En realidad Europa estuvo en guerra desde que el susodicho austríaco del bigote ridículo prendió fuego al Reichstag en 1933. Fue toda una declaración de principios sobre lo que pensaba sobre la democracia. Pero ni Francia ni Gran Bretaña querían darse cuenta. Y acabaron haciendo frente a la guerra que más vidas humanas se ha cobrado en toda la historia.

No estamos en 1933. Pero las banderas negras con letras blancas del Estado Islámico se parecen demasiado a las de las SS. Un nuevo orden que en realidad es muy viejo. El viejo terror del fanatismo y la ignorancia. Estamos en guerra. Y cuanto antes nos demos cuenta de ello, mejor podremos actuar en consecuencia. Porque esta guerra no se parece en nada a cualquier otra que hayamos tenido que librar antes.

En primer lugar porque el enemigo no es quien a priori podríamos pensar. El Islam no tiene nada que ver con esto. La sharia, el Estado Islámico y ese peregrino califato no son más que excusas para revivir un viejo oponente. El de la intolerancia que, alimentada por la injusticia –la nuestra en mayor medida–, acaba desencadenando la más horrorosa violencia. Esa es la clave del combate que se está librando. Y todavía no nos hemos dado cuenta. Porque si lo hubiésemos hecho estaríamos enfocando el hecho de otra forma.

Para empezar combatiríamos al enemigo desde dentro. Como él está haciendo con nosotros. El hecho de que el viernes los combatientes pudiesen moverse con total libertad por París demuestra hasta qué punto están cómodos viviendo entre nosotros. Aquí, sin embargo, no hacemos nada por comprenderlos a ellos. Por entender qué les lleva a actuar como lo hacen. Por qué Francia –o España, no nos olvidemos de ello– están enviando todas las semanas jóvenes desclasados, pobres y enfervorecidos a los campos de entrenamiento del Estado Islámico, porque creen haber hallado en la religión (en este caso es el Islam pero también los soldados alemanes de la segunda Guerra Mundial llevaban en el cinturón el lema Dios está con nosotros), el lugar que su rico y satisfecho país –Francia, España, Alemania, Gran Bretaña…– parece haberle negado. En el fondo no son más que otros vikingos pobres buscando su Valhala.

Y ahí es donde empieza la batalla. En demostrarles que, aunque hay otros mundos, todos están en este. La maquinaria de reclutamiento del Estado Islámico maneja con una precisión escalofriante las herramientas de propaganda y adoctrinamiento –sé que me repito con el ejemplo nazi pero… ¿alguien conoce al doctor Goebbels? Pues eso–. Y en este frente, por ejemplo, no estamos haciendo nada. O mejor dicho, estamos haciendo lo que ellos quieren que hagamos: nos rasgamos las vestiduras, compartimos mensajes de caos y pánico, incendiamos las redes con mensajes de odio que solo logran añadir más combustible a la hoguera de la violencia.

Pero no les combatimos con eficacia. No los desarmamos de los argumentos dialécticos que los llevan a armarse después con cualquier otra cosa. Y esas cosas siempre son de las que escupen proyectiles de 7,62mm. Es un asunto muy complejo. Pero tenemos la suerte de poder empezar en casa. En los barrios en los que la inmigración está desesperada. Curiosamente entre ellos están nuestros mejores aliados. Entre esos refugiados que nadie quería este verano. Ellos deberían ser los primeros en integrarse para convertirse en nuestros abanderados.

Necesitamos construir una red global que desarme al enemigo de sus mejores armas: los argumentos de su propaganda. No voy a ser tan ingenuo de pensar que solo con eso cundirá la paz universal. Sigo opinado que, después de la monumental cagada de Irak –donde hunde en parte sus raíces este desastre–, va a ser necesario seguir manchándose las manos durante mucho tiempo en Oriente Medio. Unos tipos que fusilan niños necesitan que de vez en cuando alguien les enseñe que tiene un fusil más grande.

Pero únicamente a tiros no vamos a ganar esta guerra. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Algo como lo de ayer en París exige analizar profundamente al atacante: comprender su entorno, estudiar sus relaciones y tratar de convertir al resentido en aliado. Hay un viejo lema del activismo que se hizo conocido después de la batalla de Seattle: piensa globalmente, actúa localmente. Este nuevo enemigo fanático y enfurecido lo ha comprendido. ¿Cuánto tardaremos nosotros asimilarlo?

A la vista de los diferentes resultados yo entiendo que ahora buscamos una democracia más madura en la que las diferentes sensibilidades políticas estén representadas. Y que aquellos que las encarnan sean capaces de encontrar puntos de coincidencia. Y logren acuerdos para evitar que las disensiones se conviertan en un problema. Ya no queremos mayorías que se impongan a las demás sensibilidades gracias a una consulta puntual. Queremos diálogo y consenso.

Las elecciones solo coronan un proceso continuo en el que los gobernantes deberían rendir cuentas continuamente a los gobernados. Un voto no es un cheque el blanco sino la delegación temporal de una confianza que una mala gestión puede romper. Por eso son tan importantes la transparencia y la voluntad de escuchar al que está abajo. El poder reside en él. De ahí la grandeza de la democracia.

Pero al parecer el PP no lo entiende. Para ellos la democracia es un fastidio. Algo que les obliga a tener que pasar por un molesto proceso de consulta a un electorado que, en la mayoría de los casos, considera imbécil. O, por lo menos, condescendientemente irresponsable. Cómo si no explicar medidas tan aberrantes, y tan profundamente antidemocráticas, como la que plantea: suprimir la pluralidad en las elecciones locales y otorgar al partido más votado el mando en los consistorios.

Esa es su lectura de las elecciones locales y autonómicas: que la ley es imperfecta y les ha impedido conservar un poder que, por algún motivo que se me escapa, consideran como un patrimonio propio. Nadie en el partido parece entender que el hecho de que el PP llegue a tener el 49% de los votos en unas elecciones significaría que el 51% del electorado –la mayoría, si mis deficientes matemáticas no me engañan– no quiere que gobierne.

Sin embargo las leyes se pueden cambiar. Sobre todo cuando uno está en el poder. Y más aún cuando uno se considera el verdadero propietario de dicho poder. ¿Cómo si no se puede explicar la obsesión que últimamente muestran en dicho partido con atajar cualquier oposición pública? En los últimos meses hemos vivido numerosos ejemplos, desde la vigilancia de los medios de comunicación para censurar palabras prohibidas hasta perseguir penalmente las manifestaciones públicas de disidencia, como hace la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Acaso no son descendientes ideológicos de Fraga Iribarne? Pues entonces que se note. La calle es suya. La ley que se debatirá este verano –y que se puede aprobar con la mayoría de la que ahora dispone el Partido Popular– es un paso más en esa deriva obsesiva por evitar, a toda costa, someterse a los mecanismos de la democracia.

Lo paradójico del caso es que una iniciativa así venga de un partido que, en los últimos meses, parece haberse apropiado de la labora de vigilancia de los irresponsables coqueteos con el chavismo de algunos dirigentes de Podemos. Y digo que es paradójico precisamente porque el PP las tácticas que trata de emplear el PP para perpetuarse en el poder no podrían ser más bolivarianas.

Hace 30 años yo era un niño feliz. Y no tenía ni idea de quien era Antonio Rivera Ramírez. Todavía no había visitado el Alcázar de Toledo y aunque sabía de aquella guerra cruel que sangró España, la calle Ángel del Alcázar era solo el lugar en el que pasaba con mis abuelos las tardes después del colegio. Por eso, para mí, ese nombre está asociado a un rincón de la memoria que alberga agradables recuerdos. Y estoy convencido de que el nombre de la calle debería desaparecer del callejero para quedar convertido en eso, solo en recuerdo.

El nuevo Ayuntamiento de Valencia ha anunciado su intención de poner, por fin, al día el callejero. Y a mí me parece una gran noticia. Me atrevería incluso a más: es un avance de esta ciudad en su compromiso con la democracia. Un capítulo más en la transición que todavía no se ha hecho. La de verdad. La que por fin nos permita llamar a las cosas por su nombre y reconocer que un país que se considere democrático no puede consagrar ningún espacio público a los héroes de una guerra cuya primera víctima fue precisamente nuestra democracia.

No creo que haya revanchismos en esto. Se trata de hecho de un paso adelante. De retomar un debate pendiente que en su momento nos fue sustraído: el de enfrentarse a la verdad y analizar los hechos desde una perspectiva histórica. Y no hablo de la guerra en sí si no de sus causas –un grupo de militares sublevados legitimados por aquellos que, prácticamente desde abril del 31, conspiraron para hacer caer la República– y de sus consecuencias –una dictadura cruel ideológicamente comprometida con las potencias del Eje que albergó presos políticos hasta 1975.

Efectivamente la Dictadura es parte de nuestra historia. Y no podemos ni debemos olvidarla. Pero de ahí a mantener homenajes a sus valedores hay un trecho importante. ¿Han probado a preguntarle a un alemán qué le parecería contar hoy en día con una plaza dedicada a Hermann Göring, por muy héroe de la I Guerra Mundial que fuese? Pues eso.

La novena compañía de la División Blindada del General Leclerc fue ninguneada durante setenta años por la historiografía oficial de los aliados. Tal vez los franceses fueran incapaces de soportar la vergüenza de tener que admitir que los primeros soldados que liberaron París del yugo nazi fueron un puñado de españoles.

En honor a la verdad, no creo que fuesen escogidos por su buena reputación como soldados. Seguramente los mandos franceses mandaron por delante a la novena compañía porque no terminaban de fiarse de los alemanes. Y si había problemas, los primeros que se los encontrarían serían los españoles.

Los hubo de hecho. Pero los de La Nueve se portaron. Rompieron los focos de resistencia y llegaron al ayuntamiento de París. Doce horas antes de la que, oficialmente, es la fecha oficial de la liberación de la ciudad. Los parisinos los recibieron como héroes. Y desfilaron como tales por los Campos Elíseos con el resto del ejército aliado, unos días después.

Después de 10 años luchando contra el fascismo era su primer reconocimiento. Pero también fue el último. Desde entonces quedaron en la sombra. Ellos, que llevaban en la lucha más que la propia Resistencia francesa. Hay una anécdota al respecto recogida por Paco Roca en su imprescindible Los surcos del azar: al parecer De Gaulle se encontraba pasando revista a las tropas francesas en África; les preguntaba a los soldados cuánto tiempo llevaban luchando contra el fascismo. Al final de la fila había un español que, con toda sinceridad, le respondió al prohombre: “con todo respeto, mi general, llevo en esto desde antes que usted”.

Quizá a los franceses no les gustaba que un hatajo de parias les recordase que, mientras sus generales pactaban con Hitler y se retiraban a beber las aguas de Vichy, ellos nunca se habían dado por vencidos. Tal vez por eso se borró su gloria de los registros oficiales. Como se hizo con los chadianos o los argelinos que se aprestaron a cumplir con la metrópolis y se dejaron matar por una Francia que los despreciaba.

Pocos de aquellos veteranos viven hoy en día. La mayoría de los que sobrevivieron a la guerra no consiguieron siquiera ver a Franco muerto. Pero quedan sus hijos. Sus nietos. Y quedamos el resto. El reconocimiento es justo para todos. Porque rinde cuentas a una gesta con una característica muy escasa en la historia española: es un hecho del que todos podemos sentirnos orgullosos.

En pocos conflictos es tan fácil identificar con el bando el Mal con mayúscula. Y el nivel de monstruosidad que alcanzaron los nazis fue tan desproporcionado que todo el que contribuyese a su caída se merece nuestra admiración. Aunque no todo lo que se hiciese en esa lucha pueda estar hoy en día justificado.

Aquellos españoles de La Nueve habían sufrido el fascismo en primera persona. Y estaban dispuestos a sacrificar su vida por erradicarlo. Casi podría considerarse una muestra de justicia poética que el mismo que les lleva flores, como homenaje, a ese rincón que la ciudad de París ha reservado para honrarles sea nieto de uno de los primeros valedores de Francisco Franco. Un rey homenajeando a un puñado de republicanos. Quizá sea cierto que, por fin, en todas partes soplan vientos de cambio.

Al ministro de Justicia le molesta la libertad de prensa. Por eso quiere censurarla y, de paso, criminalizar a todo aquel que se atreva a llevar a la luz pública un asunto turbio que tenga que ver con un cargo público. Porque en ocasiones esa filtración es la única manera de atraer la atención pública sobre algo que apesta en las alcantarillas. A veces también es el primer paso para hacer que intervenga la justicia ¿Paradójico, no?

Es cierto que en España no existe el verdadero periodismo de investigación. Y que cuando se pone en conocimiento de los medios algo que tiene que ver con un cargo público, la filtración siempre es interesada. Es posible que, como cree el ministro, exista animadversión o mala fe en dichas filtraciones. Cierto afán por dañar la reputación del protagonista, tal vez, que procede de su entorno cercano. Por eso en su partido son tan aficionados a las cazas de brujas. O de topos ¿recuerdan?

Sin embargo el ministro olvida que con frecuencia esas filtraciones, por interesadas que sean, no dejan de hacer públicos hechos que son ciertos. Y que a menudo son censurables. Desde la prodigalidad de la alcaldesa de Valencia con los gastos, que no sufraga ella, hasta la afición de Alfonso Rus de emular al tío Gilito contando billetes.

Todos y cada uno de esos casos han salido del entorno cercano a los protagonistas. Y todos ellos han servido para que la opinión pública cuente con más elementos de juicio para caracterizar a quienes nos gobiernan. La filtración es una herramienta política que también sirve para depurar las propias filas cuando el aparato del partido no hace nada por segar la cizaña. Me van a perdonar la autocita pero precisamente de eso trata mi primera novela.

Y es que, cuando uno debe decidir si otorga o no un voto de confianza en las urnas, es justo contar con información suficiente para comprender a qué clase de gente se encomienda un cargo público. Es imprescindible llevar ese debate a los medios. Al ministro–y a su partido– se les suele olvidar pero por eso precisamente se llama democracia.

En efecto. Cuando escribo esto estoy pensando en Mayrén Beneyto y en su atroz misiva de despedida. Quienes, desde su partido, quieren restar importancia al asunto y circunscribirlo a un ámbito privado demuestran una ignorancia con respecto a la tecnología al mismo nivel que el de la de Beneyto con la ortografía. Lamentablemente no existen las redes sociales de ámbito privado. ¿O acaso no les suenan Wikileaks y el caso Snowden?

Las redes sociales, para bien o para mal, están sometidas al escrutinio público. Incluso la información vertida y pública en un perfil privado es susceptible de generar exposición pública. Por eso la jurisprudencia considera las injurias y calumnias vertidas en la red casi al mismo nivel que las publicadas en un medio de comunicación. Es justo, por tanto, que la impericia o incluso la flagrante incapacidad de la que haga gala un cargo público a través de las mismas sea también del dominio público.

Porque no nos engañemos, la capacidad de redacción demostrada por la exconcejala de cultura es sintomática de incapacidad para gestionar ningún asunto público y, mucho menos, uno relacionado con la cultura. No exagero. A escribir se aprende leyendo. Cuanto más se lee, mejor se escribe. Y ser incapaz de expresarse por escrito de una manera mínimamente solvente es sintomático de un analfabetismo cultural preocupante.

Llámenme anticuado pero yo todavía soy de los que opinan que nadie debería salir del bachiller con faltas de ortografía y, por supuesto, estas no deberían tolerarse en la universidad. En ninguna universidad. Un abogado no debería tener faltas de ortografía. Pero un veterinario o uningeniero, tampoco. ¿Se imaginan la fiabilidad que transmitiría el proyecto de una obra pública plagado de errores?

Lamentablemente la situación dista mucho de ser así. Conozco incluso casos de estudiantes de periodismo –¡de periodismo!–que han protestado porque sus profesores les ha recriminado el no saber escribir. A mí, desde luego, dichaqueja me parece descabellada pero a fin de cuentas ¿cómo no van a sentirse legitimados ellos para protestar con semejantes ejemplos en la esfera pública?

Estoy convencido de que el caso de Mayrén Beneyto no es el único. De que nuestra política alberga muchos más de estos analfabetos funcionales que, cuando se ven privados de asistencia y asesores, muestra hasta qué punto es atrevida su ignorancia. Pensando, ilusos, que les ampara la intimidad de una red que conecta a mil trescientos millones de personas. Que se dice pronto.

En la Comunitat Valenciana los escándalos de corrupción ya salpicaron, aunque in extremis, el anterior proceso electoral. Y pese a que la sombra de la sospecha ondeaba sobre el futuro President su lista siguió quedando la primera. Poco importó que apenas unos meses después de la noche electoral tuviese que venir un relevo con nocturnidad y alevosía para evitar que un cargo electo se sentase en el banquillo.

Esto, que se veía venir mucho antes de las elecciones autonómicas, no afectó prácticamente en nada al resultado electoral. Es cierto que, gracias a aquello, el panorama político empezó a enriquecerse, dando cabida a partidos que hasta entonces habían sido marginales. Pero en lo competente al reparto de escaños, el partido en el poder –el mismo que tenemos ahora- se lo siguió llevando crudo.

Han pasado cuatro años de aquello y la Comunitat no está mucho mejor. Tampoco me atrevería a decir que está peor porque cuando uno está en el fondo del pozo es una pérdida de tiempo pararse a graduar la miseria. La educación, la cultura y la sanidad –sobre todo la sanidad- ya no están y tampoco parece que podamos esperarlas durante mucho tiempo. No hay presupuesto para estos asuntos. Aunque, en realidad, tampoco lo hay para muchos otros.

Entonces ¿qué va a pasar el próximo mes de mayo? Déjenme ser agorero: nada. ¿No han visto lo sucedido en Andalucía? Habrá nuevos partidos y tal vez haya que repartir el pastel de los escaños entre un mayor número de fuerzas políticas. Pero mucho tendrían que cambiar las cosas en esta Comunidad para hacer posible el cambio. Y si no, tiempo al tiempo.

Ojalé me equivoque. Lo digo en serio. Apenas son trescientas cincuenta palabras. Estoy más que dispuesto a hacer el esfuerzo.

Voy a comerme esta columna.

Con una concepción del negocio de la comunicación francamente caduca, para los editores el universo parece girar en una extraña configuración ombligocéntrica en la que lo único realmente importante es seguir encamándose con políticos. A base de sacarlos continuamente en la foto y de decir lo malo que es Pablo Iglesias, consiguen vía directa con el legislador y la utilizan para orientar cánones como el que aprueba la nueva Ley de Propiedad Intelectual.

En enero entra en vigor el nuevo texto legislativo que, entre otras puertas al campo, incluye la obligatoriedad para todos los medios, lo quieran o no, de cobrarle a Google un canon por incluir un extracto de sus noticias en su servicio Google News. La idea no es nueva, ni original de la AEDE. Los alemanes ya lo intentaron hace unos meses y apenas días después del cierre de Google News en Alemania, los editores germanos se retractaron con el rabo entre las piernas.

Porque Google, que para otras cosas es un tiburón implacable, en esto de las noticias siempre se ha mostrado muy digno. Según el gigante tecnológico la información es una necesidad básica fundamental y, por eso, tratan de solventar esa necesidad a través de un agregador que no tiene publicidad, por cierto, y donde únicamente se incluyen los medios que así lo solicitan.

Es un buen producto. Muy bueno, de hecho, dadas las necesidades actuales de información y de consumo de medios. Los usuarios ya no somos tan fieles a cabeceras concretas y sí a temas e intereses concretos. Y navegamos buscando esa información que nos interesa. Google News es un punto de partida excelente para realizar búsquedas sobre determinados asuntos. O sobre áreas geográficas específicas. Por extensión es también un canal inmejorable para que las cabeceras capten tráfico. Sobre todo para las cabeceras pequeñas o altamente especializadas, donde un agregador es el mejor escaparate para un contenido interesante.

Pero lo de la calidad del contenido, igual que lo de la innovación en el consumo de información, parece ser algo que no va ya con determinadas cabeceras y empresas editoriales. Por eso se abaratan costes adelgazando cada vez más las redacciones de periodistas con experiencia mientras se intentan soportar estructuras macrocéfalas con triquiñuelas como estos cánones. Por eso no creo que en España lleguemos a tener nunca medios como The Guardian o The New York Times a cuyos editores, supongo, les parecerá una aberración renunciar al 30% de su tráfico por no aparecer en Google News.

El CIS da por seguro el arrasador avance de Podemos, por encima de la estela de PP y PSOE, pero creo que las cifras están considerablemente adulteradas por el efecto positivo que arrastra el partido de Pablo Iglesias. Sí, positivo, porque por mucho que desde casi todos los bancos del Congreso parezca haber una competición por ver quien demoniza más encarnizadamente al líder de Podemos, la percepción general del ciudadano es abiertamente favorable.

Podemos tiene ese encanto crítico y algo demagógico que, más allá de la inviabilidad política de su propuesta, se ha dejado aupar por la indignación generalizada contra una clase política que parece empeñada en hundirse cada vez más profundamente en el fango de la corrupción. Con las cabeceras podridas de púnicos y Monagos, casi cualquiera al que un encuestador le pregunte semanifiesta abiertamente a favor de un revulsivo. Y ese revulsivo, de momento, es Podemos.

Las encuestas, sin embargo, tienen otro efecto pernicioso. El de llamar la atención y generar alarma. Una encuesta puede ser el acicate que los simpatizantes de un partido necesitan para hacer de tripas corazón, tragarse sus principios y hacer oídos sordos al barullo de la corrupción para volver a depositar mansamente en la urna el mismo voto de siempre.

Las encuestas son potentes armas políticas. Y de eso no deberíamos olvidarnos. Porque mientras nos por regocijamos el revulsivo y del cambio que se espera, mientras clamamos porque los partidos más consolidados no se dan por aludidos ante cómo las cosas están cambiando, quizá estemos pasando algo por alto: que los partidos mayoritarios, en realidad, han tomado buena nota de lo que sucedió en las europeas y que el desprestigio no es la única herramienta con la pretenden prestar batalla.

Ya les digo que las encuestas son mentirosas. A veces también pueden ser ellas mismas una eficaz herramienta de agitación y propaganda.

El derecho al olvido saltó a la primera línea de la opinión pública cuando una sentencia del Tribunal de Justicia la Unión Europea obligaba a Google a desindexar varios resultados que afectaban a la imagen pública de una persona anónima. La sentencia fue, sin duda, una buena noticia para la protección de los derechos individuales pero un mal precedente en lo que a derechos colectivos se refiere.

La manera en la que ha evolucionado la tecnología ha dejado totalmente obsoleta la legislación en materia de privacidad e imagen y esta sentencia es buena prueba de ello. Los mecanismos de defensa jurídica tratan de imponer mecanismos de protección que están pensados para medios de comunicación impresos y que, ya con cierta dificultad, se adaptaron a un entorno audiovisual. Convertirlos ahora en norma de un entorno digital es francamente difícil.

Además choca directamente con una de las mayores bendiciones que ha supuesto internet para el derecho a la información: la capacidad de acceso casi universal. Parte de culpa de la crisis de la prensa actual la tiene el hecho de que el papel convencional de los medios de comunicación como mediadores en ese derecho –de ahí el nombre– ha desaparecido y el público tiene ahora la capacidad de acceder directamente a muchas fuentes de información si necesidad del tamiz mediático.

El derecho al olvido que promueven estas sentencias choca directamente con este derecho a la información como en su momento este chocó con el derecho a la intimidad. Sin embargo dado que los derechos colectivos afectan a una mayoría deberían considerarse con una preponderancia especial. Aunque, obviamente, para que la información quede amparada por este derecho, aquello de lo que se informa debería tener relevancia pública.

Es encomiable que una empresa privada como Google decida amparar el debate sobre estas cuestiones. Y que para ello, obviamente, no solo se limite a tomar en consideración la opinión de legisladores y juristas sino que está tendiendo la mano a informadores y, todavía más importante, a historiadores. Porque ese derecho al olvido nos sustrae también de la historia.

A muchos de nuestros políticos les encantaría tener a su disposición un orwelliano Ministerio de la Verdad que se encargase de revisar la historia y la moldease a su expreso deseo. La información es nuestra última línea de defensa frente a esa manipulación. Por eso espero que en los debates que promueve Google quede bien claro que cada enlace que desaparezcan hoy puede ser un retazo de memoria que se pierde para mañana.

Sin periodistas no hay democracia. Porque la democracia, desde el siglo XVII, está ligada irremediablemente a los periódicos y al ejercicio de la libertad de información. Por eso, para que esta exista, es necesario informar debidamente, con profundidad y juicio.

Sin embargo todos sabemos que en los últimos años el periodismo ha dejado de ejercerse de esta manera. Al menos desde los grandes medios. El hecho de que el ejercicio del periodismo sea, hoy por hoy, una de las profesiones más desprestigiadas de este ya de por sí desprestigiado país no ayuda a reivindicar el papel del periodista en nuestra sociedad.

Aunque en realidad en España jamás hemos conseguido nunca disfrutar de una prensa profesional y cuidadosa, como la que tienen nuestros primos anglosajones, la situación actual ha llevado la profesión a una situación límite. Sin medios, con redacciones noveles, sin contexto y con apenas tiempo ni espacio para las cosas que importan, todos echamos de menos una prensa capaz de poner en un brete a los políticos de turno que se ufanan a menudo del comportamiento borreguil de los medios.

Precisamente por este motivo sigue siendo necesario reivindicar la profesión, pese a lo denostada que está. Aunque es preciso hacerlo con sentido crítico y, por qué no, también con humor. Porque los periodistas también se equivocan. Y sufren. Y lloran. Y sobre todo tienen jefes mezquinos que obedecen a intereses todavía más mezquinos.

Por eso es maravilloso encontrarse con gente que ha hecho suyas esas reivindicaciones y les ha puesto un nombre tan entrañable como Peláez. Gente intrépida y algo temeraria que para reivindicar la profesión no ha tenido otra ocurrencia que editar un libro. En papel. Y del bueno. Un libro protagonizado por un pobre plumilla, de apellido Peláez, que dignificadesde el humor las miserias y las realidades de cualquiera que haya tenido que ejercer el periodismo en este país en los últimos años.

Peláez. Historias de un periodista de provincias es un diálogo cargado de sarcasmo, humor negro, acidez y romanticismo periodístico escrito por David Barreiro y ordenado en torno a hitos de actualidad como el estallido de la burbuja inmobiliaria, la reforma laboral, el caso Gürtel, los éxitos del deporte español o al difícil situación de la cultura.

Seguramente publicar un libro en España ralla la insensatez. Y hacerlo desde una editorial recién nacida para rendir este tipo de homenajes a un oficio hoy más que nunca en entredichoes ya cosa de insania. Pero qué quieren que les diga. Tal y como están las cosas y la profesión, es una bendita y necesaria locura.

Eso es al menos lo que a mí me hacen pensar las declaraciones del Molt Honorable Alberto Fabra al hilo del informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía (UDEF). Un informe que viene a decir que hay indicios de que el PP valenciano usase un sistema de financiación dual vinculado a la trama Gürtel con su propia caja B. Para Fabra estas evidencias no son preocupantes, al menos en lo que a moralidad se refiere, puesto que afirma que el partido tiene la conciencia tranquila.

Quizá yo sea demasiado iluso pero todavía me sorprenden estas declaraciones. Pensaba que una persona duerme mejor cuando no tiene nada que reprocharse y una trama de financiación ilegal en un partido político –que es el encargado de gestionar nuestro dinero y se permite de vez en cuando darnos lecciones sobre nuestras obligaciones tributarias— no es cosa de broma.

Tal vez lo que ocurre es que a Fabra el caso no le parece tan grave. Y en realidad, si lo comparamos con el nivel de despropósito que está alcanzando la desvergüenza política en cuestiones monetarias, no debe de serlo. A fin de cuentas, parece pensar Fabra, quién más y quién menos tiene una donación irregular de Caja Madrid apuntada en su libreta.

Ahí es donde estriba el problema. El nivel de tergiversación es tal que la mayor parte de los comportamientos que al común de los ciudadanos nos parecen una estafa, al político medio le suponen una situación perfectamente normal. Tan normal, de hecho, que el señor Fabra no ve que tenga ningún motivo para que su conciencia no descanse tranquila. Eso es lo preocupante de la situación.

Igual creen que el fin justifica los medios. En Crimen y castigo el joven Raskholnikov está convencido de que su crimen queda justificado el beneficio que hace. Tal vez nuestros políticos opinen lo mismo. Que el fin justifica los medios. En La soga dos jóvenes estudiantes se atreven a cometer un crimen porque consideran que las leyes están hechas únicamente para ser cumplidas por los demás. La desvergüenza con la que parecen manejar la cartera algunos partidos políticos así lo da a entender que muchos piensan lo mismo.

Y todavía hay quién se extraña en este país que Podemos se haya convertido en un fenómeno de masas…

Visto así podría parecer que el referéndum escocés no ha servido absolutamente para nada. Pero no es cierto. La consulta en Escocia ha servido para dar una lección de madurez democrática al resto del mundo.

Es curioso que un país que todavía llama a sus ciudadanos súbditos sea capaz de tratar un tema tan visceral como la unidad del estado de una manera tan sumamente civilizada. Quizá sea cosa de la flema británica o quizá sea porque se trata del primer país de Europa en el que una revolución ciudadana fue capaz de decapitar a un rey. Desde entonces, más o menos, el Reino Unido cuenta con un Parlamento, peculiar eso sí, que ha proporcionado al Viejo Continente su democracia más estable y duradera, aunque tenga una Reina por cabeza del Estado.

La lección escocesa radica en que lejos de enquistarse en cuestiones irracionales, los partidarios de uno y otro bando han salido a la calle, han hecho campaña y han tratado de explicar pormenorizadamente el porqué de su opción. Y, por supuesto, ha respondido a los argumentos contrarios como mejor han podido.

En esencia eso es lo que uno espera de un país democrático. Que se pueda dirimir en las urnas y con un debate nacional claro y racional cualquier cuestión que plantea un conflicto. Y esa es, sencillamente, la lección que deberíamos aprender por aquí. Es cierto que el proceso escocés ha sido otro y no hay una analogía posible entre la historia de Escocia y la de Cataluña. Sin embargo a mí me gustaría que cundiese su ejemplo en cuanto a la serenidad con la que se ha tratado el asunto. Ojo, por ambas partes.

El primer paso en la consulta escocesa fue el de lograr el visto bueno de Londres para la misma. Algo que, obviamente, no se habría logrado sin una predisposición al diálogo por parte del Parlamento. Aunque eso supusiese para los conservadores británicos pasar un trago realmente malo.

Aquí, sin embargo, nadie parece estar dispuesto a dialogar y situarse en el lugar del otro. La consulta catalana se ha convocado unilateralmente aunque bien es cierto que se ha hecho así porque nadie en Madrid está dispuesto a hablar del asunto. Y el resultado es un debate estéril, visceral y continuo que sólo genera ruido y distrae a la opinión pública de otras cuestiones más acuciantes. Un debate baldío cuyo único efecto en realidad es erosionar la ya de por sí maltrecha calidad democrática de nuestro país.

Quizá las cosas se podrían hacer de otro modo. Hablando, razonando, discutiendo los pros y los contras de una independencia a todos los niveles, desde la Unión Europea hasta el mercado energético. Y después votar, por supuesto, de manera formada e informada. Quién sabe, quizá en ese caso el resultado nos daría una sorpresa. A todos.

Desde luego el nombramiento de Arias Cañete es toda una decepción. Pero no para Europa o para el PP, si no para los europeos. Es una decepción porque pone una materia estratégica que lleva quince años bloqueada en manos de una persona con un marcado conflicto de intereses.

La independencia energética es uno de los caballos de batalla de la Vieja Europa. Más ahora que Rusia ha cerrado el grifo del gas ucraniano y que las reservas petrolíferas tienen los días contados. Desde hace tiempo varios países de la Unión Europea como Alemania o Reino Unido vienen apostando por el ambicioso objetivo de lograr que buena parte de su consumo energético provenga de las renovables. Sin embargo la propia Unión ha ido rebajando sus expectativas sobre las energías limpias.

Ahora, con la llegada del nuevo comisario, el sector de las renovables puede volver a verse comprometido. No solo por la trayectoria del partido de Arias Cañete en España, que ha desmantelado completamente el sector de las renovables y ha creado una inseguridad jurídica al respecto que hace a los inversores huir de nuestro país como de la peste. Es que el nuevo comisario es accionista de varias empresas petrolíferas.

Con semejantes precedentes no es de esperar que el sector de las renovables en Europa pueda avanzar en la dirección que necesita, esto es, logrando impulsar alternativas a los combustibles fósiles que permitan no sólo la independencia energética, sino también un modelo seguro y sostenible a largo plazo. Quizá en lugar de eso lo que veremos dentro de poco son las perforadoras horadando el Mediterráneo y la aberrante alternativa del fracking contaminando los acuíferos del continente. Es lo que sucede cuando uno pone a la zorra a cuidar de las gallinas.

Según se defiende desde la autonomía vecina, este incremento tiene la intención de mejorar la calidad democrática de los resultados pero, con la Ley d’Hont en la mano, el único beneficiado de dicha modificación va a ser el partido popular. El mismo partido que bajó 20 puntos en las elecciones europeas.

Puede que España no sea el país con la mayor solidez democrática del mundo pero puestos a amañar y tergiversar elecciones no nos gana nadie. Tal vez una de las aportaciones más sofisticadas de este país a la historia política europea fue el sistema político de la Restauración monárquica. Para quien no lo conozca, consistía en una maquinaria de fabricar resultados electorales ad hoc, en función de las necesidades de los dos partidos mayoritarios ¿les suena? El sistema estuvo en pie durante casi cincuenta años, que es más de lo que llevamos de democracia hasta ahora.

Si a aquello se le puede llamar democracia, claro. Porque aunque la gente votaba y existían las elecciones, los resultados se decidían de antemano en el Ministerio de Gobernación. Después ya se encargaban las diferentes juntas electorales o los caciques locales en su defecto, de concretar esa necesidad de votos, resucitando muertos y haciéndolos votar si hacía falta. No me digan que esto no es democracia creativa.

En realidad en Murcia no han presumido en ningún momento de la creatividad de su propuesta democrática. Según el gobierno de la región la propuesta, como decía antes, pretende mejorar la representatividad de los mismos.

Pero Murcia no es el único lugar en el que los políticos se devanan los sesos en pro de la calidad democrática. Qué va. Nuestra alcaldesa Rita Barberá también se ha esforzado en encontrar cómo mejorar el sistema político actual y se le ha ocurrido decir que sólo la lista más votada debería decidir al presidente autonómico. De nuevo, según ella, el argumento es tener de verdad una democracia representativa. Como si la democracia, la de verdad, pudiera dejar de serlo.

Hay conceptos con tal claridad en su definición que los matices o los adjetivos no hacen sino empañarlos o incluso tergiversarlos. Si no díganme a qué les suena, hablando de democracia, la democracia popular. O ya puestos, la república democrática. Pues eso…

Puede parecer una exageración pero no lo es en absoluto. Y no lo digo por la tasa AEDE, ese maravilloso invento de los grandes periódicos por el que el gobierno se compromete a recaudar un impuesto –que pagarán Google y otros agregadores de contenido- para subvencionar el fracaso absoluto de las empresas editoras de prensa. Porque, al parecer, España es el único país en el que el fracaso en la gestión de una gran empresa no supone el cierre si no la compensación económica a cargo del Estado ¿o no se acuerdan ya lo que sucedió con los bancos?

Pero, como les decía, lo que clama al cielo de la nueva ley no es precisamente esa tasa que, aunque estúpida, ha sido lo único que se les ha ocurrido a los editores de diarios para salvar sus cabeceras de Internet, así en general, a quien consideran responsable de todos sus males. Como si la falta de rigor, la pérdida de valores periodísticos, el desfase generacional de los directivos y la connivencia con el poder fuesen tecnicismos capciosos.

No, en realidad lo más terrible de la nueva ley de propiedad intelectual no es la tasa que ha centrado la mayoría de los titulares sino la censura política que establece el documento, aprovechando el concepto de enlace ilícito. Pese que el gobierno diga lo contrario, el texto legislativo establece que cualquier servicio de Internet que incluya enlaces a terceros podrá ser denunciado por vulneración de la propiedad intelectual. Esta medida no afecta solo a las páginas de enlaces si no que se extiende a cualquier otro soporte: blogs, foros y hasta la mismísima Wikipedia. Además, el encargado de determinar si dichos enlaces vulneran o no la propiedad intelectual será un comité político dependiente del gobierno, no una instancia judicial.

Esto quiere decir, básicamente, que un enlace a un contenido dudoso puede servir de excusa para que un órgano políticamente dependiente autorice, no solo el cierre del servicio, sino también la condena de la empresa responsable. Y la ley no se limita solo a condenar la publicación de enlaces directos. También son susceptibles de ser condenados aquellos servicios que conecten con páginas que incluyan un enlace sospechoso. De hecho la ley obliga al colaboracionismo y la delación de cualquier otro servicio online, so penas de hasta 600.000 en el caso de los servicios de alojamiento de páginas Web.

Esto ya es de por sí grave porque pone en bandeja a las autoridades políticas –y no judiciales, que no se nos olvide- la posibilidad de cerrar una Web con la excusa de enlazar no ya a un contenido ilegal, sino a una página que a su vez contenga enlaces ilícitos. Pero la guinda de la infamia en esta ley la pone el hecho de que a partir de ahora se podrá pedir por vía civil la identificación de un usuario. Es decir, ya no tendrá que ser un juez quien autorice desvelar parcialmente el secreto de las telecomunicaciones por el indicio de un delito penal.

Por mucho que se haya querido vender la ley como una defensa de la propiedad intelectual, medidas como esta dejan claras las intenciones legislativas del gobierno: disponer en Internet de un marco jurídico que, al igual que sucede con la Ley de Seguridad Ciudadana en la calle, lo faculte para ejercer un inquietante control social.

Uno podría pensarlo. Y entonces los hechos lo pondrían rápidamente en su sitio. Porque la inquina con la que el Ayuntamiento vuelve recurrentemente sobre el tema no se corresponde en absoluto con su actuación en otros aspectos. El desarrollo de las zonas costeras de la ciudad parece obedecer, como tantos otros aspectos de la política municipal, a la improvisación y el capricho.

Desde la oposición se venía alertando al Ayuntamiento de la merma que sufrían algunas de las playas del sur de la ciudad. Una advertencia que en su momento fue tildada de alarmista y descalificada y que, sin embargo, ahora se revela como preocupante. La corporación municipal ha hecho oídos sordos a esta cuestión cuando, paradójicamente, el cuidado y el mantenimiento de las playas debería ser prioritario para una ciudad que, según dice su alcaldesa, quiere abrirse al mar.

Pero la arena no es la única nota discordante en esa estrategia de revitalización del Marítimo. La cifra de cruceros que hacen escala en la ciudad ha descendido en los meses previos a verano, convirtiendo Valencia en el puerto que más turistas de cruceros pierde. Rita Baberá ha afirmado en numerosas ocasiones la importancia que tiene este tráfico de viajeros para el puerto de la ciudad, sin embargo las acciones que el Ayuntamiento ha pretendido poner en marcha para lograr que las navieras se fijen en Valencia como destino, o son erróneas, o están mal planteadas porque la cifra de escalas no solo no crece si no que se reduce significativamente.

Eso, por supuesto, por no hablar del desolado aspecto que tiene la otrora flamante Marina Real. Una obra que en estos meses de verano se vuelve abiertamente hostil con su aspecto de autopista abandonada. Estoy seguro de que ninguno de los miembros de la corporación municipal ha tenido la ocurrencia de pasear hasta allí en una mañana de julio. Ellos, que suelen desplazarse al abrigo del coche oficial, no sufren los rigores del asfalto que cubre toda la zona por culpa del ruinoso circuito de Fórmula 1.

El Ayuntamiento ignora sistemáticamente cualquier crítica que contradiga la imagen de ese litoral idílico que ellos se han construido. Actúan a golpe de capricho y siguen imaginando un distrito marítimo poblado de obras faraónicas que están más pensadas para las fotos y los palcos que para las personas que deban transitar por ella. Y así lo único que obtenemos los ciudadanos es que pese a las inversiones, nuestro interés e incluso el de las visitas turísticas, sigamos viendo en una ciudad que, año tras año, continua existiendo de espaldas al mar.

Estoy seguro de que habrán visto la campaña. Nos bombardean con ella machaconamente en televisión. Todos los días en Prime Time. La de la renta. La del IVA y las trampillas. La de la desvergüenza. Porque me reconocerán que hay que tener poca vergüenza para echarle en cara al ciudadano que es un tramposo. Que se busca triquiñuelas para defraudar al fisco. Y que su egoísmo acaba perjudicando al resto de los ciudadanos.

Ahora va a resultar que si la gente se muere de vieja haciendo cola en una lista de espera de la sanidad pública, si los enfermos crónicos tienen que pagar todos los tratamientos de su bolsillo -por caros que sean-, si los colegios públicos no tienen ni para calefacción y los edificios públicos se caen a pedazos, es por nuestra culpa. Por nuestro egoísmo y nuestra mala cabeza.

¿No recuerdan aquello de que “habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades”? Pues ahora resulta que además somos malos y tramposos. Eso es lo que dice la campaña de publicidad antifraude de la Agencia Tributaria. Una campaña que pretende luchar contra el fraude fiscal pero que, para ser sinceros, lo único que mueve es a la insumisión tributaria. Porque es posible que el ciudadano medio, que tampoco es tonto del todo, se acuerde de los 47 millones de euros de Bárcenas mientras ve los spots y entonces se pregunte si su declaración y la de sus amigachos de Génova no tendría también algunas trampillas.

La campaña de la Agencia Tributaria ha costado, por cierto, casi un millón de euros. 800.000€ para ser exactos que hemos pagado nosotros. De nuestro bolsillo. Con nuestros impuestos. Esos que el gobierno nos acusa de no pagar debidamente. El mismo gobierno que ha incrementado el IVA en un 5% y que ha anunciado una reforma fiscal torticera que, en el fondo, solo va a beneficiar a las rentas más altas.

Y ante todas estas circunstancias uno no puede más que sorprenderse del fino talento que deben albergar las mentes que han urdido semejante vuelta de tuerca propagandística. Un giro cómico cargado de amarga ironía. Sería para partirse de risa, de verdad, si no fuese porque a los de a pie hace tiempo ya que se nos acabaron las ganas de correr con la cuenta de su fiesta.

Pero lo que hace a ISIS letal y escalofriante no es, únicamente, el uso recurrente que hace de la violencia terrorista. El factor diferencial que ha hecho destacar a este grupo combatiente es sorprendente puesto que se desliza en un terreno que hasta ahora era cómodo y cercano para nosotros: el de la comunicación y las redes sociales. Porque si hay algo en lo que ISIS destaca especialmente es en el uso que hace de la propaganda.

Se atribuye a Esquilo aquella máxima que reza que “la verdad es la primera víctima de la guerra”. Pero no solo de la guerra. A diario vemos como la mayor parte de nuestros gobiernos recurren a las medias verdades, cuando no directamente flagrantes mentiras u omisiones escandalosas, para sustentar su estrategia de comunicación. La información es poder y aquel que la controle tiene asegurada buena parte del dominio. Pero no basta con contar cosas, hay que saber cómo contarlas para llegar a impactar convenientemente en la audiencia a la que quieres influenciar.

Uno de los primero entendieron este concepto de manipulación fue el ministro nazi de propaganda, Joseph Goebbels, que encontró en el cine una de sus mejores armas para adoctrinar a la ciudadanía sobre los peligros, por ejemplo, de los judíos y los comunistas. No digo que la propaganda fuese una herramienta infalible capaz de lavarle el cerebro a toda una nación. Ni mucho menos. Pero sin duda alguna gran parte de los aberrantes mensajes que los alemanes de los años treinta llegaron a creerse a pies juntillas no hubieran calado de igual forma sin el refuerzo de aquella.

El éxito de Goebbels y de su departamento fue precisamente comprender que los medios de comunicación de los que entonces disponían exigían un nuevo modo de entender la comunicación. Y en eso, precisamente, es en lo que ISIS está destacando.

En una época en la que los mensajes violentos se asocian con frecuencia con el cine y los videojuegos, los extremistas han optado por construir sus propias piezas de propaganda apelando, precisamente a películas y, sobre todo, juegos. Mensajes como “Este es nuestro Call of Duty” o “Solo se muere una vez, porque no lo conviertes en un martirio” están alcanzando un tremendo componente de viralidad en la red. No sólo eso. Esta organización distribuye aplicaciones móviles que permiten coordinar envíos masivos de mensajes a través de, por ejemplo, Twitter y publica vídeos en YouTube con un lenguaje audiovisual digno de Hollywood.

Es posible que los gobiernos de todo el planeta, incluyendo Estados Unidos, tengan mayor capacidad armamentística y mejores tropas pero hay una batalla que ya están perdiendo, la de la propaganda. Y lo más paradójico del caso es que lo están haciendo por no prestar la debida atención a una manera de entender la comunicación que, al menos en el caso de EEUU, llevó a su presidente a ganar las elecciones.

No seamos duros con el President. Porque todos los que hasta hace nada habíamos hecho la peregrinación a tierras madrileñas –o murcianas o barcelonesas- para comprar una Billy o una GlassaBlunda sabemos que hacen falta una infancia enterrada en piezas de Lego para ser capaz de enfrentarse a un kit de Ikea.

Quizá en su más tierna infancia Alberto Fabra ya tenía un remedo de Esther Pastor que le montase las maquetas y de ahí su impericia. O quizá es que el Molt Honorable no ha sabido realmente como manejarse con un fenómeno inaudito en esta su comunidad. Ya debió de sentarle mal que la dirección de la tienda lo obligase a madrugar para estar allí antes de la apertura. Porque todos los establecimientos de la cadena abren a las diez y eso no hay agenda política que lo cambie.

El fenómeno Ikea ha dejado descolocado a más de uno. Y en cierto modo es sintomático de cómo ha vivido la Comunitat en los últimos años: sumergida en una realidad paralela en la que pensábamos, o nos querían hacer pensar, que Calatrava era el mejor arquitecto del mundo y Valencia la ciudad que estaba más cerca del Cielo. Ese ciego provincianismo es el que más rentable le ha resultado al PP para perpetuarse en el poder. Su discurso se ha basado recurrentemente en que más allá de Vinaròs hay monstruos y en que de fora vindran que de casa ens tiraran.

Esto último es especialmente ilustrativo en el caso Ikea que ha pasado años sin tener la más mínima posibilidad de desembarcar en la Comunitat porque las administraciones han aceptado las presiones encubiertas de una industria incapaz de adaptarse a los nuevos consumidores valencianos. Unos consumidores que, por cierto, no tenían reparo en alquilar una furgoneta y hacerse trescientos kilómetros para comprar una mesita de noche.

No se pueden poner puertas al campo. Tampoco a la voluntad de las personas que avanza al mismo ritmo vertiginoso al que lo hace este mundo interconectado. Al final tenemos Ikea, como tantas y tantas ciudades del mundo. Eso no nos hace mejores ni peores. Quizá solo un poco más globalizados. Pero esa globalización también tiene sus partes buenas. Y una de ellas es que cada vez es más difícil apoyarse en localismos caducos para aferrarse al poder. Con el tiempo esa estaca, que cantaba Lluis Llach, segur que tomba. Y mientras tanto Alberto seguirá mirando la pata de la silla con cara de no entender nada de nada.