Tras cumplirse 10 años de la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del  Embarazo, desde el Ministerio de Igualdad se está promoviendo una reflexión en torno a esta norma; una  aproximación que deberíamos hacer desde un espíritu crítico, pero nunca polarizado si nuestro propósito real es  mejorar su contenido y desarrollo. 

La llegada de esta ley dejó atrás la ley de supuestos del 85 que tutelaba la decisión de las mujeres y que implicaba  una gran inseguridad jurídica. La norma actual supuso para las españolas un reconocimiento de su libertad, ya que  por primera vez contamos con una legislación que permite a la mujer decidir hasta la semana 14, si quiere o no interrumpir su embarazo sin tutelas ni explicaciones. Nuestra norma actual combina además ese plazo de libre  voluntad con supuestos concretos; de tal forma que se podrá interrumpir la gestación por patología fetal o materna  hasta la semana 22 y más allá de esta semana por patología fetal incompatible con la vida o enfermedad  extremadamente grave e incurable. 

Como consecuencia de lo anterior, hoy más del 90% de las mujeres acceden a la IVE libremente y antes de la  semana 14. La seguridad jurídica que aporta la ley y los avances en la práctica sanitaria de aborto hacen que la IVE en España sea una práctica segura, con una tasa de morbimortalidad cercana a cero. Asimismo, la norma ha  incluido el aborto provocado en la cartera del Sistema Nacional de Salud, por lo que esta intervención no tiene  coste alguno para la mujer, gracias a un sistema de concertación entre los centros IVE y las administraciones  sanitarias autonómicas.  

Estas circunstancias han procurado que, durante la pandemia, la IVE se declarase prestación esencial y se pudiera  garantizar el acceso de las mujeres a los centros, así como, la elección de método, ya que la mujer tiene derecho  no solo a interrumpir su embarazo, sino a elegir la técnica más acorde a sus circunstancias médicas y personales. 

Pero la Ley también cuenta con escollos y retos aun por superar. Pese a que la gran mayoría de las casi cien mil  mujeres que abortan en nuestro país, accede a la IVE en su territorio o cerca de él, la accesibilidad a la prestación  para algunas mujeres implica realizar un desplazamiento indeseado fuera de su residencia, especialmente en  interrupciones por patología fetal de segundo trimestre.  

Ocho, más las ciudades de Ceuta y Melilla, de las 50 provincias españolas no realizan abortos en su territorio. Las  razones son diversas. Por una parte, nos encontramos con la objeción de conciencia ética, pero sobre todo con la  objeción profesional, ya que realizar abortos no suma en la trayectoria de los/as profesionales. De otro lado, chocamos con un déficit formativo del personal médico y sanitario de la Sanidad Pública en las técnicas IVE, ya  que, pese a que la ley exige dicha formación, a día de hoy el aborto provocado sigue sin ser materia curricular en  las carreras de Medicina o Enfermería. Asimismo, a veces, las administraciones sanitarias autonómicas establecen  conciertos ateniéndose a razones económicas y no a motivaciones médicas o logísticas.  

Para afrontar las situaciones descritas, algunas comunidades recurren a la realización de abortos directamente por  los centros públicos basándose únicamente en el método farmacológico, ya que dicha alternativa no exige una gran formación ni implicación del personal médico. Para nosotras esta “solución”, aliada de la objeción de conciencia, supone un retroceso en la calidad, ya que estamos privando a la mujer de una técnica: la instrumental, elegida por  más del 70% de las usuarias en España, mermando, además, su libertad de elección. Tal y como establece la OMS,  las dos técnicas de IVE, farmacológica e instrumental, deben convivir, son complementarias, y deben mantenerse por la seguridad, intimidad, igualdad y libertad de las mujeres.  

Las dificultades de acceso de algunas mujeres migrantes a la IVE, vinculadas a la pérdida del derecho a la salud durante el mandato de los Populares, también debe ser objeto de nuestra atención; si bien tenemos que señalar  que estos problemas de accesibilidad se presentan fundamentalmente en Madrid. 

Nuestra práctica diaria nos advierte de que algunas mujeres que se ven abocadas a interrumpir su gestación más  allá de la semana 22 están enfrentando dilaciones indebidas, diagnósticos tardíos y periplos médicos inadmisibles antes de que los comités clínicos públicos que han de corroborar la patología que sufre el feto, aborden sus  diagnósticos. Incluso constatamos que cuando lo hacen, los criterios con los que afrontan las patologías fetales varían entre las comunidades. Por ello, creemos que debe establecerse un protocolo jurídico y médico que unifique  criterios durante la actuación de los comités. Protocolos que deben incluir las consecuencias médicas de la  confirmación o el rechazo del diagnóstico.  

La reforma del Partido Popular en el año 2015 eliminó la única vía legal para que las menores de 16 y 17 años en  desamparo, unas 400 al año, pudieran acceder a un aborto seguro. Por nuestra experiencia, podemos afirmar que  la mayoría de esas menores vienen acompañadas de sus tutores, pero una de cada diez se encuentra en desamparo  familiar o vital y no puede contar con ese respaldo. Es necesario derogar esa reforma procurando un cambio  legislativo que venga incluso a superar la anterior normativa. La mayoría de edad sanitaria en nuestro país se fija en los 16 años, corrijamos por tanto esa anomalía y devolvamos a estas jóvenes la responsabilidad sobre su salud. 

Asimismo, creemos pertinente eliminar el periodo de tres días de reflexión que deben transcurrir desde que la  mujer recibe la información hasta que realiza la IVE, ya que pensamos que es la mujer la que debe manejar sus  tiempos durante el proceso.  

El acoso a mujeres y profesionales en los centros por parte de grupos contrarios al aborto es una realidad que ha  puesto de manifiesto un vacío en la ley: la falta de una normativa contra el hostigamiento anti elección. Creemos  imprescindible que tomando como modelo la legislación francesa, se tipifique como delictivas aquellas conductas  que obstaculicen o impidan el acceso de la mujer a la IVE. Asimismo, y en ausencia de la norma específica,  solicitamos el establecimiento de zonas de seguridad en los centros; de tal forma que quede garantizada la intimidad  de las mujeres, su integridad y su derecho a la libre circulación.  

No quisiéramos dejar de poner en valor un aspecto que la norma introdujo y que aún no se ha conseguido  implementar: el desarrollo de una estrategia de Salud Sexual y Reproductiva que apostaba por incluir la educación  sexual como asignatura curricular, consolidar la gratuidad de la anticoncepción y el desarrollo de políticas enfocadas  a colectivos vulnerables. Medidas que disminuirían los embarazos no planificados y los abortos. La llave de una ley capaz de abrir la puerta a una sexualidad segura y responsable.

Tapones solidarios. En las empresas, en las escuelas, en las tiendas del barrio. Los puntos de recolección de tapones de plástico para fines benéficos ya están presentes en el paisaje diario. La lista de espera para las asociaciones que se dedican a ello, como la Fundación SEUR, supera los tres años. ¿Qué hacer, entonces, a título particular? Algunas personas han decidido organizar sus propias campañas para recaudar fondos. Pero ¿a dónde van a parar esos kilos y kilos de tapas de botellas y bricks? Y, lo que es más importante: ¿cómo se convierten en dinero?

Sobre estos dos misterios nos hablan Rafael y Lourdes Ballester, dueños de una planta de recuperación de plásticos en el polígono industrial Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid). Compran cada día toneladas de plástico a empresas industriales, trituran los plásticos, los funden, y los venden a otras empresas para que elaboren nuevas piezas con este material. Ahí no queda la cosa. Además del trabajo que llevan a cabo desde hace más de tres décadas para ganarse el pan, en el último año se han convertido en un eslabón clave en la labor de las organizaciones que se dedican a la recolección de tapones solidarios, y también para familias como la de Miguel Ángel, que intenta recaudar lo suficiente para comprar una nueva silla de ruedas.

“Nuestro fuerte siempre ha sido la botellería –señala Lourdes Ballester–. Pero hace unos meses vino la Fundación Síndrome de West, y tras ella han empezado a llegar casos de asociaciones y particulares que nos dan tapones a cambio de una donación que hacemos a su nombre”. Y esto no es casual. En Plásticos Ballester la solidaridad cotiza mejor que en otras plantas: a 200 euros la tonelada.

El plástico de los tapones es de alta calidad. Este polietileno de alta densidad se tritura y se trata, obteniendo así un plástico listo para ser reutilizado y que se cotiza en el mercado a unos 500 euros la tonelada tras su paso por la recuperadora, explica Lourdes. “El proceso es difícil y muy caro. Hacemos unos precios tan ajustados que hay meses que perdemos dinero”. La mayoría de toneladas de plástico fundido que venden Lourdes y Rafael terminan formando parte de cajas de fruta.

Aparte de los compradores y vendedores industriales con que esta empresa familiar trabaja, están los proveedores individuales. Según Lourdes, “el tráfico de tapones de particulares ha ido creciendo mucho: entre 20 y 25 toneladas al mes”. Entre esos vendedores, se encuentra Ruth Rodríguez, la madre de Miguel Ángel, un niño de siete años que sufre el síndrome de Lesch-Nyhan, una dolencia hereditaria considerada enfermedad rara.

Miguel Ángel utiliza la misma silla de ruedas desde los tres años y necesita una nueva que le sujete correctamente el cuerpo para evitar que se dañe con los espasmos y malas posturas que adopta. La adecuada para él cuesta unos 5.000 euros, un precio inalcanzable para su familia. Por eso, su madre, por su cuenta y riesgo, empezó con la locura de la recolección de tapones. Las iniciativas de las fundaciones ofrecen más facilidades (convocatoria pública, transporte y venta del material), pero la logística familiar resulta mucho más complicada. “Empezamos a juntarlos en abril, y hemos llegado a tener 12 toneladas de tapones acumulados entre mi casa y un local. Busqué la planta de reciclaje donde se cotizaba más este material y encontré dos: la de Cobo Calleja y otra en Yuncos (Toledo), pero hay que economizar en gastos de gasolina”, apunta Ruth, devenida experta, por azar, en reciclaje.

Para hacer el intercambio, hay que acudir en el horario de la planta, que es algo reducido, de lunes a jueves, de 9:00 a 13:30 horas, con un mínimo de 300 kilos. “El primer día no sabíamos cuántos coches necesitábamos para llevar el mínimo requerido y no queríamos quedarnos cortos”, precisa una amiga de la familia de Miguel Ángel, que ha participado en la aventura. Al final, “llenamos seis coches y una furgoneta hasta los topes, y llegamos a los 1.140 kilos. En otra ocasión hemos llevado un camión pequeño con 950 kilos, ¡casi la tonelada!”.

“Ahora vemos la luz al final del túnel. Ya hemos llevado 12 toneladas de las 20 que nos hacen falta, y en la planta de reciclaje ya no nos ponen pegas con el peso mínimo: nos van sumando todo lo que llevamos y me lo pagan a mes vencido”, especifica, aliviada, Ruth.

Almacenar el plástico exige un gran espacio desde que se recoge y hasta que se transporta a la planta recuperadora. Un verdadero problema. Por esta razón, es más efectivo guardar tapones, que tienen más material y ocupan menos. Además, con los tapones se consigue una materia prima que es plástico y sólo plástico. Casi todos los tapones son de polietileno de alta densidad, identificable por la lectura 02 PE-HD en el símbolo de reciclaje del material. El resto de la botella suele estar fabricada con otros materiales. En la industria, una mezcla homogénea del mismo tipo de plástico se recicla para conseguir de nuevo el mismo plástico. Cuando se trata de diferentes tipos, la calidad del material reciclado disminuye y no se puede emplear en los mismos usos que el original.

Los estudiantes irán a la huelga la semana que viene. Han convocado 72 horas de paro desde el martes para protestar contra las subidas de tasas, los recortes en Educación y contra la aprobación de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa, la polémica LOMCE. Pero, al parecer, los directores de varios institutos españoles no lo están poniendo fácil. El Sindicato de Estudiantes (SE) ha denunciado que varios centros, “concretamente siete en la Comunidad de Madrid, están impidiendo que los alumnos celebren asambleas informativas para debatir sobre la convocatoria de huelga”.

La secretaria general del SE, Ana García, puso como ejemplo de los centros que están negando “el derecho de reunión” de los estudiantes a los institutos Parque Aluche, García Morato, Iturralde y Gregorio Marañón de Madrid; Europa, de Rivas Vaciamadrid; Vicente Aleixandre, de Pinto, y Manuel Elkin Patarroyo, de Parla. Aunque ha matizado que, “tras hacer pública esta situación, alguno comienza a rectificar”.

Los directores de varios de estos centros mantienen no haber puesto impedimento alguno. “Simplemente los estudiantes no insistieron mucho: tienen que hacer las peticiones de forma organizada y regulada como hacen otros sindicatos”, ha justificado a eldiario.es Enrique Herrero, director del IES Parque Aluche. “El permiso se debe pedir de manera formal y por escrito, la petición del espacio la debe llevar a cabo un alumno del centro y no deben producirse altercados”, explica Rosa Santander, la directora del IES García Morato. “Otros cursos no hemos tenido problemas; recuerdo una reunión que se llevó a cabo hace un par de años”, rememora Santander.

“No insistir es un argumento un poco flojo para prohibir una asamblea”, responde la secretaria general del SE. “Nosotros hablamos con la dirección de los centros y pedimos un espacio para hacer una reunión en el recreo e informar. Si se prohíbe esto, que es una garantía para saber si secundar o no la huelga, no se impulsa la participación democrática de los estudiantes. Algo muy importante, sobre todo cuando se argumenta que los estudiantes hacen huelga sin saber por qué”, sostiene García. “Además, otros institutos de Madrid, no sólo estos siete que citamos, pusieron dificultades, pero nos pusimos en contacto con delegados sindicales de estos u otros centros próximos, padres y madres, que han hecho presión para conseguir celebrar el acto informativo”, explica.

“No veo correcto que unos niños hagan huelga”

Herrero, director del IES Parque Aluche, reconoce que no ve “correcto que niños pequeños hagan huelga. Si tienen claro para qué, están en su derecho, pero aquí hay alumnos desde los 12 y hasta más de 50 años. No se puede realizar una huelga si no hay información real. Y los padres, en ocasiones, tienen miedo y no permiten a sus hijos que vengan al instituto los días de huelga”.

“Si quieren que los chicos estén informados, habrá que explicarles para qué se realiza esta protesta”, sostiene la delegada sindical que se ocupó de organizar asambleas en la zona de Aluche y Carabanchel, Mónica Caballero. “Ahora dicen que no se hizo por escrito, pero tenemos copia de los faxes de los que no obtuvimos respuesta”, puntualiza.

Y para ilustrar la posición de ciertos centros, Caballero recuerda que, en la última huelga general de educación del pasado 9 de mayo, institutos como el Arturo Soria enviaron cartas a los alumnos en las que les avisaban de que los alumnos de 1º y 2º de ESO no tenían derecho a secundar la huelga y de que los de 3º, 4º y Bachillerato debían comunicarlo por escrito al centro.

Javier Chávez, estudiante de Gestión Administrativa, afirma conocer la huelga por los medios de comunicación o de oídas. “A mi hermana de 15 años, que estudia en otro centro próximo, el IES Emilio Castelar, sí le han dado una circular de las jornadas de protesta. Pensaba que nosotros, al asistir por la tarde, no teníamos esos paros”, apunta Chávez. Otros alumnos de grado medio reconocen que deberían estar enterados, pero que no han recibido ninguna nota en el centro. “Nuestro tutor sí nos ha comentado algo, pero en clase y por su cuenta”, confiesa un alumna que prefiere no dar su nombre.

El Sindicato de Estudiantes ya ha celebrado más de 1.200 asambleas y ha constituido 750 comités de organización para la huelga estudiantil de 72 horas, que el último día se sumará a la huelga general de educación convocada por los principales sindicatos de la educación, incluso de la escuela concertada, y las principales asociaciones de padres. La “semana de lucha” por la educación pública comenzará el lunes 21 con asambleas y encierros para organizar los días de huelga e incluirá una manifestación estudiantil el miércoles por la mañana y otra de alumnos, padres y docentes el jueves por la tarde, que esperan que sea “histórica”.

“Motivos, de sobra”

La huelga general educativa del 9 de mayo fue, a los ojos del Sindicato de Estudiantes, un “éxito”: cifraron en 120.000 asistentes las marchas en Madrid y un seguimiento en los centros de todos los niveles educativos de entre el 70 y 75%. Las razones de aquella protesta, aseguran en el SE, lejos de disiparse se han incrementado, sobre todo por la inminencia de la aprobación de la LOMCE. “Hay motivos de sobra”.

A este cambio se suma el decreto de becas, que fija requisitos académicos para acceder a ellas y para mantenerlas, y que amenaza con dejar fuera a 100.000 universitarios, o que 20.000 estén endeudados con sus facultades por no haber podido hacer frente a las tasas. Los estudiantes también se quejan de la falta de plazas en FP, que ha dejado a cerca de 20.000 alumnos sin posibilidades de estudiar, y de que en FP también ha habido una importante subida de tasas. García considera que es “necesario” continuar con la lucha comenzada el pasado curso y asegura que, si Wert no varía la reforma educativa o el decreto de becas tras la huelga del 24 de octubre, los estudiantes responderán “con más dureza y fuerza”.

Laura Fernández tiene 27 años y es trabajadora social. Esta madrileña reconoce que, cuando terminó sus estudios secundarios y entró a la universidad, se dijo: “Ahora tienes un momento de partida, un cero. Puedes salir del armario cuando quieras”. Aclara que antes no había sentido rechazo, pero que no se había sentido cómoda para hablar claramente de su homosexualidad. Abierta o tácitamente, la discriminación en la escuela existe, e impide a muchos jóvenes vivir con naturalidad su sexualidad. De acuerdo con los resultados de una encuesta de COGAM (Colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid) y FELGTB (Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales), más de un 76% de los entrevistados reconocen haber sufrido un trato discriminatorio en el ámbito educativo.

La estadística contempla 762 experiencias de personas lesbianas, gays, transexuales o bisexuales (LGTB) residentes en España. “El 44,6% sintió un trato de exclusión en algún establecimiento privado abierto al público y el 30%, en hostelería, casos en los que sólo uno de cada tres tomó medidas, la mayoría pone una queja al local”, afirma Boti García, presidenta de FELGTB.

El 31% de los participantes en la encuesta también han afirmado ser víctimas de un trato diferente en el ámbito laboral, lo cual “es muy difícil de probar y denunciar”, según Santi Rivero, presidente del área joven de la FELGTB. De las denuncias formalizadas en lo laboral, “un tercio se resuelve positivamente, otro negativamente y el resto responde no sabe/ no contesta, con lo que suponemos que están en trámite” explica el joven representante.

Teniendo en cuenta que entre los datos se observa que “sólo el 5% ha acudido a la Justicia tras la LGTBfobia, aunque más del 40% cree que debería haberlo hecho”, se percibe “una inseguridad del colectivo, un desconocimiento de las leyes y cierta desconfianza en las instituciones”. La presidenta de FELGTB, ante estos “datos, muy preocupantes,” advierte que “hace falta una ley de igualdad de trato, y no discriminación”. “Estamos luchando por destapar problemas, y ahora toca que las instituciones actúen, sin entrar en temas partidistas ni ideológicos”. Mientras, la presidenta de COGAM, Esperanza Montero, expone que “la homofobia, la bifobia y la transfobia son problemas reales que la administración se niega a abordar”.

Los recortes empeoran la situación

El dato más preocupante que arroja esta “investigación motivada por las sospechas de una igualdad legal pero no real” es que más de un 76% de las personas entrevistadas han sufrido el trato discriminatorio en el ámbito educativo, lo que demuestra que los centros escolares son el principal lugar de diferenciación. Las víctimas, en su mayoría menores, se encuentran en una situación de vulnerabilidad y sólo el 16% tiene el arrojo suficiente para tomar medidas, quejándose al centro educativo.

“Es un asunto de enorme delicadeza”, explica Carmen Guaita, vicepresidenta estatal del sindicato de profesores ANPE. “La labor educativa del profesor con el alumno, que pasa muchas horas en el centro, debería ir más allá de las materias, por eso era importante la acción tutorial”, asegura Guaita. “Antes había un horario dedicado a la tutoría que se basaba en las necesidades del grupo, en transmitir valores, e incluso dinámicas familiares” –explica la defensora del profesor–. “Desde que comenzaron los recortes, una de las primeras medidas ha sido despojarnos del tiempo dedicado a la tutoría, perdiendo un factor de calidad. La nueva ley de educación no lo contempla y tampoco se enfrenta a esta realidad de discriminación, no sólo por orientación sexual o género, si no por cualquier otra razón, como raza, cultura o sexo”.

La LOMCE, que acaba de ser aprobada por el Congreso y sigue su trámite parlamentario en el Senado antes de su aprobación definitiva, elimina la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que planteaba el tema de la homoxualidad y los nuevos modelos de familia en las aulas. El PP se había quejado muchas veces de su contenido calificándolo de “adoctrinamiento”. Tanto el Consejo de Estado como el Consejo de Europa han recomendado a España no eliminar esta asignatura por la importancia de sus contenidos para la convivencia.

“Existe una especie de tabú en cuanto al tema LGTB, y solucionarlo sería muy fácil incorporando esta realidad, ya cotidiana para muchas familias, en los currículos”, opina Belén de la Roza, responsable de formación sindical de la Federación de Educación de CCOO. Los docentes se quejan de que no se proporciona un entorno seguro ni un espacio para informar. “Las charlas de sexualidad son hetero-normativas y no suelen incorporar otras orientaciones”, resalta De la Roza.

“Cuando tú normalizas esa situación, la gente también lo toma como algo normal”, resumen Laura y su novia Yolanda. “El cerco que quizá me ha asfixiado más ha sido la familia, donde tardé más en contarlo, pero ha sido culpa mía”, admite una de las chicas. “La familia tiene miedo a que la sociedad te haga daño cuando, si no lo entienden, son ellos los únicos que te van a hacer daño”, sostienen ambas. Precisamente, en los casos en los que el apoyo familiar no existe, o al menos no en un primer momento, el papel de la escuela es fundamental. Y según la encuesta de COGAM, está muy lejos de cumplirlo.