Google inicia en Madrid un debate internacional sobre el derecho al olvido

El consejo asesor de Google se reunió hoy en Madrid con expertos y público en la primera de una serie de debates en Europa con el objetivo de escuchar a la gente y a expertos locales del sector en relación a lo que demandan los usuarios para mantener su privacidad en internet. Las discusiones se basan en cómo el derecho de olvido de una persona debe estar equilibrado con el derecho de información del público.

En mayo de este año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció que los buscadores debían eliminar resultados que violen la protección de datos personales sin interés público, y que Google tiene responsabilidad en los datos personales que indexan sus resultados.

Google entonces puso a disposición del público una herramienta para solicitar la retirada de los enlaces. En este momento, la cantidad de solicitudes es más de 100.000, según ha confirmado David Drummond, vicepresidente de Google, que sin embargo no ha dado números de los requerimientos aceptados. En todos los casos, los enlaces que se retiran son los correspondientes a las búsquedas hechas por nombre y apellido de quienes lo solicitan, nunca por el hecho relatado.

Tras la retirada de algunos artículos de la BBC y The Guardian en julio, la protesta de los medios no se hizo esperar y ante la dificultad de Google de encontrar un criterio para decidir en qué casos debe quitar los enlaces sin contravenir otros derechos, conformó un comité independiente de expertos para saber en qué casos actuar. Estos expertos son los que están recorriendo las ciudades europeas.

El debate moderado por el presidente de Google, Eric Schmidt, consistió en la ponencia de cada uno de los expertos, seguido de las preguntas del panel de expertos.

Cecilia Álvarez, la primera en exponer, destacó la complejidad del tema por los distintos intereses en juego, desde la protección de datos (o la intimidad) hasta el impacto de la libertad de expresión, información o de empresa. “El papel del buscador es extraordinariamente difícil”, indicó. “La Agencia de Protección de Datos no tiene por qué tener conocimiento de todo ni defender todos los intereses que entran en juego, por ejemplo el del acceso a la información y a la libertad de expresión. Si uno se basa en lo que dice el afectado, no estamos seguros de que sea verdad”. Abogó por un rol responsable también para el editor de la página, aunque sólo sea para remitir el caso a la justicia de una forma más rápida.

La dificultad de no alterar la Historia surgió en múltiples ocasiones. Se planteó, entre otras cosas, la necesidad de unas directivas para que Google pueda actuar ante el riesgo de destrozar la Historia. Milagros del Corral, historiadora, hizo un paralelismo con la información oficial que se desclasifica a lo largo de los años y propuso lo que considera una solución a modo personal y no jurídico, de “que se quiten los enlaces y se restituyan de aquí a 25 o 30 años”. Alguien del panel le preguntó cómo hacer para pasar tan fácilmente del deber de recordar al derecho a ser olvidado.

“Fisgoneo digital”

Javier Mieres, abogado, manifestó su posición contraria a que cualquiera pueda googlear el nombre de otra persona, si no es un personaje público: “No hay derecho absoluto al fisgoneo digital”, dijo. Según su opinión, hay derecho del público si fue personaje público, pero no con una persona cualquiera cuando esos datos ya son obsoletos. ¿Cómo definir a una persona o personaje público? Respondió que son personas con cargos públicos, profesionales vinculados con la gestión pública, y que se benefician de la atención proporcionada por lo público.

La preocupación por el mayor valor de la intimidad sobre el derecho a la información fue expuesta por Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC). Explicó que la sentencia reconoce mayor interés legítimo a los prestadores de servicio primarios que a los buscadores, a los que reconoce una cuota de interés legítimo menor. Indicó como elemento positivo que se reconozca responsabilidad al buscador por indexar datos personales, pero dijo que ellos no son los únicos responsables. “Si nadie pregunta por el editor pues nadie contesta sobre el editor, desde la exégesis jurídica es lógico pero desde el punto de vista social no lo es”, manifestó. “Parece que desindexar un enlace es lo más rápido y lo que da menos problemas” pero es preocupante que puedan ir desapareciendo de la memoria pública una gran cantidad de contenidos de elementos de análisis.

“Desindexar choca de manera absoluta con el derecho que los ciudadanos tenemos a la información”, afirmó Montserrat Domínguez, directora del Huffington Post España, que como la mayoría de los ponentes dijo que opinaba de manera personal. “También supone un paso atrás en la exigencia de transparencia que estamos exigiendo a gobiernos y ONG”. Domínguez explicó que desde los medios siempre se han atendido las peticiones de los ciudadanos de determinadas informaciones incompletas o que ya no tienen relevancia. “Los medios estamos obligados a publicar informaciones veraces y contrastadas. ¿Quién puede exigir que se borre un enlace a una información veraz?”, se preguntó Domínguez. “Ya no hablo sólo como periodista sino también como ciudadana”.

El debate pudo seguirse en directo via streaming y Google irá subiendo los resultados de los debates en las siete ciudades.

Tour europeo

Esta es la primera de las citas de un tour europeo que llevará al consejo de Google por varias ciudades europeas con el mismo fin. La siguiente es mañana, en Roma, y después estarán en París (25 de septiembre), Varsovia (30 de septiembre), Berlín (14 de octubre), Londres (16 de octubre) y Bruselas (4 de noviembre). Google ha abierto una web para que el público se apunte y envíe sus opiniones, donde también puede verse la transmisión en directo de las sesiones.

Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Google, presentó el acto, con David Drummond, vicepresidente mundial de Google a su derecha. En la mesa se ubicaba el comité; Jimmy Wales, fundador de la Wikipedia; Frank La Rue, relator especial de Naciones Unidas; Sylvie Kauffmann, directora de redacción de Le Monde; Luciano Floridi, profesor de Filosofía y Ética de la Información en la Universidad de Oxford; Lidia Kolucka-Zuk, exdirectora ejecutiva de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe; Sabine Leuftheusser-Schanarrenberger, parlamentaria alemana y exministra federal de Justicia; José Luis Piñar, exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos y catedrático de derecho administrativo; y Peggy Valcke, profesora de la Universidad Católica de Lovaina, del Instituto Universitario Europeo de Florencia y de la Universidad de Tilburg.