“¿Sabes por qué Trump ganó las elecciones y Vox está comiéndose al PP? Por los excesos woke. Los excesos del feminismo, tanta defensa de los colectivos LGTBIQ+, la defensa de los derechos de los migrantes (¡hay que estar en los barrios para saber lo que es vivir con ellos!), las restricciones climáticas, parece que fuera obligatorio ir a todas partes en bici, la izquierda es una moralista que regaña a la gente, parece que si eres hombre ya no pintas nada, hablamos mucho de las minorías pero no de lo material…”

Si discursos como esos tienen capacidad destructora para la izquierda, no es porque los enuncie la derecha bully, que siente (con toda la razón) cómo el auge woke ha erosionado su libertad de machacar al prójimo. El problema está en la cantidad de análisis de la izquierda que han explicado a la izquierda que ese discurso dice la verdad, disfrazando de prestigiosa autocrítica lo que no es más que la asunción acrítica de la propaganda trumpista. En parte por pereza intelectual y también porque no pocas veces quienes aceptamos esos topicazos somos (yo lo soy) hombres heterosexuales, cis, de mediana edad, blancos y nacidos en España. Esos hombres de 45 a 50 años, amigos de Pedro Sánchez, que le explicaban al presidente que el feminismo había llegado demasiado lejos (hombres, como yo, que sufrimos un permiso de dos semanas cuando nacieron sus hijos y que ahora, gracias a los avances del feminismo, gozaríamos hoy de 19+2 semanas).  

Es posible que a muchos de esos hombres, heterosexuales, cis, cincuentones, blancos y autóctonos nos dé vértigo o incluso rabia perder la exclusividad del mundo, asumir que no tenemos que estar siempre liderándolo todo y diciéndole al resto lo que tienen que hacer; como al fondo buitre le parecería intolerable no poder echar familias de sus barrios para triplicar el precio de un alquiler. En el caso de que no seamos conscientes de que el mundo que supera esas dominaciones (el mundo woke) es un mundo más habitable en el que también nosotros viviremos una vida mejor, mala suerte: no ser el protagonista no es estar excluido por nadie; es perder el derecho a excluir a otros y otras. 

Pero vayamos al grano, que los protagonistas de este artículo no somos otra vez los hombres blancos cishetero…

Antes de la pandemia había dos movimientos sociales absolutamente masivos del ámbito de lo que la derecha trumpista empezó a calificar como “woke”: la juventud movilizada contra la emergencia climática y las mujeres logrando la mayor fortaleza del feminismo que ha habido en la Historia. ¿La juventud es de extrema derecha? El tiempo pasa para todos, pero la juventud que en 2020 tomaba las calles por el clima y la igualdad no son boomers aún. Ni tampoco se han hecho de extrema derecha.

Hay muchísimos signos de que la ofensiva trumpista, que ya es una forma de fascismo del siglo XXI sin necesidad de hipérboles, genera rápidamente anticuerpos woke allí donde Trump es una amenaza más fuerte. 

Según las encuestas, las principales preocupaciones de los estadounidenses bajo el gobierno de Trump son económicas y materiales: la inflación y los precios (53%), la atención médica (41%) y empleo y economía (38%). ¿Cómo se ha canalizado el enorme descontento popular antitrumpista? Con inmensas movilizaciones en defensa de los derechos migrantes y en contra de la violencia fascista perpetrada por el ICE. El manual de la autocrítica de izquierdas habría propuesto evitar el tema de la migración, que los obreros autóctonos odian a los migrantes y centrarnos en los derechos migrantes da alas a la extrema derecha. Sin embargo, la izquierda estadounidense (supuestamente muerta y enterrada hace apenas un año) afronta 2026 con encuestas que suponen muy buenos pronósticos y ya han traído importantes avances: la elección de un musulmán cuyo equipo está liderado por mujeres para la alcaldía de New York (casi una caricatura de la dictadura woke) es hoy una esperanza para la izquierda mundial. 

Los topicazos de la derecha antiwoke nos dicen que la izquierda tiene que elegir entre lo woke y lo material, pero las reacciones populares a la derecha trumpista muestran que la gente sabe de forma espontánea que tal distinción que se tragan algunos dirigentes de izquierdas es completamente falsa y además es suicida para la izquierda. Las luchas contra las opresiones materiales y vitales son la misma lucha; las propuestas woke siempre van de la mano de conquistas en justicia social; los gobiernos que más avanzan en aspectos materiales (indudablemente el actual gobierno progresista de la reforma laboral, el SMI, las pensiones y los avances en derechos sociales) son siempre acusados de ser woke y olvidarse de lo material; por alguna razón repetimos que la muy woke izquierda madrileña tiene mejores resultados en los barrios ricos que en barrios y municipios del sur cuando es una mentira que se desmonta mirando cualquier tabla de resultados electorales.

En el Reino Unido, el ¿socialdemócrata? Starmer copió los discursos ultraderechistas contra la inmigración y solo sirvió para que la ultraderecha creciera enormemente en las encuestas. La izquierda británica encontró su refugio en el Partido Verde, muy especialmente la juventud (47% de menores británicos está considerando votar al Green Party) y también entre las mujeres de todas las edades (31%). 

La respuesta verde a las políticas de extrema derecha ya tuvo un notable ejemplo en la capital de la Hungría de Orbán: Budapest cuenta con una mayoría verde y es la única región de Europa en la que la identidad europea supera a la identidad nacional y a la regional. En este patrón encaja que la manifestación del orgullo LGTBIQ+ que quería prohibir Orbán en Budapest se convirtió en la más importante manifestación de protesta europea en una ciudad de la UE a la que se desplazaron cientos de miles de personas de toda la UE.

El trumpismo está generando anticuerpos muy rápido. En Estados Unidos la movilización social y electoral antitrumpista explica los arrebatos irracionalistas de Trump y su incapacidad para contener a algunos cargos republicanos con instinto de supervivencia. Las amenazas de Trump a Canadá y Dinamarca supusieron un vuelco en las encuestas con una drástica subida de las alternativas a la derecha trumpista. Orbán parece estar a un trimestre de perder el poder en Hungría.

Allí donde se está produciendo la reacción de las fuerzas progresistas, está siendo con una suerte de Orgullo Woke que vuelve a tomar conciencia de que todas las banderas combaten juntas, que solo fuimos demasiado lejos para quienes quieren seguir machacando al prójimo, ya sea sacándolo de su casa para que se forre un fondo buitre, machacándolo por homosexual, protegiendo al multimillonario agresor sexual o contaminando más sin importar que ello genere danas, sequías ingestionables, un futuro inhabitable para los jóvenes actuales y una crisis energética que causa facturas imposibles de pagar en los hogares de familias trabajadoras.

Si en el final del siglo XX la principal victoria de Margaret Thatcher fue Toni Blair, en el principio del siglo XXI la asunción por parte de dirigentes de la izquierda de que la agenda woke nos arrinconaba ha sido una victoria del trumpismo de la que por fin empezamos a salir.

Confiemos un poco en la inteligencia de nuestros pueblos, observemos sin arrogancia las lecciones que nos han dado los jóvenes y las mujeres en todo el mundo, miremos con alegría el despertar woke que está respondiendo y va a vencer al trumpismo. 

Wokes del mundo, uníos. Porque no tenéis nada que perder salvo vuestras cadenas.

1.- El 23J constató el fin de los tres ciclos de movimientos populares que han marcado la política española en la última década: el 15M, el 1-O en Cataluña y la España de los balcones. Los tres han cambiado España (y Cataluña) de forma importantísima, muchas de sus consecuencias están absolutamente presentes, pero no son ciclos que se puedan estirar más sin negar la realidad.

2.- El 15M ya formaba parte de nuestra historia desde hace tiempo (los nuevos votantes de estas elecciones tenían 6 años cuando las plazas de toda España pedían más democracia) y, sin haber logrado revoluciones ni victorias completas, sí ha dejado consecuencias importantísimas para la democracia española. Pero hace años que quien apela al 15M como argumento para legitimar o exigir cualquier actuación política muestra, en el mejor de los casos, una gran desubicación temporal. Las dos consecuencias institucionales principales de este ciclo y de su fin son el buen entendimiento entre las fuerzas progresistas (sería dificilísimo encontrar votantes del PSOE o de Sumar que no muestren una cierta simpatía por Yolanda Díaz o Pedro Sánchez respectivamente) y la consciencia de que no cabe inmovilismo (la coalición de gobierno está obligada a conquistar derechos sociales y libertades tangibles) pero tampoco las ensoñaciones revolucionarias: el momento populista hace tiempo que dio paso a un momento cívico republicano en el espacio progresista.

El 1-O terminó también hace tiempo, pero los resultados en Cataluña de las elecciones del 23J (y del 28M) lanzan un mensaje desde Cataluña muy notable: el PSC y Sumar han sido los partidos más votados por encima de ERC y Junts, mostrando que la población catalana ve hoy más urgente (o simplemente posible) construir una España habitable que buscar un colapso de España que acaso facilitara la independencia de Cataluña. La conversión de los resultados en escaños hace convivir esa lógica política con la necesidad parlamentaria de que ERC y Junts formen parte de esa “España habitable”: o ambos apoyan la investidura y gestión de un gobierno progresista o el bloque reaccionario y centralista tendrá una segunda oportunidad.

La España de los balcones (aquella que respondió desde el Estatut y el 1-O llenando de millones de banderas rojigualdas los balcones de España) tenía la convicción de que iban a arrasar en las elecciones. PP y Vox confluían en lemas contundentes, ajenos al matiz y a la lógica democrática como “derogar el sanchismo” y “que te vote Txapote”. La bofetada de realidad es tremenda: si se creían sus lemas, hoy deben de pensar que la mayoría de España vota con Txapote y en defensa de ese sanchismo en el que nos encontramos todos los enemigos de España: debe de ser difícil de gestionar intelectual y moralmente que la mayoría de España sea enemiga de España.

3.- Así las cosas, el nuevo ciclo político institucional nace sobre escombros y sin un GPS en el que nadie sepa muy bien qué dirección poner. Si los últimos años no nos hubieran vacunado contra las predicciones, pensaríamos que vamos a un tiempo de mayor estabilidad (esperemos que sin pandemias y ojalá con un final aceptable de la guerra en Ucrania) con un nuevo gobierno de coalición progresista. 

Los buenos datos macroeconómicos y esa deseable estabilidad permitirían profundizar en nuevos avances sociales y medioambientales y en el blindaje de los derechos ya conseguidos y amenazados por los gobiernos autonómicos y municipales que PP y Vox consiguieron el 28M. Ello será difícil sin el apoyo legislativo y presupuestario de todos los partidos llamados a apoyar una investidura de Pedro Sánchez.

La máxima dificultad del nuevo ciclo la plantea el desbloqueo territorial. Pero es, a su vez, una condición de posibilidad para el desbloqueo de España. Y de Cataluña. Y pasa por dos momentos muy diferentes pero ambos necesarios: el cierre del proceso del 1-O y la apertura de un nuevo diseño territorial de España, pactado, acordado y votado. 

4.- El cierre del 1-O exige dos movimientos: por un lado, la cancelación de sus consecuencias penales y por otro, la incorporación sin complejos de los independentistas catalanes a la construcción de una solución compartida.

De la legislatura pasada, se puede concluir que los indultos no sólo no tuvieron un coste electoral grave para el PSOE sino que, en buena parte, han sido entendidos como una aportación positiva a la convivencia. Ni siquiera la derecha más autoritaria los ha usado como protagonista de su campaña antisanchista. En cambio, la modificación de la malversación en el Código Penal sí que generó heridas e incomprensión popular y, al tiempo, fue completamente ineficaz puesto que ningún tribunal ha aplicado la reforma con las consecuencias que pretendía el legislador. Por ello, una Ley de Amnistía es un instrumento mucho más limpio política y legislativamente y es inevitable para dar un cierre inequívoco al 1-O, sin que dependiera de interpretaciones de jueces hostiles y sin que supusiera grandes costes electorales para un gobierno al que el 23J ha legitimado para ser valiente. Obviamente tal Ley de Amnistía contaría con la agria oposición (aunque sea meramente teatral) de toda la derecha española y de los sectores del PSOE que nunca fallan en estas citas. Igual que sucedió con los indultos.

5.- La segunda fase tiene que ser la de poner en marcha una reforma territorial de España en clave (con)federal. Para ello es imprescindible que tanto ERC como Junts interioricen el mensaje que lanzó el 23J y el fin del ciclo del 1-O y tengan la valentía de buscar avances posibles para Cataluña: enrocarse en que la única solución es un referéndum sobre la independencia que saben que no va a suceder es, hoy, impedir que Cataluña tenga un mejor marco institucional y político para el futuro sabiendo que no hay una alternativa mejor.

A diferencia de la Ley de Amnistía, si el PP tuviera capacidad para identificar sus opciones de futuro, se incorporaría de forma constructiva a ese diálogo: una nueva normalización territorial de España con la participación del PP es imprescindible para que el PP pueda salir de su rincón y recupere la posibilidad de entenderse con alguien más que con la ultraderecha irracionalista que le condena a la oposición. Por ponerlo en términos de la Transición, Alianza Popular pudo aspirar al gobierno cuando decidió parecerse más a UCD que a Blas Piñar; y hoy el PP sólo es capaz de hablar (en secreto en el reservado de un restaurante) con Blas Piñar. Sólo así el PP podrá salir mirando al futuro del cierre del ciclo de la España de los balcones y de su derrota traumática el 23J. Salvo que el PP quiera mantenerse en la cómoda pero estéril ficción de que la mayoría de España es enemiga de España.

Así, una solución estratégica para todos (menos para Vox y para quienes aún quieran simular que los ciclos cerrados sigan abiertos) debe ser una mesa de partidos (no sólo de gobiernos) que busque acuerdos en la reconfiguración territorial de España. Tal mesa no puede ser sólo una sucesión de reuniones sin conclusiones sino que debe plantearse un calendario (lo más cerrado posible) del que salgan nuevas recetas territoriales. Obviamente tales recetas tendrán que ser votadas por los ciudadanos y ciudadanas afectadas, tal y como mandan la Constitución de 1978 y casi todos los Estatutos de autonomía en vigor.

El 23J dejó a España en una sorprendente situación de paz social, prosperidad macroeconómica y reconocimiento internacional, pero también de bucle político cuyo enquistamiento amenaza con una italianización de la política española que sólo beneficia al fanatismo irracional. Existe la posibilidad de abrir un nuevo ciclo que incorpore a todos los actores democráticos, pero para ello cada uno de ellos tiene que ser valiente y mirar más allá de la inmediatez y superar las presiones de sus retaguardias más conservadora, no sólo en beneficio de su país sino incluso (y esto es lo que hace posible esta receta) para la supervivencia de cada uno de los partidos.

En condiciones normales, el pasado jueves 14 de octubre España hubiera vivido una monumental crisis constitucional. Los líderes políticos demócratas se habrían reunido para tramitar una salida de urgencia mientras Felipe VI habría comparecido ante los españoles para hacer un discurso que sonara a despedida. 

El jueves 14 de octubre ABC (ese periódico cuyo nombre no hace falta mencionar si se dice “el diario monárquico”) publicó dos artículos como colofón a una indescifrable saga que lleva unas semanas sobre “los papeles de Manglano”. Los del 14 de octubre no sólo revelaban más robos cometidos por el rey Juan Carlos. Revelaban algo más, todo gravísimo; vayamos de menos gravísimo a más gravísimo.

En la portada de ABC podíamos leer: “El pago a ETA para liberar a Diego Prado lo puso Zarzuela”. El pago a ETA lo puso Zarzuela. Casi nada. Y pese a la gravedad de que la Casa Real pagara a ETA para que liberasen al hermano del testaferro del rey, la otra noticia suponía un insoportable golpe a la democracia española aún mayor. 

“El Rey Juan Carlos dio un millón de dólares a Adolfo Suárez después de su dimisión. 

Los fondos procedían de la donación saudí y buscaban que dejara la política“. Ya sabíamos desde hace décadas que Juan Carlos había recibido ilegalmente dinero de la dictadura saudí. Pero esta noticia confirmaba los dos aspectos políticamente más graves de la corrupción de Juan Carlos:

En primer lugar, que la inmensa corrupción emanada desde la Jefatura del Estado empapaba a todo el Estado. Si en la cúspide del edificio institucional el rey está robando a manos llenas, es inevitable que en los escalones inferiores del Estado se asuma la corrupción como la forma en que se gestionan los asuntos públicos. Según ABC, Juan Carlos I sobornó a Adolfo Suárez con un millón de dólares a cambio de su dimisión. Y Adolfo Suárez aceptó. Y los gobiernos de Felipe González tuvieron gravísimos problemas de corrupción. Y los gobiernos de Aznar fueron sinónimos de corrupción… Es imposible que la corrupción que hemos conocido de Juan Carlos I se haya fraguado sin la complicidad al menos de todos los presidentes de Gobierno, de todos los ministros de Exteriores, de todos los ministros de Interior y de todos los ministros de Defensa. Y es bastante difícil pensar que la complicidad de nuestros gobiernos con la corrupción del rey fuera de la mano de una inmaculada rigidez ética en todo lo demás. Es muy representativo el papel de Villar Mir, al que Juan Carlos concedió el título de Marqués de Villar Mir, alma del escándalo del AVE saudí y de casi todos los escándalos que han salpicado al PP (y que avanza en su vejez sin que ninguno de tantísimos escándalos le haya llevado a pasar ni un día en la cárcel, por cierto): la continuidad de la corrupción en la Casa Real y en las instituciones del Estado inferiores era la esperable. Cuentan que en una reunión de Urdangarín con Felipe y Juan Carlos en Zarzuela en febrero de 2012 explicó “Yo sólo he hecho lo que hacen todos aquí”. No fue el único que hizo lo que hacían todos allí.

Pero lo más grave de todo para la democracia española no es el trasiego de dinero negro en su élite. Lo más grave es que la corrupción del rey Juan Carlos (titular de un cargo no electo cuya frágil legitimidad sólo puede descansar en que su poder simbólico es ajeno al gobierno político de la nación) condicionó de forma importantísima la política española. El Jefe del Estado no elegido democráticamente habría logrado echar (mediante sobornos procedentes de una sanguinaria dictadura) al presidente del Gobierno elegido democráticamente. Es probablemente el caso más grave pero no el único en el que la corrupción del rey ha venido condicionando las políticas económicas, exterior, energéticas… de España. Las mordidas del rey del petróleo saudí impidieron al gobierno español comprar petróleo de otros países más barato en plena crisis del petróleo en los 70; los vínculos con gobiernos sanguinarios fijaron una política exterior que podría haber sido otra y que sólo correspondía fijar a los gobiernos democráticos (si Chávez también hubiera financiado al rey, ¿habría espetado Juan Carlos aquel “por qué no te callas” o le habría tratado con la misma exquisitez que a los dictadores que ahora le hospedan?). La compraventa de armas internacional, la dependencia energética del petróleo (en un país que evita explotar nuestro potencial natural para las renovables), la dependencia económica del sector de la construcción, que acompañaba a Juan Carlos en todos sus viajes internacionales, cuyas estrategias “comerciales” hemos visto aclaradas en el AVE de La Meca… Las políticas estratégicas que han condicionado la vida de los españoles han tenido entre sus causas la corrupción del rey.

Habría sido radicalmente ilegítimo que un rey de un país democrático se inmiscuyera con tanta constancia en los asuntos capitales del país. Un rey es compatible con una democracia si su papel se limita a lo simbólico (casi a lo folclórico) y se somete con lealtad a los gobiernos democráticamente elegidos: nunca al revés. Pero si, además, esa injerencia del rey para condicionar las políticas estratégicas del país se debe a los negocios ilegales del rey, cuyos intereses corruptos se ponen por encima de los del país, tenemos una fractura constitucional de primera magnitud.

Juan Carlos I ya no es rey de España. Sin embargo todas las instituciones están retorciendo sus actuaciones para blindar este escándalo. La Mesa del Congreso ha impedido innumerables veces investigar (vulnerando el artículo 76 de la Constitución española) lo sucedido. La Mesa del Congreso ha impedido legislar para evitar que en el futuro haya condiciones para que vuelva a suceder lo mismo (vulnerando el deber del Congreso de legislar orgánicamente sobre las instituciones constitucionales y en concreto sobre la Corona). La Casa Real no ha hecho públicos sus bienes y actividades, su patrimonio, sus recursos… como está obligado a hacer hasta el último concejal de España: los avances en transparencia de la Casa Real son un animal mitológico del que hablamos tanto que casi nos parece haberlo visto. 

España no ha hecho nada para que lo que sucedió con Juan Carlos no vuelva a suceder. Sólo estamos entregados a la confianza en que Felipe no esté haciendo hoy lo que vio hacer a su padre y antecesor durante cuarenta años. La misma confianza a la que ya nos entregamos durante los cuarenta años anteriores.

Durante años se ha criticado de la izquierda su sentimiento de superioridad moral que le haría despachar con suficiencia asuntos que merecerían más esfuerzo. Eso ha tenido en Madrid otra cara de la moneda: al sentirse moralmente superior pero perder elecciones, la oposición al PP de Madrid ha decretado su inferioridad intelectual. Si un universo agresivamente antisocial y obscenamente corrupto como el de Esperanza Aguirre ganaba continuamente elecciones, tenemos que asumir que son unos genios del Mal con invencibles planes muy sofisticados en cuya trampa caemos siempre todos (porque toda la oposición, pasada y presente, es igual de ineficaz y torpe).

Este complejo ha hecho que en las últimas semanas no falten las voces que achaquen la catástrofe de gestión y comunicación del gobierno Ayuso a un extraordinario plan de mentes brillantes (¡Miguel Ángel Rodríguez!) que hace que sus escándalos, disparates y fracasos sean en realidad un manantial de votos que garantiza la próxima mayoría absoluta del PP en Madrid.

La defensa del menú de Telepizza para niños pobres, la dimisión de su directora de Salud Pública para no comprometer su firma con una petición irresponsable de pase de Fase, el 'Ifemazo' y las continuas contradicciones sobre su apartamento de lujo… no sólo no serían un síntoma de la descomposición de su campaña de propaganda sino su clímax: “También os reíais de Esperanza Aguirre”, “También denunciábais la corrupción en época de Esperanza Aguirre”. Y Esperanza Aguirre os ganaba siempre las elecciones.

Para responder a esta resignación cabe en primer lugar negar la mayor. Esperanza Aguirre no ganaba siempre las elecciones: ni las ganó al principio ni las ganó al final. Llegó a la política madrileña perdiendo las elecciones en 2003, cuando tuvo que robar las elecciones a través del 'tamayazo'. Se fue de la política madrileña perdiendo las elecciones municipales en 2015, sacando al PP del Ayuntamiento de Madrid por primera vez desde 1991. En ambas elecciones se presentaba el personaje de Esperanza Aguirre desnudo: en 2003 era sólo el personaje del que nos reíamos en Caiga Quien Caiga y perdió; en 2015 fue el personaje ridículamente fanático (“Manuela Carmena quiere soviets de distrito”) y, aunque parecía imposible, también perdió.

Entre medias, Aguirre ganó dos elecciones a la Comunidad de Madrid (2007 y 2011). Para ganarlas no se apoyó en su personaje sino en un calculado uso de un enorme gasto público. Primero expandió el Metro rápidamente sin un plan de movilidad sino con un plan electoral. Las obras eran de pésima calidad (¿cuántas veces ha habido que suspender el servicio de la línea 7 porque el túnel se cae?) pero Aguirre podía inaugurar estaciones de Metro en barrios y municipios donde necesitaba subir votos. Después hizo lo mismo con los Hospitales: inauguró Hospitales en barrios y pueblos que necesitaba electoralmente. Por la puerta de atrás coló la gestión privada con cláusulas ruinosas, gestión sanitaria insostenible y sin aumentar en total una sola cama hospitalaria en la Comunidad de Madrid… el deterioro de la sanidad pública madrileña ha sido evidente (lo hemos pagado con mucha dureza en esta crisis sanitaria) pero los efectos a largo plazo no se veían el día en que cortaba la cinta de inauguración. El populismo de infraestructuras fue carísimo e inútil para la vida futura de los madrileños, pero eficaz en términos electorales. Para cuando se viera la calidad del servicio ya habrían cumplido su fin, el electoral.

Además Esperanza Aguirre cabalgaba sobre la burbuja inmobiliaria, la corrupción generada por el sector de la construcción y el chorro de millones con que Cajamadrid engrasaba la maquinaria. A su lado Telemadrid sirvió no sólo a la propaganda más bochornosa sino para regar de millones a productoras y opinadores que expandieran la buena nueva aguirrista por tertulias y columnas. En buena medida este aparato sirvió para corromper y neutralizar a la oposición política y generar un tejido mediático y empresarial al servicio del proyecto aguirrista. Ese tejido, además, permitía financiar elecciones ilegalmente: las campañas electorales del PP contaban con más dinero negro que dinero limpio y tener dinero para hacer campañas electorales ayuda mucho a sacar mejores resultados electorales. Todos esos elementos explican las dos victorias electorales de Aguirre y su ausencia explica las dos derrotas electorales del personaje Aguirre.

Aguirre hizo políticas estructurales para una élite (rebajas fiscales para las grandes fortunas, burbuja inmobiliaria para los especuladores, grandes negocios para los constructores, desmantelamiento de los servicios públicos) con una fachada de políticas electorales para todos los madrileños. Esto último y la construcción de un régimen clientelar enorme es lo que explica sus victorias electorales. El personaje Esperanza Aguirre le permitió ganar peso y simpatías en la derecha pero no era el que ganaba elecciones.

Ayuso está haciendo esas políticas estructurales para la élite (su único proyecto de ley votado -y derrotado- en la Asamblea fue otra rebaja fiscal para asfixiar aún más el sector público); Ayuso está imitando (con talento menor, pero eso es lo de menos) el personaje Esperanza Aguirre. Y es seguro que ambas cosas pueden hacerle ganar muchos puntos en un universo pequeñito y ultra de la derecha española. Pero ese personaje no ganó elecciones cuando lo representó Esperanza Aguirre ni cuando lo ha representado Ayuso, que sacó en 2019 el peor resultado del PP en Madrid en su Historia.

Precisamente el legado de Esperanza Aguirre imposibilita imitar su proyecto. La corrupción se cargó Cajamadrid. El populismo fiscal de Aguirre para favorecer a los más ricos dejó Madrid con poquísimos ingresos y el despilfarro en infraestructuras cuya única rentabilidad era la corrupción y el inmediato rédito electoral ha dejado a la Comunidad de Madrid con una enorme deuda que no para de crecer.

Aguirre ganaba porque empleó una parte del saqueo de las vacas gordas en la inmediatez electoral. Ayuso no tiene proyectos electorales para la mayoría de los madrileños, ni vivimos esas vacas gordas que permitieron a la vez recortar, robar y aparentar.

Ayuso es en parte una nueva Aguirre, sí. Lo es como tragedia y como farsa. Como lo era la propia Aguirre. Pero las victorias de Aguirre no eran tan simples ni el proyecto de Ayuso es (ni puede ser) tan complejo.

Del relato de la Transición que emergió a mediados de los años 90 quedó instalada la idea de que el pacto de los partidos políticos, el consenso, es bueno por sí mismo. Y no necesariamente es así. Una decisión política es legítima o ilegítima en primer lugar por el origen del poder de quien la toma y por cómo la toma; y después esa decisión es buena o mala por el contenido sustantivo de la decisión. En 1977 las grandes decisiones políticas gozaban de una legitimidad precaria: había un gobierno elegido en urnas, sí, pero sin un andamiaje constitucional más allá de la Ley para la Reforma Política, formalmente la octava Ley Fundamental del régimen franquista.

Sin entrar en mayores profundidades, es razonable que el gobierno de Suárez intentase maximizar la legitimidad política de cada paso que diera el país incluyendo a cuantos más partidos y agentes sociales mejor, especialmente a aquellos que aportaban el pedigrí democrático de haberse opuesto a la dictadura y que seguían en la oposición: eso valía para las políticas económicas en un momento de severa crisis e inmensas carencias sociales heredadas del franquismo y para el proceso constituyente que tenía que llevar a una nueva y sólida legitimidad democrática.

La situación actual en España poco tiene que ver con aquella. España goza de un gobierno que puede gustar más o menos pero que tiene plena legitimidad democrática, en un Estado constitucional por mucho que merezca una importante revisión en muchos aspectos. En nuestra situación el consenso no es una necesidad democrática sino una comodidad muy deseable para el Gobierno por cuanto la oposición se compromete con las líneas generales de la política económica y por tanto, se diluye. Más consenso es siempre menos pluralismo y por tanto es deseable en aquellas cuestiones en las que el pluralismo es una debilidad: puede ser razonable el consenso contra el terrorismo o contra el virus o en defensa de la democracia y las libertades pues parecería deseable que todas las posiciones políticas relevantes en nuestra sociedad estuvieran contra el crimen y la enfermedad y a favor de los principios democráticos; pero que haya consenso sobre las políticas económicas es una anomalía.

La bondad del disenso y el pluralismo no justifica la política tóxica y carroñera a la que nos acostumbra nuestra derecha siempre que hay una catástrofe: entre el consenso y la campaña de acoso mediante mentiras, manipulaciones, insultos, inventos, bots y anónimos comprados… haya una escala de grises que no está mal explorar. Pero en 2020 tenemos un gobierno democrático y legítimo que tiene que tomar decisiones de acuerdo con las orientaciones políticas con las que fue elegido y apoyándose en una mayoría parlamentaria con una orientación progresista, federalista y pensemos que ecologista y feminista. Ahí todos podremos discutir, matizar, sumar… y es razonable que el pluralismo político ofrezca diversas recetas y que con diálogo se pueda construir una salida de la crisis que incorpore las mejores propuestas. Pero en absoluto es imprescindible recuperar el consenso para adoptar los cambios económicos y sociales necesarios con absoluta legitimidad.

No sólo el momento institucional actual es muy distinto del de 1977. También lo es el ámbito desde el que intentar luchar contra la crisis económica. En los años 70 España necesitaba construir, además de una democracia, una economía moderna y un Estado social tras 40 años de atraso. La modernización del país podría abrir la posibilidad de incorporarse a Europa en un mundo en el que las economías nacionales todavía tenían un enorme peso. España necesitaba, al menos como puente, una solución española.

Hoy, sin duda, España necesita adoptar medidas sociales, económicas y cambios estructurales: recuperación de los servicios públicos, de la sanidad, la ciencia, reindustrialización, modernización de la movilidad, economía de cercanía… y una fiscalidad justa que permita afrontar esos retos. A estas alturas resulta bien evidente que es imposible una solución española sin una gran solución europea.

Tenemos cercana la lección de hace apenas 10 años: no hubo ningún país que consiguiera una salida a su crisis en clave nacional y desde entonces ha sido un consenso que la vía de la austeridad no aceleró la salida de la crisis sino que sólo sirvió para agravar sus efectos más crueles. En 2010, además, la alternativa a una Europa soberana, democrática y garante de los derechos era una Europa sometida a la banca alemana. En 2020 ya no es así: la alternativa a una Europa europea (de todos los europeos) es el desmembramiento y el sometimiento de los distintos países de Europa a potencias mundiales (Trump y China, fundamentalmente, a la espera de Putin) ante la renuncia de Europa. El papel que China está teniendo en la salida de la crisis sanitaria evidencia esa disyuntiva. Quizás los gobiernos de Alemania y Holanda debieran replantearse el escenario que están fomentando y escuchar más las propuestas solidarias con Europa de los Partidos Verdes locales o ellos mismos acabarán sin mercados ni soberanía ni futuro.

Es Europa donde hoy cabe buscar grandes acuerdos que inauguren un nuevo escenario político, institucional, económico y social para las próximas décadas. Es Europa el único espacio en el que podremos tener políticas soberanas. Pero también es Europa la que lleva décadas renunciando a tener un sólido andamiaje institucional de profunda legitimidad democrática y ha preferido ser un conglomerado de gobiernos con capacidad para vetar las decisiones urgentes, cualquier avance positivo… Hemos llegado al punto en que España no puede ser España sin Europa. Pero lo mismo cabe decir de Alemania, Holanda, Italia, Francia… No hay más que ver el apoyo que las fuerzas disolventes supuestamente patrióticas (desde Le Pen a Abascal pasando por Boris Johnson u Orban) reciben de Trump o Putin: no es probable que su entusiasmo se deba al amor por Francia, España o Hungría sino más bien a sus ganas de alejarlas de Europa para dominarlas desde fuera.

Es posible que la miopía o la inercia de los gobiernos del norte de Europa encalle pensando que sigue siendo posible una Europa dominada para beneficio su banca y su industria. En tal caso, es una cuestión de supervivencia que la gran mayoría de gobiernos europeos (los que han demostrado estar a la altura apostando por una respuesta compartida) alcancen acuerdos para avanzar, para apoyarse mutuamente y establecer relaciones institucionales, económicas e industriales que intenten, además, arrastrar pronto al conjunto de Europa. Si Alemania y Holanda no permiten avances de toda Europa, que no nos frenen a la mayoría de países: si no puede haber Pactos de Bruselas, que sean del Mediterráneo… mientras seguimos peleando para que sea toda Europa la que salga de la crisis con fuerza, con democracia y con futuro.

Defender a España, los derechos sociales, ecológicos y sanitarios de los españoles sólo es posible desde un andamiaje económico internacional sólido, que sólo será respetuoso con España si es compartido y democrático. No necesitamos unos Pactos de La Moncloa, o al menos no son prioritarios, porque no es en Moncloa donde están las flaquezas que pueden evitar que salgamos de la crisis con dignidad. Si en los años 70 España necesitaba consensos para salir de las carencias sociales, económicas e institucionales con una nueva legitimidad democrática, hoy esa necesidad no está en Moncloa, está en Bruselas.

El amontonamiento de acontecimientos políticos (elecciones continuas, investiduras infernales, crisis internas de todos los partidos, sobre dramatización de cualquier discrepancia…) nos lleva a observar la política con el frenesí de un carrusel deportivo, lo que dificulta percibir los ruidos de fondo. Ha fracasado la investidura del siglo. En cuanto nos recuperemos tendremos la sentencia del juicio del siglo (con condenas, probablemente sí, de otro siglo). Quién sabe qué acontecimiento histórico tendremos después, si las movilizaciones en Cataluña del siglo, una nueva movilización secular de los de Colón o un último intento de investidura contra reloj. Y seguramente tendremos también la repetición de alguna de las elecciones con sus posteriores investiduras, salvo que tengamos acuerdos (por supuesto históricos) en todos los sitios donde hoy parecen imposibles. 

Tras esta sucesión de pequeñas crisis subyace una gran crisis. En sus últimos artículos, Javier Pérez Royo lleva alertando, con razón, sobre la crisis institucional que está viviendo nuestro país. No se trata sólo del procedimiento de investidura, sino del desmoronamiento completo del sistema institucional de 1978. No se trataría tanto de una crisis de régimen (en el sentido que se describió desde el 15M) sino de la disfuncionalidad de instituciones y normas pensadas para el sistema de partidos, la cultura política y el momento histórico de hace 40 años. 

No es que se desmorone el régimen, es que las instituciones no están siendo útiles para que el régimen político funcione ni permiten que cambie.

La particularidad de la crisis es que son precisamente los mecanismos que en los años de la Transición se diseñaron para dar mayor estabilidad al sistema político los que ahora imposibilitan su funcionamiento y agigantan los riesgos de colapso. La rigidez con la que se pretendió blindar el edificio constitucional en 1978 es hoy su mayor debilidad: como esas construcciones que, construidas rígidamente para evitar tambalearse, se parten en cuanto hay una ventolera importante.

Así, un sistema electoral pensado para fomentar el bipartidismo (y potenciar su sesgo conservador) es, con cinco partidos nacionales y la mayoría parlamentaria catalana fuera del juego nacional (hoy sería imposible un acuerdo de legislatura con ERC o JxCat mientras que Pujol fue el complemento perfecto a Felipe González y Aznar cuando no tenían mayoría absoluta), un palo en la rueda de la gobernabilidad. La moción de censura constructiva (pensada básicamente para que fuera imposible su éxito) generó un gobierno inestable en minoría absoluta en vez de unas nuevas y más funcionales elecciones tras la (primera) condena a la estructura corrupta del PP. Finalmente, un modelo de investidura que busca gobiernos muy estables está siendo un obstáculo casi insalvable para que haya siquiera gobiernos.

La madre de todas las paradojas está en el blindaje que la Constitución se dio en sus aspectos fundamentales y que hoy hace impensable una posible reforma para poner al día y hacer funcionales nuestras instituciones. En su ansia por garantizar la estabilidad, los constituyentes del 78 diseñaron un edificio institucional de una enorme rigidez. Para actualizarlo haría falta una mayoría de dos tercios del Congreso, una mayoría de dos tercios del Senado, nuevas elecciones, la misma mayoría cualificada en ambas cámaras y un referéndum… En un país que no está siendo capaz de encontrar fácilmente mayorías simples sólo en el Congreso para poner en marcha gobiernos ordinarios en autonomías y en el Estado central. 

Una reforma institucional de España que haga nuestro Estado más flexible y funcional no colma los cambios que necesita España (tenemos urgencias sociales, medioambientales, democráticas, civiles…), pero sí es condición necesaria para poder afrontar los verdaderos problemas. No habrá cambios progresistas de calado y con cierta estabilidad sin un edificio institucional funcional y, a diferencia de hace ocho años, un desmoronamiento institucional puede perfectamente traer un giro reaccionario muy peligroso para la democracia. Pero incluso para las fuerzas conservadoras, el actual panorama no debería ser muy alentador: si bien la falta de institucionalidad impide, para su satisfacción, toda alteración sustantiva del statu quo, los pasos agigantados hacia el colapso pueden ser una moneda al aire que podría ser catastrófica para su idea de España y para los intereses que defienden. 

El principal aprendizaje de estos años es lo lejos que está la política de ser una actividad previsiblemente racional. Pero si fuera racional, si los diferentes actores buscaran maximizar sus intereses por encima de inercias sectarias, al día siguiente de alguna investidura (pues algún día habrá alguna) se pondrían a dialogar para intentar llegar a unas nuevas reglas de juego… Que hagan que se pueda jugar.

Probablemente la principal consecuencia histórica de los procesos electorales de 2019 es la constatación del fin del tiempo histórico del 15M. No son pocas las consecuencias positivas que ha tenido. La cultura política de los españoles ha cambiado profundamente, aunque el sistema institucional no ha sabido reconfigurarse: el régimen del 78 sigue en crisis, no encuentra soluciones, pero esa crisis ha cambiado. En 2011 solo el PP tenía 186 escaños; en 2019, PP y PSOE solo suman tres escaños más, 189. El sistema de partidos español ha colapsado (lo único que queda reconocible es el PNV) y todavía no se ha recompuesto.

Sigue habiendo crisis pero el 28A y el 26M han certificado que es otra crisis distinta. Probablemente una de las consecuencias del ciclo electoral de 2019 sea el cierre del momento populista que dé paso a un momento cívico-republicano en el que prime una reconstrucción institucional, democrática, social y también territorial y se castigue la polarización. Quienes vivimos con más o menos intensidad el 15M haríamos bien en dejar de invocarlo si no queremos convertirlo en un fetiche tan rancio como han convertido a La Transición sus profetas. De hecho, constatamos ahora el final de lo que fue el 15M sin haber sido del todo conscientes de que a muchos jóvenes ya les sonaba a batallitas de sus mayores… por jóvenes que sean también esos mayores.

El PP y el PSOE se encuentran en una situación parecida: van perdiendo fuerza (los 122 escaños del PSOE son un éxito pese a estar tan cerca del rotundo fracaso que fueron los 110 escaños que llevaron a la dimisión de Rubalcaba en 2011) pero se sienten alternamente vivos gracias a que en su caída constante siguen sucediéndose en el poder institucional aunque sea cada vez con menos fuerza. La irrupción de Vox ha sido tardía y es posible (dados sus resultados, tan lejanos a esa cacareada reconquista) que fallida porque su propia irrupción en Andalucía haya supuesto una alarma que haya acelerado la huida de la polarización y la tendencia a la búsqueda de soluciones y nuevos acuerdos.

Que Pablo Casado no haya sabido leer este cambio de ciclo ha llevado a que el Partido Popular se asome al abismo con tanta energía. El Podemos de Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero se encuentra tan profundamente noqueado por razones no muy distintas a las que ha ayudado la impermeabilidad a todo debate y a cualquier disonancia. Ciudadanos puede que aún tenga tiempo de resolver su dilema: si mantiene su derechización (cuyo objetivo de ser la primera fuerza del bloque de Colón ha fracasado nítidamente) o si es capaz de reubicarse con cierta rapidez y parecer ese partido de una derecha democrática homologable con una derecha europea liberal: ese parece ser el intento de Manuel Valls.

La crisis del sistema de partidos sigue abierta y es tan evidente que se recompondrá como que nadie es capaz de anticipar hoy cuál será el resultado de esa recomposición. Si es cierta la llegada de este momento cívico-republicano es probable la instalación en los márgenes de polos políticos menguantes mientras crezcan los partidos que aparezcan como más capaces de proponer soluciones que de agigantar problemas: eso ha conseguido el PSOE de Pedro Sánchez; en eso han fracasado el resto de partidos nacionales.

En ese panorama es revelador que las excepciones al fracaso electoral el pasado 26 de mayo en lo que hemos llamado el 'espacio político del cambio' han ido de la mano de candidaturas o bien independientes de partidos nacionales o bien abiertamente enfrentadas a sus direcciones. No creo que sea verdad que la razón de la debacle electoral de ese espacio sea la división, pero quienes piensen que la razón es que los votantes castigan la división también pensarán, supongo, que los votantes han identificado claramente a los responsables de esa división, que serían quienes han sido castigados en las urnas.

Dentro de ese escenario general, Más Madrid no ha conseguido los objetivos más elevados que nos planteábamos (garantizar gobiernos progresistas municipal y autonómico) pero es innegable que ha logrado escapar de la debacle general. La ciudad de Madrid es de los pocos ayuntamientos del cambio en los que se sigue siendo la lista más votada pese a que durante estos cuatro años ha sido objeto de múltiples ataques mediáticos y políticos desde la derecha y desde una pequeña parte de la izquierda.

En los últimos meses, a esta última se unieron los dirigentes nacionales de Podemos al no lograr imponer a Manuela Carmena que prescindiese de concejales que la habían acompañado y que los sustituyese por las personas que quería la dirección de Podemos: a partir de ese momento decidieron que la operación Madrid Nuevo Norte que habían aplaudido era la vergonzosa Operación Chamartín y que el cese de Carlos Sánchez Mato, que apoyaron, había sido una purga inconcebible para ellos. En la última semana se lanzaron a apoyar una candidatura que sabían que no podría obtener representación, pero ese apoyo fue irrelevante (apenas subió unas décimas en esos días). No se trata de discutir con Iglesias y Monedero sus discursos para consumo interno de estos días. Nuestro reto no puede ser discutir los problemas de otros, por mucho que se escondan atacándonos, sino responder al medio millón de votantes de Más Madrid construyendo futuro.

La mayoría de las derechas en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, en todo caso, tiene múltiples causas. Pero desde el análisis meramente electoral y viendo el panorama de los municipios y comunidades autónomas de toda España parece razonable pensar que la apuesta de Manuela Carmena e Íñigo Errejón por Más Madrid fue inteligente, ha obtenido un respaldo electoral muy notable y en todo caso ha sido insuficiente yendo en la dirección correcta. La cantidad de voluntarios, balcones, asistentes a los actos y, finalmente, votantes de esta semana auguran muy buenos mimbres para una organización madrileña sólida y con mucho futuro.

La crisis institucional española no se ha cerrado ni mucho menos. La inestabilidad del sistema de partidos sigue; las grietas de todo tipo que ofrece el sistema electoral (la última: los graves fallos en el recuento) aumenta la crisis de representación; la crisis catalana está instalada en la melancolía y la ausencia completa de salidas que no sean autoritarias; y la injusta salida a la crisis económica que se impuso con los gobiernos del PP no se ha podido revertir. Mientras, aparecen la movilización feminista y el ecologismo de los más jóvenes como puntas de lanza de nuestro futuro.

Junto a la crisis institucional no resuelta aparece un panorama insólito en la última década: un horizonte probablemente despejado de citas electorales (salvo la periódica convocatoria de elecciones en Catalunya que sin duda tendremos pronto y no muy tarde otra y otra vez) que nos permiten mucho sosiego, mucho debate y muy poca prisa. Y, sobre todo, con dos únicas tareas urgentes: tratar de conseguir que los madrileños no sufran una regresión de derechos injusta y evitable y organizar a tantos madrileños ilusionadas con un proyecto como Más Madrid para que sea útil y ayude a nuestros vecinos y vecinas.

El resultado de las elecciones andaluzas es un desastre sin paliativos para quienes defendemos para España un cambio en clave emancipadora. España abre la puerta a la extrema derecha: por primera vez es palpable que la crisis institucional, territorial, social y política que acarrea España no tiene por qué tener sólo una alternativa democrática. Hoy hay un riesgo cierto de una involución agresiva en derechos humanos, libertades y conquistas sociales.

Hasta el pasado domingo estábamos muy orgullosos de que nuestro país fuera una de las pocas islas en las que no estaba emergiendo la extrema derecha. La crisis de régimen volvía a ser protagonista y pese a cierta pérdida de vigor no aparecía más alternativa real que la que representamos las fuerzas que gobiernan los principales ayuntamientos de España, Podemos, IU, Equo, Catalunya en Comú, En Marea, Adelante Andalucía, Compromís…

Quizás esa tranquilidad es la que nos ha facilitado centrarnos más en nosotros mismos que en el país. Podemos nació como fruto de un gran análisis estratégico de país y de momento histórico, con un cuadro dirigente de una capacidad intelectual y una generosidad vital inmensas. Podemos nació de la audacia y la inteligencia y de saber ilusionar a millones de ciudadanos que veían, por fin, un proyecto de país. Incluso en sus orígenes Podemos se excedió con la transparencia intelectual y veíamos artículos extensos destripando sus propios debates estratégicos, quizás como consecuencia de ser un partido cuya fundación estaba muy ligada a la Universidad.

Cuatro años después hay muchas razones para que no todo siga igual. Los debates estratégicos de país surgen en momentos de cambio como pudo ser sin duda 2014. De hecho las grandes ciudades, gobernadas por fuerzas políticas del cambio desde 2015, son hoy la principal herramienta de modernización y democratización en nuestro país. Pero es cierto que no sólo han menguado los debates estratégicos sino que ha cobrado un protagonismo inmerecido el continuo debate interno. No salimos de unas primarias locales problemáticas y nos metemos en unas primarias nacionales anticipadísimas. Y en medio nuevas exclusiones y conflictos que nunca ayudan a avanzar electoralmente ni a ilusionar a la ciudadanía.

Las elecciones andaluzas nos ponen a todas las fuerzas emancipadoras ante el reto de levantar la bandera de la democracia. Eso tiene algunas consecuencias que se derivan todas de la urgencia del debate sosegado (valga la paradoja) cuyo centro sea el país, no nosotros, no nuestro partido, nuestra facción, la facción o el partido de al lado… El país.

Para ello lo primero sería posponer los procesos internos que no sean absolutamente inaplazables (empezando por unas primarias para unas elecciones generales que no tienen fecha) y supeditarlos a debates mucho más importantes.

Si no, la gravedad de las palabras con las que recibimos el resultado andaluz se convierten en eslóganes sin contenido. Recordemos que los frentes antifascistas (nos parezca o no acertada su invocación en este momento) abarcaban, al menos vocacionalmente, desde la Unión Soviética a Churchill. Si de verdad nos planteamos algo así como una trinchera en defensa de la democracia, lo que tocaría es máxima apertura y fraternidad y una huida decidida del ensimismamiento partidario.

Llegamos a un momento clave de la historia de nuestro país con muchas oportunidades (fundamentalmente los ayuntamientos de las grandes ciudades y la fabulosa movilización feminista). Pero también con una gran fragmentación formal e informal mal gestionada que bien podría ser una oportunidad.

Ante la crisis institucional, social, territorial y política y la emergencia del riesgo de la extrema derecha habría que pensar en la construcción de un polo democrático ambicioso en el que puedan incorporarse todos los actores del cambio anteriormente enunciados y muchos jóvenes, mujeres movilizados estos años y cuantas personas hayan recibido el resultado del 2D con el susto más razonable.

Volvemos a la crisis de régimen. Pero ahora es más peligrosa que nunca porque se ha abierto la caja de Pandora (y PP y Ciudadanos parecen encantados al ver liberados los monstruos que había en su interior). De nuevo tenemos una responsabilidad histórica. No toca pensar en los bueyes que tiran del carro sino en hacia dónde tiene que ir el carro, por dónde debe ir, qué tipo de carro necesitamos. Es lo que hizo la ciudadanía en las plazas en 2011, es lo que hicieron los fundadores de Podemos en 2014, es lo que mejor se nos da hacer y lo que España necesita que hagamos ahora.

Oigo en una tertulia comentar las revelaciones sobre los negocios al margen de la ley de Juan Carlos I. Nadie los pone en duda ni los desmiente (algo que no ha hecho siquiera el interesado), nadie cuestiona su gravedad. De hecho es precisamente su gravedad la que lleva a una participante en la tertulia a justificar implícitamente que se evite investigar las comisiones, el blanqueo, las cuentas suizas, los testaferros… Se abriría el debate sobre la monarquía y “España no está preparada” dice textualmente y sus compañeras de tertulia asienten.

No es ninguna reaccionaria. Es el último argumento decente que se puede oponer a la investigación de hechos gravísimos en la cúspide del Estado. En 2018. España (los españoles) no está preparada. Seguimos siendo menores de edad. No estamos preparados para debatir y decidir cómo queremos que sea nuestra democracia.

En 1978 no es que no estuviéramos preparados, es que teníamos que ser prudentes, había pistolas apuntando, no se trataba de elegir monarquía o república sino de elegir democracia. Ahora podríamos situarnos en un debate parecido. No se trata de elegir monarquía o república sino de elegir democracia. Y democracia sería tener un debate público, razonado, plural. Y someterlo a la decisión de todos los españoles. Lástima que no estemos preparados.

Desde hace años hasta los monárquicos más oscuros son conscientes de que al menos la monarquía debe eliminar la discriminación de género. Al menos durante el par de décadas previas a la crisis económica ello habría sido relativamente sencillo: un par de votaciones absolutamente mayoritarias (quién sabe si unánimes) en las Cortes Generales y una votación popular. Pero no se ocultó el miedo a que una votación aislada sobre cómo debe ser la monarquía se convirtiera en realidad en una votación sobre si queremos tener monarquía o no. Así que no se hizo la reforma y los monárquicos tuvieron la suerte de que el segundo embarazo de los reyes fuera de una niña. Los españoles seguramente no estábamos preparados para una reforma tan trivial, así que seguimos anclados en fórmulas arcaicas y machistas.

Desde que empezó la crisis territorial, hubo un argumento democrático contra el referéndum catalán que trataba de evitar caer en un nacionalismo primordialista español: no es que la unidad de España fuera sagrada porque España sea una nación milenaria y eterna, sino que si hay que votar algo que afecte a toda España, como sería su unidad territorial, no lo pueden votar sólo los catalanes o los vascos sino todos los españoles. Mariano Rajoy lo explicó con nitidez: “lo que sea España es una decisión que compete a todos los españoles, que son los que tienen la soberanía nacional, y no le corresponde a ningún Gobierno, ni partido, ni a ningún Parlamento.” Si eso valía para la unidad de España ¿no valdría para la forma de gobierno democrática de España?

No estamos aún en el momento de decidir lo que sea España, sino de enterarnos de quién ha sido Jefe de Estado de España durante casi cuarenta años, de si es un corrupto rodeado de gánsters que ha estado usando a España para labrarse ilegalmente un inmenso patrimonio o si por el contrario unos gánsters están atacando a un anciano inocente que lo ha dado todo por su país. Sólo quienes piensan lo primero (que al parecer es todo el mundo) pensarán que esa investigación puede llevar a poner en jaque a la monarquía. Y que entonces los españoles tendrían en su mano decidir lo que sea España. Están tan convencidos de que Juan Carlos I es un corrupto que lo que cuestionamos, por fin, es que España no está preparada para gobernarse, para decidir sobre sí misma, que España no está preparada para la democracia.

El debate, previo (aunque consustancial) a la monarquía es si los españoles somos mayores de edad. Hay que querer muy poco a este país, tener muy poco respeto por nuestros ciudadanos, haber estado muy poco atento a las ejemplares respuestas populares que hemos dado en los momentos más duros de nuestra historia reciente, para negar la madurez democrática de nuestro pueblo. No estamos ante un riesgo de involución hacia una dictadura militar como en los 70 sino en todo caso ante distintas formas de gobierno democrático (aunque reconozcámoslo, en ese debate sería difícil sostener que la monarquía es más democrática, moderna, transparente, feminista…).

Claro que España está preparada. Los españoles hemos demostrado mucha más madurez ciudadana y democrática que la que nos suponen. Busquen argumentos para el debate pero no nos nieguen el debate. Somos mayores de edad, estamos preparados: eso es la soberanía popular. Afortunadamente los complejos sobre el pueblo español quedaron apartados en un rincón mugriento y reaccionario de nuestra historia. España está preparada, mucho más que sus élites, para saber qué ha ocurrido y construir libremente y sin ataduras su futuro.

Probablemente el 3 de octubre la popularidad de Felipe VI mejoró bastante. Fue el día en que Felipe VI decidió que Cataluña podría ser a su reinado lo que el 23F al de su padre: la justificación de todo un reinado. Es imposible saber nada sobre la popularidad de Felipe VI dado que el CIS no publica (sorprendentemente) desde hace años ninguna valoración que afecte a la monarquía, pero probablemente a corto plazo le fuera rentable en términos de imagen en plena ebullición del conflicto nacional en España.

Sin embargo, nunca pudo estar peor aconsejado. A diferencia del 23F, el 3 de octubre en España seguían los poderes políticos vigentes: cuando Juan Carlos I grabó su histórico discurso el Gobierno de la nación y el Congreso de los Diputados estaban secuestrados a punta de pistola; cuando Felipe VI grabó el suyo había poderes políticos electos que tenían plena libertad para emitir un mensaje político al país: podía hacerlo Mariano Rajoy, podían hacerlo los portavoces de todos los grupos parlamentarios, los titulares de cualquiera de los poderes del Estado… Pero en vez de ellos apareció Felipe VI para hacer un discurso contundentemente político, defendiendo una posición concreta.

La posición política de un rey constitucional es muy delicada porque juega un papel político clave (y nunca inocuo) pero tiene la necesidad de aparentar no jugar ninguno, ser neutro: necesita compensar el hecho de no haber sido elegido por nadie con la apariencia de ser el rey de todos. No es tanto que lo que diga sea razonable, acertado o no: es que debe reflejar algo así como el sentido común de la infinita mayoría de los españoles.

El 3 de octubre no hizo eso. Tomó partido. Da igual que fuera (o no) el partido correcto, el impecable. Da igual. Lo evidente es que, salvo que consideremos que Catalunya no es España, su mensaje no respondía a esa suerte de aparente unanimidad social a la que han respondido todos los mensajes reales desde 1978. Fue un mensaje durísimo contra un gobierno autonómico soportado por partidos que obtuvieron dos meses después más de dos millones de votos de personas que para Felipe VI deben ser tan españoles como el que más. Y, sin duda, fue un mensaje que respondía al tono que demandaban el PP, Ciudadanos y una parte del PSOE, pero que confrontaba con el defendido por millones de españoles que, incluso rechazando la apuesta suicida del Govern catalán, apostamos por el diálogo y la recuperación de la convivencia fraternal, no por la derrota del otro por equivocado que esté.

Estuvo muy mal aconsejado Felipe VI, porque a partir de ese momento cada vez que hubiera una situación especialmente grave, Felipe VI tendría la obligación de pronunciarse con contundencia. En 2003, durante las manifestaciones contra la Guerra de Irak (una guerra ilegal a la que se oponía más del 90% de los españoles pero apoyaba activamente el gobierno de la nación) se coreaba a menudo “Que hable el rey” pero había bastante consenso en que era mejor que el rey no hablase de eso ni de nada, porque no tenía legitimidad democrática para posicionarse políticamente en ningún conflicto político, que su papel tenía que seguir aparentando ser lo más cercano a una función decorativa.

Ahora, cada vez que el rey calla no podemos  suponer que lo hace porque es su papel institucional; los silencios de Felipe VI desde el 3 de octubre significan como mínimo que no concede una gran importancia a aquello sobre lo que calla, porque si no hablaría a la nación con la firmeza con la que habló el 3 de octubre. O que la posición del monarca no es confesable.

En las últimas semanas, hemos tenido dos situaciones judiciales históricas y que afectan a la estructura institucional en España y al principal problema de España después del paro: la corrupción preocupa a más del doble de españoles que el riesgo de independencia de Cataluña según el CIS.

La primera sentencia del caso Gürtel afirma la existencia de un “auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional” liderada por el entonces gobierno español. Más allá de otros detalles de la sentencia (como que el presidente del gobierno mintiera en un juzgado o que se adulteraran las elecciones mediante financiación ilegal) ¿es grave la existencia de un “auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional”? No parece haber muchos argumentos racionales (solo la visceralidad nacionalista) para ubicar la carcoma que corroe nuestras instituciones nacionales, autonómicas y municipales por debajo del grave conflicto territorial español.

Lo que sabemos es que a Felipe VI o no le parece mal que bajo su reinado se instale un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional o al menos no le parece demasiado grave (lo cual es una valoración muy relevante dado que el Congreso de los Diputados lo consideró tan extraordinariamente grave que supuso la primera moción de censura exitosa contra un Gobierno de España en nuestra Historia).

Poco después ingresó en prisión por primera vez un miembro de la familia real, el cuñado del rey, por innumerables delitos de corrupción cometidos aprovechándose de su cercanía a la monarquía. El juez instructor explicó que hubiera sido razonable citar al anterior rey y denunció presiones bochornosas para salvar a la hermana del actual. Según las crónicas, cuando Urdangarin se reunió con el anterior rey y con el actual afirmó que él había hecho lo que hacía todo el mundo en esa familia. La noticia dio la vuelta al mundo, conmocionó a la opinión pública, afectó indudablemente al prestigio de la Corona… pero Felipe VI calló y la Casa Real se limitó a comunicar que respetaban las decisiones judiciales (como si pudieran no hacerlo) sin aclarar, por supuesto, nada sobre las presiones denunciadas.

 El 3 de octubre de 2017 Felipe VI decidió cambiar la naturaleza de la monarquía del 78. Decidió que cuando un tema le resulte especialmente grave tiene la legitimidad (incluso la obligación) de hacer partícipe a la nación de su posición con toda contundencia retórica. Y por lo tanto decidió que podíamos interpretar su posición por pasiva. Hasta el 3 de octubre de 2017 los silencios del rey eran más bien un ejercicio razonable de su cargo; desde el 3 de octubre de 2017 el rey decidió someterse a aquello de que “quien calla otorga”: cuando no quiso otorgar, no calló.

Felipe VI nos ha demostrado que ante la corrupción en su familia y ante un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional que carcome el país… nuestro rey calla; y por lo tanto otorga.

1.- El hito del 26 de abril. La movilización que se produjo el mismo día de la sentencia de La Manada fue probablemente la convocatoria espontánea más nutrida que haya vivido nuestro país. En otros ciclos de movilizaciones como el del No a la Guerra había importantes movilizaciones medio espontáneas (planificadas para el día que empiecen los bombardeos, el siguiente día, etc) y alguna de ellas fue nutridísima (aquella que iba a ir hacia el Palacio de la Moncloa pero el cordón policial obligó a improvisar otro recorrido que acabó con un brutal nivel de violencia policial ordenada por Ángel Acebes) pero fue una movilización prevista al menos con tres días y planificada con varias semanas.

Ninguna de las convocatorias que se improvisaron durante el 15M en respuesta a decisiones gubernamentales concretas arrojó imágenes como la del 26 de abril abarrotando la calle San Bernardo de Madrid y ocupando la Gran Vía de Madrid mientras en decenas de ciudades las mujeres protagonizaban movilizaciones similares. Quizás esta respuesta sea aún más reveladora que las impresionantes manifestaciones y, sobre todo, el clima generado el 8 de marzo y, antes, el 7 de noviembre. La rápida y eficacísima movilización del 26 de abril evidencia que no sólo se está logrando instalar el feminismo como centro de la opinión público, sino que las mujeres están construyendo el movimiento social más vigoroso (y más esperanzador) que ha tenido nuestro país desde 2011.

2.- 2003: “No a la guerra”. El fracaso político de un movimiento exitoso. Para mi generación, las movilizaciones del “No a la guerra” supusieron un inmenso aprendizaje político. Además de las dos grandes manifestaciones de 2003 en febrero (la única manifestación contra un gobierno en la que “un millón de manifestantes” no era una exageración) y marzo, hubo un cúmulo de movilizaciones muy bien organizadas en un país en ebullición: contemporáneas a las movilizaciones contra la guerra era el movimiento Nunca Máis y las protestas del movimiento estudiantil contra la LOCE. Todavía no había redes sociales, aunque Indymedia y Nodo50 junto a rebelion.org constituyeron un embrión indispensable para la difusión de información, convocatorias y reflexiones.

El ciclo de 2003 fue un gigantesco éxito de movilizaciones y un rotundo fracaso político. El día que las tropas estadounidenses entraron en Bagdad se generó la (equivocadísima) idea de que la guerra había terminado y, sobre todo, de que no había nada que hacer. El asesinato de José Couso generó más impotencia y frustración que nuevas movilizaciones (salvo las de sus admirables familiares y amigos). El movimiento se diluyó como un azucarillo salvo por la maravillosa reaparición el 13 de marzo de 2004 como reacción popular, pacífica y democrática a las mentiras sobre el atentado del 11M con las que el Gobierno de Aznar intentó adulterar las elecciones del día siguiente. Pero al margen de ese histórico canto de cisne un intenso ciclo movilizador no dejó estructuras sociales ni políticas duraderas.

3.- 2011: El 15M y el aprendizaje de aquel fracaso. Una de las razones por las que el 15M cambió el país fue que se produjo en un clima de debate político intensísimo. La crisis económica y la institucional, junto con la aparente ausencia de reacción popular, se manifestaba en cientos de artículos, debates, libros, reflexiones… de mil tipos. El centro del debate era estratégico incluso dentro de los partidos ya constituidos en los que la grieta en torno a la que se debatía (proceso constituyente, refundación de la izquierda) los trascendía. Había mil debates y poquísimos apriorismos porque se partía, sobre todo, de la conciencia de tener una contundente tradición de fracasos.

Entre otras muchísimas lecciones, muchos activistas curtidos en el fracaso del ciclo del No a la guerra asumieron como imperativo estratégico la necesidad de que esta vez el ciclo fuera fértil. Ningún ciclo de movilizaciones es eterno (y el del 15M duró bastante más que otras experiencias históricas análogas), así que una de las muchas tareas que apareció en el 15M fue la construcción del post15M. Eso es lo que explica la expansión del 15M a los barrios y municipios, la consolidación en estructuras pequeñas diseminadas territorial y funcionalmente. Sin esa conciencia sería inexplicable el surgimiento de Podemos y su formidable arraigo sobre todo en la generación que nació para la política en aquellos años.

4.- 2018: la irrupción del feminismo en el erial. El momento en el cual el feminismo ha emergido como gran movimiento protagonista de la España de 2018 tiene poco que ver con el del surgimiento del 15M. El clima de gran debate político que había en 2011 era absolutamente anómalo y se ha desvanecido hasta dejar una orfandad de reflexiones sobre el país y nuestro rumbo político pese a que el colapso institucional y la permanencia en la crisis económica de la mayoría del país siguen vigentes. La coincidencia de crisis, escaso protagonismo de la política y baja movilización es el caldo de cultivo perfecto para el auge de la derecha renovada que representa Ciudadanos: es lo que está pasando en Europa.

La inmensa movilización feminista tiene la capacidad de romper esta inercia y supone la gran esperanza de reencauzar la respuesta a los problemas sociales y políticos hacia soluciones emancipadoras.

Ello pasa por que seamos conscientes de que el feminismo no es un aderezo que acompaña a la verdadera política sino el auténtico protagonista político del ciclo actual. Felizmente hay más movilizaciones, como las de los pensionistas, pero ninguna tiene ni el vigor ni la capacidad para representar un nuevo país que posee el feminismo. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad tienen en el feminismo un catalizador evidente. Y, como ocurrió con el “No a la Guerra” y el 15M, el feminismo ha logrado una capacidad de generar hegemonía absolutamente indigesta para las élites conservadoras de tradición evidentemente patriarcal: baste ver cómo PP y Ciudadanos han intentado sumarse al tsunami feminista con rotundo fracaso por parte de Ciudadanos y el ridículo de Catalá cuando el PP ha intentado hacer suya la indignación popular.

No son pocos los retos que tiene el feminismo para lograr canalizar la transformación del país: está empezando a recuperar un protagonismo del debate político que parecía perdido; y tiene que establecer las condiciones para que cuando (inevitablemente) se rebaje la movilización, se haya sembrado el país de tejido feminista popular. El feminismo es hoy la gran esperanza de un país mejor. Ningún eje político tiene su potencial transformador hoy. Es algo que los hombres que luchamos por la emancipación debemos entender no con resignación sino con infinita esperanza: tampoco pasa nada por no ser los protagonistas alguna vez en la vida.

El caso del Máster falso de Cifuentes no sucede en un momento cualquiera. En un importante artículo del lúcido periodista conservador José Antonio Zarzalejos se definía la situación de España como de “perplejidad” ante la coincidencia de cuatro crisis que construyen la imagen de colapso institucional: el Caso Cifuentes, que podría llevarse por delante al PP, la presentación de unos Presupuestos Generales del Estado por parte de Rajoy sin tener garantizada su aprobación, la denegación de la justicia alemana de la extradición de Puigdemont e incluso el vídeo de la bronca entre la reina Letizia y su suegra y predecesora Sofía. “España navega con el piloto automático, no hay comandante en la aeronave y no se sabe si pasamos por un tramo de turbulencias o caemos en picado”, concluye Zarzalejos. Todo ello ocurre tras un primer trimestre de 2018 en el que por primera vez desde finales de 2013 vuelve a crecer la movilización social gracias fundamentalmente a mujeres y pensionistas.

En términos sociológicos las crisis que tenemos delante afectan directa o indirectamente a prácticamente toda la población española:

El Caso Cifuentes viene a recuperar la sensación de que nos gobierna una élite sin ningún tipo de escrúpulos cívicos que son capaces de hacer trampas en todos los ámbitos de la vida. Y en este caso, además, es especialmente fácil que irrite a millones de personas, muy especialmente a los jóvenes, que entienden perfectamente el caso: no es fácil entender qué es un testaferro o una malversación, pero que te regalen un título universitario que no has cursado es una barbaridad que entiende todo el mundo y millones de personas están muy familiarizadas con la burocracia universitaria como para tragarse excusas de baratillo.

La causa feminista ha puesto en pie a la mitad de nuestra población llevando incluso a torcer radicalmente el discurso al PP y muy especialmente a Ciudadanos, que ha pasado a disfrazarse de morado feminista tras decir que la mayoría de las denuncias por violencia machista son falsas y proponer eliminarla del Código Penal para tratarla como violencia común, como “violencia doméstica”. La pobreza de las pensiones afecta a los millones de jubilados que tiene nuestro país, pero también a sus hijos (que han pasado en poco tiempo de pedir ayuda a sus padres pensionistas a intentar sacar algo de su nómina para ayudarles sin que su nómina haya aumentado) y aterroriza a quienes aspiramos a ser pensionistas en el futuro.

Es decir: el colapso indigna a jóvenes, mujeres y mayores de forma directa. Y a las familias de los jóvenes, de los mayores e incluso a los hombres que comprendemos la causa feminista como propia de forma extremadamente cercana. Una notable mayoría de los sectores populares vuelven a verse atacados por una élite de caraduras que les arruinan la vida, las expectativas y el fruto de sus esfuerzos.

Una consecuencia de esto venía latiendo en las encuestas que, tras un periodo de estabilidad, han vuelto en los últimos meses a ciertas turbulencias en las que todos los partidos suben o bajan como mínimo tres puntos de un mes a otro. Y ninguna refleja aún el patético papel que ha decidido jugar Ciudadanos en el Caso Cifuentes que le puede costar muchos votos en su disputa del voto por el centro con el PSOE y del voto joven con Podemos. Es de suponer que los votantes que vieran a Ciudadanos como un partido que ayudara a sanear las instituciones estarán al menos sorprendidos de que tras no poder sostener más a Cifuentes (tres semanas han tardado en darse cuenta de su ocaso) decidan apostar en primer lugar por el candidato que proponga el partido que en las últimas ocasiones ha propuesto para la presidencia de la Comunidad de Madrid a Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes. Ningún votante de Ciudadanos puede creer que mantener al PP-Madrid en el gobierno obedece a un deseo de decencia sino sólo a cálculos electoralistas que perjudican a los madrileños.

Para este ciclo contamos con la ventaja de que en estos años Podemos sí ha hecho propuestas en las instituciones en defensa de mujeres, jóvenes, pensionistas… siempre con la oposición de la alianza PP-Ciudadanos: como ejemplo más reciente, el último pleno en la Asamblea de Madrid antes de estallar el Caso Cifuentes fue en el que un error de la propia Cifuentes permitió que se tramitara la Ley de Universidades redactada por Podemos frente a la del PP y Ciudadanos.

La nueva sensación de colapso del país vuelve a repartir también las cartas en lo político-electoral. Jóvenes, mujeres, mayores… reflejan una idea común que parecía olvidada y que merece ser recuperada como eje de la disputa de la partida que se reabre: ese conflicto entre los de arriba y los de abajo, que es el conflicto entre la falta de pudor y la sinvergonzonería y la decencia y el esfuerzo. Vuelve a haber partida. Y debemos escoger bien las cartas: las de las mujeres, la juventud, las personas mayores, las de la gente común, decente y esforzada que no se va a dejar tomar el pelo, la de los de abajo.

Ha anunciado Cristina Cifuentes la aprobación de un proyecto de Ley de Víctimas del Terrorismo. Lo ha hecho con una explicación encomiable: “Aprobamos el proyecto de Ley de Víctimas del Terrorismo, como garantía de que los madrileños no van a olvidar a los que perdieron la vida, resultaron heridos física o psicológicamente o vieron sacrificada su libertad como consecuencia del terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones. Las víctimas siempre en nuestra memoria”.

Cifuentes ha demostrado en los últimos meses querer hacer del terrorismo un instrumento de confrontación partidista. En ningún momento se ha dirigido a los grupos de la oposición (al menos a Podemos) para construir juntos una ley como ésta y todo lo que ha hecho en los últimos meses ha sido organizar una campaña contra Manuela Carmena por el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco y responder al atentado de Barcelona y Cambrils diciendo que Podemos es “ambiguo” con el terrorismo yihadista.

Es, pues, evidente que Cifuentes quiere utilizar el terrorismo para la propaganda partidista más ruin en un momento en el que se siente muy débil políticamente por el colapso de su gobierno. Si en ningún momento es decente colocar el dolor por el terrorismo como trinchera propagandística, en este momento histórico sería una irresponsabilidad para el futuro de Madrid y de España, que tiene la oportunidad de mostrarse cohesionado y unido no sólo contra los crímenes terroristas sino contra todas aquellas violaciones graves de derechos humanos en contextos de violencia de motivación política que mantienen en nuestro país y singularmente en Madrid heridas abiertas que todavía no hemos sabido afrontar. La fortaleza de las instituciones democráticas no puede ser adecuadamente medida por su capacidad de silenciar o dejar de lado algunos temas, especialmente aquellos que se refieren a derechos fundamentales, sino por su capacidad de gestionarlos efectivamente, aunque sean complejos e incómodos.

Dos son los elementos que hacen pensar que ahora podríamos por fin abandonar la utilización política de las víctimas y del dolor, y construir una cultura de los derechos humanos en favor de la paz y la convivencia, además de ser útiles ante hipotéticos crímenes futuros

En primer lugar, afortunadamente hay episodios de nuestra Historia que podemos asegurar que no se van a repetir en un horizonte histórico razonable. El golpe de Estado de 1936, los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista forman parte de un pasado que colectivamente todavía no hemos sabido cerrar, como muestra que todavía haya asesinados sin enterrar o que Patrimonio Nacional ceda el Valle de los Caídos para hacer apología de la dictadura.

Sin embargo, la Asamblea de Madrid en 2016 aprobó una Proposición No de Ley (apoyada por Podemos, PSOE y Ciudadanos) que nos mandataba a los partidos y al Gobierno a legislar para que la Comunidad de Madrid afronte esa época tal y como nos viene recomendando el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: cimentando nuestro país sobre los principios de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Incluso para el Partido Popular podría resultar una liberación catártica ponerse por fin a construir una memoria colectiva que no debe ser de parte: a nadie se le ocurriría en Alemania que un acto sobre el Holocausto es partidismo porque la sociedad alemana y todos sus partidos está unida en el recuerdo a las víctimas del nazismo y en contra del régimen de Hitler; nadie diría que la memoria reabre heridas porque todos son conscientes de que sólo la memoria permite cerrarlas.

Sobre otros crímenes como los de determinadas organizaciones ultraderechistas, la violencia durante la Transición, los crímenes de los GRAPO y otras organizaciones terroristas y fundamentalmente de ETA, podemos estar hoy en una situación análoga dado que tales organizaciones dejaron hace años de suponer la amenaza criminal que fueron. Obviamente, muchas (no todas) de las víctimas de estos últimos crímenes han tenido el reconocimiento que merecían pero tenemos la oportunidad de renunciar al partidismo con el que algunos intentaron desvirtuar su memoria para hacer del conjunto de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, en distintos contextos, un cimiento de una sociedad cohesionada en la denuncia de los crímenes que ha sufrido.

En segundo lugar porque, pese a ello, el terrorismo sigue siendo una cruel amenaza como hemos visto en Cataluña este verano. La legislación actual llama a las administraciones autonómicas a regular cómo actuar en caso de un atentado terrorista: necesitamos protocolos de respuesta y atención a las víctimas para que nunca más tengamos que felicitar a nuestros servicios públicos por su buena gestión ante una situación no programada o, por ejemplo, para que no haya disputa en cuanto al tipo de homenajes que merecen las víctimas porque esté acordado legalmente. Madrid tiene la desgraciada experiencia del 11M y, dado el tipo de ataques del terrorismo yihadista que estamos viviendo, cabe pensar que una región fundamentalmente metropolitana como Madrid necesita extremar la prevención para evitar nuevos ataques y, en caso de producirse, tener protocolos claros para minimizar el efecto y optimizar la ayuda a las víctimas.

Madrid tiene muchas razones para protagonizar el primer gran paso hacia la unidad en defensa de los derechos humanos y de la cultura democrática y de la paz. Fuimos la ciudad que resistió al fascismo para admiración de todo el mundo, una región a la que la dictadura castigó severamente por ello, en la que se dieron luchas democráticas sin las cuales hoy no tendríamos los derechos de los que gozamos y que nos sirven de exigencia para mayores avances democráticos. También somos una Comunidad cuya Presidencia se ubica en el edificio de la DGS franquista, donde se detenía y torturaba a la oposición democrática sin que aún hayamos hecho común el recuerdo a las víctimas.

Somos también la Comunidad que sufrió crueles atentados terroristas, que prácticamente no dejan un barrio de la ciudad sin la memoria de un coche bomba. En nuestros trenes se dio la mayor masacre terrorista que ha sufrido Europa, con los 192 asesinados el 11 de marzo de 2004. Y somos una comunidad cuyo pueblo ha dado múltiples muestras de defensa de la paz y la solidaridad y que no merece ni que se use como instrumento de propaganda el terrorismo para atacar a quien se opone tanto como el que más a esos crímenes ni que haya quien busque excusas para no reconocer a las víctimas de la dictadura y condenar los crímenes de ésta.

Estamos ante un momento histórico que no merece el politiqueo más bajo sino que nos exige construir sobre valores democráticos un país cohesionado en defensa de la paz, de la democracia, de los derechos humanos y que, lejos de arrojarse las víctimas a la cara con fines mezquinos, las ponga en el centro del futuro como pilar moral de una sociedad democrática en vanguardia de la defensa de los derechos humanos.

Desde hace tiempo es insostenible que el Partido Popular gobierne la Comunidad de Madrid. El colapso del gobierno de Cristina Cifuentes arranca desde el primer día. Sus antecesores podían presentarse ante la ciudadanía madrileña contando qué habían hecho.

Gallardón pudo presumir de haber construido muchos kilómetros de Metro. Aunque estuvieran mal planificados para una movilidad ágil, aunque poquísimos años después haya que parar las líneas para arreglar lo que había sido una chapuza, aunque comenzara la ruina de la Comunidad de Madrid... A la pregunta: '¿qué ha hecho Gallardón?' se podía responder 'Metro'. Aguirre pudo presumir de hospitales. Aunque con ello no ampliara ni una sola cama hospitalaria para los madrileños, aunque fuera un sistema para favorecer a empresas afines y en última instancia financiar al PP, aunque estemos comprobando estas semanas que estamos pagando a las constructoras muchísimo más de lo que costaron los hospitales, a la pregunta '¿Qué ha hecho Aguirre?' los madrileños podían contestar 'Hospitales'.

A la pregunta '¿Qué ha hecho Cifuentes?' los madrileños no pueden contestar nada. Sus obsesiones nada tienen que ver con la acción de gobierno: son sólo la oposición al Ayuntamiento de Madrid, el control interno del aparato del PP-Madrid y, sobre todo, una ingente campaña de marketing volcada en una suerte de culto a la personalidad de Cifuentes que pagamos entre todos los madrileños.

El gobierno de Cifuentes no hace nada porque no puede, porque es un gobierno del PP-Madrid. Es un gobierno colapsado por la corrupción y por la deuda acarreada por tantos años gobernando al servicio de los donantes del PP, que no sabe cuál es el próximo alto cargo que tendrá que dimitir ni qué próximo consejero de Cifuentes será señalado por la corrupción.

Es espeluznante que cuando no llevamos ni media legislatura han tenido que dimitir ya 19 diputados de los 48 del PP y hay otros tres al borde de la imputación por distintos de los muchos casos en los que está inmerso el PP. Además, del Gobierno de Cifuentes un consejero fue el tesorero del PP-Madrid mientras este se financiaba ilegalmente, otro ha sido acusado de ser quien “mangoneaba los contratos” de la Púnica y a un tercero le llevaba las redes sociales y la web la trama Púnica. Y tanto la propia Cifuentes como sus principales cargos (desde su portavoz en la Asamblea de Madrid a su consejera de Economía) fueron miembros del consejo del Canal de Isabel II y aprobaron personalmente las operaciones delictivas objeto de la Operación Lezo, apoyaron en el consejo la privatización del Canal o aprobaban las cuentas que incluían explícitamente las operaciones delictivas.

Decía con mucha razón Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, que el PP ha gobernado nuestra Comunidad como una auténtica “organización criminal”. Además, desde el estallido de la operación Lezo Ciudadanos repite continuamente que quieren convencer a los madrileños de que el PP-Madrid no merece su apoyo. Con toda la contención que exige la habitual deshonestidad política de Ciudadanos, resultaría ya un caso único en la Historia del parlamentarismo que un partido reconozca que mantiene en el gobierno a una “organización criminal” y que mantiene el apoyo a quien según ellos no merece apoyo.

Madrid merece un gobierno. Entre el tamayazo y la financiación ilegal de campañas electorales el PP no ha ganado legítimamente unas elecciones desde el siglo XX. No hay excusa para no echarles, los madrileños nunca nos lo perdonarían.

Las enemigas de la reflexión son las caricaturas que se hacen sobre qué y cómo reflexiona el otro. Ese peligro acecha rabiosamente los debates de Podemos

Lo vivimos en los debates que hubo en Madrid: los moderados, los tibios, los cercanos al PSOE, la candidatura que Cebrián quería favorecer… Eso no respondía a realidad alguna, pero ayudó a empobrecer el debate

Los congresos de los partidos suelen ser una cosa interna en la que la disputa se reduce a quién logra tomar tal o cual cargo del aparato. Suelen suponer semanas de tensiones, medición de fuerzas, negociaciones e incluso simulacro de debates para los cuadros y dirigentes del partido, pero es raro que despierten ningún interés en la sociedad salvo que haya conflictos enconados y se observe el panorama como cuando vemos una pelea en Sálvame. Que haya congreso del PP y de Ciudadanos en los próximos meses no despierta ningún interés salvo el marginal de conocer si Cospedal ganará a Sáenz de Santamaría (¿alguien conoce alguna diferencia política entre ambas?) o si la sorprendente minoría de Ciudadanos logra simular que en su partido hay vida interior.

Frente a esa rutina, la próxima asamblea de Podemos se abre como el debate congresual de un partido más importante en décadas. Desde que asombró a buena parte del país en las europeas de 2014, Podemos es el partido que ha marcado la política del país, fijando los debates, el lenguaje, las posiciones políticas de los adversarios, haciendo que se inventaran partidos y medios para frenarlo y alcanzando la más espectacular emergencia electoral de un partido desde 1978.

El nacimiento y desarrollo de Podemos ha tenido bastantes mimbres imprescindibles, pero uno de los que le dota de mayor peculiaridad es la cantidad de perfiles universitarios que estuvo en el origen de Podemos. Esto no tiene por qué ser bueno ni malo a priori, pero ha configurado una característica insólita en Podemos: los debates internos desde el principio reproducen los cánones científico-académicos y gozan de publicidad, contraste, réplica… Desde el principio hubo artículos, entrevistas, conferencias… en las que la gente de Podemos explicaba qué es Podemos. Incluso bautizaron la propuesta como la hipótesis Podemos. Recientemente, tras las elecciones de junio, daba gusto ver a la dirección de un partido tener los debates de la calidad que hubo en el curso de la Universidad de Verano de El Escorial y en la Universidad de Podemos (recién recopilados en un importante volumen de La Circular) y que serían impensables en los partidos de Susana Díaz o Rafael Hernando.

Otra de las características que introdujo Podemos en la política española es hacer que esos debates trasciendan las universidades y ateneos y sean patrimonio de la sociedad, que puede participar en sus procesos de debate y decisión sin más requisito que inscribirse en su web. El proceso asambleario que abre Podemos es un debate trascendental para todo el país y abierto a la participación de todo el país. Merece, por tanto, nuestro mayor mimo y la máxima honestidad intelectual: es una responsabilidad ineludible ante nuestro pueblo.

La propaganda no es enemiga de la reflexión, sino más bien su hija más leal. Las enemigas reales de la reflexión son las caricaturas que se hacen sobre qué y cómo reflexiona el otro, pues a partir de esa caricatura no se debate con esa reflexión sino con un invento que nadie defiende. Ese peligro acecha rabiosamente los debates de Podemos. Lo vivimos en los debates que hubo en Madrid: los moderados, los tibios, los cercanos al PSOE (¡defensores del acuerdo Pedro Sánchez- Rivera!), los que creen que las instituciones son un fin en sí mismas, la candidatura que Cebrián quería favorecer, quienes desprecian al feminismo… Eso no respondía a realidad alguna, pero ayudó a empobrecer el debate. Entonces se negó la existencia de propuestas diciendo que se anteponían caras a propuestas, como ahora puede existir la tentación de decir que se anteponen hashtags a propuestas: en ambos casos se ridiculiza el dedo para evitar debatir sobre la Luna.

El debate que tiene ante sí Podemos merece que pongamos lo mejor de nosotros mismos, con la máxima honestidad intelectual. Dependerá del acierto que tengamos cuantos participemos en sus debates qué capacidad tenga nuestro pueblo de democratizar el país y sus instituciones. No nos podemos permitir hurtar calidad al debate, esconderlo ni mucho menos negarlo. De hacerlo estaríamos negando el carácter de Podemos, tanto por la calidad de sus debates como por su apertura, que trasciende la estructura de un partido para ser la organización de un pueblo. No es un debate interno de Podemos, es un debate de país.

Sobre todo cabe preguntarse qué mensaje se manda cuando se pone un cargo público como ejemplo por no tomarse vacaciones, como si las vacaciones fueran un lujo de quien no se toma en serio su trabajo, no un derecho conquistado tras duras luchas de los trabajadores

Ha decidido Cristina Cifuentes hacer de su estancia en Madrid en agosto un asunto político del que presumir y sobre todo con el que criticar. Primero echó en cara a Manuela Carmena que se tomara vacaciones; después fue Pedro Sánchez el objeto de su crítica culpando a su veraneo del “bloqueo de España”: quiero pensar ingenuamente que cuando tuiteó esto Cifuentes no sabía que Rajoy, el obligado constitucionalmente a desbloquear la situación, también se iría de vacaciones unos días a Pontevedra sin mayor problema.

Su negativa a irse de vacaciones puede ser un asunto político, no digo que no: si una presidenta no puede irse de vacaciones un año después de formar gobierno (y sin ninguna situación concreta urgente ni excepcional en la Comunidad de Madrid) lo único que podemos deducir es que ha sido incapaz de generar equipos capaces y en los que se pueda confiar para mantener la actividad gubernamental de agosto; sobre todo cabe preguntarse qué mensaje se manda cuando se pone un cargo público como ejemplo por no tomarse vacaciones, como si las vacaciones fueran un lujo de quien no se toma en serio su trabajo, no un derecho conquistado tras duras luchas de los trabajadores. El único ejemplo que hay que dar es el de ejercer los derechos, que además, en este caso, ayudará a estar más despejado a la vuelta.

En realidad probablemente la cuestión no merezca tanto y sea una simple concreción de lo que lleva haciendo Cristina Cifuentes (y su Partido Popular de Madrid) desde que fue investida presidenta: agigantar y multiplicar detalles absolutamente anecdóticos para disimular la nula labor de fondo del gobierno que preside. Una práctica simétrica a la oposición obsesiva que ejerce contra el Ayuntamiento de Madrid y que, también, se centra en agigantar y manipular anécdotas que eviten que se analicen los avances sociales, económicos, democráticos y ecológicos traídos por el equipo de gobierno de Ahora Madrid.

Si atendemos a lo anecdótico o incluso inexistente el gobierno de Cifuentes podría parecer casi hiperactivo: hemos sabido que Madrid iba a arrebatar a Barcelona el “Mobile World Congress” cuando Barcelona tuvo una huelga y que ahora va a ser la City madrileña la que sustituya a la City londinense por el brexit: cada noticia relevante en el mundo consigue un titular de un gobierno que sólo sirve para la propaganda sin que nunca haya nada de fondo: incluso ante la crisis de refugiados constituyó una comisión, tuiteó las fotos de la reunión… y nunca más se supo porque nunca se hizo nada más que, como siempre, la foto. Si no quedara un poco ridículo dados los antecedentes, es seguro que ante los errores de los Juegos de Río Cifuentes habría anunciado que Madrid organizaría pronto unos Juegos Olímpicos.

Publicitamos con grandes medios (y generosa cobertura mediática) la creación de un abono transportes para parados… al que sólo podía acceder el 0,2% de los parados madrileños: tras los grandes titulares y presentaciones, llegan el silencio y el olvido para que nadie recuerde el humo. Se erige en campeona de la regeneración del PP pese a los obstáculos a toda investigación, el apoyo a los numerosos investigados hasta que su situación judicial lo hace insostenible y, en fin, el mantenimiento de todas las inercias de las épocas anteriores parcheando como puede los agujeros que ilumina la oposición. Presume de la despolitización de Telemadrid cuando ha violentado la ley de la mano de Ciudadanos para impedir un Consejo de Administración que no controlase y después la ha cambiado para que la democratización de la cadena fuera lo más limitada posible.

El grupo parlamentario de Cifuentes ha tenido más dimisiones (ya ha tenido que ser sustituido el 25% del grupo en el 25% de legislatura) que iniciativas y éstas se han centrado en Otegi, Venezuela y la unidad de España, recordando que es un gobierno de Madrid sólo para hacer oposición al Ayuntamiento.

Cada poco el PP nos saca una nueva infografía según la cual han cumplido el 60%, el 80%, hasta el 90% del programa electoral del PP, de su pacto de gobierno con Ciudadanos, de lo que haga falta, algo razonablemente sencillo dado el conjunto de generalidades de tales programas: una cosa y su contraria pueden ser cumplimientos o incumplimientos cuando los compromisos son tan difusos. En todo caso nunca especifican qué es lo que han cumplido y qué todavía no, no vayamos a poder comprobar en qué consisten tales supuestos cumplimientos.

Tanto la política fiscal favorecedora de las grandes rentas, como la educativa (que radicaliza la apuesta contra la pública de sus antecesores), la (ausencia de) política sanitaria, la red clientelar al servicio de la lucha interna en el Partido Popular de Madrid, la apuesta por la gran infraestructura y el cemento como respuesta a cada problema… se dejan llevar por la inercia del continuismo más fiel con las políticas de Esperanza Aguirre e Ignacio González.

El gobierno de Cristina Cifuentes ha tomado una decisión relevante positiva: la creación del abono transporte para jóvenes que la ciudadanía madrileña conocerá porque lo repite cada consejero, cada diputado y cada tertuliano afín cada vez que tiene un micrófono delante y por la inmensa propaganda difundida por toda la Comunidad, en cada parada de Metro, en cada poste publicitario. Más allá de ese abono transporte joven (una medida que es evidentemente positiva incluso para quienes pensamos que se podría haber implementado de otra forma), es muy difícil recordar una sola medida concreta de gobierno relevante en la Comunidad de Madrid: el contraste entre la propaganda que presenta un gobierno hiperactivo y la ausencia real de un gobierno con sustancia es abrumadora.

Hay que reconocer la eficacia de tal propaganda, y lo hice, que cuenta con medios de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular de Madrid y de la tupida red mediática del entorno del partido. Pero tal vacío sustantivo no puede disimularse durante tanto tiempo: quedan casi tres años de legislatura y ya va quedando claro el vacío absoluto que hay bajo tanta propaganda.

Trece meses después del nombramiento de Cristina Cifuentes ya empieza a estar claro que no es que no se vayan de vacaciones en agosto: lo que sucede es que su gobierno lleva de vacaciones desde el inicio de legislatura.

Cuando nos pillan a los moderados, destrozamos los discos duros para que el juez no encuentre pruebas. A eso le llamamos colaborar con la justicia (moderadamente)

Los moderados somos quienes echábamos de sus casas a la gente que no podía pagar una hipoteca, quienes les condenábamos a seguir endeudados pese a que el banco se quedara su casa. Somos quienes rechazamos que si te echan de tu casa al menos se den por canceladas las deudas con el banco y puedas empezar de cero. Los moderados hemos recurrido al Tribunal Constitucional cada ley autonómica que ha defendido a los desahuciados.

Los moderados nos reunimos en un verano porque un poder extranjero nos había mandado una orden. En dos semanas apañamos con otras fuerzas moderadas un cambio de la Constitución de vuestro país para que el Estado pagara antes la deuda a los bancos alemanes y franceses que vuestros hospitales, institutos y vuestras pensiones. Los moderados le dijimos a Bruselas que íbamos a hacer una reforma laboral “extremadamente agresiva” y esta vez no mentimos.

Los moderados tenemos a todos nuestros tesoreros en el foco por financiación ilegal. Nuestro mecanismo más habitual de moderación financiera era hacer obras públicas carísimas e innecesarias para el país pero que generaban tal alegría en los constructores que daban “donativos” al partido, y éste dedicaba una parte para financiar sus campañas, otra para cuentas en Suiza y otra la repartíamos en sobres para que apenas hubiera dirigentes moderados que no estuviéramos moderadamente untados.

Cuando nos pillan a los moderados, destrozamos los discos duros para que el juez no encuentre pruebas. A eso le llamamos colaborar con la justicia (moderadamente), porque entregar las pruebas y confesar sería propio de populistas financiados por dictaduras caribeñas. Los moderados cambiamos la ley para que no podamos decir que nuestro partido está imputado por destruir las pruebas de la financiación ilegal y los sobornos a nuestros dirigentes: ahora estamos sólo investigados y la fianza de 1.2 millones de euros por haber mantenido una contabilidad falsa para hacer política es muestra de nuestro moderado acatamiento del Estado de Derecho.

Los moderados defendemos a quienes disparan a hambrientos que nadan en el mar hasta que mueran ahogados, los moderados vamos de vacaciones a meditar entre la tumba de un dictador y la del fundador de un partido fascista, los moderados usamos las cloacas del Estado para fabricar informes falsos contra los opositores, a los que sorprendentemente acceden organizaciones controladas por otros moderados como Manos Limpias o periodistas de comprobada moderación aunque luego los tribunales populistas se rían de cada denuncia presentada.

Los moderados tenemos un acuerdo con el Partido Comunista Chino porque además de moderados somos gente dialogante. Vendemos armas a Bahréin, Colombia, Egipto, Ghana, Israel , Pakistán, Arabia Saudí… porque en política nada es perfecto y facilitamos allí los negocios de nuestros constructores, los mismos que donaban para la financiación ilegal de nuestra moderada campaña electoral, quienes rellenaban los sobres de cada moderado. Los moderados somos quienes apoyamos la guerra de Irak que tanta paz, democracia y moderación ha traído al mundo. No como los populistas, que dieron clases a políticos malos de verdad.

Los moderados dejamos a ciudadanos sin Sanidad en función de su situación administrativa, dejamos sin fondos la Ley de Dependencia (pero pagamos con dinero público el cuidado de nuestra familia para no parecer demasiado fanáticos en eso de desatender a los necesitados) y vacíamos la caja de las pensiones pero cambiamos la ley para que las Comunidades no puedan negarse a mantener con dinero público colegios ultrarreligiosos que segregan por sexos. Y de paso con cada colegio de esos los moderados nos levantamos un millón de euros y lo celebramos un día con unas putitas de confianza y otro día con un volquete de putas, según tengamos el día más o menos moderado y sensiblón.

Los moderados aprobamos leyes mordaza para que quien cuente que ve algún delito se convierta en delincuente y para castigar a quien ose protestar en la calle contra las políticas moderadas.

Los moderados queríamos privatizar el agua mientras usábamos la empresa pública de agua para robar por medio mundo, a los moderados nos regalan áticos a cambio de pelotazos urbanísticos. Los moderados queríamos cambiar las leyes para que pusiera decenas de casinos en Madrid un señor que financia las campañas electorales de líderes mundiales de la moderación, desde Netanyahu en Israel a Donald Trump en Estados Unidos pero aquí lo seducíamos por amor al arte ludópata, puesto que nunca nos financiaríamos así. O casi nunca, que un moderado no puede ser tan tajante.

Pero lo más importante de todo es que los moderados estamos asustadísimos porque en estas elecciones pueden ganar los extremistas y acabar con tanta moderación.

Hace unos días escribía un sugerente artículo en eldiario.es Sebastián Martín que, con su habitual inteligencia y honestidad intelectual, se cuestionaba sobre los riesgos de construir una representación de la Historia (esto es, una memoria) como instrumento político incluso como instrumento político emancipador. Lo hacía a partir de un apunte mío sobre la disputa del Dos de Mayo dentro de una reflexión más general sobre la que escribí hace algunos años bajo el título Otra memoria de España es posible.

Sebastián Martín expresaba sus inquietudes sobre la relación entre la academia (el historiador) y la política. Tal inquietud es más que lógica especialmente viniendo de un académico que además como ciudadano es consciente de su compromiso político. Y es una inquietud que no se puede despachar con brocha gorda sino que nutre buena parte de las reflexiones al menos del último siglo desde que fuimos conscientes de que existía algo así como el intelectual orgánico. En ninguno de esos artículos yo proponía distorsionar la investigación académica ni mentir sobre la Historia. Sobre lo que sí quería llamar la atención es sobre el carácter políticamente performativo de la representación histórica hegemónica.

Parece un hecho difícil de cuestionar que desde hace mucho tiempo la memoria que se ha construido de España es una memoria de lo reaccionario, de un país en cuyo ADN está el atraso intelectual, las tinieblas, las cadenas y la superstición. Desde las Cartas Persas de Montesquieu al Spain is different de Manuel Fraga nos han convencido de que Europa (como sinónimo de la Ilustración) termina en los Pirineos, que la Historia de nuestro país es la del hilo que va de Santiago y cierra España a José María Aznar.

Evidentemente este es un relato mítico que funciona poniendo el foco en determinados episodios de nuestra Historia (o incluso de nuestras leyendas) y arrojando sombras sobre los numerosos ejemplos contrafácticos que permitirían hacer un relato antagónico: el de una España de convivencia y emancipadora. Evidentemente la historia de ningún país es unívoca. Incluso un mismo acontecimiento histórico puede resultar tan complejo como para situarlo como ejemplo de reacción (¡vivan las caenas!) o de vanguardia emancipadora (¡Patria no existe donde sólo hay opresos y opresores!): pocos ejemplos de complejidad interpretativa hay como la (muy posteriormente llamada) Guerra de la Independencia cuyo símbolo más importante es el Dos de Mayo; por eso su representación lleva prácticamente dos siglos en disputa.

No creo que ello cuestione el papel de la academia del mismo modo que constatar que las encuestas condicionan la vida política no supone pedir falta de rigor en los sociólogos sino tomar conciencia de ello, estudiar mucho y rigurosamente y usar lo aprendido para los objetivos políticos. Ambas disciplinas tienen un papel político cercano: nos gusta sumarnos al caballo ganador y esa es la razón por la que se publican y difunden determinadas encuestas pero también por la que se instala una memoria hegemónica que nos sitúa como un pueblo que de forma natural quema herejes en las hogueras y cuyos episodios emancipatorios son una anomalía contra la que nuestro país genera anticuerpos que hacen estériles y estrafalarias las propuestas modernizadoras de nuestro país. Ello no es una construcción académica sino política aunque obviamente la frontera entre los dos ámbitos es difusa y compleja.

Quizás más relevante en el momento actual sea la discusión que también plantea Sebastián Martín sobre si la lucha por la emancipación pasa por el impulso de determinados mitos (entendidos como construcción de sentido compartido, lo que últimamente llamamos relato) o por la refutación de todos ellos. La pregunta evidentemente no puede ser si hay mitos verdaderos o falsos sino si existe la posibilidad de hacer política sin mitos y por tanto si podemos encontrar mitos útiles, es decir, susceptibles de ser usados para la emancipación.

Ello no se refiere sólo (ni en primer lugar) a los mitos históricos. No hay movimiento político en la historia que no se haya fundamentado en un sujeto político sobre el que se construye una identidad política: desde Dios y la Corona a la clase obrera, la raza, el género, el individuo o la nación. Y el sujeto político siempre es mítico, unas veces porque directamente nacen del invento y otras (como en la mayoría de los sujetos modernos) por colocar el foco en determinados rasgos diferenciadores en lugar de en otros. No hay política sin sujeto político y no hay sujeto político que no sea fruto del mito entendido, insisto, como construcción de sentido compartido (incluso a partir de hechos digamos objetivos, esto es, de la verdad), es decir, en el mismo sentido que apelamos a la resignificación o construcción de memoria. Todos esos sujetos (salvo el individuo, lo cual lo hace más eficaz como mito de apariencia no mítica) son comunidades imaginadas en el sentido que definió Benedict Anderson pensando sólo en las naciones pero que vale para cualquier sujeto colectivo que supere el ámbito de la familia.

Incluso un mismo mito puede ser la base para la liberación o para la opresión en función de cómo se use. Así el individuo puede ser usado como sujeto revolucionario sobre el que se construyen las primeras declaraciones de derechos humanos o como instrumento para el saqueo de las mayorías sociales en favor de unas ínfimas minorías. Incluso la raza, que tanto horror nos ha traído, puede ser un mito emancipador en manos de los movimientos sociales de negros oprimidos o de colectivos indígenas. En cierta forma la asunción de que los mitos son instrumentos que pueden ser útiles fue incorporada por el marxismo del siglo XX cuando la ideología pasó de ser el lastre a combatir que era en su origen a un instrumento imprescindible a disputar en la lucha por la hegemonía.

De entre esos mitos hay uno, el pueblo, sin el cual no cabe imaginar la democracia: sin pueblo no hay gobierno del pueblo ni tiene sentido hablar de autogobierno colectivo. Por simplificar: las elecciones no pueden ser otra cosa que un mecanismo para traducir a una supuesta voz colectiva (la voz del pueblo que determina, al menos, qué gobiernos tienen legitimidad originaria) el agregado de una forma de expresarse de cada votante. El pueblo es una comunidad imaginada, claro, y por tanto un mito. Pero si entendemos que la democracia es un proyecto a defender necesitamos sustentarlo en la existencia de un pueblo sin el cual la democracia es simplemente un sinsentido.

Partiendo, pues, de la necesidad para hacer democracia de construir el sujeto político “pueblo” necesitamos dotarlo de un sentido emancipador. Ahí es donde juega un papel fundamental la memoria hegemónica: pocas cosas generan raíces más férreas que la memoria en cuanto que transmite la construcción de una suerte de genes de ese pueblo. Que la naturaleza de nuestro pueblo sea reaccionaria, tenebrosa, preilustrada y supersticiosa de toda la vida es una construcción que ha estado en la base de nuestras derrotas históricas hasta el punto de que nuestros luchadores por un país más libre y avanzado fueron afrancesados y antiespañoles frente a la verdadera España. Gracias a la potencia de esa memoria hegemónica hemos llegado a sentir vergüenza de decir ‘España’ como asumiendo que el propio nombre de nuestro país fuera una palabra del enemigo.

Una de las enseñanzas del periodo de rebelión popular que empezó a cristalizar el 15M de 2011 es que debemos de dejar de lamernos las heridas de forma melancólica y resignada y que tenemos que poner los cimientos para un cambio histórico en clave emancipadora. Y que para ello debemos romper con las inercias de todo tipo que nos llevaron de derrota en derrota: una de ellas, fundamental, fue regalar la construcción de sentido histórico de nuestro país a quienes querían mantenerlo sometido y saqueado. Hay muchos frentes de disputa para lograr un cambio de profundas raíces en clave emancipadora, pero sin duda uno crucial es el de la memoria, el de convencernos de que nuestro pueblo tiene en su seno tanta potencialidad transformadora como decida tener.

“No viene usted solo. Le acompaña un pasado. Estaba usted entre lo que aplaudían la política que nos arruinó. Para gustos están los colores; y a usted le gustaba. Nunca la ha condenado; ni siquiera la ha criticado. No la veía mal”.

Mariano Rajoy Brey. 4 de marzo de 2016. Congreso de los Diputados.

La gente más joven (sobre todo las mujeres más jóvenes) deben de asombrarse si les cuentan cómo era el perfil que de Gallardón se difundía en los medios de comunicación. Alberto Ruiz-Gallardón era el verso libre del PP. Daba igual que llevara en cargos públicos desde 1983, que hubiera estado en la ejecutiva de Alianza Popular desde 1986, que Manuel Fraga Iribarne lo adoptara como su Secretario General de Alianza Popular: Era un outsider en el Partido Popular, casi un infiltrado en el partido. Gallardón era un progresista entre tanta carcundia, un liberal de verdad, el renovador que convertiría al PP de Aznar en una derecha moderna y europea. El principal promotor de esa imagen, por cierto, fueron los medios del grupo PRISA, cuya capacidad para condicionar el imaginario de la izquierda era entonces casi infinita. Gallardón era prácticamente el chico de PRISA en el PP, esto es: un hombre de la izquierda en el PP. Era incluso atacado por los voceros del PP como una especie de traidor al partido, un progre del comando Rubalcaba que quería tomar el PP para liquidarlo. Eran años en los que arruinaba la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, al que convirtió en la ciudad más endeudada de España con el triple de deuda que la siguiente: sólo la construcción de ese personaje ficticio causa la injusticia de que no sea recordado como el alcalde de Madrid que peor legado ha dejado en la ciudad.

Pronto fue evidente el fraude de tal construcción teatral. En 2012 Gregorio Peces-Barba contaba una anécdota que debió de ocurrir treinta años antes pero que por alguna razón incomprensible mantuvo en secreto durante los años del mito del Gallardón progre. Lo contó, además, en un artículo en el diario El País: “¿Conservador yo?, tenías que conocer a mi hijo Alberto. Ese sí que es de derechas” contó Peces-Barba que le había dicho el padre del entonces ultra-conservador ministro de Justicia Gallardón. No era una sorpresa: Gallardón había desvelado su ser: como ministro de Justicia había impulsado la cadena perpetua, imposibilitando el acceso a la justicia mediante reducción de la justicia gratuita e introducción de graves tasas judiciales. Pero sobre todo su perfil más reaccionario apareció con su intento de regresión en la ley del aborto y sus sonrojantes consignas para prohibir, por ejemplo, la libre decisión sobre proseguir o no con un embarazo cuando el feto tuviera graves malformaciones.

Tras tantos años siendo el progre del PP, Gallardón tuvo que abandonar la política porque se había pasado de reaccionario incluso para un gobierno como el de Mariano Rajoy: quizás uno de sus logros más meritorios en tan dilatada carrera política.

Hoy la Comunidad de Madrid está presidida por Cristina Cifuentes y vemos cómo se fabrica un perfil casi idéntico y con el mismo objetivo: construir desde Puerta del Sol el asalto a Génova 13 en nombre de la renovación del PP. Hasta la guionista que escribe los diálogos es la misma: Marisa González, la mujer que dirigió la comunicación de Gallardón durante sus “años progres” y que no se llevó al Ministerio de Justicia. Entonces fue recogida por Cifuentes para que le labrara la imagen de verso libre, la progre, liberal y regeneradora del PP, tratada con encomiable mimo por los mismos medios. Marisa González es hoy la jefa de Gabinete de Cifuentes (por 100.000 merecidos euros anuales, según el portal de transparencia de la Comunidad) y construye con ella el personaje que construyó con Gallardón.

El personaje se construye con tal red de complicidades que parece olvidarse que Cifuentes se afilió a las Nuevas Generaciones de Alianza Popular y lleva en cargos públicos 25 años, como diputada autonómica. Que colocó literalmente el asiento de Esperanza Aguirre el día del tamayazo y defendió en la tribuna la transparencia de Granados en la construcción del Campus de la Justicia y la defensa de los sobrecostes del “aeropuerto de Castellón” de Madrid.

En 2008 Cifuentes ya era parte de la ejecutiva del PP de Madrid, con Granados, Ignacio González, Lasquetty, Güemes, Lucía Figar… y todos los nombres que vertebran la tupida historia de la corrupción de Madrid bajo el mando de Esperanza Aguirre. Cifuentes presidía ya entonces y durante todos estos años el Comité de Garantías del Partido Popular de Madrid que, según los estatutos del PP, “velará de manera especial por el cumplimiento de las normas y compromisos a que han de ajustar sus comportamientos los cargos públicos del Partido.”

Es decir, la actual regeneradora del PP era la responsable máxima de vigilar que no hubiera comportamientos como los que han llevado a la dimisión de Esperanza Aguirre por la corrupción estructural de su partido. Bien dimitida está Esperanza Aguirre, pero que Cifuentes, la responsable de “velar” por evitar toda esta podredumbre desde 2008, pase a sustituirla al frente del partido, que venga a anunciar el enésimo código ético, la enésima auditoría de la contabilidad A (¡sólo faltaría que ésta también contuviera ilegalidades!) y una nueva carta de buenas prácticas causa un sonrojo sólo equiparable a que quien dimite de su cargo en el partido por la corrupción mantenga su cargo en el ayuntamiento como concejala portavoz del PP.

Cristina Cifuentes es tan del PP de toda la vida que hasta su personaje de verso libre regenerador está construido con los mismos mimbres, guionistas y ocultaciones con los que en el PP se han construido los personajes de verso libre regenerador de toda la vida. La única diferencia es que ya ni los sectores más ultras ni sus medios la señalan como traidora al PP porque ellos sí se acuerdan de cómo estos personajes, a la hora de la verdad, saben defender sus esencias mejor que nadie.

Estamos, quiérase o no, ante un momento constituyente que va mucho más allá de la mera aritmética procesal

No, el actual Congreso de los diputados no imposibilita la gobernabilidad. El actual Congreso de los diputados es el que más se parece al país en mucho tiempo (salvo por la inaceptable infrarrepresentación del casi millón de votantes de IU). El actual Congreso de los diputados permite la gobernabilidad con una única condición: que la gobernabilidad deje de ser como hasta ahora.

Estamos, quiérase o no, ante un momento constituyente que va mucho más allá de la mera aritmética procesal. Las bases políticas, sociales, territoriales e institucionales de las últimas cuatro décadas han colapsado. Y la construcción de unas nuevas bases precisarían fuera como fuera un amplio diálogo. Por eso este Congreso de los diputados no sólo permite la gobernabilidad sino que es magnífico para conseguirla con una única condición: que estemos todos a la altura de la Historia y pensemos más en España que en quién ocupe la Moncloa.

La cuestión hoy no es quién sea el presidente o la presidenta del Gobierno. Eso sería cerrar en falso el proceso político del último lustro y garantizarse una quiebra aún mayor a la cual deberían tener más miedo quienes menos quieren cambiar el país. Quién presida el próximo gobierno será muy fácil de resolver si se establecen las líneas sobre las que construir el nuevo país. Ese podrá ser un acuerdo estable no sólo para una legislatura duradera sino para el próximo ciclo histórico.

Un acuerdo de país tiene que resolver nuestras tres grandes crisis: la crisis democrática, la crisis social y la crisis territorial.

La crisis democrática tiene que ver con la representatividad y con la corrupción. La pluralidad política de España es una riqueza a mantener. El país es complejo políticamente y que en esta ocasión tan anómala sólo IU haya sido castigada con dureza por la ley electoral no aminora el déficit democrático ni garantiza que en el futuro no vuelva a haber una distorsión tan fuerte. Desde tiempos de Zapatero hay un dictamen del Consejo de Estado que muestra una reforma de la ley electoral sencilla que sirve, hasta que cambie la Constitución, para que los próximos parlamentos sigan siendo representativos y obliguen al diálogo, al parlamentarismo. La corrupción (que también es causa de la crisis social) exige compromisos contundentes que pasan por el fin de las puertas giratorias, las medidas para controlar la detalle la financiación de los partidos y sus fundaciones, la investigación a fondo del saqueo de estos años y la reforma judicial para democratizar la Justicia evitando que sea apropiada por los partidos políticos pero tampoco por estructuras no representativas de la soberanía popular. Obviamente la lucha contra la corrupción afecta a la investidura pues parece evidente que nadie que aparezca en la contabilidad B de un partido como cobrador de sobresueldos que canalizaban los sobornos de los constructores puede ser presidente del Gobierno.

La crisis social pasa por dar la vuelta a la manera en que se afrontó la crisis. Para ello aparece una medida como supuestamente muy mayoritaria: en las últimas semanas de campaña PSOE y Ciudadanos decían haber hecho suya la propuesta de Podemos de constitucionalizar la garantía de los derechos sociales al nivel de cualquier otro derecho. Si eso no era pura palabrería electoralista seguro que se puede llegar a un acuerdo. Esa garantía supondría dar la vuelta a la política económica para que “cuadrar las cuentas” sea no dejar a nadie en la cuneta. Si PSOE y Ciudadanos siguen defendiendo lo que dijeron en el tramo final de campaña, no habrá dificultad.

La crisis territorial no es tampoco sencilla de resolver, pero no hay solución al país que no resuelva la crisis territorial. Obviamente toda solución pasa por un acomodo de las poblaciones de las naciones históricas: seguir dando la espalda sólo acrecentará la brecha hasta hacerla irreversible. Es muy significativo que tanto en Cataluña como en Euskadi los partidos más votados no hayan sido nacionalistas de ningún signo ni independentistas ni inmovilistas sino Podemos (En Comú Podem en Cataluña) que ha defendido la unidad mediante la libertad y la democracia, mediante un referendo en el que pediría que no haya independencia. Es el primer signo en muchos años de que hay una salida al conflicto territorial que no pase por la ruptura sino por la convivencia democrática y libre y los españoles que no quieran darse cuenta de que en esas condiciones es más que probable que la construcción de país se haga sin dificultad de la mano de catalanes y vascos no sólo niegan la realidad sino que favorecen la irreversibilidad del proceso independentista unilateral. Acaso estemos ante una última posibilidad, pero en todo caso no hay reformas territoriales que no pasen por nuevos estatutos (en el más conservador de los imaginarios) que en todo caso conllevarían referendos. Por tanto,el desbloqueo (en cualquier escenario que pueda imaginar nadie) pasa por diálogo y consulta con las máximas garantías democráticas.

Si se cuaja un gran acuerdo de país que resuelva estas tres cuestiones lo de menos será la guinda de la investidura. Quien no quiera abordar estas tres crisis tendrá que decir por qué y estará negándose a resolver la crisis de su país. En cambio, haciéndoles frente habrá sólidos cimientos para emprender la gran tarea histórica de construir el nuevo país que las urnas comunican. Para eso no sólo tenemos un Congreso gobernable sino que es probablemente uno de los mejores posibles para garantizar ese proceso. Si lo que nos preocupa es simplemente quien se siente en Moncloa a continuar las políticas generales que nos trajeron hasta aquí, entonces sí que el Congreso es imposible, porque es un Congreso como el país y el país no está en este momento de su Historia para esas pequeñeces.