Al segundo día de que a Jeroen Dijsselbloem le llovieran las críticas por sus polémicas palabras acerca de que los países del sur gastan el dinero en “alcohol y mujeres”, el presidente del Eurogrupo ha pedido disculpas. Aunque asegura que no piensa dimitir por ello, como le han pedido numerosas voces.

“Lamento que alguien se haya ofendido con las palabras”, ha dicho en un comunicado. En su opinión, su comentario “se ha malinterpretado” y para entenderlo, debe enmarcarse en “la franqueza de la estricta cultura calvinista holandesa”, ha dicho. “Entiendo que que esto no siempre se entienda correctamente en el resto de Europa. Es otra lección aprendida”, aunque “no tengo intención de dimitir”, ha puntualizado.

Portugal se ha convertido en el primer país en pedir abiertamente la dimisión de Jeroen Dijsselbloem como presidente del Eurogrupo por sus polémicas declaraciones en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, asegurando que en el sur la gente se gasta el dinero “en alcohol y mujeres”. 

El primer ministro luso, el socialista António Costa, le ha acusado de tener una “visión xenófoba, racista y sexista” de una parte de la UE y ha asegurado que “en una Europa en serio, el señor Dijsselbloem a esta hora ya habría dimitido”, según la radio portuguesa TSF.

También el ministro de Negocios luso, Augusto Santos Silva, - del partido socialista, igual que el político holandés - ha denunciado sus palabras: “esa idea de que la gente se gasta el dinero en alcohol y mujeres es una forma de hablar que, con toda certeza, no es propia de un ministro de financias europeo. ”Es evidente que el señor Dijsselbloem no reúne las condiciones para seguir al frente del Eurogrupo“.

También desde Italia han llegado críticas. Y de nuevo, por parte de un socialista. El ex primer ministro Mateo Renzi ha escrito en su página de Facebook que “la gente como” Dijsselbloem “no merece ocupar el papel que desempeña” y cree que “cuanto antes dimita, mejor”.

La misma opinión que horas antes expresó otro italiano, Ginanni Pittella, presidente del grupo de los socialistas europeos en la Eurocámara. “Me pregunto si una persona con esas creencias puede todavía considerarse apta para presidir el Eurogrupo”, dijo.

El Partido Socialista Europeo, sin embargo, no ha querido ir tan lejos. En un comunicado, ha lamentado las palabras del holandés porque “de ninguna manera, reflejan el punto de vista de nuestra familia política”. El presidente, Sergei Stanishev, ha dicho que “las palabras de Dijsselbloem son, simplemente, inaceptable”, pero ha evitado pedir su dimisión.

Tampoco la ha pedido el ministro de Economía español, Luis de Guindos, cuando esta mañana se le ha preguntado en los pasillos del Congreso sobre este asunto.

“Las declaraciones me parecen desafortunadas desde el punto de vista de la forma y del fondo” y por eso “esperaba que se hubiera arrepentido”. Pero lejos de pedir disculpas, Jeroen Dijsselbloem se negó este martes a pedir perdón.

Cuando eurodiputados españoles de varios partidos - que van desde el Partido Popular hasta Compromís - le exigieron explicaciones, respondió lo siguiente: “no se ofendan, no se trata de un país, sino de todos”, y culpó a la prensa española de haber recogido sus palabras en la entrevista del Frankfurter Allgemeine Zeitung “por alguna razón”, dando a entender que se está creando una campaña contra él por haberle ganado la presidencia del Eurogrupo a Guindos hace dos años.

De la Comisión Europea también han llegado críticas hacia Dijsselbloem. La responsable de la cartera de Competencia, Margarethe Vestager, ha sido la primera en pronunciarse desde el Ejecutivo comunitario, asegurando que ella “no lo habría dicho” y que cree que “está mal”.

La polémica llega precisamente cuando el cargo del holandés está en entredicho. No sólo por sus declaraciones, sino porque su partido se ha desplomado en las elecciones holandesas y difícilmente podrá seguir estando al frente del nuevo Gobierno.

Las normas que regulan quién puede estar al frente del Eurogrupo son poco claras. No especifican con precisión si alguien que ya no es ministro puede continuar en el puesto. Una situación que, además es inédita, por lo que la decisión sobre su continuidad acabará siendo política. Y sus últimas palabras no le ayudan a seguir, aunque él quiera hacerlo hasta el final, enero del año que viene.

El Parlamento Europeo ha dado esta semana su visto bueno al reglamento de la UE que endurece las inspecciones alimentarias a lo largo de toda la cadena de suministro, para evitar fraudes como el de la carne de caballo, en 2013.

Aquél escándalo apareció por primera vez en Irlanda, cuando se descubrió que en algunas hamburguesas de ternera congeladas había carne equina. Acto seguido se vio que el engaño afectaba también al mercado británico y los controles posteriores que se hicieron en varios países europeos demostraron que el fraude les había alcanzado.

Esas inspecciones hicieron saltar la voz de alarma, porque algunos análisis habían encontrado “bute” en la carne de caballo, un antiinflamatorio con el que se trata a estos animales, que puede ser potencialmente dañino para las personas. Más tarde, se observó que este analgésico sólo afectaba al 0,5% de los casos.

La salud humana no estaba realmente en riesgo, pero sí se había cometido un fraude alimenticio. La carne de caballo es más barata que la de ternera, y en plena crisis económica se sospechó que la estafa se había ideado para aumentar beneficios.

Test sorpresa

La normativa que acaba de aprobar el Parlamento Europeo establece controles más efectivos sobre la seguridad alimentaria y la salud veterinaria y prevé la posibilidad de llevar a cabo tests por sorpresa en todos los sectores de la cadena de suministro.

Se restringen las reglas ante prácticas fraudulentas y se armoniza a nivel comunitario la forma de realizar las inspecciones sobre productos importados de terceros países. “Necesitamos mejores controles y un régimen de sanciones más eficaz para disuadir a los infractores. Los recientes escándalos en la cadena alimentaria han demostrado que las sanciones existentes no eran suficientes”, dijo esta semana la eurodiputada del PP, Pilar Ayuso, ponente del grupo popular europeo sobre esta normativa.

Aumentar la confianza de los consumidores en la industria agroalimentaria tiene además, consecuencias económicas. Se trata del segundo sector industrial más importante de la UE, que genera un valor de 750.000 millones al año y emplea a 48 millones de personas en 17 millones de empresas, según los datos que ofrece el servicio de investigación del Parlamento Europeo.

La sentencia que el pasado miércoles dictó la justicia de Luxemburgo contra los delatores del escándalo LuxLeaks ha reavivado el debate sobre la necesidad de establecer una ley de ámbito europeo que proteja a los denunciantes de estos casos. Hoy en día, su amparo varía en cada país y las normas comunitarias están fragmentadas por sectores.

La Corte de Apelación de Gran Ducado condenó a Antoine Deltour a seis meses de cárcel y una multa de 1.500 euros y a Raphael Halet, a una sanción de 1.000 euros. El periodista Edouard Perrin fue absuelto. “Esto demuestra la indefensión de denunciantes e informadores, incluso cuando se trata de cuestiones de interés público”, se lamenta el eurodiputado de ICV Ernest Urtasun. Sin la denuncia, “nunca podríamos haber demostrado la existencia de estos acuerdos fiscales inmorales e inaceptables entre las grandes empresas y la administración tributaria de Luxemburgo”, continúa.

El jefe de la delegación del PSOE en el Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui, recuerda que “los filtradores de estos documentos han puesto en riesgo su carrera profesional y su integridad personal” y cree que “deberían tener el reconocimiento de la sociedad por su valentía”. Ambos eurodiputados se encuentran entre los que estos días han vuelto a reclamar una ley a nivel comunitario.

La demanda se remonta en el tiempo y ante esta situación, la Comisión Europea lanzó el pasado 3 de marzo una consulta pública sobre cómo debería mejorar la legislación en vigor. Dejando claro, eso sí, que respetará la división de competencias entre el Ejecutivo comunitario y los Estados miembros. “Los delatores pueden desempeñar un papel crucial en lo que respecta al lavado de dinero, fraude y corrupción”, dijo la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, al anunciar la consulta. Pero puntualizó que “hay que medir con cuidado cuál es el mejor camino hacia adelante y a qué nivel debemos actuar para protegerles”.

Las áreas que contemplan las normas comunitarias van “desde la auditoría y las reglas de blanqueo de capitales, hasta el intercambio de secretos, abuso de mercado o requerimientos de capital”, recordó la comisaria. Y España, junto a Polonia, Holanda y Portugal, no ha transpuesto aún la directiva que busca proteger a las personas que denuncian abusos de mercado. Bruselas instó el mes pasado a estos cuatro países a que adopten la regla.

Urtasun desea que “la norma europea que la Comisión está elaborando prospere y no sea bloqueada por los países que tienen mucho que esconder”. Y sobre qué aspectos debería contener esta directiva, Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos, está entre los que cree que hay que “establecer un estatuto de protección” del delator, para que quienes deseen denunciar un suceso, sepan que no tendrán represalias.

La medida que está estudiando la Comisión Europea no es la única a nivel comunitario. El año pasado el grupo de los Verdes presentó una propuesta de directiva para la defensa de filtradores como el LuxLeaks o los Papeles de Panamá. Aunque Marina Albiol, de Izquierda Unida, cree que “habría que ir un paso más allá”, de tal forma que la protección se estableciera a todo tipo de filtradores, como por ejemplo, aquellos que denuncian abusos de derechos humanos.

Después de dos años de negociaciones, el Parlamento Europeo aprobará este jueves un reglamento que pretende romper el vínculo entre el comercio de minerales y los conflictos armados. Cuando la norma entre en vigor, a partir de 2021, los importadores europeos de estaño, wolframio, tantalio y oro deberán comprobar que las materias primas no provienen de zonas de guerra o se han utilizado para financiar a grupos armados. 

A menudo se ha relacionado esta industria con la guerra y la violación de los derechos humanos. Sobre todo en la la República Centro Africana y la República Democrática del Congo, aunque también en países de América como Colombia o México.

Con la nueva normativa, la UE se suma a las recomendaciones de la OCDE y sigue los pasos de Estados Unidos, que durante el mandato de Barack Obama aprobó la Dodd Franc Act. Una regla que obliga a las empresas norteamericanas que importan minerales a mitigar los abusos que se produzcan a lo largo de toda la cadena de suministro. 

En un principio, la normativa europea iba a ser menos ambiciosa que la de Estados Unidos. En 2014, la Comisión Europea propuso un sistema de control voluntario para las empresas, pero la presión del Parlamento Europeo ha logrado que el sistema sea obligatorio. 

La medida “va a ser muy importante para sentar las bases para una mayor prosperidad en las zonas de conflicto. Va a haber una mayor estabilidad en África y a la vez, esto va a reducir la inmigración a la UE”, ha afirmado Iuliu Winkler, eurodiputado del PPE y ponente de la norma en la Eurocámara, durante el debate en el pleno, antes de la votación de este jueves.

Por su parte, la Comisaria de comercio, Cecilia Malmström ha destacado que “los ingresos de la exportación” de estos minerales “no irá a los grupos armados, sino a la construcción de escuelas y hospitales”. 

Críticas de ONG: deja fuera el coltán

Este optimismo no es del todo compartido por las ONG. “Este es un primer paso importante, pero se queda a mitad de camino”, opina Nele Meyer, de Amnistía Internacional.

Los detractores critican que el reglamento deja varios flancos abiertos: obliga únicamente a los importadores de esos cuatro minerales –dejando fuera, por ejemplo, al coltán (utilizado en las baterías de los teléfonos inteligentes)–; no afecta a la importación de los productos manufacturados que contengan minerales de conflicto; exime a pequeños importadores como joyeros o dentistas y excluye la trazabilidad de productos complicados de controlar, como son los reciclados. 

“La UE podría y debería haber ido más allá, (…) para demostrar que se toma en serio el hecho de que las empresas europeas obtienen los recursos de los que todos dependemos, de forma responsable”, asegura la ONG Global Witness. 

Para intentar minimizar estas lagunas, la Comisión Europea deberá comprobar hasta qué punto cumplirán las empresas esta normativa e informar sobre ello, dos años después de que entre en vigor. Además, tendrá que trabajar en un sistema voluntario que afecte a la importación de productos manufacturados. 

Tal y como ya se advirtió desde el principio, varios eurodiputados siguen teniendo dudas de la verdadera utilidad de la comisión de investigación sobre Los Papeles de Panamá que ha creado el Parlamento Europeo. Y ya han pasado seis meses desde que iniciara sus trabajos, para detectar las posibles infracciones de la UE en blanqueo de capitales y la evasión y la elusión fiscal.

“La conclusión a la que llego es que se crean comisiones de investigación para no investigar nada”, ha dicho este lunes en declaraciones a eldiario.es Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos y miembro de esta comisión. El nuevo portavoz de la formación morada en la Eurocámara denuncia el acceso “restringido” a los más de 11 millones de documentos que se filtraron a los medios de coumicación, en los que se constata que más de 214.000 empresas realizaron operaciones ilícitas, gracias a los servicios del bufete de abogados Mossack Fonseca. Una crítica que el grupo de los Verdes también ha hecho recientemente.

“Evidentemente, si nos los pasaran los propios periodistas que están trabajando en esto, incurrirían en un delito”, reconoce Urbán. Los eurodiputados sólo pueden leerlos de forma ocasional, accediendo a una sala secreta, similar a la que existe para los documentos sobre el tratado de libre comercio que se está negociando con Estados Unidos, hoy en día paralizada.

A esta dificultad, denuncian también los eurodiputados la falta de colaboración del Consejo de la UE, la institución comunitaria donde están representados los Estados miembros y donde cualquier cambio en las normas comunitarias relativas a cuestiones fiscales se tiene que aprobar por unanimidad.

Antes incluso de que esta comisión de investigación empezara a andar, los servicios legales del Consejo pusieron en cuestión la obligación de los representantes de los países de la UE de acudir ante la Eurocámara si los eurodiputados lo solicitaban. “El marco legislativo actual exige que la decisión de crear una comisión de investigación especifique con precisión los hechos que están sujetos a investigación y que provisiones de la normativa comunitaria” se han aplicado de forma incorrecta. “La decisión del Parlamento Europeo no recoge ninguno de estos dos requisitos”, argumenta el documento, sino que se limita a investigar de forma “general y abstracta” la mala praxis de la UE, a raíz de una filtración.

Urbán asegura que cuando la Eurocámara termine su trabajo, “sacará un informe duro que hable de la incapacidad de los mecanismos de control” comunitarios “para acabar” con los paraísos fiscales“, pero lamenta que se quede en una mena declaración. ”La comisión de investigación tiene muy pocos poderes“.

En este sentido, apunta que las recomendaciones del Parlamento Europeo podrían ir en la línea de lo que exigió el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, cuando declaró ante la Eurocámara. Durante su intervención pidió poner fin al secreto bancario y dejar de hacer negocios con los paraísos fiscales. El economista, además, solicitó a la UE que lidere este proceso, ante su creencia de que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no lo hará.

Lola Sánchez, eurodiputada de Podemos, está promoviendo una resolución en el Parlamento Europeo para pedir a Bruselas que obligue a las empresas europeas de la industria textil a garantizar los derechos humanos de los trabajadores y evitar así nuevos desastres como el del Rana Plaza. Celebra “la buena recepción” con que el resto de partidos han acogido la propuesta y cree que la Eurocámara podrá aprobarla en abril. 

¿Qué es lo que os ha llevado ahora a hacer esta propuesta?

Todo esto viene por el desastre del Rana Plaza en 2013. Un año después, la Comisión Europea promovió una iniciativa para controlar la cadena de producción en la industria textil. Dijo que iba a legislar, que iba a ser una de sus prioridades en los próximos años y todavía estamos esperando a que proponga algo. Ante esta inactividad, decidimos dar un paso hacia adelante e impulsar una resolución para pedir a la Comisión que legisle.

¿Que legisle en qué sentido?

Queremos que se respete la situación laboral de los trabajadores y especialmente de las trabajadoras, porque el 90% de los empleados en la industria textil son mujeres. También pedimos respeto por el impacto medioambiental que provoca este negocio. Y que la legislación sea vinculante para todas las empresas europeas que operan en el exterior o que importan productos desde países en vías de desarrollo. Para empezar, hemos pedido la luna y habrá otros grupos que nos van a rebajar la propuesta.

¿Cómo la han recibido el resto de partidos?

La recepción ha sido bastante buena. Pero en la comisión de desarrollo del Parlamento Europeo, los eurodiputados tienen una sensibilidad mayor, debido a los temas que tratamos, a lo que vemos con nuestros propios ojos durante las misiones que hacemos a países donde no se respetan los derechos humanos. Los liberales, por ejemplo, están de acuerdo en apoyar una legislación vinculante y eso es todo un éxito. Ahora hay que ver si conseguirán arrastrar a todo su grupo para que apoye la resolución en el pleno. Espero que sí, porque es cosa de sentido común y de derechos humanos.

Así lo ven, desde luego, muchos ciudadanos. Sin embargo, la ropa de comercio justo es más cara y no todo el mundo se lo puede permitir.

Sí, pero esto es una responsabilidad compartida. Es verdad que la responsabilidad principal es de los entes públicos, porque son los que permiten comercializar productos fabricados en condiciones de esclavitud. Pero también hay una responsabilidad por parte del consumidor. A la gente hay que explicarle que si una camiseta que se ha hecho en Bangladesh o en Vietnam cuesta cuatro euros, es porque las condiciones laborales de la fábrica son terroríficas.

Está claro que esta globalización de capitalismo salvaje, con tanta desigualdad, nos lleva a que en el primer mundo haya gente con bajo nivel de renta que desea que las cosas sean baratas. Pero si lo son, no es porque el empresario se quede con menos dinero, sino porque el empleado recibe menos salario. Todos somos responsables de eso. 

¿Y cómo se llega al equilibrio entre la responsabilidad social y las posibilidades de uno mismo?

Al equilibrio se llega con información. De ahí la importancia de crear un etiquetado similar al que acaba de proponer la Asamblea francesa. Francia pretende que las empresas de la industria textil que cumplan las normas puedan garantizar que sus productos están libres de trabajo esclavo, libres de deterioro medioambiental, mediante una etiqueta que lo certifique. Para ello es necesario que inspectores independientes puedan controlar el comportamiento de las empresas durante toda la cadena de suministro. Y con eso, el consumidor podrá decidir. 

A diferencia de lo que ocurre en otros países, como por ejemplo el Reino Unido, la oferta de ropa de comercio justo todavía es limitada. 

Por eso, nuestra propuesta debe ir acompañada de otras políticas que fomenten la economía social  y colaborativa, tanto en España como en Europa. No se pueden hacer acciones en solitario, porque son un brindis al sol. Pero está claro que con los gobiernos neoliberales que tenemos es difícil de imaginar que vayan a invertir en ello.

Tras el desastre del Rana Plaza donde murieron 1.127 personas, ¿ha habido avances, a nivel europeo, para garantizar los derechos de los trabajadores en los países en vías de desarrollo?

La Comisión Europea intentó que el Gobierno de Bangladesh fuera más abierto en cuanto a la situación laboral en las fábricas. Ha habido tímidos avances en cuanto al sindicalismo. Pero nos parece poco. La Comisión nos dijo que si nos ponemos muy exigentes con las empresas, se irán a otros países que les convengan más. Pero nos tiene que dar igual si las empresas se cambian de sitio. La ley la tienen que cumplir y demostrarlo cuando sus productos lleguen a la frontera. 

Los cambios en la Ejecutiva de Podemos tras el congreso de Vistalegre II, donde el secretario general, Pablo Iglesias, se impuso al ex número dos, Íñigo Errejón, han llegado a Bruselas.

Desde este jueves, el eurodiputado Miguel Urbán, líder de Anticapitalistas, asume la jefatura y la portavocía de la delegación del partido en el Parlamento Europeo, en substitución de Tania González, que ejercía el cargo desde que el propio Iglesias abandonara la Eurocámara en octubre de 2015, para centrarse en las elecciones españolas.

Urbán ha asumido también la dirección de la nueva Secretaría de Europa, que Podemos acaba de crear tras la segunda Asamblea Ciudadana. “Después de Vistalegre 2, hemos decidido hacer una serie de cambios y el primero es intentarle dar más fuerza a Europa, porque entendemos que lo que se decide aquí, influye de forma decisiva en nuestro día a día en España”, ha dicho el eurodiputado.

En este sentido, ha criticado las propuesta que la Comisión Europea presentó el miércoles para repensar el futuro de la UE, herida tras el Brexit y el auge de la extrema derecha y los populismos. El presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, planteó cinco escenarios que van desde una mayor integración hasta desmantelar gran parte del proyecto común y convertirlo únicamente en un espacio de mercado interior.

“Nosotros planteamos un sexto escenario (…), donde haya una Europa que destierre la austeridad, el autoritarismo y el estigma” hacia los refugiados, ha planteado el nuevo portavoz, que también se ha mostrado preocupado por el panorama electoral que hay por delante en Europa, donde se va a medir la fuerza de los partidos de extrema derecha.

Los holandeses acudirán a las urnas en dos semanas y el xenófobo Geert Wilders tiene serias opciones de ganar, si bien es cierto que los liberales han conseguido en los últimos días liderar algunos sondeos, tras varios meses en el segundo puesto. Y a finales de abril serán los franceses los que celebren elecciones, donde la candidata del Frente Nacional, Marine Le Pen, tiene todas las papeletas para pasar a la segunda vuelta. “La política de austeridad” de la UE, “genera monstruos”, ha sentenciado Urbán.

Bruselas quiere que los gobiernos europeos amplíen el periodo de detención de los inmigrantes. No está satisfecha con los plazos que marcan las leyes nacionales de algunos países y les exige que se guíen por las normas comunitarias, que son más estrictas: permiten privarles de libertad durante un máximo de seis meses o incluso durante un año y medio en casos extremos.

Esta es la solución, según la Comisión Europea, que permitirá expulsar al millón de personas que estima que actualmente están en la UE sin derecho al asilo. “El periodo de detención” en determinados países “no es suficiente para tener éxito en las operaciones de retorno”, ha asegurado este jueves el Comisario de política migratoria, Dimitris Avramopoulos. En España, por ejemplo, el tiempo máximo que pueden estar los inmigrantes en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) es de 60 días. Los CIE son centros no penitenciarios donde se encierra a personas por haber cometido la falta administrativa de estar en territorio europeo de forma irregular, lo que no supone un delito.

Desde que empezó la crisis de refugiados, los países europeos sólo han reconocido el derecho de asilo al 57% de las personas que lo han solicitado. Y han logrado deportar al 37% de las personas a las que no se les ha ofrecido la protección internacional, por considerarles 'migrantes económicos'. Así pues, se calcula que hay un millón de personas que ya deberían haber sido devueltas a sus países de origen.

“Cuando hablamos de centros de detención, no estamos hablando de campos de concentración”, ha puntualizado Avramopoulos. “Lo que queremos es que los inmigrantes que no tienen derecho al estatus de refugiado sean repatriados. Y, mientas tanto, tienen que estar en algún lugar, por supuesto en condiciones dignas”, ha dicho.

Además de esta recomendación, la Comisión Europea ha pedido a los países que apliquen otra serie de medidas para aumentar la eficacia de los retornos: reducir los plazos de recurso que actualmente tienen los inmigrantes para apelar contra las órdenes de expulsión, acelerar los exámenes de las solicitudes de asilo.

Aunque aumentar las deportaciones no es tan fácil, debido a la falta de acuerdos de repatriación con terceros países. Después de haber cerrado definitivamente el pacto con Afganistán hace tan sólo unas semanas, Bruselas quiere ahora firmar acelerar el diálogo con Nigeria, Túnez Jordania, Marruecos y Argelia.

Por otra parte, el Ejecutivo comunitario ha criticado a España, por no estar ofreciendo plazas mensuales para acoger a los refugiados de Grecia e Italia. Según las cifras que ha presentado este jueves, el Gobierno de Mariano Rajoy sólo ha reubicado a 851 personas. En total, los países de la UE han acogido a 13.546 refugiados, de los 160.000 a los que se habían comprometido.

A pesar de esta escasa solidaridad, Avramopoulos se ha negado una vez más a multar a los países por incumplir su compromiso. En septiembre expirará el plazo de dos años que se habían fijado para acoger a los asilados y a día de hoy, sólo han dado cobijo a un 8,5%.

Amnistía: “La detención debe ser el último recurso”

Amnistía Internacional considera que “la detención de migrantes irregulares, algunas de las personas más vulnerables de Europa, debería ser un último recurso”. De esta manera, cuestiona “la Comisión Europea está presionando a los gobiernos de la UE para que los redondeen a través de casi cualquier medio necesario”.

“El hecho de que los niños sean incluidos en este amplio régimen de detención es verdaderamente chocante ”, ha alertado Iverna McGowan, directora de la Oficina de Instituciones de la Unión Europea de Amnistía Internacional.

“Los recientes intentos de los comisarios de distanciarse de las despreciables políticas migratorias de la administración Trump se han quedado vacíos. Si aún quedan dudas sobre la hipocresía de la posición de la Comisión Europea sobre los migrantes, los anuncios de hoy deberían eliminarlas”, ha criticado McGowan.

La investigación del Parlamento Europeo sobre el escándalo de Volkswagen ha terminado este martes con una conclusión: se podría haber evitado “si los Estados miembros y la Comisión Europea hubieran aplicado la ley comunitaria”, según el eurodiputado liberal Gerben-Jan Gerbrandy, uno de los dos ponentes encargados de redactar el informe. “Si la ley se hubiera cumplido como estaba previsto, no hubiéramos tenido este escándalo”, ha rematado.

El objetivo de la comisión parlamentaria, creada en diciembre de 2015, ha sido el de aclarar hasta qué punto los países de la UE y la Comisión Europea conocían las infracciones que ha cometido la industria automovilística. “La existencia de discrepancias” entre el nivel de emisiones de dióxido de nitrógeno que los vehículos muestran en los test de laboratorio y en condiciones reales de circulación “se sabía, al menos, desde 2004 o 2005”, explica el texto. “Tanto los Estados miembros como la Comisión” tenían indicios de ello y “y las discrepancias se confirmaron en diversos estudios en 2010”, que llevó a cabo el centro de estudios científicos del Ejecutivo comunitario.

Los gobiernos europeos “contravinieron sus obligaciones legales de averiguar si había motores trucados (…) y ninguno de ellos encontró los que instaló Volkswagen en sus vehículos”, señala el documento. En diciembre del año pasado, Bruselas abrió un procedimiento de infracción contra España, Alemania, Luxemburgo y Reino Unido por ser los que homologaron los motores de los vehículos trucados para que pudieran circular por la UE y no haber aplicado la normativa sobre emisiones, según Bruselas. Y a Grecia, la República Checa y Lituania, por ni siquiera tener en vigor un sistema de sanciones. Aunque Bruselas no les ha impuesto ninguna multa.

“El concepto de mala gestión se ha utilizado muchas veces en el informe, para que quede claro que nadie puede eludir sus responsabilidades”, ha dicho la eurodiputada socialista Kathleen Van Brempt, presidenta de la comisión que ha investigado el caso. La Comisión Europea “no tiene poderes legales para buscar motores trucados”, pero falló en su responsabilidad de “obligar a los Estados miembros a cumplir”, con la legislación comunitaria en materia de emisiones.

El documento recoge varias recomendaciones para evitar que un escándalo así se vuelva a repetir. Entre ellas, la que sea una agencia europea independiente –y no los países europeos –quienes concedan las licencias de circulación a los vehículos. Estas propuestas, sin embargo, no son definitivas, ya que aún tiene que aprobarlas el pleno de la Eurocámara en el mes de abril. Y en cualquier caso, no son vinculantes.

El Ejecutivo comunitario, además, está intentando adquirir nuevas competencias para poder controlar directamente a los fabricantes de vehículos, y averiguar así si siguen trucando sus motores. Y multar a las empresas hasta con 30.000 euros por coche si se incumple la normativa. Pero un grupo de países, liderados por Alemania y Francia, están retrasando la reforma.

Desde que estalló el escándalo, se han producido, no obstante, ciertos avances. “A veces, desafortunadamente, necesitas una crisis para mejorar”, ha lamentado Gerben-Jan Gerbrandy. Desde finales del año pasado, ya se están realizando pruebas a los vehículos en condiciones reales de circulación, para saber cuál es su verdadero nivel de emisiones. Aún así, entre 2017 y 2020 podrán doblar el nivel de dióxido de nitrógeno permitido y hasta 2021 sobrepasar las exigencias hasta en un 50%. “Incluso después del escándalo, los lobbies de la industria [automovilística] han convencido a varios Estados miembros para retrasar y rebajar los nuevos tests en condiciones reales de circulación, ha denunciado Seb Dance, el portavoz socialista en la comisión de investigación.

Por su parte, la asociación de consumidores de la UE ha lamentado que “millones de europeos, propietarios de vehículos no han sido compensados por el fraude que cometió Volkswagen. Estamos decepcionados, porque el informe no ha abordado adecuadamente el interés de los consumidores”. El fabricante alemán se ha comprometido en Estados Unidos a pagar una multa récord de 4.300 millones de dólares, tras haberse declarado culpable de haber trucado los vehículos. Y pagará 13.000 millones de dólares a los clientes afectados. En Alemania, sin embargo, la indemnización es mucho menor. Volkswagen se comprometió el mes pasado a recompensar con 1.000 millones de euros a quienes compraron sus últimos 80.000 coches manipulados. Y en España, la empresa ha ganado de momento nueve de las diez demandas interpuestas por los consumidores.

En Bruselas hay 11.216 organizaciones -–empresas, gabinetes de abogados, consultoras, sindicatos y ONG– que voluntariamente se han inscrito en el registro de lobbies. Es una lista promovida por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo hace seis años para dotar de mayor transparencia sus reuniones con los grupos de presión.

El Ejecutivo comunitario propuso en septiembre que la inscripción fuera obligatoria, un requisito para poder mantener reuniones con comisarios, sus miembros de gabinete, altos cargos y los eurodiputados y, además, extender el registro a la otra gran institución comunitaria: el Consejo de la UE. Pero la proposición no avanza.

Los servicios jurídicos de esta última creen que su carácter obligatorio no es del todo legal, según un documento que ha podido ver la web Politico y confirmado eldiario.es. Los representantes de los Estados miembros seguirán discutiendo la propuesta, pero la participación del Consejo es a día de hoy muy complicada. Más aún teniendo en cuenta que en 2011 se negó a formar parte del actual registro, alegando que los Estados miembros ya disponen de leyes nacionales que regulan los contactos con los lobbies.

La iniciativa “va en la buena dirección”, opina Margarida Silva, de Corporate Europe, un think tank que vela por la transparencia de las instituciones comunitarias. Pero cree que sigue siendo “débil”, porque no impide que los representantes de los lobbies se reúnan con los cargos más bajos de la Comisión Europea. “Lo que propone está aún lejos de mejorar la transparencia”, explica.

No obstante, a la espera de que avancen las negociaciones, los actuales comisarios publican sus reuniones con todos los grupos de presión, algo que en el anterior equipo dirigido por el expresidente José Manuel Durao Barroso no ocurría. De igual forma que los eurodiputados no están obligados a decir ahora con quién hablan.

Los datos muestran que es el español Miguel Arias Cañete quién más reuniones mantuvo con los lobbies el año pasado y Google, la empresa que más encuentros tiene con miembros del Ejecutivo comunitario. Paralelamente a las negociaciones sobre el registro obligatorio, Bruselas ha propuesto un nuevo código de conducta para sus comisarios, después del escándalo que supuso el fichaje de Barroso por el banco de inversión Goldman Sachs.

Juncker quiere ampliar hasta los tres años el tiempo en que los expresidentes deben esperar antes de ser contratados por una empresa privada, después de abandonar el cargo. Y pretende que el resto de comisarios espere dos años, en vez de los 18 meses actuales.

Tras más de un año investigando el escándalo de las emisiones de vehículos manipulados, a raíz del caso Volkswagen, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo aprobará este martes el informe de conclusiones. Un documento con el que se ha querido denunciar la inacción de los gobiernos europeos contra los fabricantes, ya que, a pesar de tener indicios desde 2008 de que se estaban sobrepasando los límites permitidos, no impusieron sanciones.

Tuvo que ser Estados Unidos quien destapara el fraude en septiembre de 2015, y desde entonces, Europa siempre ha ido por detrás. No ha sido, por ejemplo, hasta finales del año pasado cuando se han empezado a hacer pruebas en condiciones reales de circulación, más allá de los test de laboratorio, para saber cuál es la verdadera cantidad de partículas de oxígeno de nitrógenos que emiten los vehículos.

El borrador del informe atribuye el retraso a “decisiones políticas, tales como el interés de la Comisión Europea y los Estados miembros en evitar obstáculos a la industria, en los inicios de la crisis económica, en 2008”. Bruselas “no tiene instrumentos legales para buscar motores trucados, pero tenía la obligación de vigilar” si los gobiernos cumplían la directiva que los impide. Y no lo hizo. Sólo actuó el pasado mes de diciembre, cuando abrió procedimientos de infracción contra siete países –España entre ellos– por su pasividad. Aunque no les ha impuesto sanciones, a pesar de que existen pruebas de su mala praxis.

Para evitar que en el futuro se repitan escándalos similares, el Ejecutivo comunitario quiere adquirir nuevas competencias, para poder detectar por sí sola si se están trucando los motores y poder imponer multas a los fabricantes de hasta 30.000 euros por vehículo si se han incumplido las normas. Pero Alemania e Italia están retrasando la aprobación de la normativa, que pretende controlar una realidad que no sólo afecta a Volkswagen.

Estados Unidos destapó el mes pasado que también la italiana Fiat había manipulado el nivel de emisiones de sus coches. Y la justicia francesa ha abierto una investigación contra Renault, porque sospecha que ha trucado sus motores. Los fabricantes de automóviles pueden decidir actualmente en qué país realizan las pruebas de laboratorio para obtener la licencia de circulación. Una vez obtenido el permiso, tiene validez en los veintiocho Estados miembros.

Para evitar este hecho, los eurodiputados encargados de realizar el informe están discutiendo si esas autorizaciones deberían hacerlas una agencia europea independiente, al igual que ocurre en Estados Unidos. Pero no todos los grupos están a favor.

Desde el inicio de la crisis económica en 2008, los gobierno y las instituciones europeas se han gastado 747.000 millones de euros en rescates bancarios. Es el coste de su recapitalización y de otro tipo de medidas que se han adoptado para aportar liquidez a las entidades, y evitar así su desaparición.

Pero a esta cifra, que es de carácter público, hay que sumarle otra: el dinero que se han gastado los gobernantes en pagar a las cuatro grandes consultoras (EY, Deloitte, KPMG y PWC) para que les asesoraran en el diseño de los rescates. Una cantidad que en la mayoría de los casos está “ocultada”, según denuncia el think tank Transnacional Institute en un informe que acaba de publicar.

La organización acusa a las empresas asesoras de actuar como un oligopolio. Su cuota de mercado es del 61% en la UE y en España asciende hasta el 80% y “una concentración de este trabajo en tan pocas empresas suele originar conflictos de intereses”, denuncia.

En la mayoría de los casos, las cuatro grandes consultoras se encargaron de auditar a los bancos antes del estallido de la crisis, sin avisar de cuál era su verdadera situación financiera, y posteriormente se las contrató para diseñar los rescates. “Los bancos fallidos han sido sistemáticamente auditados por una de las cuatro grandes, antes de ser rescatados. En cada caso, otra de ellas tomó el relevo para auditar a la entidad rescatada”, relata el think tank.

El ejemplo de Bankia

Los gobiernos las han seguido contratando “a pesar de sus repetidos fallos”. Entre los ejemplos de mala praxis que destaca el informe está el caso de Bankia. Justo antes de sus salida a bolsa, Deloitte aseguró que la entidad tenía unos beneficios de 300 millones de euros y por su labor de asesoría cobró 2,4 millones de euros del propio banco. Menos de un año después, llegó el rescate por valor de 23,5 millones de euros.

“A pesar de estas pérdidas, la única consecuencia” para la consultora fue “una multa de 12 millones”, impuesta por las autoridades. “Como resultado de ello, otra de las cuatro grandes, EY, remplazó a Deloitte y auditó Bankia en 2013”. Y aun así, el banco volvió a contratar a la primera en 2014 para revisar sus planes de pensiones.

Saber cuánto pagó el Gobierno español por el diseño del rescate bancario es complicado, aunque según recortes de prensa que recoge Transnacional Institute, el coste total fue de 32 millones de euros.

Una polémica que surge tan sólo unos días después de la imputación del exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y de otros miembros de la cúpula del antiguo supervisor. A lo que hay que añadir la reciente dimisión del exgobernador, Javier Aríztedi, la comisión de investigación que ha impulsado el Congreso de los Diputados y el anuncio que hizo el martes el actual gobernador, Luis Maria Linde, sobre su intención de elaborar un estudio sobre la crisis financiera.

Más allá del coste total que han supuesto los rescates, hay que tener en cuenta que parte del dinero público que se ha empleado no se va a recuperar. La organización calcula que en toda la UE se han perdido ya 213.000 millones de euros - una cantidad similar al PIB de Finlandia o Luxemburgo -, ya que al privatizar los bancos nacionalizados, los Gobiernos sólo recuperan una fracción de la cantidad que han empleado para rescatarlos.

Tras varios rescates, la UE aprobó una serie de normas para limitar la actuación de las grandes consultoras. Entre ellas, la prohibición de que un banco pueda contratar a una de ellas durante más de diez años. Medidas que para Transnacional Institute van “en la buena dirección” pero no evitan su oligopolio.

Los vehículos sin conductor y los drones ya han modificado nuestro entorno. Son dos ejemplos palpables de la rapidez con que está avanzando la revolución tecnológica de los robots. Máquinas capaces de aprender por sí mismas, interactuar con las personas y actuar en consecuencia. Hasta dónde llegará este desarrollo “nadie lo sabe”, dice Tony Belpaeme, profesor de robótica de la Universidad de Plymouth.

Pensar en replicantes como los de “Blade Runner” sigue siendo todavía ciencia ficción, ver algo así “llevará tiempo”, explica. Pero cada vez “encontraremos más inteligencia artificial en ambientes digitales o en espacios físicos delimitados, como las fábricas”, avisa.

Esta realidad ha llegado sin que apenas esté regulada y para abordar los retos que plantea, el Parlamento Europeo ha iniciado un debate con varias ideas para ver qué normas se deben aprobar. Todas ellas están recogidas en un informe que se ha aprobado este jueves tras más de un año de trabajo.

Ninguna de las ideas pretende ser una solución definitiva. “No tengo respuestas”, reconoce Mady Delvaux, la eurodiputada que lo ha dirigido, porque “somos los primeros que nos ocupamos de este tema”. Pero pide a la Comisión Europea que utilice el texto como una base para desarrollar leyes dentro de dos años.

Una de las principales preguntas que plantea la Eurocámara es qué impacto tendrán unos robots cada vez más autónomos en el mercado laboral. Quiere saber cuántos trabajos se perderán y cuántos se crearán. Los estudios más alarmistas que se han hecho hasta la fecha, recogidos por la OCDE, estiman que la mitad de los trabajos en Estados Unidos y las economías avanzadas está en riesgo de desaparecer en los próximos 10 o 20 años.

Otros más optimistas reducen la cifra hasta el 12% en países como España, Alemania y Austria y hasta el 6% en Finlandia y Estonia. “No está claro cómo esta tendencia evolucionará en el futuro, porque simultáneamente se están produciendo otros cambios estructurales”, dice la organización en un informe del año pasado. “Es probable que el trabajo se desplace a una velocidad que no se ha visto hasta ahora” y que “los robots provoquen que la redistribución de la riqueza sea más desigual que hoy en día y que los salarios de las personas no cualificadas caigan por debajo del nivel socialmente aceptado”.

Por eso, el informe ha planteado hasta el último momento la posibilidad de establecer una renta básica que compense la falta de trabajo. Una forma de financiarla podría ser a través de impuestos que pagaran las propias máquinas que se quedasen con el empleo, como ya ha propuesto Philip Hamon, el candidato socialista a la presidencia francesa.

Pero la idea tiene sus complicaciones legales, porque como apuntaba el borrador del texto de Delvaux, para lograr que los robots tengan derechos y obligaciones hay que definirlos como “personas electrónicas”. Se añade así un problema ético que ha llevado a los partidos conservadores a votar en contra de la propuesta, impidiendo que salga adelante. Tampoco el grupo liberal era favorable. Como apuntaba la eurodiputada Kaja Kallas, poner impuestos a los robots, “va a frenar su creación” y dañará a las empresas europeas del sector.

La revolución tecnológica también implica grandes avances en “ámbitos como la asistencia sanitaria, las operaciones de salvamento, la educación y la agricultura, permitiendo que los seres humanos dejen de exponerse a condiciones peligrosas”, señala el documento.

Otra de las dudas que surge es saber a quién debe achacársele la responsabilidad en caso de que un robot provoque un accidente: ¿al fabricante o al vendedor? De nuevo, una pregunta sin respuesta, aunque la Eurocámara sí da una recomendación a los ingenieros: “Los robots deben actuar en beneficio del hombre”, señala, emulando las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov.

Luc Steels, científico experto en lenguaje de la robótica y por tanto en la interacción entre hombres y máquinas, cree que hoy puede ser difícil evitar ciertos daños, y más aún poder determinar quién es el responsable. Muchas de las máquinas actuales con inteligencia artificial “se basan en una gran recogida de datos” para “reconocer patrones” que les permitan actuar, pero “no tienen una comprensión real de lo que pasa”.

Culpar al robot, por tanto, parece complicado, así como averiguar la causa del percance, ya que la actuación del robot se basaría en una acumulación de experiencias previas.

En cualquier caso, para solucionar este problema, el Parlamento Europeo propone diseñar los robots con un botón de autodestrucción, que se pudiera apretar en caso necesario. El debate sobre los retos que plantea esta nueva revolución se ha instalado ya a nivel europeo, pues “la política está para organizar la vida de las personas”, dice Delvaux.

Sin embargo, Steels cree que ha ido demasiado lejos, imaginándose una vida con robots humanoides que aún dista mucho de ser realidad. En cambio, considera que es necesario centrarse en la inteligencia artificial que ya existe en el mundo digital. “Buscadores como Google tienen un verdadero impacto, actuando como intermediarios entre las empresas y clientes, a través de algoritmos”.

El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles el CETA y en breve podrá empezar a aplicarse de forma provisional, cuando Canadá lo ratifique en primavera. Un mero trámite, exento de las dificultades que el acuerdo de libre comercio ha encontrado en la UE para poder entrar en vigor.

Cuando lo haga, el 95% del tratado producirá efectos y para el resto, habrá que esperar a que los Estados miembros lo ratifiquen y den el visto bueno a aquellas partes del acuerdo que no son competencia exclusiva de la Comisión Europea.

Un proceso que hoy día no está garantizado, entre otras cosas porque aún deben pronunciarse el Tribunal de Justicia de la UE y varios tribunales nacionales sobre la legalidad del CETA. Si un solo país lo rechaza, dejará de aplicarse en su totalidad, pero mientras tanto, estas son sus principales consecuencias.

Eliminación de aranceles

El CETA elimina los aranceles aduaneros de los productos que intercambien la UE y Canadá. La mayoría desaparecerán tan pronto como el tratado entre en vigor y otros lo harán de forma paulatina en tres, cinco y siete años. Bruselas asegura que las empresas europeas se ahorrarán más de 500 millones de euros al año, aumentando su competitividad y abaratando el precio de los bienes.

Las ONG alertan de la liberalización de los productos agrícolas porque Ottawa no cumple los estándares medioambientales de la UE. La Comisión Europea considera infundadas esas críticas, porque “el CETA no cambiará la forma en que la UE regula la seguridad alimentaria, incluidos los transgénicos” y “todas las importaciones desde Canadá tendrán que cumplir las normas europeas” en este ámbito. Algunos productos como la carne de ave o los huevos seguirán teniendo aranceles.

Liberalización de servicios

Los servicios están liberalizados, a excepción de los audiovisuales, la sanidad y la educación pública y algunos servicios sociales, según un documento elaborado por el Parlamento Europeo. Bruselas asegura que el CETA “protege completamente los servicios públicos”. Pero los sindicatos, por la experiencia de otros tratados comerciales similares, temen que si un país decide liberalizar alguno de sus servicios no se pueda revertir la situación.

Acceso a contratos públicos

Tanto las empresas europeas como las canadienses podrán concursar en las licitaciones públicas de cualquier Administración en igualdad de condiciones.

Homologación de títulos

La UE y Canadá reconocerán las cualidades profesionales de algunas profesiones reguladas, como por ejemplo los arquitectos, ingenieros y contables.

Lo que de momento queda fuera

Durante la aplicación provisional, quedará excluido el capítulo del tratado relativo a las inversiones. Por tanto, los servicios financieros no quedarán cubiertos por ahora.

Tampoco entrarán en vigor los polémicos tribunales de arbitraje, uno de los principales caballos de batalla de las organizaciones contrarias al CETA y al TTIP, el acuerdo de libre comercio entre la UE y Estados Unidos que no tiene posibilidad de salir adelante mientras Donald Trump sea presidente.

Paul Magnette, ministro presidente de la región belga de Valonia, se opuso al mecanismo de resolución de conflictos entre empresas y Estados. Su rechazo al hecho de tener que compensar a las compañías si aprueba leyes que van en contra de sus intereses retrasó la firma del acuerdo entre la UE y Canadá, hasta que obtuvo el compromiso del Gobierno belga de consultar al Tribunal de Justicia de la UE sobre la legalidad de estos arbitrajes.

La justicia europea no será la única que se pronuncie al respecto. También debe hacerlo el Tribunal Constitucional alemán, y ya ha expresado dudas al respecto.

El nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, será este miércoles la primera persona de la Administración de Trump en pisar la sede de la OTAN y los aliados, los europeos sobre todo, están a la expectativa de ver cuál es su compromiso con la Alianza. El presidente estadounidense dijo varias veces durante la campaña que es una organización “obsoleta” y ha instado al resto de países a aumentar su gasto en defensa o de lo contrario, no podrán dar por garantizado que Estados Unidos acudirá en su ayuda. No obstante, los países de la OTAN confían en que el nuevo equipo de la Casa Blanca mantenga el vínculo transatlántico surgido tras la Segunda Guerra Mundial.

Para empezar con buen pie la nueva relación, el secretario general, Jens Stoltenberg, se ha apresurado a decir que el gasto en defensa de los países europeos y Canadá aumentó el año pasado en un 3,8%, un incremento de 10.000 millones de dólares que es “mayor de lo esperado”.

En la cumbre de Gales de 2014, los miembros de la Alianza se comprometieron a que el presupuesto militar llegue a un 2% del PIB en 2014 y a día de hoy, sólo Grecia y Estonia, además de Estados Unidos cumplen el objetivo, según los datos que este martes ha publicado el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, en sus siglas en inglés).

España, por su parte, gastó el año pasado un 0,91% del PIB y habrá que esperar a los nuevos presupuestos que está negociando el Gobierno, para saber si habrá alguna variación. 

“Está claro que la Administración de Trump viene con la idea de aumentar el gasto”, señalan fuentes diplomáticas, aunque desconocen todavía “de qué forma se va a concretar” esa demanda en la reunión que los ministros de Defensa mantendrán durante dos días en Bruselas.

Los aliados creen que quizás sea el propio Trump el que concrete con mayor precisión sus planes en la cumbre que los líderes de la OTAN celebrarán en la capital belga el próximo 25 de mayo.

Las mismas fuentes reconocen que algunos países podrían proponer alternativas al incremento del gasto militar, como por ejemplo, aumentando su participación en las misiones de la Alianza. 

Otra de las incógnitas de la reunión consiste en saber qué papel espera Estados Unidos de la Alianza en la lucha contra el terrorismo, después de que Trump haya exigido un mayor compromiso a la hora de combatir al Estado Islámico. La demanda puede beneficiar a los gobiernos de los países del Mediterráneo, que desde hace dos años piden que la OTAN no se centre sólo en proteger su frontera de Este ante la presencia de Rusia, sino que también tenga en cuenta las amenazas procedentes del Norte de África y Oriente Medio.

De hecho, han conseguido que los ministros aprueben el jueves la creación de un centro dedicado a esa región que se situará en el cuartel de mando que la organización tiene en Nápoles. 

Cospedal también debuta en la OTAN

La ministra de Defensa española también se estrenará este miércoles ante la OTAN y en su debut tiene previsto anunciar el despliegue de 300 militares en Letonia, que se sumarán a los soldados de de la Fuerza de Reacción Rápida que los aliados han desplegado en el Este. 

Las previsiones sobre la economía española que realiza la Comisión Europea han cambiado en tan sólo dos meses de diferencia y el resultado es que el déficit de 2017 será algo peor de lo señalado en su último análisis, cuando dio el visto bueno al borrador de presupuestos del Gobierno.

La diferencia se debe, sobre todo, a que la reforma del impuesto de sociedades recaudará aproximadamente 1.000 millones menos de los previsto inicialmente, según los datos actualizados que el Ejecutivo de Mariano Rajoy le ha ofrecido a Bruselas en las últimas semanas.

El desfase de las cuentas públicas será del 3.5% del PIB, en vez del 3,3%. Más lejos, por tanto, del objetivo del 3,1% pactado con Bruselas, por lo que si estos datos están en lo cierto, España debería hacer un ajuste de 4.300 millones de euros, reduciendo el gasto o aumentando impuestos.

La Comisión Europea ya advirtió en el pasado informe que España debía estar “preparada” para tomar nuevas medidas si fuera necesario, aunque este lunes Moscovici ha evitado públicamente pedir más recortes. “Las cosas parecen ir bien encaminadas”, ha dicho, y es que en 2018, el déficit se situará en el 2,9% del PIB, justo por debajo del límite del 3% que establece el Pacto de Estabilidad.

En un contexto en el que el proyecto europeo sufre el descrédito de los ciudadanos, Bruselas mide mucho sus mensajes. Ya en verano canceló la multa a España por haber incumplido el déficit, alegando que difícilmente se podría explicar a una población que ya ha sufrido recortes.

Y las elecciones que este año celebrarán Holanda, Francia y Alemania, con posibilidades de éxito para los partidos antieuropeos, contribuyen a la cautela de la Comisión Europea. Hace tiempo que España ha dejado de ser un problema en Europa. El crecimiento sigue produciéndose “a un ritmo superior que la media de la zona euro”, señala el informe que se acaba de presentar. Este año será del 2,3% (el Gobierno prevé un 2,5%), por delante de Alemania (1,6%) y de Francia (1,4%).

El año que viene, sin embargo, las diferencias con estos países se reducirán, ya que España crecerá a un ritmo inferior del 2,1%, mientras que las dos grandes economías seguirán acelerando. Ese menor ritmo se explica, sobre todo por el incremento del precio del petróleo, el aumento de los impuestos y porque empeoran las condiciones de financiación de la economía española.

Con una tasa de desempleo que se situará en el 17,7% en 2017 y una deuda que llegará hasta el 100% del PIB, la economía española sigue siendo muy dependiente del exterior y el contexto internacional plantea varios riesgos. “Estados Unidos es claramente la fuente más importante de incertidumbre”, ha señalado Moscovici, tras la victoria de Donald Trump. Y a la lista hay que sumar “el referéndum británico y el malestar de parte de la ciudadanía”.

El Comisario de Economía ha sido especialmente crítico con la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, a quien las encuestas dan como vencedora en la primera vuelta de las elecciones francesas. Si finalmente se alza con el triunfo definitivo - una opción que hoy en día no prevén los sondeos -, ha prometido hacer un referéndum sobre la salida de Francia del euro y de la UE, unas propuestas que Moscovici quiere “combatir, porque representan un peligro”.

España se encuentra a las puertas de un conflicto con los estibadores, los trabajadores que se encargan de la carga y descarga de la mercancía de los barcos en los puertos, una profesión tan milenaria como la navegación y el comercio por mar.

Es el último capítulo de una larga disputa arranca en 2014 con una sentencia del Tribunal de la Unión Europea que daba la razón a Bruselas: España estaba incumpliendo las normas comunitarias sobre libertad de establecimiento en los puertos de interés general. La situación no es exclusiva de España, sino que se está viviendo o se ha vivido en otros países europeos.

El sector de la estiba ha estado controlado tradicionalmente de forma monopolística en los países europeos, pero en las últimas dos décadas ha habido una tendencia hacia la liberalización, a raíz de la creación del mercado único. Reino Unido y Holanda –cuyo puerto de Rotterdam es el más grande de Europa– abrieron el mercado de forma voluntaria. La mayoría, sin embargo, lo ha hecho a petición de Bruselas.

Casos en otros países

Igual que ahora le está ocurriendo a España, Italia tuvo que cambiar su legislación en 1991, como consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que dictaminó que sus estibadores no se regían por las normas de la libre competencia. Más tarde, con la ampliación de 2004, se incidió en este proceso de liberalización. Malta, las repúblicas bálticas y los países del Este tuvieron que cumplir con las exigencias de Bruselas para poder adherirse al club.

Recientemente le ha llegado el turno a Portugal, a quien la troika forzó a abrir el mercado durante el rescate financiero. Y en cuanto a Grecia, no ha sido Europa, sino principalmente China, la que le ha obligado a ello. Cuando el grupo Cosco Limited compró el Puerto de El Pireo en 2009, exigió acabar con las prácticas monopolísticas.

Una minoría de países se resiste todavía a cambiar sus normas, presionados por los sindicatos del sector. Es el caso de Alemania, Chipre, Suecia y Noruega, que, aunque no forma parte de la UE, sí es miembro del Espacio Económico Europeo.

Bélgica está modificando actualmente sus leyes, porque la Comisión Europea también le ha abierto un procedimiento de infracción, aunque a diferencia de España, aún no le ha llevado ante la justicia europea. El Gobierno presentó una reforma el año pasado, pero Bruselas la rechazó al considerarla insuficiente y hoy día continúan los contactos.

El Gobierno español también lleva tiempo negociando con la Comisión Europea, sobre todo a raíz de la sentencia de 2014. La ley que está preparando el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, va en la dirección de lo que pide el Ejecutivo comunitario, aunque habrá que esperar al texto definitivo para saber si España se podrá librar de la multa por haber incumplido la sentencia.

Entre otras cosas, el borrador del decreto acaba con la obligación para las empresas que quieran operar en puertos públicos españoles de entrar en el capital de una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) y de contratar a uno de sus 6.156 estibadores.

El conflicto español

El expresidente de la Autoridad Portuaria de Avilés durante el gobierno de Francisco Álvarez-Cascos, Raimundo Abando, con una experiencia de 35 años en el sector marítimo-pesquero, dibuja el siguiente panorama: “Desde hace muchísimos años, las empresas estibadoras a través de Anesco (la patronal del sector, que ha expresado su apoyo a la reforma propuesta por Fomento) tenían un pseudoacuerdo con los trabajadores. Son un colectivo particular, privilegiado desde el punto de vista económico y del funcionamiento, y Anesco estaba cómoda con esta postura, porque a quien se ha venido repercutiendo los sobrecostes es a las empresas de importación y exportación”.

Abando se refiere a cuestiones que llama “absurdas”, como el veto a las mujeres para entrar a trabajar como estibadoras o que los puestos se fueran heredando de padres a hijos, o a otros parientes y amigos. 

En su opinión, son prácticas que provienen de la franquista Organización de Trabajos Portuarios (OTP), que habría derivado en las actuales Sagep.

Obando asegura que “durante décadas” se ha intentado abordar una reforma del sector, pero que las amenazas de paralizar los puertos han surtido efecto. “Cada vez que se llegaba a un acuerdo para que los trabajadores mantuvieran sus privilegios, el Gobierno miraba para otro lado”, explica.

Los grupos del Congreso 

Para el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y responsable de Política Económica de IU, Carlos Sánchez Mato, “el verdadero origen del problema es el intento de liberalizar sectores. Dicen que va a entrar la competencia, pero esto no es real, porque lo que van a entrar son oligopolios”. Aunque coincide en que se pueden hacer reformas en los métodos de contratación de los estibadores, teme que bajo la idea de la liberalización se esté fraguando un recorte de derechos.

El portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Fomento, Fernando Navarro, opina que el Gobierno no puede seguir “arrastrando los pies como hasta ahora” en el cumplimiento de la sentencia europea, y aboga por un acuerdo en el que impere el diálogo para evitar perjuicios para las partes.

Más allá llega el portavoz de Podemos-En Comú Podem-En Marea, Félix Alonso, que ha registrado una petición de comparecencia para Íñigo de la Serna por este asunto. A su juicio, el Gobierno podría estar aprovechando que “el Pisuerga pasa por Valladolid” y querer usar la sentencia europea como argumento para desregular otro sector público y estratégico más. Su postura es que debe existir una regulación pública de la contratación de los estibadores.

Alonso admite que a su grupo le preocupa “mucho” la postura del grupo parlamentario socialista, porque es la voz que puede “desequilibrar la balanza”, y echar atrás el decreto en el Congreso, donde el PP no cuenta ya con mayoría suficiente para sacar adelante la ley.

Respecto a los socialistas, este diario ha intentado en repetidas ocasiones, sin éxito, recabar la opinión del grupo parlamentario sobre este conflicto. La presidenta andaluza, Susana Díaz, trasladó a la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) que pediría al grupo en el Congreso que “se oponga a validar el decreto del Gobierno” tal y como está redactado y que “promueva una modificación basada en el consenso”, según este sindicato.

Sindicatos

El responsable de comunicación de la Coordinadora, Miguel Rodríguez, explica que aunque el Gobierno ha abierto una vía de negociación que quieren “aprovechar al máximo”, el borrador del decreto está redactado  para “acabar con los profesionales de la estiba en un plazo de tres años”. Asegura que la apertura a trabajadores con experiencia en otros países de la Unión Europea “no tiene que suponer ningún problema” y que el requerimiento que han puesto encima de la mesa es que se exija una cualificación profesional. “Para nosotros, el centro de la cuestión es la garantía de los puestos de trabajo”, añade.

Afirma que no le consta ningún intento de que les bajen los salarios, y que desearían que la Comisión Europea fuera parte de la mesa de negociación con Fomento, en la que volverán a sentarse el próximo martes día 14.

La persistente falta de acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los acreedores europeos sobre el tercer rescate griego ha vuelto a quedar patente una vez más y en las últimas horas han reaparecido las dudas sobre la posibilidad de que el programa pueda acabar con éxito. El FMI analizó el lunes en Washington el informe anual sobre Grecia y “algunos directores tuvieron opiniones diferentes sobre la trayectoria presupuestaria y la viabilidad de la deuda” helena, dijo el organismo en un comunicado.

La institución que dirige Christine Lagarde cree que la deuda griega es “insostenible” y exige a los socios europeos más medidas para lograr un alivio. Además, considera que los objetivos fiscales que marca el rescate para Grecia son poco realistas. Atenas debe alcanzar en 2018, cuando finalice el programa, un superávit primario (el que no tiene en cuenta el pago de la deuda) del 3,5% del PIB, pero según las proyecciones del FMI, sólo es posible llegar al 1,5%. Por eso, le exige al Gobierno de Alexis Tsipras que apruebe medidas preventivas en materia laboral y de pensiones que puedan entrar en vigor en caso de que se cumpla la meta pactada.

El tercer rescate –de 86.000 millones de euros– se firmó en agosto de 2015 sin la participación del FMI, debido a la insostenibilidad de la deuda –actualmente, del 180% del PIB–. Sus normas le impiden dar préstamos en este caso. Pero los acreedores europeos, sobre todo Alemania, condicionan la continuidad del rescate a que el fondo contribuya a su financiación.

El Ejecutivo griego deberá afrontar en julio nuevos pagos y el Eurogrupo se niega de momento a darle el siguiente tramo del rescate. A las divergencias con el FMI, hay que añadir que Atenas aún no ha aprobado dos terceras partes de las medidas que los socios europeos le exigen para poder cerrar la segunda revisión del acuerdo. Los partidos de la oposición llevan meses reclamando elecciones anticipadas.

No obstante, el Gobierno de Tsipras confía en reconducir a tiempo la situación. “Todas las partes han expresado la voluntad de tomar iniciativas para conseguirlo y concluir la evaluación”, dijo el martes un portavoz. La Comisión Europea, por su parte, espera llegar a un consenso “lo antes posible”, según ha dicho hoy la portavoz de asuntos económicos, Annika Breidthardt.

El desembolso del siguiente tramo podría llegar en la reunión del Eurogrupo del próximo 20 de febrero, en caso de que todas las partes estuvieran de acuerdo. La cita es la última antes de que empiece el maratón de elecciones que este año hay previsto en varios países de la UE.

¿Qué significa el fin del roaming?

El roaming es el sobrecoste que actualmente te cobra tu compañía cuando utilizas el teléfono móvil en el extranjero, ya sea por hacer una llamada, enviar un SMS o por consumir datos al navegar por internet. A partir del próximo 15 de junio, este sobrecoste desaparecerá cuando viajes a un país de la UE.

¿Cómo me va a afectar como consumidor?

Cuando utilices el teléfono móvil, no notarás que has cruzado una frontera. Podrás llamar, enviar mensajes y navegar por internet al mismo precio que has contratado en España y el consumo se irá descontando de forma habitual.

¿Por qué la UE ha decidido acabar con el roaming?

Hace diez años que la Comisión Europea aprobó las primeras medidas para que las compañías cobraran menos dinero a sus clientes por utilizar el teléfono en el extranjero, dentro de la UE, con el fin de favorecer a los ciudadanos europeos y fomentar el mercado único. Tras una década en que tanto países como empresas han batallado para mantener el roaming, ahora se terminará finalmente con él.

¿Cuánto tengo que pagar ahora?

Depende de tu compañía. Desde el 30 de abril del año pasado, el máximo coste adicional que te puede cobrar por hacer una llamada es de 5 céntimos el minuto, de 2 céntimos por enviar un SMS y de 5 céntimos por MB. A partir del 15 de junio, pagarás lo mismo que en casa.

¿Por qué hasta ahora tengo que pagar?

Las operadoras se cobran entre sí cada vez que un cliente extranjero utiliza su infraestructura. Actualmente, ese coste lo acaban transfiriendo a la factura, pero cuando el fin del roaming entre en vigor, ya no podrán hacerlo.

¿Qué van a hacer las compañías para no perder dinero?

El Consejo Europeo (los gobiernos) y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo esta semana para fijar el precio mayorista que las operadoras se cobrarán entre sí a partir del 15 de junio. La negociación no ha sido fácil, porque había que llegar a un equilibrio entre lo que querían países como España, Italia o Grecia (receptores de turistas) y los países del norte y el este de Europa.

¿Qué postura mantenía cada país?

Los países mediterráneos querían evitar precios excesivamente bajos, ante el temor de que las compañías no pudieran sufragar los gastos de la infraestructura ante un exceso de usuarios y acabaran trasladando los costes al conjunto de sus clientes, aumentando las tarifas. En cambio, los países del norte y el este querían evitar precios excesivamente altos. El precio pactado es inferior a lo que quería España, pero superior a lo que querían Finlandia, Austria o Suecia. Si una compañía demuestra que no es capaz de sufragar los gastos, podrá excluirse temporalmente del sistema.

¿Cómo se va a controlar que las empresas no acaben repercutiendo la rebaja en sus tarifas?

La Comisión Europea revisará el modelo dentro de dos años, para ver si, como algunos temen, las compañías terminan aumentando sus tarifas. De momento, Bruselas no ha adelantado lo que hará de darse ese escenario.

¿Se ha pensado en alguna medida para evitar abusos de los usuarios?

 Sí. Las tarifas difieren mucho de un país a otro de la UE: por 1GB, 600 minutos y 225 SMS, un cliente paga en Hungría 57€ al mes, mientras que en Estonia la factura se reduce hasta los 8€, según un reciente estudio de la Comisión Europea. El fin del roaming está pensado para viajeros, trabajadores desplazados o estudiantes Erasmus y las normas no permiten contratar una tarifa más barata de otro país para usarla de forma habitual. Si las operadoras observan que durante cuatro meses un cliente utiliza el teléfono móvil más tiempo en el extranjero que en el país donde ha contratado la tarifa, podrán pedirle explicaciones y tendrá que responder en 14 días. Si a pesar del aviso, continúa el abuso, la empresa podrá cobrarle un máximo de 3,2 céntimos el minuto para las llamadas, 1 céntimo por SMS y 7,7 céntimos por GB en 2017, que se irán reduciendo hasta los 2,5 céntimos a partir de 2022.

El Partido Popular Europeo y los socialdemócratas quieren que la UE niegue las credenciales a Ted Malloch, si como todo parece indicar, Donald Trump lo escoge para ser el próximo embajador de Estados Unidos en Bruselas. Los dos principales partidos de la Eurocámara han propuesto esta medida como respuesta a las declaraciones abiertamente antieuropeas que en los últimos días ha hecho el aspirante.

En una entrevista a la BBC, Malloch predijo que el euro se derrumbaría en 18 meses y en otra a Fox News abogó por debilitar a la UE. “En el pasado ya he tenido puestos diplomáticos que me permitieron ayudar a abatir a la URSS. Quizás ahora es necesario domar a otra Unión”, dijo.

“No podemos acreditar a una persona así. Con alguien así es imposible colaborar”, ha manifestado este miércoles el líder de los populares en el Parlamento Europeo, Manfred Weber, durante el debate que los eurodiputados han celebrado sobre el veto migratorio de Trump. En la misma línea se ha expresado el líder socialista, Gianni Pittella, al pedir que “si se nombra a este embajador”, se le considere “persona non grata”.

La propuesta de ambos partidos de momento no ha tenido gran recorrido. Los Estados miembros ni siquiera se han planteado la posibilidad de estudiar la medida, aseguran fuentes diplomáticas, teniendo en cuenta, además, que Malloch aún no ha sido propuesto oficialmente. Una vez haya tomado la decisión definitiva, el Gobierno estadounidense tendrá que presentar al candidato a la alta representante y corresponde después al Consejo Europeo aceptar las credenciales.

Tampoco ha recogido el guante Federica Mogherini. Durante su turno de palabra en el debate parlamentario, ha aprovechado para criticar una vez más el veto migratorio que ha firmado Trump contra refugiados y nacionales de siete países de mayoría musulmana. “Muchos huyen de grupos terroristas como el Estado Islámico, son víctimas del terrorismo y sobre todo, hombres, mujeres y niños que tienen detrás una historia personal, sueños, temores y un futuro que construir”. Y ha considerado “especialmente triste que esa orden ejecutiva” se firmara “el día del Holocausto”.

La gran mayoría de grupos políticos ha criticado la decisión más polémica de Trump. Pittella ha pedido a los gobiernos europeos que llamen a consultas a sus embajadores en Washington, como “un acto simbólico de protesta”. Weber, por su parte, ha contrapuesto al nuevo inquilino de la Casa Blanca con el expresidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, y el primer ministro británico Winston Churchill, “políticos que en su día lucharon por la paz, y contra el totalitarismo y el egoísmo”, mientras que Trump quiere “liderar el egoísmo”.

Los grupos del ala izquierda del arco parlamentario se han añadido a la denuncia, pero han recordado a los dirigentes europeos que también ellos llevan a cabo políticas contra los inmigrantes. “¿No restringimos el acceso a los refugiados en nuestras fronteras? ¿No tenemos vallas?”, ha preguntado la portavoz de los Verdes, Ska Keller.

La nota discordante la ha puesto el exlíder del UKIP, Nigel Farage quien ha presentado a Trump como el representante de la “democracia genuina”. “Alguien se presentó con un programa y en una semana ha cumplido lo que prometió”, ha dicho.

Los europeos de doble nacionalidad se salvan del veto

Estados Unidos sí permitirá entrar a los ciudadanos europeos que tengan además la nacionalidad de uno de los siete países que Trump ha vetado, según ha explicado Federica Mogherini.

Desde que Trump firmara la orden el pasado viernes, la embajada de la UE en Washington ha mantenido contactos con la nueva Administración para tratar de aclarar cuál de las dos nacionalidades se tendrá antes en cuenta para los europeos y finalmente se han aclarado las dudas.