamado por la pólvora y la sangre. La sala del Supremo, colocando uno de sus pies fuera de la democracia, considera que el Caudillo tiene derecho a un tratamiento especial y por eso suspende cautelarmente una decisión del Congreso de los Diputados. 

España en su laberinto, en su jaula invisible, en su siglo XIX del eterno retorno, con su jerarquía católica rancia y empoderada, su élite inculta y carpetovetónica, y su Poder Judicial inmaculado, que jamás ha juzgado y condenado una sola de las violaciones de Derechos Humanos del dictador. Dice la sala del Supremo que toma la decisión de que el cuerpo del dictador permanezca en el Valle de los Caídos por el interés general, pero lo hace, más bien, por un interés generalísimo. Y ese hombre, Azaña, el que firmó el decreto para crear 5.300 plazas de maestros y maestras, en plena guerra, en plena agresión fascista, yace enterrado fuera de su patria, en sus márgenes, fuera de la jurisdicción de ese tribunal que hace hoy apología del franquismo.

Una vez recogidos los animales y cerrada la puerta de casa, el padre se sentaba a liarse un cigarrillo junto a la chimenea, la madre cosía con la tenue luz de las brasas dejándose la vista en no perder el hijo y el hijo pequeño sacaba de la cómoda el libro que les había correspondido, se sentaba junto al fuego y comenzaba a leerles una historia a sus padres. La imagen resulta inusual, pero fue muy real en miles de pueblos españoles en los que los cambios de la Segunda República, su esfuerzo en alfabetizar el país construyó ese momento histórico en el que los hijos de jornaleros analfabetos pudieron recibir instrucción pública y, una vez que sabían leer, acceder a alguno de los 600.000 libros que las misiones pedagógicas distribuyeron por más de 5.000 pueblos, donde apenas unos pocos señoritos eran propietarios de libros que no fueran la biblia.

La imagen de esos hijos contándoles cuentos a sus padres forma parte de la historia de uno de los proyectos pedagógicos más hermosos que se han desarrollado en la historia de la humanidad. Explica milimétricamente, además, lo que fueron los proyectos de transformación social de la Segunda República y todo el esfuerzo educativo que llevó a cabo para luego caer en ese agujero de la historia al que el fascismo arrastró a este país que estuvo durante casi veinte años de la dictadura sin construir un solo centro de enseñanza.

Cultura para escapar del hambre, para adquirir ciudadanía, para conocer los derechos, para igualarse con los que pontificaban desde los púlpitos y los cortijos de los latifundios. Había tardado en llegar el siglo de las luces, pero cuando el trabajo de la Institución Libre de Enseñanza se convirtió en guía de la política educativa, España inició un periodo de profunda transformación social, construida desde las urnas y el deseo de abandonar el atraso secular con el que los grandes estamentos españoles habían condenado a la ciudadanía.

De pronto el Estado, ese instrumento que regulaba de forma amañada los grandes intereses, extendió su radio de acción, se volvió inclusivo, señaló como ciudadanas a millones de personas que hasta entonces eran insignificantes para las autoridades.

La Segunda República nació de forma pacífica, desde las urnas, pasando por los ayuntamientos y por el convencimiento mayoritario de que la monarquía era el principal impedimento para modernizar la sociedad. Mujeres llamadas a votar, cientos de miles de personas analfabetas que dejaban de serlo, remodelación de un Estado que hasta entonces estaba al servicio de la iglesia católica y de los latifundistas; redacción de la primera Constitución en el mundo que admitió como propio el derecho humanitario elaborado por la sociedad internacional hasta la época.

Fue un momento hermoso sobre el que la dictadura echó toneladas y toneladas de difamaciones, de falsificaciones, de generalizaciones, repitiendo y repitiendo el relato de la violencia, los conflictos sociales, los brotes revolucionarios, para justificar la necesidad del fascismo, de filonazismo, de una mano dura que pusiera orden.

Escondieron y sepultaron a los hombres y mujeres que llegaban a los pueblos más recónditos con bibliotecas portátiles, con gramófonos, llevando la cultura a toda la ciudadanía como un derecho, sacando el poder de la enseñanza de las sacristías, de los casinos de los propietarios, de las instituciones constituidas por y para privilegiados.

Contaba un octogenario Agustín Aragón, en el año 2002, al pie de una fosa común en la localidad burgalesa de Caleruega que en los años de la república él era pastor y había sido alcalde de su pueblo, Espinosa de Cervera. Lo explicaba entre bocanada y bocanada del oxígeno de la bombona. “Eso fue la República, que un pastor como yo podía ser alcalde”.

Los años de la Segunda República concentraron el deseo de generaciones y generaciones de desposeídos, de iletrados, de descalzos, de olvidados, de personas cuya existencia estaba destinada a servir a señoritos, a trabajar para señoritos, a dejar su destino en manos de señoritos.

La metáfora más hermosa para explicar el significado de lo que fue la Segunda República está escondida en los pliegues de La lengua de las mariposas, la película de José Luis Cuerda basada en el relato del escritor gallego Manuel Rivas. En ella hay una escena en la que el maestro republicano, cumpliendo el rito de la Institución Libre de Enseñanza de mantener el contacto del alumnado con la naturaleza, sale a pasear con ellos a observar las plantas, las aves, los insectos.

Hay un momento en que una mariposa se posa sobre una flor y entonces uno de los alumnos pregunta cómo consigue mariposa introducir su lengua en la flor para libar el néctar. Y el maestro para que lo entiendan todos, les pone un ejemplo extraído de la propia vida de los niños. Le explica que cuando está en casa y quiere tomar azúcar a escondidas, una vez que se asegura de que no hay nadie en la cocina, acerca una silla a la pared de la estantería se sube a ella en busca del bote del azúcar, lo coge, le quita la tapa y cuando ya lo tiene al alcance de la mano se chupa la punta de un dedo y pone el dedo sobre el azúcar. En ese momento, le explica el maestro, cuando el dedo está en contacto con el azúcar el niño ya está sintiendo el dulzor que tardará unos segundos en estallarle en la boca.  La Segunda República fue para millones de personas, después de decenas y decenas de generaciones, su primera oportunidad para poner un dedo sobre el azúcar de la historia.

Los miles de libros que las personas que formaban parte de las Misiones Pedagógicas repartieron a lo largo y ancho del país, eran el manual de instrucciones de una sociedad que llevaba siglos siendo esperada. El valor ético de los hombres y mujeres que llevaron a cabo ese esfuerzo es un patrimonio sin el que será posible reconstruir el civismo ético y el compromiso necesario para volver a poner el bote de azúcar de la historia al alcance de las manos de quienes necesitan de la decencia democrática para dejar de sufrir. 

El 2 de abril de 1939, un día después de la victoria, la portada del diario ABC mostraba un mapa de España con un esquema de la guerra de los fascistas contra el pueblo español, dividido en cuatro momentos: las provincias ocupadas el 18 de julio de 1936, las conquistadas hasta el 18 de julio de 1937, las “liberadas” a 23 de diciembre de 1938 y el final de la guerra. Era un mapa escolar, destinado desde ese mismo “Día de la Victoria”, el 1 de abril, a formar el espíritu nacional que tendría en Franco a un digno heredero de los Reyes Católicos, cristianizando España y asesinando y expulsando infieles.

Ese Día de la Victoria fue de una enorme actividad propagandística. Franco era felicitado por autoridades internacionales. El Papa Pío XII se apresuró enviando un telegrama al Caudillo, en el que decía: “Levantamos nuestro corazón al Señor, agradecemos sinceramente con V.E. deseada victoria católica España. Hacemos votos porque este queridísimo país, alcanzada la paz, emprenda con nuevo vigor sus antiguas y cristinas tradiciones” (sic).

Las felicitaciones se multiplicaban y los periódicos de esos días se llenaban de anuncios de marcas publicitarias que celebraban la victoria fascista en lo que parecía un concurso destinado a ver quién era el más efusivo admirador del Generalísimo. La marca Brave invitaba a “Con el sombrero en la mano grita: ¡VIVA ESPAÑA!.” Juan Trelle Sederías de Lyon SA decía: “Español, pon en tu solapa la efigie del Caudillo y emblemas”. Y en letra más pequeña añadía: “Único depositario de las efigies del Caudillo y emblemas autorizado”. Toda una metáforta del gran negocio en el que desde el primer día se iba a convertir la dictadura.

Pero Francisco Franco no se dedicó en esos días exclusivamente a recibir telegramas de quienes aceptaban su victoria. El Caudillo tenía sus servidumbres ya que posiblemente no habría ganado la guerra sin sus aliados fascistas, Adolf Hitler y Benito Mussolini, que enviaron decenas de miles de soldados, armamento y aviación para escribir en tierras españolas el prólogo de la Segunda Guerra Mundial. El Generalísimo, que en ese momento no escondía el ferviente filonazismo que compartía con buena parte de la derecha española, respondió a un telegrama del Fuhrer, publicado en el diario La Venguardia: “El pueblo español y yo personalmente le damos las gracias cordialmente por sus felicitaciones con motivo de la victoria definitiva de nuestras armas, en Madrid. En las horas difíciles el pueblo español ha reconocido a sus verdaderos amigos”.

El Día de la Victoria se convirtió en fiesta nacional, se construyeron monumentos ensalzando las hazañas fascistas y el país se pobló de conmemoraciones del resurgir de España tras la expulsión del “rojerío”. Uno de los más importantes se colocó a la salida de Madrid, en dirección a Galicia, donde Franco sembró algunos hitos de su victoria como el Valle de los Caídos, en la carretera por la que él y sus paisanos iban y volvían de la capital.

El Arco de la Victoria se encuentra hoy intacto, con su exaltación fascista impoluta y grandilocuente. Está ubicado a unos cientos de metros del Palacio de la Moncloa y en los más de cuarenta años de recuperada democracia a ningún presidente del Gobierno le ha molestado como para tomar la decisión de demolerlo o resignificarlo, para que deje de celebrar un  triunfo del fascismo.

Cuando los nietos de los desaparecidos por la represión franquista comenzaron la exhumación de las fosas de sus abuelos, numerosos columnistas y políticos conservadores se aventuraron a acusarlos de querer ganar una guerra que sus abuelos habían perdido. Hasta entonces el franquismo era un crimen perfecto, las víctimas calladas, el rastro de sus crímenes borrado en los libros de texto y los privilegios de los cruzados cebándose en el IBEX 35, en las empresas privatizadas y en las élites que han gobernado este país en las últimas décadas, que han embalsamado el silencio mientras las víctimas se descomponían bajo la intemperie de la impunidad.

Mientras amasaba una fortuna nacida de la corrupción y la violencia, Franco otorgó un suculento botín de guerra y honores a muchos de sus compañeros de lucha. No era generosidad; así compraba fidelidades y silencios acerca de sus pingües y poco patrióticos negocios. El reparto de títulos nobiliarios supuso la creación de una nueva corte formada fundamentalmente por criminales de guerra. Creó, por ejemplo, el Ducado de Mola, destinado a reconocer a Emilio Mola, autor de las instrucciones del golpe de julio de 1936: “Es necesario crear una atmósfera de terror, hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros. Tenemos que causar una gran impresión, todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado”. También otorgó el Marquesado de Queipo de Llano, destinado a Gonzalo Queipo de Llano, que en sus alocuciones radiofónicas decía cosas como esta. “Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombre. De paso también a las mujeres de los rojos que ahora, por fin, han conocido hombres de verdad y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará”.

En total fueron 39 títulos que se completaron el 26 de noviembre de 1975 con el que Juan Carlos de Borbón le concedió a Carmen Franco Polo “en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en ella concurren”. ¿Merecimientos? Ser la hija del golpista Francisco Franco y heredera de uno de los dictadores que más dinero acumuló gracias al uso despiadado de la violencia y al manejo de la corrupción.

Durante estos años de recuperada democracia, todos los Gobiernos, a través de ministros de justicia, han renovado los títulos nobiliarios a los descendientes de los criminales de guerra y beneficiarios políticos y económicos de las violaciones de Derechos Humanos de la dictadura. Ninguno Gobierno constituido en la legitimidad de las urnas ha cuestionado el papel de una institución democrática en el enaltecimiento de las atrocidades cometidas por los responsables de la desaparición de 114.226 personas civiles, asesinadas y cuyos cadáveres permanecen ocultos y secuestrados, lejos de sus familias.

Cuando los herederos de la corrupta fortuna del dictador Francisco Franco han solicitado ante el Ministerio de Justicia la renovación del Ducado de Franco, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica acudió a la Fiscalía General del Estado para instarle a tomar medidas si la tramitación del citado título vulnera algunas leyes, además de humillar a víctimas de delitos graves cuya protección y dignidad está blindada por el derecho penal internacional.

Cada vez que un Ministro de Justicia de la democracia ha firmado la renovación de un título nobiliario a un criminal de guerra franquista, el Gobierno ha celebrado el golpe de Estado del 18 de julio y la victoria de tres ejércitos fascistas que sumieron a España en cuatro décadas de terror y oscuridad. La connivencia con el pasado franquista, la impunidad de la dictadura y el mantenimiento de calles, monumentos y reconocimientos son síntomas de una debilidad democrática y de una correlación de fuerzas en la que las élites franquistas siguen dominando a una democracia cautiva.

Los intentos por corregir esas situaciones han carecido de verdadera voluntad política, incluida la Ley de la Memoria que comenzó a ser incumplida por el Gobierno que la aprobó. La lucha de las víctimas de la dictadura por obtener justicia confirma la afirmación de Eduardo Galeano cuando decía que “la justicia es como las serpientes, sólo muerde a los descalzos”.

Jean Paul Sartre recibió un día de forma anónima el texto de un libro titulado “El fin de la esperanza”, firmado con un seudónimo, Juan Hermanos. El libro narra la vida tras la victoria de quienes no pudieron escapar de España, personas a las que les costaba respirar por el miedo a que alguien de pronto las señalara por la calle como no adeptos y a las que la existencia bajo la opresión de la dictadura les llenaba de angustia. Se trata de un libro que debería leerse en todos los centros de enseñanza, pero no es así en un país en el que todavía la Corte de la Victoria conserva intactos sus privilegios. Entre sus múltiples análisis y explicaciones define de muchos modos el tiempo de la victoria: “Bajo esta aparente tranquilidad se ejercía silenciosa opresión: la prensa amordazada, las noticias deformadas sistemáticamente, discursos que afirmaban que todos éramos felices y estábamos contentos. Quisiera saber el porqué de estos discursos. ¿Se imaginaban que a fuerza de repetirnos que estábamos de acuerdo con nuestros opresores terminaríamos por pensarlo?”. Así estamos hoy.

A principios de diciembre de 2004, Isabel González entró en las dependencias del Palacio de la Moncloa para acudir a una reunión con los representantes de la Comisión Interministerial que iba a elaborar la ley de la memoria histórica. Isabel llegaba desde la localidad leonesa de Palacios del Sil y buscaba a un hermano desaparecido. Casi sesenta años antes había acudido a la Sociedad de Naciones para denunciar allí las desapariciones de la represión franquista, porque ella buscaba a su hermano Eduardo y a uno de sus cuñados.

Isabel acudía a aquella reunión como parte de la representación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), el colectivo que en el año 2000 había llevado a cabo la primera exhumación científica de desaparecidos de la dictadura fascista del general Franco y había abierto ante la ONU el caso de las personas desaparecidas en España.

Después de contar su historia, un asesor del Ministerio de la Presidencia le pidió a la representación de la ARMH que dejara de realizar exhumaciones hasta que la ley estuviera aprobada. Y la persona que escribe estas líneas le contestó. “Dígale eso a Isabel, que debería haber estado sentada en esta silla por las mismas razones en 1976 y ahora que tiene más de 80 años viene aquí a que la ayuden y le piden que siga esperando”.

Si Isabel González hubiera esperado, que no lo hizo, lo habría hecho en vano, porque la ley de la memoria se aprobó un año y medio después de que ella muriera y en su articulado hablaba del que las instituciones tenían que facilitar la búsqueda de desaparecidos, algo contrario a los derechos humanos porque en una democracia no deben facilitarse, si no deben garantizarse.

La Ley de la Memoria entró en vigor el 28 de diciembre de 2007, un día después de haber aparecido publicada en el BOE. En su preámbulo hacía una declaración de la debilidad política que iba a tener porque repetía que la memoria de las víctimas de la dictadura era “personal y familiar”, que es algo así como dudar de que sea un asunto público y por lo tanto político. ¿Alguien desde el Estado le diría a una víctima del terrorismo que su memoria es personal y familiar?

La mejor explicación de su espíritu y de su falta de efectividad política está en el Artículo 4. Declaración de reparación y reconocimiento personal. Se trata de un certificado que recibe de formar privada en su buzón una víctima de la dictadura. Es un certificado en el que se le dice algo que ya sabe: usted fue preso político, es hijo de un desaparecido, se le condenó al exilio… El certificado no lo entrega un representante del gobierno en un acto público, en el que al menos de manera simbólica se reconocería una deuda del Estado con las víctimas. Entonces, ¿dónde está la reparación? En ninguna parte, se trata sólo de una pirueta semántica, un artificio del lenguaje. ¿Se imagina alguien que el único reconocimiento público que recibiera una víctima del terrorismo fuera una carta que le cuente lo que le ha ocurrido?

La Ley de la Memoria nació como lo hizo para no solucionar los problemas que quedaban pendientes. Prácticamente ninguno de esos problemas ha sido resuelto diez años después, porque María Teresa Fernández de la Vega la diseñó para que no resolviera nada. Esa es la razón por la cual, el primer Gobierno en incumplirla fue el mismo que la aprobó, que sólo al final de la legislatura encargó un informe de expertos sobre el Valle de los Caídos, que recomendaba sacar a Franco del Valle de los Caídos y que fue hecho público unas pocas semanas antes de la victoria del Partido Popular, o sea, estaba diseñado para dejárselo al PP para luego echarle en cara no haberlo llevado a cabo. ¿Pero por qué el PSOE que estuvo en el Gobierno casi cuatro años con la ley aprobada no lo hizo?

Eso nos lleva a pensar que igual lo que hacía y hace falta para resolver los derechos de las víctimas de la dictadura franquista es voluntad política y no una ley. Lo que hacía y hace falta es que el poder judicial español investigue, juzgue y determine cuál es la reparación a la que tienen derecho. La Ley de la Memoria fue la apropiación política de una realidad que debería resolverse en el ámbito judicial.

A esa debilidad de voluntad política podemos añadirle muchas medidas y cuestiones que ni siquiera fueron tratadas en ella. La Iglesia Católica, que fue una herramienta para el ejercicio de la represión y la legitimación del fascismo ni se menciona. Los homosexuales y las lesbianas, que también sufrieron la dura represión, no son mencionados en el texto. Las propiedades confiscadas por pistoleros de falange, caciques locales y pantomimas de juicios tampoco se mencionan en un país en el que algunos partidos políticos y sindicatos que existían en 1936 fueron reparados y las personas no. El texto de la ley tampoco incluye la palabra mujer, cuando muchas de ellas fueron rapadas y humilladas públicamente, violadas y convertidas en la dictadura en casi animales domésticos por su falta de derechos y posibilidades de llevar a cabo un proyecto de vida propio.

El primer debate parlamentario acerca de la ley se produjo el 14 de diciembre de 2006. Unos días antes, el 23 de noviembre, la jerarquía de la iglesia católica entró en el debate a través de un documento titulado “Orientaciones morales ante la situación actual de España”. En uno de sus puntos “La reconciliación, amenazada” se decía que: “Una sociedad que parecía haber encontrado el camino de su reconciliación y distensión, vuelve a hallarse dividida y enfrentada” por “una utilización de la ”memoria histórica“, guiada por una mentalidad selectiva”. Unas semanas después de defender que había que dejar de actuar en el pasado, la Conferencia Episcopal española anunciaba la beatificación de más de cuatrocientos mártires de la guerra civil, volviendo a utilizar su pasado de víctima para seguir escondiendo su enorme papel desempeñado en la represión.

Con esas limitaciones marcadas por la falta de voluntad política llegó la Ley de la Memoria al Boletín Oficial del Estado. En sus diez años de vida ha dado la nacionalidad a descendientes del exilio, ha servido en algunos casos de palanca para retirar del callejero honores a los franquistas y ha dado la nacionalidad española a unos pocos brigadistas internacionales. Pero lo que no ha impedido es que en esta década hayan muerto miles de descendientes de las personas, que la represión fascista hizo desaparecer, sin haber recibido ninguna atención por parte de un Estado que ha seguido renovando los títulos nobiliarios concedidos por el dictador Francisco Franco a criminales de guerra y escondiendo en los libros de texto los contenidos de la dura represión.

La causa de la falta de políticas de memoria y de investigaciones penales de las violaciones de Derechos Humanos de la dictadura tiene que ver con la estructura social: España ha sido gobernada desde la muerte del dictador por una estructura de poder y unas élites formadas en las universidades en los años cincuenta, sesenta y principio de los setenta, cuando salvo excepciones sólo llegaban a ellas los hijos del régimen.

Frente a tantos esfuerzos por sostener y restaurar la impunidad, una sociedad civil que no ha cejado en su empeño de investigar, exhumar, identificar, enunciar y denunciar. En un año como este sirve el ejemplo de Ascensión Mendieta. Cumplió 88 años en un avión en el que viajaba a Argentina para que la justicia de aquel país le garantizase los derechos que se le negaban en España. Finalmente, este año la justicia que fue a buscar a miles de kilómetros ha permitido que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica exhumara en Guadalajara los restos de Timoteo Mendieta, los identificara científicamente y se los entregara para darles una digna sepultura.

En un país con una ley de memoria en vigor el viaje de Ascensión Mendieta nos ha mostrado una radiografía de la cultura democrática española, marcada por la falta de voluntad política para tratar la dictadura como un enorme crimen. Algo que han hecho: la ONU, el Consejo de Europa y numerosos organismos internacionales. Los gobiernos de España viven una autarquía en materia de Derechos Humanos. Las élites le llaman consenso, le llaman sentido de Estado, pero es impunidad. Quizá la mayor debilidad de nuestra democracia y la causa y el refugio de lo peor de nuestra realidad política.

En su comparecencia como testigo de una “separata” del juicio de la trama Gürtel, el presidente Mariano Rajoy fue preguntado por el abogado de la acusación, Mariano Benítez de Lugo en los siguientes términos [aquí, la transcripción completa]:

M.B. ¿Dirigió o no dirigió alguna campaña electoral aparte de la que nos ha comentado del señor Aznar?

R. Dirigí la campaña electoral de 1994, elecciones europeas; la de 1995, elecciones municipales y autonómicas; 1996, elecciones generales, y la del año 2000, elecciones generales. En los tres primeros casos estaba trabajando en Génova como vicesecretario y en la última estaba en el Gobierno, pero durante un mes y medio compaginé la labor en el Gobierno con la dirección de la campaña del año 2000. Por tanto, la última vez que dirigí una campaña fue hace 17 años largos, 1990 [se equivoca, quiere decir 2000].

M.B. Le he preguntado antes sobre el organigrama del PP ¿Podría aclararnos qué estructura se establece cuando se realiza una campaña electoral?

R. Cuando hay una campaña electoral, se nombra un director de campaña y un comité de campaña. La función fundamental del director campaña, responsabilidad que yo asumí como acabo de señalarle en cuatro ocasiones diferentes, es una responsabilidad de tipo político. ¿Qué hace el director de campaña? En primer lugar, el programa electoral. En segundo lugar, las listas electorales. En tercer lugar, prepara los debates, fija la estrategia de campaña, dice si conviene incidir más en un tema u otro, elige las provincias prioritarias en las que tenemos que desempeñar una mayor actividad… Esa es la función del director de campaña, que en la práctica dirige todo lo que es la parte política de la actividad de un partido político.

M.B. Ya que ha precisado que dirige la parte política… la parte económica, ¿no la conoce el director de campaña?

R. En absoluto. El presupuesto se elabora por los servicios económicos y cuando se termina la campaña dan cuentas al Comité Ejecutivo. El director de campaña se dedica única y exclusivamente a la política.

Así el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó bajo juramento que desconocía los datos económicos de la campaña electoral del Partido Popular que él mismo dirigió en el año 2000. Lo dijo delante de un tribunal, pero ¿dijo la verdad?.

Las hemerotecas reflejan la rueda de prensa que llevó a cabo el 21 de febrero de 2000 en la que proporcionó a los medios de comunicación toda la información económica del dinero del que iba a disponer durante la campaña.

El presidente del Gobierno había afirmado en sede judicial desconocer absolutamente los gastos económicos de la campaña porque él sólo se dedicaba a la parte política. Cuando fue preguntado si conocía una supuesta Caja B que pudo inyectar dinero en esa campaña aseguró que:

Pero el Tribunal de Cuentas señaló algunas irregularidades en el informa sobre esa campaña, que señaló un artículo del diario El País, el 4 de diciembre de 2000.

Antes esta evidencia es lícito preguntarse si el presidente del Gobierno dijo o no dijo la verdad en sede judicial y si la Fiscalía debería tomar a cabo medidas para investigar y contrastar la veracidad de sus afirmaciones.

Primero lo secuestraron y lo detuvieron ilegalmente. Sus captores lo torturaron porque era parte del castigo que pretendían infringirle. Lo habían elegido por su militancia política y no iban a tener ni la más mínima contemplación con él ni con su familia. Las armas todavía calientes, acostumbradas a las distancias cortas, a no dudar al apuntar, a mirar a los ojos a la persona a la que estaban a punto de arrebatarle la vida.

Después de mantenerle retenido, lo sacaron con los ojos vendados y no era por protección de los verdugos, porque no sobreviviría para delatarles. Era una forma más de aumentar su sufrimiento. Finalmente, junto a unos árboles, le dispararon dos tiros en la cabeza y allí dejaron su cuerpo agonizante.

Hasta aquí este podría ser el relato del asesinato de Miguel Ángel Blanco pero es el de Emilio Silva Faba, mi abuelo, militante de Izquierda Republicana en Villafranca del Bierzo, donde dedicó su vida política a reclamar la construcción de un grupo escolar público y laico. Los asesinos, pistoleros de la Falange, no habían terminado su trabajo. Hicieron enterrar su cadáver a unos aterrorizados vecinos, y quedó abandonado en aquella cuneta, lejos de su casa, de los lugares por los que su familia buscó su cuerpo, para multiplicar el castigo a quienes iban a sufrir su pérdida.

La desaparición forzada es el peor delito contra la sociedad que se puede cometer a través de una persona. Se le detiene ilegalmente, se le tortura, se le quita la vida después de haberlo aterrorizado, y se hace desaparecer su cadáver para destrozar emocionalmente a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de militancia.

De ese modo fueron asesinadas y arrojadas a fosas comunes en cunetas, caminos o fuera de las tapias de los cementerios 114.226 personas, civiles que no se encontraban en un escenario de guerra, entre dos trincheras, formando parte o en medio de dos ejércitos.

Los asesinos formaban parte de lo que el diario cordobés La Voz tituló la primera vez que fue tomado y editado por los pistoleros de la Falange, el 21 de agosto de 1936: “Las valerosas fuerzas que luchan por España limpian de marxistas los pueblos”.

Aquel era el proyecto político y genocida de los golpistas del 18 de julio de 1936. Sembrar terror ejemplarizante entre los hombres y mujeres que habían osado construir una democracia en la que ganaron elecciones diferentes ideologías, que separó la Iglesia católica del Estado y que estableció nuevos derechos para las clases sociales que en España siempre habían estado sometidas a los grandes latifundistas y las grandes fortunas con la ayuda de la Iglesia y el Ejército.

24 de diciembre de 2016. Felipe VI, en un despacho del Palacio de la Zarzuela, lee su discurso de navidad. En medio de su argumentación, una frase destinada a las víctimas de la dictadura, a los descendientes de aquellos hombres y mujeres que están en las cunetas: “Son tiempos para profundizar en una España de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas”.

28 de junio de 2017. La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, lee su discurso en la celebración del aniversario de las elecciones del 15 de junio de 1977. Entre sus afirmaciones, como cabeza representativa de una institución que debe acoger las ideas de todos los españoles, una alusión al inolvidable papel de las víctimas del terrorismo y, en un acto de negacionismo, ninguna mención a las víctimas de la dictadura franquista y a los hombres y mujeres que se enfrentaron y lucharon contra la dictadura para que un día ella fuera presidenta del Parlamento español gracias a unas elecciones democráticas.

12 de julio de 2017, la hermana de Miguel Ángel Banco le exige a la alcaldesa de Madrid que cuelgue una pancarta con el rostro de su hermano en la fachada del Ayuntamiento. Marimar Blanco, diputada del Partido Popular, el mismo que no tuvo complejos en que sus tramas de corrupción utilizaran los espacios destinados al apoyo a las víctimas del terrorismo. Ella, que no soporta que se relaciones a las víctimas del terrorismo con las del franquismo, intenta imponer el relato del PP y la actitud que debe tener alguien para mostrar su rechazo a la violencia.

Mientras ella realiza esas manifestaciones, con todo el respaldo de las instituciones y las líneas editoriales de los grandes medios de comunicación, Chon Vargas Mendieta, nieta de Timoteo Mendieta, y un representante de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica denuncian públicamente que el Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por el Partido Popular, pretende cobrarles 2.057 euros de tasas, más bien una multa, por haber osado rescatar los cuerpos de 27 personas asesinadas en los tiempos de la paz franquista, por haber pertenecido a sindicatos de izquierdas.

Las élites españolas, que lo fueron durante la dictadura franquista, beneficiarias directas o indirectas de la violencia, el saqueo y la corrupción política del régimen, hicieron grandes esfuerzos para convertir la transición en una puerta giratoria, en la que entraron franquistas y salieron demócratas. Fue precisamente el recién condecorado Rodolfo Martín Villa el encargado de quemar millones de documentos para blanquear cientos de miles de currículums de adeptos, dirigentes y colaboracionistas.

Una vez borrados los documentos, lo más incómodo para ellos era la memoria de las víctimas, de los luchadores antifranquistas, de quienes los habían conocido antes y después. Y por eso era preciso quitarles la voz a los supervivientes, enmudecerlos, mantenerlos a raya, y la construcción de ese gran silencio fue otro de los grandes objetivos políticos de las élites.

El aprendizaje de la experiencia de las víctimas del terrorismo de ETA fue descubierto por esas élites como una buena herramienta para ocultar su pasado y así, poco a poco, fueron poniéndolas en el centro de la política, utilizándolas para esconder a otras y convirtiéndolas en un valor absoluto de la democracia.

Así se consolidó en esos años el uso y abuso del Partido Popular de las víctimas del terrorismo de ETA, la cooptación de algunas de ellas mediante buenos sueldos en fundaciones, espacios mediáticos e incluso puestos en listas electorales.

En el inicio del año 2000, los nietos de los desaparecidos de la dictadura comenzaron un movimiento social para buscar y reivindicar a sus abuelos y abuelas. La ignorancia y el silencio impuesto comenzaban a resquebrajarse y la élite que había vivido en una sociedad desmemoriada comenzó a articular sus argumentos en contra. Así, de las reivindicaciones de las víctimas del franquismo se ha dicho que: reabren heridas, dividen a los españoles o se acuerdan de sus padres por dinero. Desde el Partido Popular, pasando por la Conferencia Episcopal y llegando a la jefatura del Estado se ha repetido como un mantra que quienes sufrieron el delito más grave que se puede cometer contra un ser humano están mejor calladas; y, por supuesto, se les ha negado cualquier apoyo desde las instituciones, utilizando los recursos públicos para criminalizarlas y acusarlas de poner en peligro la democracia.

Todas las víctimas de la violencia denuncian y reclaman justicia para hechos cometidos en el pasado. Todas tienen derecho a que las instituciones democráticas las protejan y les garanticen su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Todas sienten dolor y todas tienen derecho a tener una ideología y un pasado sin que ello suponga que el Estado pueda seleccionar a quién ayuda y a quién desprecia.

Mientras los desaparecidos de la dictadura franquista tienen que esperar la ayuda de un sindicato noruego de electricistas o de un grupo de forenses llegados de cualquier parte del mundo, hay otras víctimas que reciben todos los derechos por parte del Estado. Las personas asesinadas por la violencia tienen una vida política y todos y todas tienen derecho a participar de ella en igualdad de condiciones. Escuchar a Mariano Rajoy presumir de que su Gobierno dedica cero euros a ayudar a personas como Ascensión Mendieta no sólo abochorna a cualquier persona con un mínimo de humanidad, sino que forma parte de una cultura política proveniente del franquismo en la que unos españoles tienen todos los derechos, y otros ninguno.

Los recursos públicos y la atención a víctimas de la violencia tienen que ser una política de derechos humanos que no puede depender del capricho de quienes gobiernen. Igual que en las urgencias de un hospital no se pide un carnet político para ver quién es atendido y quién no, las políticas públicas asistenciales a víctimas de delitos violentos tienen que ser universales y responder a las necesidades materiales y emocionales de quienes se hayan visto afectados directa o indirectamente por el terrible dolor de una pérdida violenta.

Esconder a las víctimas de la dictadura y maltratarlas desde el Estado, mientras a otras se les garantizan todos los derechos es un acto inhumano de discriminación, que muestra las costuras de una democracia débil, al servicio de intereses de un grupo y no de toda la sociedad. Cuando acabemos con ese apartheid y terminemos con esa discriminación habremos dado como sociedad un salto democrático y terminaremos de maltratar a quienes los mayores enemigos de la democracia, que son los dictadores violentos como Francisco Franco, decidieron convertir en sus enemigos, a quienes están en las cunetas, por no participar en la destrucción de las libertades, ni legitimar el uso de la violencia para asaltar el poder.

Cuando todos los Timoteo Mendieta estén enterrados con la misma dignidad que los Miguel Ángel Blanco, seremos una sociedad mucho más digna.

Cuando el 19 de noviembre de 1933 se abrieron los colegios electorales para recoger los votos de unas elecciones generales, había una novedad trascendental entre el electorado: mujeres. Aquellos comicios fueron los primeros que se celebraron en España con sufragio universal, nuestras primeras elecciones generales democráticas. En la portada del ABC del 22 de noviembre de ese año puede verse una foto de cuatro mujeres junto a una urna, acompañadas de un titular que dice: “El enorme triunfo de las derechas y la actuación electoral de la mujer”. Así fue la Segunda República, un periodo democrático con victorias electorales de ideologías diferentes y participación sin restricciones de género.

La muerte del dictador Francisco Franco abrió un proceso en el que se podía recuperar la democracia y las élites franquistas decidieron ocultar que nuestro país ya había hecho la transición durante los años treinta del siglo pasado. Se trataba de seguir escondiendo que el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 asesinó una democracia, y de apartar del debate político la posibilidad de volver a ser un estado republicano. Por eso la academia y los medios de comunicación bautizaron el proceso como una transición, como si fuera la primera vez que nuestra sociedad se disponía a acercarse con una papeleta en la mano a unas urnas democráticas. El segundo objetivo era preparar una asociación entre el regreso de la monarquía y el inicio de la democracia, una forma de consolidar la jefatura del Estado de Juan Carlos de Borbón y escenificar una estrenada lejanía de sus estrechos vínculos con el dictador.

Otro objetivo era crear una enorme puerta giratoria por la que buena parte de la élite de la dictadura entrara en la democracia sin perder su estatus, con el falso relato de que eran una especie de demócratas infiltrados en el franquismo que ya estaban trabajando por las libertades desde dentro. Todas estas operaciones políticas necesitaban un Parlamento en el que no se dieran discrepancias y de forma mayoritaria fuera aceptada esa operación transición.

Así que el Gobierno se puso manos a la obra. El ministro de la Gobernación (hoy de Interior), Rodolfo Martín Villa, fue el encargado de legalizar a unos partidos políticos y no hacerlo con otros. Quienes no iban a poder tener una papeleta en las elecciones generales del 15 de junio de 1977 fueron quienes se negaron a renunciar a la defensa de un Estado republicano o/y a una amnistía para los violadores de derechos humanos de la dictadura. Fue el caso de Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña, que en las últimas elecciones democráticas antes de la dictadura obtuvo el 18,4% de los votos. Cuando presentó la documentación para legalizarse la respuesta del Gobierno fue que no podían aceptarlo “por ser contrario a la forma de Estado”. ¿Qué forma de Estado tenía España en la primavera de 1977 cuando no se había aprobado una Constitución que la definiera?

“Siguen sin legalizar más de veinte partidos de extrema izquierda”, titulaba el diario El País, el 4 de agosto de 1977, más de mes y medio después de celebradas las elecciones. Para entonces el Parlamento que habían prediseñado las élites franquistas ya estaba en marcha. Dentro, un PCE que había renunciado a la reivindicación de la república o una Esquerra de Catalunya que no pudo presentarse con su verdadero nombre, Esquerra Republicana de Catalunya.

Así se diseñó ese Parlamento del que se iban a secuestrar dos grandes debates: el modelo de Estado, si debíamos volver o no a la república democrática destruida por el franquismo; y si los responsables de las violaciones de derechos humanos de la dictadura debían ser juzgados o apartados de la vida política democrática. La primera ley que aprobó ese Parlamento fue la de amnistía, que blindaba a las élites franquistas de cualquier responsabilidad penal y que todavía hoy lo hace. En cuanto a la república, hemos conocido recientemente la afirmación del que fuera presidente, Adolfo Suárez, de que no plantearon un referéndum acerca de la monarquía porque podían haberlo perdido.

Así se formateó el disco duro de lo que hoy se conoce como régimen de 1978. Sus principales gestores se han afanado en convertir en oficial un relato edulcorado y desinformado acerca de regreso de la democracia. En la principal literatura académica o en la formación universitaria de científicos sociales, estas restricciones democráticas de las primeras elecciones ni se mencionan. Así se ha construido la idea de que la Transición fue como fue porque nadie pidió otra cosa, sin aclarar que nadie pudo llegar al Parlamento que reclamara otras cosas.

“A cuarenta años de las primeras elecciones democráticas, España mira al pasado en libertad”. Con esta frase se iniciaba la voz en off del reportaje especial del programa Informe Semanal, de TVE, para conmemorar las elecciones del 15 de junio de 1977. Negando la existencia de un pasado democrático, anterior a la dictadura, los gestores del ente público, han vuelto a apuntalar el mito de la Transición, escondiendo la realidad de lo que fueron los temerosos años que sucedieron a la muerte de Franco.

Tanta insistencia y empeño ponen las élites en que se desconozca la Transición real, que el acto celebrado el pasado viernes en el Congreso de los Diputados para conmemorar aquellas elecciones estuvo encabezado por Rodolfo Martín Villa, el ministro franquista que en 1977 censuró e ilegalizó las libertades públicas y la pluralidad de ideas, que es la base de la democracia.

El secuestro de debates fundamentales en aquella legislatura, la institucionalización de silencios y los estrechos márgenes ideológicos de aquel Parlamento han marcado el desarrollo posterior de este periodo democrático. Durante casi tres décadas el debate acerca de la monarquía o la república ha sido un tabú. La impunidad construida en aquellos años se ha institucionalizado hasta convertirse en un hábito que corrompe las instituciones, erosiona el ejercicio de la democracia y obstaculiza la separación de poderes; también la corrupción económica que era el propio ser de la economía en el franquismo sigue tan impune como entonces.

El uso del relato idílico de la Transición ha servido para blanquear biografías de franquistas, ha embellecido y exagerado el papel de la monarquía en el regreso de la democracia, además de desvincular la figura de Juan Carlos de Borbón de la del dictador Francisco Franco. Paralelamente, en ese relato/retrato oficial no están las mujeres y los hombres que lucharon contra la dictadura, que se sacrificaron y sufrieron por el regreso de la las libertades. En las últimas décadas han muerto en silencio, lejos de la opinión pública, sin el reconocimiento que merecen, expulsados del marco. De ello se han encargado todos los que usaron los años posteriores a la dictadura para blanquear sus biografías. Los grandes medios y la academia han marginado a los luchadores antifranquistas porque eran testigos de la parte franquista de las biografías de muchos dirigentes, académicos, periodistas y miembros de la élite que ha gestionado este país antes y tras la muerte del dictador.

El regreso de la democracia fue un proceso extremadamente difícil, con una enorme violencia social que causó más de 500 ¿muertos? por causas políticas. El himno “oficial” de la transición, Libertad sin ira, decía en su estribillo “guárdate tu miedo y tu ira”. Pero ni quienes sufrieron la brutal represión de la dictadura pudieron guardarse su miedo; ni la derecha franquista, que no tuvo ninguna restricción para acudir a las elecciones de 1977, guardó su ira.

La fragilidad de la cultura democrática en España tiene que ver con el perfil político de quienes pilotaron su regreso. Lo hicieron sin memoria, sin incorporar el antecedente de la Segunda República, con los intereses de una élite que no había tenido escrúpulos para medrar en una dictadura y que con esos principios ocupó el poder democrático. Por esa razón no tenemos una comisión de Derechos Humanos en el Congreso de los Diputados, formamos un Estado constitucionalmente aconfesional que otorga enormes privilegios y dividendos a la Iglesia católica y mantenemos el Registro de Asociaciones en la sede del Ministerio del Interior, como si las personas que deciden asociarse fueran previamente sospechosas de algo.

Una democracia frágil que debe fortalecerse con un relato real de su pasado, no con la versión de quienes querían esconder su pasado embelleciendo su presente. Y así rendiremos un merecido homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron y mantuvieron principios democráticos gracias a quienes yo puedo escribir libremente estas palabras.

Emilio Silva es presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.Emilio Silva